¿TE IMAGINAS HACER FILA 4 HORAS PARA COMPRAR POLLO Y 6 PARA CARGAR COMBUSTIBLE? ESTE ES EL MODELO SOCIALISTA QUE FRACASÓ EN BOLIVIA

La crisis en Bolivia se agudiza, filas interminables para comprar pollo y también combustible evidencian el fracaso de su modelo socialista.

La paciencia, como el pollo, se ha extinguido en La Paz, Bolivia. La imagen se repite en los mercados populares, ciudadanos formando filas de más de cuatro horas con la esperanza de conseguir un solo pollo para la familia.
Esta crisis de desabastecimiento, que ha vaciado frigoríficos y disparado la especulación, según analistas y el propio gobierno, la consecuencia directa de una ofensiva política lanzada por sectores sociales leales al expresidente Evo Morales, quien con angurria de poder, buscar ser candidato a las próximas elecciones.
Los bloqueos de carreteras en puntos estratégicos son la herramienta de esta pugna de poder.
Los bloqueos cortan el flujo vital de alimentos desde el oriente productor, principalmente la región de Santa Cruz, hacia los centros urbanos del altiplano, dejando a la capital política boliviana como principal rehén de una batalla que genera incertidumbre en el país socialista.
El costo humano de un conflicto político personal
En los mercados, el relato es de impotencia. Los puestos de venta están vacíos y los pocos productos que llegan por rutas alternas se venden a precios elevados.
“No hay pollo, y si hay, está por las nubes”, se queja una madre de familia en la fila. Mientras tanto, la Asociación de Avicultores (ADA) reporta pérdidas millonarias y advierte del riesgo de una mortandad masiva de aves por la falta de alimento en las granjas, una catástrofe económica en ciernes.
Este conflicto es una medida de presión orquestada por el “ala evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), que busca forzar al gobierno de su rival político, el presidente Luis Arce, a ceder en el campo judicial y electoral.
La angurria de poder que paraliza al país
Fuentes del gobierno y analistas políticos describen las movilizaciones como una manifestación de la “angurria de poder” del expresidente Morales, quien busca condicionar al Estado para asegurar su viabilidad como candidato en futuras elecciones, pese a las restricciones legales y constitucionales.
El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha sido enfático al calificar los bloqueos como un “chantaje” y un “atentado contra la seguridad alimentaria del pueblo boliviano”, afirmando que no se puede perjudicar a toda una nación por los intereses personales de un líder político, similar discurso aseveró el ministro de Justicia de Bolivia César Siles.
La estrategia busca generar un malestar social y económico tan agudo que obligue al gobierno de Arce a negociar.
El colapso económico que alimenta el conflicto
La bonanza boliviana, que durante más de una década fue el estandarte del “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, se ha terminado.
Dicho modelo, sustentado en los altos precios internacionales y la exportación masiva de gas, se ha vuelto insostenible. La drástica caída en la producción de gas natural ha secado la principal fuente de ingresos del Estado, provocando un efecto dominó devastador.
El indicador más alarmante es el desplome de las Reservas Internacionales Netas (RIN). De un pico superior a los 15 mil millones de dólares en 2014, las reservas líquidas de divisas se han reducido a niveles críticos, limitando severamente la capacidad del país para importar bienes y defender la estabilidad de su moneda.
Este agotamiento fiscal se ha convertido en el factor central del descontento social y la inestabilidad política que hoy se vive.
Filas por gasolina, escasez de dólares: la crisis múltiple
Las colas no son solo por el pollo. En las estaciones de servicio de todo el país, las filas de vehículos para cargar gasolina y diésel se extienden por kilómetros. Bolivia, al no ser autosuficiente, debe importar gran parte de estos combustibles, una operación que requiere dólares.
La aguda escasez de la divisa norteamericana ha creado un mercado negro donde su precio supera tres veces más la cotización oficial, encareciendo toda la cadena productiva y de transporte.
Esta crisis múltiple se siente en los bolsillos y en la vida diaria. La falta de dólares dificulta la importación de medicamentos e insumos médicos, mientras que las empresas luchan por conseguir divisas para pagar a proveedores internacionales.
La economía boliviana se encuentra en una encrucijada, asfixiada por la falta de combustible que mueva sus camiones y la falta de dólares que mueva su comercio.
El costo lo están pagando los ciudadanos de a pie que evidencian que el modelo económico que heredó Bolivia desde la gestión de Evo Morales ha fracasado.
Tv Azteca de México (https://n9.cl/dqpxk)
 
 
 
 
 
BOLIVIA ENTRE LA FRACTURA POLÍTICA Y LA ASFIXIA ECONÓMICA: ¿LLEGARÁ A LAS ELECCIONES DE AGOSTO?
 
Iberoeconomía de España (https://n9.cl/54tyq)
 
A inicios de este quinquenio, el expresidente Evo Morales aún apostaba al relato del “milagro económico boliviano”, promoviendo como su sucesor y garante de ese legado a Luis Arce, su entonces ministro de Economía y ahora presidente. Morales defendía los años de bonanza (2006-2014) como prueba de una gestión exitosa: crecimiento del PIB superior al 4%, inflación controlada (promedio de 5,2% anual), y una drástica reducción de la pobreza (del 60% en 2005 al 30% en 2018, según CEPAL).
Sin embargo, lo que alguna vez fue presentado como un modelo ejemplar de estabilidad macroeconómica hoy se ha desdibujado ante lo que muchos califican como una crisis múltiple: política, económica, institucional y social.
Un país atrapado en su polarización interna
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido hegemónico en Bolivia por más de 15 años, se encuentra hoy profundamente fracturado entre “evistas” (leales a Morales) y “arcistas” (leales al actual presidente Arce). Esta división no solo ha desestabilizado las bases del partido, sino que ha provocado una paralización política peligrosa, en un país donde las instituciones ya venían debilitándose desde la crisis poselectoral de 2019.
El politólogo boliviano José Luis Exeni lo resume con cuatro palabras: crisis, desconfianza, polarización e incertidumbre. A esto se suma una preocupante judicialización de la política: la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales por el Tribunal Constitucional, en medio de acusaciones de parcialidad y uso político del sistema judicial.
La economía boliviana: del «milagro» al colapso silencioso
En el plano económico, Bolivia atraviesa una situación crítica. La escasez de dólares ha obligado al Banco Central a restringir la venta de divisas. En un país que subsidia el precio de los combustibles desde hace dos décadas, esta escasez ha impedido la importación de gasolina y diésel, afectando al transporte, la agricultura y la producción alimentaria.
En 2024, el crecimiento del PIB se desaceleró hasta un 2,1%, la inflación acumulada cerró en 5,7% (según el INE boliviano), y las reservas internacionales netas cayeron por debajo de los 1.500 millones de dólares, el nivel más bajo en dos décadas. Para un país que en 2014 llegó a tener más de 15.000 millones en reservas, esto supone un golpe devastador.
A todo esto se suma la alta informalidad: más del 80% de los trabajadores bolivianos están fuera del sistema formal, según la OIT. Esto significa que cualquier alza en el costo de vida golpea directamente el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos, sin redes de protección efectivas.
Un clima social al borde del estallido
Marchas, bloqueos de carreteras y protestas en regiones clave como el Chapare —bastión cocalero y feudo de Evo Morales— han generado pérdidas económicas millonarias. El propio Ministerio de Economía reconoció que en 2023 los bloqueos causaron pérdidas por más de 1.000 millones de dólares. Para 2025, el panorama es aún más tenso.
La politóloga Ana Soliz advierte sobre la pérdida de control del Estado en varias zonas, y alerta del riesgo de enfrentamientos entre grupos indígenas o sociales aliados a Morales y Arce. La ciudadanía, entre tanto, vive en una incertidumbre de cortísimo plazo: «¿Habrá gasolina? ¿Habrá elecciones? ¿Alcanzará el dinero para comer?»
¿Y la oposición? Fragmentada y sin rumbo
Lejos de aprovechar el descontento popular, la oposición boliviana continúa dividida. Incapaz de presentar un candidato único o de articular un proyecto coherente, ha demostrado —según los analistas— estar más preocupada por disputas internas que por ofrecer una alternativa real al MAS.
Esto pone en riesgo incluso la legitimidad del proceso electoral previsto para el 17 de agosto de 2025. Si el Gobierno no garantiza las condiciones básicas —abastecimiento de combustible, paz social, un padrón electoral confiable y un árbitro imparcial—, existe el riesgo de un colapso institucional.
Lo que está en juego
“Garantizar elecciones justas y competitivas es hoy la única salida institucional viable”, coinciden Exeni y Soliz. Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre si los comicios se celebrarán y, de hacerlo, si contarán con condiciones mínimas de transparencia.
El próximo gobierno —sea quien sea— deberá enfrentar una agenda sumamente compleja: estabilizar la economía, restablecer la gobernabilidad, impulsar una reforma institucional profunda y recuperar la confianza pública. Y, para lograrlo, necesitará algo que hoy parece escaso en Bolivia: legitimidad democrática, capacidad de diálogo y acuerdos parlamentarios amplios.
En medio del colapso económico, la polarización radical y una justicia altamente cuestionada, la gran incógnita boliviana de 2025 no es solo quién ganará las elecciones, sino si estas llegarán a celebrarse.
 
