EVO MORALES, EL PEDÓFILO

En la década de 1980, el comandante Daniel Ortega, entonces presidente de la junta que gobernaba Nicaragua, después del triunfo de la Revolución Sandinista, abusaba sexualmente de una menor, la hija mayor de su entonces compañera, Rosario Murillo, con el consentimiento de ésta.
Era algo que se sabía en los círculos altos del gobierno y también del partido, el FSLN. Se veía como algo “normal”. En esos años viví en Nicaragua y me tocó estar en reuniones, en casas de ministros, donde se hablaba del tema, sobre todo las mujeres, pero no había juicios de condena contra Ortega.
Que el presidente Evo Morales, en Bolivia, ha abusado sexualmente de menores es algo que saben los integrantes del gobierno que presidió, la dirigencia de su partido, y amplio sector de la sociedad boliviana, pero nadie decía nada. Se asumía como algo “normal”.
El reconocido intelectual boliviano, Carlos Toranzos, que vivió en México en los años de la dictadura en su país, fue profesor de la UNAM y enseñó El Capital de Marx, escribe El límite de la inmoralidad donde plantea que “quien comete estupro, comete delito penal y debe ser llevado a la cárcel; el que comete trata de personas, de niñas con objetivo sexual, también debe ser juzgado e ir a prisión. El que está acostumbrado a la pedofilia, por lo menos debería tener una sanción moral”.
Y añade “durante más de una década Bolivia sabía que eso sucedía con el Jefazo, ¿por qué no se hablaba públicamente del tema, o por qué eran pocos los que señalaban los delitos? Simplemente porque el caudillo era el dueño del poder y quien señalaba sus delitos era juzgado y debía purgar sus palabras acusadoras en la cárcel; el poder lo blindaba a Morales”.
Continúa, “pero Morales no actuaba solo, era secundado, apoyado por decenas de obsecuentes que facilitaban sus delitos, que ocultaban pruebas de las obscenidades de Morales. Sí, eran muchos ministros y ministras, líderes sociales, dirigentes cocaleros y de sus movimientos sociales los que oficiaban de alcahuetes de los delitos penales del presidente de la República”.
Pero también “había otros cómplices, muchos padres y madres de niñas, en especial del Chapare que eran entregadas al Jefazo para que éste cumpla sus aberraciones, esas entregas tenían un precio, la entrega de favores políticos y económicos a esos padres y madres que incurrían en trata de personas al entregar a sus hijas al Jefazo”.
“Muchos de los dirigentes cocaleros no se inmutaban sobre el tema porque decían que en las comunidades originarias es algo normal la entrega de niñas a viejos dotados de poder. Hay que aclarar que el Chapare no alberga a comunidades originarias e indígenas, al contrario, se trata de centros urbano-rurales de campesinos mestizos que sí deberían entender la violación de las leyes por parte de Morales”.
Y afirma Toranzos: “pero su silencio y complicidad está explicada por la ceguera política e ideológica de apoyo a un líder manchado de aberraciones sexuales, pero, ante todo, se explica porque ese presidente les otorgaba facilidades para seguir negociando la coca, moviéndola libremente como parte del circuito coca y cocaína. Es decir, que el narcotráfico dice presente en esta trama de delitos”.
Termina su artículo: “¿Por qué ahora todos hablan de los delitos sexuales de Morales? ¿Hubo una revolución moral en toda la sociedad boliviana? No, simplemente eso sucede porque Morales y sus obsecuentes ya no poseen el poder de antes y no pueden seguir ocultando lo que hizo durante su gobierno, sucede también porque las pugnas internas dentro del MAS, llenas de inmoralidades, facilitan los datos para que todos sepan cómo operaba la violación de las leyes por parte de Morales”. ¿Evo Morales será juzgado y llevado a la cárcel? LJA MX de México (https://acortar.link/XD4DIy)
 
 
 
 
 
¿CÓMO BOLIVIA PASÓ DE SER EL PAÍS DE LA LEGALIZACIÓN A CASI UN “NARCOESTADO”?
 
Productores legales e ilegales están al servicio de grupos criminales brasileños, que se aprovechan de la sobreproducción de cocaína
 
El Siglo de Colombia (https://acortar.link/4hha5O)
 
En 2017, Evo Morales, un antiguo líder cocalero, que fue director de las “Federaciones de Productores de Hoja de Coca”, lograba promulgar una nueva ley que duplicaba el área permitida de 12.000 a 22.000 hectáreas de cultivo legal de coca en Bolivia.
“Queremos garantizar el suministro de coca de por vida para las personas que la usan legalmente”, dijo Morales en un discurso. La coca en Bolivia es legal desde 2013 por su uso ancestral por parte de las comunidades indígenas que la usan para combatir el “soroche” o para manejar la sed, el hambre o el dolor.
Morales celebraba este avance legislativo como un logro histórico, mientras que la oposición advertía que esta ley iba a generar beneficios para el crimen organizado de Perú y Brasil, que sacaría provecho de la ubicación geoestratégica de Bolivia y la sobreproducción de coca legal e ilegal en ese país.
A seis años de la ampliación de hectáreas de coca legal en Bolivia, los resultados son más próximos a lo que en su momento alertó la oposición. Como otros países de la región, Bolivia se ha convertido en un “narcoestado”, con las instituciones cooptadas por el narcotráfico, un incremento de la tasa de homicidios a causa de las disputas entre organizaciones criminales en zonas que no son tradicionalmente cocaleras (Santa Cruz de la Sierra) y la entrada de las organizaciones criminales transnacionales de Brasil y Perú, aliadas con clanes regionales que se dedican a la producción legal o ilegal de coca.
Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Bolivia dejó de ser el clásico productor de hoja de coca a convertirse en un productor más de clorhidrato de cocaína.
“Era un vendedor barato de la pasta base de cocaína, que después era procesada en Brasil, Perú o Colombia. Pero esto ha cambiado”, dice a DW la politóloga boliviana Ana Soliz, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo.
“El poder de las pandillas brasileñas y clanes criminales locales, combinado con políticas de gobierno deficientes, han propiciado el crecimiento continuo del tráfico de cocaína en Bolivia en los últimos años. Y el mercado legal de la coca en Bolivia no es suficiente para contrarrestar la demanda internacional de cocaína y la violencia que esta economía trae aparejada”, comentó “Insight Crime”, en 2022.
Chapare y los Yungas
La tradición cocalera y su reconocimiento por parte de Evo Morales en 2012 trajo buenos resultados en su momento. Las tasas de homicidios en el país empezaron a descender rápidamente al mismo tiempo que Bolivia logró posicionarse como una alternativa a la “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos desde los tiempos de Richard Nixon, y relanzada por múltiples gobiernos. Evo también reivindicaba el enfoque ancestral del consumo por parte de grupos indígenas, criminalizado por los anteriores gobiernos bolivianos.
La legalización de la coca tuvo como epicentro dos regiones de Bolivia, Chapare, Cochabamba, y los Yungas, la Paz, donde los productores tienen permiso de plantar las 12.000 hectáreas de coca legales (hoy 22.000) que han sido reconocidas por la legislación boliviana.
Estas poblaciones no fueron escogidas de la nada para convertirse en regiones productoras. Desde hace décadas, en ellas existe un ecosistema productivo alrededor de la hoja de coca, en el que se entrelazan valores culturales, prácticas ancestrales y, sobre todo, modelos de negocio, pues de él viven muchas familias.
Un interesante paper ha mostrado los resultados positivos que trajo la legalización en Chapare y Las Yungas. En “Why is the drug trade not violent? Cocaine production and the embedded economy in the Chapare”, el investigador Thomas Grisaffi de la Universidad de Reading, Inglaterra, da cuenta que en Chapare la violencia bajó con la legalización de la coca.
“Los sindicatos agrícolas cocaleros actúan como una forma paralela de gobernanza, proporcionando un marco para la resolución pacífica de disputas, y trabajan activamente para excluir al Estado y a los actores criminales”, concluyó este académico inglés.
El fin último de las discusiones sobre la legalización de la droga es disminuir la violencia asociada a la producción de estupefacientes, en este caso la coca.
Los investigadores de los mercados de las drogas como Angélica Durán y Benjamin Lessing argumentan que los índices de violencia no están “tan relacionados con el volumen de drogas en un entorno determinado, sino que el factor clave es la desestabilización del mercado”. A mayor desestabilización del mercado con nuevos actores y acciones estatales, más violencia. Este argumento apunta a los casos de México o Colombia ahora, donde hay una emergencia de múltiples nuevos actores que luchan por las rentas ilícitas.
Con el paso de los años, en Chapare empezó a desestabilizarse el mercado. Por un lado, han surgido disputas entre los cocaleros promovidas por Evo Morales y el presidente actual, Luis Arce. Morales ha cosificado al movimiento cocalero del Chapare como brazo político y violento contra las medidas de Arce. Este, por el otro lado, ha buscado aliarse con los cocaleros de los Yungas, para morigerar el control que tiene Evo Morales sobre el movimiento cocalero.
Estas disputas políticas han terminado en la desestabilización del movimiento cocalero boliviano, generando una oleada violenta. No solo esto. La falta de una política pública clara, la sobreproducción de coca legal que termina en manos de los ilegales y la presencia de los grupos criminales brasileños, han convertido a Bolivia en una “narcoestado”.
El crimen organizado
La legalización de la coca en Bolivia se ha chocado con una realidad presente en toda América Latina: el crimen organizado transnacional. El “Comando Vermelho” y el “Primero Comando Do Capital” han aprovechado la laxitud de las autoridades bolivianas en los últimos años para producir y comercializar clorhidrato de cocaína en Bolivia de manera ilegal y comprar parte de la coca legal que se produce en el país.
Según datos de InSight Crime, hasta el 40% de la hoja de coca producida legalmente se comercializa al margen de la ley, como materia prima para la producción de cocaína.
La economía de la coca en Bolivia se caracteriza por ser formal, informal e ilegal, y conforme a esa mezcla de estatus −como pasa con la minería− el crimen organizado saca tajada, aprovechando la laxitud del Estado y la necesidad de los productores legales de vender toda la producción.
Se ha encontrado que los productores legales de coca en Bolivia tienen tendencia a la sobreproducción del alcaloide. Para 2022, se registraba una producción total de coca en el país de 52.000 toneladas, cuando en el mercado legal el producido es de 19.000 toneladas.
“Existe la tendencia hacia la sobreproducción de coca más allá de los límites fijados por la ley y el incremento del contrabando de coca peruana han hecho del país un lugar donde abunda la materia prima para la producción de cocaína. Esto es un incentivo para el narcotráfico, donde, junto a otros factores, ha incidido para que el país se convierta en un laboratorio de fabricación de cocaína y en el principal proveedor de esta droga en el cono sur de América Latina”, asegura InSight Crime
Vista como una región cocalera que logró unos años de paz, Chapare hoy se ha convertido en el eje de producción de clorhidrato de cocaína. Los cultivos de coca aumentaron 44% de 2019 a 2022. Solo el 10% del producido se reporta a las autoridades de forma legal, y el resto queda para la comercialización por medio del contrabando y la comercialización del crimen organizado brasileño y regional.
La legalización por la que Evo Morales defendió como base política hoy ha quedado en manos de las dinámicas criminales. El caso de Bolivia demuestra que el complejo panorama criminal de América Latina supera las buenas intenciones basadas en reconocimientos ancestrales y de economía populares.
Bolivia hoy no es reconocida por comunidades cocaleras, sino por ser el eje de producción de cocaína y comercialización de marihuana en el sur del continente.
 
 
 
 
 
TRUMP, LA HORA DE AMÉRICA LATINA
 
Hay un nuevo aire en la región. En estos cuatro años, y en especial en los primeros dos, hay que sentar las bases para crear una fuerza imparable de libertad y democracia. No hay un minuto que perder. Trump ya lo sabe y a nosotros nos toca estar listos para actuar. Sin temor y sin pausa
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/ZEZ34m)
 
Doce de los últimos 16 años fueron un desastre para las democracias del continente, en lo que a la política exterior de Estados Unidos se refiere. La región pasó de una dictadura, Cuba, a cuatro y media, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con México en el camino a serlo; en las dos últimas administraciones demócratas, la de Barack Obama y la de Joe Biden, se consolidó Venezuela como dictadura, Nicaragua, se volvió otra y México puso los cimientos de lo que también podría llegar a ser una dictadura, con la mirada cómplice de estos gobiernos.
Es más, si profundizamos un poco, vemos cómo Obama abrió la puerta a una normalización de relaciones con Cuba, lo que solo le sirvió a la dictadura cubana, que finalmente le dio un portazo en la cara a la administración norteamericana, pues nunca estuvieron dispuestos a una normalización, con una apertura económica y de libertad, por muy restringida que fuera. Por su parte, Biden, quien se decía experto en la región, vio cómo Nicaragua se convertía en una segunda Cuba, y no pasó nada. Además, le facilitó la vida al mafioso dictador Maduro cuando liberó a los sobrinos de su esposa, condenados por narcotráfico, liberó al experto en lavado de activos Álex Saab y, como si esto fuera poco, levantó las restricciones a las petroleras para producir y exportar petróleo desde Venezuela.
El eje autoritario en la región creció sin freno, mientras Estados Unidos, preocupado por otros líos mundiales, no vio el incendio en el vecindario, que además toma todos los días más fuerza, con el apoyo de China, Rusia e Irán. No se debe, por demás, descartar el desastre de México y de Colombia, donde la democracia, en el primero, muere, mientras en el segundo, tambalea, por cuenta de un populista que solo llegó al poder para destruir la libertad.
Durante los cuatro años de Donald Trump el discurso contra las dictaduras en la región fue claro, y algunas de las acciones también. El apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó fue quizás lo más relevante, aunque no se pueden olvidar las sanciones contra Maduro y su corte de mafiosos y la presión en materia de narcotráfico que hicieron a lo largo y ancho del continente, incluso con propuestas de bombardear narcos en distintos países.
Llegó Donald Trump al poder con un mandato absolutamente claro, y con un Senado y una Cámara en manos de los republicanos. Es más, parece que Marco Rubio, senador por la Florida, va a ser nominado como Secretario de Estado y su director de Seguridad Nacional, Matt Waltz, viene de este mismo estado de la Unión, el único, por cierto, donde el tema de Latinoamérica es importante. El mensaje es contundente, la región va a ser una de las prioridades. Eso sí, no nos hagamos ilusiones, primero van Ucrania, Medio Oriente y China, pero la región sale del olvido y el descuido con los valores democráticos y las amenazas a estos que sufrimos durante las administraciones demócratas.
La pregunta esencial es, ¿qué van y qué pueden hacer? De poder, las opciones son múltiples, sobretodo ahora en el mundo de los drones, donde estos juegan el papel de miles de soldados sobre el terreno. Esta opción no se puede o se debe descartar para lograr una salida de la cleptocracia de Venezuela. Es más, acciones como la que utilizaron contra Álex Saab, de interceptar su avión en pleno vuelo, deben estar sobre la mesa. Que los dictadores, sus secuaces y sus familias entiendan que no tienen ningún espacio libre en el mundo si siguen en el poder.
En el caso de Venezuela hay otra opción que debe ser abierta, subir a 100 o 150 millones de dólares la recompensa por Maduro y su mafia, lo que necesita una decisión del Congreso, y que otros se encarguen de entregarlos. Generar esa opción para lograr una salida debe estar sobre la mesa para que, incluso dentro de Venezuela, esos mafiosos no se sientan seguros.
Lo de Nicaragua va ser distinto. Es muy probable que renegocien el tratado de libre comercio de Centroamérica y saquen a Nicaragua y metan a otros países, como Ecuador y Uruguay, que lo han pedido. De todas maneras, la penetración rusa en materia de inteligencia en Nicaragua genera una amenaza que, sin duda, Estados Unidos va a querer contrarrestar, por eso no se debe descartar ninguna acción en ningún sentido. Obvio, la prioridad va a ser Venezuela, junto a Cuba, pero Ortega tampoco está a salvo.
Lo de Cuba va a ser interesantísimo. Es muy probable que le frenen las remesas, lo que le quita gran parte del oxígeno a esa dictadura que hoy tiene al país muchísimo más pobre que hace 60 años. Es más, el mismo Marco Rubio hace unos años planteó la necesidad de usar satélites que den señal a los cubanos, pues estos, con libertad para hablar, para organizarse y para expresarse son una amenaza gigante a esa otra cleptocracia que dominaron los hermanos Fidel y Raul Castro y hoy dirigen sus descendientes.
Lo de China, Rusia e Irán también se convierte en objetivo estratégico de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. México debe entender que las inversiones chinas van a comprometer su seguridad económica y proyectos como el del puerto chino de Chancay, en Perú, van a tener un alto costo en materia política y comercial.
Finalmente, dos temas que van a hacer parte de la nueva administración hacia la región; el de la migración, que se ha convertido en un instrumento de disrupción por parte de países como Venezuela y Nicaragua, que han pasado “de agache” en ese tema; ahora, con una nueva mirada, este problema se convierte en un incentivo más para ponerle solución a las “diferencias” que hay con estos países.
El otro tema es el narcotráfico. Ya en la primera administración de Trump desde el Congreso se propuso bombardear a los narcos en México, algo que no solo no se debe descartar, sino que es muy posible que sea parte de la receta en la lucha contra el narcotráfico a lo largo del continente. La mirada complaciente de Biden con este tema se acabó, y personajes como Gustavo Petro, aliados con el narcotráfico, por acción o inacción, van a hacer que sus países paguen un alto costo político y hasta comercial. Mexico, una nación al borde de ser un narco estado, también debe entender que esa mirada complaciente que tuvieron los cuatro años pasados ya está en el pasado.
Hay un nuevo aire en la región. La soledad que sentimos los demócratas del continente en esta lucha contra el populismo del siglo XXI y sus patrocinadores extracontinentales antes mencionados parece haber terminado. Lo importante es entender que en estos cuatro años, y en especial en los primeros dos, hay que sentar las bases para equilibrar la lucha, para eliminar esos agentes nocivos y crear una fuerza imparable de libertad y democracia.
No hay un minuto que perder. Trump ya lo sabe y por eso está nombrando su gabinete con anticipación. A nosotros nos toca lo mismo, estar listos para actuar. Sin temor y sin pausa.
 
