¿CÓMO LE HA IDO A BOLIVIA CON LA ELECCIÓN DIRECTA DE JUECES?

Los ciudadanos del país sudamericano votan desde 2011 por los 28 cargos del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, seguirá con los planes del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de presentar una reforma al Poder Judicial que permitiría, entre otras cosas, la elección de ministros, magistrados y jueces a través de voto directo, algo que solo ocurre en otro país de América Latina: Bolivia.
La iniciativa será discutida en la próxima legislatura del Congreso, en el que Morena —el partido de Sheinbaum y López Obrador— tiene mayoría calificada y que iniciará sesiones el 1 de septiembre de este año. Sheinbaum ha prometido someter la reforma a un parlamento abierto.
La iniciativa no solo incluye a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también a los magistrados de circuito, los jueces de distrito y a los ministros del Tribunal Superior electoral.
Solo en un país de América Latina se contempla la elección directa de los jueces que conforman los principales tribunales. Se trata de Bolivia, donde desde 2011 se llevan a cabo elecciones judiciales para elegir a los 28 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Esto es lo que sabemos sobre este modelo de selección de parte de los integrantes del poder judicial en Bolivia y los problemas que ha enfrentado.
¿Qué dice la constitución de Bolivia sobre la elección de jueces?
En 2009, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia introdujo el sistema de elección popular de cortes más altas de la justicia de este país sudamericano. De acuerdo con esta normativa, se lleva a cabo un proceso de preselección por las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el parlamento boliviano.
El artículo 178 de la Constitución de Bolivia establece que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídica, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
La designación de las autoridades en las altas cortes se hace por voto popular: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y de los consejeros del Consejo de la Magistratura.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el artículo 182 constitucional, son elegidos por sufragio universal con base en una preselección que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de sus miembros presentes.
El proceso inicialmente incluía la evaluación de los méritos de cada aspirante y realizar entrevistas públicas a los interesados por la Asamblea Plurinacional. El proceso de 2011 recibió críticas por la falta de criterios uniforme sobre la selección de aspirantes, porque fue reformada para incluir a la Universidad Boliviana en el proceso de 2017.
La ley manda que los candidatos no tengan militancia política, no hayan sido parte de gobiernos dictatoriales ni hayan estado involucrados en violaciones a derechos humanos
El proceso electoral es celebrado por el Órgano Electoral.
En este proceso electoral existe una prohibición para los candidatos o terceras personas de realizar campaña electoral y de pertenecer a organizaciones política. El Órgano Electoral es el encargado de difundir los méritos de os candidatos.
En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional se incorpora el criterio de plurinacionalidad en su elección. Esto quiere decir que tiene. Que existir participación de representantes del sistema ordinario de justicia y del sistema indígena originario campesino.
El voto en estas elecciones es obligatorio.
Cómo han sido las elecciones de jueces en Bolivia
Hasta el momento, solo se han realizado dos elecciones judiciales en Bolivian, en 2011 y 2017.
En el primer proceso, el país eligió por primera vez a los 28 integrantes titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia. Los candidatos de las elecciones eran 116 preseleccionados por la Asamblea Plurinacional de entre 600 postulantes originales.
En 2017, fueron 96 aspirantes para ir a las urnas aunque el número de puestos se redujo de 56 a 26 por una reforma.
Debido a las limitaciones para hacer campaña, el proceso no fue difundido de manera adecuada en 2011, lo que no permitió conocer las propuestas de los aspirantes y provocó una baja participación electoral.
“Existe unanimidad en que el resultado de ambos procesos de elección no ha logrado resolver los grandes problemas de la justicia boliviana”, como la corrupción y la falta de certidumbre jurídica, indican los abogados Fernando B. Escobar Pacheco y Alfio M. Russo en el artículo "Elección Popular de jueces en Bolivia: aportes del derechos constitucional comparado al debate”.
Los autores señalan que el principal problema de este sistema de selección que no está debidamente estructurado con los otros componentes del sistema judicial boliviano, como la designación de los jueces de instancia, el control disciplinario de las autoridades judiciales, la evaluación y la promoción de jueces, entre otros.
“Si la garantía de independencia judicial radica en la carrera judicial, ¿por qué las altas autoridades judiciales se deben elegir por voto popular? parece difícil tener un sistema judicial cuya autoridad no podrá llegar a ser una alta autoridad de la judicatura, en el marco de la propia carrera judicial y cuya nominación dependa de instancia exteriores”, como el voto popular, señalan los abogados.
Otros especialistas indican que tanto en las elecciones de 2011 como en las de 2017 no se pudo atenuar la intervención del poder político en la selección. Ya que la participación de la Asamblea Legislativa, controlada entonces por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales.
“La experiencia boliviana demuestra que, pese a que el discurso democratizador situaba el eje del nuevo mecanismo en el voto popular, la toma de decisiones estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa en la etapa de preselección de aspirantes”, indica Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor universitario, en un artículo para la revista Nexos.
Una crisis judicial
Los procesos de selección de jueces en Bolivia se deben realizar cada seis años, por lo que el año pasado debieron celebrarse las terceras elecciones para seleccionar a los magistrados de las principales cortes bolivianas, pero no fue así.
La falta de acuerdos en el Congreso postergó la realización de las elecciones judiciales en 2023, pues el proceso de preselección de los candidatos quedó trabado. Por esta razón, el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los otros órganos judiciales para evitar el vacío de poder.
Los sectores más cercanos al expresidente Evo Morales dentro del partido MAS exigían la renuncia de los magistrados de los máximos tribunales del país, que debieron dejar su puesto el 31 de diciembre de 2023.
Morales acusa al gobierno de Luis Arce —un antiguo colaborador del que está distanciado desde 2021— de boicotear las elecciones judiciales y avalar la prórroga de magistrados y consejeros.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha manifestado su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las principales autoridades judiciales de Bolivia.
“La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia. Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”, dijo Sattewrwhite, de acuerdo con un comunicado.
"Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido", dijo Satterthwaite.
El 8 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que las elecciones judiciales se podrían realizar el 22 de septiembre de este año si el Congreso emite la convocatoria, después de que el presidente Arce promulgara una ley a respecto. Expansión de México (https://acortar.link/QLJIYU)
 
 
 
 
 

VOTAR POR JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS NO HA DADO RESULTADO EN BOLIVIA Y VENEZUELA: MAGISTRADO MIGUEL MERY
 
En 15 días, el Pleno del TSJ de Coahuila fijará su postura sobre el Plan C de AMLO
 
Vanguardia de España (https://acortar.link/x9d8kg)
 
Los tribunales de Justicia de cada estado del país, elaborarán un documento con observaciones sobre el Plan C de Andrés Manuel López Obrador para que jueces, ministros y magistrados sean electos mediante el voto popular, mecanismo que en Bolivia y Venezuela no ha dado resultados, informó Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, evitando pronunciarse a favor o en contra.
“Quisiera, después de escuchar a mis compañeros del Pleno del Tribunal, fijar la posición de Coahuila con respecto a esto. Estamos de acuerdo en entrar a la discusión para mejorar los poderes judiciales locales, pero no solamente con los riesgos que se ven desde el momento de la selección, hay puntos importantes que puede contener la reforma, como puede ser la evaluación de los servidores públicos del Poder Judicial”, expuso el magistrado.
“En 200 años del país, nunca ha estado el Poder Judicial en la agenda de que sus nombramientos sean por elección popular. Me parece que hay que analizar el tema, no ha habido buenos resultados en Bolivia, ni en Venezuela”, expuso.
Agregó que se tiene que debatir la calidad de los funcionarios públicos, no sólo en el Poder Judicial, sino también en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Si se somete a debate la calidad de los funcionarios, tenemos que hablar del nuevo juzgador, un juzgador que sea altamente competitivo en materia de derecho y que pueda tener otras atribuciones como puede ser el tema de liderazgo, la evaluación cualitativa y cuantitativa de su desempeño, expresó. “Hemos estado haciendo un análisis sobre este tema. En la Asamblea Nacional nos reuniremos los presidentes de tribunales con la intención de llevar nuestras observaciones, por parte de cada Pleno, para hablar de los temas que impactan a la justicia federal, que eso corresponderá a la Suprema Corte, y lo que tiene que ver con reformas que incidan en los poderes judiciales locales o que posteriormente se pudieran reflejar con los cambios constitucionales”.
“Está en el debate de la agenda del Poder Judicial local y de los poderes judiciales el tema del método de selección de magistrados y jueces en un proceso de elección con la ciudadanía. Es un modelo que estamos revisando, en menos de 15 días estaremos reunidos en la Ciudad de México sólo para abordar este tema”, refirió.
 
