BOLIVIA: ¿QUO VADIS, ESTADO PLURINACIONAL?
El
dramatismo electoral de creciente inflamación no es nuevo, pero ahora apunta a
enrarecer las opciones para beneficio de una inclinación globalista (salvar la
decadencia imperial), en medio de la disputa geopolítica del arco sudamericano.
Por ello, todo el actual abanico de ofertas electorales se sostiene, en mayor o
menor medida, en la muletilla del “Bolivia se nos muere”; que le sirvió al
neoliberalismo (apadrinado por el MNR) para acabar con la soberanía nacional,
mediante el shock de la inflación. Aquella argucia replica el típico consuelo
de tontos: cualquier cosa será mejor que el actual gobierno (y éste dice amén).
Pero
detrás de todas las ofertas de “salvar Bolivia”, no hay ninguna salvación sino
la ventaja que proporciona una situación generada para darle continuidad
espuria al mismo círculo vicioso de un sistema y una cultura política agotados
(el cual pretenden todavía preservar quienes apenas ven el poder político como
un botín patrimonial). Pareciera una parodia ya absurda de lo que pasó en
Argentina: la retirada de la izquierda progre cede el poder, otra vez, al
fascismo revanchista. Paradoja democrática: el mal menor (que siempre suele ser
el peor) nos conduce siempre al suicidio nacional, como para demostración de la
hipótesis fingida, pues si se está proclamando la muerte de algo, ahora se
generan las condiciones para hacerlo morir realmente.
En
los últimos tiempos, a escala global, la retórica occidental ha consistido en
dar por muertos, Estados que ahora no sólo no han fenecido, sino que están
generando un nuevo reordenamiento del tablero geopolítico. Es decir, la
realidad es siempre distinta de lo que se inventa mediáticamente. Un Estado no
muere ni siquiera por insolvencia. Los motivos son otros y exceden la excesiva
importancia que se le da a los fragmentarios diagnósticos economicistas. Un
Estado acaba cuando pierde todo sentido de existencia. Esto es lo que le
conduce al desmoronamiento cultural, social, político y económico (lo que sí
está pasando en Europa y USA).
Por
ello, la crítica que ya iniciamos con el segundo volumen del Pensar Bolivia
[1], insistía en que, el abandono de las banderas del “proceso de cambio”, o
sea, la no transformación estructural del Estado colonial-republicano-señorial
en Estado plurinacional, iba a conducirnos al vaciamiento del sentido mismo del
cambio y, en consecuencia, a la reposición de las prerrogativas del Estado
colonial y su disputa patrimonialista. Esto es lo que fue desinflando la
mística inicial del “proceso de cambio”, que debió siempre entenderse como
revolución democrático-cultural.
Pero
el MAS, en sus 14 años + 5, no supo comprender la incompatibilidad del concepto
liberal de Estado-nación -concebido para mantener nuestra condición
periférico-colonial- con las expectativas creadas por el nuevo óptimo nacional
encaminado ya a constituirse en poder popular. La disputa doméstica que estamos
presenciando son la consecuencia de que “el gobierno del cambio” jamás
comprendió los auténticos desafíos que había que enfrentar y esto significó
también que nunca advirtieron la crisis estructural del Estado-nación (y su
versión criollo-mestiza) en su verdadera dimensión.
El
MAS nunca comprendió eso, teniendo la posibilidad, desde el proceso
constituyente, de poder encarar el reto de recomponer estructuralmente un
Estado reconfigurado en torno al horizonte político propuesto por el nuevo
sujeto plurinacional. Pero no sólo cedieron esa posibilidad sino inclusive, una
vez aprobada la nueva constitución en Oruro (porque las fuerzas de choque
oligárquicas la habían expulsado de Sucre), el propio gobierno, hizo posible
que el orden instituido, el que debía de ser sustituido, se sobreponga al nuevo
poder constituyente y quedase el Estado plurinacional encadenado en las
prerrogativas de otro ciclo estatal del Estado colonial-republicano-señorial.
Eso
lo denominamos un golpe de Estado al Estado plurinacional, un autogolpe del
“gobierno del cambio”. Eso sucedió en las mesas de concertación, en Cochabamba,
el 2008[2]. Allí se evidencio que la dirigencia masista, sobre todo el “círculo
q’ara blancoide”, replicaba la paradoja señorial que Zavaleta le imputó al
movimientismo: podían haber sido los gestores de una trasformación real del
Estado, empero sus cabezas seguían dependiendo del Estado que los había parido.
Creyeron
que con reformas circunstanciales se podía asegurar el poder necesario para
darle vigencia a la gestión gubernamental, bajo la demagogia señorialista que,
con nuevo rostro, esta vez indígena, el Estado-nación reponía su anacrónica
presencia en un contexto que ya no iba a generarle las garantías de su
permanencia. Sin cambiar el carácter liberal del señorialismo estatal, la
dirigencia del MAS, no se dio cuenta de que, en realidad, sólo estaban
administrando un cadáver. El Estado que había fenecido con la huida del último
presidente neoliberal, era el mismo que se quería reponer ya por razones sólo
instrumentales de cooptar todo el poder que se pueda.
En
parte, el golpe del 2019 fue consecuencia del administrar un cadáver que, en su
insistencia anacrónica, sólo regeneraba las condiciones, bajo las cuales, la
disputa por el poder político era condición del ascenso social, o sea, del
aburguesamiento clasemediero. Pues ese cadáver estatal, instituido como sistema
político, se había extendido también como cultura política y social. Por eso el
neoliberalismo no se propone cambiar al Estado movimientista porque éste se
sostenía en la corrupción hecha cultura política y social; de ese modo, se
podía barrer continuamente con la soberanía de una nación ofertada a la gula
transnacional porque, tributario de la mitológica democrática gringa,
naturalizaba la obediencia social y política de su propio país a los valores
liberales y burgueses. Anulado el sujeto, anulado el proyecto. Sólo así podía
impedir la constitución del pueblo en bloque histórico y éste en sujeto
político; lo que hemos denominado el pueblo en tanto que pueblo.
En
los 14 años del “gobierno del cambio”, también se continuó con el prebendalismo
y al corporativismo dirigencial para empoderar sectores por pura conveniencia
política. Si se realiza eso en el actual gobierno, es porque sólo saben
replicar la gestión anterior. Así se observa que preservar el Estado colonial
convenía para los únicos afanes de permanencia en el poder; “cambiar para que
nada cambie” fue una apuesta que cercenó también la legitimidad del “gobierno
del cambio”. Y generó también, otra vez, las condiciones para justificar un
retorno de las comedidas representaciones nacionales de los intereses
imperiales pero, esta vez, al estilo “libertario”, para terminar de acabar con
el Estado plurinacional y la esperanza de un país entre iguales.
La
improvisada gestión gubernamental actual, nos demostró que el MAS no tenía ni
idea de cómo remediar los desvíos y regresiones que provocaron las apuestas de
la elite masista y que habían coadyuvado al golpe del 2019. Ni siquiera tomaron
en cuenta que la pérdida de legitimidad se convierte inevitablemente en una
transferencia de esa legitimidad hacia una derecha que fue y sigue recibiendo,
sin merecerlo (porque además toda esa rancia hermandad estaba involucrada en la
ruptura democrática y constitucional del golpe del 2019), la confianza renacida
de una sociedad urbana domesticada en la propaganda.
Un
honesto, adecuado y necesario diagnóstico del estado del sistema político
boliviano, debía de estimular la profundización del proyecto plurinacional y la
adopción categórica del “vivir bien” como horizonte político. Porque el zombi
político que, como cadáver, deambulaba entre los estertores del fascismo
señorialista era el Estado heredado del 52. Y decimos que se trataba y se trata
de un cadáver porque, como sistema y cultura política, es la podredumbre que
intenta reponerse en toda aventura emancipatoria que sólo tramite un mero
cambio de elites.
Del
mismo modo como señalan los analistas financieros y los mega especuladores,
cuando se refieren a que el sistema financiero está roto, nuestro sistema
político está podrido.
Cuando
todo el sistema está corrompido, su necia continuidad no hace más que acelerar
el derrumbe de todo el Estado, sea cual sea éste. Que la derecha no se dé
cuenta de aquello, se entiende, pero que el MAS, en todas sus versiones, desde
el evismo hasta el arcismo, sean ciegos al respecto, no hace sino coadyuvar aún
más a su propio derrumbe como auténtica opción política.
Desde
el gobierno de los 14 años, no interesó la trasformación estructural del Estado
sino sólo parchar sus deficiencias y administrar, en lo posible, sus
prerrogativas de funcionamiento. Pero ni aquello supuso logros estratégicos, ya
que, si de un cadáver se trataba, su vida dependía, en última instancia, de la
cesión de voluntad de vida que precisaba para aparentar una existencia al menos
fingida. El problema era que esa cesión era cesión de voluntad de vida de su
propio pueblo y aquella existencia lograda sólo insistía más en su carácter de
“Estado aparente”.