 
 
 
ORSI AFIRMA QUE EN CRECIMIENTO ECONÓMICO “SOMOS LOS ULTIMOS DE LA FILA DESPUÉS DE BOLIVIA
 
El Debate de Uruguay (https://acortar.link/eM9zEf)
 
Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), lanzó duras críticas sobre el desempeño económico de Uruguay, afirmando que el país está "al final de la fila después de Bolivia" en términos de crecimiento. En un acto en el Teatro El Galpón de Montevideo, Orsi expresó su preocupación por la falta de desarrollo económico sostenido y cuestionó la distribución de los escasos avances alcanzados. Sus declaraciones reflejan la postura crítica del FA respecto a la gestión actual del gobierno y subrayan su propuesta de fortalecer la economía desde un enfoque inclusivo y tecnológico.
Orsi señaló que, si bien la pandemia afectó a muchos países de la región, Uruguay tuvo un desempeño inferior al de algunos de sus vecinos. "Argentina está en una situación muy complicada, pero incluso ellos crecieron más que nosotros. Brasil también nos superó", expresó. La observación se enmarca en una comparación regional que busca ilustrar las oportunidades perdidas para Uruguay. Según Orsi, el crecimiento fue "desigual y desparejo", en comparación con períodos anteriores.
En el ámbito económico, Orsi destacó que uno de los problemas centrales ha sido la pérdida del poder adquisitivo, mencionando que el salario real de los uruguayos en 2024 no alcanza el nivel de 2019. "Creímos que íbamos a recuperar terreno, pero el crecimiento fue muy escaso, y cuando crecemos menos, la desigualdad en la distribución se hace más evidente", argumentó. Además, el candidato hizo un llamado a repensar las políticas económicas de Uruguay y propuso algunas ideas para dinamizar el crecimiento.
Entre sus propuestas, Orsi subrayó la importancia de acercar la ciencia y la tecnología a la producción nacional, lo que podría impulsarse mediante una mayor cooperación con la academia y los institutos de investigación. También habló de potenciar sectores específicos como la producción de arroz y el sector ganadero, sugiriendo la necesidad de optimizar los métodos de riego e incrementar la producción genética para su exportación. "En Uruguay tenemos una ley de riego que no se ha reglamentado; es algo que nos afecta gravemente en épocas de sequía", añadió, instando a una acción conjunta del gobierno y el sector privado para abordar estos desafíos.
Asimismo, Orsi hizo hincapié en la industria lechera y en la atracción de empresas multinacionales en áreas como las tecnologías de la información y los datos. Mencionó ejemplos como Google, argumentando que empresas de este tipo podrían desempeñar un rol importante en la diversificación económica de Uruguay. Afirmó que "la diplomacia económica debe ser una prioridad", subrayando la importancia de que el país trabaje en generar "inteligencia diplomática" para atraer inversiones internacionales.
En materia de seguridad, Orsi también abordó los recientes episodios de violencia que han conmocionado al país, incluyendo el trágico caso del niño de 10 años fallecido en Young. El candidato del FA destacó la necesidad de una respuesta integral que vaya más allá de medidas aisladas, sugiriendo que el análisis de estos casos debería realizarse "con altura y sin banalizar la discusión". Resaltó que las problemáticas de seguridad están vinculadas a la proliferación de "bocas de pasta base" y al ingreso de personas con adicciones a centros de reclusión, señalando la importancia de que el Estado esté atento a los problemas de salud mental y adicciones dentro del sistema carcelario.
Orsi concluyó su intervención destacando que no existen soluciones simples a problemas complejos. "No hay Superman para esto; cuando entramos con soberbia, es lo peor que nos puede pasar", indicó, resaltando la necesidad de humildad y reflexión en la búsqueda de soluciones para los problemas que enfrenta el país.
 
 
 
 
 
INFLACIÓN DE OCTUBRE: LA ARGENTINA DEJÓ DE LIDERAR EL RANKING DE LA REGIÓN
 
En Venezuela los precios se aceleraron al 9,6% y fue la cifra mensual más elevada de América Latina, si bien en la medición interanual está por debajo; también hubo sorpresas en Chile y Bolivia
 
La Nación de Argentina (https://acortar.link/HyilKr)
 
Luego de un año en el primer lugar del podio, en octubre la Argentina dejó de ser el país con la inflación mensual más alta de América Latina. Aunque la dinámica de precios sigue siendo casi única a nivel global, el mes pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró y perforó el piso del 3%, una cifra que no se observaba hace casi tres años.
Según dio a conocer esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), en octubre la inflación fue del 2,7% mensual. Para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta noviembre de 2021, cuando el indicador se ubicó en 2,5%. El costo de vida acumuló un aumento de 107% en 10 meses y 193% en un año.
Estas cifras harían que la Argentina deje de tener el dato de inflación mensual más alto de la región, una tendencia que se registra desde septiembre de 2023. En octubre, Venezuela sufrió un nuevo fogonazo inflacionario por la depreciación del bolívar y los precios aumentaron 9,6% frente a septiembre, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una entidad independiente del gobierno.
“Estos resultados evidencian la fragilidad macroeconómica de Venezuela, ya que, al depreciarse la tasa de cambio, su impacto sobre los precios se traspasa inmediatamente. Para noviembre y diciembre es previsible que persistan los efectos de la devaluación, ya que aún sigue un rezago del impacto del deslizamiento del tipo de cambio sobre los precios”, advirtió el informe. En el año acumula una inflación del 41,1% y del 49% en 12 meses, datos que demuestran estar saliendo de la hiperinflación tras la debacle económica de los últimos años.
Octubre, con sorpresas en la región
La inflación en la Argentina y Venezuela es una rareza a nivel regional, e incluso internacional. En el resto de los países, el Índice de Precios al Consumidor se suele comunicar en términos interanuales, porque el dato mensual está por debajo del 1%.
Por ejemplo, en Brasil el costo de vida se aceleró y se ubicó en 0,56% frente al mes anterior, mientras que en 12 meses acumuló un alza del 4,76%. En Uruguay los precios subieron 0,33% en comparación con septiembre y se incrementaron 5,01% frente a octubre 2023.
Llamativo fue el caso de Chile. Del otro lado de la Cordillera de Los Andes, la inflación anotó una variación del 1% mensual y mostró la cifra más alta en casi dos años, en un contexto de actualizaciones tarifarias tras cinco años sin cambios. En 12 meses, acumuló un avance del 4,7%.
En Paraguay, los precios se mantuvieron quietos frente al mes anterior (el indicador se ubicó en 0%) y en un año subieron 3,6%.
Bolivia también sorprendió a los analistas, ya que los precios se aceleraron 1,64% mensual en octubre y acumularon un 7,94% en un año. Tuvo la cifra más alta en 29 años, y registró el tercer dato más alto de toda la región, en plena crisis política. México tuvo una inflación del 0,55% en comparación con septiembre y 4,76% en comparación con octubre de 2023. En República Dominicana, la cifra fue del 0,09% y 3,16%, respectivamente.
En octubre, también hubo varios países latinoamericanos que registraron deflación. En Colombia el costo de vida cayó 0,13%, aunque en 12 meses la inflación fue del 5,41%. Perú mostró una baja de precios del 0,09% frente a septiembre y en un año avanzaron apenas 2%. En Ecuador, el índice de precios al consumidor retrocedió 0,24% mensual y marcó un incremento del 1,36% anual.
Hay más casos de países con deflación. En Honduras los precios cayeron un 0,05% mensual y treparon 4,05% en 12 meses. Lo mismo pasó en El Salvador, economía que está dolarizada, donde los precios cayeron 0,29% mensual y 0,07% interanual (algo no visto desde diciembre de 2020). En Costa Rica, el costo de vida se desinfló 0,44% mensual y 0,79% interanual.
 
 
 
 
 
TESLA APUESTA POR ESTA MINA DE LITIO EN SUDAMÉRICA, UBICADA A 4,000 METROS Y QUE FUNCIONA COMO UNA PLANTA QUÍMICA
 
Situada a más de 4000 metros de altura, esta mina se ha convertido en la principal fuente de litio de esta nación. Con modernas instalaciones en un entorno desafiante, marca un hito en la producción de litio en Sudamérica.
 
La República de Perú (https://acortar.link/BdS5Td)
 
A 4000 metros de altura, en pleno corazón de un extenso salar, esta mina destaca como una de las principales fuentes de litio en Sudamérica. Este yacimiento no solo es una fuente clave del llamado "oro blanco", sino también un centro de innovación y empleo que impacta profundamente en la economía local y regional. La operación, a cargo de una importante compañía de reciente fusión entre capitales de Estados Unidos y Australia, se extiende sobre más de 1200 hectáreas.
El entorno extremo y la altura imponen grandes desafíos a los trabajadores, quienes deben adaptarse a las rigurosas condiciones climáticas. Esta mina se convierte así en un centro de empleo y tecnología, y en un símbolo del crecimiento de la industria minera de litio en Sudamérica.
¿Cuál es la mina de litio en Sudamérica a 4000 metros sobre el nivel del mar?
El Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto entre las provincias de Catamarca y Salta, se ha consolidado como la mina de litio más importante de Argentina. Con operaciones permanentes a 4000 metros de altura, representa una proeza en la industria minera sudamericana. Desde su exploración inicial en la década de 1990, este proyecto ha evolucionado hasta convertirse en un núcleo de producción de litio mediante el método de extracción directa, el cual permite obtener el mineral de manera eficiente y con menor impacto ambiental.
La extracción se realiza con pozos de hasta 30 metros de profundidad. Estos permiten extraer salmuera —agua con una elevada concentración de minerales— que luego se almacena en piletas abiertas para que el agua se evapore, concentrando así el litio. Este proceso se complementa con técnicas químicas avanzadas que convierten el 80% de la producción en carbonato de litio, un polvo blanco que se utiliza en la fabricación de baterías para empresas como BMW y Tesla. El restante 20% se procesa en otra planta de Arcadium en Güemes, donde se transforma en cloruro de litio, clave para la industria farmacéutica y la fabricación de litio metálico.
¿Cuál es la importancia del Proyecto Fénix en Argentina?
El Proyecto Fénix tiene una importancia estratégica en la economía y el desarrollo industrial de Argentina y Sudamérica. Según datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Argentina es el segundo país con mayores recursos de litio en el mundo y el cuarto productor mundial, después de Australia, China y Chile. Además, el país forma parte del denominado “triángulo del litio” junto con Chile y Bolivia, una región que alberga aproximadamente el 68% de las reservas mundiales de este recurso clave para la transición energética.
El impacto económico en Catamarca y Salta es evidente. Arcadium Lithium ha impulsado un "efecto derrame" que ha generado pleno empleo en la región. Empresas proveedoras de servicios de alimentación, logística y construcción se han asentado en la zona para apoyar la operación minera. Además, el proyecto ha creado un programa de contratos de aprendizaje en la localidad de Antofagasta de la Sierra, brindando oportunidades laborales a los jóvenes locales. Entre 2017 y 2023, más del 70% de los participantes de este programa fueron contratados por la empresa.
¿Cómo se trabaja en el Proyecto Fénix?
Trabajar en el Proyecto Fénix implica adaptarse a las difíciles condiciones que ofrece la altura. Con temperaturas que alcanzan los -20 grados en invierno y vientos intensos, el ambiente es implacable. Para los trabajadores, la compañía ha implementado turnos de 7x7: pasan siete días en la mina y luego regresan a sus hogares por otros siete días. En total, cerca de 500 personas operan en el proyecto, incluyendo contratistas y empleados temporales, y durante los periodos de construcción, el número asciende a 1000.
El campamento principal cuenta con unas 250 habitaciones, comedor, lavandería, sala de recreación, internet y calefacción centralizada, entre otros servicios. Además, existen campamentos satélites para contratistas y trabajadores ocasionales. La logística es igualmente compleja, ya que dos aviones conectan diariamente el sitio con las ciudades de Salta y Catamarca. Los vuelos, que parten a las 6:30 y finalizan al mediodía, transportan constantemente al personal entre la mina y sus hogares. Asimismo, pequeños autobuses llevan a los trabajadores que viven en las localidades cercanas por difíciles caminos de montaña.
 