 
 
 
 
'HA SIDO UN FRACASO': PERIODISTA HABLA DE BOLIVIA, QUE YA ELIGE JUECES MEDIANTE VOTO POPULAR
 
Un periodista boliviano explicó cómo funciona el mecanismo de votación y habló sobre si ha sido exitoso o si ha fracasado.
 
Político MX de México (https://acortar.link/UHPnUm)
 
Ante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial, que contempla la elección popular de juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados, se ha discutido si el método de votación directa funcionaría o no, y si realmente se trataría de un ejercicio democrático en el que la ciudadanía se vería beneficiada.
Además, se ha hablado de la amenaza que representa el proyecto de ley a la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, pues expertos señalan que es un intento del Ejecutivo Federal para controlarlo.
Si bien esto sería inédito para México, hay un país latinoamericano que ya tiene experiencia en organizar comicios para elegir jueces y magistrados: Bolivia.
Es por esto que el analista político Leo Zuckermann invitó al periodista boliviano Rafael Archondo al programa Es la Hora de Opinar para hablar sobre cómo funciona el proceso en aquella nación andina y si ha sido una propuesta exitosa.
‘Elecciones judiciales han sido un fracaso’
En 2009, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, se modificó la Constitución boliviana para que la población pudiera votar por miembros de los tres tribunales (Agroambiental, Constitucional Plurinacional y Supremo de Justicia), y también por los magistrados del Consejo de la Magistratura.
Fue en 2011 cuando se hizo la primera votación, y de acuerdo a Archondo, desde entonces las elecciones judiciales “han fracasado”. En 2017 se celebraron otros comicios de este tipo, y en 2023, cuando tocaba renovar los órganos judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia aplazó indefinidamente el proceso, provocando una crisis en el sistema de justicia. Esto, debido a que la preselección de candidatos se atoró en la Asamblea Legislativa.
Aparte de la inestabilidad política, la participación de la ciudadanía no ha contribuido a que este mecanismo sea suficiente, pues han habido muchos votos nulos, e incluso, rebasaron los votos válidos. Esto porque la ciudadanía desconoce de los aspirantes y del funcionamiento del sistema judicial.
“Esto es lo que nadie en México sabe. La elección del 2011 tuvo 60 por ciento de votos blancos y nulos, es decir, 6 de cada 10 bolivianos fueron a las elecciones judiciales a anular o a dejar vacía la boleta. Entonces hubo jueces que fueron elegidos por 100 mil votos, o sea, por cantidades mínimas (...) Siguiente elección, 2017, el rechazo subió al 66 por ciento. La gente le dijo de alguna manera al poder político: ‘no nos den a nosotros esta chamba’”, planteó Archondo.
‘El ciudadano abre la boleta y no conoce a nadie’
Según el periodista boliviano, los candidatos no hacen campaña, por lo que la población acude a las urnas con muchas dudas, sin conocer a los aspirantes en la mayoría de los casos.
“Estos candidatos, justamente para no contaminar la elección, no pueden hacer campaña (...) Entonces lo que ha sucedido es que el ciudadano abre la boleta y no conoce a nadie”, expuso.
Aunado a esto, planteó el riesgo de que en México ocurra que el partido en el poder sea quien tome el control de la preselección de candidatos. Ante esto, señaló que cuando Evo y su partido MAS (Movimiento al Socialismo) tenían concentrado el poder, los nombramientos tenían inclinación partidista.
“Hay una condición que se repite tanto en México –si es que esta reforma se aplica– como en Bolivia, y es que en 2011 y en 2017, había un partido –el partido de Evo Morales–, que tenía una mayoría amplísima similar a la de Claudia Sheinbaum en estos momentos en México. Uno de los problemas serios de la reforma judicial en Bolivia es el ‘carro completo’. Cuando tú haces una elección de jueces en un instante político en el que la gran mayoría de la población, por consigna, casi ciegamente, va a hacer todo lo que el presidente le diga. Entonces lo que vas a tener son jueces de una sola militancia”, argumentó.
 
 
 
 
 
LA ELECCIÓN POPULAR DE JUECES QUE QUIERE IMPONER MÉXICO, “UN FRACASO” EN BOLIVIA
 
El sistema de elección para ocupar los puestos de los distintos tribunales deja en manos de la mayoría parlamentaria la criba de los aspirantes, y no hay campaña electoral
 
Fuentes Informadas Com. de México (https://acortar.link/f8u93A)
 
El todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), y su sucesora, Claudia Sheinbaum, quieren implementar un nuevo sistema para que el Poder Judicial sea elegido por el voto popular y no por expertos como se hace hasta ahora. Un proceso similar se utiliza en Bolivia y ha sido un caos, según el periodista Rafael Archondo.
El único país que utiliza el método que Amlo y su partido quieren implementar en México para nombrar a los jueces es Bolivia. “Llevamos 13 años con este sistema para saber si funciona o no “, señala el periodista Archondo.
El comunicador asegura que la nación suramericana lleva dos periodos seleccionando los jueces por el voto popular. Y señala: “Todo el proceso ha sido un fracaso, le preguntas a cualquier ciudadano boliviano qué le parece este sistema, y te dirá que no es el mejor”.
“El fracaso de este sistema radica en que los ciudadanos no conocen a los jueces candidatos, ya que estos no tienen permitido hacer campaña proselitista ni representar ninguna entidad política para no contaminar el proceso”, asegura.
El sistema de elección de jueces para ocupar los puestos de los distintos tribunales (Constitucional, Supremo, Superior…) consiste en que “cualquier abogado tiene el derecho a presentarse como candidato. Luego, la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa el desempeño de los aspirantes y lo pasa al Congreso para que los diputados y senadores seleccionen los nombres de los juristas que aparecerán en la lista entregada a los ciudadanos el día de las elecciones”, puntualiza.
Al final, la mayoría parlamentaria es la que realmente pone a sus jueces afines en los listados tras la criba.
 
 
 
 
 
EL AFÁN DE DESTRUIR LA JUSTICIA
 
Los sistemas legales de México y Estados Unidos son producto de tradiciones distintas. Ni peores, ni mejores
 
Reporte Índigo de México (https://acortar.link/ds30Ui)
 
