‘DÍA NEGRO’ EN LA FRONTERA PERÚ - BOLIVIA: EL SOL PERUANO SUPERÓ LOS BS 5 Y MARCÓ UN GOLPE HISTÓRICO EN DESAGUADERO

En la ciudad binacional de Desaguadero, la crisis económica boliviana refleja su impacto en un tipo de cambio volátil, con el sol peruano ganando terreno frente al devaluado boliviano en tiempos de incertidumbre

 

En Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia, el tipo de cambio continúa tocando picos históricos, reflejando la creciente inestabilidad económica que afecta al país altiplánico. Mientras la crisis política y el desabastecimiento continúan, los bolivianos se enfrentan al impacto devastador de una moneda que cada vez pierde más valor frente al sol peruano.
Según la información obtenida por Infobae Perú, el jueves 15 de mayo el tipo de cambio en el mercado paralelo de Desaguadero alcanzó niveles sin precedentes: por cada sol peruano se ofrecían hasta 4,65 bolivianos, mientras que la conversión inversa —de bolivianos a soles— llegó a un pico de 5,18 bolivianos por sol. Esta fuerte divergencia en el tipo de cambio comprador y vendedor refleja una creciente presión sobre la moneda boliviana, cuya rápida devaluación ha llevado a los ciudadanos a describir la jornada como un “día negro”. Solo 48 horas antes, el tipo de cambio era significativamente más bajo (S/1 = Bs 4,16; Bs 4,22 por S/1 en la conversión inversa), lo que evidencia una tendencia acelerada de depreciación del boliviano frente al sol peruano.
La crisis económica de Bolivia y su impacto en Desaguadero de Perú
La zona fronteriza de Desaguadero es el centro de un intercambio comercial histórico, pero en los últimos meses, las tensiones se han intensificado. Ciudadanos bolivianos cruzan este distrito binacional no solo en busca de productos de primera necesidad —que escasean en su país— sino también para obtener soles peruanos, percibidos como más estables que su moneda nacional.
Además, la necesidad de dólares ha incrementado, aun cuando el tipo de cambio oficial en Bolivia es de 6.90 bolivianos por dólar, prefieren buscar divisas en el lado peruano y para ello es necesario primero tener soles. La imposibilidad del Banco Central de Bolivia para explicar la falta de dólares ha llevado a más transacciones en las fronteras con países vecinos.
La crisis económica en Bolivia, acelerada por las protestas por falta de combustibles y alimentos, coincide con la campaña electoral hacia las presidenciales de este año. Entre quienes movilizan a la población, se encuentra el exmandatario Evo Morales, quien continuamente organiza marchas en rechazo a su inhabilitación para ser candidato, presentándose como ‘la solución’ a la problemática que hoy enfrenta Bolivia por un modelo económico que estableció en su anterior mandato.
Desaguadero, en su rol como nexo entre Puno y La Paz, representa un microcosmos de las tensiones y desafíos económicos que se viven en ambos lados. Aunque históricamente ha sido un punto clave para el comercio fronterizo, la reciente volatilidad monetaria amenaza con perturbar aún más las dinámicas locales y agudizar los problemas actuales.
¿Cuánto vale 100 soles en Bolivia con el actual tipo de cambio?
Para los peruanos que deciden aventurarse en Bolivia, es fundamental tener en cuenta el tipo de cambio vigente, especialmente en zonas fronterizas como Desaguadero. Al 16 de mayo, el tipo de cambio se sitúa en 4,50 bolivianos por sol, lo que significa que 100 soles equivalen aproximadamente a 450 bolivianos. Esta relación continúa representando una ventaja significativa para los viajeros peruanos, ya que su moneda mantiene un alto poder adquisitivo en territorio boliviano.
En contraste, los bolivianos que desean visitar el Perú enfrentan un tipo de cambio menos favorable. Con la cotización actual, necesitan cerca de 485 bolivianos para obtener 100 soles, lo que refleja una depreciación notable de su moneda. Esta situación limita su capacidad de gasto en Perú, ya que el valor de sus recursos se ve reducido al momento de cambiarlos por soles.
A pesar de este desafío, los visitantes bolivianos aún pueden encontrar productos y servicios atractivos en el mercado peruano. No obstante, es esencial que planifiquen cuidadosamente sus gastos para optimizar sus recursos y aprovechar las distintas ofertas disponibles en la zona fronteriza. (https://n9.cl/p6gcp)
 