 
 
 
 
LA REVOLUCIÓN DEL LITIO: NUEVA TECNOLOGÍA PROMETE EXTRACCIÓN MÁS EFICIENTE
 
Revista Redmin de Chile (https://acortar.link/ga5WHv)
 
La creciente demanda de litio, indispensable para la transición hacia energías más limpias, ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción. En el «Triángulo del Litio» que comprende Chile, Argentina y Bolivia, se planifican múltiples proyectos para implementar estas innovaciones tecnológicas, buscando optimizar la producción y minimizar el impacto ambiental.
Nueva tecnología de extracción directa de litio
La Extracción Directa de Litio (DLE) se perfila como una alternativa tecnológica para enfrentar el aumento de la demanda. En Chile, más del 80% de los proyectos interesados en salares anunciaron su intención de usar tecnologías DLE. Esta metodología utiliza diversas técnicas, como adsorción selectiva y extracción por sorbentes, que pueden elevar la competitividad en el sector. A diferencia de los métodos tradicionales, que utilizan evaporación de salmueras o extracción desde roca dura, DLE promete ser más amigable con el medio ambiente.
En el corazón del «Triángulo del Litio», Chile se alista con seis proyectos, Argentina con 12 y Bolivia con uno. Esto demuestra el interés creciente por adoptar innovaciones que permitan extraer el mineral de forma más eficiente y sustentable.
Proyectos destacados en el Cono Sur
Albemarle y SQM, los principales actores en Chile, están avanzando con proyectos piloto en el Salar de Atacama, utilizando tecnologías de extracción por sorbentes e intercambio iónico. Proveedores como Summit Nanotech y Lilac Solutions lideran estas innovaciones. En tanto, CleanTech Lithium aún evalúa su proveedor, pero se orientará hacia tecnologías similares.
En Argentina, las tecnologías de adsorción selectiva e intercambio iónico están bien desarrolladas y se espera que jueguen un rol crucial. No obstante, lo que funciona en territorio argentino puede no ser eficiente en los salares chilenos, debido a las diferencias en las características de cada salar.
Ventajas y desafíos de DLE
Las tecnologías DLE presentan varias ventajas, utilizando menos suelo y logrando tasas de recuperación de litio de hasta un 90% en horas, a diferencia del método convencional que tiene una recuperación del 45-55% en meses. Además, no requieren de ácidos o productos químicos agresivos, minimizando el impacto ambiental.
Sin embargo, no todo son ventajas. Las DLE aún enfrentan desafíos significativos, especialmente en la reinyección de agua. Existe incertidumbre sobre si el agua restituida se infiltra adecuadamente en el salar. Esta problemática se vigila de cerca en Argentina y es de gran interés para la industria chilena.
Preocupación por el recurso hídrico
La Comunidad Atacameña de Socaire ha manifestado serias preocupaciones por el uso del agua. Sandra Cruz, su presidenta, criticó la consulta indígena realizada por Corfo y destacó la necesidad de garantizar la disponibilidad hídrica para las generaciones futuras. Sostuvo que un plazo de 100 días para una consulta tan crucial es inadecuado, considerando la relevancia de los temas involucrados para la comunidad.
 
 
 
 
 
ARGENTINA INTENTÓ PRODUCIR ENERGÍA EN UN RÍO Y SALIÓ MAL: HA ACABADO SECÁNDOLO POR COMPLETO
 
El Diario 24 de Argentina (https://acortar.link/anEA6V)
 
Argentina abre los brazos a los proyectos de litio, la gran energía del futuro del que este rincón del mundo comparte con Bolivia y Chile el 55% de la producción del mundo. El RIGI y el gobierno actual argentino incentivan la llegada de más empresas internacionales facilitándoles acciones para despegar la energía renovable en el país. Sin embargo, la falta de control y la sed de dólares han originado la sequía de un río.
La otra cara del litio comienza a develar la necesidad de control a las empresas mineras
Con más de 40 proyectos en carpeta esperando aprobación, el litio argentino es una de las fuentes más jugosas para las empresas mineras que esperan que su precio vuelva a cobrar importancia en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, la movilidad eléctrica y las energías renovables.
Pero en esta vorágine de necesidades y de búsqueda de mayores beneficios, muchos proyectos han “olvidado” o dado la espalda a la misma naturaleza que los acoge y les da la materia prima. Es así como un documental ha podido registrar las huellas de un río seco por la mala operatoria de una compañía minera.
Las imágenes del colapso son abrumadoras, en medio del desierto se observan unos 7 kilómetros de manchones negros y las huellas de la vegetación muerta representando el antiguo paso de las aguas del río Trapiche por el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Catamarca.
El río Trapiche que alguna vez fue turgente y espacioso cobijó y colmó la sed de muchas especies de la fauna autóctona como vicuñas, pumas, gatos andinos y participó en la producción de ricos pastizales. Hoy, todo es desierto y decadencia.
Las minas de litio en la mira: la Justicia pone un freno legal tras la sequía del río Trapiche
Los pobladores y representantes de comunidades indígenas han presentado fuertes oposiciones a la empresa minera y luego en la Justicia para frenar la sequía. Una de las empresas más responsables es Livent, quien representa más del 20% de todo el litio que se exporta en Argentina.
Livent, y luego Arcadium responsables del Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto fue recientemente adquirida por Río Tinto, el segundo mayor exportador de litio del mundo. El proyecto generó en 2023, 22.000 toneladas de carbonato de litio, casi la mitad de las 50.000 toneladas producidas en el país, según datos del gobierno.
Las asociaciones ambientales han hablado con los representantes de la minera quienes en su momento advirtieron que la sequía del río Trapiche era reversible, y que ellos utilizaban solo un 2% del agua dulce del río. Pero ahora el lecho vaciado habla por sí mismo.
La Justicia frena la expansión de las mineras
Con todas las pruebas presentadas, finalmente en marzo de este año la Justicia catamarqueña le ordenó que limite las aprobaciones y el otorgamiento de permisos a las mineras para defender otro de los ríos que está en peligro de extinción: Los Patos
Hasta este río llega un proyecto de expansión denominado Sal de Vida que en su momento lideró Arcadium, ahora Río Tinto. Pero la Justicia determinó que sin un estudio de impacto ambiental no habría desarrollo posible e indicó que el informe debe contemplar “el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, así como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectada”.
Otra de las contundentes pruebas para frenar los proyectos ha sido el hallazgo de un material plástico con el que forraron el cauce del río para lograr un mayor caudal y evitar que el agua se expanda por los márgenes de tierra, lo que alteró el ecosistema de peces y flora de la zona según estudios ambientales
Los Patos aún se encuentra con vida, pero en serio peligro de desaparecer dados los antecedentes de su hermano a 7 kilómetros de distancia, el Trapiche. Esperamos que Argentina florezca, pero nunca a coste de la naturaleza sino creciendo a la par.
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE BOLIVIA VISITÓ LOS ACUERDOS RECÍPROCOS POR EL AGUA (ARA) EN EL VALLE DEL CAUCA
 
CVC de Colombia (https://acortar.link/s8QjAD)
 
En el contexto de la COP16 y el proceso adelantado por la CVC en los últimos años, a través de la estrategia Acuerdos Recíprocos por el Agua, ARA, se realizó una gira con una delegación de Bolivia conformada por representantes de la Fundación Natura Bolivia y la Comunidad Indígena del Pueblo Guaraní, para conocer la implementación de esta iniciativa de conservación en la comunidad indígena del Resguardo Triunfo Cristal Páez  de Florida, en la cuenca del río Frayle, y Consejo Comunitario de Comunidades Negras del río Cajambre, en Buenaventura.
Experiencia ARA en el río Frayle
Esta gira inició en Florida, donde se realizó el intercambio de saberes y procesos que se han adelantado para la conservación de ecosistemas reguladores del recurso hídrico en esta cuenca, desde la cosmovisión y ancestralidad de los usos y costumbres de estas comunidades.
Se visitaron algunas experiencias implementadas con comunidades del Resguardo Triunfo Cristal Páez en ecosistemas que se están conservando, como la quebrada Los Patos y la franja forestal de la cuenca del río Santa Bárbara. Así mismo, la delegación observó la implementación de sistemas silvopastoriles, agroforestales, aislamientos de conservación y bosque de uso doméstico, como parte del proceso de restauración ecológica. Doña Nelly Payan, una de las beneficiarias, les contó acerca del efecto positivo de tener una estufa ecoeficiente, cuyo propósito es disminuir el impacto sobre el bosque por la extracción de leña.
Al respecto, Gualberto Carballo, coordinador de la Ecorregión Chaco, de la Fundación Natura Bolivia, manifestó estar muy complacido con la visita, sobre todo por ver cómo las comunidades han respondido, de manera satisfactoria, a este proceso, siendo ellas mismas quienes cuentan cómo ha sido la articulación con la CVC y los trabajos que se han adelantado en termas de conservación para la protección de las fuentes del agua y del bosque. “La comunidad está muy apropiada del trabajo que se ha hecho, teniendo en cuenta que algunas veces la articulación con actores sociales no es fácil. En este caso, ellos tienen una visión a futuro de cómo van a ir avanzando, paso a paso, de la mano de la CVC”, puntualizó Carballo.
Experiencia ARA en el río Cajambre
Los integrantes del consejo comunitario relataron las buenas prácticas en la gestión sostenible del agua y del manglar, y la experiencia que tiene la comunidad protegiendo, al igual que contaron sobre el proceso formativo que han tenido al interior del territorio con grupos que adelantan acciones dirigidas a proteger el ecosistema manglar. Toda esta labor ha contribuido a la adaptación y mitigación de los efectos adversos generados por el cambio climático, ya que se captura carbono en las zonas que se han conservado.
Richard Estrada, director técnico de la Fundación Natura Bolivia, afirmó: “Nos interesa mucho conocer los ARA que tiene la CVC y aunque no tenemos mar, también el tema de manglar, porque nos permite rescatar la manera en la que están organizados para hacer frente a los problemas de degradación de los recursos naturales. Es interesante la participación de las mujeres, en especial, y de hombres que cuidan el manglar, ya que evitan cortarlo. Son de valorar los procesos sociales que llevaron, incluso, a iniciar acciones propias como cuidar las tortugas marinas, eso es de admirar y nos llevamos estas experiencias para motivar a nuestras comunidades e implementarlas en Bolivia”.
De igual manera, Gloria Suárez, coordinadora de la Estrategia ARA en la CVC, comentó que en Bolivia también hay Acuerdos Recíprocos por el Agua y hay similitud en algunos procesos, sin embargo, poder hacer este tipo de intercambio de experiencias es muy enriquecedor. “Esto hace parte de la Escuela ARA, pensando en fortalecer y vincular más actores sociales, a nivel nacional e internacional, en busca de expandir esta exitosa estrategia que permite fortalecer e incentivar los vínculos de las comunidades para la protección del medio ambiente en sus territorios”, explicó la funcionaria.
Este intercambio fortalece las relaciones entre comunidades de diferentes países y promueve el aprendizaje mutuo para la implementación de estrategias que beneficien tanto a la naturaleza como a las personas.
           
 
 
 
 
BOLIVIA, EN RIESGO DE QUEDAR AISLADA POR AIRE
 
Expreso de Ecuador (https://acortar.link/qg1hMj)
 
La negativa por parte de las autoridades de atender la solicitud de diálogo con la industria aérea representa un problema inminente.
Nos encontramos ante la imposibilidad de operadores en el país de acceder a dólares estadounidenses en el sistema bancario local para el pago del suministro de combustible.   
El gran reto radica en la imposición del pago de este servicio con dólares americanos y no con bolivianos – la moneda de curso local con la cual se comercializan los tiquetes aéreos y por tanto los ingresos de los operadores en el país.
Esta medida, en un contexto de limitado acceso a divisas, pone en riesgo la posibilidad de adquirir el combustible y, en resultado, la prestación de servicios aéreos.   
Es imperativo que el gobierno boliviano asuma la responsabilidad en esta situación y tome medidas inmediatas para facilitar el acceso a divisas o permitir el pago en bolivianos.
La falta de acción por parte del gobierno no solo amenaza la continuidad de los servicios aéreos, sino que pone en peligro la economía del país, que depende en gran medida del turismo y del transporte aéreo para el suministro de bienes esenciales así como la importación y exportación de mercancías a mercados tradicionalmente fidelizados por la producción boliviana.   
Actualmente, más del 70% de los turistas llega al país por vía aérea y ellos aportan cerca del 5% del PIB nacional y más del 5% de los empleos directos e indirectos. Además, productos de uso corriente, tales como medicamentos esenciales, vacunas, teléfonos inteligentes, reactivos de diagnóstico y turbo partes, llegan por vía aérea al país.   
Desde ALTA, la asociación privada al servicio de la industria aérea de Iberoamérica y el Caribe, señalan que ‘esperamos que el gobierno atienda con urgencia esta solicitud y dialogue con la industria para poner en marcha soluciones inmediatas y viables para garantizar la prestación sin interrupciones de un servicio esencial que permite la movilidad de la población, soporta miles de empleos y asegura el suministro de insumos para la población’.
 
 
 
 
 
EL PAÍS SUDAMERICANO QUE MÁS GUERRAS HA PERDIDO: CEDIÓ EL 45% DE SU TERRITORIO A 5 NACIONES, INCLUIDO PERÚ
 
Este país ha sido uno de los más golpeados por los conflictos bélicos en Sudamérica, ha cedido casi la mitad de su territorio desde el año de su independencia.
 
EL Popular de Perú (https://acortar.link/NfSKpy)
 
A lo largo de su historia, Sudamérica ha sido escenario de numerosos conflictos bélicos entre sus naciones, pero pocos países han sufrido una pérdida territorial tan significativa como una nación. Desde su independencia en 1825, este país ha enfrentado guerras que le han costado casi la mitad de su territorio original. En apenas 45 años, esta nación cedió grandes extensiones de tierra a sus países vecinos. ¿Cuál es?
¿Cuál es el país de Sudamérica que más guerras perdió?
Bolivia, que en sus primeros años de independencia contaba con una superficie de 2.363.769 km², ha perdido hasta la fecha un total de 1.265.188 km², lo que equivale a casi el 45% de su territorio. Este proceso comenzó con la Guerra del Pacífico (1879-1884), donde Bolivia, junto con Perú, enfrentó a Chile por el control de recursos en el desierto de Atacama. El resultado de este conflicto fue la pérdida del Litoral boliviano, una franja costera que le permitía acceder al mar. Esta pérdida es considerada una de las más dolorosas y significativas en la historia de dicho país.
El impacto de la Guerra del Pacífico fue devastador para Bolivia, que no solo perdió territorio sino también su salida al océano Pacífico, un hecho que marcó la política exterior boliviana durante más de un siglo. Sin embargo, no fue el único conflicto que afectó a la nación. En la década de 1930, Bolivia se vio envuelta en la Guerra del Chaco (1932-1935), un enfrentamiento con Paraguay por el control del Gran Chaco, una vasta región de tierras áridas en el norte de Argentina y sur de Bolivia. Aunque Bolivia tenía mayores recursos y un ejército más grande, el conflicto terminó con una victoria para Paraguay, que se quedó con gran parte del territorio en disputa.
Los países que le quitaron territorio a Bolivia
•          Argentina: Tras el Tratado Quirno Costa - Vaca Guzmán, Bolivia perdió Atacama (126.000 km²). Además, cedió cerca de 300 km² de costas sobre el Pacífico. Tras otras negociaciones, la nación boliviana terminó cediendo un total de 170.758 km² a Argentina.
•          Brasil: Bolivia enfrentó sucesivas pérdidas territoriales ante Brasil, solo una de ellas fue un 'regalo' brindado por el presidente Mariano Melgarejo. En total, cedió 490.430 km² a la nación brasileña.
•          Perú: Con el Tratado Polo-Bustamante' Bolivia cedió 250.000 km² en la cuenca del río Madre de Dios.
•          Chile: La pérdida de territorio boliviano ante Chile fue la menor de todas, pues solo cedió 120.000 km². Sin embargo, esto selló la pérdida de su salida al mar, que incluyó el desierto de Atacama.
•          Paraguay: La guerra del Chaco que enfrentó Bolivia resultó en la cesión de 240.000 km² a Paraguay, formalizada en el Tratado de Paz, Amistad y Límites.
 