Es público el interés que tiene el presidente de cambiar la forma de seleccionar a los juzgadores federales y locales. En concreto, se pretende usar el voto popular para decidir sobre su nombramiento.
La iniciativa resulta inadecuada si consideramos la naturaleza de los cargos, la tradición jurídica a la que pertenecemos y las características del país. En el mundo solo hay un caso de dimensión nacional que se acerca a lo propuesto en México. Durante el mandato de Evo Morales, la judicatura boliviana asumió la modalidad que ahora se trata de implantar aquí.
Hace unos días, escuché a un opinador defender la propuesta de López Obrador. Su argumento central era muy sencillo: “el modelo opera en los Estados Unidos”.
Voy a utilizar lo que se dijo en el programa televisivo para demostrar lo endeble y peligroso de la propuesta legislativa:
1.- Bolivia no es una nación federada, México sí lo es y, por lo tanto, hay dos judicaturas: federal y local.  La nación sudamericana apenas cuenta con 12 millones de personas y la disparidad económica es evidente, mientras la nuestra es la 12 economía en el mundo, la de ellos es la 93.
En la tierra de Evo, el experimento resultó en un fracaso total. La nueva judicatura ocasionó varias crisis constitucionales y ahora hay una total entrega de sus integrantes al poder ejecutivo. Para complicar la situación, el proceso de renovación se encuentra suspendido.
2.- En Norteamérica, ejemplo que trajo a cuenta el comentarista, los magistrados y jueces federales pasan por estrictos controles de calidad y son electos por el presidente y el senado. Es en los estados donde hay múltiples sistemas de selección. El que utiliza el voto popular va en un lento retroceso por ser el más controvertido y criticado.
3.- En algunas entidades de Estados Unidos, el proceso de elección de los jueces permite la participación de los partidos políticos, es fácil imaginar los efectos que produce tal mecanismo. En otros no hay tal posibilidad, pero en las campañas intervienen los intereses reales del poder, donde se incluye a los grandes despachos.
4.- El federalismo de los vecinos del norte es muy distinto al mexicano. Los estados tienen más autonomía, facultades y recursos. En la constitución americana ni siquiera se habla de los tribunales locales, ¿estaría de acuerdo Morena en un sistema donde cada entidad decidiera como organizar su poder judicial?
5.- Los sistemas legales de México y Estados Unidos son producto de tradiciones distintas. Ni peores, ni mejores. Me atrevo a decir que nuestro sistema constitucional de protección a los derechos humanos es más avanzado y con mayores garantías para las partes y los acusados.
6.- En la Unión Americana, estudiar la abogacía reclama más tiempo que en nuestra nación. En aquel sistema educativo las escuelas están sujetas a requisitos distintos y más complejos. Esto no quiere decir que en México no tengamos excelentes instituciones educativas, pero las del vecino país guardan una estrecha relación con las barras de abogados, hay exámenes de admisión, actualización continua y certificación periódica de la abogacía y el prestigio académico de la institución determina el futuro laboral del egresado.
7.- En México, basta el título para laborar como abogado y con él se puede ejercer en todo el territorio del país. En Norteamérica, se requiere presentar examen en cada uno de los estados donde se pretenda practicar la profesión. Allá es obligatorio pertenecer a las barras de abogados y estas tienen una enorme influencia en la práctica profesional. En México, la colegiación es voluntaria y la actividad de muchas de las asociaciones gremiales deja bastante que desear.
8.- Las condiciones económicas en las cuales funcionan los dos sistemas de impartición de justicia tienen marcadas diferencias. El juez norteamericano vive y trabaja en un entorno más favorable y seguro que el mexicano.
La doctora Sheinbaum será la próxima presidenta y por ello jefa del Estado mexicano. Sin embargo, pese a su afinidad partidista con el actual mandatario, convendría al país una mayor prudencia en el abordaje de la propuesta legislativa.
Creo importante tomar en cuenta:
1.- Transformar la impartición de la justicia requiere un profundo e informado debate nacional que sea animado por las mejores expresiones mexicanas e internacionales de la ciencia jurídica.
El tiempo es importante, pero la envergadura de la propuesta demanda la paciencia de meses y tal vez años de reflexión. La libertad, seguridad y patrimonio del pueblo de México merece mucho más que encuestas al vapor y discursos de personajes que andan en busca de una oportunidad laboral.
2.- La propuesta que conocemos no toca los principales problemas de la justicia mexicana: entre otros, los bajos presupuestos, lo que se traduce en un déficit de juzgados y entidades auxiliares, sobre todo en las entidades federativas.
Tampoco se habla de la debilidad de las fiscalías locales, que por el poco interés de muchos gobernadores y por la carencia de presupuesto, no cuentan con las mejores condiciones para enfrentar con éxito las obligaciones que les corresponden. En múltiples ocasiones, las deficiencias del ministerio público local provocan costos políticos a jueces y magistrados.
3.- En México, la enorme mayoría de juzgadores federales cuentan con una gran calidad técnica. Un juez o magistrado federal pasa por estrictos procesos de selección, preparación y evaluación.
En sus decisiones, poco se habla de eso, el juez tiene una relativa discrecionalidad, pues debe atender a precedentes, tesis, jurisprudencias, tratados internacionales y protocolos.
Por otra parte, las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y convencionalidad provocaron la transformación de nuestra judicatura. Ser juez demanda una amplia y estricta formación.  No cualquiera puede asumir tan delicada función y menos de un día para otro.
México merece un buen sistema de justicia, pero no puede tirar por la borda lo construido por las generaciones que nos han precedido. Los cambios no pueden ser motivados por las emociones de los gobernantes. La actuación de los legisladores reclama del amor a la patria y la responsabilidad histórica.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ÚNICO PAÍS DONDE LOS JUECES DE MÁS ALTO NIVEL SON VOTADOS, MÉXICO PODRÍA SER EL SEGUNDO
 
La Jiribilla de México (https://acortar.link/jlwG9G)
 
La constitución de Bolivia, reformada en 2009, contempla la votación de jueces, sin embargo las resoluciones terminan siendo a favor del gobierno en turno.
De acuerdo con un reportaje de el periódico Excélsior, señala que los resultados de la votación de magistradas y magistrados en aquel país, no han sido buenos, pues las destituciones no disminuyeron las críticas por la falta de independencia del sistema judicial boliviano. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido informes detallados que documentan cómo los jueces y fiscales en Bolivia enfrentan presiones políticas y amenazas de destitución si sus decisiones no alinean con los intereses del gobierno. Human Rights Watch señaló que casi el 50% de los jueces en Bolivia eran “temporales”, lo que los hacía vulnerables a represalias y despidos arbitrarios.
De hecho, lo que más ha preocupado a Human Rights Watch es el uso indiscriminado del término “terrorista” con la finalidad de perseguir a los rivales políticos del Gobierno. Con un sistema judicial sometido, los gobernantes pueden usar el cargo indiscriminadamente:
“En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido acusado de terrorismo, una definición que en Bolivia tiene un espectro demasiado amplio. Camacho fue acusado de hacer un complot para asegurar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Human Rights Watch revisó los documentos de la acusación y no encontró pruebas que respalden el cargo de terrorismo. Camacho permanece en prisión preventiva en octubre de 2023”
La configuración de un poder judicial boliviano carente de independencia también ha tenido consecuencias económicas y hasta medioambientales. Este tipo de casos han afectado la reputación de Bolivia como destino de inversión, debido a que las empresas extranjeras se resisten a invertir en entornos donde las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por intereses políticos. La percepción de corrupción y falta de transparencia judicial genera un clima de inseguridad jurídica, desincentivando la inversión a largo plazo.
Así se votan los jueces en Bolivia de acuerdo a la Constitución de aquel país.
Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 182.
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.
III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.
Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas.
Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.
Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos.
Artículo 183.
Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.
 
 
 
 
 
El país vecino pidió que el organismo realice un examen crítico del fallo de 1952
 
PERÚ DEBE APOYAR SOLICITUD HECHA POR BOLIVIA A LA OMS SOBRE EL USO DE HOJAS DE COCA
 
Alfredo Menacho, gerente general de Aurandina, comentó la importancia de que la Cancillería peruana realice las coordinaciones necesarias con sus pares de Bolivia, Colombia y otras naciones latinoamericanas, con relación a la solicitud mencionada, a fin de impulsar y apoyar diversas medidas que redundarán en un acto de justicia con los pueblos indígenas andinos y amazónicos, y mejorarán la lucha contra el narcotráfico.
 
Agraria Perú (https://acortar.link/ApJ4IS)
 
Entre 1949 y 1952, Perú y Bolivia pidieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que estudie los efectos del uso de las hojas de coca. Ésta encargó a una Comisión tal investigación y concluyó con una serie de prejuicios contra dicha planta y la cultura andina.
Según el gerente general y fundador de Aurandina, Alfredo Menacho, el 26 de junio del 2023, Bolivia solicitó al Comité de Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) un examen crítico del fallo realizado en el año 1952, para lo cual presentó un expediente con pruebas y argumentos científicos y jurídicos en contra de la decisión de la ONU.
“El Gobierno peruano debe manifestar su posición favorable a la acción emprendida por Bolivia, y, además, acompañar dicha petición hasta su finalización. Buscamos que se corrija el pronunciamiento que se dio ese año y se retire a esta planta medicinal y ancestral de la lista uno de sustancias prohibidas”, expresó.
Asimismo, Menacho comentó la importancia de que la Cancillería peruana realice las coordinaciones necesarias con sus pares de Bolivia, Colombia y otras naciones latinoamericanas, con relación a la solicitud mencionada, a fin de impulsar y apoyar diversas medidas que redundarán en un acto de justicia con los pueblos indígenas andinos y amazónicos, y mejorarán la lucha contra el narcotráfico.
Beneficios
En ese sentido, abrir la hoja de coca −siguió el vocero− a un mercado libre podría impulsar la formación de cooperativas o asociaciones de productores y lograría una oferta más diversificada.
“Los campesinos que no están empadronados y venden coca al narcotráfico, tendrán la oportunidad de insertarse en un mercado legal. Si esto sucede, los operadores comerciales tendrán un trabajo formal y podrán tributar al Estado, disminuyendo considerablemente la informalidad”, explicó.
Alfredo Menacho dijo que la hoja de coca es una materia prima de gran valor social. Lamentablemente su potencial es ignorado por las autoridades, como ocurrió años atrás con la quinua, la maca y otros superfoods que en la actualidad son reconocidos por sus propiedades nutricionales. Por ello, se seguirá promoviendo la investigación científica de esta planta medicinal que es parte de la historia milenaria del Perú.
“Solo realizando estudios cambiaremos las leyes y se adecuarán a los nuevos conocimientos de la ciencia, tal como se hizo con el cannabis”, concluyó el vocero.
Dato
La venta mundial de hojas de coca legal podría generar millones de dólares y sus categorías serían sustitutos del calcio, bebidas y alimentos energéticos, fitness, entre otras.
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE UN MODELO DE COOPERATIVAS DE CUIDADO EN EL CONTEXTO REGIONAL DE FRONTERA Y EN LOS PUEBLOS GUARANÍ Y WENAHAYEK DE BOLIVIA
 
La investigación busca compartir conocimiento pertinente y de calidad con las mujeres de las comunidades indígenas Guaraní y Weenhayek del Chaco boliviano, para que, haciendo uso de sus derechos políticos y económicos, puedan impulsar acciones de incidencia en políticas públicas para buscar soluciones de cuidados colaborativos, que empoderen a cuidadoras remuneradas y no remuneradas y que promuevan la sostenibilidad de la vida.
 
