LA GUERRA CONTRA LA DROGA NO LEVANTA VUELO

FINANCIAMIENTO FORANEO PARA LA CONSTITUYENTE

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

Por: Andrés Solíz Rada.- Hasta el gobierno de Germán Busch (1937-1939), la Constitución Política del Estado (CPE) se basaba en el constitucionalismo liberal, que otorgaba carácter sacrosanto a la propiedad privada. En la Convención de 1938, se introdujo el constitucionalismo social, que considera que el Estado es el conductor de la economía y admite la propiedad privada siempre que cumpla una función social, hecho reafirmado en la CPE de 1944, promulgada por Gualberto Villarroel. La de 1961, incorporó las conquistas de la Revolución de 1952 y la de 1967 mantuvo el carácter estatista que Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) quiso, pero no pudo eliminar.
Al mantenerse el Régimen Económico y Financiero (REF) de la CPE, columna del estatismo boliviano, los neoliberales aplicaron sus reformas mediante disposiciones inconstitucionales como el Decreto 21060, de 29-VIII-85, y la Ley de 'Capitalización' (o liquidación) de las empresas públicas. La arbitrariedad fue completada a fines de 1993, con la ilegal destitución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y con el cuoteo (o reparto) del Poder Judicial entre los partidos sistémicos.
Pese a lo anterior, la vigencia, así sea teórica, del REE de la CPE es la piedra en el zapato de los enajenadores del patrimonio público. Por esta razón, el 2001 (gobierno de Jorge Quiroga), se organizó el Consejo Ciudadano para las Reformas de la CPE, financiado por el BID, integrado, entre otros, por el actual Presidente Carlos Mesa, el ex vicepresidente Luis Ossio, el dirigente del Comité Pro-Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, y el coordinador Ricardo Paz El 18 de julio de 2004, con financiamiento de USAID, de la petrolera francesa Total y la coordinación de Ricardo Paz, se realizó un referéndum sobre el gas, destinado a autorizar su venta sin valor agregado, lo que ocurre antes y después de la consulta.
Mesa estructuró la Unidad Coordinadora de la Asamblea Constituyente (UCAC), a cargo de Ricardo Paz, financiada por USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Nacional Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI). USAID ha financiado las reformas judiciales y el Banco Mundial los programas de modernización del Parlamento.
Holanda cubre los gastos del Instituto para la Democracia Multipartidaria, que aglutina a todos los partidos con representación municipal y parlamentaria, desde el Movimiento Indígena Pachacutec de Felipe Quispe, hasta el MNR de GSL, pasando por el Movimiento Sin Miedo, del alcalde Juan del Granado, y el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales. El respaldo económico foráneo llega a la Corte Nacional Electoral así como a la Oficina de Lucha Contra Corrupción, de Lupe Cajias. USAID financia, además, a la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y la Asociación de Consejos de Vigilancia (ACOBOL). Si la Asamblea Constituyente, la elección de prefectos y el referéndum autonómico buscan re fundar el país no deberían tener como base de sustentación los aportes de las petroleras, del BID, del Banco Mundial y de los consorcios mineros y petroleros.
Los delegados a la Constituyente deben recordar que el REF postula la justicia social (artículo 132); la independencia nacional y el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales en resguardo de la seguridad del Estado (artículo 133); la prohibición de que el poder económico privado ponga en peligro la independencia del Estado (artículo 134); el sometimiento de las empresas extranjeras a las leyes de la República (artículo 135); el dominio del Estado sobre el suelo, el subsuelo y los recursos naturales, las aguas fluviales y lacustres (artículo 136) y que los bienes de la Nación son inviolables (artículo 137). Los artículos siguientes determinan la propiedad del Estado sobre los recursos mineros y petroleros y el derecho a planificar nuestra economía. La CPE puede mejorarse, pero el pretexto de mejorarla no debe servir para eliminar el REF, que es la base para resistir la disgregación del país.