 
 
 
 
ESTE PAÍS DE SUDAMÉRICA TIENE UNA PLAYA PARADISÍACA ABANDONADA Y NO ES ARGENTINA: A QUIÉN LE PERTENECE
 
En 1992, se firmó un acuerdo que otorgaba derechos sobre una franja costera de cinco kilómetros. A pesar de las promesas iniciales, la región de Latinoamérica permanece sin desarrollo y sigue en el abandono.
 
El Clarín de Argentina (https://acortar.link/AzMZdb)
 
En Sudamérica, un acuerdo histórico entre Perú y Bolivia dejó una playa paradisíaca en el abandono, sin cumplir su propósito original.
En 1992, Alberto Fujimori y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora firmaron un acuerdo que otorgaba a Bolivia el derecho de uso sobre una franja costera de cinco kilómetros en el sur de Perú, en la región de Moquegua.
Esta zona pasó a ser conocida como ‘Boliviamar’ y su propósito era fortalecer las relaciones comerciales y turísticas entre ambos países.
Una playa abandonada entre Bolivia y Perú
El acuerdo estipulaba que Bolivia tendría el control de esta franja costera durante 100 años, lo que generó esperanza en el país vecino, ya que finalmente tendría una alternativa para su salida al mar.
Esto se da en el contexto después de haber perdido sus provincias costeras en la Guerra del Pacífico (1879-1884). Sin embargo, con el paso del tiempo, la playa quedó en el abandono, sin los desarrollos previstos.
Aunque el proyecto incluía la creación de una zona franca industrial y la posibilidad de usar instalaciones portuarias, los intereses de Bolivia no se vieron completamente satisfechos.
Desde la perspectiva peruana, la zona se orientó más hacia el desarrollo turístico, lo que no coincidía con los planes bolivianos, que esperaban un uso más orientado al comercio.
El futuro incierto de Boliviamar: 67 años de espera
A pesar de que el acuerdo entre Perú y Bolivia sobre Boliviamar aún sigue vigente, la falta de inversión y el escaso desarrollo de la zona dejaron a esta playa paradisíaca en el abandono.
Bolivia soñaba con convertir este rincón costero en un puerto funcional y una zona industrial próspera. Sin embargo, la realidad es que la situación no mejoró en más de 30 años.
Algunos factores clave de la situación actual:
La falta de un plan de desarrollo adecuado frenó el avance de proyectos portuarios en la región.
Los costos altos de operación en Boliviamar disuaden a los empresarios bolivianos, que prefieren utilizar puertos chilenos con tarifas más competitivas.
Pescadores peruanos son los principales beneficiarios del litoral, aprovechando las rocas para crear criaderos naturales de peces.
Los bolivianos siguen insatisfechos con el acuerdo, ya que no se logró mejorar la conectividad ni impulsar la economía del país.
 
 
 
 
 
DESTINO TURÍSTICO CHILENO DE ARICA ENAMORA A BOLIVIA
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/poIsOL)
 
La importancia de Arica para Bolivia y en particular para La Paz, y viceversa, es fundamental, aseguró hoy el cónsul de Chile en el país andino amazónico, Fernando Velazco, en entrevista concedida a Prensa Latina.
“Arica vibra con el comercio boliviano, el 70 por ciento de la carga que mueve el puerto de Arica es de Bolivia, por supuesto, también otro tema es el del combustible, en estos momentos la mayor parte del hidrocarburo que consume Bolivia ingresa por el sistema Sica Sica en Arica», dijo el diplomático a esta agencia de noticias.
Velazco afirmó que el propósito del Consulado General boliviano es que ambas partes se conozcan mejor y promuevan el turismo cada vez más masivos entre las dos partes.
“En lo personal, siento un gran amor hacia Bolivia, soy funcionario diplomático de carrera, llevo 30 años en la Cancillería y antes de que se me destinara a acá nunca había estado en este país», expresó.
“Consideraba una cosa extraña cuando me destinaron a este país, pero encontré la cosa buena de que llegué desprejuiciado -comentó-, con la mente abierta y dispuesto a hacer que las cosas mejoren y también a recibir el cariño y la amabilidad de la gente de Bolivia».
Exhortó el diplomático a todos los amigos de Bolivia y de La Paz para que visiten a Arica, hacia donde van a promover desde este miércoles que los ariqueños viajen a Bolivia.
Respecto a la oferta turística de Arica, resaltó que esa zona del Norte de Chile brinda una opción especial con su buen clima y playas de aguas templadas que invitan a disfrutar de románticas puestas de sol y baños nocturnos.
Hizo énfasis en la Playa Chinchorro, la más extensa de Arica, ubicada al centro de la ciudad.
Significó Velazco que este lugar cuenta todo el año con una excelente implementación turística y un clima agradable.
“Es ideal para practicar natación, buceo, caza submarina; surf, esquí acuático y pesca con mosca (anzuelo), así como otras actividades al aire libre», subrayó, al indicar que en Arequipa es posible deleitarse con la observación de aves o un safari fotográfico.
Describió Velazco que la puerta Norte de entrada a Chile también colinda con el desierto más árido del mundo, y mezcla paisajes que van desde el océano Pacífico hasta el altiplano andino, con milenarias culturas que dejan huellas con las momias de cultura Chinchorro, las más antiguas del mundo y que toman las calles de la ciudad cada año con el carnaval Andino con la Fuerza del Sol, el más grande del país.
Insistió el diplomático, desde otro punto de vista, en que la fusión de sabores presente en Arica refleja la rica diversidad que habita en sus calles.
Constituye una oportunidad de probar las deliciosas aceitunas del valle Azapa, las jugosas frutas que ofrece el Terminal Agropecuario ariqueño y sus dulces a base de miel y quinua, que brindan energía para probar suerte en una aventura nocturna.
Velazco es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y posee una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de esa especialidad de la Universidad de Chile; asimismo egresó de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1992.
En su desempeño en el exterior, sirvió en las embajadas de Chile en Japón (1996-2001), Perú (2003-2008), Argentina (2010-2015) y México (2017-2021).
Dentro de la Cancillería, trabajó en la Dirección de Planificación, en la Dirección General de Política Exterior y en la Dirección de América.
 
 
 
 
 
COALICIÓN NACIONAL LANZA INICIATIVA PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN ELECTORAL EN BOLIVIA
 
PNUD Org. (https://acortar.link/ANfMIc)
 
La generación de discursos de odio e información poco confiable o interesada se ha constituido en uno de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía para ejercer su derecho a la información en época de elecciones. Bolivia no está ajena a esta realidad, la cual afecta la transparencia y equilibrio en el análisis de propuestas por parte de la sociedad civil.
La ausencia de acciones específicas para combatir esta situación de creciente desinformación ha motivado que diferentes organizaciones que trabajan sobre la temática de la desinformación y derechos digitales se organicen y constituyan la denominada Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral, plataforma que fue presentada de forma pública el pasado 12 de noviembre, con el apoyo técnico del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia.
Con amplia experiencia en verificación de información falsa, análisis de discurso de odio y alfabetización digital, organizaciones como Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, Fundación Muy Waso, Guardiana, Deutsche Welle Akademie, CiberWarmis, la Fundación Internet Bolivia y ONU Mujeres se unen en esta alianza estratégica. Estas organizaciones, junto con el OEP y PNUD, se comprometen a impulsar una agenda para enfrentar este fenómeno, especialmente relevante en campañas políticas y elecciones
Entre las estrategias que ha considerado esta coalición, se quieren desarrollar procesos de alfabetización mediática digital como estrategia para asegurar la integridad de la información que se puede difundir, así como promover una mayor conciencia pública sobre el tema. Además, priorizará las narrativas que afecten a mujeres y poblaciones vulnerables que participen en el campo político.
“Esta coalición tiene particular relevancia en el contexto actual del país. Estamos en un momento preelectoral y las redes sociales se ven inundadas de todo tipo de información. Con todas estas organizaciones vamos a poder impulsar un trabajo articulado por generar referencialidad pública respecto a discursos de odio, fake news o verificación de datos”, destacó la Representante Residente Adjunta del PNUD en Bolivia, Marta Vallejo, en el acto oficial de lanzamiento de esta iniciativa.
La representante de PNUD Bolivia dijo que ser parte de esta coalición es un mensaje contundente del compromiso que existe con la integridad electoral en el país y que interpreta la voluntad colectiva de proteger los procesos democráticos y que los comicios se realicen “en un ambiente de transparencia, confianza y equidad”.
En Bolivia, la confianza de la ciudadanía en el trabajo del sistema electoral ha disminuido progresivamente, principalmente desde los conflictos de 2019 y 2020. Esto se ha materializado principalmente en las diferentes redes sociales, donde se ha hecho evidente la existencia de campañas de desinformación que afectan principalmente a mujeres en cargos políticos (De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2023 se han documentado cerca de 600 casos de violencia política).
La constitución de esta coalición fue promovida por el proyecto “Cultura de Paz y Fortalecimiento del OEP”, implementado desde 2020 por el PNUD, y financiado actualmente por la Unión Europea en Bolivia, AECID, el Gobierno de Canadá y la Cooperación Alemana. En el contexto global, el PNUD está trabajando activamente para abordar estos desafíos a través de la iniciativa global llamada Coalición Nacional para la Integridad de la Información en las Elecciones (NAC). 

A 5 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA: ¿DÓNDE ESTÁN LOS AUTORES Y EN QUÉ ESTÁ BOLIVIA?

 