 
 
 
 
ENTRE EL LAWFARE Y LA FUERZA BRUTA: LUIS ARCE BUSCA PERPETUARSE EN EL PODER EN EL CAOS BOLIVIANO
 
Canarias Semanal Org. de España (https://n9.cl/2e371)
 
Bolivia vive hoy uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Lo que comenzó como un proyecto de transformación social exitoso bajo el liderazgo de Evo Morales, ha degenerado en una distopía política donde el lawfare (guerra jurídica) y la brutal fuerza represora se han convertido en las herramientas predilectas de un gobierno que, lejos de representar los intereses populares, ha decidido entregar el país a los grupos oligárquicos mientras se blindan él y sus cómplices de cualquier consecuencia judicial por la perpetración de sus delictivos actos contra el pueblo boliviano.
Luis Arce, quien llegó al poder como supuesto continuador del proceso de cambio, ha demostrado ser un traidor a los principios que decía defender, perpetuándose con su camarilla de malhechores en el poder mediante mecanismos ilegítimos mientras Bolivia se hunde en una crisis económica sin precedentes que tiene al país al borde de la quiebra y el default.
El Lawfare como herramienta de exclusión política
El Gobierno de Arce ha instrumentalizado el sistema judicial para eliminar a toda oposición, especialmente aquella que proviene del mismo campo progresista que lo llevó al poder. El caso más emblemático es la exclusión ilegal de Evo Morales de las elecciones presidenciales de 2025.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), controlado por el oficialismo, reinterpretó la Constitución para limitar las reelecciones, prohibiendo así la candidatura de Morales bajo el argumento de que ya había gobernado más de diez años. Esta decisión, claramente política, fue tomada por magistrados «autoprorrogados» que permanecen en sus cargos de manera ilegal tras vencer su mandato constitucional. Sin embargo, la Constitución boliviana no niega la elección en periodos no consecutivos, como está sucediendo ahora con Lula Da Silva en Brasil o como podría suceder con Donald Trump en EEUU.
Pero la persecución no se limita a Morales. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y otra figura clave de la izquierda, también fue bloqueado cuando intentó inscribirse usando la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Dos jueces ordinarios, claramente alineados con el gobierno, ordenaron al Tribunal Electoral no permitir su inscripción. Como denunció el analista Armando Ortuño,
«Algunas instancias del Poder Judicial se han convertido en un suprapoder que está vulnerando la autonomía de las autoridades electorales".
Esta estrategia de lawfare no es nueva en América Latina, pero en Bolivia ha alcanzado niveles particularmente descarados. Como señaló la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández, cuando
«la política se apropia de la justicia, aprueba leyes inconstitucionales, con la complacencia de jueces serviles, concentran poder y logran la impunidad".
La farsa del «Autogolpe» y la militarización del control político
El intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el ex comandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha sido utilizado por Arce para justificar un mayor autoritarismo. Mientras el presidente denuncia que «solo la derecha y el fascismo» tratan de encubrir el golpe, sectores del propio oficialismo, incluido Evo Morales, han acusado al gobierno de orquestar un «autogolpe» para victimizarse y consolidar su poder.
Las sospechas no son infundadas. Zúñiga, quien amenazó públicamente con capturar a Morales días antes del intento golpista, mantenía una relación cercana con Arce —incluso jugaban baloncesto juntos los fines de semana— y fue ascendido pese a ser «uno de los peores oficiales de su promoción». Esta conexión sugiere que el gobierno pudo haber tenido algún nivel de complicidad o al menos conocimiento previo de los eventos.
Independientemente de su origen, el fallido golpe ha servido para que Arce intensifique el control militar sobre la sociedad. El gobierno ha desplegado efectivos en puntos fronterizos bajo el pretexto de combatir el contrabando, pero en realidad estas medidas buscan acallar el descontento popular que crece ante la crisis económica. Como admitió el propio Arce, pidió a las Fuerzas Armadas que lo defendieran del «golpe blando» que, según él, planea la oposición.
Crisis económica: el telón de fondo del autoritarismo
Mientras Arce se blindaba judicial y militarmente, Bolivia se hundía en la peor crisis económica en décadas. La inflación acumulada alcanzó el 9.97% en 2024, la más alta desde 2008, mientras el boliviano se depreció hasta cotizarse a 20 por dólar en el mercado paralelo, frente al tipo de cambio oficial de 6.96. Esta devaluación implícita de más del 65% ha devastado el poder adquisitivo de los bolivianos.
Los supermercados exhiben estantes vacíos y productos básicos como aceite, arroz y papel higiénico con precios prohibitivos. La escasez de dólares ha paralizado las importaciones, llevando a muchos comerciantes a la quiebra. En la frontera con Perú, el contrabando se ha disparado mientras los bolivianos buscan desesperadamente soles peruanos, una moneda más estable.
Ante este colapso, el gobierno respondió con 11 medidas y 7 decretos que, lejos de resolver los problemas estructurales, profundizan el control estatal: desde patrullajes militares en fronteras hasta procesamientos por «agio y especulación». Estas medidas represivas contrastan con la incapacidad de Arce para industrializar el país y sustituir importaciones como prometió.
La fractura del MAS y la traición final
El Movimiento al Socialismo (MAS), otrora fuerza hegemónica de la política boliviana, hoy está irreconociblemente fracturado. Arce se apropió de las siglas mediante turbias maniobras judiciales usando la complicidad de muchos estómagos agradecidos y aquellos que se vendieron porque esperaban serlo, mientras Morales quedó marginado del partido que él mismo fundó. Es más si hoy Evo está vivo es porque los planes de magnicidio fracasaron estrepitosamente.
Esta ruptura no es ideológica, sino de intereses: mientras Morales sigue representando a los sectores populares, Arce ha optado por aliarse con los poderes fácticos que antes denunciaba. Y no, que nadie vea estos hechos como una pelea fratricida entre facciones políticas donde lo mejor es no pronunciarse a ver qué pasa, porque lo que acontece en Bolivia es una lucha entre la democracia popular y la oligarquías y las clases dominantes, que es donde quieren pescar votos tanto el nuevo MAS, como otras candidaturas supuestamente progresistas.
El gobierno ha convertido al impostado MAS en una herramienta de su proyecto personal. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Arce, represor popular donde los haya y que sueña con ser el Bukele boliviano, fue proclamado candidato presidencial del oficialismo en un congreso absolutamente ilegal saltándose incluso los estatutos del propio movimiento, mientras Eva Copa, alcaldesa de El Alto y otra figura del arcismo, creó su propio partido (Morena). Todos ellos, incluyendo a Arce (que se postula para un escaño en el Senado que lo blinde 4 años), pertenecieron al MAS pero hoy representan intereses distintos y hasta contrapuestos.
Corrupción institucionalizada
El escándalo de corrupción que involucra al hijo menor del presidente, Rafael Arce Mosqueira, ejemplifica el doble discurso del régimen. En 2021, con apenas 25 años y sin historial laboral que justifique tal fortuna, adquirió el predio «Adán y Eva» en Santa Cruz por 3.3 millones de dólares.
Durante la «pausa ambiental» decretada por su padre en 2024, cuando Bolivia enfrentaba una crisis de incendios forestales, 182.6 hectáreas de este terreno protegido fueron ilegalmente deforestadas y quemadas para convertirlas en cultivos. Las imágenes satelitales son contundentes, al igual que los permisos exprés que recibió de la Autoridad de Bosques y Tierras para legalizar este ecocidio. Como coincidencia sospechosa, el Estado construyó un puente de 148 metros sobre el río Piraí, a solo 15 km de la propiedad, con una inversión de 21.7 millones de bolivianos, obra que durante años había sido postergada.
Este patrón de corrupción se extiende a otros ámbitos. Denuncias periodísticas señalan que la familia presidencial se habría enriquecido mediante negocios turbios vinculados a YPF-B y la importación de hidrocarburos. Mientras comunidades indígenas son criminalizadas por defender sus territorios, los allegados al poder pueden deforestar selva impunemente, acumular propiedades cuestionables y acceder a contratos públicos privilegiados.
Seis ministros del gobierno de Arce han renunciado por casos de corrupción, demostrando que estos no son hechos aislados sino parte de un sistema de saqueo institucionalizado.
La Resistencia Popular es la esperanza
Frente a este escenario desolador, el pueblo boliviano no ha permanecido pasivo. Las movilizaciones contra el gobierno crecen, los transportistas, cocaleros y otros gremios anuncian bloqueos, y la resistencia se organiza. Como dijo Arce sin darse cuenta de la ironía:
«El pueblo nos puso aquí en Casa Grande y el único que nos va a sacar es el propio pueblo».
Ese mismo pueblo que está siendo encarcelado, torturado y al que priva de sus derechos fundamentales. Arce debería dimitir inmediatamente, aunque el resto de golpistas no se lo va a permitir, les va la vida y la fortuna personal en ello. Ahora de nuevo el Lucho intenta encarcelar a Evo Morales por terrorismo por supuestamente organizar protestas sociales, una prerrogativa —las protestas— protegida en la mayoría de estados democráticos y prácticamente el deporte nacional boliviano.
La oligarquía fascista que hoy controla Bolivia mediante Luis Arce podrá haber ganado batallas mediante el lawfare y la fuerza bruta, pero la guerra por la verdadera democracia está lejos de terminar. El pueblo boliviano, que derrotó dictaduras y golpes en el pasado, seguramente encontrará el camino para liberarse también de este gobierno traidor que, vestido de progresismo, ha entregado el país a los peores intereses.
 