CENTROIZQUIERDA, NACIONALISMO Y SOCIALISMO

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

El ascenso de varios gobiernos de centroizquierda refleja el fracaso económico, el retroceso político y el rechazo popular al neoliberalismo. Pero cada proceso expresa realidades distintas. Lula asumió sin fisuras institucionales en un marco de recesión y desmovilización social. Kirchner arribó al concluir el descalabro político creado por una depresión rodeada de sublevaciones. Tabaré sigue el modelo político del PT en un cuadro económico semejante a la Argentina y ensayos similares enfrentan en Bolivia con la amenaza de balcanización.
El nacionalismo de Chávez es sustancialmente distinto porque se apoya en la ventaja petrolera para desplazar a los viejos partidos, hacer reformas y confrontar con la derecha. Además, estrecha relaciones con Cuba y encabeza una fuerte polarización político-social. Su proyecto del ALBA no es compartido por la centroizquierda, porque las clases dominantes de cada país tienen mayores negocios con las metrópolis que con sus vecinos. La constitución de Petrosur choca con la privatización del petróleo en el Cono Sur y al Bansur le falta un club de deudores.
Es incorrecto considerar que Lula y Kirchner encabezan 'gobiernos en disputa'. Arbitran entre grupos capitalistas con modelos de ortodoxia socio-liberal o heterodoxia excluyente en desmedro de los intereses populares. Tanto el PT como el peronismo han perdido su originalidad contestataria. En Venezuela la disyuntiva es radicalizar o congelar el proceso bolivariano.
Ciertos enfoques sugieren que el imperialismo norteamericano es invencible e ignoran que su hegemonía no es un dato nuevo para la región. Tampoco registran los efectos contradictorios de la desaparición de la URSS y tienden a evaluar la correlación de fuerzas considerando más las relaciones entre los gobiernos que la lucha social.
La izquierda puede retomar el legado de los 70 si reconstituye su proyecto socialista. Las dificultades no derivan de la adversidad externa sino de las políticas implementadas en cada país. Es vital comprender porqué los proyectos de capitalismo regional autónomo son menos viables que en el pasado. La batalla por conquistas a escala local debe formar parte de una propuesta antiimperialista radical.
Centroizquierda, nacionalismo y socialismo
Los nuevos gobiernos de Sudamérica comparten la crítica al neoliberalismo, cuestionan las privatizaciones descontroladas, la apertura excesiva y la desigualdad social. También proponen erigir formas de capitalismo más productivas y autónomas con mayores regulaciones del estado. Pero su llegada ha creado dos interrogantes: ¿Conforman un bloque común? ¿Facilitarán el acceso del pueblo al poder?
Los fracasos del neoliberalismo
Lula y Kirchner llegan al gobierno porque el neoliberalismo no logró revertir el retroceso de Latinoamérica en el mercado mundial. Esta pérdida de posiciones se verifica en el estancamiento de la inversión y del PBI per capita y es muy visible en comparación a China o el Sudeste Asiático.
Los ciclos de prosperidad continúan sujetos a la afluencia de capitales financieros y a los precios de las exportaciones. Por eso los beneficios que obtuvieron los capitalistas durante los 90 fueron inestables. Además, la reducción de los costos salariales no compensó el estrechamiento de los mercados internos y la caída del poder adquisitivo afectó la acumulación.
También la apertura deterioró la competitividad y agravó las desventajas de los empresarios latinoamericanos frente a sus concurrentes. Muchos capitalistas lucraron con el endeudamiento público, pero el descontrol de este pasivo ha reducido la autonomía de la política fiscal o monetaria requerida para contrarrestar las fases recesivas.
El neoliberalismo no doblegó la lucha social. Las clases dominantes no lograron victorias comparables a las obtenidas en décadas anteriores. Al contrario han enfrentado sublevaciones que condujeron al derrocamiento de varios presidentes del área Andina y el Cono Sur.
La acción directa en el agro (Perú), la irrupción indigenista (Ecuador), la presión callejera (Argentina), el clima insurrecional (Bolivia), las ocupaciones de tierra (Brasil), el despertar político (Uruguay), las movilizaciones antiimperialistas (Chile) y las batallas contra el golpismo (Venezuela) jalonaron el nuevo ciclo de rebeldía que prevalece en la región.
Las clases dominantes han perdido la confianza que exhibieron en los 90 y sus principales exponentes se han retirado del escenario (Menen, Fujimori, Salinas, C. A. Pérez, Lozada). Junto a ellos se desmoronó la identificación neoliberal de la corrupción con el estatismo. La continuada malversación de fondos públicos durante la última década confirmó que la corrupción es un rasgo de todos las regímenes que intermedian en los grandes de los negocios capitalistas.
El neoliberalismo ha perdido en América Latina el impulso que parece recobrar en Europa. En ambas regiones arremetió primero el thatcherismo y luego el social-liberalismo. Pero los efectos de la desregulación comercial y la flexibilización laboral han sido diferentes en un polo central y una zona periférica de la economía mundial. El mismo atropello a las conquistas populares que en Europa provocó pérdidas de conquistas sociales, en Latinoamérica precipitó catástrofes de gran envergadura. Por eso la intensidad de la reacción popular ha sido también superior en una región de economías muy vulnerables y sistemas políticos muy inestables.
Caracterización y comportamientos
Con Lula y Kirchner cambia el marco político del régimen que desde hace décadas manejan las clases dominantes. Los empresarios y banqueros que lucraron con la desregulación ahora acompañan el giro intervencionista. Especialmente los sectores más afectados por el fracaso de los 90 buscan acaparar los subsidios y frenar la concurrencia foránea.
La alianza dominante de financistas, industriales y agroexportadores que maneja el poder ya no conforma la clásica burguesía nacional de los años 60. Reforzaron su integración al circuito financiero internacional (como tomadores de crédito y acreedores de los estados), consolidaron su perfil exportador en desmedro de los mercados internos y manejan fuertes inversiones fuera de sus países.
Pero esta mayor transnacionalización no ha extinguido sus raíces locales. Al preservar sus principales actividades en la zona, las clases dominantes sudamericanas se mantienen como sector diferenciado y rival de las corporaciones extra-regionales. Conforman el principal cimiento de los nuevos gobiernos y orientan el comportamiento crecientemente conservador de sus funcionarios.
Lula y Kirchner evitan la demagogia populista y eluden conflictos con el Departamento de Estado, porque sintonizan con los grandes capitalistas de la región. Esta cautela explica porqué negocian los mandatos de la OMC y las versiones aligeradas del ALCA, renunciando a gestar un real bloque aduanero. Implementan el ajuste fiscal, cumplen con las existencias del FMI y descartan un frente de deudores.
Los nuevos presidentes se han negado a participar en la ocupación imperialista de Irak, pero muy pocos mandatarios del mundo acompañan a Bush en esta cruzada. En cambio han enviado las tropas a Haití que el Pentágono necesitaba para liberar efectivos del Caribe y afrontar la guerra en el mundo árabe. Lula, Kirchner y Tabaré colaboran con la formación de un gobierno títere que legitime el golpe contra Aristide, regule el tráfico de drogas y controle la emigración masiva hacia Miami. Qué las tropas latinoamericanas actúen bajo el disfraz de la ONU no modifica el servicio que prestan a los Estados Unidos. Una contribución humanitaria no requería gendarmes, sino campañas de solidaridad e iniciativas para anular la deuda de ese empobrecido país.
Los gobiernos de centroizquierda desarrollan un trabajo de ablande de los movimientos rebeldes en la región. Este papel cumplieron los emisarios de Lula y Kirchner durante la debacle boliviana del 2003. Intervinieron en pleno alzamiento popular para favorecer la constitución del gobierno continuista que asegura la privatización del petróleo. Otros presidentes de origen progresista han cumplido esta labor reaccionaria sin necesidad de ayuda externa. Es el caso de Gutiérrez, en Ecuador, que prometió soberanía y gobierna con represión y privatizaciones.
Brasil y Argentina
Los nuevos presidentes emergieron en diferentes condiciones. Lula asumió en la fase final de una crisis económica que acentuó la desigualdad urbana y la miseria rural que padece Brasil. Kirchner llegó al gobierno cuándo culminaba la mayor depresión de la historia argentina. Este desplome incluyó el desmoronamiento del sistema financiero, la confiscación de los depósitos y un nivel de pobreza, hambre y desempleo nunca vistos.
Lula se ha ganado los elogios de Wall Street porque mantiene el modelo neoliberal de F.H.Cardoso. Recurre a los mismos argumentos que su antecesor ('ganar la confianza de los mercados para atraer inversiones') para reforzar las atribuciones de los financistas que manejan el Banco Central. También asegura los beneficios de los banqueros con un inédito superávit fiscal del 4,5% del PBI y la tasa de interés más elevada de las últimas dos décadas. Con estos mecanismos garantiza pagos a los acreedores que duplican los gastos sociales.