La banda presidencial boliviana se impuso, hace cinco años, a la ex senadora Jeanine Añez de manos de dos uniformados, un militar y una policía. Desde el retorno a la democracia en 1982, luego de la ola de gobiernos militares en el marco del plan Condor, no se había visto una escena similar en Bolivia. Este acto, producto de un golpe de Estado de corte militar, disfrazado de una sucesión presidencial -absolutamente fuera de forma- fue antecedido por varias jornadas de tensión política, luego de las elecciones generales de octubre 20 de 2019. Pero Áñez no llegó sola y los efectos del golpe de Estado no cesaron con el 55% de apoyo popular que obtuvo el MAS en las elecciones de 2020.
Jeanine Áñez, una senadora periférica e irrelevante en la oposición, sin ningún tipo de trascendencia política en la legislatura, conocida entre los asambleístas por vender bijoutería a sus colegas en las sesiones del pleno, fue trasladada para asumir la presidencia en un avión exclusivo desde su natal Beni a la sede de Gobierno, por instrucciones de Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, quien se atribuía ser el hombre de los Estados Unidos en la mesa de negociación de la Universidad Católica. Esta mesa, instalada días antes del golpe, fue promovida por el despacho del Nuncio Apostólico y la embajada de la Unión Europea misma que, palabras más o menos, tenía como objetivo la destitución de Evo Morales de su cargo y la salida del MAS del gobierno de manera inmediata saltando la sucesión presidencial establecida en la Constitución. Así, Añez ingresó a Palacio de Gobierno la noche del 11 de noviembre de 2019, flanqueada por varones, con una Biblia en una mano y un crucifijo en la otra.
Hoy Áñez está presa en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz, con una condena de diez años de cárcel, pero los procesos judiciales que se le siguen se ven cada vez más debilitados. De hecho, hace un par de semanas por decisión de un juzgado fue apartada de una de las principales causas en torno a 2019, el denominado “Caso Golpe de Estado 1”. La fiscalía pedía 20 años de cárcel por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias. Áñez, con esposas en mano, histriónicamente dijo a la prensa ese día “No fue golpe, sí fue fraude”.
Los resultados electorales de 2019 que al día de hoy no muestran otro ganador que el depuesto Evo Morales fueron calificados entonces por el candidato Carlos Mesa, ex vicepresidente de Bolivia e involucrado en las masacres de febrero y octubre de 2003, como un “fraude monumental”. En consonancia con Mesa, Luis Fernando Camacho, líder cívico cruceño y heredero de una gran fortuna, encabezó una importante acción política paramilitar que incluía la paralización de Plaza Murillo, el centro político en La Paz y la persecución a dirigentes sociales y autoridades que hacían parte del buró político del MAS, encabezado por Morales y García Linera.
Hoy, Carlos Mesa no está encausado judicialmente en ninguno de los acontecimientos que hicieron a la violencia, el golpe y las masacres de 2019, a pesar de haber sido el principal anfitrión de Camacho en la llegada de éste a la sede de Gobierno. Sigue encabezando una minoritaria y ya mermada fuerza política con presencia en el Legislativo, que no ha logrado transformar su incapacidad para leer a la sociedad boliviana, quedándose al margen de quienes tienen posibilidades hacia los comicios del siguiente año. Quien podría haber contendido en una segunda vuelta contra Morales el 2019, evitando el golpe de Estado, en 2020 no superó el 30% de los votos y hoy da números remotamente menores a quienes lideran la oposición al masismo en Bolivia.
El 6 de noviembre de 2019, la entonces alcaldesa masista de Vinto, Cochabamba, y hoy senadora Patricia Arce, fue secuestrada, vejada y rapada en público. Los autores materiales respondían al denominado grupo para militar “Resistencia Juvenil Cochala”. Para Andrés Huanca, antropólogo boliviano, candidato a magister en Ciencia Política en la Universidad de Sao Paulo, actualmente la RJC está más fortalecida: “⁠En el marco del proceso judicial ⁠sólo se detuvo a las cabezas de la RJC, como cuerpo ahora tienen nueva cabeza: el Capitán Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y aspirante a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones; el Gobierno no se deshizo de la RJC con sus juicios, la hizo más peligrosa con su omisión”.
La madrugada del 10 de noviembre de 2019, el hermano de Víctor Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, fue secuestrado en Potosí y antes de ser presentado como rehén en la plaza principal de esa ciudad habría sido víctima de tortura y abuso sexual. En este caso, la autoría fue atribuida a los brazos armados del Comité Cívico Potosinista, también bajo órdenes de Luis Fernando Camacho. Los nueve departamentos registraron actos terroristas de este orden: listas negras de masistas amenazados en su integridad y la de los suyos, domicilios particulares sitiados y asaltados, exposición de datos personales y persecución en redes sociales, a juego con medios de comunicación conservadores, incitando al odio y a la violencia.
Camacho hoy guarda detención en el penal de máxima seguridad de Bolivia, Chonchocoro, ubicado en el Altiplano. Después de concretarse el golpe de Estado en 2019, se hizo público un video en el que se ve al líder cruceño asegurando que su padre, un potentado empresario cruceño, habría “cerrado” con militares y policías para que estos operen en favor de la dimisión de Evo. Hoy, los Camacho no tienen ninguna causa abierta por su muy conocida vinculación a los Panama Papers, pilar en el que se sustenta la mayor parte de su fortuna. Luego, en los comicios presidenciales del 2020 obtuvo sólo el 14% de respaldo, dejando evidencia de que su fortaleza político-electoral no rebasaba las fronteras de Santa Cruz. Así, en 2021, minimizando o poniendo en pausa sus aspiraciones políticas nacionales, logró hacerse de la gobernación de Santa Cruz. Las ultimas determinaciones judiciales indican que, al igual que las causas contra Añez, las que se llevan contra Camacho están debilitadas y, de hecho, éste fue favorecido con detención domiciliaria por uno de los casos de corrupción que le siguen a pesar de que seguirá en detención preventiva por otras causas, vinculadas a los hechos de 2019, que aún no tienen sentencia.
Más allá del imprescindible ejercicio de memoria y del balance actual de la búsqueda de justicia por los sangrientos hechos de 2019 que se llevaron la vida de más de un centenar de personas, es fundamental apuntar que el gobierno de facto de Añez estuvo marcado por un elemento que hoy aún muestra relevancia y efectos en la política boliviana: el pésimo manejo económico y deterioro de la vida de las bolivianas y bolivianos. Omar Velasco, economista y docente universitario boliviano, consultado para esta entrega, manifiesta que: “Hay una fuerte correlación entre la situación económica actual y el golpe de Estado de 2019. Si no se hubiera dado el golpe de Estado el país habría transitado democráticamente hacia un nuevo periodo de ajustes que ya se tenían planificados desde el Gobierno hacia 2025 (…) el golpe no solamente influye porque genera incertidumbre política, misma que a su vez genera incertidumbre económica, sino porque posterga decisiones económicas importantes”. Bolivia atraviesa una situación económica no vista antes por quienes nacieron después de 1990: escasez de divisas y crisis cambiaria, racionamiento de carburantes y descontrol de precios en la canasta familiar.
Para Velasco “La economía está con los principales indicadores económicos tensionados porque ni en el Gobierno de Áñez ni ahora en el de Luis Arce se han logrado realizar ajustes macroeconómicos que eran muy importantes de hacer. De alguna forma se han financiado los desajustes macroeconómicos utilizando las reservas internacionales y acudiendo al endeudamiento entre 2021 y 2022”. El laberinto de inestabilidad e incertidumbre abierto en 2019 no se ha cerrado. Pocos son los espacios en los que se pone sobre la mesa la consecuencia lógica en términos económicos del golpe de Estado de 2019, mismo que trunca uno de los proyectos económicos más exitosos del continente en tiempos actuales.
Continúa Omar Velasco: “dentro de las medidas que el Gobierno planeaba aplicar después de las elecciones de 2019 estaba la contratación de deuda mediante bonos soberanos, más o menos 2000 millones de dólares estaban previstos en el marco del Presupuesto General del Estado. Como llega el tema del golpe y no hay la oportunidad de realizar esta captación de deuda, misma que hubiera permitido darle estabilidad cambiaria al país por lo menos por un par de años más, es decir, si no hubiera habido golpe de Estado la estabilidad cambiaria de Bolivia se habría, al menos, mantenido hasta el 2025, con suficiente tiempo para tomar decisiones que evitasen la actual situación económica, así de determinante fue el golpe”. Hasta septiembre de este año, Bolivia registró la inflación acumulada más alta de la región Sudamericana, ascendiendo ésta a 5, 53%, según cifras oficiales. Las reservas internacionales a diciembre de 2018, eran de 8.900 millones de dólares y según el Banco Central de Bolivia, esta cifra descendió a 1.905 millones de dólares hasta el pasado 31 de agosto.
En este contexto, se ha puesto mucha tinta sobre la interna del MAS, partido que preside Evo Morales y también partido que gobierna Bolivia con Luis Arce, ambos líderes hoy abiertamente confrontados. La política cruceña Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, en conversaciones para esta entrega dice refiriéndose al Gobierno: “hoy está peleado con Evo siendo él víctima del golpe de Estado, está llevando a cabo la persecución judicial que ha terminado en un tiroteo mientras en estas mismas semanas Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez son favorecidos en el desarrollo de las causas judiciales que se les sigue”.
Las encuestas que se conocen siguen mostrando el liderazgo de Evo Morales sobre cualquier otro candidato masista o no, pero el Tribunal Constitucional la semana pasada ha ratificado su inhabilitación hacia los siguientes comicios. El nombre mejor calificado en las filas azules, después de Evo, es el del joven sindicalista, cocalero y politólogo Andrónico Rodríguez, hoy ratificado por quinto año consecutivo en la presidencia del Senado. Sin embargo, es probable que la afección al bolsillo y a la olla de las familias bolivianas detone en el ingreso, esta vez democrático, de la derecha boliviana a la presidencia, ya sin importar demasiado quién encabece la fórmula masista. Salvatierra apunta “Es en realidad el problema económico y no la interna lo que pone en duda la continuidad del proyecto político (…) creo que nuestra derrota radicaría principalmente en que el MAS pelea en lo interno pero también se encuentra en el Gobierno, esto es que no significa una alternativa electoral para la gente en términos de proyección de mejora de sus condiciones de vida, en nombre del MAS hoy el Gobierno está replanteando la subvención de los carburantes y está eliminando las capacidades productivas de nuestro país: hoy escasea la gasolina, el arroz, la harina”.
El escenario actual boliviano probablemente presenta posiciones mucho más radicales en los extremos politizados, pero menos habitadas por fuera del círculo rojo. La interna masista está cada vez más recrudecida y la vieja derecha tradicional no ha logrado hasta ahora enganchar con las preocupaciones de las bolivianas y bolivianos, pues vive enfrascada en los vicios de sus privilegios de clase. El siguiente año Bolivia debe ir a las urnas para escoger quién dirigirá el destino del país sudamericano y los efectos del golpe de Estado de 2019 seguirán determinando el curso de las voluntades de la gente, sobre todo, en lo que refiere a la marcada tendencia de decaimiento de la economía dada desde ese año. Al gobierno de Luis Arce le tocará ofrecer las mejores condiciones democráticas hacia los comicios y al MAS, hoy dividido, le corresponderá presentar una candidatura capaz de dar la mejor batalla pues transitar hacia un gobierno de derechas significa siempre ajustes voraces para las y los de abajo. Diario Red (https://acortar.link/iTTsaN)
 
 
 
 
 
BOLIVIA: VOCES Y CLAVES DE UN PROCESO QUE TERMINÓ DE IMPLOSIONAR
 
La confrontación entre el sector del líder histórico del proceso, Evo Morales, y el de su sucesor, Luis Arce, parecen haber llegado a un punto de no retorno. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sigue?
 
El Salto de Galicia, España (https://acortar.link/rlI6M7)
 
Los 18 disparos al vehículo de Evo Morales y la disputa narrativa del suceso parecen ser la gota que colmó el vaso y llevaron la ruptura del expresidente con el Gobierno boliviano a un punto de no retorno. La sensación es que se cruzaron varias líneas rojas. Que está todo roto. La confrontación entre el sector del líder histórico del proceso y el de su sucesor, Luis Arce, se trasladó de Twitter/X a las carreteras y el panorama pinta un porvenir aún más turbulento. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sigue? Conversamos con dirigentes de ambos sectores para intentar comprender la autodestrucción de un proyecto popular que fue ejemplo en el mundo.
La tensión entre el expresidente y el actual, quien fuera su ministro de Economía durante once años, viene de lejos. Arrancó desde el minuto cero de la gestión de Arce, cuando en su discurso de asunción, en noviembre de 2020, no mencionó a quien lo había designado desde el exilio ni dio lugar en su gabinete a los cuadros evistas.
Desde ese momento hasta hoy, el conflicto no paró de escalar. Con la disputa entre ambos por el liderazgo del MAS y la candidatura presidencial para 2025 como nudo central de la interna —una discusión exageradamente adelantada—, se fueron conformando dos bloques aguas abajo que hoy protagonizan una fractura insalvable y con el peligro de que pase a mayores.
El 9 de noviembre, el Tribunal Constitucional confirmaba la inhabilitación de Evo Morales, lo que vaticina un futuro aún más tumultuoso.
A finales de septiembre, Morales pasó a la acción encabezando una masiva marcha de siete días hacia La Paz, capital del país, con un pliego de 18 demandas que incluía las urgencias económicas pero también contra su proscripción. El Gobierno respondió con un aluvión de demandas judiciales —incluida una por estupro— y el evismo subió la apuesta con tres semanas de bloqueos de carreteras que llevaron el conflicto a una máxima tensión.
En este contexto llegó el atentado contra el automóvil de Morales. Para el dirigente cocalero, “el atentado fue perpetrado por un grupo de élite militar y policial” y apuntó directamente al presidente: “Lucho ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con mi vida”.
La versión del Ejecutivo fue antagónica. Primero hizo correr la tesis de un “autoatentado”, pero luego el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo —quien encabeza los ataques al expresidente—, reconoció que habían sido policías, pero dijo que el incidente se produjo cuando Evo intentó evadir un control antidroga disparando a los oficiales.
En diálogo con El Salto, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo, señala que con el intento de asesinato a Evo se cruzó el umbral: “Creíamos que el tope de la estrategia gubernamental era sacarlo de la competencia política, pero nunca imaginamos que llegaran a este punto de querer eliminarlo físicamente. Hay demasiadas pruebas de que desde el Gobierno se ha mandado a matar a Evo, lo que ya implica echar por tierra la democracia e ingresar en una fase de terrorismo de Estado”.
Quintana va más allá (o más al norte): “No tengo dudas de que en esta estrategia de exterminio de Evo está la mano siniestra de los Estados Unidos, como lo ha estado en los últimos 40 años. Tengo la seguridad, por los datos que tenemos de vinculación de ministros con la embajada norteamericana, que Arce ha tenido que ceder a la presión de los gringos para tratar de eliminar a Evo. Les está haciendo el trabajo sucio”.
La pregunta del millón
La gran incógnita que atraviesa hace tiempo esta interna a cielo abierto es si existen diferencias político-ideológicas de fondo, grandes desacuerdos programáticos, si se trata solo de una disputa de egos por el liderazgo del espacio, o tal vez ambas.
Juan Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, relata a El Salto su visión: “Desde que Arce asumió la presidencia, el señor Morales ha intentado sabotear, primero con sus legisladores trancando proyectos en la Asamblea y ahora con los bloqueos de carreteras. La filosofía, el paradigma con el que se ha construido el proceso de cambio es claro, eso no ha cambiado, el problema es que Morales quiere ser candidato sabiendo que ya no puede, que la Constitución lo inhabilita. Ese interés personal es lo que está arrastrando a este conflicto y condiciona a los pocos seguidores que tiene a nivel nacional”.
Del otro lado de la grieta, Gabriela Montaño, ex presidenta de Diputados y Senadores durante el gobierno de Morales, expresa que “la confrontación al interior del MAS se inició como una pugna de liderazgos pero luego se fue convirtiendo en diferencias políticas, inicialmente orgánicas y luego inclusive ideológicas”.
La también exministra de Salud menciona divergencias en torno a la gestión económica, por ejemplo “en torno al manejo en la explotación del litio y los recursos estratégicos”, un sinnúmero de casos de corrupción “que también han aumentado esa distancia”, el permanente intento de inhabilitar a Morales, y la suspensión de las elecciones internas, que hubiesen sido “el camino pacífico institucional para la resolución de los conflictos”.
Montaño lamenta que “las diferencias políticas se trasladaron a las organizaciones sociales y se dieron confrontaciones muy duras. Y esto es grave porque genera una ruptura del tejido social y una pérdida de solidez del bloque popular que sostuvo el proceso y garantizó que podamos recuperar la democracia un año después del golpe de 2019”.
Es difícil evaluar cuánta base social quedó vinculada a cada sector. Y cuánta militancia desafectada de ambos. La marcha que encabezó Evo a finales de septiembre logró sumar 3,4 millones de personas, según un análisis de Atlas Electoral en base a la herramienta MapCheking. Para Villca, en cambio, “las organizaciones sociales legítimas, legales, la estructura orgánica obrera, indígena y campesina ha sabido garantizar la unidad y el apoyo de Morales ha quedado reducido solo a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.
El campo de batalla judicial
Luego de aquella extendida movilización, el Gobierno impulsó al menos nueve causas judiciales contra Morales. También contra diversos líderes sociales, algunos de los cuales fueron detenidos. La acusación más resonante y compleja es por estupro, basada en que Morales habría tenido una relación y un hijo en 2016 con una adolescente de entonces 16 años. Se trata de una causa destapada durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019 que luego fue archivada ya que la legislación boliviana requiere que haya una denuncia directa de la presunta víctima.
Ahora una fiscal la reactivó y empezaron a circular rumores de una posible orden de detención. Morales habló poco del tema, denunció una “campaña sucia y mentirosa” y hasta comparó al presidente con la mandataria golpista: “No hay nada y no va a haber nada. Lucho igualito que la Áñez. Lucho es Áñez”.
También advirtió de “un Plan Cóndor de lawfare” luego de que el gobierno ultraderechista argentino presentara otra denuncia contra Morales por trata de personas y abuso sexual durante su exilio en el país. “Es evidente la coordinación entre el Gobierno de Luis Arce y el Gobierno sionista de Javier Milei”, alertó.
Quintana recuerda que “todos los gobiernos desde 1985 le han instalado a Evo procesos de distinta naturaleza, se trata de una sistemática persecución promovida por los EE UU, por lo tanto esta acusación se da en ese contexto de guerra judicial, de guerra política, en la que el gobierno busca destruir su liderazgo y su reputación”. Montaño agrega: “La persecución judicial no se da solo contra Evo Morales, aunque obviamente es la más visible, sino contra muchos dirigentes de organizaciones sociales que han sido críticos con el gobierno. La judicialización de la política ha tomado un escenario central en este conflicto”.
Lamento boliviano
Esta lucha intestina gana terreno fértil por la crisis económica que atraviesa el país. La caída de la producción de gas, su principal exportación, y la necesidad de importar combustibles se tradujo en escasez de dólares, desabastecimiento de gasolina, depreciación de la moneda, bajo nivel de reservas y una creciente inflación. Justamente el plano donde mejor maniobraba Arce, llamado “el padre del milagro boliviano” durante los años de bonanza y distribución de la riqueza en su labor al frente del Ministerio de Economía.
Hoy, al cumplir cuatro años como presidente, la gestión económica de Arce genera un descontento creciente y alimenta el escenario de conflictividad social, mientras se hunden su aprobación y sus ansias de reelección.
Hace unos meses, en un artículo para este medio, nos preguntábamos si aún quedaba alguna rendija para destrabar el entuerto de cara a las elecciones de agosto 2025, en las que un MAS dividido abriría la puerta al retorno de la derecha. Hoy, con un panorama marcado por la incertidumbre, la degradación institucional y una gran inestabilidad política y económica —todo lo contrario al período 2006-2019—, parece haber consenso en la respuesta.
Del lado del oficialismo, Villca sostiene que “el Gobierno siempre tuvo la voluntad de construir puentes de diálogo, pero Morales no tiene la más mínima intención de querer dialogar, lo único que quiere es derrocar al Gobierno”.
Desde el evismo, Montaño reflexiona: “A esta altura parece muy difícil que haya una candidatura unificada. Creo que hoy un diálogo y un acuerdo pasaría porque las dos tendencias del MAS puedan pactar mínimamente llegar de manera ordenada a las elecciones del 2025 y que sea el pueblo boliviano el que defina por quién opta”.
 