 
 
 
 
DESCUBREN EN ESTADOS UNIDOS DEPÓSITO MINERAL VALORADO EN 1,5 TRILLONES DE DÓLARES: PODRÍA TRANSFORMAR LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
 
Este podría convertirse en uno de los yacimientos de litio más grandes que jamás se haya encontrado en Estados Unidos
 
El Universo de Venezuela (https://n9.cl/6t1wa)
 
Científicos descubrieron un yacimiento de litio de 1.5 billones de dólares en un punto volcánico que se encuentra a lo largo de la frontera entre Oregón y Nevada, en Estados Unidos.
De acuerdo a Unilad Tech, este podría convertirse en uno de los yacimientos de litio más grandes que jamás se haya encontrado en Estados Unidos.
Este hallazgo se dio en 2023 y ha sido valorado recientemente en 1.5 billones de dólares, por lo que puede transformar la industria estadounidense de vehículos eléctricos.
¿Por qué los yacimientos de litio tienen tanto valor?
Este metal alcalino es un componente esencial para las baterías de los vehículos eléctricos (VE), lo que lo hace uno de los minerales más codiciados en todo el mundo.
En la actualidad ha incrementado la producción de VE, lo que ha desencadenado la búsqueda de energías limpias; ante esta situación, Estados Unidos procura reducir su dependencia del litio extranjero, más aún cuando los conflictos mundiales amenazan las fuentes de suministro de recursos.
Un estudio hecho en 2023 asegura que la Caldera McDermitt puede contener entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio. Expertos aseguran que si se producen métodos de extracción eficientes, EE. UU. puede convertirse en un líder mundial de litio.
¿Qué consecuencias puede traer este hallazgo para el ambiente y la sociedad?
Algunas tribus consideran que esta zona es sagrada, lo que causa temor sobre el impacto ambiental que la minería puede traer consigo, incluyendo una posible reducción de las aguas subterráneas y la alteración del ecosistema local, reseña Madrid Informa.
Si bien es cierto que las autoridades pertinentes han dado luz verde para que el proyecto continúe, las comunidades afectadas siguen oponiéndose, pues desean preservar sus territorios ancestrales, así como el medio ambiente.
En cuanto a las implicaciones geopolíticas, la dependencia de Estados Unidos con respecto a las importaciones de litio, actualmente dominadas por China y Bolivia, puede disminuir.
 
 
 
 
 
“LA FIEBRE DEL LITIO”: UN DOCUMENTAL QUE DESNUDA LAS SOMBRAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN SUDAMÉRICA
 
El Clarín de Argentina (https://n9.cl/184tm)
 
Bajo el título La Fiebre del Litio: Sombras de la Transición Energética, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), junto al medio digital Resumen.cl y con el apoyo de Global Greengrants Fund, presenta un potente reportaje audiovisual que invita a repensar el discurso dominante sobre la transición energética global. El documental, grabado en diciembre de 2024 y finalizado en abril de este año, se adentra en los impactos sociales, ambientales y culturales de la extracción de litio en Sudamérica, especialmente en el norte de Chile.
La producción periodística se centra en el llamado “Triángulo del Litio” —Chile, Argentina y Bolivia—, región que concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de este mineral, hoy considerado esencial para la industria tecnológica, automotriz y militar. Sin embargo, lo que podría parecer la llave hacia un futuro verde, aparece aquí como un nuevo rostro del extractivismo.
A través de un relato visual que combina testimonios de comunidades indígenas colla, imágenes satelitales y análisis de expertos como el investigador Eduardo Gudynas, el documental expone los costos reales de la “fiebre del litio”. El foco principal está en Chile, segundo productor mundial de este mineral, y en cómo la explotación de salares y ecosistemas altoandinos está provocando una severa crisis hídrica en zonas como el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga.
“El proceso de extracción del litio, que requiere evaporar millones de litros de agua en zonas ya extremadamente áridas, está generando una verdadera minería del agua”, explican desde el equipo realizador. Se estima que para producir una sola tonelada de litio se utilizan cerca de 2 millones de litros de agua, con impactos visibles en la disminución de la vegetación, el agotamiento de los acuíferos y el hundimiento de salares.
Uno de los puntos más críticos abordados en el documental es la amenaza que enfrenta el Salar de Maricunga, ubicado dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces y en territorio ancestral colla. Este ecosistema de alto valor ecológico se proyecta como el próximo blanco de la expansión minera, con consecuencias aún inciertas para su biodiversidad y para las comunidades que habitan la zona.
La Fiebre del Litio también cuestiona el marco legal chileno que rige la actividad minera, herencia de la dictadura de Pinochet, y examina el rol de empresas como SQM, que han lucrado por décadas con recursos naturales bajo condiciones contractuales altamente cuestionadas. El documental denuncia cómo este modelo ha sido replicado y profundizado por intereses internacionales, en medio de una creciente disputa geopolítica por el control de los materiales estratégicos.
Lejos de ofrecer respuestas fáciles, el reportaje concluye con una advertencia: la transición energética, tal como está siendo impulsada, puede reproducir las lógicas extractivistas que han marcado la historia de América Latina. Por ello, plantea la urgencia de repensar el modelo económico y priorizar una transición que no solo sea tecnológica, sino también justa en términos sociales y ambientales.
El equipo detrás del documental ya ha iniciado la difusión del tráiler y el afiche promocional, con miras a su estreno oficial en julio de 2025. Se espera que La Fiebre del Litio abra un necesario debate sobre los verdaderos costos del futuro verde y el tipo de desarrollo que queremos construir.
 