Ahora
que los evistas pretenden “salvar Bolivia”, no se dan cuenta que, en realidad,
preservar el actual orden instituido es seguir clavando la efigie del proyecto
plurinacional (por eso llaman “salvar Bolivia” a lo que, en realidad, es sólo
retornar al poder, sea como sea, cueste lo que cueste y pactar con quien sea).
Nadie se da cuenta que, si el propio sistema está podrido, todo intento por
preservarlo acelera la demolición planificada de la propia soberanía estatal.
Si todo su plan de gobierno no contempla transformar lo que la propia elite
masista se encargó de preservar en los 14 años, que es el carácter liberal del
ordenamiento jurídico-administrativo del Estado, se entiende que su lucha no es
por remediar nada sino por una pueril pugna de poder con el arcismo.
¿Por
qué, por ejemplo, fracasa el “modelo económico social-comunitario”? Porque
nunca se removió nada del carácter liberal de la economía, lo cual dejo
incólume la propia estructura colonial dependiente de Estado periférico. La
nueva elite que desplazo al sujeto plurinacional y se puso como sujeto
sustitutivo incluso ufanamente se puso a celebrar la fórmula espuria del
“capitalismo andino” como proyección del modelo económico. En esas pretensiones
ya se podía imaginar la tozuda insistencia en preservar un Estado que ya no
tenía ninguna actualidad, sobre todo, en una crisis civilizatoria que
presagiaba el fin del globalismo y la mitología del libre mercado que, ahora,
ni USA está dispuesta a admitir.
Una
necesaria lectura geopolítica, en el momento de asunción del gobierno arcista,
debía de proponerse actualizar, por lo menos, un “modelo económico” que distaba
mucho de ser plural, cuando toda la normativa jurídica sólo estaba y está
diseñada para amparar, proteger y desarrollar únicamente las estructuras
capitalistas de dependencia en un país periférico-colonial. Pero lejos de
enmendar siquiera alguna acentuación capitalista del “modelo económico”, sin
imaginación ni lucidez alguna, sólo se dieron a la tarea de un continuismo
lineal que iba a hacer aguas en la creciente curva de dislocación entre un
sistema económico global desorientado y un poder financiero que apunta a un
reseteo mundial.
El
“modelo económico” fracasa porque insistir en la matriz de una producción para
la exportación, no tenía en cuenta que las nuevas potencias emergentes, no sólo
alteraban el diseño geoestratégico de los circuitos de suministros, sino que
redirigían la economía mundial hacia otros destinos, lo cual implica una nueva
cartografía de las rutas comerciales. Todo ello significaba adelantarse en
medidas de redirección del destino de nuestra producción, además por razones
estratégico-geopolíticas. Por ello, ya señalamos con anterioridad, antes de
festejar ingenuamente el concepto de “industrialización con sustitución de
importaciones”, lo que debía de pensarse era un nuevo concepto de industria (en
la nueva escenografía postindustrial) con sustitución de paradigmas.
¿Por
qué, por ejemplo, la Federación Rusa puede resistir y salir exitosa de los
miles de sanciones económicas que le propician USA y la UE? Porque actuaron
anticipadamente y orientaron su economía a sobrevivir en condiciones críticas,
es decir, adoptaron el concepto de “economía de guerra”. Algo similar debían de
pensar las economías periféricas de los gobiernos de izquierda. No estamos en
condiciones consideradas “normales”, por eso hasta USA opta por el
proteccionismo y genera la actual guerra de aranceles. En una trasformación
dramática del tablero geopolítico global (que está ya sucediendo, sin que nos
demos cuenta), todo se trata de sobrevivir. En tal caso, hablar de una
“economía de guerra” no es presagiar la guerra sino ver en qué medida hay
adaptación positiva a los cambios dramáticos que se viene produciendo en todo
el mundo; más aún cuando las potencias sobrevivientes se están disputando el
mundo y sus respectivas esferas de influencia.
Todo
se discute ahora en la farándula mediática electoral, pero nunca lo que
verdaderamente importa. Todos obvian el hecho (los ingenuos masistas, evistas o
arcistas, por desubicación total, y la derecha porque presumen su pronta
desaparición) de que nos encontramos en un Estado que, por referéndum nacional,
ha decidido constituirse en plurinacional. ¿En qué condiciones puede éste
sobrevivir en el virtual desorden tripolar? Nadie se hace la pregunta. Porque
nadie es capaz de situarse en la nueva realidad que determinará el destino
nuestro como país. Todos refieren sus programas electorales como si no hubiese
pasado nada en los últimos 20 años.
Para
la derecha la cosa parece simple, porque nunca hicieron uso de las facultades
racionales, porque quien sustituye lo real, termina por romper sus sesos. Si de
producir una regresión al pasado de sus nostálgicos esquemas se trata, es
decir, volver al carácter señorial-republicano, entonces serán los promotores
de una guerra civil. El pueblo ya no va a renunciar a todos los logros que ha
promovido y de los cuales se siente creador. Prueba de ello fue la resistencia
y la recuperación democrática del 2019-2020. Un año pudieron asaltar
impunemente el Estado los golpistas, pero eso les costó la pérdida de
legitimidad que el MAS no supo administrar para retomar la iniciativa que
hubiese significado una reforma moral. Pero todo el aparato anterior ya
corrompido, por anuencia de la elite desplazada, ya se encontraba incrustada en
el gobierno para horadar su gestión y hacerla un mero apéndice de los
requerimientos concurrentes al retorno del “rey cercado”[4].
La
pugna intestina actual apareció con ese acoso constante que reducía a la
gestión gubernamental a ser un mero administrador del retorno mesiánico de un
líder que ya no gozaba con la legitimidad que tuvo merecidamente en el momento
del máximo potencial político del MAS. La desobediencia, ahora señalizada
contra todo aquel que desdiga los dictámenes del “jefe”, fue la medida de orden
político que, al modo inquisitorial, pone de manifiesto una pérdida de
orientación y horizonte político.
Por
otro lado, el gobierno, en su improvisada y errática gestión, ya no sabe de
dónde ni cómo recuperar la legitimidad que tuvo en sus inicios. Las medidas
trascendentales siempre hay que tomarlas cuando se cuenta con el máximo de
legitimidad, pero para ello había que hacer la tarea e iniciar el rencauce que
todo el pueblo exigía como devolución moral de todo aquello que le costó la
recuperación democrática. Pero la elite del “gobierno del cambio”, que el 2020
estaba reunido en un solo bloque triunfante, nunca estuvo a la altura de lo que
el pueblo les puso como responsabilidad política.
Ahora
el panorama es el menos alentador, pero, aun así, hay que dejar el pesimismo
para mejores tiempos y, a pesar de todo, esperar que el pueblo tome la
vanguardia de las decisiones de nuevo. Siempre hay que dejar que el pueblo sea
el protagonista. Toda nuestra región se está jugando su existencia en esta
coyuntura global. Bolivia es una de las más amenazadas. El “vivir bien”, la
descolonización y loplurinacionalson un mal ejemplo para las oligarquías de la
región y lo ponen de este modo: “si cedemos en los más mínimo, estos indios nos
llevaran de nuevo a la edad de piedra”.
Por
eso acudirán al Imperio, aun en su decadencia, como esclavos que sufren las
cuitas del amo como suyas. No tienen dónde más acudir sino al tipo de mundo que
ya no existe, aun cuando siga en pie. Como un coloso de pies de barro, se
empieza a desmoronar y su caída afectará en mayor medida a su cohorte
funeraria. Porque todo aquel que se alinea con el derrumbe imperial también
derrumbará su propia suerte. Porque sucede a nivel local lo que a nivel global
y esto significa que, lo local, es el modo cómo se experimentan las crisis
globales.
Si
el sistema es fraudulento y está corrompido en su propia médula, esto significa
que el sistema mismo está podrido. ¿Cómo se salva algo que está podrido por
dentro? Cuando el sistema financiero que, para colmo, ha subordinado a toda la
economía a sus exigencias, lo que nos vende es una pura ilusión sin ninguna
base material, lo que nos vende, en realidad, no vale nada (la vida moderna
consiste precisamente en eso). Ahora bien, ¿cómo hacer de la nada, nueva
riqueza? En esta interrogante nace la proyección del poder financiero. Por eso
la necesidad que tienen de resetear el sistema, o sea, reiniciarlo. El dinero
físico supuestamente ya no tiene valor a la espera de un nuevo valor general
que equilibre cualquier intercambio comercial, sujeto a las prerrogativas
financieras.
En
eso consiste, en parte, el reseteo global. Cuánto dure el reseteo que les
interesa, será el margen de ganancia de los billonarios para sobrevivir
mientras se mueren los pobres del planeta; porque además el relato sigue
funcionando: cuando la economía se hunde, la culpa es siempre de los pobres,
los excluidos, las víctimas del Sur global (extendido ahora a los cuatro puntos
cardinales donde se produzca empobrecimiento). Por eso se expropia a los pobres
su patrimonio, sus derechos y conquistas políticas y sociales, para salvar a
los verdaderos ricos. La ecuación les funciona bien: la esencia de las finanzas
es producir crisis tramitada como guerra extendida, porque el valor real de la
guerra es la deuda que crea. El reseteo es la guerra declarada, el mundo no
puede compartirse, en eso consiste el cinismo proclamado como nuevo “realismo”.