 
 
 
 
BOLIVIA, EL FIN DE UNA ERA: PROTESTAS ANTE LA EXCLUSIÓN DE EVO MORALES DE UNOS COMICIOS CLAVE CON LA DERECHA EN CABEZA
 
Con la izquierda dividida y enfrentada, la derecha encabeza las encuestas para las elecciones del 17 de agosto en Bolivia, algo que no ocurría hace 23 años. En un lejano séptimo lugar (2,3%) está el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS)
 
El Diario de España (https://n9.cl/yxg7h)
 
Máxima tensión en Bolivia. Las rutas que conectan el centro con la parte occidental del país están bloqueadas desde hace una semana por cocaleros y otras organizaciones sindicales relacionadas con el expresidente Evo Morales. Manifiestan su descontento por el veto a la reelección del líder indígena, que lo deja fuera de los comicios del 17 de agosto. Exigen, además, la renuncia del actual mandatario, Luis Arce, debido a la profunda crisis económica que azota al país, con una inflación de casi el 10% en lo que va del año. A esto se han sumado otras manifestaciones independientes de diferentes sectores en varias ciudades, en un contexto en el que la reducción en la venta de gas ha provocado falta de dólares, alza de precios y escasez de combustible.
En su intento por despejar las carreteras, la policía ha mantenido duros enfrentamientos con los grupos evistas. Una vez expeditas las vías, los manifestantes vuelven a establecer los puntos de bloqueo. Como respuesta, el Gobierno ha movilizado desde el domingo un contingente de 500 uniformados, entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas.
“No se debe hacer uso de armas de fuego para reprimir. Hay muchas formas de dispersar; la menos inteligente será disparar a quemarropa. El Estado debe buscar otras vías de pacificación. Tocará hacer ciertos acuerdos con el evismo”, dice a elDiario.es la politóloga Natalia Aparicio.
La situación ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a “monitorear” las manifestaciones, de acuerdo con un comunicado de la institución difundido en redes sociales. En el mismo texto insta al Estado a “observar los estándares interamericanos sobre protestas y derechos humanos, y a facilitar un desarrollo pacífico de las manifestaciones”. También en la red X, Morales denunció ante la comunidad internacional el desplazamiento militar, que, según él, se realiza sin “justificación legal y constituye una grave amenaza al orden constitucional y a la paz social”.
El presidente Arce se ha defendido argumentando que el objetivo de Morales es desestabilizar y convulsionar el país. Una sentencia que ha sido secundada por los candidatos presidenciales. El ministro de Justicia, César Siles, formalizó el viernes una denuncia contra el líder cocalero ante la Fiscalía por ocho delitos, entre ellos los de terrorismo e instigación pública a delinquir. La decisión fue tomada después de que un dirigente campesino presentara a la prensa un supuesto audio de Evo en el que ordena presionar con movilizaciones a La Paz, sede de Gobierno: “Es con todo, hermanos. Es la batalla final. Yo veo que la situación va a empeorar. Al Lucho [Arce] no le cree nadie”, se escucha.
Las nuevas acusaciones agravan aún más la situación legal del expresidente. Tiene un proceso pendiente por un presunto abuso a una menor, por el cual, al no presentarse a declarar, pesa sobre él una orden de aprehensión. El caso fue investigado hace cinco años sin resultados y reabierto a inicios de este como parte de la persecución judicial que mantiene Arce contra su predecesor desde que marcaron diferencias en 2022. Las aspiraciones de volver a la silla presidencial que ocupó por 13 años (2006-2019) se terminaron de hundir el viernes pasado, cuando no figuraba en la lista oficial de los 10 candidatos que publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La inhabilitación de Morales se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2023 que establece que presidente y vicepresidente no pueden ejercer más de dos mandatos, sean continuos o no. La confirmación de su exclusión en los comicios se traducirá en un recrudecimiento de las protestas, según el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Lorgio Orellana.
“La intervención del Ejército podría contribuir a radicalizar el conflicto”, apunta. A pesar de que aún no se han registrado enfrentamientos durante el despliegue militar, ya han sido detenidos más de 30 manifestantes. Además, Morales sostuvo en una entrevista de radio que “esta semana es decisiva (…) se juega pueblo versus imperio”.
Informe FMI
A la preocupación política se suma la económica. La población recibió la semana pasada con temor el examen anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluye una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) y un elevado déficit fiscal. Gran parte de las esperanzas están depositadas en el cambio que puede significar un nuevo gobierno después de los comicios de agosto, los más importantes de los últimos 20 años, según analistas y los propios candidatos.
“Se trata de un periodo de alta volatilidad política, que se expresa en las encuestas mediante una gran fragmentación de las preferencias electorales y una importante concentración de intención de voto blanco, nulo y de indecisos”, interpreta Orellana.