Kirchner evitó este continuismo puro porque debió reconstituir el maltrecho circuito de la acumulación. Adoptó políticas más heterodoxas para recomponer los beneficios de todos los capitalistas, orientando la distribución de las pérdidas. Aprovechó el rebote del ciclo económico para combinar el ajuste fiscal con múltiples subvenciones y reestableció el equilibrio entre los grupos ganadores (bancos y privatizadoras) y perdedores (exportadores, industriales) de la convertibilidad.
Como afrontó un colapso muy superior al registrado en Brasil, Kirchner debió seleccionar acreedores privilegiados y penalizados, dispuso compensaciones y puniciones financieras y ahora negocia tarifas y regulaciones con las compañías privatizadas. Se ha embarcado en un proceso de reconstitución del capital que Lula pudo soslayar. Pero ambos gobiernos defienden la rentabilidad empresaria a costa de los trabajadores. El presidente brasileño ya impuso una reforma previsional regresiva, mantiene paralizada la reforma agraria y acentúa el deterioro del salario real. Su partido frena la lucha de los sindicatos y logró reducir el nivel de movilización popular. En cambio Kirchner enfrenta un panorama social mucho más complejo, porque asumió en un clima de rebelión popular. Ha buscado desactivar la protesta mediante la cooptación (conversión de luchadores en funcionarios), el desgaste (hostilidad mediática y aislamiento de sectores más combativos) y la criminalización (decenas de presos, miles de procesados).
Kirchner logró diluir el ímpetu de las cacerolas y los piquetes, pero no eliminar la presencia de las movilizaciones como telón de fondo de la política argentina. Desarrolla una gestión conservadora, pero disimula mucho más que su colega brasileño los nexos de continuidad con el pasado neoliberal.
Mientras que el ascenso de Lula se consumó sin fisuras institucionales, Kirchner llegó sorpresivamente a la presidencia al cabo de una tormentosa secuencia de renuncias y mandatos improvisados. Lo que en Brasil fue un recambio gubernamental sin sobresaltos, en Argentina ha sido un delicado operativo de restauración de la credibilidad del estado frente al masivo cuestionamiento del régimen político ('que se vayan todos')
Lula está coronando la transformación del PT en un partido clásico del sistema burgués. Se desprendió de su pasado izquierdista e incorporó a esa organización a la alternancia bipartidista. Financia con la prebendas a un ejército de funcionarios que convalidó la expulsión de los diputados opuestos a la reforma provisional.
Esta misma transformación de un movimiento popular en apéndice de la dominación capitalista afectó al peronismo hace ya mucho tiempo. Por eso Kirchner renueva por enésima vez al partido que garantiza la gobernabilidad de la clase dominante. Pero recurre a una duplicidad infrecuente para encubrir el clientelismo con gestos favorables a los derechos humanos, la independencia de la justicia y la depuración de la corrupción.
Uruguay y Bolivia
Por la magnitud del descalabro económico, el caso uruguayo se asemeja a la Argentina. Pero la menor intensidad de la lucha social y la mayor estabilidad del sistema político lo equiparan con Brasil.
Aunque el PBI y la inversión se desmoronaron, la crisis no se 'argentinizó' en la República Oriental. El Frente Amplio logró asegurar la continuidad institucional, evitando los desbordes y el vacío político. Ahora los futuros ministros se aprestan a introducir la orientación económica ortodoxa de Lula. Prometen mantener el pago de la deuda, el sistema impositivo regresivo, los privilegios del paraíso bancario y el enorme superávit fiscal impuesto para evitar el default de la deuda.
Esta evolución se explica en parte por el debilitamiento de la resistencia social afectada por el desempleo, la emigración y el envejecimiento demográfico. Pero también influye la tradición histórica de un país que no conoció insurrecciones populares, ni rupturas institucionales significativas, bajo el gobierno de arraigados partidos. El Frente Amplio llega ahora al gobierno con fuertes compromisos de mantenimiento del status quo y un proyecto vaciado de contenido transformador. El mensaje oficial propaga que un 'país chico no puede actuar solo', como si los cambios progresistas fueran patrimonio exclusivo de las grandes naciones. Este discurso justifica la impotencia y chocará con la expectativa creada por el triunfo de la coalición. La implantación social, la hegemonía cultural y la organización popular del FA no congenian fácilmente con el falso realismo político que promueve la dirigencia.
En Bolivia la centroizquierda (Evo Morales) no gobierna directamente, pero sostiene al tambaleante presidente Mesa y trabaja para sustituirlo en la elección del 2007. Pero este cronograma no concuerda con el ritmo del mayor descalabro regional, ni con la frágil gestión de una clase dominante que carece de recursos económicos, instrumentos políticos y mediaciones institucionales para encarrilar la crisis.
El desplazamiento del eje productivo desde el Oriente minero hacia el Occidente petrolero acentúa la debacle económica. Si el cierre de los socavones masificó el desempleo, el intento de erradicar la coca devastó al campesinado. Esta pauperización acentúa la tendencia hacia la desintegración del país, que alientan los empresarios de Santa Cruz para apropiarse la renta petrolea. Su ambición choca con la demanda popular que provocó la caída de Lozada en el 2003: nacionalizar los hidrocarburos para industrializarlos localmente.
En Bolivia permanece muy viva la extraordinaria tradición de alzamientos populares. Por eso Mesa ha recurrido a un plebiscito tramposo que buscó disfrazar la continuidad de la privatización energética con promesas de nacionalización. El sostén de Evo Morales le permitió sugerir que se avanza hacia la estatización, cuándo en realidad contempla mantener los contratos por varias décadas. Para intentar gobernar como Lula la centroizquierda debería desactivar la rebelión y conquistar la confianza de la clase dominante. Los proyectos moderados y los candidatos digeribles que promueve el MAS apuntan hacia ese objetivo. Pero la integridad territorial de Bolivia está amenazada por una tendencia balcanizadora, que coexiste con la perspectiva siempre latente de una nueva insurrección popular. Es improbable que en estas condiciones funcione la receta desmovilizadora que se aplica en el resto del Cono Sur.
El proceso bolivariano
¿Forma parte Chávez de la misma oleada centroizquierdista? La prensa internacional habitualmente contrasta su 'populismo' con el rumbo 'modernizador' de los restantes gobiernos, porque son muy significativas las diferencias que lo separan de Lula y Kirchner.
Chávez no preservó la continuidad institucional que predominó en Brasil y Uruguay, ni recompuso los partidos tradicionales como en Argentina. Emergió de una sublevación popular (el 'caracazo' de 1989) y de una revuelta militar (1992) que condujeron a un gran éxito electoral (1998). Comenzó otorgando concesiones sociales y aprobando una constitución muy avanzada. Su gobierno se ha radicalizado junto a las movilizaciones populares para enfrentar las conspiraciones de la derecha. Esta dinámica lo distingue del resto de los gobiernos centroizquierdistas, porque reaccionó contra los empresarios (diciembre 2001), los golpistas (abril 2002), el establishment petrolero (diciembre 2002) y el desafío del referéndum (agosto 2004). Se pueden computar numerosas diferencias que separan el proceso venezolano del resto de Sudamérica.
Chávez concretó el desplazamiento de los viejos partidos de la clase dominante que perdieron su tradicional control del estado. Se apoya en los sectores populares y no es visto como socio o aliado por ningún sector capitalista. No se limita a prometer cambios, sino que ha iniciado verdaderas reformas con la distribución de tierras, los créditos a las cooperativas y la extensión de los servicios educativos y sanitarios al conjunto de la población.
Chávez reedita un proceso nacionalista en la tradición de Cárdenas, Perón, Torrijos o Velazco Alvarado. Este curso es una excepción en el marco actual de amoldamiento centroizquierdista al imperialismo. Es probable que las peculiaridades del ejército (escasa relación con el Pentágono, influencia de la izquierda guerrillera) y la gravitación del petróleo estatal (fortaleza de la burocracia, conflictos latentes con el comprador norteamericano, menor gravitación del sector privado) expliquen esta reaparición del nacionalismo. Su perfil antiimperialista lo sitúa en las antípodas de cualquier dictadura latinoamericana. Chávez tiene muchos parecidos con Perón, pero ninguno con Videla.
Las semejanzas con el justicialismo de los años 50 se verifican también en las conquistas sociales y el reciclaje con fines asistenciales de una renta natural. Recepta el mismo tipo de apoyo popular y rechazo burgués que predominaba en la Argentina. Si Perón se apoyaba en una clase obrera sindicalizada, Chávez se sostiene en la organización barrial de los trabajadores precarios.
También la confrontación con la derecha distingue a Chávez de sus colegas sudamericanos. Propinó varias derrotas a la oposición, que no cesará de conspirar mientras perciba amenazas a sus privilegios. Buscan remover a Chávez o forzarlo a una involución conservadora (como tuvo el PRI mexicano) para restaurar la estratificación socio-racial.