 
 
 
 
ORO MANCHADO DE SANGRE: LA MINERÍA ILEGAL DESANGRA A PERÚ Y SACUDE A SURAMÉRICA
 
La minería ilegal aurífera también ha ganado terreno en Bolivia, especialmente en los ríos del norte amazónico, donde operan en zonas de alta biodiversidad como el parque Madidi y en territorios indígenas.
 
Swissinfo de Suiza (https://n9.cl/63503)
 
La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Suramérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala. Solo Chile parece haberse blindado ante esta plaga.
En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de trece guardias de seguridad en una mina en Pataz. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024, y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas.
El uso de mercurio afecta a poblaciones indígenas y genera problemas sanitarios graves. La ausencia del Estado y el aumento del precio del oro han permitido el auge de mafias que se disputan el control de territorios y rutas de extracción. Además de los asesinatos, se han registrado secuestros y extorsiones a pequeños mineros y trabajadores.
El oro ilegal: motor oculto de las economías suramericanas
Según el Instituto Peruano de Economía, el 44 % del oro ilegal exportado en Suramérica proviene de Perú, superando a Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El poder de las mafias ha rebasado a las fuerzas del orden, y en muchas comunidades los propios pobladores viven atemorizados o incluso colaboran por necesidad económica.
En Ecuador, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan zonas clave como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. La emboscada reciente que dejó once militares muertos en la Amazonía ecuatoriana, atribuida a los Comandos de la Frontera, revela la gravedad del problema.
La situación es tan crítica que el presidente Daniel Noboa ha declarado el «conflicto armado interno» y decretado estados de excepción en municipios como Camilo Ponce Enríquez y la provincia de Orellana, suspendiendo derechos constitucionales para facilitar allanamientos y operativos conjuntos.
La deforestación es otra consecuencia visible: solo en Alto Punino se han perdido 1.500 hectáreas de selva desde 2019, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El asesinato de los alcaldes de Camilo Ponce Enríquez y Portobelo en 2024 demuestra cómo la minería ilegal corroe también la gobernabilidad local. Las bandas criminales buscan no solo controlar el negocio del oro, sino también las instituciones que podrían frenarlas.
Empresas fachada, exportaciones récord y lavado de oro
Brasil también sufre los estragos del llamado «narcogarimpo». Bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) utilizan la minería para blanquear dinero y controlar territorios en la Amazonía. En 2023, un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública detectó la presencia de estas organizaciones en al menos 178 municipios amazónicos.
La crisis humanitaria de los yanomamis en Roraima, con 337 muertes en 2024 por causas como malaria, desnutrición e infecciones, obligó al Gobierno a declarar la emergencia sanitaria y activar unas 3.000 operaciones de desalojo. Además, se calcula que la minería ilegal impuso un perjuicio económico de 50 millones de dólares a esta comunidad.
La minería ilegal aurífera también ha ganado terreno en Bolivia, especialmente en los ríos del norte amazónico, donde operan en zonas de alta biodiversidad como el parque Madidi y en territorios indígenas.
Estas actividades contaminan los ríos con mercurio, afectando gravemente a peces que son esenciales en la dieta de las comunidades indígenas amazónicas.
El 74 % de los habitantes en esas regiones presentan niveles de mercurio por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una amenaza directa a su salud y seguridad alimentaria.
A ello se suma la denuncia de trata y tráfico de menores con fines de explotación sexual, lo que agrava el impacto social de esta economía ilícita.
Colombia: minería ilegal y control territorial de grupos armados
En Colombia, más del 70 % del oro de aluvión se extrae ilegalmente y afecta 63.000 hectáreas. Esta minería alimenta redes de extorsión, lavado de activos y control territorial por parte del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Chocó, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados.
La investigadora Sara García, de Insight Crime, señala que estas economías ilegales «ya son estructuras estables que permeabilizan muchas instituciones». La subida del 30 % en el precio del oro ha reforzado esta economía paralela, que genera desplazamientos, enfermedades y destrucción ambiental, especialmente por el uso intensivo de mercurio.
Guatemala, aunque en menor escala, también enfrenta el problema. En 2023 se documentaron 105 casos de explotaciones ilegales, la cifra más alta de los últimos años. Las explotaciones se concentran en el centro y el oeste del país, muchas operando fuera de los permisos concedidos por el Ministerio de Energía y Minas.
Chile: un caso excepcional de control y trazabilidad minera
En contraste, Chile representa la excepción en la región. Con una industria minera que aporta el 12 % del PIB y una fiscalización efectiva, el país apenas registra minería ilegal. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indica que los casos que existen están más relacionados con robos en minas activas o abandonadas.
El Gobierno ha implementado incentivos como la patente minera rebajada para pequeños mineros, lo que ha ayudado a formalizar actividades y reducir el mercado ilegal. También ha fortalecido los sistemas de trazabilidad de minerales y los requisitos de exportación.
 