La primera encuesta realizada por una empresa avalada por el TSE está encabezada por dos postulantes de derecha, algo que no ocurría hace 23 años en el país andino. Se trata de Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, con un 19,1% y un 18,4% de intención de voto, respectivamente. En tercer lugar se posiciona, con 14,2%, Andrónico Rodríguez, pupilo de Morales que decidió tomar su propio camino en solitario y en quien se concentra el optimismo de la izquierda. En un lejano séptimo lugar (2,3%) está el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato a Arce, pero que —debido a su baja popularidad— le cedió la postulación a su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Los indecisos, nulos y blancos suman el 27%.
Tablero político
“El discurso de Tuto es más radical y tiene entre sus filas a personajes como el empresario libertario Branko Marinkovic [ministro durante el mandato de Jeanine Áñez]. Doria es más de centroderecha, con muchos guiños a sectores con tendencia progresista”, analiza Aparicio. El primero, de 64 años, fue vicepresidente (1997-2001) del dictador militar Hugo Banzer, en un segundo periodo al que llegó por elecciones democráticas.
Doria, un año mayor, fue ministro de Planeamiento en 1991, donde impulsó reformas de libre mercado y privatizaciones. Tuto es un acérrimo enemigo de la producción de la hoja de coca y, por su cercanía a Washington, está dispuesto a llevar de vuelta a la región del Chapare —bastión político de Morales— a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“Si viene un gobierno reaccionario, la violencia va a escalar y se profundizará la crisis económica y social. Es fundamental evitar la radicalización”, advierte la analista Aparicio. Al otro lado del espectro ideológico está Rodríguez, que a sus 36 años es presidente del Senado. Sus colegas legisladores reconocen su capacidad de negociación y en sus discursos evoca constantemente una izquierda más “democrática y renovadora” que la de su mentor, Evo.
“Los pronunciamientos de Rodríguez indicando que hay que seguir el legado de Morales parecen invitar a una posible aproximación hacia el evismo. De haber un acuerdo entre Evo y Andrónico, las manifestaciones de campesinos podrían encontrar un canal de expresión mediante la política oficial que desactivaría sus movilizaciones. Pero esto no es seguro”, aporta Orellana.
Del Castillo, por su parte, intentará resucitar al MAS. Su modelo de seguridad, con un fuerte control estatal, a veces contra cocaleros, provocó el disgusto de Evo y fue el primer detonante de su ruptura con el Gobierno de Arce. Lo que une a todos los candidatos es su resignación a adoptar medidas de contención del gasto público para paliar la crisis. Expone Orellana: “Suba quien suba al poder, es previsible que se tomen medidas drásticas de disciplina fiscal. El criterio de distinción entre izquierda reformista y derecha oligárquica ya no es una matriz adecuada para interpretar la política oficial”.
 
 
 
 
 
ASPIRACIONES DE PODER DE EVO MORALES DEJAN HERIDOS TRAS ENFRENTAMIENTOS EN BOLIVIA
 
Un violento ataque en Llallagua, Potosí, deja un saldo de al menos 32 heridos. Grupos afines a Evo Morales utilizaron dinamitas y armas en enfrentamientos.
 
Tv Azteca de México (https://n9.cl/gtg2y)
 
La ciudad minera de Llallagua, en el departamento de Potosí, en Bolivia se convirtió este martes en un campo de batalla. Un violento ataque perpetrado por grupos afines al expresidente Evo Morales contra la población local se saldó con un balance de al menos 32 personas heridas.
El estruendo de dinamitas, petardos y el impacto de piedras contra edificios públicos y comercios marcaron la jornada.
La Defensoría del Pueblo, a través de su máxima autoridad, confirmó la cifra de heridos que fueron evacuados a distintos centros hospitalarios.
“Es una lástima que tengamos más de 32 personas heridas en Llallagua. Estamos rayando en lo irracional”, declaró el defensor, Pedro Callisaya, quien además señaló que “no podemos, bajo el pretexto del derecho a la protesta, ocultar situaciones ilegítimas e ilegales”.
Tensión acumulada y conflicto continuo
El violento episodio marca nueve días de bloqueos de carreteras impuestos por los sectores “evistas”. La paciencia de los habitantes de Llallagua se agotó, llevando a vecinos y transportistas a organizar una marcha para exigir el fin de una medida de presión que asfixiaba su economía y libre circulación.
La respuesta de los bloqueadores fue un ataque directo al corazón de la ciudad, que incluyó saqueos y daños materiales significativos, desatando el caos.
El Viceministerio de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó la escalada del conflicto, informando no solo de los heridos sino de un hecho aún más grave: el uso de armas de fuego por parte de los bloqueadores para enfrentar a las fuerzas del orden que intentaban restablecer la calma.
Una demanda inconstitucional
El trasfondo de esta grave confrontación es una demanda de carácter político. Los grupos movilizados exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las próximas elecciones, una petición que choca frontalmente con la institucionalidad del país.
Su demanda desconoce un fallo constitucional vigente que limita la reelección a un máximo de dos mandatos, ya sean continuos o discontinuos.
En tanto, la crisis política, social y económica en el país altiplánico continuan la población en general sientes sus efectos inmediatos de un partido político como el Movimiento Al Socialismo (MAS) desgastado y descuartizado por pugnas internas.
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO. BOLIVIA: DE TRAICIONES Y REVOLUCIONES
 