Estados Unidos maneja los hilos de cualquier golpe y de las provocaciones terroristas que se preparan desde Colombia. Pero al Departamento de Estado le falta un Pinochet y por eso recurre a los 'amigos de la OEA' para socavar a Chávez. Mientras las palomas de la Casa Blanca rodean al presidente, los halcones preparan una nueva arremetida.
Bush no puede actuar con mayor descaro mientras afronte el pantano militar de Medio Oriente. No se atreve a equiparar a Chávez con Saddam, pero tampoco logra domesticarlo como a Khadaffi. Estados Unidos necesita el petróleo venezolano y debe lidiar con la estrategia bolivariana de intervenir activamente en la OPEP y reorientar las ventas de crudo hacia China y Latinoamérica.
Las tensiones con el imperialismo se agravan, además, porque Chávez ha establecido vínculos muy estrechos con Cuba, que desafían el embargo y auxilian a la isla con suministros petroleros y acciones diplomáticas. Venezuela no envió tropas a Haití, ni se adapta a las exigencias comerciales de Washington. Además, el país está muy sensibilizado por una presencia solidaria de los numerosos médicos y alfabetizadores cubanos. Esta relación con Cuba distingue a Chávez de Perón, porque no se nutre de la ideología reaccionaria que absorbió el caudillo argentino, sino que parte de una interpretación del bolivarismo afín a la izquierda y abierta al socialismo.
Venezuela está políticamente fracturada en dos bandos separados por el ingreso, la cultura y la tonalidad de la piel. La oligarquía busca contrarrestar la irrupción de los excluidos con la manipulación de la clase media. La batalla se dirime cotidianamente en las calles en una disputa por el poder de convocatoria, que no se observa en ningún otro país de la región.
Chávez ha demostrado gran capacidad para sumar adeptos y despertar las energías de los militantes contra el manejo derechista de los medios de comunicación. El clima del país presenta puntos de contacto con Nicaragua en los 80 o con la efervescencia militar-popular que rodeó a la revolución de los claveles en Portugal. Es cierto que el control estatal de una gran renta petrolera brinda a Venezuela un espacio para reformas sociales que no existe en otros países. Utilizando este recurso el gobierno actúa con cierto desahogo, elevando el gasto público del 24% del PBI (1999) al 34% (2004) y afrontando con pocas dificultades el endeudamiento externo.
Las peculiaridades del proceso venezolano explican su vitalidad en comparación a los gobiernos de centroizquierda. Pero estas mismas singularidades crean serios interrogantes sobre el alcance continental del proyecto bolivariano.
¿'Un bloque regionalista'?
Las convocatorias regionalistas que lanzó Chávez no tuvieron gran recepción entre sus colegas de centroizquierda. Ninguno insinuó la menor intención de resistir el ALCA construyendo el ALBA. Pueden compartir su retórica latinoamericanista, pero no la decisión de avanzar en proyectos de integración antiimperialista.
Chávez ha propuesto tres iniciativas: asociar las empresas petroleras en un ente común (Petrosur), conformar un banco regional con las reservas ya acumuladas en todos los países (Bansur) y reforzar los acuerdos comerciales para constituir una asociación común (del Can-Mercorsur al Comersur).
En cierta medida estas iniciativas brindan cobertura a los negocios que ya entrelazan a varios grupos capitalistas. Pero de estos convenios no surge la integración autónoma que ambiciona Chávez. Este objetivo requeriría implementar transformaciones, que ningún gobierno centroizquierdista está dispuesto a llevar a cabo.
Para que Petrosur revierta la sumisión energética de la región habría que reestatizar el petróleo de Argentina y Bolivia, porque no tiene sentido integrar ese organismo a las compañías privadas extranjeras. Pero es evidente que Kirchner y Mesa mantienen alianzas estratégicas con Repsol para preservar la privatización del sector. La creación de Enarsa, sin recursos, ni pozos, no contribuye a la integración real. Y tampoco facilita ese proceso que Petrobrás compre los activos de una corporación argentina (Perez Companc) o que PDVSA se asocie con Enarsa para adquirir estaciones de servicio. Estos negocios no alteran el patrón rentista y depredador que rige al negocio petrolero en el sur del continente. Si Petrosur se constituye en este marco quizás sirva para apuntalar los beneficios de algunos contratistas y proveedores. Pero no aportará la base energética que necesita la región para desenvolver una industrialización favorable a la mayoría popular.
Las reservas para constituir un banco regional están disponibles, pero la custodia del FMI impide su manejo autónomo. Sobran las divisas, pero falta soberanía. Para crear el verdadero Bansur habría que concertar primero un 'club de deudores' que revierta la ingerencia del Fondo y la hemorragia de los pagos. Esta propuesta -tan debatida en los 80- no figura actualmente en la agenda actual de ningún gobierno.
Las tratativas para avanzar en mayores acuerdos comerciales enfrentan la contrapresión de los acuerdos bilaterales que propicia Estados Unidos. Estos convenios influyen significativamente sobre las clases dominantes, que mantienen con las metrópolis más negocios que con sus vecinos de Sudamérica. Las dificultades del Mercosur reflejan esta contradicción.
Dentro de esta asociación persisten las divergencias aduaneras y el arancel común continúa perforado por más de 800 excepciones. Mientas que en la Unión Europea las exportaciones entre países miembros superan el 50 % de las ventas totales, en el Mercosur no llegan al 11%. Brasil no cumple el rol económico de Alemania y Argentina no juega el papel político que tiene Francia en el viejo continente.
La integración es vital para contrarrestar la tendencia hacia la fractura territorial que corroe a varios países (Oriente de Bolivia, sur de Ecuador). Pero las clases capitalistas tienen otras prioridades. No es cierto que 'las burguesías nacionales sobrevivientes del neoliberalismo de los 90 se orientan a conformar un bloque común' (1). La mayor transnacionalización de este sector ha reducido su inclinación integracionista y por eso resisten el regionalismo de Chávez. Las cumbres presidenciales -que se repiten junto a nuevos llamados a forjar la Comunidad Sudamericana- carecen de correlato práctico.
Lo que sí prospera en la región son los negocios de las empresas transnacionales que operan en varios países y buscan movilidad del capital para abaratar costos salariales, racionalizar subsidios y maximizar los beneficios de las rebajas aduaneras. Este tipo de integración no beneficia a ningún pueblo.
La expectativa chavista de contagiar el espíritu bolivariano a los gobiernos de centroizquierda choca con un obstáculo estructural: las clases dominantes de la región preservan la conformación centrípeta que históricamente bloqueó su asociación. Ningún argumento oficial, ni presión popular contrapesa este condicionamiento. El sueño de Bolívar y San Martín no podrá concretarse mientras estos grupos capitalistas manejen el poder.
'¿Gobiernos en disputa?'
Ciertos analistas consideran que la alternativa regionalista podría igualmente avanzar si convergen los procesos nacionalistas y de centroizquierda. Vinculan esta posibilidad a que Lula y Kirchner se afiancen y luego radicalicen sus gestiones. Por eso apoyan o participan en estas administraciones. Los argumentos que exponen para justificar esta actitud son muy semejantes en Brasil y Argentina (2). Estos planteos abren el debate sobre el segundo problema de la etapa: ¿Facilitan los gobiernos de centroizquierda el acceso del pueblo al poder?
Es común escuchar que Lula y Kirchner encabezan 'gobiernos en disputa'. Pero esta caracterización confunde los choques entre grupos empresarios -que afectan a cualquier gobierno capitalista- con la presencia de intereses populares en esas confrontaciones. Estas aspiraciones no figuran en los roces entre industriales y banqueros que dividen al equipo de Lula (Mantega versus Palocci) o en los desacuerdos sobre los subsidios que fracturan al gabinete de Kirchner (Lavagna contra De Vido).
Esta variedad de choques es consecuencia del carácter competitivo del capitalismo y afecta a todos los gobiernos latinoamericanos. El caso de Lula es particularmente revelador porque el presidente no es víctima de un entorno derechista, sino que él mismo ha optado por seguir los pasos de Tony Blair y Felipe González. Su origen popular y la base obrera del PT no han contrarrestado esta involución. Ya no puede atribuir su continuismo a la 'herencia recibida', ni argumentar que comanda una 'breve transición'.
Algunos piensan que este conservadurismo es una táctica de Lula porque 'llegó al gobierno sin conquistar el poder'. Pero esta distinción tendría sentido si el presidente alentara, protagonizara o aunque sea proclamara su oposición a la clase dominante. El control administrativo del estado podría ser un paso hacia el manejo efectivo de la economía si existiera la intención de transformar el status quo. Pero Lula ya es un hombre de confianza de los grupos capitalistas, que también guían la gestión de Kirchner.