Por
eso no puede, hoy en día, hablarse de una revolución si ésta no significa una
revolución cultural-civilizatoria que transforme y reponga éticamente el propio
sistema de creencias y el horizonte de expectativas. En tal caso, lo
determinante de una revolución culturales una revalorización del campo como
lugar esencial de la producción, de aquella que hace posible la vida de todos
(el diseño geopolítico centro-periferia es también un diseño antropológico que
se manifiesta de modo evidente en el diseño urbano que posibilita a la ciudad,
como centro, la expropiación del ámbito de las decisiones políticas, dejando al
campo, como periferia, ser mero suministrador de las necesidades exclusivas de
la ciudad).
En
tiempos de crisis, restaurar la confianza es la primera medida política a largo
plazo; y la primera confianza nace de que los propósitos de la producción
apunten a asegurar el consumo nacional, en justicia y dignidad, sentando las
bases de una transformación y reconstitución de la subjetividad nacional (aquí
lo plurinacional no es una fórmula que la pueda determinar un decreto; su
expresión política es un Estado que asume, como su propia realidad, el universo
ético de su propio contenido nacional). En ese sentido, si la nueva elite era
consciente de eso, debía de cambiar, por ejemplo, el liderazgo ministerial,
poniendo a los nichos de la tecnocracia detrás de los ministerios ideológicos,
cuya misión debía ser el diagnóstico y la proyección política del nuevo Estado
en el nuevo contexto regional y global.
Pero
en las refriegas domésticas del MAS, no sólo cavan su propia tumba política,
sino que, el verdadero perdedor, está siendo el bloque popular. Aunque se
proclamen agendas para “salvar al país”, los tonos querellantes demuestran que,
en realidad, se trata de una lucha intestina entre facciones pequeño-burguesas
que responden a una misma creencia señorialista: “ser el nuevo patrón que salve
al indio de sí mismo”. Tanto la derecha como la izquierda creen ingenuamente
que, seguir insistiendo en los modelos vigentes, ha de “salvar” la economía.
Nadie
se refiere al caso, pero lo que estamos presenciando es, a nivel local, el
desmoronamiento de un diseño de mundo. Todos los Estados periféricos se están
desmoronando en su propio anacronismo geopolítico y ese desmoronamiento, en
nuestro caso, está arrastrando al carácter plurinacional del Estado boliviano;
que quedó sólo en un cambio nominal, porque -desde la promulgación de la nueva
constitución- nunca se desmontaron las estructuras jurídico-administrativas del
Estado colonial. La nueva elite política sólo se sirvió de éstas para darle
estabilidad a su mayor concentración de poder que, se creía, era la garantía de
su permanencia en el Estado como patrimonio ahora suyo.
Lo
que está en juego es el futuro del Estado plurinacional. Es capaz que retorne
la derecha con el voto, para deshacerse de toda soberanía estatal, porque esa
es su agenda. La derecha se unirá por la única razón que hace credo en sus
valores oligárquicos: el juramento de superioridad ante los indios. Esto
significa reponer el Estado republicano (una determinación cavernaria, como la
pretendida reposición del orden unipolar). Pero esa insensata y obstinada
resolución, ¿a dónde nos va a conducir? A la guerra civil. Porque el pueblo ya
no va a consentir aquello. El Estado plurinacional es obra suya y es lo que le
ha permitido ya no ser perpetua resistencia sino transformación efectiva. No va
a renunciar a lo que considera fruto de su lucha histórica.
Aquí
hay responsables históricos que el pueblo debe saber identificar, llevándonos a
esta debacle del proyecto popular. Porque el proyecto no ha fracasado, sino que
nunca fue impulsado por un sujeto sustitutivo clasemediero con aspiraciones
burguesas que, en su lucha por la concentración de más poder, sólo está
coadyuvando a la descomposición del propio bloque popular. Huella del Sur de
Argentina (https://n9.cl/86mvw)
BOLIVIA
EN CRISIS: UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD REGIONAL
Cadena
3 de Argentina (https://n9.cl/cialh)
La
atención se centra en la crisis que atraviesa Bolivia, un tema que, aunque aún
poco mencionado en Argentina, promete cobrar relevancia. La situación económica
se deteriora, y con ella, las implicaciones para nuestro país se hacen
evidentes.
La
crisis económica en Bolivia es severa. Tras un período de expansión hasta
mediados de la década pasada, el país enfrenta un estancamiento por la falta de
inversión, especialmente en hidrocarburos. Esta situación provoca una crisis
similar a la que Argentina experimenta, aunque en un contexto de mayor
vulnerabilidad económica.
Otro
aspecto preocupante es el estado del país, que se ha convertido en un
narcoestado. Las redes del crimen organizado han penetrado los tres poderes del
Estado, con la presencia de cárteles de México, Colombia y Brasil. Bolivia no
es ajena a estos fenómenos, y la situación se agrava con la influencia de
grupos vinculados al terrorismo internacional, como Hezbolá.
La
cercanía de Bolivia a Irán y Venezuela, así como la presencia de servicios de
inteligencia cubanos, añade una capa de complejidad a la crisis. Estos vínculos
internacionales generan alarmas en el gobierno argentino, que toma medidas para
evitar que la situación se agrave, incluyendo el operativo Güemes, que moviliza
tropas a la frontera norte.
El
impacto migratorio de esta crisis se siente en Argentina, donde una comunidad
boliviana importante trabaja y se integra en la sociedad. Sin embargo, la
aceleración de las redes de inmigración puede verse afectada por la situación
en su país de origen. La frontera con Bolivia, más fluida y vulnerable,
requiere atención especial.
Es
crucial prestar atención a la crisis en Bolivia, no solo por la comunidad
boliviana en Argentina, que no está vinculada a las redes de crimen organizado,
sino por el impacto que esta situación puede tener en la región.
La
preocupación por la seguridad y las ramificaciones del crimen organizado en
América Latina son temas que deben ser considerados con urgencia.
LO
QUE SUCEDE EN BOLIVIA NO ES UNA "NOVELA DE CELOS" ENTRE EVO MORALES Y
ARCE
Bolivia
vive una crisis política y económica profunda. El enfrentamiento entre Arce y
Morales, la presión del imperialismo y el agotamiento del modelo extractivista
ponen en juego el futuro del proyecto popular.
Canarias
Semanal Org. de España (https://n9.cl/sk5qt)
En
Bolivia se cuece una tormenta política con ingredientes de sobra conocidos por
los pueblos de América Latina: luchas internas en el campo popular, injerencia
imperialista, recursos naturales codiciados y una crisis económica que golpea
especialmente a los sectores más humildes.
A
medida que se acercan las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025,
el escenario se vuelve más inestable. No es solo una disputa electoral: es una
lucha por el sentido del proyecto popular que se abrió con la llegada de Evo
Morales al poder en 2006 y que hoy está profundamente amenazado.
Desde
una perspectiva crítica, lo que observamos en Bolivia no es simplemente una
“pelea entre caudillos” o una “crisis de liderazgos”. Lo que se está disputando
en el fondo es el carácter de clase del Estado, el destino de los recursos
estratégicos como el litio y la relación entre la soberanía nacional y el
capital internacional.
DE
LA ESPERANZA POPULAR A LA FRAGMENTACIÓN DEL MAS
El
proceso boliviano fue una de las experiencias más significativas del llamado
"ciclo progresista" en América Latina. Bajo el gobierno de Morales,
se nacionalizaron sectores estratégicos, se aprobó una nueva constitución
plurinacional, y se aplicaron políticas de redistribución que sacaron a
millones de personas de la pobreza.
Pero
los procesos de transformación no pueden quedarse en reformas desde el Estado
si no van acompañados de un proceso profundo de organización popular y
transformación de las relaciones sociales de producción.
En
el caso boliviano, el crecimiento económico dependía fuertemente de la
exportación de gas. Y cuando este modelo empezó a agotarse, se hizo evidente
una debilidad estructural: el proceso no logró romper con la matriz
extractivista ni generar una base económica soberana y diversificada. Esto
generó tensiones tanto dentro del gobierno como en sus relaciones con
movimientos sociales e indígenas.
Ahora,
la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce, ambos referentes del MAS, está
reflejando mucho más que un conflicto personal. Es una expresión de cómo las
contradicciones dentro del bloque popular pueden desembocar en divisiones que
debilitan al conjunto del proyecto.
Hoy,
Morales y Arce van como candidatos rivales, con bases sociales y visiones
distintas. Mientras uno apela al legado indígena y campesino, el otro se apoya
en una gestión tecnocrática que intenta mantener el barco a flote en medio de
una fea crisis económica.