“Las elecciones permiten cambiar gobiernos, las revoluciones pueden cambiar Estados”.
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://n9.cl/4zzd3)
 
En 1965, en el mes de octubre, Laureano Machaca, Aymara, fue emboscado y asesinado, su delito fue el haber iniciado un proceso de autodeterminación al interior del proceso revolucionario iniciado en 1952.
El liderazgo de Laureano Machaca, se inscribe en la columna vertebral de la resistencia a la explotación colonial iniciada por Manco Inca, allá por el año 1500. Esta resistencia anticolonial, aparentemente se había resuelto con la llegada al gobierno de Bolivia del primer presidente indígena. Se puede estar de acuerdo o no con los 14 años de gobierno del MAS-IPSP, pero, como siempre hemos sostenido los pueblos y naciones originarias, durante este proceso, han quebrado el monopolio de la acción política y este es un punto de no retorno y eso activó a los poderes económicos, sociales, institucionales, cimentados en clave colonial y ligados a los intereses geopolíticos de EEUU.
El conflicto actual refleja esa pulsación de la lucha anticolonial, el haber negado la participación electoral a los representantes de Pueblos y naciones indígenas, nucleadas en la CIDOB es una demostración fáctica de lo que sostenemos, además está la historia como testimonio de las masacres campesinas en oriente y occidente, está el racismo colonial en la dramática “hazaña” de la inculta Charcas en el año 2008.
El conflicto presente, se inscribe en esta lucha de resistencia, fuera de la forma y el discurso de “los apetitos personales de Evo Morales” instalado desde el año 2018, los actores colectivos siguen siendo aymaras y quechuas con enclaves de población urbana, que conforman lo que podemos llamar el bloque de lucha anticolonial.
Quienes son los reprimidos y encarcelados, si no quéchuas y aymaras, “indios salvajes y paganos” como señalaron los colonizadores, sus hijos y nietos que oficiaron de intelectuales republicanos y cerquita en el año 2019 fue repetida por una presidenta golpista. Ese imaginario de “indios salvajes” construido desde el racismo colonial, hoy remueve esa falsa conciencia de los enclaves blanquecinos urbanos que amasaron fortunas despojando territorios, explotando “indios” y manejando el gobierno del Estado.
El limitado campo de análisis de cierto marxismo fundamentalista ha impedido una creativa complementariedad entre la lucha anticolonial y la lucha de clases, esta incomprensión ha determinado tragedias como la de Teoponte o Ñancahuazú, y en este último caso añadimos la traición como un elemento central, al igual que en la gesta de Laureano Machaca y es que la traición, esa práctica venal de los instintos humanos, motivado por cálculos personales, ha sido y es el principal motivo para frenar proyectos de liberación nacional, la inconsistencia ideológica, la lisonja aduladora, y la motivación económica, son los puntos de partida para una traición.
Felipe Quispe fue víctima de una traición y nos había prevenido que esa conducta se encontraba en el seno mismo del “proceso de cambio”, pero los intelectuales blanquitos, se ocuparon de anular al “radical indianista” que demostró su radical oposición al neoliberalismo. Nunca es tarde para aprender, por eso la presente crisis debe ser entendida en la matriz de la permanente resistencia al colonialismo como estructura estatal, sólo de esa manera superaremos las constantes traiciones y derrotas, que postergan la construcción de un Estado descolonizado.
Mientras no tengamos clara consciencia que somos parte de una contradicción anterior a la formación del capitalismo moderno como pensamiento económico social dominante, nuestra mirada a la realidad de nuestro país y el continente será limitada y sin posibilidad de ser superada.
Los momentos de crisis son momentos de intenso aprendizaje, de acumulación de fuerza social y consciencia que en un futuro próximo nos permita avanzar en transformar el Estado, no cambiar solamente el gobierno. Las elecciones permiten cambiar gobiernos, las revoluciones pueden cambiar Estados.
 
 
 
 
 
COMERCIANTES DE BOLIVIA BUSCARON VENDER SUS PRODUCTOS EN LA FRONTERA DE PERÚ, PERO FUERON EXPULSADOS: “¡VÁYANSE!"
 
A gritos y empujones, vendedores peruanos expulsaron a decenas de comerciantes bolivianos de una tradicional feria de Puno, donde los extranjeros buscaban generar ingresos ante la grave crisis económica que atraviesa su país
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/irdpd)
 
Un violento episodio de tensión social se vivió en la ciudad fronteriza de Yunguyo, en la región peruana de Puno, cuando comerciantes peruanos expulsaron a un grupo de vendedores bolivianos que participaban en una feria local.
El incidente ocurrió la mañana del último domingo 9 de junio, en el parque Isaac Chamorro, donde los ciudadanos bolivianos, afectados por la grave crisis económica que atraviesa su país, cruzaron la frontera hacia Perú buscando generar ingresos con la venta de sus productos, especialmente ropa.
Como consecuencia de la devaluación de la moneda boliviana y la preferencia por el sol peruano y su estabilidad, los productos ofrecidos por los vendedores bolivianos suelen tener precios significativamente más bajos que los de los productores locales, lo que genera una situación de competencia desleal en el mercado.
Según testigos y videos difundidos por los propios asistentes, la jornada comenzó en calma y con el flujo habitual de compradores y vendedores. Sin embargo, con el avance de las horas, un grupo de comerciantes peruanos se mostró incómodo por la presencia de los extranjeros y decidió intervenir de manera directa. Los peruanos, agrupados en una asociación del parque Isaac Chamorro, increparon a sus pares bolivianos con gritos y frases como “Váyanse, váyanse ya”, “Vamos a limpiar todo” y “Ahí está la feria boliviana, váyanse”.
Este acto de expulsión ocurrió a la vista de clientes y transeúntes. No se reportaron personas heridas, aunque el ambiente en el parque se tornó hostil y tenso tras los empujones y gritos. Finalmente, los comerciantes bolivianos recogieron sus mercaderías y abandonaron el lugar por la presión de los locales.
El trasfondo de este fenómeno responde a la crisis profunda que atraviesan miles de comerciantes bolivianos, quienes se han visto forzados a cerrar sus negocios en su propio país debido a la caída de las ventas, la escasez de divisas para importar productos y el elevado costo de los insumos, lo que dificulta la continuidad de sus actividades. Ante esta situación, muchos buscan alternativas laborales en zonas limítrofes como Puno, donde intentan comercializar sus mercancías y generar ingresos para sus familias.
Competencia desleal en la frontera de Perú
Si bien la presencia de ciudadanos bolivianos en Perú, motivada por la necesidad de adquirir soles y luego dólares como refugio ante la devaluación de su moneda, no afecta directamente la economía local, la crisis en Bolivia está generando un fenómeno más preocupante.
El agravamiento de la situación económica, sumado a las protestas que paralizan las actividades en el país altiplánico, ha provocado que cada vez más bolivianos crucen la frontera hacia territorio peruano. Esto, a su vez, facilita el ingreso de productos bolivianos a través del contrabando, intensificando la competencia desleal contra los productores peruanos.
Artículos como huevos, harinas y carnes llegan al mercado peruano a precios inferiores, lo que beneficia a los consumidores pero perjudica gravemente a los comerciantes y agricultores locales.
Gremios como la Asociación de Productores de Huevos del Sur (Aprohsur) advirtieron que el contrabando se ha incrementado desde junio del 2024, vulnerando la estabilidad productiva y poniendo en riesgo la salud pública, ya que estos productos ingresan sin controles sanitarios. Mientras los productores peruanos cumplen con normativas exigentes, el comercio informal acentúa la desventaja y amenaza tanto la economía agraria como el bienestar de la población.
Aunque Bolivia intenta frenar el contrabando de productos de la canasta familiar hacia el Perú, en una clara lucha por frenar el desabastecimiento en sus mercados y el acopio, lo cierto es que otros productos fabricados en el país altiplánico, como prendas de vestir, calzado y artículos textiles, ingresan sin ninguna restricción al territorio peruano.
 