 
 
 
 
EN 25 AÑOS, CHINA LE GANÓ TERRENO A EE.UU. COMO PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL DEL MUNDO
 
Aunque EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, en América del Sur países como Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Perú privilegiaron el comercio con la potencia asiática.
 
La Opinión de Colombia (https://n9.cl/qd57r)
 
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles, se reabrió el debate, iniciado durante su primer mandato, sobre el verdadero potencial de China, la segunda economía más grande del mundo.
Con base en datos del United States Census Bureau y la General Administration of Customs of the People's Republic of China, se evidencia que, en lo que va del siglo XXI, China se consolidó como una potencia dominante en el comercio global.
A comienzos del siglo XXI, el comercio total de EE.UU. alcanzaba US$2 billones, más de cuatro veces el de China, que se situaba en US$474.000 millones. Para entonces, el gigante asiático era el principal socio comercial de Sudán, Vietnam, Irán, Afganistán, y en América, Cuba.
En 2024, el comercio exterior de EE.UU. creció un 167%, mientras que el de China lo hizo en más de 1.200%. Desde 2012, China superó a EE. UU. en volumen total de comercio. En 2024, las exportaciones e importaciones combinadas de EE.UU. sumaron US$5,3 billones, frente a los US$6,2 billones de China.
Aunque EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, en América del Sur países como Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Perú privilegiaron el comercio con China, al igual que Panamá. México, Ecuador, Canadá y Paraguay mantienen mayores lazos comerciales con EE.UU.
En África, la hegemonía comercial china es casi absoluta. Incluso en países como Australia, miembro de la Commonwealth, el flujo comercial se inclina hacia China. En Europa, Pekín ganó terreno, sobre todo en Europa del este, con influencia en países como Polonia, Ucrania y también España.
Este avance ocurrió en apenas 25 años, un lapso breve en términos históricos, pero monumental para una economía que, antes del 2000, no figuraba entre las más poderosas del planeta.
 