UNA
ECONOMÍA EN JAQUE Y LA MANO DEL IMPERIALISMO
La
situación económica es, ciertamente, crítica. La falta de dólares, el
agotamiento de las reservas internacionales, la inflación y el
desabastecimiento han generado una situación propicia para la
desestabilización.
Estos
son fenómenos que deben leerse como
expresiones de las contradicciones internas del capitalismo dependiente.
Bolivia sigue atrapada en la lógica del capital externo, especialmente en
relación con el litio, un mineral estratégico para la “transición verde” que,
paradójicamente, se construye desde el norte global sobre la expoliación del
sur.
Las
tensiones en torno al litio son un ejemplo claro de cómo opera el imperialismo
hoy. Las grandes potencias no necesitan tanques para intervenir: lo hacen a
través de ONGs, empresas “verdes”, presiones diplomáticas y campañas
mediáticas.
Como
advierte el analista José Amesty, detrás de muchas de las organizaciones que
hoy cuestionan los contratos con empresas chinas y rusas, se esconden intereses
ligados a Estados Unidos y Europa
Washington
no quiere perder influencia en Bolivia, y menos aún si en juego está el control
del “oro blanco” del siglo XXI. La historia del golpe de 2019, que derrocó a
Morales con el apoyo de la OEA y de la embajada estadounidense, está muy
presente en la memoria popular. El capital no olvida ni perdona cuando un país
osa tocar sus intereses estratégicos.
ENTRE
LA DESMOVILIZACIÓN Y LA RESISTENCIA
Uno
de los efectos más peligrosos de la crisis es la desmovilización popular.
Muchos sectores que fueron base del proceso de cambio se sienten hoy
decepcionados, cansados o directamente traicionados. Las disputas entre Arce y
Morales han debilitado al MAS como fuerza política coherente y han abierto el
camino para que sectores de derecha ganen terreno.
Sin
embargo, también hay signos de resistencia. Movimientos campesinos, sindicatos,
organizaciones indígenas y nuevos referentes juveniles están buscando formas de
reorganizar la lucha. La disputa por el litio, por ejemplo, ha vuelto a poner
en agenda la necesidad de una soberanía energética y tecnológica que beneficie
al pueblo y no a las multinacionales.
El
problema es que, sin una dirección política clara y unida, el campo popular
corre el riesgo de quedar fragmentado. Y en ese escenario, la derecha —aunque
por ahora no se presente unificada— puede volver al poder, esta vez con una
nueva legitimidad democrática construida sobre el desencanto y el caos.
EL
PROCESO ESTÁ EN JUEGO
Lo
que ocurra en Bolivia en los próximos meses será clave no solo para ese país,
sino para toda América Latina. Es evidente que lo que está en juego es el rumbo
del Estado y del proyecto histórico abierto en 2006. No se trata de idealizar
el pasado ni de aferrarse a liderazgos individuales, sino de repensar
estratégicamente cómo recuperar la iniciativa popular y reconstruir una
hegemonía desde abajo, desde las organizaciones sociales y la clase
trabajadora.
Hoy,
más que nunca, es urgente evitar que las disputas internas destruyan el
proceso. Porque si algo nos enseña la historia es que cuando los pueblos se
dividen, el capital se une para aplastarlos.
Bolivia
está en la encrucijada. La pregunta clave es si saldrá de ella por la izquierda
o por la derecha.
BOLIVIA
SE ALISTA PARA UNAS ELECCIONES POLARIZADAS EN MEDIO DE DIVISIONES INTERNAS Y
EXCLUSIONES POLÍTICAS
La
Decana de Perú (https://n9.cl/txmgrw)
Bolivia
se prepara para unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre, la
fragmentación política y una fuerte polarización. El próximo 17 de agosto, los
bolivianos acudirán a las urnas para elegir Presidente, Vicepresidente, 130
diputados y 30 senadores, en un proceso que podría extenderse hasta una segunda
vuelta en octubre, ante un escenario sin mayoría clara.
El
Tribunal Supremo Electoral ha habilitado 10 candidaturas presidenciales,
dejando fuera al Partido de Acción Nacional Boliviano, cuyo líder y
expresidente Evo Morales fue oficialmente inhabilitado para postularse. La
decisión ha generado fuertes reacciones en un contexto político ya de por sí
tenso.
Un
partido gobernante dividido
El
Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), que ha gobernado Bolivia desde enero de
2006, atraviesa uno de sus momentos más complejos. Tras los años de liderazgo
de Evo Morales, y desde 2020 con la presidencia de Luis Arce, el partido vive
hoy una división interna entre ambos líderes históricos.
A
esta fractura se suma Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura
emergente del MAS, quien ha optado por marcar distancia tanto de Arce como de
Morales, alimentando la incertidumbre sobre el rumbo del partido. El
exvicepresidente Álvaro García Linera calificó el actual momento del MAS como
un “declive sin gloria”, advirtiendo sobre el riesgo de que las divisiones
internas terminen por debilitar el proceso de cambio iniciado hace casi dos
décadas.
Dos
bloques enfrentados
Las
encuestas, algunas promovidas por el empresario Marcelo Claure, muestran un
país dividido en dos grandes bloques. Por un lado, el sector conservador,
compuesto por figuras de oposición como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Chi
Hyun Chung y Manfred Reyes Villa. Por el otro, los sectores que rodean al
actual gobierno del MAS, aunque debilitados por la fragmentación y exclusión de
algunas de sus figuras clave.
La
inhabilitación de Evo Morales y Andrónico Rodríguez, dos referentes del ala
izquierda, junto al enfrentamiento abierto con Luis Arce, amenaza con dejar al
oficialismo en una posición frágil, que podría traducirse en una pérdida de
poder y de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.
Un
llamado a la unidad
En
este contexto, crece la preocupación ciudadana por el rumbo del país. La
polarización política y la falta de consensos amenazan con profundizar la
crisis democrática y socavar la gobernabilidad. Diversas voces dentro y fuera
del espectro político coinciden en que la clase política boliviana necesita
encontrar caminos de unidad, diálogo y responsabilidad frente a las verdaderas
necesidades del pueblo.
Las
elecciones de agosto no solo decidirán quién gobernará Bolivia en los próximos
años, sino también qué tipo de democracia y proyecto social se quiere
construir. Un reto que, más allá de los nombres y los partidos, exige madurez
política y visión de país.
SIGUE
PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA CANDIDATO DE IZQUIERDA EN BOLIVIA
Prensa
Latina de Cuba (https://n9.cl/sohn3)
La
persecución judicial para impedir la candidatura presidencial del representante
de la izquierda boliviana Andrónico Rodríguez en las elecciones generales de
agosto próximo fue asumida hoy por la concejal de Santa Cruz Silvana Mucárzel.
Tras
un fallo constitucional que frustró esa aspiración con la sigla Alianza Popular
y conocerse que el joven político negocia contender bajo la tolda de Unidad
Cívica Solidaridad (UCS), la también secretaria del Consejo Municipal cruceño
anunció que buscará la anulación de esta sigla.
Según
la integrante de las listas de candidatos del opositor partido Autonomía Para
Bolivia-Súmate (APB-Súmate) existe una supuesta falsificación de su firma en
tres recibos de aportaciones de UCS, y por ello solicitó al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) la certificación acerca de si ese partido las utilizó como
descargo.
Mucárzel
enfatizó en que “se ha cometido un delito” y amenazó con emprender acciones
judiciales.
Semanas
atrás, la diputada opositora de Comunidad Ciudadana (CC) Zenaida Rojas indicó
que presentó una denuncia ante el TSE contra UCS, por supuestamente falsificado
firmas en el informe económico presentado ante el Órgano Electoral.
La
acusación pública de la secretaria del Consejo Municipal cruceño salió a la
palestra después que se conoció un acercamiento entre Rodríguez y UCS, partido
habilitado y sostén de la alianza Fuerza del Pueblo.
El
vocero de UCS, Luciano Negrete, confirmó este miércoles que hablan con todos
los frentes políticos y que no cerraron “absolutamente” con nadie, pero que las
“puertas están abiertas para todos” los sectores populares.
Añadió
que estas negociaciones se seguirán dando y no es “como se manifiesta”, que se
acabará entre “mañana o pasado”.
Recordó
que el 6 de junio el TSE dará a conocer las listas de los candidatos
habilitados para presidente, vicepresidente, senadores y diputados y que el
periodo de sustitución de las listas será hasta el 3 de julio.
“Que
quede claro que hasta el 3 de julio recién se puede hacer sustituciones, porque
seguramente van a haber muchos candidatos inhabilitados u observados», dijo.
Describió
que los observados tendrán que completar papeles y los que estén inhabilitados
se puede hacer la sustitución, pero eso no es hasta el 6 de junio, es hasta el
3 de julio, insistió.
Respecto
a las negociaciones con Rodríguez, reiteró que no se cerró con “nadie” y dijo
que las puertas de la Alianza están abiertas. “No descartamos ir con nadie, con
todos vamos a ir”, expresó.