Organización Internacional del Trabajo (https://acortar.link/xMQseb)
 
Esta investigación ha sido desarrollada por el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) y la Coordinadora de Mujer, con asistencia técnica de la OIT.
El estudio muestra una fuerte condición de déficit de cuidados derivados de la creciente urbanización y crisis económica que ha exigido a varones y mujeres de los pueblos Guaraní y Weenhayek, ingresar de forma precaria a fuentes de trabajo y al desarrollo de actividades económicas poco favorables. Estas condiciones han generado una i) desarticulación territorial; ii) desvinculación cultural y iii) precariedad de las condiciones de vida, que están afectando las estructuras tradicionales del cuidado en las familias y en las comunidades.
En esta reconfiguración de las formas de cuidado remunerado y no remunerado, se identifica una lógica colaborativa de cuidados, desarrollada entre mujeres, con quienes comparten relaciones de confianza y sororidad; por tiempos específicos, definidos por la actividad económica que tiene cada una de ellas, donde median intercambios colaborativos, nada regulados, poco preestablecidos y con ninguna sostenibilidad.
Por ello, se recomienda considerar este formato de cuidados colaborativos como una nueva condición para entender y atender el trabajo de cuidados colectivos de manera más efectiva.
 
 
 
 
 
POR RETRASOS EN LA REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE, ARGENTINA SEGUIRÁ IMPORTANDO GAS DE BOLIVIA
 
Para mitigar un nuevo escenario de escasez de gas por el aumento de demanda y la dilatada finalización de la Reversión del Gasoducto Norte
 
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/xt7Wsz)
 
La estatal Energía Argentina (Enarsa) anunció una nueva adenda al contrato con  Bolivia  para asegurarse la provisión de gas natural para la demanda del norte del país para los meses de agosto y septiembre. De esta forma, el gobierno prevé mitigar un nuevo escenario de escasez de gas a raíz de la dilatada finalización de la Reversión del Gasoducto Norte, una obra clave para que el gas de Vaca Muerta pueda abastecer al norte de Argentina.
La compañía - por ahora- estatal, dado que integra la lista de compañías sujetas a privatizar en la Ley Bases anunció que firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la novena adenda al contrato que "permitirá abastecer la zona centro Y norte del país con hasta 4 MMm3/día en función del requerimiento de la demanda interna, mientras se termina con el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, actualmente en marcha", aseguró en un comunicado.
El contrato de abastecimiento entre Argentina y Bolivia, que provee de gas a 7 provincias del centro y norte del país, tenía fecha de vencimiento el próximo 31 de julio, tras décadas de vigencia. Con la nueva renovación se estira por dos meses más, con el objetivo de que una vez cumplido el plazo de extensión ya esté terminada la Reversión del Gasoducto Norte y la demanda empiece a ser cubierta con recursos de Vaca Muerta.
Reversión del gasoducto norte
La reversión del gasoducto norte era prioridad número dos de la gestión anterior tras la inauguración y puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner. Es una de las obras claves para potenciar la producción de Vaca Muerta y abastecer a las provincias del noroeste afectadas por la declinación productiva del gas en Bolivia. Se trata de dar vuelta las bombas que hoy hacen presión para que el gas baje desde Bolivia y agregar algo más de caños.
La obra permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. Además de bajar el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino, esta obra estratégica permitirá un ahorro anual de 1960 millones de dólares por la sustitución de importaciones de gas.
En el calendario inicial calculaban que la obra podía estar lista para mayo de este año, pero el cambio de gobierno y la paralización de la obra púbica atrasaron los planes. Por su importancia y pese a que el ministro de Economía Luis Caputo había anunciado que no se licitarían nuevas obras públicas y se cancelarían las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no se hubiese concretado, Enarsa continuó con la licitación. En enero se abrieron los sobres para la licitación de dos de los tres tramos en los que se subdividió el proyecto, a cargo de la UTE Techint-SACDE. A mediados de marzo, se adjudicó a BTU el tercero de los tramos que había quedado vacante.
Enarsa comunicó que "el proyecto de Reversión del gasoducto de TGN, estará en operaciones el 15 de septiembre permitiendo llevar a las provincias del norte 5 MMm3/día adicionales a los actuales y en una segunda etapa otros 4 MMm3/día."
Gas por varios frentes
Tras la crisis por el faltante de gas en mayo, el Gobierno busca que no se repita dicho escenario en medio de los meses más fríos del año, por lo que además del acuerdo con la petrolera boliviana, en las últimas semanas avanzó en la concreción de negociaciones con Brasil y Chile para reforzar el abastecimiento.
Con Brasil, el gobierno suscribió a fines de abril un Memorándum de Entendimiento entre Enarsa y Petrobras por un plazo de tres años con diferentes propósitos, entre los cuales está “solucionar el abastecimiento de gas del NOA mientras se finalizan las obras recientemente licitadas de reversión del Gasoducto Norte”.
En tanto, con Chile se acordó la semana pasada, con la estatal Enap, la importación de gas natural para abastecer el norte argentino, desde la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Mejillones. Al respecto, desde el Ministerio de Energía chileno informaron que “Engie Energía Chile y Enap Refinerías firmarán un contrato de compraventa de gas natural para exportar los volúmenes dispuestos a Enarsa”.
 
 
 
 
 
BOLIVIA LISTA PARA TRANSPORTE DE GAS DESDE ARGENTINA A BRASIL
 
Prensa Latina de Cuba (https://acortar.link/siBcxE)
 
La corporación estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró hoy en una comunicación entregada a Prensa Latina que está lista para transportar gas natural desde Argentina hasta Brasil.
El documento afirma que autoridades de YPFB ampliarán la información en una reunión con medios periodísticos internacionales prevista para hoy en el Salón Germania del Hotel Europa, en La Paz.
En dìas recientes, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó en que esa empresa valora hoy la posibilidad de arrendar a Argentina instalaciones para exportación gasífera desde el yacimiento de Vaca Muerta hacia el mercado brasileño.
“Llevar gas, ¿qué va a hacer?, nos va a traer más recursos a todos los bolivianos, vamos a alquilar los ductos para que pueda pasar gas (…)”, sostuvo el líder corporativo.
Explicó Dorgathen que, desde un punto de vista netamente comercial, la mejor salida del producto argentino, “por donde se vea, es Bolivia”.
Mencionó que existen varios proyectos de otros países para exportar el gas del yacimiento de Vaca Muerta, en Argentina; sin embargo, el “más viable, el más barato, que ya está construido, es el de Bolivia”.
Añadió que el país andino amazónico ya está listo, y que corresponde al lado argentino la ruta por la que quieren ir, si modifican su normativa para poderlo hacer.
Subrayó Dorgathen que los gasoductos bolivianos en la actualidad tienen una capacidad de transportación “bastante amplia y muy eficiente”, y acotó que incluso pueden incrementar ese potencial a través de estaciones de compresión.
Insistió en que el alquiler del gasoducto a Argentina significaría más recursos económicos para el Estado Plurinacional.
Adicionalmente, anunció que YPFB quiere invertir en el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la provincia argentina de Neuquén con el objetivo de “(…) producir gas natural y llevarlo hasta el mercado de Brasil”.
Opinó al respecto que son varias las oportunidades que se abren para YPFB con el hidrocarburo de Vaca Muerta, contrario a lo que se hablaba al principio en que se veía como algo malo.
“(…) Es algo muy bueno, es algo que nos va a (…) potenciar y nos va a permitir llevar gas hasta Brasil”, concluyó el ingeniero en Petróleo y Gas Natural titulado en la Universidad Privada Boliviana.
 