LA GUERRA CONTRA LA DROGA NO LEVANTA VUELO

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com)

oy Olson, directora ejecutiva de Washington Office on Latin America (WOLA), una fundación privada de Washington, está dispuesta a empapelar los pasillos del Congreso de Estados Unidos con un gráfico que su organización elaboró para demostrar en forma sencilla el fracaso de la guerra contra las drogas.
En la parte inferior del gráfico, explicó Olson, escribirá una leyenda que dice ''What's wrong with this picture'', para que los congresistas que aún creen que la guerra se está ganando, como lo cree el gobierno, empiecen a pensar en otras soluciones más serias.
El gráfico muestra cómo, en los últimos 25 años, a medida que el gobierno federal invierte más dinero en la lucha internacional contra las drogas, el precio de la cocaína y la heroína en las calles de Estados Unidos, en lugar de subir, debido a la escasez, se reduce por su aparente abundancia.
Las cifras se basan en información del propio gobierno. Un gramo de cocaína costaba en 1984 alrededor de $180. En ese año el gobierno invirtió $1,600 millones en la guerra internacional contra las drogas. Diez años después la inversión saltó a $3,500 millones y el mismo gramo de cocaína cuesta $150.
''Este diagrama nos lleva a hacer una pregunta fundamental: ¿por qué, si la política antidrogas es tan exitosa, no se ven los resultados?'', comentó Olson a El Nuevo Herald. ``Lo que ocurre es que tenemos los indicadores equivocados para juzgar el éxito''.
Ese conjunto de indicadores errados que Estados Unidos está usando en el frente internacional de la guerra contra las drogas son las estadísticas de héctáreas destruidas y toneladas confiscadas, agregó.
Bajo ese criterio, ''mientras más y más se erradiquen drogas y se fumiguen más y más tierra, estamos ganando'', destacó. ``Pero lo que no estamos mirando es qué impacto tienen esas actividades en el registro verdaderamente importante que es el del uso de drogas en Estados Unidos''.
Con el gancho visual del diagrama, los directivos de WOLA pretenden presentar a los legisladores y funcionarios estadounidenses su nuevo trabajo sobre el impacto que ha tenido en América Latina y el Caribe la guerra más larga que ha librado Estados Unidos en toda su historia.
Según John Walsh, investigador de la organización, el mensaje es doble. Esa guerra en la cual el gobierno de Estados Unidos ha invertido $25,000 millones no solamente se está perdiendo sino que además ha dejado una estela de grandes equivocaciones.
Producto de tres años de investigación, el trabajo es un inventario de los ''daños colaterales'' que ha causado el empeño de Estados Unidos de destruir cultivos y eliminar el narcotráfico con estrategias de corto plazo implantadas al compás de campañas políticas y bajo la idea dominante de que la represión, y en algunos casos la complicidad con criminales aliados, funciona mejor que la ley y el sentido común.
El estudio Drogas y Democracia en América Latina, el impacto de la política antidroga de Estados Unidos, concluyó que en ese afán por atacar la producción de estupefacientes, el gobierno de Estados Unidos ha generado en los últimos 20 años un preocupante panorama de violación de derechos humanos, desestabilización política, atentados contra el medio ambiente y fortalecimiento desproporcionado de fuerzas militares y de policía que asumieron la ofensiva contra los narcotraficantes sin mayores controles ni transparencia.
''Hallamos que en una y otra nación las políticas de control de drogas de Estados Unidos están socavando los derechos humanos y la democracia y causando un daño enorme a algunas de las más vulnerables poblaciones del hemisferio'', afirmó el sumario del estudio.
Y añadió: ``Los políticos [en Estados Unidos] continúan creyendo que mostrarse drásticos con las drogas tiene mejores efectos en sus electores que reconocer el fracaso de las políticas en las que los contribuyentes estadounidenses han invertido miles de millones de dólares''.
Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, México y el Caribe son los países y regiones analizados en la monografía de 415 páginas editada por Coletta A. Youngers y Eileen Rosin de la Oficina de Droga y Democracia de WOLA.
Según el estudio en Colombia, principal productor de cocaína y heroína en el hemisferio, confluyen todos los daños colaterales de la guerra contra las drogas.
Entre ellos:
• El asesinato de candidatos presidenciales, ministros, jueces, policías y militares en nombre de la guerra contra el narcotráfico y bajo la presión de la extradición.
• El desplazamiento de miles de campesinos cultivadores de coca como consecuencia de la fumigación de sus sembrados y el daño a cultivos legales por la aplicación de glifosato contraviniendo la legislación colombiana.
• Un lento y poco exitoso programa de suplantación de cultivos que ha provocado la migración de los cocaleros a otras zonas para reiniciar sus cultivos ilícitos, incluyendo predios desforestados.
• Un macabro historial de violación de derechos humanos de los militares en su lucha contra la ''narcoguerrilla'' primero y el ''narcoterrorismo'' después, términos acuñados por Estados Unidos para acomodar su política antinarcóticos en el país según la agenda de Washington.
Uno de los puntos destacados por el estudio como daño colateral a las democracias es las alianzas para combatir el narcotráfico que Estados Unidos ha forjado con personajes y organizaciones involucrados en actividades criminales.
Se citan los casos de Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia peruano; Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA); y organizaciones financiadas o apoyadas por Estados Unidos como Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) en Colombia, y Expeditionary Task Force (ETF) de Bolivia.
De acuerdo con el estudio, Estados Unidos limitó sus esfuerzos en favor de los derechos humanos y la democracia en Perú, para no poner en riesgo el exitoso programa antinarcóticos del gobierno del presidente Alberto Fujimori.
''Ese pragmatismo también llevó a Washington a tolerar o respaldar a Montesinos, quien era considerado por autoridades antinarcóticos de Estados Unidos como clave en el éxito de las políticas antidrogas'', señaló el informe. ``Montesinos usó ese reconocimiento como una herramienta más para consolidar su poder''.
En el caso de Bolivia, los investigadores concluyen que la política antinarcóticos de Estados Unidos ``está desestabilizando la frágil democracia de ese país y fortaleciendo muchas de las fuerzas que Washington busca combatir''.
La amenaza del Departamento de Estado de cortar la ayuda a Bolivia si el líder de los cocaleros Evo Morales era elegido presidente del país en las pasadas elecciones provocó un aumento de su popularidad y robusteció el movimiento de los cocaleros, agregó el informe.
La divulgación del estudio coincide con la presentación, por parte del zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, de la estrategia doméstica e internacional de lucha contra las drogas.
En el campo doméstico, Walters se atribuyó haber sobrepasado las metas que se impuso su entidad, Office of National Drug Control Policy (ONDCP), al reducir en un 10 por ciento el uso de las drogas entre los jóvenes. En la más reciente encuesta, que concierne al 2001, 15.9 millones de estadounidenses de 12 años en adelante dijeron haber usado drogas ilícitas en el mes anterior al sondeo, 12 por ciento respondieron que habían usado drogas en el último año y 41.7 por ciento admitieron haberlo hecho en algún momento en su vida, según ONDCP.
Los resultados internacionales de la ONDCP serán dados a conocer esta semana, pero se espera que sean igual de positivos a los domésticos basándose especialmente en las estadísticas de cultivos destruidos, confiscaciones de droga y arrestos de narcotraficantes en Colombia.
El problema con algunas de esa cifras, es que ''no son confiables'', según Walsh, experto en la política antinarcóticos en la zona de los Andes.
''Las fuentes oficiales son muy cerradas'', dijo Walsh . ``La CIA nunca ha querido revelar el método que usa para establecer las hectáreas de cultivos destruidas''.
En el frente de consumo interno, las limitaciones de la recaudación de cifras al menos son conocidas, explicó Walsh. Se sabe por ejemplo que están basadas en encuestas personales o por teléfono a hogares y sondeos en escuelas.
''Pero ellos nunca han tenido en cuenta sectores de la población como estudiantes desertores que están en las calles o personas arrestadas'', dijo Walsh.
En un sondeo de muestras de orina hecho por National Institute of Justice's Arrestee Drug Abuse Monitoring (ADAM) en 33 centros carcelarios, se estableció que el 63.6 por ciento de los hombres arrestados y 63.9 por ciento de las mujeres habían usado recientemente cocaína, marihuana, opio o metanfetaminas.
En sus conclusiones, el estudio de WOLA sostiene que, con sus críticas, los investigadores no están planteando el desmonte de la guerra contra las drogas si no un replanteamiento de sus prioridades.
En ese sentido, explicó Walsh, el gran potencial del éxito está en destinar mayores recursos a los proyectos de tratamiento de los drogadictos en Estados Unidos.
''Hay una gran cantidad de evidencias de que el tratamiento es altamente efectivo para alcanzar las metas doradas de la política de droga'', explicó Walsh. ``Si eso no se atiende, el debate sobre las drogas seguirá siendo ideológico y en un ambiente donde los hechos no parecen contar''.