Interrogado
sobre una posible renuncia del líder de UCS, Jhonny Fernández, a la
candidatura, Negrete señaló que este fue claro al señalar que “si hay una
unificación de los sectores populares, él podría bajar su candidatura”.
Agregó,
sin embargo, que, si no existe esta unificación, “el candidato oficial de
Fuerza del Pueblo es Jhonny Fernández”.
EVO
MORALES LE DA LA RAZÓN A JAVIER MILEI
Al
Navío de España (https://n9.cl/x07zpj)
Por
estos días, la situación social y económica en Bolivia es explosiva. La escasez
de dólares y combustibles ha generado una tremenda crisis que ha alterado todos
los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de ese país.
Con
el paso de las semanas, los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel se
han agravado y, con ello, el consiguiente caos vehicular en calles y avenidas
de todas las ciudades. Servicios como el transporte público y el aseo urbano se
encuentran seriamente afectados, mientras se agudiza la escasez de varios
productos alimenticios y se disparan los precios de la carne de res, pollo,
aceite comestible y arroz.
El
presidente Luis Arce ha emitido medidas para ahorrar combustible, ha impuesto
controles de precios y ordenado acciones de fiscalización más firmes contra
“acaparadores y especuladores”. Pero, como cabe esperar, nada de esto ha
aliviado la dramática situación. Por el contrario, ha complicado todavía más
las cosas.
Las
reservas internacionales se encuentran en mínimos históricos, y eso ha limitado
drásticamente la capacidad del país para importar bienes esenciales. Esta
situación, más la negativa del gobierno a devaluar el tipo de cambio oficial,
les ha impuesto a los bolivianos restricciones para adquirir dólares en bancos,
con límites mensuales bajos y requisitos estrictos, lo que, a su vez, ha
impulsado un mercado paralelo con tasas significativamente más altas. Esa
escasez de divisas ha encarecido los productos importados, como alimentos y
medicinas, impactando todavía más en la inflación. En el mercado paralelo, el
dólar se cotiza al doble del tipo oficial.
Cualquier
coincidencia con historias parecidas no es casualidad.
Es
en ese contexto, con el gobierno de Arce dominado por la impotencia y el
desconcierto, y siempre buscando la manera de socavar el piso político de su
antiguo subordinado y ahora rival, el expresidente Evo Morales posteó el pasado
24 de mayo en su cuenta en la red social X una declaración inesperada,
tratándose de él: La monumental impresión de dinero que está generando el Banco
Central de Bolivia es la causa principal para la elevada inflación y la pérdida
de reservas internacionales que vive actualmente el país y afecte a los hogares
bolivianos. El Banco Central, por instrucciones del Mostrar más
Toda
una declaración de principios. Ortodoxia económica pura. Una afirmación que
bien pudo haber repetido el presidente liberal-libertario de Argentina, Javier
Milei, quien ha popularizado como un credo aquello de que “la inflación es
siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.
Efectivamente,
el déficit fiscal del Estado boliviano es persistente y, como no hay margen de
más endeudamiento externo, para financiarlo las autoridades han recurrido a la
emisión monetaria. Lo que, por cierto, ha exacerbado la presión sobre las
reservas de divisas.
Por
supuesto, se trata de un dardo envenenado que Evo le lanza a Arce, de quien se
suponía, al ser elegido a finales de 2020, que al menos gestionaría eficazmente
la economía boliviana. En contraste, el expresidente y dirigente cocalero puede
presumir que durante sus 14 años de gobierno (2006–2019), el país del altiplano
tuvo una de las tasas de inflación más bajas del mundo.
Pero
como pocos tienen el talento de decir solo lo suficiente y muchos caen en la
tentación de hablar de más, en ese mismo mensaje que citamos, Morales, luego de
aportar datos oficiales acerca de la correlación entre la emisión monetaria, el
crecimiento constante de los precios y la devaluación de la moneda nacional,
agregó: “Luis Arce nunca aplicó nuestro modelo económico; por el contrario, lo
terminó destruyendo al estilo de la derecha neoliberal”.
Una
deshonestidad intelectual manifiesta, aunque muy corriente en la política.
Porque lo cierto del caso es que Arce está recogiendo los frutos que él (como
ministro de Economía) y Evo (como presidente) sembraron. Obviamente, el actual
mandatario tiene una responsabilidad ineludible en la actual crisis, puesto que
no ha corregido las causas que la han provocado.
Entre
los años 2015 y 2021, Bolivia mantuvo una inflación relativamente baja y
estable, con tasas anuales por debajo del 4 %. Este control se atribuyó
a políticas fiscales prudentes y a
diferentes subsidios que ayudaron a contener los precios. Pero, a partir de
2022, se observó un aumento gradual en la inflación.
La disminución de ingresos por exportaciones y los
problemas en la producción de hidrocarburos comenzaron a
ejercer presión.
El
año pasado, la tasa de inflación se aceleró, llegando al 7,26 %. Este
incremento se debió a la escasez de divisas, problemas en
la cadena de suministro y aumentos en los precios de alimentos y combustibles.
En marzo de este 2025, el Banco Central reportó que la
inflación interanual había
alcanzado el 14,6 %, la más
alta en más de tres décadas.
Solo la inflación acumulada en el primer trimestre fue
del 5 %, superando
las tasas anuales de varios años anteriores.
Por
otro lado, la deuda pública ha escalado a más de 43 mil millones de dólares, y
las reservas internacionales se sitúan en torno a los 1.900 millones, limitando
la capacidad del Estado para responder a la crisis. Pero el gobierno de Arce se
niega a aceptar que el país esté en quiebra, atribuyendo los problemas a una
“falta transitoria de liquidez”.
Según
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la deuda pública total (interna
y externa) de Bolivia representaba el 45,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) a
septiembre de 2024, situándose por debajo de los umbrales
internacionales de sostenibilidad. Además, el gobierno
asegura que la deuda externa se redujo del 33 % del PIB en 2020 al 26,8 % en
septiembre de 2024.
Pero
el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la deuda pública boliviana en
realidad alcanzó el 84 % del PIB en
2023, debido al elevado gasto público y a un
endeudamiento descontrolado.
Asimismo,
un análisis de BMI (Business Monitor International) formula serias advertencias
sobre la insostenibilidad fiscal y económica del país.
Año
Deuda Pública (% del PIB)
2020
77,9 %
2021
81,4 %
2022
80,1 %
2023
88,4 %
2024
93,9 % (proyección)
2025
97,8 % (proyección)
De
modo que las proyecciones económicas para este 2025 son desalentadoras. El FMI
estima una inflación del 15,8 %
y un crecimiento del PIB de apenas 1,1 %. En una situación
crítica, el país
requiere medidas urgentes y consensuadas para evitar un colapso mayor.
La
auténtica causa de fondo de esta situación se encuentra en la dramática caída
de las exportaciones: la producción de gas natural, principal fuente de divisas
del país, se ha reducido a la mitad en la última década.
La
falta de inversión en el sector ha llevado a Bolivia a importar el 86 % del diésel
y el 54 % de la
gasolina que consume. Para complicar más las cosas,
el gobierno mantiene precios de combustibles artificialmente bajos, lo que ha
incentivado el contrabando y generado pérdidas económicas
significativas.
Bolivia
ha sido históricamente un exportador importante de gas natural, sobre todo a
Brasil y Argentina, lo que representaba una fuente crítica de ingresos y
divisas. Sin embargo, de producir unos 61 millones de metros cúbicos diarios
(MMmcd) de gas en 2014, la producción bajó a alrededor de 35 MMmcd en 2024.
Esta
caída se debe a la falta de inversión en exploración y desarrollo de nuevos
campos, en parte porque el modelo estatal dominante (posnacionalización de
2006) desincentivó a las empresas privadas.
En
2023 y 2024, los ingresos por exportaciones de hidrocarburos han disminuido en
más del 40 % respecto a
2018.
Además,
los contratos con Argentina y Brasil han sido renegociados en términos menos
favorables, en parte porque esos países han desarrollado sus propias fuentes
alternativas de energía.
Como
el Estado boliviano depende de los ingresos del gas para financiar el
presupuesto público, esa caída ha disparado el déficit fiscal (más del 8 % del PIB en
2024).
Asimismo,
la crisis del gas ha provocado una serie de efectos interconectados, como
dificultades para importar combustibles, que ahora deben comprarse a mayor
costo.
Hay
pocas dudas de que la nacionalización de los hidrocarburos impulsada por el
gobierno de Evo Morales en 2006 ha tenido un impacto significativo en la
evolución del sector, y muchos analistas coinciden en que ha sido un factor
estructural importante en el deterioro actual.
Cuando
el Estado, a través de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos),
tomó el control mayoritario (al menos 51 %) de las operaciones de las empresas
extranjeras, impuso nuevas condiciones contractuales más
restrictivas para las compañías privadas.
Ello le permitió un aumento en la participación
estatal de las ganancias del gas (hasta el 82 % en algunos casos). Fue el inicio de
los años dorados. Esa decisión
vino acompañada del incremento de los ingresos públicos,
gracias al auge del precio internacional del gas y el petróleo.