 
 
 
 
TV3 Y 3CAT ESTRENAN 'LA FUGIDA', UN RETRATO SOBRECOGEDOR SOBRE LOS ABUSOS DE LOS JESUITAS EN BARCELONA QUE EXPORTARON A BOLIVIA
 
El programa de documentales 'Sense ficció' y la plataforma gratuita recogen el testimonio de víctimas de Barcelona y denunciantes del país latinoamericano
 
El Periódico de España (https://acortar.link/IQL37d)
 
Quién no ha escuchado (algunos contado) a modo de anécdota de la infancia cómo los curas de sus colegios les acariciaban el muslo o se interesaban morbosamente por sus prácticas onanísticas. Durante años se narraba en tono jocoso, porque en realidad, a quienes se lo hacían eran aquellos niños que no habían caído en las garras de quienes se supone que les debían de educar y formar. Pero hubo muchos otros que callaron, por vergüenza o por miedo, o por ambas cosas: las víctimas reales de esos depredadores a las que años después los medios de comunicación han ido dando voz. Precisamente de algunos de los casos, los que se vivieron en colegios de jesuitas, trata el documental ‘La fugida’, una coproducción de  EL PERIÓDICO y TV3 con Ottokar, que estrenan este martes, 18 (22.05) el espacio ‘Sense ficció’, de TV3, y la plataforma 3Cat.
El excelente trabajo audiovisual, resultado de la investigación durante ocho años del periodista Guillem Sánchez (que abrió el camino destapando en EL PERIÓDICO casos de abusos en centros religiosos, con María Jesús Ibáñez y Jesús G. Albalat, lo que les valió el Premio Ortega y Gasset) y Josep Morell Freixas, autores del guion y directores, junto con Marc M. Sarrado, es un retrato de la impunidad de los delitos de abusos sexuales de los jesuitas, en el que se traza la ruta entre Barcelona y Bolivia, país adonde envió la compañía de Jesús a Lluís Tó y Francesc Peris, tras ser acusados de abusos a menores en los colegios de la orden de la capital catalana, y que acabó sumando nuevas agresiones en el país latinoamericano.
Los religiosos depredadores
Por el documental pasan algunas de las víctimas de Tó, exdirector del colegio Sant Ignasi, de Barcelona, y de Peris, alias Xesco, un capellán progre, amante de la montaña y de las excursiones, de los jesuitas de Casp, y de sus familiares, cuyos relatos sobrecogen el corazón. Como el testimonio, que se ofrece en exclusiva, el de Alessandra Martín, que cuando tenía 8 años decidió contar a su madre lo que le hacía Tó cuando se la llevaba a un aula a solas. Un acto valiente el de la menor y una reacción a elogiar la de sus padres, que la creyeron, la sacaron de la escuela y lo llevaron a juicio en 1992, donde fue condenado a dos años de prisión, aunque no entró en la cárcel. Y fue entonces cuando lo enviaron a Bolivia, donde lo presentaron como el nuevo maestro de moral y ética.
De las consecuencias de esos traslados habla el boliviano Pedro Lima, que fue expulsado de la orden por su insistencia, y José Luis Gareca, abogado de los exalumnos que sufrieron los abusos, que se han organizado en una asociación, así como Inés Amalia Pérez, responsable de las pequeñas en la escuela de Cochabamba, que denunció los abusos de Peris. Pero especialmente desgarradores son los relatos en primera persona de Jordi de la Mata, el primero en denunciar los abusos en Catalunya, que sufrió de Pere Sala y Lluís Tó, y el de Enric Soler, exalumno del colegio Casp, víctima de Peris, como lo fue también Laura Calzada, que sufrió abusos de ese capellán, quien, tras ser retirado de Bolivia para evitar el escándalo, sorprendentemente volvió a Casp en 1993. También en esta ocasión fue la niña la que se lo contó a su madre, que pidió explicaciones. Los autores han conseguido, incluso, participara en el documental Pau Vidal, delegado de los jesuitas en Catalunya, quien acaba pidiendo perdón en nombre de la compañía.
La conexión con Bolivia
El periodista Guillem Sánchez confiesa que, en todos estos años en los que había logrado esclarecer muchas cosas, tenía una espinita clavada: “Quería saber qué había pasado en 1992, cuando después de la denuncia de los padres de Alessandra, Tó marchó del colegio Sant Ignasi. Se había especulado sobre qué había pasado con él. El documental destapa esta parte, escondida hasta ahora, que pasaba al otro lado del Atlántico", relata. El también autor del libro 'El cas dels maristes' se congratula de que en 'La fugida' se dé voz a las víctimas, a través de las cuales se entiende la gravedad de los hechos. “Y se pone luz en un encubrimiento en el que participó la institución de los jesuitas y una conjura de la sociedad catalana, porque hay implicados, abogados, psicólogos, psiquiatras…”, denuncia. Algo a lo que contribuyó el silencio de las familias, motivado unas veces por el desconocimiento y por no querer ver la realidad, otras.
 
 
 
 
 
 
LA FISCALÍA DE BOLIVIA REABRE EL CASO DEL CURA ESPAÑOL QUE ABUSÓ DE UN CENTENAR DE NIÑAS INDÍGENAS
 
El pederasta Lucho Roma murió en 2019, pero la intención es responsabilizar a sus encubridores
 
El Nacional Cat. de España (https://acortar.link/lLwDue)
 
Sigue la lucha contra la pederastia en la Iglesia católica. Ahora, la Fiscalía de Bolivia ha reabierto la investigación contra un cura español, Luis Roma Pedrosa, más conocido como Lucho Roma, que durante décadas, abusó de un centenar de niñas indígenas y que murió el año 2019 con 84 años. El fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, ha detallado que "la investigación se realizará por el delito de encubrimiento en contra de los quien habrían tomado conocimiento de las agresiones sexuales cometidos en contra de menores de edad y no denunciaron el hecho ante las instancias pertinentes". Además, ha detallado que el caso del cura de la Compañía de Jesús de Bolivia está en la fiscalía Departamento de Santa Cruz, y se cerró porque no tenía suficientes elementos probatorios sustentar la imputación. Ahora, con la aparición de las nuevas pruebas, se tiene la "posibilidad de contar con testigos que puedan ayudar en la reapertura de la investigación", ha agregado.
Abusos sexuales en la iglesia
El anuncio de la Fiscalía boliviana ha llegado al día siguiente que El País revelara el diario personal del cura, en el que relataba los abusos que había cometido entre 1994 y 2005 en su estancia como misionero en Charagua, en el sureste del país. Roma, además, las fotografió y las grabó en vídeo. En los manuscritos de Charagua se destapan las agresiones sexuales que el cura perpetró a decenas de menores mientras era misionero, y como sus superiores eran conscientes y realizaron una investigación interna que confirmó los hechos, pero decidieron ocultarlo a las autoridades. Además, con la muerte de Roma, los documentos quedaron escondidos en un cajón durante 4 años y no denunció el caso hasta hace 1 después de que el diario publicara el diario secreto de otro cura también muerto, Alfonso Pedrajas, que también admitió haber agredido al menos a 85 menores entre los años 70 y 90 y como sus superiores lo encubrieron.
La Compañía de Jesús Bolívia ha admitido que sus gestiones con el caso de pederastia de Roma fueron "negligentes, indolentes y nefastas", según un comunicado publicado en su web. Ahora, con las nuevas informaciones, la congregación pidió a la Fiscalía de Bolivia a reabrir el caso "ante la evidencia del testimonio de víctimas". Los jesuitas, además, afirman que crearán una comisión interna para contactar con las víctimas y atenderlas.
El caso de Lucho Roma
Luto Roma era un jesuita español que aterrizó en Bolivia en 1955 para formarse como religioso. Según la investigación interna de los jesuitas, los primeros abusos del cura a niñas indígenas se produjeron en los años 80, cuando ocupaba un alto cargo de la orden en La Paz, capital del país. Entre 1983 y 1994 Roma visitaba a la comunidad a Trinidad y Pampa, en los Yungas, para agredir a menores. A pesar de que, el grueso de los casos se centra entre 1994 y 2005, cuando se convirtió en misionero en Charagua. Precisamente, allí escribió un diario en el cual detallaba lo que se los hacía a las pequeñas: "Toco con mis manos el conjunto... ¡Tengo el calor de la zona íntima, con calorcito natural! ¡Que bellas estas niñas, desnudas, huelen a talco"!
En el diario, escribió el nombre de hasta 70 víctimas, a pesar de que, según las investigaciones, el número de afectadas supera el centenar. En el escrito, detallaba cómo las fotografió, las grababa en vídeo y como después se masturbaba con este material. Se ganaba la confianza de las menores con regalos y después las llevaba a su habitación, donde las agredía y les sacaba fotos. "Hoy han pasado por mi habitación 10 niñas y habré sacado unas 95 fotos de niñas amadas". De la misma manera, las llevaba de excusión a un arroyo próximo del pueblo para hacerles instantáneas y abusar de ellas.
La primera vez que los jesuitas tienen constancia de los abusos sexuales de Roma es el año 2008. Solo tres años antes había sido trasladado a Sucre y allí uno de sus compañeros había encontrado algunas de estas fotografías en el ordenador común de la comunidad. Este cura lo denunció a sus superiores, pero no hicieron nada. También en aquella época la mujer que limpiaba la habitación de Roma se encontró con los recortes de las fotografías donde aparecían escenas explícitas de los abusos del cura. Lo denunció años más tarde alegando que tenía miedo. Con todo, la congregación no reaccionó hasta 2019, cuando otro excompañero le explicó a un periodista de la agencia Efe que él también había visto las fotografías de Roma, que había guardado unas copias en un dispositivo de memoria y que, desde entonces, lo había mantenido en secreto. El periodista publicó la información y la Compañía abrió una investigación interna.
 