AUTONOMÍA A LA ECUATORIANA

El Universo de Ecuador (www.eluniverso.com)

Esta semana estará en Guayaquil Rubén Costas, el líder de la autonomía boliviana. Si bien Santa Cruz está dando sus primeros pasos y su autonomía es absolutamente incipiente en el fondo, en su forma arrancaron con un proceso político muy agresivo, distinto al de Ecuador, donde se viene hablando y estudiando del tema más formalmente desde hace decenas de años. Bolivia explotó abruptamente, sin un proceso planeado con anterioridad, ni en detalle. Como Andrés Openheimer hace casi 10 años lo vaticinaba, basado de un estudio publicado por la Universidad de California, los conflictos en los países menos desarrollados, en el futuro no se darían por problemas étnicos ni raciales, sino por ansias de autonomía no satisfecha por sistemas centralistas.
En aproximadamente un mes, estará en Guayaquil Jordi Puyol, líder no solamente de la autonomía catalana, sino de toda España, donde está implantado y maduro el proceso autonómico desde hace algunas décadas, sin por eso dejar de avanzar. Por palabras del ex presidente español, de visita en nuestro país hace años ya, si España no hubiera optado por las autonomías, no podría seguir unida como nación. Ocurrió absolutamente lo opuesto al argumento que esgrimen quienes neciamente se oponen a la autonomía. En España sirvió para amalgamar la patria, para unir la nación, no para desunirla.
Estas visitas son muy importantes en momentos en que Guayaquil como ciudad y el Guayas como provincia deben definir su autonomía. Debemos concretar hasta dónde queremos y podemos avanzar. Las competencias hasta ahora solicitadas son realmente solo un primer paso, pero absolutamente insuficiente para satisfacer a nueve de cada diez guayasenses que votaron por algo más. Por mucho más.
Para comenzar, la base del 25% del Impuesto a la Renta no basta. Algo similar se debería aplicar para todos los impuestos provenientes o de la proporción del Producto Interno que se genera en la provincia y la ciudad. Una parte similar del Impuesto al Valor Agregado y a los Consumos Especiales debe ser incluido en el presupuesto de los gobiernos locales, así como todos y cada uno de los impuestos o tasas producto de la actividad económica local. Los aranceles y tasas a la exportación son de los poquísimos impuestos que deberían alimentar directa y enteramente el presupuesto del gobierno central. También necesitan los gobiernos locales capacidad para otorgar exenciones tributarias que sirvan para generar mayor actividad económica en la región, siempre y cuando no mermen recursos ya existentes destinados al gobierno central.
El Ecuador se hunde. El irresponsable manejo económico del Estado, apalancado en un artificial y temporal precio del petróleo, causará una debacle pocas veces vista cuando el barril caiga por debajo de veinte dólares. Es imposible que un país donde el sector estatal sea dos tercios de la economía, con uno de los peores índices de productividad de América y mayores de corrupción, pueda sostenerse. Los gobiernos locales responsables deben tratar de no dejarse arrastrar por las posibles crisis económicas venideras.



POLICÍA QUERÍA LLEVAR AUTO A LA FRONTERA

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

Un sargento primero de la Policía Nacional de Bolivia pretendía sacar un vehículo de Chile por pasos fronterizos no habilitados para no pagar los respectivos derechos.
Las intenciones del individuo eran comprar un vehículo en la Zona Franca y llevarlo hasta la frontera. Allí se pondría su uniforme de policía y al auto le instalaría dos placas bolivianas para pasar sin mayores problemas a su país y no pagar los derechos.
Sin embargo, su plan fue frustrado por carabineros de la tenencia de Huara junto a personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, quienes efectuaban un control de rutina a los pasajeros que se dirigían desde Colchane a Iquique.
Al momento de la fiscalización los carabineros sorprendieron que un sujeto, identificado como B.A.C., llevaba un bolso y en el interior el uniforme de la Policía Nacional Boliviana con sus respectivas identificaciones. Pero grande fue la sorpresa cuando además se dieron cuenta que mantenía dos placas patentes bolivianas. El policía confesó a la fiscal Tania Sironvalle que sus intenciones eran comprar un auto y pasarlo por la frontera colocándose el uniforme de policía, pues pertenecía a la dotación de Santa Cruz. Los antecedentes del caso fueron remitidos de inmediato a la policía boliviana para que conozcan lo que sucedió en Chile, mientras que el sujeto decidió no seguir camino a Iquique y se devolvió a su país.



Expertos prevén alza de hasta 20% entre 2005 y 2006 en el precio de generar electricidad

TARIFAS ELÉCTRICAS SUBIRÁN ESTE AÑO POR CRISIS DEL GAS Y CAMBIO EN LA LEY

Ya en el 2004 el mayor costo de la energía hizo subir las cuentas de luz un 8%. Analistas prevén que este año y el próximo las alzas seguirán, con lo que los cobros por electricidad a los usuarios residenciales podrían aumentar entre 4% y 6%.