Con
eso se financiaron programas sociales, infraestructura y redistribución del
ingreso, y Bolivia experimentó una década de crecimiento sostenido (2006–2014),
con una reducción notable de la pobreza y la desigualdad.
Pero,
en el mediano y largo plazo, se empezaron a manifestar las consecuencias
estructurales negativas de ese modelo. El desincentivo a la inversión privada
hizo que las empresas extranjeras (Repsol, Total, Petrobras, entre otras)
redujeran sus inversiones por la pérdida de control y la baja rentabilidad bajo
el nuevo esquema. Como Bolivia no atrajo nuevas inversiones importantes en el
sector durante esos años, la exploración se estancó.
El
Estado recibió ingresos récord de YPFB, pero no logró canalizarlos de manera
eficiente hacia exploración y desarrollo. La empresa estatal sufrió problemas
de corrupción, ineficiencia y politización, y, como resultado, los principales
campos entraron en declive natural y no se descubrieron nuevos yacimientos
relevantes.
Así,
Bolivia pasó de ser un exportador seguro a tener dificultades para cumplir. De
modo que la nacionalización, al desincentivar la inversión privada sin
reemplazarla con una gestión estatal eficiente, marcó el rumbo de un modelo
que, sin ajustes ni reinversión a tiempo, desembocó en la actual debacle del
sector de los hidrocarburos bolivianos.
Todo
se ha combinado con el enfrentamiento político entre Evo Morales y Luis Arce.
Esta pugna ha generado divisiones internas en el partido gobernante, el
Movimiento al Socialismo (MAS), y ha contribuido a la inestabilidad política y
económica del país, condicionando la gestión del actual gobierno. Esa división
entre “evistas” y “arcistas” ha paralizado la Asamblea Legislativa,
dificultando la aprobación de leyes y créditos necesarios para la gestión
gubernamental.
Si
Arce estuviera aplicando políticas económicas ortodoxas, Evo lo estaría
criticando también.
Esas
tensiones se han manifestado en protestas y bloqueos de carreteras organizados
por seguidores de Morales, en respuesta a su inhabilitación para las elecciones
de 2025 y a procesos judiciales en su contra. Estos bloqueos han afectado la
economía, causando escasez de alimentos y combustibles, y han generado pérdidas
estimadas en 1.700 millones de dólares.
La
Defensoría del Pueblo reportó 201 conflictos y 43 bloqueos en el primer
trimestre de 2025, el doble que en el mismo periodo del año anterior. La
mayoría de estos conflictos tienen causas económicas, como la escasez de
combustible, la falta de divisas y el alza de precios, siendo las regiones más
afectadas La Paz, Santa Cruz y Potosí.
Además,
en mayo se registraron manifestaciones violentas lideradas por sectores
cocaleros afines a Evo Morales, quienes amenazaron con interrumpir las
elecciones si no se habilita su candidatura.
La
confrontación también ha deteriorado las instituciones del Estado. Por ejemplo,
en noviembre de 2024, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aliado de
Morales, promulgó una ley para cesar a los magistrados del poder judicial, en
un intento de frenar decisiones que afectaban a Morales.
Esta
es la crisis por partida doble en la que está sumergida la Hija Predilecta del
Libertador. Evo Morales y Luis Arce se las arreglaron para destruir casi cuatro
décadas de estabilidad económica, y poco les ha faltado para hacer lo mismo con
la institucionalidad democrática.
CRISIS
POLÍTICA SE ACENTÚA EN BOLIVIA Y DISMINUYEN LAS PERSPECTIVAS DEL EMPRESARIADO
Revista
BN Américas de EEUU (https://n9.cl/ftbq6j)
La
crisis política que vive Bolivia no da tregua y ya se perfila un fuerte impacto
negativo sobre las cifras económicas de este año y el próximo.
Al
cisma del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), entre los
seguidores del presidente Luis Arce y del exmandatario Evo Morales, se le suma
la decisión de Arce de no presentarse a la reelección este año.
En
tanto, Morales continúa empeñado en postular a los comicios a pesar de estar
inhabilitado y en movilizar a parte de la ciudadanía a su favor. Las elecciones se celebrarán el 17 de agosto
y tendría lugar un balotaje el 29 de octubre en caso de que ningún candidato
alcance la mayoría.
Por
el momento hay marchas en La Paz y otras ciudades para pedir la inscripción de
Morales como candidato presidencial.
Sin
embargo, esto ya no es posible debido a que ya venció el plazo. El expresidente
trata de inscribirse para postular a la presidencia junto con el Partido de
Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL). Hasta hace un par de meses, trató de hacer
lo mismo con el partido Frente para la Victoria (FPV) sin éxito.
En
lo que corresponde a la crisis económica, la ciudadanía critica la poca
efectividad de las medidas dictadas por el gobierno de Arce, lo que está
haciendo que los negocios cierren, lo que redunda en problemas para importar
mercadería y acceder a dólares y una depreciación de la moneda.
La
escasez de combustibles es otro factor que ha interrumpido la actividad
económica del país, y sigue siendo un problema.
En
el ambiente político en Bolivia inciden fuertemente las perspectivas
sectoriales. Rubros como la construcción —intensivos en uso de combustibles y
maquinaria importados, y que brindan servicios para la realización de obras
públicas— están golpeados y se avecina una mayor ralentización.
De
acuerdo con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), de
mantenerse la política económica actual, es probable que el PIB del sector
constructor se desacelere a 1,0 % en 2025 y 2026 frente al 1,5 % del año
pasado.
“NUESTRA
MONEDA YA NO VALE” CRISIS EN BOLIVIA PROVOCA CIERRE DE NEGOCIOS Y AUMENTO DEL
CONTRABANDO HACIA PERÚ EN BUSCA DE SOLES
Comerciantes
y pequeños empresarios alertan sobre el cierre de negocios ante la
imposibilidad de acceder a dólares y soles, mientras el gobierno boliviano
dispone presencia militar para evitar el contrabando hacia el lado peruano de
Desaguadero
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/9w7krj)
La
profunda crisis económica que atraviesa Bolivia ha comenzado a manifestarse con
fuerza en las calles, los mercados y en la frontera con el Perú. La escasez de
dólares, la devaluación del boliviano y el encarecimiento de productos
esenciales como el aceite o el arroz están poniendo en jaque a los hogares y al
comercio binacional.
Aceite
con seguridad: la escasez se vuelve visible
Uno
de los síntomas más evidentes de la crisis económica en Bolivia se observa en
los supermercados, donde productos como el aceite de oliva están siendo
protegidos con dispositivos de seguridad. Influencers en redes sociales,
especialmente en TikTok, han documentado esta situación mostrando imágenes
desde establecimientos como Hipermaxi, donde no solo el aceite, sino también el
arroz, el papel higiénico y otros artículos de primera necesidad alcanzan
precios inéditos para la población.
Aunque
el gobierno asegura que el litro de aceite no sobrepasa los 14 bolivianos y que
los supermercados se encuentran abastecidos, los consumidores reportan que
estos productos se agotan rápidamente.
En
paralelo, comerciantes de mercados tradicionales señalan que las tiendas
mayoristas y fábricas solo les venden en cantidades limitadas y a precios más
altos que los ofrecidos en supermercados. Esta situación genera
desabastecimiento en los mercados, lo que a su vez impulsa un aumento de
precios ante la escasez.
Frente
a ello, las familias denuncian especulación y acopio. En respuesta, algunos
negocios mayoristas en la ciudad de La Paz han optado por vender aceite en
galones abiertos, fraccionados en unidades destinadas exclusivamente para el
consumo y no para la reventa.
Operativos
militares y contrabando en la frontera con Perú
Uno
de los puntos más críticos en la actual crisis económica boliviana es el
incremento del contrabando en las fronteras con el Perú. En respuesta, el
gobierno de Luis Arce ha intensificado los operativos de control militar en
zonas estratégicas como Desaguadero, donde se ha registrado el mayor volumen de
comisos tanto de productos que ingresan ilegalmente a Bolivia como de aquellos
que salen hacia territorio peruano sin autorización.
En
cuanto al contrabando de importación, es decir, productos que ingresan desde
Perú a Bolivia, los operativos más recientes han permitido confiscar grandes
volúmenes de aceite comestible, así como pollos vivos, azúcar y maíz. Estos
alimentos, considerados de primera necesidad, han ingresado por pasos no
autorizados ante la creciente escasez en el mercado boliviano y los altos
precios en supermercados.
Por
otro lado, también se ha detectado un flujo creciente de contrabando de
exportación, es decir, productos bolivianos que salen hacia el Perú —y en
algunos casos también hacia Argentina— en busca de mejores precios. En este
grupo se incluyen alimentos básicos como verduras frescas como tomates, así
como carne de res en carcasa. Estos productos, pese a ser parte de la canasta
básica boliviana, están siendo vendidos en el extranjero, reduciendo aún más la
oferta interna, según denuncian las autoridades bolivianas.