 
 
 
 
EN BOLIVIA, CRISIS ECONÓMICA PROVOCA MARCHAS POR ALZA EN LA CANASTA FAMILIAR: ¿CUÁNTO SE PAGA POR ALIMENTOS BÁSICOS EN SOLES PERUANOS?
 
La inflación en Bolivia alcanzó un 3,65% en mayo, con un incremento acumulado del 9,81% en el año, según el Instituto Nacional de Estadística. Este aumento se atribuye al encarecimiento de productos esenciales.
 
La República de Perú (https://n9.cl/7lfc06)
 
La situación económica en Bolivia atraviesa un momento crítico. En los últimos días, miles de amas de casa y ciudadanos han salido a las calles en distintas regiones del país para protestar por el aumento de precios en productos de la canasta básica, como el aceite, el pollo, el azúcar, el pan y otros alimentos esenciales. Este encarecimiento ha sido atribuido, en gran parte, a los bloqueos internos liderados por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual mandatario Luis Arce, además de rechazar la inhabilitación de Morales como candidato para las próximas elecciones presidenciales.
La crisis económica y social boliviana sigue en desarrollo, con consecuencias que trascienden sus fronteras y generan inquietud en la región andina. En el caso del Perú, llama la atención sobre, cuál sería el costo en moneda peruana, la venta de los actuales productos bolivianos.
Crisis en Bolivia: productos de canasta básica suben de precio, ¿cuánto equivale en moneda peruana?
En mayo, Bolivia experimentó una inflación mensual del 3,65%, la más elevada en lo que va del año, con una variación acumulada del 9,81%, según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento fue motivado principalmente por el alza en los precios de alimentos esenciales y productos de consumo diario.
Por ejemplo, el precio del pollo se ha elevado drásticamente, actualmente un pollo entero cuesta entre 85 y 90 bolivianos, que al tipo de cambio a soles representaría aproximadamente 47 soles. Del mismo modo, el aceite de cocina sufre una preocupante escasez, una botella de este producto se vende en hasta 19 bolivianos, que al tipo de cambio en Perú, son alrededor de 10 soles el litro. Esto representa un claro ejemplo de que los productos de la canasta familiar boliviana están encarecidos.
¿Cuánto equivalen 200 soles peruanos en bolivianos?
En la actualidad, el tipo de cambio entre el sol peruano y el boliviano permite estimar que 200 soles peruanos equivalen aproximadamente a 379 bolivianos. Esta conversión se basa en el tipo de cambio promedio vigente, aunque es importante recordar que dicho valor puede variar ligeramente según el día, la entidad cambiaria y la zona geográfica donde se realice la operación.
En regiones fronterizas entre Perú y Bolivia, como Desaguadero o Puno–La Paz, el cambio puede verse influido por la oferta y la demanda local, generando tasas más altas o más bajas respecto al cambio oficial. En algunos casos, las casas de cambio o los cambistas informales pueden ofrecer tasas menos favorables, mientras que en centros urbanos el cambio tiende a ser más estable y transparente.
Subió el sueldo mínimo en Bolivia: ¿cuánto equivale en Perú?
El salario mínimo en Bolivia fue elevado a 2.750 bolivianos, lo que, al tipo de cambio actual, representa aproximadamente S/1.453 soles peruanos. Esta cifra supera a la remuneración mínima vital vigente en el Perú, que se mantiene en S/1.130 soles.
Aunque la comparación entre ambos países debe considerar diferencias en el costo de vida, inflación y poder adquisitivo, la brecha en cifras nominales ha llamado la atención, especialmente en zonas fronterizas donde se realizan transacciones y actividades comerciales entre ciudadanos de ambos países.
 
 
 
 
 
NI MÉXICO, NI VENEZUELA: ESTE ES EL PAÍS DE LATINOAMÉRICA QUE HA RECHAZADO EL INTERNET DE ELON MUSK A PESAR DE TENER UN MAL SERVICIO
 
Bolivia se negó a darle acceso a Starlink en su territorio, aun cuando su servicio de Interner no es de buena calidad y su población luce desesperada por una mejor conexión.
 
AS de España (https://n9.cl/l869w)
 
Starlink ofrece internet por satélite para varios países del mundo. Desde su lanzamiento en 2019, la compañía de Elon Musk se ha posicionado como una de las más prominentes en el rubro de las telecomunicaciones. Actualmente, Starlink cuenta con más de 7,000 satélites alrededor del mundo.
¿Cómo funciona Starlink?
Según explica la compañía a través de su sitio web, Starlink es la primera y más grande constelación satelital del mundo que usa una órbita terrestre baja para ofrecer Internet de banda ancha.
“Mediante el uso de satélites avanzados y equipos de usuarios junto con nuestra amplia experiencia con naves espaciales y operaciones en órbita, Starlink ofrece internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo”, se lee en la descripción del servicio.
Ni México, ni Venezuela: este es el país de Latinoamérica que ha rechazado el Internet de Elon Musk a pesar de tener un mal servicio
Gracias a su capacidad de llevar internet a los lugares más remotos, Starlink cuenta con servicio en diversos países alrededor del globo. Sin embargo, no todos le han dicho que sí. Recientemente, Bolivia se negó a darle acceso a Starlink en su territorio, aún cuando su servicio de Interner no es de buena calidad y su población luce desesperada por una mejor conexión.
“A veces, la gente tiene que subirse a un árbol o a una roca para captar la señal”, señala Patricia Llanos, profesora universitaria y geógrafa de Bolivia. “Es un gran problema para nosotros”.
El motivo por el que Bolivia se ha negado a concederle una licencia de operación a Starlink se debe a “su preocupación por el dominio descontrolado que el servicio ejerce en todos los lugares donde se ha establecido”, explica el New York Times. En su lugar, el territorio ha optado por confiar en su propio satélite de fabricación china.
Bolivia no es el único territorio que ha bloqueado el acceso a Starlink. La empresa también ha enfrentado bloqueos en el Caribe, Europa y Sudáfrica.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ENTRE LA SOBERANÍA DIGITAL Y EL ACCESO A INTERNET: ¿AVANCE O RETROCESO?
 