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

El incremento en los precios de la electricidad en el 2004 reflejó ya el mayor costo de no disponer del gas natural que Chile requiere. Y como se prevé que la carestía del hidrocarburo se agudizará en los próximos años, esta escasez seguirá impactando las cuentas de luz de los chilenos, ya que el costo de la energía subirá hasta cerca de 20% entre este año y el próximo, adelantan expertos eléctricos.
La tarifa que las distribuidoras les pagan a las generadoras por la electricidad se conoce como precio de nudo. Pesa un 50% en la cuenta del cliente final y se establece en abril y octubre de cada año. Este importe acumuló un alza de 16,7% en las fijaciones del año 2004 para la zona que va desde Taltal a Chiloé, lo que implicó que la cuenta de luz a público subiera en el año más de 8%.
Aunque este incremento se vio atenuado por la baja en los cargos por distribuir la energía a los usuarios -que cayó 2,2% para este año y hasta el 2008-, la expectativa de los expertos es que aún restan para este año y el siguiente incrementos de dos dígitos.
Francisco Aguirre, experto de Electroconsultores, sostiene que los precios actuales volverán a niveles de mediados de los noventa, antes de la llegada del gas natural a Chile. Esto implica valores un 25% más elevados, pero en un horizonte de tres o cuatro años. "Esa alza ya empezó el año pasado", sostiene. Según este planteamiento, aún restaría un aumento de precios de 18% en las próximas fijaciones.
Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señala que en los próximos años el precio de la energía subiría entre 8% y 12% como consecuencia de los cambios que en el sistema provoca la crisis del gas argentino. Un aumento de esta envergadura implica un alza en las cuentas de luz a público de 4% a 6%.
La también ex titular de la CNE María Isabel González coincide en que los precios de la electricidad se elevarán hasta niveles previos a la llegada del gas argentino -es decir, casi 20%-, pero acota que puede que el público casi no lo note. Y es que como los cálculos de las tarifas se formulan en dólares, el consumidor se verá beneficiado de la caída de esta moneda, que desde la última fijación de precios ha bajado 7,63%. González aclara que este beneficio para los usuarios puede revertirse o anularse si el dólar cambia de curso.
Más razones para las alzas
Y otro factor que golpeará los precios eléctricos son los llamados clientes libres, empresas que pueden consumir tanta energía como una ciudad entera. En la zona central impactan firmas como Codelco, Los Pelambres, Enami, las refinerías de petróleo de Enap y la minera Sur Andes, más conocida como Disputada de Las Condes. Los contratos de algunos de estos clientes ya han sido modificados o están en negociación, dicen en las firmas.
Si los contratos de los clientes libres se hacen más caros, las alzas de precios se traspasarán a los usuarios finales, señala María Isabel González.
Otro elemento que impactará en el precio de la electricidad es de orden normativo. Los cambios contenidos en una nueva ley eléctrica -que busca "castigar" el gas argentino y obligar a diversificar proveedores para quienes usen este hidrocarburo- afectarán los precios del servicio, aunque aún no se cuantifica éste, advierten ejecutivos estatales.
La iniciativa se enviará en los primeros días de marzo al Congreso, para que se apruebe antes de mayo y así sea posible lanzar el proyecto de gas natural licuado que lidera Enap.
La coincidencia entre expertos llega también al gobierno. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, dijo el viernes a Radio Chilena que si bien "le puedo asegurar a la señora Juanita que va a tener electricidad y gas en su casa y no va a tener problemas para cocinar y bañarse, como gobierno no podemos intervenir en los mercados para mantener precios".
En Argentina, dijo Rodríguez, "hay una situación con el gas complicada que va a durar muchos años".
Por esto, el ministro enfatizó que "se acabó el gas argentino barato y lo que tenemos que hacer para no tener problemas es reconocer ese hecho económico, incorporarlo a nuestras decisiones y seguir operando".



INDUSTRIAS TENDRÁN SEMANA COMPLICADA POR CORTES DE GAS

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Si bien a fines de la semana pasada los cortes de gas natural desde las proveedoras argentinas no aumentaron, expertos del sector energético chileno señalan que esta semana no será positiva.
Ello por dos razones. La primera tiene que ver con la empresa argentina YPF Repsol, que anunció un incremento de los mantenimientos a partir de marzo de este año.
Según fuentes del sector, la petrolera dejaría de aportar entre 8 y 12 millones de metros cúbicos al sistema, lo que perjudica a sus clientes chilenos, entre ellos la central San Isidro, de Endesa, y la distribuidora Innergy de la Región del Biobío (VIII).
Además, la demanda interna de Chile aumentará, debido al término de las vacaciones de verano y la vuelta a la normalidad en las diversas actividades.
Incluso, expertos consultados indican que durante marzo habrá restricciones a los industriales de Santiago, y mayores cortes para las regiones de Valparaíso (V) y del Biobío.
Sin embargo, otra parte del sector energético es más optimista. Ve un escenario menos complicado que el de 2004, cuando los cortes superaron los 10 millones de metros cúbicos, esto es, un 45% de la demanda requerida por Chile.
Cortes en regiones
La mayor parte de la veintena de empresas usuarias de Innergy en el Biobío vio reducida a partir del viernes pasado la entrega de gas natural, en rangos que fluctúan entre 10 y 35%.
Ello, debido a la crítica situación de abastecimiento que enfrenta la distribuidora penquista, desde que YPF Repsol le bajó en dos tercios los envíos de gas.
Luis Felipe Mondaca, gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región (Asipes), entidad donde siete de las empresas asociadas se ven afectadas, señaló que la situación puede ser potencialmente grave si aumentaba en el tiempo.
"La industria pesquera prefiere usar gas natural por razones de costo y ecológicas, pero estas nuevas restricciones han sorprendido al sector", precisó.
En su opinión, la situación amerita una intervención más enérgica del Gobierno, aun cuando el contrato sea realizado entre privados.
En tanto, el gerente (s) de la Compañía Siderúrgica de Huachipato, Ernesto Escobar, dijo que recibió la comunicación de Innergy, aunque todavía se recibe un suministro relativamente normal, de 100 mil metros cúbicos diarios de gas natural.
Trascendió, además, que algunas industrias se encuentran en condiciones de realizar una rápida adecuación de sus instalaciones para poder volver a utilizar otros combustibles, como petróleo, pero en otras instancias ese tipo de conversión es mucho más compleja.



ENAP LANZA EN MAYO PROYECTO GASÍFERO

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

La crisis energetica de Argentina favoreció el proyecto para traer gas natural licuado (GNL) desde destinos distantes. Ya hay varios clientes comprometidos, como las eléctricas Endesa y Colbún, además de Metrogas y la propia Enap, que encabeza la iniciativa, por lo que en mayo próximo se lanzará la licitación internacional en la que se prevé la participación de actores de la talla de Shell, British Gas o Repsol.
Aunque en un inicio se habló que el complejo costaría US$ 400 millones, las últimas estimaciones estipulan una rebaja de costos de al menos 25%, con lo cual el proyecto involucraría entre US$ 280 millones y US$ 300 millones.
¿De dónde vendrá el gas? Lo más probable que de Trinidad y Tobago, luego Perú o algún país africano como Nigeria, sostienen quienes saben de las tratativas de este proyecto, que estaría listo a fines de 2008. El gas de la isla caribeña es uno de los más baratos para Chile junto al de Perú, pero éste sólo estará disponible hacia el año 2010. Aunque en el gobierno quieren adelantar el proyecto, las autoridades saben que para que los privados se comprometan se necesitan garantías. Por esto la licitación sólo se lanzará en mayo, luego que se apruebe la nueva ley corta eléctrica, que busca diversificar los proveedores del combustible, de tal manera que se obligue a las empresas a contar con varios abastecedores. Se espera que el Ministerio de Economía envíe los primeros días de marzo la iniciativa, dicen en el gobierno.