La
importación colapsa: comerciantes sin dólares ni productos
La
escasez de dólares ha afectado gravemente a los importadores bolivianos. En los
últimos días, comerciantes realizaron manifestaciones denunciando que ya no
pueden acceder ni a dólares ni a soles peruanos para reabastecer sus tiendas.
Esto, sumado a la devaluación del boliviano —que ha pasado de 3 a 5 por cada
sol peruano—, ha generado un colapso en las importaciones.
Muchos
vendedores de productos electrónicos aseguran que sus negocios están al borde
del cierre y otros ya se han declarado en quiebra. “Antes, viajábamos a
Desaguadero con bolivianos y comprábamos en soles sin problema. Ahora nos dicen
que no aceptan más nuestra moneda, que ya no vale”, relató uno de ellos para el
medio Red Uno de Bolivia. La situación ha forzado el cierre de rutas
comerciales informales que durante años conectaban a ambos países para pequeñas
y medianas compras.
El
mercado paralelo del dólar se ha vuelto incontrolable. Mientras en la mañana se
puede conseguir un dólar por 18 bolivianos, en la tarde ya se cotiza en 20, una
volatilidad sin precedentes. Importadores aseguran que las aduanas están
vacías, que las fábricas en Bolivia no producen lo suficiente y que la
dependencia del extranjero se ha vuelto insostenible. “Hasta los clavos los
traemos de China a través de Perú”, confiesan con desesperación.
BOLIVIA
EN CRISIS: COMERCIANTES RECHAZAN EL BOLIVIANO Y PIDEN SOLES EN LA FRONTERA CON
PERÚ
La
caída del valor del boliviano no solo golpea el comercio local, sino que
también impulsa el contrabando “al revés” de productos básicos, complicando aún
más la situación económica en las zonas fronterizas.
Noticias
(de) Perú (https://n9.cl/qmk7rb)
Bolivia
enfrenta un escenario económico complejo que está afectando gravemente el
comercio en sus regiones fronterizas. En localidades como Desaguadero, situada
en la frontera con Perú, la moneda local, el boliviano, ha ido perdiendo
aceptación en numerosas transacciones comerciales informales. En su lugar, el
sol peruano se ha convertido en la moneda predominante para los intercambios
cotidianos.
Este
fenómeno ha generado dificultades para muchos comerciantes locales, quienes
deben adaptarse a una nueva realidad monetaria que modifica la forma en que se
realizan los negocios y el flujo económico regional. La dolarización informal
del comercio en estas zonas refleja las tensiones económicas y la búsqueda de
estabilidad frente a la depreciación del boliviano.
Además,
estos cambios están alterando las dinámicas tradicionales del comercio
fronterizo, impactando no solo en las finanzas de los comerciantes, sino
también en las relaciones comerciales y sociales entre las comunidades de ambos
países.
Efraín
Mamani, un pequeño comerciante boliviano dedicado a la importación de productos
textiles desde Lima, compartió que ya no puede realizar pagos en bolivianos a
sus proveedoras peruanas, como solía hacer anteriormente. “Antes pagaba a mis
caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya no tiene
valor. Un ejemplo claro son los mototaxistas que ayudan a cruzar la frontera,
quienes ya no reciben plata boliviana”, destacó Mamani.
Esta
transición en la moneda de referencia evidencia las dificultades económicas que
enfrenta Bolivia, atribuyendo presión adicional a los pequeños comerciantes que
dependen del intercambio fronterizo para sus actividades diarias, mientras
intentan adaptarse a estas nuevas condiciones económicas.
Hoy
en día, para pasar la frontera y hacer sus compras, Mamani tiene que cambiar
bolivianos por soles peruanos, lo que le permite comprar menos mercadería que
antes, por la diferencia en el tipo de cambio. Esta situación lo obligó a subir
los precios de sus productos en los locales de La Paz, lo que también perjudica
al consumidor final.
La
devaluación del boliviano supera el 160% en las zonas de intercambio
Según
economistas consultados por El Deber, el tipo de cambio en Desaguadero el
viernes pasado rondaba los 5,10 bolivianos por cada sol peruano, lo que implica
una devaluación de más del 160% respecto a valores anteriores. En promedio, se
calcula que 100 bolivianos equivalen a unos 52 soles, aunque esta cifra puede
variar según el lugar donde se haga el cambio.
Esta
variación es especialmente notoria en las zonas fronterizas, donde la alta
demanda de moneda extranjera intensifica la fluctuación.
La
pérdida de valor del boliviano provocó una baja en el comercio informal y en la
actividad en la frontera. Muchos importadores bolivianos decidieron frenar sus
negocios porque los costos operativos les están quedando demasiado altos. “La
mayoría no estamos yendo (a la frontera), nos hemos detenido”, afirmó Mamani en
diálogo con el medio extranjero mencionado.
Crece
el contrabando y el comercio informal
Además
de la falta de productos importados y el aumento de los precios, la situación
generó un aumento del contrabando “a la inversa”, según reportan medios
locales. Mercadería como carne, huevos, gas licuado (GLP) e incluso ganado vivo
está entrando desde Perú hacia Bolivia por caminos no oficiales, atraídos por
la diferencia en los precios.
Este
fenómeno no es solo cosa de la frontera con Perú. En Bermejo, en el límite con
Argentina, compradores argentinos cruzan para comprar alimentos y ropa, debido
a la fuerte devaluación del peso argentino, que fue del 100% en el último año,
según el economista Fernando Romero. “Hace un año, por 1.000 pesos argentinos
te daban 7 bolivianos ahora te dan 14”, explicó el especialista. Este cambio
convirtió a Bermejo en un punto clave del comercio informal e intercambio de
productos, porque la diferencia en el tipo de cambio generó un atractivo extra
para los comerciantes argentinos.
Mercados
bolivianos sufren el impacto
En
Bolivia también se sienten los efectos dentro del mercado interno. Según un
informe de UNITEL Bolivia, para junio de 2025 los precios de los menús
populares en mercados y puestos de comida van a subir a 13 bolivianos. Las
vendedoras le echan la culpa a la suba de los precios de la canasta básica, la
falta de dólares y la incertidumbre económica. “¿Hasta dónde quieren que llegue
el costo del almuerzo para el cliente? No queremos seguir perjudicando nuestra
economía”.
LA
MONEDA QUE YA NO QUIEREN EN BOLIVIA: EL SOL PERUANO DESPLAZA AL BOLIVIANO EN LA
FRONTERA
La
fuerte devaluación del boliviano ha llevado a comerciantes en Desaguadero a
rechazar su propia moneda. El sol peruano se convierte en el nuevo patrón de
intercambio.
Revista
Economía de Perú (https://n9.cl/zmatsc)
Bolivia
atraviesa una tormenta económica que comienza a transformar sus dinámicas
fronterizas. En regiones como Desaguadero, en la línea limítrofe con Perú, el
boliviano ha perdido su valor como medio de pago en las actividades comerciales
informales, desplazado por el sol peruano, que hoy rige la mayoría de
transacciones cotidianas.
“Antes
pagaba a mis caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya
no tiene valor”, declaró Efraín Mamani, comerciante boliviano que importa
textiles desde Lima, al diario El Deber. Casos como el suyo reflejan un
fenómeno creciente: mototaxistas, pequeños vendedores y transportistas ya se
niegan a recibir moneda boliviana. La realidad ha obligado a muchos a cambiar
su dinero antes de cada operación comercial, encareciendo el costo de vida y
reduciendo el margen de ganancias.
Según
cifras del mismo medio, la devaluación del boliviano en estas zonas supera el
160%. En Desaguadero, 100 bolivianos equivalen en promedio a solo 52 soles
peruanos, aunque la cotización varía a diario. Esta alta volatilidad ha
empujado a muchos comerciantes a pausar sus operaciones, ante costos que ya no
pueden absorber.
La
crisis fronteriza es apenas la punta del iceberg. Internamente, Bolivia también
enfrenta distorsiones económicas severas. Según UNITEL, los menús populares en
mercados subirán a 13 bolivianos en junio de 2025, impulsados por el aumento de
precios en la canasta básica y la escasez de dólares. El plato tradicional
silpancho dejará de llevar huevo en muchos puestos de comida debido al
encarecimiento de este insumo.
En
paralelo, el contrabando “a la inversa” se ha intensificado. La diferencia de
precios ha provocado que productos como carne, huevos, gas y hasta ganado
ingresen de manera informal desde Perú hacia Bolivia. Una dinámica similar
ocurre en la frontera con Argentina, donde los efectos de la devaluación del
peso argentino han convertido a Bermejo en un polo de comercio informal, esta
vez con flujo opuesto: argentinos cruzan para abastecerse en Bolivia.
El
deslizamiento de la moneda boliviana es síntoma de una desconfianza creciente
en la estabilidad económica del país. La informalidad se impone ante la
incapacidad del sistema para contener la presión cambiaria, y el ciudadano de a
pie —como el comerciante, el mototaxista o la cocinera— es quien absorbe el
impacto más crudo de esta nueva economía paralela que se gesta desde las
fronteras.