 
 
 
 
EDUARDO DEL CASTILLO, EL CANDIDATO OFICIALISTA RESISTIDO POR EVO MORALES Y LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA
 
EFE de España (https://n9.cl/16tuc)
 
Criticado por la oposición y por el expresidente y exlíder del oficialismo de Bolivia Evo Morales, el abogado Eduardo del Castillo, de 36 años, quien hasta el viernes fue el ministro de Gobierno (Interior) de Luis Arce, es la apuesta del partido gubernamental para las elecciones generales.
Tres días después de la declinación del presidente Arce a buscar la reelección en los comicios del 17 de agosto, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sorprendió con el anuncio a última hora de que Del Castillo será su candidato a la Presidencia, acompañado por el dirigente campesino Milán Berna.
Del Castillo nació en 1988 en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y considerada el motor económico de Bolivia, además de ser uno de los principales bastiones de la oposición ante una hegemonía casi nacional que tuvo el MAS en los últimos años.
Estudió Derecho en la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), hizo un máster en Derecho Tributario y Financiero por la Escuela Superior de Leyes y actualmente cursa un doctorado en Derecho Constitucional por la también estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Eduardo del Castillo, el carta del oficialismo en Bolivia
Uno de sus puestos más relevantes en la función pública antes de ser ministro fue su desempeño como oficial mayor de la Cámara de Senadores en la legislatura previa a la crisis poselectoral de 2019 que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Precisamente como militante de las facciones juveniles del MAS, se le vio muy activo en los conflictos posteriores a las fallidas elecciones de ese año, haciendo frente a las protestas de la oposición que denunció que hubo un fraude a favor de Morales en esos comicios, anulados después.
Con el retorno del MAS al poder en 2020, tras un año de la Presidencia interina de Jeanine Áñez (2019-2020), Del Castillo fue designado ministro de Gobierno por Luis Arce, un puesto en el que permaneció hasta el viernes.
La decisión de Arce de mantenerlo como ministro contra viento y marea fue una de las causas de la fragmentación del oficialismo, pues las críticas de Morales contra el abogado y sus pedidos para que sea cesado fueron casi una constante desde 2021, con acusaciones sobre todo de una supuesta protección al narcotráfico.
Las críticas
El desafío mayor al también expresidente del MAS fue cuando en junio de 2023 el mandatario le restituyó como ministro de Gobierno inmediatamente después de haberle destituido para cumplir con una formalidad legal por la censura que le aplicó el Parlamento nacional, en medio de la pelea interna en el oficialismo.
Pero no es la única polémica del ahora candidato oficialista, pues también ha tenido duras peleas con la oposición que le suele cuestionar por la actuación de la Policía para reprimir cualquier protesta contraria al Gobierno.
Además, le critican por la forma en que detuvieron opositores como la expresidenta Áñez y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encarcelados desde 2021 y 2022, respectivamente, por la crisis de 2019.
Los defensores de Áñez y Camacho han denunciado siempre que en ambas operaciones, que califican de «secuestros», no se respetaron los derechos de estos opositores, y que sufrieron maltratos en prisión, algo que Del Castillo niega.
Sus polémicas
Además, expertos en seguridad y organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) le criticaron por presentar públicamente a los sospechosos de algún delito incluso antes de que los detenidos afrontaran una audiencia cautelar.
Y aunque dejó de exhibir a gente aprehendida durante un tiempo, luego retomó esa práctica cuestionada porque vulnera la presunción de inocencia.
También tuvo un desacuerdo en 2022 con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y refutó el incremento de 4 % de los cultivos de hojas de coca en Bolivia reportado por ese organismo en su informe para 2021, con una cifra propia que indicaba que la superficie disminuyó un 0,7 %.
Es probable que Del Castillo deba disputar el voto oficialista con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (Sacaba, 1988), que era muy cercano a Morales, pero anunció que también será candidato.
 
 
 
 
 
SIN ARCE NI MORALES, LA OPOSICIÓN PUEDE GANAR LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA
 
Con la salida de Luis Arce de la contienda y la imposibilidad legal de que Evo Morales se postule, la oposición boliviana enfrenta una oportunidad histórica para acceder al poder tras años de hegemonía del MAS. Sin un liderazgo claro en el oficialismo, el escenario electoral se reconfigura radicalmente.
 