 
 
 
 
BOLIVIA REABRE CASO DE CURA ESPAÑOL PEDERASTA PARA IR TRAS LOS ENCUBRIDORES
 
Radio Francia Internacional (https://acortar.link/75rWr9)
 
Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad, informó este lunes la fiscalía.
"El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que se dispuso reiniciar las investigaciones del denominado Caso Padre Roma", dijo el Ministerio Público en un comunicado de prensa enviado a la AFP.
"La investigación se realizará por el delito de Encubrimiento en contra de quienes habrían tomado conocimiento de las agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad y no denunciaron el hecho", agrega el texto.
La reapertura del caso se da un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso Luis María Roma Pedrosa, fallecido en 2019 a la edad de 84 años. Medios locales reprodujeron parte de ese trabajo periodístico.
El medio español reveló los abusos del clérigo en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este) entre los años 1994 y 2005, durante sus funciones como profesor y misionero.
Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia.
En el mismo comunicado, Lanchipa informó que el caso de Roma fue cerrado por la fiscalía de Santa Cruz, "porque no contábamos con todos los elementos probatorios", pero que "ahora tenemos la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación".
El fiscal también se lamentó "del encubrimiento que ha realizado esta comunidad de jesuitas, de estos hechos de pederastia y abuso sexual a menores durante muchos años".
La congregación Compañía de Jesús reconoció este lunes en un comunicado que las autoridades religiosas que estuvieron a cargo de actuar en favor de las víctimas "fueron negligentes, indolentes y nefastas".
Este es el segundo diario que se da a conocer de manera pública. El primero fue de otro sacerdote español, Alfonso 'Pica' Pedrajas, cuyo manuscrito se conoció en abril de 2023.
Pedrajas falleció en 2009 a la edad de 66 años y reconoció que hizo "daño a mucha gente (¿a 85?), a demasiados", mientras cumplía desde los años 1970 labores educativas y de formación de jóvenes religiosos.
La Fiscalía aún investiga el caso Pedrajas, mientras la justicia dispuso en marzo pasado la detención domiciliaria de los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años, por el presunto encubrimiento de los abusos.
 
 
 
 
 
DIPUTADO VIDELA VIAJA A BOLIVIA PARA RECUPERAR CAMIONETAS Y APUNTA A SUBSECRETARIO VERGARA: “NO ES TAN DIFÍCIL HACER BIEN LA PEGA”
 
El contrabando de vehículos robados en Chile y traficados en Bolivia es uno de los delitos más comunes en las fronteras de estos dos países.
 
Termometro de Chile (https://acortar.link/krpmqO)
 
En respuesta a esta problemática, el Diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, ha realizado una serie de gestiones exitosas que culminaron en la recuperación de dos vehículos robados en el norte de Chile.
Gracias a la incansable labor del Diputado Videla, se logró recuperar una camioneta que había sido robada hace un año en Antofagasta. Asimismo, se identificó otro vehículo, cuyo dueño aún está siendo localizado para que pueda proceder con su retiro. Estos operativos reflejan el compromiso del diputado en la lucha contra el crimen organizado y el contrabando de vehículos.
Durante los operativos en Bolivia, el Diputado Videla no dudó en lanzar duras críticas al Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. ”Los operativos de hoy son el reflejo de que con voluntad y trabajo coordinado entre ambos países se puede combatir a las bandas organizadas. Subsecretario Vergara, no es tan difícil hacer bien y con ganas la pega”, señaló Videla, poniendo en evidencia la ineficiencia del subsecretario en la lucha contra el crimen organizado.
Desde Bolivia, el diputado Videla compartió su experiencia en los operativos: “He sido testigo de cómo la policía boliviana ha recuperado dos autos robados en Chile (Calama y Antofagasta). Esto demuestra que con esfuerzo y cooperación se pueden obtener resultados concretos.” Videla también destacó la importancia de la coordinación internacional y la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países para combatir el crimen organizado.
 
 
 
 
 
SALTA: TRAS EL COBRO DE ATENCIÓN MÉDICA A EXTRANJEROS, BAJARON LAS CONSULTAS Y EL GASTO DEL ESTADO
 
Este es el balance de los dos primeros meses desde que entró en vigencia la iniciativa.
 
Jujuy al Momento de Argentina (https://acortar.link/iS9mQn)
 
Salta comenzó a cobrar la atención sanitaria a los extranjeros que no residen en la Argentina.
“El número de pacientes en los hospitales públicos descendió de manera rotunda”, aseguró Alejandro Valenzuela Pérez, director del Hospital de la ciudad salteña de Orán.
A dos meses de la implementación del cobro de la atención médica a extranjeros, en Salta bajaron las consultas y el estado provincial ahorró 23 millones de pesos, según lo confirmaron a Telenoche autoridades sanitarias.
“Durante años, los pasillos del hospital estaban colmados y hoy estamos bastante holgados”, destacó el director del Hospital San Vicente de Paul de Orán, Alejandro Velenzuela Pérez. “De 3300 pacientes bajamos a 60 en Orán”, comparó.
El Ministerio de Salud de Salta publicó un DNU en marzo para cobrar la atención médica a extranjeros que no residan en la Argentina. La iniciativa fue luego acompañada por una ley provincial. “Desde la aplicación de la medida, el número de pacientes en los hospitales públicos provinciales descendió de manera rotunda, casi un 90% en comparación con los años anteriores”, dijo Valenzuela Pérez.
La ciudad de Orán está situada casi en el límite fronterizo con Bolivia. La legislación tuvo un fuerte impacto en el hospital de esa ciudad salteña. “Los vecinos de Orán, como la mayor parte del pueblo salteño, acompaña esta medida”, afirmó Valenzuela Pérez. “Hasta el año pasado, si un vecino tenía un accidente, teníamos que derivarlo a Salta capital porque en el hospital nunca había camas, estaban siempre ocupadas por extranjeros”.
Polémica por una embarazada que se negó a pagar y fue atendida de urgencia
La polémica por los aranceles para extranjeros en el servicio de salud pública en Salta sigue en el ojo de la opinión pública. La medida fue implementada a comienzos de marzo y en las últimas semanas generó un nuevo conflicto por el caso de una mujer embarazada.
A mediados de abril, una ciudadana boliviana ingresó al hospital de Orán para tener a su bebé. Sin embargo, se negó a pagar los $250.000 que le facturaron por ser extranjera. Todo terminó en una discusión y una denuncia en la Justicia. Si bien la mujer abandonó el lugar tras discutir con el personal, volvió durante la madrugada, en pleno trabajo de parto. Por la urgencia de la situación, fue atendida.
Una vez dada de alta con su bebé, le dieron la cuenta del parto y del servicio pediátrico, que ascendía a $250 mil. “Se volvió a iniciar una discusión y la mujer se fue sin pagar”, contó el director. Un paciente que estaba en la guardia dijo a Telenoche: “Esto tendría que haber pasado hace muchos años. Si un argentino tiene un problema de salud en Bolivia paga o lo tiran al río. Esta medida solo compensa el maltrato que recibimos ahí”.
 