 
 
 
 
LA TRAGICOMEDIA DEL BICENTENARIO
 
Bolivia se acerca a su bicentenario como Estado independiente, pero en lugar de una celebración genuina, el ambiente se perfila más bien como una oportunidad de reflexión crítica.
 
Mundiario de España (https://acortar.link/ZKi21c)
 
Bolivia recordará —y digo intencionalmente recordará en vez de celebrará— doscientos años como Estado independiente del yugo español en 2025, y lo más probable es que el bicentenario la encuentre en un ambiente electoral de rivalidades y enconos, si no de protestas, enfrentamientos y marchas callejeras. Cuando cumplió cien años, en 1925, y ante la parafernalia festiva que organizó el Gobierno de Bautista Saavedra con el fin de alardear los progresos técnicos del país y dar a conocer la imagen de una nación y un Estado modernos, hubo un puñado de jóvenes que se atrevieron a hacer una tenue pero denodada crítica sobre lo que había sido aquella primera centuria de la por entonces todavía joven sociedad boliviana. Esos jóvenes, que pasaron a la historia como la Generación del Centenario, denunciaron airadamente lo que llamaron la “tragicomedia del centenario”: no había nada que festejar puesto a que la historia de Bolivia no había sido más que una trágica centuria de problemas todavía irresueltos y pendientes.
Evoco aquel hecho, que podría llamarse de pesimismo crítico, puesto a que es posible que la mirada más certera sobre el bicentenario sea la del saludable pesimismo, o al menos la de la perplejidad, antes que la de la autocomplacencia. Ahora bien, sería necio decir que Bolivia no cambió nada, pero sin duda los logros alcanzados en estos últimos noventa y nueve años, en comparación con los de otros países cercanos (como Chile o Uruguay), son muy modestos, pese a los reiterados intentos que se hicieron para modernizar y democratizar la nación boliviana de acuerdo con el modelo civilizatorio de cuño occidental.
El bicentenario hallará a un país socialmente desgarrado y económicamente quebrado. El escenario no podía ser distinto, tomando en cuenta la accidentada vida republicana de los últimos noventa y nueve años: la guerra del Chaco, que quiebra las arcas fiscales y desgarra a la juventud; la Revolución Nacional de 1952, que instala en el poder a una nueva élite, corrupta y caudillista como muchas otras; las dictaduras del período 1964-1982, que reproducen valores de orientación violentos y antidemocráticos; el llamado neoliberalismo, que preserva hábitos como el nepotismo y la corrupción; y finalmente el periodo del MAS en el poder (llamado por los afectos a este partido como Proceso de Cambio), que socava la institucionalidad democrática, protagoniza incontables hechos de corrupción y preserva la tradición autoritaria. Evidentemente hemos hecho un recuento de acontecimientos negativos solamente, dado que la intención de este breve texto es hacer, en vez de apología nacionalista, crítica constructiva.
Los males de este país pueden rastrearse en la colonia y aun más antes. Pero en el proceso de conquista y colonia se agravan, pues quienes llegan a estas tierras, generalmente del sur de España, son españoles sin cultura democrática ni ilustración, ávidos de poder y dinero; y los ilustrados que hay, clérigos muchos de ellos, no pueden desprenderse de los dogmas y sus máximas sagradas. ¿Cómo esperar una revolución burguesa donde solo hay palurdos enriquecidos de la noche a la mañana gracias a un pródigo cerro de plata en el cual se explota sin misericordia a masas indias? ¿Cómo esperar teoría política, crítica o ciencia que pongan a funcionar bien el Estado y hagan desarrollar la educación, si aquí nunca hubo Descartes, Humes o Diderots? Los cimientos del nuevo país debían por tanto ser endebles, precarios… Nacía una república sin republicanos, una democracia sin demócratas. Todo artificial. Incluso el nombre, “Bolivia”, es obra de un rastrero diputado potosino que, para granjearse una voluntad humana, dice que, si de Rómulo viene Roma, de Bolívar debe venir Bolivia…
 
 
 
 
 
BOLIVIA ELEGIRÁ POR VOTO A JUECES Y MAGISTRADOS EN UN CLIMA DE CRISIS POLÍTICA Y “FALTA DE INDEPENDENCIA”
 
Elección de jueces en Bolivia mediante voto preocupa a observadores internacionales, que denunciaron ante la CIDH que la falta de independencia judicial ha minado la institucionalidad democrática del país.
 
La Voz de América de EEUU (https://acortar.link/MeTjB2)
 
Los bolivianos elegirán el 15 de diciembre por votación a los jueces y magistrados del poder judicial en un entorno de “crisis interna”, "falta de independencia" y apatía ciudadana ante un proceso cargado de partidismo político, de acuerdo con observadores citados este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuellar, dijo a la CIDH que en el país sudamericano el vínculo entre la institucionalidad democrática y la independencia judicial "se ha ido deteriorando” hasta derivar a un estado “grave”.
Destacó que el conflicto actual de dos facciones del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) complica aún más la situación. El expresidente Evo Morales está enfrentado al actual mandatario Luis Arce, y le pide su renuncia, en medio de tensiones por haberse cerrado judicialmente la posibilidad de que el ex jefe de Estado se postule de nuevo al cargo en las elecciones del próximo año.
“El abuso de poder, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las crisis electorales y la conflictividad social son situaciones que en su momento fueron agravadas significativamente por acciones u omisiones del sistema judicial”, apuntó Cuellar ante la CIDH.
Este lunes, los partidos políticos y las autoridades del Órgano Electoral alcanzaron un acuerdo que comprometió a las fuerzas políticas a garantizar las elecciones de magistrados, que estaban en riesgo tras impugnaciones legales de los postulantes. Con el acuerdo, se ratificó la fecha original de elecciones para el 15 de diciembre.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró desiertas las elecciones para jueces de dos de los cuatro tribunales, en cinco de los nueve departamentos, por impugnaciones de los postulantes que quedaron fuera de carrera. Eso saltó las alarmas del Órgano Electoral y presionó a alcanzar un acuerdo político para destrabar el bloqueo.
Elecciones ratificadas
Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ven como un punto crítico la “injerencia de los poderes políticos” y, en particular, del ejecutivo, describiéndola como una “práctica constante que ha debilitado la independencia judicial” y, peor aún, ha profundizado la pérdida de confianza y credibilidad entre la ciudadanía en Bolivia.
Alertan asimismo que las “intimidaciones directas contra jueces y fiscales”, sobre todo en casos donde hay acusados señalados de opositores al gobierno y fiscales del Ministerio Público con prácticas discrecionales, “vulneran los principios de objetividad y transparencia” que demanda la ley.
“En este contexto, la justicia queda instrumentalizada con fines políticos, donde se observan patrones de persecución política a través del uso indebido del derecho penal”, acotó Cuellar, por su parte.
Otro punto destacado durante la audiencia en la CIDH fue la extensión del mandato por un año más a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, al no poderse realizar elecciones el año pasado y bajo los riesgos de que la cita a las urnas para el 15 de diciembre no pueda cumplirse.
Causas que aceleran la crisis
El exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera, explicó a la CIDH que existen otros múltiples factores que contribuyen a la crisis del sistema judicial del país, que van desde el bajo presupuesto, que no representa ni el 1 % del presupuesto nacional, y otra serie de medidas que se dieron con el cambio de la Constitución de 2009.
Una de ellas fue la “suspensión de la carrera judicial institucionalizada”, que dejó a los jueces en condición de provisionalidad, afectando su estabilidad económica y su independencia, de acuerdo con el exmagistrado.
“La justicia boliviana carece de independencia necesaria para operar de manera efectiva y confiable en el cumplimiento de su rol, que es la racionalización del ejercicio del poder político, que es la protección y resguardo del régimen democrático”, apuntó Rivera.
Bajo este panorama, los demandantes coincidieron que el llamado a votación en diciembre no cumple con los estándares de calidad por un “desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal”.
Prima en este proceso, según los expertos, la alta polarización “y falta de credibilidad de candidatos”, como han mostrado las dos últimas elecciones, donde, subrayaron, “han priorizado intereses políticos favoreciendo a candidatos con conexiones partidarias” y se ha contribuido al rechazo ciudadano y una baja participación y gran parte de votos nulos.
“Todo ello mientras las prácticas clientelistas y el proselitismo al interior del Órgano Judicial perpetúan la proliferación de redes de corrupción y debilitamiento institucional”, dijo Rivera.
Los demandantes han solicitado a la CIDH que aumente su observancia y que se abran canales conjuntos para despolitizar el sistema judicial del país, bajar la represión de jueces y fiscales y devolverle la credibilidad a la aplicación de justicia en la nación suramericana.
Oficialismo acepta críticas pero se desliga
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aceptó las críticas, calificándolas de “comprensibles”. El diplomático participó en la audiencia junto a la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes.
Arce aseguró que Bolivia “enfrenta desafíos significativos en la administración del sistema judicial, las críticas y preocupaciones sobre la postergación de elecciones judiciales son absolutamente legítimas y comprensibles".
Sin embargo, desligó al ejecutivo del presidente Luis Arce de muchas de las decisiones polémicas y retrasos en fallas en el sistema judicial, pues algunas, dijo, han pasado por el Tribunal Constitucional y otras por la Asamblea Legislativa.
Agregó que el gobierno de MAS heredó un sistema judicial que durante décadas “ha sido objeto de politización y corrupción, dificultando la consolidación de una independencia judicial” de pleno derecho.
”La crisis actual no surgió de manera espontánea”, dijo el embajador, agregando que la misma implementación del voto popular ha tenido traspiés por la negativa de la oposición para hacerla viable y que se ha convertido en “el principal escollo para el actual proceso electoral”, según sus palabras.
Consideró que debe ser la Asamblea Legislativa de Bolivia la que debió elegir las ternas, siguiendo estándares de calidad de candidatos y los “parámetros internacionales interamericanos establecidos para este tipo de procesos”.
“En innumerables ocasiones, no han observado correctamente los procedimientos. En otros, ha enumerado los derechos de los postulantes”, manifestó, reprochando además la inclusión de ternas por afiliaciones, “alejándose de la meritocracia" y la igualdad de género.
Elecciones retrasadas por luchas de poder
El proceso de elección de jueces y magistrados se ha pospuesto dos veces, con la esperanza de poder realizarlos este 15 de diciembre, para cuando se confía que haya concluido la inestabilidad social interna en el país.
Los relatores de la CIDH han insistido en cuestionar al gobierno de Arce si existen o no discusiones para revisar la posibilidad de una modificación constitucional que ayude a desatrancar la crisis judicial de Bolivia.
Los demandantes dijeron este lunes que los bolivianos están “atrapados” entre dos bandos del mismo partido mayoritario en conflicto y dudan que haya cambios ante la falta de representación suficiente de la oposición en la Asamblea Legislativa de su país.
Bolivia experimenta estos días la inestabilidad con bloqueos en amplias regiones del país de parte de simpatizantes del expresidente Morales y sus enfrentamientos violentos con las autoridades, como la toma de bases militares, además con una crisis económica que afecta al pueblo.
En días recientes, las fuerzas del Estado boliviano han despejado carreteras tomadas por los seguidores de Morales tras semanas de bloqueo.
El expresidente indígena ha llamado a entablar mesas de diálogo para abordar la “crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”.
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE BOLIVIA AFIRMA QUE EVO MORALES SALIÓ DERROTADO DEL ÚLTIMO BLOQUEO: “FUE SU ÚLTIMA GUERRA EN CARRETERAS”
 
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, expresó su indignación al ver que un expresidente de Bolivia enfrenta actualmente más de diez casos de trata y tráfico y estupro contra menores de edad
 
ICN Diario de Argentina (https://acortar.link/0nwWH6)
 
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico dijo que el bloqueo de caminos de 24 días de Evo Morales fue la última guerra en carreteras, porque salió derrotado, explicó
“Evo Morales dijo que ya no iba a bloquear y sabe que perdió en el bloqueo. Sabe que fue su derrota, y la última guerra que inició en el camino”, aseguró en alusión a la última reunión del evismo en el Chapare, donde desistieron del bloqueo para reclamar sus demandas.
La prolongada protesta empezó el 14 de octubre y se extendió hasta el 6 de noviembre, bajo un pliego que tenía como puntos centrales la candidatura de Morales y que se lo aparte de los procesos que pesan en su contra, entre ellos por trata y tráfico de personas por la relación que tuvo con una menor de edad en 2015.
De acuerdo con el Gobierno, la medida de presión, que se focalizó en el departamento de Cochabamba, generó una pérdida económica superior a $us 2.109 millones, pero, además, generó una presión inflacionaria que impulsó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre hasta 1,64%, con lo que el acumulado trepó a 7,26%.
La reunión de Morales y sus afines fue este domingo en Lauca Ñ, Cochabamba, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, Auto Constitucional 0083/2024 ECA, que estableció que no se puede repostular por más de dos veces de forma continua o discontinua a la Presidencia, Vicepresidente y a cargos en el Legislativo y Judicial, con lo que se ratificó la inhabilitación de Morales a una nueva candidatura presidencial en 2025,
En el encuentro reafirmaron la candidatura del exmandatario, demandaron la renuncia de los magistrados del TCP y convocaron a una marcha para el lunes 18 de noviembre en Sucre. “Si ellos quieren marchar, pueden marchar todo el año”, afirmó Torrico y sugirió irónicamente que marchen de “Cobija hasta Bermejo o de Puerto Suárez hasta Tambo Quemado”.
“Nadie les va a decir nada”, anticipó, aunque les advirtió que “no pueden vulnerar el derecho constitucional a la libre locomoción”.
Al aludir a las amenazas de los seguidores de Morales de buscar la renuncia del presidente Luis Arce, aseguró que se aplicará la ley por ir en contra del orden democrático.
“Es un golpe de Estado lo que están anunciando. Se tendrán que someter a la ley, que no digan que es persecución política”, desafió.
 
 
 
 
 
GUERRA DECLARADA: BOLIVIANOS CULPAN A EVO MORALES POR LA FALTA DE COMBUSTIBLE
 
Pedro Vargas, periodista del vecino país, analizó en Somos la Mañana la crisis que afectó a sus compatriotas.
 
Que Pasa de Argentina (https://acortar.link/MWYzR6)
 
Bolivia atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por una fuerte devaluación de su moneda, escasez de dólares y restricciones a la compra de divisas que recuerdan a un "corralito" financiero. La situación se agrava con la falta de alimentos básicos como el arroz y la escasez de combustible, lo que ha generado un creciente malestar en la población.
En una reciente entrevista con Somos la Mañana, el periodista Pedro Vargas analizó la crisis y criticó tanto a la actual administración como al expresidente Evo Morales, cuyo intento de postulación en las próximas elecciones fue rechazado por el Tribunal Electoral.
"La falta de combustible ha generado un caos económico en Bolivia", afirmó Vargas, quien señaló que las fallas en el abastecimiento de energía se deben a que el gobierno no ha realizado los pagos necesarios, y agregó que el presidente actual se excusa en las supuestas trabas generadas por el entorno de Morales.
El periodista también destacó el deterioro de la imagen pública del exmandatario: "Evo Morales ha perdido mucha credibilidad en la gente", subrayó, señalando que además figuras cercanas a Morales enfrentan graves acusaciones. La decisión del Tribunal Electoral de inhabilitarlo para las elecciones ha sido otro punto de controversia, en medio de acusaciones de abuso y corrupción contra su círculo de allegados.
La crisis en Bolivia continúa escalando, y muchos ciudadanos temen que las tensiones políticas y sociales se profundicen en los próximos meses.
 