EZEIZA: DETIENEN A DOS PASAJEROS QUE QUERÍAN SALIR CON DROGA

Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos anoche en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaban embarcar un vuelo a Sudáfrica con 6 kilos 250 gramos de cocaína adosados a los cuerpos.
Marcelo Sain, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dijo a Télam que los dos detenidos provenían de Bolivia, y destacó la labor de quienes hicieron el procedimiento y detectaron la droga.
El funcionario relató que los detenidos habían arribado a Ezeiza provenientes de La Paz, Bolivia, y uno de ellos fue detectado cuando realizaba un trasbordo para subir a un vuelo con destino final a Sudáfrica.
Según Sain, ante la sospecha de que el hombre podía traficar estupefacientes, personal de la policía de seguridad aeroportuaria se le acercó al acusado, y se lo rodeó con perros antinarcóticos.
En la requisa, los perros detectaron que el sospechoso tenía adosados al cuerpo paquetes con cocaína.
"El hombre fue detenido de forma preventiva y se le dio intervención en el caso, al juez de turno en lo penal económico, Julio Speroni", contó Sain.
El detenido será indagado por el delito de contrabando agravado de estupefacientes, el mismo que se le imputa a los tres detenidos en la causa por el 'narcoescándalo' que instruye el juez Carlos Liporace.
En el caso de ayer, el delito es en grado de tentativa pues no llegó a concretarse de manera exitosa.
Por un registro de las más de 150 cámaras que funcionan en el aeropuerto, se determinó que el acusado, antes del intento del embarque del vuelo a Sudáfrica, estaba acompañado de otro hombre.
Entonces se estableció que el acusado se había refugiado en uno de los baños de la zona de preembarque de la aeroestación, contó Sain a Télam.
Allí el sospechoso también fue detenido y se comprobó que junto a su compañero intentaban contrabandear 6 kilos 250 gramos de cocaína.
Precisamente, una de las pruebas esenciales que no existe en la causa que instruye Liporace es la falta de imágenes de las 150 cámaras de Ezeiza que hayan captado el embarque de las cuatro valijas con 60 kilos de cocaína. Sain dijo que la detección de este intento de contrabando de droga fue posible porque "se reforzaron todos los mecanismos de control de personas y equipajes de lugares de procedencia sensibles" al envío de 'mulas' con droga, cuyo destino final es Europa.
El 18 de febrero pasado, en coincidencia con la indagatoria de Walter Beltrame por el 'narcoescándalo', dos hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban embarcarse con 26 kilogramos de heroína.
Los arrestos se produjeron en horas de la tarde cuando los dos extranjeros iban a embarcarse en un vuelo de la empresa Air France con destino a la ciudad holandesa de Amsterdam, previa escala en París. Los hombres, cuyos datos personales no fueron suministrados, llevaban los 26 kilos de heroína escondidos entre sus ropas.



DETRAS DE LAS VALIJAS

CÓMO ES TACNA, LA CAPITAL PERUANA DEL CONTRABANDO

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

Los mercadillos de la zona franca, con pequeños puestos colmados de productos importados y estrechas callejuelas saturadas de gente ávida por comprar a precios más bajos que en cualquier otra ciudad del país son el sello de marca de Tacna. La zona franca convive con el contrabando. Esta ciudad, ubicada en el extremo sur del Perú, en la frontera con Chile y a unos 1300 kilómetros de Lima, está considerada como un santuario de contrabandistas. Desde Tacna se abastecen los vendedores de todo tipo de productos de contrabando, que ofrecen su mercadería a la vista de todos en las principales ciudades del país. La zona franca y el contrabando tolerado son, desde hace muchos años, los motores de la economía de Tacna, ciudad enclavada en un estrecho valle en medio del desierto, entre el Pacífico y los Andes, a 552 metros sobre el nivel del mar. Conocida como La Ciudad Heroica, porque luego de estar en poder de Chile durante 50 años como consecuencia de la Guerra del Pacífico fue reincorporada al Perú después de un plebiscito en 1929, Tacna, además de ser la capital del contrabando, es también capital de un departamento de 335 mil habitantes.
Si Tacna es desde hace largos años la puerta de ingreso del contrabando, desde hace un tiempo es también una de las puertas de salida de la cocaína que se produce en el Perú. Pero, en este caso, una puerta menor. Está considerada por la policía peruana como un punto secundario en las rutas del narcotráfico. En Tacna no se produce coca. Según informó la policía peruana a Página/12, la droga llega hasta esa ciudad desde los cultivos de las zonas sur andinas y selváticas, transportada en camiones, y una parte es llevada a Chile para embarcarla en Arica, y otra parte es mandada directamente a Europa por los cercanos puertos peruanos de Ilo y Matarani. Las autoridades peruanas no consideran a la Argentina como un punto de tránsito importante de la droga que sale del Perú.
La ruta Córdoba-Tacna de Sou-
thern Winds que ahora está bajo la lupa como posible vía del transporte de cocaína es justificada por una supuesta demanda de turistas argentinos para llegar a través de Tacna hasta el Cuzco. Según cifras oficiales del viceministerio de Turismo del Perú, en 2004 utilizaron esa ruta aérea 991 ciudadanos argentinos. Una cifra considerada menor. El año anterior fueron solamente 363 los argentinos que usaron esa ruta.
Un ex alto funcionario del Ministerio del Interior del Perú, especializado en el tema de drogas y que trabajó en ese sector hasta hace pocos meses, le reveló a Página/12, a condición de guardar su nombre en reserva “por razones de seguridad”, que “desde la caída de Montesinos (el encarcelado ex brazo derecho del hoy prófugo ex presidente Fujimori) las mafias colombianas, que estaban aliadas con Montesinos, han sido desplazadas por los carteles mexicanos, específicamente por el Cartel de Tijuana, que hoy controla casi todo el negocio de la cocaína en el Perú”. “El Cartel de Tijuana –agrega– saca la mayor parte de la cocaína o la pasta lavada (etapa previa al clorhidrato de cocaína) por los puertos del norte del país hacia México y de ahí la reembarcan a Estados Unidos o Europa; otra parte la sacan por el sur, por Puno (frontera con Bolivia) o Tacna. La droga que sale por Tacna, que es menos de la que sale por Puno, va en su gran mayoría hacia Chile. Aunque por los puertos del sur del país también sale droga, los narcos prefieren sacar la mayor cantidad por Arica, porque Chile no está calificado como productor de coca y los barcos que llegan desde ese país son sometidos a revisiones menos rigurosas que aquellos que llegan desde un puerto peruano. Está muy claro que para que esa ruta funcione hay una organización internacional que incluye a funcionarios corruptos de Perú y de Chile.”Sobre el rol de la Argentina en ese complejo esquema de las rutas para exportar cocaína, este ex funcionario antidrogas señaló que “sin duda hay tráfico de drogas a través de la Argentina, pero en una escala reducida. En nuestras hipótesis de trabajo nunca consideramos la Argentina como un punto intermedio de importancia en el tránsito de la droga”. Consultado por el caso de los 50 kilos de cocaína que habrían llegado a la Argentina desde Tacna en los vuelos de Southern Winds presuntamente para reenviarlos a España, señaló que “la existencia de una vía a través de Argentina para sacar droga sistemáticamente es una teoría nueva con la que la policía peruana nunca antes ha trabajado”. Pero considera el caso de Southern Winds como “casi insignificante en términos del volumen de la droga que se mueve; para nosotros una captura de 50 kilos era considerada como un hecho rutinario de poca importancia”. Está convencido de que detrás del caso de Southern Winds “no está el Cartel de Tijuana, que controla el mercado de la cocaína en el Perú; por los volúmenes pequeños de los que se habla debe tratarse de algún traficante independiente o de una mafia que puede tener conexiones internacionales pero que es pequeña”.
Para el experto en temas de drogas Hugo Cabieses, el caso de Southern Winds “parece ser la expresión de algo que recién está comenzando, un tráfico de burriers y de gente independiente que no está ligada a los grandes carteles de la droga”. Pero advierte: “Si ahora es un tráfico a pequeña escala no hay que descartar que esto crezca; me da la impresión de que lo que hay en este caso es un tráfico pequeño para ir viendo qué pasa con la ruta a través de Argentina, una especie de exploración de sus posibilidades. Y si en al asunto está implicada una línea aérea que hace una ruta que aparentemente no parece ser muy comercial, pero sí conveniente para transportar droga, entonces podemos estar frente al inicio de algo más grande”. Pero Cabieses precisa que “la mayor cantidad de droga sale por barco, no por vía aérea; es en los puertos donde está el tráfico a gran escala”.
Aunque no existen cifras oficiales, se estima que el Perú produciría entre 50 mil y 70 mil kilos de cocaína al año. Los expertos calculan que las capturas de drogas representan solamente entre el 10 y el 15 por ciento del total de cocaína que se saca del país. En los primeros dos meses de este año ya se han capturado unas 5 toneladas de droga, cifra que representa un record histórico. Todas estas capturas se han producido en el norte del país