La Hora de Ecuador (https://n9.cl/zwids)
 
Bolivia podría cerrar un ciclo político de casi dos décadas con el Movimiento al Socialismo (MAS) fuera del poder, si se confirma lo que muchos analistas califican como una «ventana histórica» para la oposición.
El país andino se encamina a las elecciones presidenciales de agosto de 2025 con un escenario inédito: el presidente Luis Arce declinó su candidatura a la reelección y el expresidente Evo Morales enfrenta un veto electoral y una orden de captura por un proceso judicial vinculado a trata de menores. La dispersión del oficialismo ha abierto el juego político.
“El MAS va dividido y eso le da una oportunidad muy clara e histórica a la oposición política boliviana”, declaró el concejal paceño y analista Jorge Dulón. “La oposición tiene que organizarse, tomar determinaciones valientes, porque podría incluso ganar en primera vuelta”, enfatizó.
La interna del MAS está fracturada entre cuatro figuras que compiten abiertamente por el liderazgo del espacio político: Evo Morales, que insiste en postularse pese a la inhabilitación; Luis Arce, actual presidente que renunció a una nueva candidatura tras denunciar traiciones internas; David Choquehuanca, el vicepresidente que representa un ala indígena crítica del evismo; y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura joven que busca su propio camino político, posiblemente bajo otra sigla. Esta lucha intestina ha minado la cohesión del partido y debilitado su estrategia electoral.
Dulón explicó que Morales no puede ser candidato por mandato constitucional y por una sentencia específica que impide su postulación, aun cuando buscara otras vías como la vicepresidencia o una senaduría por Cochabamba, en busca de una posible sucesión presidencial.
Además, si Morales llega a La Paz con intenciones de inscribirse, será arrestado inmediatamente. “Existen todas las condiciones logísticas para cumplir con la orden de detención”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Morales, actualmente resguardado en el Chapare, se arriesgaría a ser detenido si se presenta ante el Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado presiones y ha dejado entrever que no aceptará la candidatura del exmandatario. Se prevé que el MAS presente al menos dos candidatos distintos, agudizando su fragmentación interna.
El Movimiento al Socialismo gobierna Bolivia desde 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia tras una ola de movilización indígena y social que cambió la política nacional. Sin embargo, en los últimos años, el país enfrenta una grave crisis económica, con inflación creciente, escasez de dólares, caída en las reservas internacionales y protestas por el desabastecimiento de combustibles. Todo ello ha profundizado el desgaste del modelo económico basado en el extractivismo estatal y debilitado el respaldo popular al MAS.
Del lado opositor, ya suenan nombres como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, este último con alta aceptación en encuestas recientes. La clave, según Dulón, está en consolidar una sola opción con capacidad de obtener mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual permitiría llevar adelante reformas estructurales post-MAS.
 
 
 
 
CONGRESISTA ROBERTO SÁNCHEZ ASISTIÓ A MARCHA EN BOLIVIA QUE EXIGE POSTULACIÓN DE EVO MORALES
 
Legislador de Juntos por el Perú (JP) declaró a Perú21 que viajó a Bolivia por invitación del senador del MAS, Luis Adolfo Robles, y participó en la movilización que demanda su inscripción, pese a la prohibición impuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
 
Perú 21 (https://n9.cl/flt69)
 
La candidatura presidencial del líder cocalero Evo Morales no está asegurada, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia la ha prohibido. Por ello, el congresista de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, estuvo el pasado viernes en La Paz para participar en una movilización que exigió su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No obstante, esta no es la primera vez que Sánchez participa en un evento de apoyo a Morales, con quien su partido ha establecido una alianza internacional. Perú21 informó que en marzo estuvo en el Chapare, Cochabamba, cuando el exmandatario izquierdista anunció su postulación.
Sánchez declaró a este medio que viajó a Bolivia tras recibir una invitación del jefe de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el senador Luis Adolfo Robles. El viernes participó en una marcha que partió de El Alto a La Paz, en la que se exigía que Evo Morales pueda inscribirse como candidato.
El legislador envió una carta a Perú21 y precisó que solicitó una licencia sin goce de haber al Congreso de Perú, además de cubrir personalmente los gastos del viaje.
El congresista —cuyo partido busca tener al expresidente Pedro Castillo como candidato al Senado, en caso no sea inhabilitado por el Legislativo— envió a este diario algunas fotos en las que aparece con diputados del MAS, el partido que fue parte Evo Morales, pero que hoy está alejado.
Sin embargo, esos diputados y senadores son de la línea evista dentro del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
El congresista retornó al país el sábado para continuar con sus labores en el Parlamento.
MOVILIZACIÓN SIGUE HOY
La movilización en Bolivia continuará hoy porque busca inscribir la postulación de Morales.
No obstante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que recibirá la inscripción de esa postulación, y la evaluará. Es decir, la candidatura no está asegurada.
Esto, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TSP) informó el miércoles último que Morales no puede ser candidato para los comicios del próximo 17 de agosto.
El dictamen ratifica una decisión previa de las autoridades, según la cual la reelección presidencial solo puede registrarse en una ocasión de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato.
"El presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua; considerando que el término 'una sola vez' implica también la limitación de alcanzar un tercer mandato, sea de forma continua o discontinua", subraya la sentencia constitucional.
La postulación de Evo Morales aún enfrenta obstáculos y no está garantizada.
 