 
 
 
 
ÁLVARO RÍOS: ARGENTINA DESPLAZARÁ A VENEZUELA Y COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS EN 2030
 
Revista Petroguía de Venezuela (https://acortar.link/aKKQOL)
 
El gas natural apunta a dominar como la principal fuente energética desplazando al petróleo en un contexto donde cada vez más se adoptan políticas orientadas a controlar o reducir las emisiones de gases contaminantes que están propiciando un cambio climático.
El ingeniero Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre 2003 y 2004 en el gobierno de Carlos Mesa, ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) y director de la firma Gas Energy Latinamerica, es uno de los más importantes promotores en la región de los hidrocarburos gaseosos.  
“No creemos que el gas natural es el camino a la transición energética, es la transición energética”, sentencia Álvaro Ríos Roca. “Sin el gas natural no se puede eliminar el carbón que se usa plenamente en Asia, y también en Norteamérica y Europa. El gas natural es el que puede generar una descarbonización principalmente en la generación eléctrica de manera de desplazar ese masivo uso del carbón que todavía tiene el planeta”, agrega.
-¿Cuáles son las ventajas que ofrece América Latina para impulsar los proyectos de gas natural?
- Hay mucho gas natural en América Latina, es abundante, limpio y cuenta con infraestructura para transportarlo. Por eso espero que algún día los venezolanos puedan mandar gas natural a Colombia porque están importándolo muy caro que les hace mucho daño, mientras que en Venezuela se podrían generar divisas utilizando una infraestructura existente.
Adicionalmente, América Latina mayoritariamente cuenta con una una matriz energética limpia. No funciona en base a carbón, no es sucia y nuestro consumo per cápita es básico comparado con Norteamérica y pocos países de la región usan carbón como es el caso de Chile y Colombia. En la región, la generación eléctrica utiliza agua y gas natural mientras que para el transporte, si bien utilizamos los combustibles fósiles se avanza en el uso de gas natural.
-¿El gas natural tiene aplicación en el transporte aéreo con el fin de avanzar en los planes de descarbonización?
-El gas natural no solo tiene aplicación en la energía eléctrica, sino también en el transporte como está ocurriendo en Chile y Perú, donde se está construyendo una red de transporte con GNL (líquidos de gas natural) y toda una cadena para atravesar los dos países para una conexión con camiones que funcionan con gas natural. También muchos barcos están funcionando con gas natural y lo mismo se puede hacer con la aviación en estado líquido.
-Tomando en cuenta el caso de su país: Bolivia, que afronta problemas en la producción, ¿qué políticas han sido perjudiciales para el desarrollo de proyectos de gas natural?
-Lo que no funciona en América Latina es cuando un país cierra sus puertas a la inversión privada. Creo que puede coexistir la inversión estatal con la privada. Lo que ha pasado en el caso de Bolivia es que hace 25 años, fruto de una apertura al sector privado con reglas claras, seguridad jurídica y un mercado de gas natural en Brasil y un gasoducto que logramos estructurarle el financiamiento, vino mucha inversión en exploración y se descubrieron cerca de 20 trillones de pies cúbicos de reservas probadas. Luego de eso, a los bolivianos nos entró lo que se llama “borrachera del gas” y comenzamos a cambiar las reglas del juego, elevar impuestos, nacionalizar empresas, tomarlas militarmente, y las reservas se han venido usando, se ha exportado por más de 20 años a Brasil y 10 años a Argentina. Todo lo que no es renovable se agota y las reservas bolivianas están ahora en un nivel de 2 trillones de pies cúbicos mientras que la producción ha caída de 62 millones a 28 millones de metros cúbicos entre 2014 y 2024. Al paso que vamos, para el año 2028, casi seguro que tendremos que importar gas natural de Argentina. Por otro lado, en este momento en Bolivia tenemos un crónico desabastecimiento de diésel y gasolina y en poco tiempo vendrá el de GLP (gas licuado de petróleo) porque hemos dejado producir debido a que se ha reducido la inversión. Por eso creo que la inversión privada es importante para complementar la pública en materia de exploración.
-¿Cómo se encuentra la infraestructura de gas natural en el resto de los países de América Latina?
-Creo que en el cono sur tenemos una infraestructura bastante bien desarrollada, existen gasoductos que conectan Bolivia y Brasil, también entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y Chile existen 7 gasoductos, al igual que entre Argentina con Uruguay y Brasil. Lo que ha pasado es que el eje de suministro de gas no es Bolivia sino que ahora es Argentina a partir de lo que está aconteciendo en Vaca Muerta.
-¿Eso se debe a las políticas del presidente Javier Milei?
-No diría que eso se le debe al presidente Milei, sino que Vaca Muerta es una obra pujante de los empresarios argentinas y compañías internacionales que han emulado los del shale gas y shale oil de Estados Unidos. Ahora lo que sí está haciendo Milei es complementándola muy bien con nuevas leyes de incentivos para mayor inversión.
-¿Quiere decir que ha habido continuidad pese a los cambios de gobierno de los últimos años en Argentina?
-Hay una continuidad de inversiones y cada vez más llegan equipos de perforación y cada vez hay más fracking, están levantando la producción y para 2030 van a tener entre un millón y 1,4 millones de barriles diarios y podrá superar a Venezuela y Colombia fácilmente. Hay que destacar el compromiso de las empresas argentinas con el país, a pesar de la crisis económica, situación que no es muy amigable para invertir por la macroeconomía, el tipo de cambio y la inflación. Todas esas empresas han hecho grandes apuestas tecnológicas para hacer del shale – tanto para la producción de petróleo como gas- una tecnología que produzca a precios muy competitivos e incluso está buscando proyectarse con exportaciones de GNL.
-¿Cómo afrontar las críticas ambientales que se le hacen al fracking ?¿Ser pragmáticos como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió una agenda ecológica y más bien vemos un incremento en la producción petrolera ?
-Quisiera que todos los latinoamericanos sean como Biden y seamos pragmáticos. Nuestro problema es ser más papistas que el Papa. Vemos lo que está ocurriendo en Colombia, un país que necesita fracking porque no tiene gas natural y tiene que importar GNL licuado. Al mismo tiempo tienen que subir las tarifas, pero no quieren hacerlo mientras que a los ambientalistas les gusta el aire acondicionado, el avión con primera clase y todos los lujos de la vida, pero rechazan al sector de los hidrocarburos que es la principal fuente energética. Es lindo ser ambientalista con lujos de primer mundo.
-¿Puede avanzar el desarrollo del hidrógeno en la región como fuente energética?
-Los latinoamericanos somos como las novelas de Gabriel García Márquez que nos venden vidriecitos de colores cuando intentan introducir en la región el hidrógeno, que cuesta 30 dólares el millón de BTU y la población no puede pagar el hidrógeno.
-¿Qué pasa con fuentes renovables alternas como la solar o la eólica?
-Ambas terminan siendo aspirina para el cáncer y no se puede descarbonizar el planeta con energías eólico y solar. Tenemos que descarbonizar con gas natural en los sectores eléctrico y de transporte.
-¿Qué papel puede tener este Foro de Países Exportadores de Gas?¿Considera que puede ser determinante como la OPEP para la fijación de precios del gas natural?
-Ese es un grupo de tour de paseos. La llamada OPEP del gas no existe porque el gas natural no es un commodity como sí lo es el petróleo y eso impide crear un pool de países productores que se asocien para controlar el precio, la oferta y la demanda. La situación está más en un país como Estados Unidos, donde la producción se maneja por la libre oferta y demanda; o Qatar, que también se rige por el libre mercado. Todo esto de la OPEP del gas es un sueño y una oportunidad para viajar a países desconocidos.
-¿El gas natural que Rusia le exportaba a Alemania o a otros países y que se suspendió los envíos por el conflicto en Ucrania hacia dónde se está dirigiendo?
-Rusia tuvo que reducir las exportaciones definitivamente, pero sigue habiendo comercialización de gas ruso en Europa. Se ha reducido, pero no se ha parado. Los europeos no tienen hidrocarburos entonces deben apostar a otras tecnologías y de allí sale la energía solar o la eólica y ahora el hidrógeno. En cambio, vemos, como China se ha comido a los europeos, que fabrica con carbón baterías de almacenamiento para vehículos, paneles solares. Creo que la Unión Europea anda perdida en su norte sobre qué quiere hacer con la energía y dónde quieren llevarla. Por ejemplo, el fracaso de las energías renovables en España y Alemania es muy notorio. No se puede poner a funcionar a un país con energías intermitentes.
-Ha señalado que Colombia debería comprarle gas a Venezuela, pero todo indica que en eso influye lo político. ¿Cómo ve esa posibilidad?
-Es la mejor alternativa para ambos países. Venezuela tiene muchísimo gas y es cuestión que Venezuela de confianza a los demandantes colombianos, que mayoritariamente son empresas privadas y lo que quieren es seguridad de abastecimiento y el gas natural licuado les da eso. Creo que en Venezuela deben tomar la decisión de delegar que privados operen un campo, que el gobierno cobre la regalía que corresponde y que también sea esa empresa la que opere los gasoductos. Creo que Venezuela puede recibir buenos pagos por concepto de regalías y sacar esa inmensa cantidad de gas natural que hay bajo el subsuelo para alimentar a un país vecino que se va a quedar sin gas natural, afrontará racionamientos y tendrá que importar gas como lo está haciendo desde Estados Unidos, que le resulta más caro si lo hiciera desde Venezuela. Creo que el problema político e ideológico debe ser superado y que se ponga a trabajar el gasoducto que existe entre los dos países. A Venezuela le corresponde generar esa confianza para explotar sus recursos naturales.
-¿Cómo sí parece que ha ocurrido con Trinidad y Tobago?
-Claro. Hay que avanzar en ese norte. En el caso de Trinidad y Tobago, hay la ventaja de que cuenta con plantas de gas natural licuado que se están quedando sin materia prima, existe un buen acuerdo y se está avanzando. Creo que de la misma manera se debe hacer con Colombia. Algún día el hidrógeno costará 3 dólares el millón de BTU, pero ahora está en 30 dólares entonces mientras el hidrógeno avanza seguiremos trabajando con los hidrocarburos porque hay reservas para muy largo plazo, primero se debe reemplazar el carbón e ir avanzando energía solar y eólica, que son fuentes complementarias, pero no son la solución.
-¿No comparte el criterio que la OLADE está centrada en difundir las fuentes renovables y se olvida de la riqueza de hidrocarburos que hay en América Latina?
-Lo comparto totalmente. Si debo decir que yo no creo en lo de la integración energética que promueve la OLADE porque es difícil aprobar un marco común de reglas de juego para que circule la electricidad o el gas natural como sí tiene la Unión Europea con una ley para todos los países. Lo que sí puede ocurrir en la región como está ocurriendo son relaciones bilaterales que son muy beneficiosas como el gasoducto entre Bolivia y Brasil, la relación entre Bolivia y Argentina o la que pudiera tener Colombia con Venezuela. A la OLADE haciéndole caso a los financiadores europeos y más bien es un caos total porque nadie se pone de acuerdo porque incluso está Cuba, hay países con gobiernos de derecha y de izquierda. La OLADE no tiene como integrar esta diversidad de países y funciona porque los europeos la financian para promover el hidrógeno y las energías solar y eólica.
 
 
 
 
 
EL PROYECTO MÁS CARO DE AMÉRICA LATINA TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE MILLONARIA CHINA Y SUPERARÁ AL MEGAPUERTO DE CHANCAY
 
MSN de España (https://acortar.link/d4EqHd)
 
La construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central promete transformar el mapa comercial de Sudamérica. Este ambicioso megaproyecto busca unir el puerto de Chancay, en la costa del Pacífico peruano, con Brasil, estableciendo una conexión directa entre los océanos Pacífico y Atlántico y reforzando los lazos comerciales entre Asia y Sudamérica. Con un trazado de 3.755 kilómetros, el tren bioceánico atravesará Perú, Bolivia y Brasil, lo que facilitará el transporte de carga internacional y promoverá la integración regional. China, a través de su empresa Cosco Shipping Ports, lidera una millonaria inversión en el proyecto.
Este plan, propuesto por el presidente Xi Jinping en 2013, ganó relevancia en 2023, cuando los mandatarios de Bolivia y Brasil, Luis Arce y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, suscribieron un acuerdo para reimpulsar las construcciones del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración. Esta megaobra, al conectar los océanos Atlántico y Pacífico, promete optimizar los tiempos y costos logísticos en el comercio internacional de bienes.
El Corredor Bioceánico es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de América Latina, conectando el océano Atlántico y el Pacífico.
El Tren Bioceánico Perú-Brasil: una ruta clave para conectar el Pacífico con el Atlántico
El tren bioceánico, también conocido como el Corredor Ferroviario Bioceánico Central, conectará tres países sudamericanos en un trayecto que comenzará en el puerto de Santos, en Brasil; ingresará a Bolivia a través de Puerto Suárez, y cruzará hasta el sur de Perú en el puerto de Ilo. La infraestructura se extiende a lo largo de 3.755 kilómetros y requiere la construcción de tramos adicionales, en especial en Perú, para garantizar la conectividad total del proyecto.
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central se trata de una de las iniciativas de infraestructura más costosas y ambiciosas jamás emprendidas en América Latina, con una inversión estimada entre 10 y 15 mil millones de dólares.
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central unirá Brasil, Bolivia y Perú, facilitando la exportación de productos a Asia sin pasar por el Canal de Panamá.
La ruta no solo impulsará la exportación agrícola, sino que también facilitará el transporte de minerales, soja y otros productos desde Brasil y Bolivia hacia los mercados asiáticos a través del puerto de Chancay. La red ferroviaria existente en Brasil reducirá costos logísticos y permitirá a los exportadores sudamericanos alcanzar el mercado asiático de manera más competitiva, maximizando las oportunidades comerciales en ambos continentes.
Inversión de China en el corredor bioceánico
China ha mostrado un firme interés en el Corredor Ferroviario Bioceánico Central, consolidando su presencia en Sudamérica mediante un plan de inversión millonario. Además de financiar el megaproyecto del puerto de Chancay, con una inversión de 3.500 millones de dólares, Cosco Shipping Ports también impulsa el desarrollo ferroviario en la región, dada su importancia para optimizar el comercio intercontinental.
A diferencia de Perú, cuya prioridad sigue siendo la conectividad hacia Asia, China reconoce en el corredor bioceánico una ruta estratégica que permitirá una conexión rápida entre los dos océanos, con un impacto económico significativo para los países sudamericanos y una reducción en los tiempos de transporte hacia el continente asiático. La construcción del tren bioceánico también beneficiará a Bolivia, que ganará un acceso clave al océano Pacífico, mejorando sus posibilidades de exportación y desarrollo económico.
 