AUMENTA
PRESENCIA POLICIAL FUERA DE EMBAJADA DE BOLIVIA EN PANAMÁ
El
líder de Suntracs, Saúl Méndez, se encuentra en esa sede diplomática bajo
«protección temporal» tras solicitar asilo político por la persecusión del
Gobierno de Mulino
Telesur
de Venezuela (https://n9.cl/lluy3)
Medios
de prensa locales panameños registraron este miércoles un aumento de los
agentes de la Policía Nacional (PN) en los predios de la Embajada de Bolivia,
donde se encuentra el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de
la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, para solicitar asilo
político, desde el pasado 21 de mayo.
El
secretario de organización del Suntracs, Yamir Córdoba, visitó la Embajada de
Bolivia, donde permanece el dirigente sindical Saúl Méndez, y aseguró que se
encuentra en buen estado y espera la decisión del Gobierno de Bolivia.
«Él
está bastante bien, está esperando finalmente que se decida cuál es su estatus,
y en eso estamos (…) veo alguno que otro policía por el perímetro bastante
cerca, esperemos que no sea necesario tanto drama», destacó Córdoba.
Saúl
Méndez inició el proceso de solicitud de asilo político en la sede diplomática,
tras ser objeto de persecución de agentes de civil en automóviles sin
identificación y haber recibido amenazas a su integridad física.
La
Embajada boliviana informó que el Consejo Nacional de Refugiados de La Paz
determinará efectivamente la respuesta al pedido y, de momento, otorgó la
protección temporal en la Embajada.
La
Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de
aprehensión contra Méndez el pasado 22 de mayo, debido a un presunto delito de
estafa. Asimismo, el Ministerio Público formuló órdenes de detención contra
otros dirigentes del Suntracs, entre ellos Genaro López y Erasmo Cerrud.
Suntrancs
denunció en la red social X la detención de “Genaro López, símbolo histórico de
la lucha obrera«, el encarcelamiento de Jaime Caballero, «vínculo clave de
solidaridad internacional» y la persecución «con recompensa a Erasmo Cerrud,
secretario de defensa del sindicato”.
Organizaciones
sociales de Panamá iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la Ley 462 de
la Caja de Seguro Social (CSS) y del acuerdo suscrito por el Gobierno y Estados
Unidos (EE.UU.) que propicia establecer bases militares en el territorio, en
desacuerdo con la construcción del embalse en Río Indio, y al regreso del
proyecto minero.
En
tanto, el Ejecutivo panameño liderado por José Raúl Mulino, junto con la
Fiscalía de Panamá inició una serie de acciones legales contra el sindicato que
incluyeron el allanamiento de sedes sindicales, el aumento de la represión
contra los manifestantes, cancelar la personería jurídica a la Cooperativa de
Servicios Múltiples Suntrancs.
SALTA:
HABEAS CORPUS EN CONTRA DE LA "OPERACIÓN ROCA" DE PATRICIA BULLRICH,
QUE ENCIENDEN ALERTAS EN BOLIVIA
Organismos
de Derechos Humanos salteños advirtieron que la Casa Rosada habilitó a las
Fuerzas Armadas para realizar seguridad interior, lo que "pone en riesgo
derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y el debido proceso".
Quejas desde Tarija y Yacuiba.
Ámbito
de Argentina (https://n9.cl/xktnp)
Organismos
de Derechos Humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo en contra
de la "Operación Roca", que pusieron en marcha los ministros de
Seguridad Nacional y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, para reforzar
la vigilancia en la frontera norte. Pidieron que se ordene al Gobierno
abstenerse de "aplicar las normas y disposiciones que habilitan la
detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva". En forma paralela, desde Tarija y Yacuiba, Bolivia,
se señaló que la relación bilateral entre ambos países podría verse afectada
por la habilitación de la Casa Rosada a detener a civiles en situación de
flagrancia en las zonas fronterizas.
La
acción se presentó ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, que tiene
jurisdicción sobre los departamentos salteños Orán, San Martín y Rivadavia, en
donde el Gobierno comenzó a desplegar tropas de las fuerzas armadas para que
realicen tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras, en el marco del
Plan Güemes. Se señala que serían alrededor de 10.000 los miembros de varias
fuerzas que serán apostados en esas zonas.
El
recurso judicial, presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza,
cuestiona la constitucionalidad de los DNU 1107/24 y 1112/24 y la resolución
ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de
Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en
seguridad interior. "Ambos instrumentos vulneran derechos fundamentales
como la libertad ambulatoria, el debido proceso y la garantía del juez
natural", sostuvo Plaza, en una conferencia de prensa junto a referentes
de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y el Comité Contra la Tortura de Salta,
que se realizó este último martes 27.
Uno
de los puntos más preocupantes, según la Mesa de DDHH, radica en que la
normativa vigente permitiría la detención de civiles en situaciones de presunta
flagrancia por parte de personal militar. "Queremos prevenir cualquier
detención ilegítima o arbitraria, especialmente en una región donde hay muchos
trabajadores informales y comunidades vulnerables", detalló el abogado.
La
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional CABA, acompañó esta
acción y de acuerdo al secretario general Daniel Catalano, el plan de
militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad
Interior. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con
mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al
narcotráfico", señaló en una entrevista. "El nuevo marco jurídico
pretende legitimar el uso de las fuerzas armadas para la represión de la población
civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin
mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos", remarcó.
Malestar
en Bolivia
La
militarización de la frontera norte del país también generó la reacción de
referentes de distintas organizaciones de las ciudades de Bolivia que colindan
con la provincia de Salta. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús
Gira, solicitó a la Cancillería de su país que solicite información a su par
argentino sobre la "Operación Roca", para evitar una tensión
diplomática entre ambos países. "Respetamos la decisión argentina y
esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras
por razones de trabajo o actividad comercial", señalo Gira, en diálogo con
el medio boliviano El Deber.
Por
otro lado, el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, coincidió
con Gira, en que una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra, la
delincuencia. Para el referente, el narcotráfico es la "madre" de los
delitos y se realiza por más de 100 pasos ilegales que existen con Salvador
Mazza. El abogado Esteban Ortuño, miembro de esta organización, consideró que
la militarización "es parte de una demagogia del gobierno del presidente
Javier Milei". Agregó que espera que la medida del Gobierno argentino no
tensione la relación bilateral. Desde la Cancillería boliviana se informó que
un pronunciamiento se difundirá en breve.
En
las últimas horas, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Alberto Pérez,
pidió a las autoridades gubernamentales de ambos países que se constituya una
mesa de diálogo para evitar un posible deterioro de la relación bilateral.
En
su opinión, es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan por el
temor a que surjan problemas con el despliegue de los efectivos militares
argentinos.
INSÓLITO:
SE FUGÓ DEL HOSPITAL CON UNA HERIDA DE BALA EN EL PECHO
Voces
Críticas de Argentina (https://n9.cl/g01ji)
Durante
el fin de semana, un episodio insólito sacudió la tranquilidad del hospital San
Vicente de Paul en la ciudad de Orán. Un hombre mayor de edad ingresó con una
herida de bala en el pecho y recibió atención médica inmediata. A pesar de la
gravedad de su estado, sorprendió a todos cuando abandonó el hospital por sus
propios medios, sin ser dado de alta ni registrar su salida.
El
sujeto en cuestión, de nacionalidad boliviana, habría aprovechado un descuido
para evadirse del nosocomio en Orán, sin abonar la atención médica que recibió.
Lo más grave es que luego se conoció que tenía un pedido de captura activo en
Bolivia. Su orden de aprehensión habría sido emitida en la ciudad de Bermejo,
lo que da cuenta de antecedentes judiciales previos.
A
medida que se profundizó la investigación, también surgieron reportes de
antecedentes en la ciudad boliviana de Tarija. Esto agrava la situación del
prófugo, que ahora es buscado por fuerzas de seguridad de ambos países. Las
autoridades bolivianas reconocieron el nombre del sujeto, aunque no se
brindaron datos oficiales sobre su identidad.
La
Policía de la provincia ya fue notificada sobre lo ocurrido en el hospital de
Orán, e inició operativos para localizar al hombre. En paralelo, se estableció
contacto con fuerzas bolivianas para coordinar acciones en la frontera. La zona
limítrofe se mantiene en vigilancia permanente, ante la posibilidad de un
intento de cruce irregular. El hecho generó preocupación por las debilidades en
los controles de pacientes con causas abiertas.
Mientras
tanto, se reforzó la seguridad en el hospital San Vicente de Paul para evitar
situaciones similares en el futuro. El caso expone la complejidad del vínculo
entre salud pública y delitos transnacionales en una región tan permeable como
la frontera entre Argentina y Bolivia. Las autoridades continúan trabajando
para dar con el paradero del prófugo, quien dejó una escena digna de película
en pleno centro de la ciudad. Informa Voces Críticas.
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