 
 
 
 
LA VERDADERA CAPITAL DE BOLIVIA: NO ES LA PAZ Y TIENE CASI LA MISMA ALTURA DE BOGOTÁ
 
Este país del Altiplano cuenta con una interesante historia de por qué existe la confusión de que La Paz es su capital. Lea y conózcala.
 
Radio Caracol de Colombia (https://n9.cl/lrfod)
 
Bolivia es un país que, además de ser reconocido por sus ciudades a gran altura, es el único que posee dos metrópolis que se consideran como capital. Según lo explica una publicación científica de la Revista Electrónica Iberoamericana, un enfrentamiento de más de dos siglos provocó que, “Bolivia sea el único Estado latinoamericano en el cual la identificación de la capital no resulta evidente”.
La importancia de una capital para un Estado Político radica en que ahí se reúne la presencia de la administración y el gobierno del país. Así mismo, “La capital tiene un reglamento único en el territorio; su existencia es indispensable para un territorio; tiene una forma urbana; mantiene un lazo simbólico con el Estado”, tal como lo explica el blog de geopolítica Hypergeo.
Por eso, en este artículo le explicamos cuál es realmente la capital de Bolivia, el contexto histórico por el que se desarrolló esto y las características de la ciudad principal de esta nación del Altiplano.
¿Cuál es la capital de Bolivia, Sucre o La Paz?
La Paz es el centro económico del país y cuenta con las sedes del poder Legislativo y la casa presidencial ahí. Por eso, a simple vista, se pensaría que es la capital oficial de Bolivia por poseer estas instituciones políticas y económicas.
Sin embargo, la Constitución Política de Bolivia del 2009 señala en su artículo 6 que, “Sucre es la Capital de Bolivia”. Esto quiere decir que, jurídicamente, el centro jurídico y judicial de esta nación es Sucre.
Ahora, en la práctica funciona diferente. Aunque se ponga por escrito que oficialmente Sucre es la metrópolis central del Estado, en general la población centra sus actividades en La Paz.
¿Por qué Bolivia tiene dos capitales?
Esto se origina por un antecedente histórico a finales del siglo XIX y fue por la Guerra Civil Boliviana. En este conflicto bélico, el bando liberal ganó la guerra y declaró La Paz, donde tenía más fuerza política el partido, como sede del Gobierno de la ciudad.
No obstante, a la vez, el bando conservador siguió manteniendo que Sucre era la capital principal. Al final, luego de un siglo XX, se determinó que esta sería la sede oficial, pero que el poder estaría distribuido con la ciudad de La Paz.
Adicionalmente, la tradición e historia del país ha hecho que se vea culturalmente como ciudades principales ambas urbes con sus diferencias de funciones.
¿Por qué es famosa Sucre, Bolivia?
Aparte de por ser la capital constitucional de Bolivia, se le reconoce por tener una altura similar a las de ciudades como Quito y Bogotá con más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Está al sur y combina zonas urbanas en su mayoría y rurales en 1.876 kilómetros cuadrados.
Por otro lado, su jerga y acento refleja sus valores conservadores, pues, de acuerdo con filólogos, es una de las zonas de América donde se habla el español más similar al de que se trajo desde Europa en la época de la conquista.
Su composición natural es famosa, ya que sus ríos están interconectados por las fuentes hídricas de Chico y Grande y la Cuenca del Plata.
 