 
 
 
 
EL PAÍS DE SUDAMÉRICA CON LA FUERZA TERRESTRE DE VEHÍCULOS BLINDADOS MÁS DÉBIL, DE ACUERDO CON RANKING GLOBAL FIREPOWER
 
Con 452 vehículos blindados, un país de Sudamérica se posiciona como una de las naciones con menor capacidad de defensa en unidades terrestres blindadas. Bolivia es el país de Sudamérica que cuenta con la menor fuerza de vehículos blindados, según el ranking Global Firepower.
 
La República de Perú (https://acortar.link/DnXJw4)
 
Sudamérica, una región marcada por contrastes geográficos y culturales, también presenta una amplia diversidad en términos de capacidad militar. Si bien algunas naciones han invertido significativamente en modernizar sus fuerzas armadas, otras han priorizado otros sectores. Un reciente ranking de Global Firepower Index ha revelado cuál país de la región presenta la fuerza terrestre de vehículos blindados más débil.
La evaluación de las capacidades militares de Global Firepower involucró múltiples factores, desde el número de efectivos hasta la sofisticación de su armamento. En el caso de los vehículos blindados, estos juegan un papel crucial en la movilidad y protección de las tropas en el campo de batalla. Pero, ¿qué nación sudamericana se encuentra en desventaja en este aspecto?
Este es el país de Sudamérica con la fuerza terrestre de vehículos blindados más débil
Bolivia es el país de Sudamérica que cuenta con la menor fuerza de vehículos blindados, según el ranking Global Firepower. Con un inventario limitado de 452 vehículos blindados, la nación altiplánica se queda atrás frente a otras naciones del continente, lo que refleja las prioridades de inversión de su presupuesto de defensa, centrado mayormente en otras áreas. Esta capacidad reducida contrasta con las fuerzas más avanzadas de vecinos como Brasil, Chile y Argentina, cuyas flotas de vehículos blindados son significativamente mayores y más modernas.
El bajo número de vehículos blindados limita la capacidad de Bolivia, que se ubica en el puesto 134 de 145 naciones evaluadas. Aunque las fuerzas bolivianas se benefician de su conocimiento del terreno y su especialización en operaciones de montaña, su limitada capacidad en blindados se convierte en una desventaja frente a amenazas convencionales.
Prioridades de defensa y geopolítica regional
Por un lado, Bolivia cuenta con una industria militar limitada, lo que la obliga a depender de importaciones para adquirir equipamiento. Además, el accidentado terreno boliviano plantea desafíos logísticos para el despliegue y mantenimiento de vehículos blindados.
Sin embargo, la limitada cantidad de blindados plantea preguntas sobre el papel que Bolivia puede desempeñar en esfuerzos de seguridad regional, conjuntos o misiones de paz internacionales, donde la capacidad de movilización terrestre es clave.
 
 
 
 
 
GANANCIAS DEL ORO ILEGAL ALCANZAN MÁXIMOS HISTÓRICOS EN PERÚ
 
Insight Crime.Org (https://acortar.link/5hrpCL)
 
Las ganancias del oro extraído ilegalmente en Perú están alcanzando máximos históricos, y están financiando a grupos ilegales, al tiempo que el país debate extender la vigencia de las medidas de formalización minera.
Las exportaciones de oro ilegal de Perú estarían por alcanzar un máximo histórico de US$6.840 millones en el 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra sería un incremento del 41% en comparación con mayor que en el 2023. Según el IPE, Perú exporta el 44% de oro ilegal de Suramérica.
Mientras tanto, el Congreso de Perú debate sobre la posibilidad de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que busca formalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal, a pesar de que ha demostrado resultados insuficientes.
Dado que el Reinfo exime de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización, ha ocasionado que algunos trabajadores del sector sigan extrayendo oro ilegalmente.
Mantener la minería ilegal bajo control parece representar un problema para las autoridades peruanas. El puesto de control de Chagualito, en la provincia de La Libertad, es el encargado de controlar el transporte de oro extraído en el país, pero investigaciones de medios locales han encontrado que los controles son débiles.
El control de la minería ilegal sigue siendo un desafío importante para las autoridades peruanas que atraviesan una crisis de inestabilidad política y percepción de impotencia. La presidenta Dina Boluarte enfrenta dificultades para imponer autoridad en un contexto donde el respaldo popular es mínimo, pues su gobierno cuenta con una aprobación de solo 5%.
Análisis de InSight Crime
A medida que los precios del oro a nivel global se disparan, la minería ilegal se ha vuelto aún más vital para los grupos criminales en países como Perú, Colombia, y Bolivia.
El auge en los precios del oro ha hecho que el control de las minas ilegales sea una actividad lucrativa para organizaciones criminales, que utilizan estas ganancias para expandir sus operaciones y sostener otras actividades ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión.
Según el IPE, en Perú, el 44% del total de oro exportado proviene de la minería ilegal, mientras que en Colombia esta cifra asciende al 85% y en Bolivia al 50%. Sin embargo, el abogado ambiental y experto en minería ilegal César Ipenza expresó que “la situación en Perú puede considerarse más grave que en otros países debido a la escala de producción y exportación de oro extraído ilegalmente, que supera significativamente a la de Colombia y Bolivia”. Según informes de exportaciones nacionales, mientras que Perú exportó 77 toneladas de oro en 2023, Colombia exportó 72 y Bolivia 51.
Ipenza también indicó que las cifras oficiales podrían estar dejando de lado un porcentaje importante del oro exportado en Perú debido a la falta de mecanismos de control en las fronteras del país que impiden registrar la totalidad del mineral exportado cada año.
Además, Ipenza resaltó la presencia de actores criminales extranjeros en la minería ilegal, lo que añade una capa de complejidad a la situación. “Es cierto que hay actores o sicarios extranjeros operando, dando seguridad en la zona”, dijo, refiriéndose a las denuncias que indican la presencia de organizaciones como la megabanda venezolana, el Tren de Aragua y la banda ecuatoriana de Los Lobos, en la minería ilegal de Perú. Con el aumento del precio del oro, esta actividad resulta cada vez más rentable para estos grupos que se lucran de las minas ilegales.
 
 
 
 
 
MEGAPUERTO DE CHANCAY EN PERÚ, LA NUEVA ENTRADA DE CHINA A AMÉRICA LATINA
 
Washington Hispanic de EEUU (https://acortar.link/QCZQiR)
 
Las imponentes siluetas de las grúas del nuevo megapuerto de Chancay, al norte de Lima, reflejan la envergadura de la infraestructura financiada por China que está llamada a reforzar la creciente influencia del gigante asiático en América Latina.
La obra será inaugurada por el presidente chino, Xi Jinping, junto a su par peruana, Dina Boluarte, el 14 de noviembre, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima.
«Está prácticamente listo», dijo a la prensa Gonzalo Ríos, subdirector general de Cosco Shipping Ports Perú, filial del gigante mundial del transporte marítimo China Ocean Shipping Company (COSCO), la empresa estatal detrás del proyecto.
Ubicado a 80 kilómetros al norte de la capital peruana, el puerto de aguas profundas (unos 18 metros), cuya construcción comenzó en 2021, contará en principio con cuatro atracaderos luego de una inversión de 1.300 millones de dólares. El proyecto final prevé 15 muelles y una inversión total de 3.500 millones de dólares.
El puerto se extenderá en una superficie de 141 hectáreas y recibirá buques de hasta 24.000 contenedores (TEU). El primer año llegarían un millón de contenedores, estima Cosco Shipping Ports, concesionario por 30 años.
«Creemos que con el aporte del puerto, esta región del Pacífico y Perú en particular pueden convertirse en el centro logístico clave de la región sudamericana para el comercio», resaltó a la AFP Ríos.
– La «ruta de la seda» llega a Sudamérica –
Con 57.000 habitantes, Chancay será el primer puerto chino en América del Sur.
El puerto será parte de la iniciativa «Belt and Road», lanzada en 2013 por Xi Jinping para
obras de infraestructura y unir continentes como una «nueva ruta de la seda».
Varios países sudamericanos, como Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, se beneficiarán con ella.
«América Latina no era parte de la nueva ruta de la seda cuando se lanzó la iniciativa, pero al cabo de unos años China la incorpora como parte de su proyecto de consolidación como potencia mundial, un proyecto económico y comercial con el cual pretende potenciar su presencia global», señaló a la AFP Óscar Vidarte, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Católica del Perú.
«En esa dinámica -agregó- el puerto de Chancay juega un papel central porque permite un comercio más ágil y directo entre China y América del Sur».
En 2019, el grupo chino adquirió el 60% de la empresa peruana encargada del puerto, elegido por su ubicación estratégica en el centro de Sudamérica y por la importancia de la producción agroindustrial en Perú.
El comercio peruano-chino bordeó los 36.000 millones de dólares en 2023, según Lima. Ambos países tienen desde 2010 un Tratado de Libre Comercio.
– «El Singapur de América Latina» –
«Nuestro objetivo es convertirnos en el Singapur de América Latina», afirma entusiasmado el ministro peruano de Transporte, Raúl Pérez, durante su visita al puerto.
«Tendremos rutas directas a Asia, en particular a China, lo que reducirá en 10, 15 e incluso 20 días, dependiendo de la ruta, lo que hoy se hace» en 35 o 40 días, añadió.
Según Cosco Shipping Ports, la terminal reducirá el costo del transporte desde y hacia Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, que ya no tendrán que utilizar puertos de México y Estados Unidos para su comercio con Asia.
La instalación portuaria «permitirá a China posicionarse en esta parte del mundo», afirma a la AFP el académico Vidarte.
«El megapuerto es parte de la lucha por la influencia geopolítica en la región. Chancay le da a China cierta ventaja sobre Estados Unidos», agrega el analista y profesor en derecho internacional Francisco Belaunde.
La terminal incluirá tecnologías de inteligencia artificial y estará conectada a la carretera Panamericana por un túnel de 1,8 kilómetros.
Perú abastece de materias primas y minerales a su socio asiático, mientras que importa de ellos bienes de consumo.
Pero no todos se entusiasman con el voceado auge económico que traerá el nuevo puerto, en especial la gente de a pie que vive en lo que aún es una tranquila localidad costera.
«Nunca se planificó una ciudad puerto en Chancay, la pesca y la agricultura van a desaparecer (…) con los millones de camiones que van a venir para llenar los barcos», señaló la comerciante Miriam Arce (54).
El biólogo Antony Apeño, de la ONG CooperAcción, advierte que la excavación submarina ha impactado en la flora y fauna porque «con la remoción de fondo, se ha cambiado toda la estructura de esas zonas marinas. Muchas especies se han alejado o muerto».
 
 
 
 
 
LA COMPLICADA MISIÓN DE LLEVAR LA REFORMA JUDICIAL A TRIBUNALES INTERNACIONALES
 
Un grupo de jueces mexicanos logra una primera una audiencia con la Comisión Interamericana para exponer sus razones jurídicas contra la enmienda a la Constitución que ya ha sido validada por la Suprema Corte
 
El País de España (https://acortar.link/GJ1ObS)
 
La batalla de los jueces para frenar la reforma que altera su carrera profesional no ha visto su fin. La resolución de la Suprema Corte mexicana, que ha dejado intacta la enmienda y con ello la elección de jueces, magistrados y ministros por votación popular, no es la última trinchera. El camino jurídico en México es largo, aunque con pocas posibilidades de obtener un resultado distinto. La Corte aún deberá resolver las controversias constitucionales y recursos de amparo antes de dar carpetazo al asunto. En paralelo, los juzgadores han iniciado la complicada misión de llevar la enmienda a tribunales internacionales. Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), ha conseguido, junto con un puñado de representantes de otros sectores judiciales, una audiencia este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En el encuentro público, los interesados fundamentarán sus argumentos en dos ejes: la independencia judicial, los derechos de los ciudadanos y los laborales de los cientos de jueces y magistrados que han sido destituidos de sus cargos para someterlos a voto popular.
En una primera instancia, será la comisión la que se encargará de analizar e investigar la controversia. Posteriormente y en caso de avanzar, sería la Corte interamericana la que podría llegar a ordenar al Estado mexicano frenar los efectos de la reforma. Los juzgadores mantienen la esperanza, entre otras cosas, porque existe antecedente de casos similares en América Latina que han tenido éxito. “Otros jueces y magistrados han acudido a la Corte interamericana a impugnar los actos de su Estado, por ejemplo Perú. Hay una clara expectativa de que tras el diálogo con la comisión pudiéramos establecer un punto de acuerdo con el Estado mexicano. Puede pasar un buen tiempo, sí, cinco, siete, diez años. Pero hay precedentes de reparación integral, algo que se impondría al Estado mexicano a favor de los jueces y magistrados que estamos siendo destituidos de esa forma”, explica Fuentes.
Los juzgadores no han quitado el dedo del renglón para que los recursos jurídicos que aún faltan en México lleguen a buen puerto, pese a la votación del martes que les cayó como balde de agua helada. El ministro Alberto Pérez Dayán, con su voto en contra, sepultó la primera y más fuerte esperanza de matizar la elección judicial y suspender una buena parte de la reforma. “Tenemos pendientes las controversias constitucionales, lo que resolvimos el martes fueron acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos. Sin embargo, debo ser muy franco y no despertar falsas expectativas”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek en una entrevista transmitida en Milenio. La última batalla se encamina a que sea en tribunales fuera del país, coincide. “Quedan, en lo individual o de manera colectiva, acciones que podemos interponer a nivel internacional. Los jueces y magistrados lo hicieron desde hace meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
A la audiencia de este martes, además de la directora de la JUFED, también asisten Rosa Elena Alonzo, en representación del Colegio de Secretarios y Actuarios; Víctor Manuel Rodríguez, del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, así como un representante del Estado, de nombre aún desconocido. Las cartas que los jueces han preparado para exponer ante la Corte interamericana son dos: “La independencia judicial como un derecho humano no solo de los juzgadores, sino de la ciudadanía, afectada al establecer la elección popular para los jueces y magistrados. Por otro lado, los derechos adquiridos que tenemos de que no se nos destituya”, añade Fuentes.
La audiencia será el primer paso de un largo camino. Queda un largo proceso para llegar a la Corte Interamericana. “De prevalecer la violación y si no hay conciliación o una plática que lleve a minimizar el daño a jueces y magistrados, entonces se abre la puerta para promover ante la Corte interamericana las acciones jurídicas, el equivalente a una demanda”, explica la jueza, una de las voces más activas en defensa de los derechos de los impartidores de justicia.
Adriana Greaves, experta en Derecho Internacional y cofundadora de Tojil, organización sin fines de lucro integrada, en su mayoría, por abogadas contra la impunidad, reconoce que la audiencia ya es por sí sola importante. “Tienen un pie dentro”, pero es apenas el inicio de un proceso que dependerá de múltiples factores para que pueda tener repercusiones en favor de los afectados. “Va a depender mucho de cómo sea planteada la petición. Lo que sí puedo adelantar es que los efectos de cumplimiento van a ser muy complicados”, refiere.
A la esperanza de los jueces se suman los antecedentes, la Corte Interamericana ya se ha pronunciado respecto a esta reforma judicial y no en los mejores términos. En septiembre manifestó su “grave preocupación” por la aprobación de la enmienda, sus argumentos se han encaminado a los posibles impactos negativos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho. “Ya tienen una audiencia pública, es un gran camino y lo hicieron de manera muy expedita, se ve que sí hay interés de la comisión por escuchar en dónde puede estar la violación a los derechos humanos. Tienen un pie dentro”, concluye Greaves.