Prensa Mercosur Org. (https://n9.cl/3hq3q)
 
En una era donde la conectividad digital marca la diferencia entre la inclusión y el rezago, Bolivia ha tomado una decisión que ha generado tanto desconcierto como debate. A pesar de contar con una de las conexiones a internet más lentas de Sudamérica, el país ha rechazado la entrada de Starlink, el innovador servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk. En su lugar, el gobierno boliviano ha optado por seguir apostando por su veterano satélite Túpac Katari, lanzado hace más de una década con tecnología china. Esta postura, que privilegia la soberanía tecnológica sobre la inmediatez de la mejora en conectividad, plantea interrogantes profundos sobre el rumbo digital del país.
La negativa a otorgar una licencia de operación a Starlink ocurre en un contexto nacional en el que la brecha digital es evidente. En Bolivia, cargar una página web puede tomar minutos, y en muchas zonas rurales los ciudadanos aún deben subir a los árboles para captar una señal móvil decente. A pesar de esta situación crítica, las autoridades bolivianas han preferido mantener su dependencia del satélite Túpac Katari, que ya bordea los límites de su vida útil con apenas tres años de combustible restante.
Esta decisión ha sido justificada con argumentos de defensa de la soberanía nacional. Según Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial, permitir el ingreso de Starlink sin una regulación clara representaría un riesgo, ya que la empresa norteamericana cuenta con una ventaja tecnológica abrumadora y podría imponer condiciones comerciales desiguales. En otras palabras, abrirle la puerta a Musk significaría perder el control sobre una infraestructura crítica para el país: su comunicación digital.
El dilema se agrava si se toma en cuenta que países vecinos como Brasil, Perú y Chile han optado por integrar el servicio de Starlink, ampliando de forma acelerada el acceso a internet en áreas remotas. Esta disparidad podría aumentar aún más la desigualdad tecnológica regional y limitar las oportunidades para millones de bolivianos, especialmente en educación, salud y gestión de emergencias, donde el acceso a internet se ha vuelto esencial.
La postura boliviana, aunque defendida con tintes patrióticos, no está exenta de riesgos. El Túpac Katari, al borde de su obsolescencia, no podrá competir por mucho tiempo con las nuevas tecnologías de órbita baja que ofrecen mayor velocidad, menor latencia y una cobertura más estable. En este sentido, la apuesta gubernamental se presenta más como una decisión política que como una estrategia de desarrollo a largo plazo.
El rechazo de Bolivia a Starlink simboliza un dilema más amplio entre mantener el control soberano sobre las telecomunicaciones o integrarse a un ecosistema global de conectividad liderado por actores privados con gran influencia. Aunque la defensa de la soberanía digital es comprensible —y necesaria en un mundo donde los datos se han convertido en un recurso geopolítico—, cerrar la puerta a soluciones tecnológicas más eficientes podría significar un retroceso para un país que necesita urgentemente reducir su brecha digital.
A medida que el Túpac Katari se acerca a su final operativo, Bolivia tendrá que repensar su estrategia digital. Tal vez el futuro no esté en rechazar por completo a los gigantes tecnológicos, sino en negociar acuerdos equilibrados que garanticen tanto conectividad de calidad como autonomía nacional. Porque, en el siglo XXI, tener internet no es un lujo ni una concesión, sino un derecho fundamental para el desarrollo.
 
 
 
 
 
ANTOFAGASTA FUE CLAVE EN MEGAOPERATIVO QUE INTERCEPTÓ DROGA BOLIVIANA CON DESTINO A LA CAPITAL
 
El trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía SACFI permitió desarticular una organización criminal transnacional, incautar más de 239 kilos de cannabis sativa y detener a cuatro personas que operaban entre Bolivia, el norte de Chile y Santiago.
 
El diario de Antofagasta (https://n9.cl/vkjoeg)
 
La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, en un trabajo en conjunto con diversas unidades especializadas del norte y centro del país, ejecutó el operativo “Puerto Hierro”, el cual permitió la detención de cuatro personas y la incautación de una importante cantidad de droga de origen boliviano, para ser distribuida en la Región Metropolitana.
El procedimiento policial en coordinación con la Fiscalía SACFI de Antofagasta, en el marco del Artículo 3° de la Ley N° 20.000, tuvo como resultado la incautación de más de 239 kilos de cannabis sativa, equivalentes a miles de dosis que iban a ser comercializadas en la capital.
Al respecto, el jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, Prefecto Inspector, Mauricio Jorquera Ramírez, precisó que: “La investigación basada en un trabajo de campo por parte de los detectives junto al Ministerio Público, logró establecer que se trataba de una organización delictual de carácter transnacional, con operaciones que se iniciaban en Bolivia y se extendían por las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana. La droga ingresaba al país por pasos no habilitados del norte, para luego ser trasladada por transportistas reclutados hacia la zona central, donde un receptor en Santiago coordinaba su distribución”.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo investigativo realizado por SACFI y BRIANCO, que permitió detectar las actividades de la organización y a partir de eso ejecutar múltiples diligencias en distintas regiones para detener a los involucrados.
“Lo importante acá es que estamos frente a una investigación de largo aliento, que son justamente aquellas que permiten acumular más medios de prueba para acreditar figuras penales más complejas”, dijo el persecutor, quien no descartó formalizar a los detenidos, además del tráfico de drogas, por el delito de asociación criminal.
Los cuatro detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad colombiana —uno de ellos en situación migratoria irregular y otro con antecedentes por la Ley 20.000—, fueron interceptados durante el operativo, que también permitió la incautación de especies relevantes para la investigación:
Cabe destacar que contamos con una acción interinstitucional entre los equipos investigativos y demás instituciones, que -de manera colaborativa- contribuyen en cada una de sus áreas de competencia para el esclarecimiento de las investigaciones complejas como lo fue en esta investigación con resultados.
Finalmente, los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta el próximo 12 de junio, para el respectivo control de detención y formalización de cargos.
 