 
 
 
CLAVES DE LA EXPANSIÓN Y EL PODER DE LA MINERÍA ILEGAL EN BOLIVIA
 
La minería ilegal en Bolivia se fortalece bajo el sistema de cooperativas, con un impacto significativo en la economía, la política y el medio ambiente en regiones como La Paz y el norte amazónico
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/ll76t)
 
La minería ilegal en Bolivia se esconde bajo el paraguas del sistema de cooperativas, sobre todo las auríferas, cuya fuerte expansión en los últimos años fue posible en parte por la incidencia del sector en la política y una debilidad institucional para controlar que estas actividades cumplan cabalmente con las normas.
Éstas son las claves para comprender esta problemática en el país andino: Las cooperativas son pequeñas asociaciones autónomas sin fines de lucro, pero en las dos últimas décadas ganaron poder económico y espacios en la política, principalmente como aliadas de los Gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta explicó a EFE que por las políticas gubernamentales en torno a la explotación del oro, se fomentó "un crecimiento de las cooperativas mineras y el desplazamiento de los capitales privados", lo que derivó "en mucha informalidad, mucha ilegalidad".
Según Zaconeta, de las casi 2.100 cooperativas que existen actualmente en Bolivia, 1.600 son auríferas y de estas, más del 60 % no tiene todos los trámites para operar en regla.
Al margen de no tener papeles al día, hay cooperativas legales que incurren en otras irregularidades, como explotar minerales pese a tener permiso solo para prospección y exploración, o arrendar sus concesiones a capitales privados nacionales o extranjeros, lo que está prohibido por ley.
También hay información de que actores privados o empresas unipersonales declaran su producción como la de una cooperativa para pagar menos regalías.
Los datos oficiales indican que el 60 % de las concesiones mineras son privadas, pero "del 100 % de la producción nacional, el 99,5 % está en manos de las cooperativas" según las cifras de 2024, señaló Zaconeta.
En 2022, Bolivia produjo 53,3 toneladas de oro por un valor de 3.073 millones de dólares, pero el Estado apenas recibió regalías por 63 millones, porque muchas cooperativas pagan la alícuota "más baja" alegando que su explotación es "marginal", agregó.
La ilegalidad está principalmente en el sector aurífero por el precio alto y porque la forma de explotación es más sencilla que en la minería tradicional, que tampoco está exenta de problemas, pues persiste el 'juqueo' o robo de estaño y zinc en yacimientos estatales en las regiones andinas de Oruro y Potosí.
La minería ilegal aurífera opera en los ríos del norte amazónico boliviano, donde hay territorios indígenas e importantes reservas forestales como los parques Madidi, Pilón Lajas Apolobamba y Cotapata.
Se conoce más sobre la contaminación por mercurio, por estudios que detectaron altos niveles de ese elemento en el organismo de indígenas que habitan en las riberas de los ríos amazónicos con actividad minera, sobre todo ilegal, debido a la ingesta de peces, fundamentales en la dieta de estas poblaciones y que hoy están contaminados.
Pero también hay operadores que "están procesando su oro utilizando cianuro", un elemento "altamente contaminante y nocivo" que afecta directamente a tierra, agua, aire y al ser humano, alertó Zaconeta.
Además, hay contaminación por el derrame de lubricantes y combustibles porque la maquinaria que se descompone se repara en los mismos ríos.
La expansión minera derivó también en la deforestación, por la necesidad de migrar del río donde se agotaron las arenas que contenían oro a terreno firme para realizar "una minería a cielo abierto".
Según Zaconeta, además hubo remoción de "grandes extensiones de tierra" para buscar oro, lo que provocó aludes durante la época de lluvias en municipios de La Paz como Apolo, o el desvío de cauces que terminó en desbordamientos e inundaciones en pueblos como Tipuani en la misma región.
Y donde hay minería "descontrolada", surgen otros problemas como el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, o la trata y tráfico de menores para explotación sexual evidenciada, por ejemplo, en el norte de La Paz.
Zaconeta sostuvo que es "difícil" controlar el poder de la economía ilegal en Bolivia por el "poder social y el control territorial que ejercen las cooperativas" y su influencia política en todos los niveles y estructuras del Estado.
Además, de 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativistas, frente a una "debilidad del Estado" para fortalecer sus propias operaciones o captar inversiones privadas.
Esa "debilidad" también existe en la fiscalización de las comercializadoras de minerales o los "socios" privados de las cooperativas que a veces también hacen de financiadores informales, sin que se conozca el origen de esos fondos.
El Gobierno de Luis Arce informó recientemente sobre al menos cinco operaciones con el Ministerio Público y la Policía contra la minería ilegal en La Paz, Pando y Oruro y anunció hace unos meses intervenciones en las áreas protegidas. Sin embargo, se desconocen los resultados concretos de estas acciones.