 
 
 
 
ESTADOS UNIDOS Y CHINA SE DISPUTAN EL LITIO ARGENTINO Y MILEI DEBE DECIDIR A QUÉ BANDO RESPONDE
 
I Profesional de Argentina (https://acortar.link/r0pYbe)
 
Los inhóspitos e inmensos salares del noroeste de nuestro país se han convertido en una fuente de producción y extracción de litio para grandes potencias como China y Estados Unidos. Jujuy, Salta y Catamarca son algunos de los distritos que ofrecen sus recursos naturales a inversores extranjeros a cambio de sólo un 3% de las ganancias totales.
Para las compañías asiáticas o norteamericanas, los acuerdos son plenamente beneficiosos. Mano de obra barata -y formada-, a cambio materia prima de buena calidad y a buen precio.
Estados Unidos y China, en duelo por el litio argentino
Para tener noción, Argentina es el cuarto mayor productor de litio en el mundo, ya que posee una quinta parte de las reservas mundiales, y es el segundo depósito más grande del planeta.
Tanto Pekín como Washington no pierden la oportunidad de llevarse una buena porción del "oro blanco" argentino, mientras está en auge.
Actualmente, China parece estar liderando el plano productivo de litio. Es que es el principal productor de baterías de litio a nivel global y el Estado que más refina litio del mundo. Sin ir más lejos, las capitales de las provincias del noroeste argentino se han plagado de empresas chinas, que aprovechan los recursos humanos para ampliar su producción en el interior profundo.
Sin embargo, Estados Unidos está en la búsqueda de revertir esta situación. Al respecto, y en una nota con El PAIS, Rachel Ziemba, miembro senior del Center for a New American Security, dice: "Después de haber tomado un rol pasivo en términos de intereses estratégicos a largo plazo, Estados Unidos está intentando identificar campos en los que puedan desplazar el dominio de China".
Casi el 60% de los yacimientos en los que este mineral está presente se ubican en la región conocida como el triángulo del litio, que abarca territorios de Argentina, Chile y Bolivia.
Provincias argentinas se quedan con el 3% de las ganancias de litio
En este marco, Argentina corre con ventaja respecto de sus competidores. Es que el país que lidera Javier Milei atrae a una multitud de empresas internacionales, mientras las extracciones en Chile y Bolivia se vieron estancadas.
Vale aclarar que -mientras luchan por agilizar su burocracia-  las provincias argentinas se quedan sólo con el 3% de cada millón de dólares que se produce. Así lo reconoció el gobernador salteño, Gustavo Sáenz en agosto de 2023. "El 3% de boca de mina, después hay que descontarle varias cosas (algo así como 30.000 dólares). Eso es para Salta", decía en ese entonces.
Esto representa una gran ganancias para las firmas globales que se reparten el 97% restante, descontando impuestos y otros factores.
Son casi 40 proyectos los que hoy están en marcha en el país argentino, de los cuales 11 comenzaron o comenzarán a producir entre 2022 y 2026.
Estados Unidos quiere liderar las inversiones de litio en Argentina
Entre 2020 y 2023, empresas chinas invirtieron 3.200 millones de dólares en proyectos mineros (casi el doble que las compañías de Estados Unidos), pero el Gobierno de Joe Biden comenzó a trazar un camino para revertir esos números.
Con Javier Milei en la presidencia, Washington comenzó a enviar a sus referentes para ofrecerle inversiones. El Presidente argentino desplegó su campaña prometiendo que no tejería vínculos con China (aunque mantiene algunos como el swap) y en 35 años lograría convertir al país en una economía estable como la de EE.UU. Mientras tanto, recibe a funcionarios como el secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, quien en febrero de este año aseguró que veía "una oportunidad de inversión extraordinaria" en el país.
En este sentido, el propio Blinken indicó que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y Mineral Securities Partnership (MSP) estaba explorando nuevas oportunidades de inversión en el país.
Otro de los referentes interesados en el litio es el dueño de Tesla, Elon Musk, quien ya respaldó en diversas ocasiones al presidente Milei y con quien se reunió cara a cara en Estados Unidos. "Recomiendo invertir en Argentina", sostuvo en su cuenta oficial de X, mientras busca asegurarse suministros para su compañía de autos eléctricos.
 
 
 
 
 
TRAS LAS HUELLAS DEL CONTRABANDO DE TORTUGAS Y SUS HUEVOS EN LA SELVA AMAZONICA DE BOLIVIA
 
Infoamazonía Org. https://acortar.link/9buONN)
 