 
 
 
 
TRAS SU DETENCIÓN EN ESPAÑA, LA JUSTICIA DE BOLIVIA SOBRESEYÓ A JIMENA MARSET, HERMANA DEL NARCOTRAFICANTE URUGUAYO SEBASTIÁN MARSET
 
Teledoce de Argentina (https://n9.cl/zwq2a)
 
Cuando los policías la capturaron estaba caminando en Madrid. Ante esto, quedó a la espera de extradición a Bolivia. Sin embargo, a las pocas horas de su detención, a pedido del fiscal que realiza la indagatoria en Bolivia, la Justicia decretó el sobreseimiento.
La Justicia de Bolivia sobreseyó a Jimena Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y la dejó en libertad, luego de que fuese detenida en España.
Jimena Marset fue detenida este martes en una calle de Madrid. Sobre ella pesaba una orden de detención solicitada por Bolivia; sin embargo, poco después de la captura, la Justicia boliviana la absolvió.
Sobre la mujer de 29 años pesaba una alerta roja solicitada por Bolivia a raíz de los procedimientos que se realizaron a fin de detener a su hermano en territorio boliviano.
Por eso, luego de que la Policía uruguaya recibiera información de que Jimena Marset se encontraba en Madrid, se produjo un intercambio de información con el reino de España que derivó en la detención de la fugitiva.
Cuando los policías la capturaron estaba caminando en Madrid. Ante esto, quedó a la espera de extradición a Bolivia. Sin embargo, a las pocas horas de su detención, a pedido del fiscal que realiza la indagatoria en Bolivia, la Justicia decretó el sobreseimiento, de acuerdo a lo que indicó el abogado Santiago Moratorio, que patrocina a los integrantes de la familia Marset.
En los últimos meses han caído varios integrantes del entorno de Marset. En julio de 2024 fue detenida en el aeropuerto de Barajas -también en Madrid- Gianina García Troche, pareja de Marset. Semanas atrás fue extraditada a Paraguay, donde permanece detenida por lavado de activos.
Además, en mayo, el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo -mano derecha de Marset- se declaró culpable de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Apresado meses atrás, "El Capitán" fue extraditado desde Paraguay hacia Estados Unidos en 2024.
Jimena Marset está en pareja con Sebastián Alberti Rossi, delincuente uruguayo que se fugó de la cárcel de Juan Soler (San José) el 3 de abril de 2021. Cumplía pena por homicidio y había accedido a un permiso para salir a tirar la basura en tres ocasiones. Sin embargo, en la última vez se subió a una moto que lo esperaba y escapó. Por este caso cinco policías fueron sumariados. Alberti Rossi se entregó en octubre de 2023 y fue restituido a prisión.
 
 
 
 
 
MUCHA REGULACIÓN Y POCA INVERSIÓN, LA PARADOJA DE UNA EUROPA NECESITADA DE LITIO… Y DE AMÉRICA LATINA
 
Swissinfo de Suiza (https://n9.cl/8js2ph)
 
Europa quiere ser un referente mundial en transporte limpio, pero se está topando con un desafío: el litio, un recurso clave para fabricar baterías de autos eléctricos, y codiciado por China en Latinoamérica y África.
China produce más de las tres cuartas partes de las baterías vendidas en el planeta, refina el 70% de esa materia prima y es el tercer extractor mundial por detrás de Australia y Chile, según datos de 2024 del servicio geológico de Estados Unidos (USGS).
Para hacerse un hueco, Europa ha desarrollado una ambiciosa arquitectura regulatoria que pone el énfasis en la preservación del medioambiente, la creación de empleo de calidad y la cooperación con las comunidades locales.
Además, ha suscrito acuerdos bilaterales con una quincena de países, entre ellos Chile y Argentina, quinto productor mundial de litio.
El problema es el dinero.
«Veo muchos memorandos de entendimiento, pero falta acción. En ocasiones, el mismo día que estábamos firmando un acuerdo, los chinos estaban comprando una mina en ese país», dice a AFP Julia Poliscanova, directora del área de vehículos eléctricos en el círculo de reflexión Transport and Environment (T&E).
El desfase es obvio: mientras que China invirtió 6.080 millones de dólares en proyectos de litio de 2020 a 2023, Europa apenas puso sobre la mesa 1.060 millones, según datos recopilados por T&E.
La Agencia Internacional de la Energía lo afirma claramente en su reciente informe de 2025 sobre minerales críticos, donde por cierto destaca el aumento de la demanda mundial de litio el año pasado, un 30%.
«Para garantizar el suministro de materias primas, China está invirtiendo activamente en minas en el extranjero, a través de empresas estatales con apoyo político del gobierno», apunta la AIE.
China cuenta para ello con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en la que la minería fue el segundo mayor capítulo, con 21.400 millones de dólares de inversión en 2024, detalla la AIE.
Europa «está atrasando los niveles de inversión en estas áreas», y «si no tiene clara su posición de cómo va a desarrollar sus industrias nacionales de baterías y hasta de minería (…), va a dejar espacios que se lo van a comer en otros lados del mundo», apunta desde Santiago de Chile Sebastián Galarza, fundador del Centro de Movilidad Sostenible.
El caso es especialmente marcado en África, donde la demanda china ha aupado a Zimbabue a la posición de cuarto productor mundial de litio.
«Los chinos y otros actores no siempre hablan de estándares [de inversión], pero ahí está su dinero. Los ideales y estándares de la UE tienen que venir de la mano del dinero, en forma de inversiones reales en minería», incide Theo Acheampong, del centro de reflexión ECFR.
– América Latina, socio imprescindible –
Para 2035, la UE tiene el objetivo de que todos los coches nuevos destinados a su mercado produzcan cero emisiones. El porcentaje de ventas de vehículos eléctricos en la UE fue del 21% en 2024, según la AIE.
Europa planea construir decenas de fábricas de baterías, pero no lo está teniendo fácil ante el errático apetito de sus propios consumidores y la competencia de Japón (Panasonic), Corea del Sur (LG Energy Solution, Samsung) y sobre todo China (CATL, BYD).
Tanto el mercado como los analistas defienden por ello un estrechamiento de la relación con el triángulo del litio formado por Chile, Argentina y Bolivia (casi la mitad de las reservas del preciado metal), sin olvidar la emergente producción brasileña. El objetivo: crear cadenas de valor y que algún día las baterías de autos eléctricos se fabriquen también en América Latina.
La propuesta regulatoria europea permitiría a América Latina «compatibilizar el desarrollo local con la exportación de esas materias primas, y no caer en un ciclo puramente extractivista», expone Juan Vázquez, jefe adjunto para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE.
«Actualmente, el 4% del litio de Chile va a Europa (…) pero la UE tiene todas las posibilidades para aumentar la participación en la industria de la batería», incide Stefan Debruyne, director de asuntos externos de la minera chilena privada SQM.
– Una electrificación creciente –
Galarza plantea la cuestión fundamental, que va más allá de la extracción del metal.
«¿Qué interés tienes como empresa de instalarte en Chile para producir cátodos, baterías o materiales más elaborados, si no tienes un mercado local o regional que abastecer? ¿Por qué no simplemente llevarte el litio, refinarlo y hacer todo en China y mandarnos la batería de vuelta?», se pregunta.
Defendiendo la tradición automotriz de México, Brasil y Argentina, él mismo responde: «hay que empujar rápidamente hacia la electrificación del transporte en la región», para que «seamos parte también de los beneficios de esa transición energética».
El camino se anuncia largo, pero los últimos datos son promisorios, según la AIE, que elogió recientemente las políticas públicas aplicadas, tales como incentivos fiscales y reducciones de las tarifas de matriculación.
En Brasil, el mayor mercado regional, la cuota de ventas de autos eléctricos se duplicó en 2024 respecto al año anterior, y alcanzó el 6,4%, el 85% de ellos importados de China.
La tendencia mejoró igualmente en Costa Rica y Colombia, con porcentajes del 15% y el 7,4%, respectivamente. México y Chile crecieron y se ubicaron ligeramente por encima del 2%.