Cuando el velo de la oscuridad envuelve a la selva, hombres armados con rifles Marlin calibre .22 ingresan decididos a perseguir a su presa. Y una vez que la bala acierta su blanco, el animal cae herido al agua para nadar hasta la orilla donde se desangra hasta morir. “Si no la atrapan cogiéndola con las manos, la matan a tiros. Esa es la forma de cazar a la peta”, nos susurra Samuel, como llamaremos a un policía que conoce estas operaciones y pidió no ser identificado, consciente del peligro que acecha esta recóndita región de la Amazonía boliviana.
Samuel se refiere a las personas que van en la búsqueda de la tortuga de agua, conocida localmente como la peta de río (Podocnemis unifilis), una especie que está considerada entre las más cazadas del Amazonas, cuya carne y huevos son altamente codiciados y considerados una suerte de “manjar” en las mesas de comensales de diferentes lugares del departamento de Pando y otras localidades fronterizas de la Amazonía.
Entre los meses de julio y septiembre, los ríos de Pando se convierten en un escenario de vida y muerte. La peta de río emprende un viaje de varios kilómetros hasta alcanzar las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi, donde entierra sus huevos en la cálida arena, para dar así continuidad a su ciclo natural. Pero su llegada no pasa desapercibida. Con su arribo, decenas de personas se aventuran por las aguas de estos mismos ríos y sus playas para extraer los huevos de este reptil.
Cada incursión que realizan los cazadores es como una danza con la muerte, motivada por la ambición de obtener la mayor cantidad de huevos. “Se lanzan al agua en la madrugada y cruzan nadando o en algunos neumáticos. De ahí comienzan a recolectar (los huevos), terminan con una playa y cruzan al frente (a la otra ribera del río). En ese cruce, pueden ser atacados por un caimán negro, una sicuri (anaconda), o pisar una mantarraya”, indica el biólogo Rolando Toyama, técnico de Recursos Naturales de la Reserva Manuripi.
Motivados por la promesa de ganancias lucrativas, los contrabandistas se enfrentan a estos peligros inminentes y el constante acecho de las autoridades, y no se conforman con la extracción de un solo nido de huevos de peta, sino que saquean hasta 50 nidos a la vez. Cada uno de los nidos alberga entre 30 a 35 huevos y sus valores en el mercado negro puede llegar, por unidad, a quintuplicar el precio de uno de gallina..
En medio de este panorama sombrío, la peta de río está entre las especies consideradas como “vulnerables”, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Bolivia, toda comercialización, manejo o cacería de fauna silvestre para ser legal debe contar con un plan de manejo, lo que existe únicamente para el lagarto y la vicuña. De ahí que cazar a la peta de río sea considerado ilegal.
MERCADO NEGRO
Los cazadores de tortugas llegan silenciosamente como sombras en la noche, desde las turbulentas aguas del río Tahuamanu hasta la aparente tranquilidad de Cachuelita, una comunidad en medio de la selva amazónica de Pando, en donde realizan sus transacciones clandestinas. “Corren la voz que traen consigo cinco o diez petas, escondidas debajo del motor de su embarcación. Llegan y las venden”, explica Samuel.
Contrabando de tortugas y huevos en el departamento de Pando y zonas fronterizas
“Son unas ocho a 10 casitas, [el lugar] donde se hacen los negocios está en la orilla del río Tahuamanu, todo mundo llega ahí”, dice.  Samuel revela que cuando se trata de compradores brasileños, la transacción se cierra en reales. “Pagan 300 reales (equivalente a 58 USD) y se llevan su peta”.
Para el uniformado, Cachuelita es considerada una zona roja no solo para el tráfico de vida silvestre, sino también para otras actividades ilegales. “Es punto clave, tanto de narcotráfico, de (venta de) petas. Ahí es el punto de todos los ilícitos. El otro día nomás han cogido droga”. Pero el mercado negro de la peta y sus huevos no opera únicamente en un lugar físico. Samuel también explica que por las redes sociales incluso se ofrecen entregas a domicilio. “Se venden huevos de peta. Más preguntas al WhatsApp”, se puede leer en diferentes anuncios que son publicados en grupos de compra y venta de Facebook.
Ximena Morales, egresada de la carrera de Biología que ha trabajado en proyectos con la peta, comenta que la venta de huevos en el municipio de Cobija, la capital de Pando, fue bastante elevada el 2023, algo que se facilitó con la tecnología digital. “Se estaba propagando por grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Ante esta situación, la gobernación habilitó números de emergencia para hacer las denuncias correspondientes”.
Históricamente, el consumo de huevos de peta en las comunidades indígenas ha estado asociado a la obtención de proteínas, cuenta el investigador senior de la Universidad Amazónica de Pando, Julio Rojas. “Ellos consumen más por tradición y por el acceso que tienen a este alimento en ciertas épocas”.
Morales cree que la migración hacia las ciudades y la nostalgia por los productos del monte generan una creciente demanda en el mercado negro. Algo que no solo se da por la gente que anteriormente vivía en las comunidades y se ha mudado a las ciudades, sino también, por los migrantes del occidente del país que llegan a Pando y se ven atraídos por el consumo de productos de la vida silvestre. “Son estas personas las que más están generando la demanda. Se ha visto que la migración de otros lados es lo que más influye”, expresa Morales.
Para este reportaje, consultamos a diferentes personas en Pando y nos indicaron que la carne y los huevos de peta tienen diferentes usos: el consumo de los huevos por sus supuestas propiedades afrodisíacas; la aplicación del aceite de la grasa corporal en tratamientos cutáneos y en la cura de hemorroides; el consumo de la carne en el “sancochado de peta”; el caparazón como adorno; los huevos para hacer tortillas y la elaboración del “mushangué”, una preparación culinaria a base de huevos de peta crudos batidos con azúcar y leche.
La legislación boliviana prohíbe la captura, acopio y acondicionamiento de animales silvestres y sus productos derivados. De igual manera, el Código Penal establece una pena de hasta seis años de cárcel por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.
Por su parte, el Decreto Departamental 03/2022, en su artículo segundo, aprueba la veda anual de captura, caza de tortugas y recolecta de huevos en ríos, arroyos y lagos del departamento de Pando, en el periodo comprendido del 20 de julio al 31 de diciembre de cada año.
Aun con las leyes y las penas establecidas, la sed de los huevos de peta persiste como un río rebelde que desafía cualquier intento de contención.
PRESENCIA ARMADA EN COBIJA
En los recuerdos de los habitantes de Cobija, el eco de la violencia desatada entre 2015 y 2018, aún resuena como un fantasma del pasado que se niega a desvanecerse por completo. El investigador Julio Rojas reflexiona sobre aquellos días turbulentos en los que la capital pandina se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre bandas criminales rivales del vecino Brasil, cada una luchando por reclamar su dominio sobre la geografía amazónica.
“Se escuchaba en las noticias sobre enfrentamientos entre bandas que estaban intentando ocupar este territorio. Esto ya no se escucha actualmente, seguro algunos de estos grupos han consolidado ya su permanencia en esta región”, menciona Rojas.
Pero el 2022, la sombra del crimen aún se cernía sobre la ciudad, con numerosos casos de enfrentamientos protagonizados por las organizaciones criminales brasileñas PCC (Primer Comando da Capital) y el Comando Vermelho, dedicadas al tráfico de drogas, principalmente. “Claro que hay ahorita (están presentes), en la zona de Porvenir y Villaroja”, explica Samuel, con una mezcla de preocupación y resignación en su voz. “Son gente que se ha desparramado para todo lado”.
La Brigada Parlamentaria de Pando recibió en abril de 2022, un informe detallado del Plan “Z” de lucha contra el crimen por parte de la Policía de este departamento, un plan que se activa cuando existen hechos criminales de impacto dentro de territorio nacional, que moviliza a las unidades de élite de la Policía boliviana. En este caso, la estrategia buscaba enfrentar la creciente actividad delictiva relacionada con facciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho y el PCC.
Aunque Samuel indica que a estos dos grupos brasileños se les atribuyen actividades ilícitas, nuestra investigación no pudo determinar su nivel de involucramiento con el contrabando de tortugas y sus huevos.
LAS RUTAS DEL CONTRABANDO HACIA BRASIL
En los meandros de la zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, el comercio ilegal teje sus hilos en medio de rutas solitarias y casi imperceptibles por su estrechez para los mapas satelitales. En estos rincones olvidados de la Amazonía, se entretejen historias de clanes familiares especializados en diferentes actividades clandestinas. “Algunas personas de la misma familia se dedican al tráfico de especies y otras al tráfico de sustancias (drogas), por las rutas que hay en la región”, explica Julio Rojas.
Uno de estos lugares es el municipio pandino de Santa Rosa del Abuná. Hasta ahí llegan contrabandistas brasileños desde la localidad de Capixaba (Brasil), quienes se aventuran a cruzar esta intrincada frontera en la búsqueda de su tan codiciado botín: los huevos de peta. “Vienen por la noche en movilidades (camionetas) y se dirigen hacia Puerto Rico (municipio) y desde allí ya cogen su ruta hacia (los ríos) Manuripi, Orthon y Tahuamanu”, comenta el policía al que llamamos Samuel.
El kilómetro 49 de la carretera Puerto Rico-Cobija es también otro de estos puntos de acceso. En este lugar es posible incluso encontrar a estos individuos haciendo camping en las playas de donde van a extraer los huevos.
Otros caminos poco transitados donde la línea divisoria entre ambos países se desdibuja al caer el atardecer, son Cocamita y Frontineli, que se convierten en el escenario perfecto para estas operaciones ilegales. “Donde está el mojón de Bolivia y Brasil, hay una carretera, ahí de noche entran, hacen el negocio y pasan a otro punto. ¡O sea, no hay control, de noche no hay control!, reniega Samuel.
Los entrevistados para este reportaje indicaron que el destino final de estos huevos de peta es Río Branco, la capital del estado brasileño de Acre, ubicado a 231 kilómetros de Cobija.
Estas rutas sinuosas y de muy bajo control ofrecen un camino directo hacia la actividad delictiva, donde los traficantes pueden operar con relativa impunidad. “Son caminos específicos para todos los ilícitos. Para el contrabando de mercadería, para la droga, para todo, y también para los huevos y las petas. Son zonas pesadas como decimos”, indica Samuel.
LA RUTA DEL CONTRABANDO HACIA PERÚ
Bajo el dosel de árboles de castaña de 40 metros que se alzan majestuosos hacia el cielo, ingresamos a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, nombrada así por el río Manuripi, conocido también como “río de las serpientes”’, por el serpenteado horizonte que dibuja su cauce al pasar por el espeso e impenetrable bosque, visto así desde la cámara de un dron.
En el 2023, los guardaparques de esta reserva avistaron movimientos sospechosos a lo largo de la ruta de Soberanía, la difusa frontera que comparten Bolivia y Perú, otra zona fronteriza donde las leyes son apenas un rumor.
En este límite entre ambos países, los huevos de peta son una mercancía codiciada que cambia de manos rápidamente para seguir su viaje hacia Puerto Maldonado, donde su precio se dispara aún más. “Del otro lado (de Soberanía) ya está la comunidad Santa María que ya es peruana, y de esa comunidad, siguiendo el camino llegan a la comunidad Mavila, y de allí ya están a una hora de Puerto Maldonado”, comenta Luke López, un veterano guardaparque de esta reserva que ocupa el cargo de Jefe de Protección.
A pesar de la presencia de un puesto militar, otro de la policía y uno de Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), Soberanía se ha ganado una reputación de zona roja, un territorio donde, además de los huevos de peta, el contrabando de madera y drogas florecen como maleza en la floresta.
“La gente (bolivianos) lleva (los huevos) hasta Soberanía, ahí los comercializa y de ahí son otros los que los llevan hasta Puerto Maldonado. Ya es una persona peruana”, detalla López.
El año pasado, uno de estos incidentes sacudió la tranquilidad de la comunidad Holanda, cuando contrabandistas peruanos fueron confrontados por los habitantes de la región del río Manuripi, recuerda el dirigente de este lugar, Roy Salgama. “Se entraron por el lado de Manuripi (…) a sacar los huevos de peta”.
Los contrabandistas, hábiles en el arte del engaño, han encontrado formas ingeniosas de eludir la vigilancia. Bolsas de yute, cajas de cartón, colchones, mallas de pesca, mochilas, conservadoras, entre otros, son utilizados para camuflar y transportar los huevos y las tortugas (vivas y muertas) hacia su próximo destino, donde son convertidas en moneda de cambio para aquellos que lucran a expensas de la fauna silvestre. Mientras tanto, en el escenario natural que este animal habita desempeña un rol fundamental en la limpieza de los ecosistemas acuáticos. “Al ser omnívora, se alimenta de una variedad de restos, de algunos hongos, algas, arbustos de los ríos y peces en descomposición”, explica Toyama.
DECOMISOS EN MANURIPI
Durante el 2023, tres decomisos revelaron la intensidad que tiene este comercio clandestino. El primero tuvo lugar a orillas del río Manuripi, con una cifra de 809 huevos confiscados antes de la frontera con Perú. El hombre, encontrado infraganti, logró huir y se fundió en medio de la arboleda. “Dejó los huevos y corrió hacia el monte y no se lo pudo capturar”, recuerda con angustia Rolando Toyama.
Los siguientes dos decomisos no fueron menos preocupantes ya que más de 1.020 huevos fueron incautados. En aquellas oportunidades, los responsables asumieron las consecuencias legales de sus acciones. “Aparte de iniciarles un proceso por la extracción de huevos, se les inició un proceso por porte de arma ilegal [era una escopeta de cacería] dentro del área protegida”, expresó Toyama.
En otro caso, del 2021, un hombre fue encontrado con 600 huevos y dos petas. El individuo en cuestión fue sometido a la justicia y condenado a prisión por sus delitos contra la vida silvestre. “Estuvo dos años preso y salió con fianza; su familia pagó”, recuerda Luke López.
La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) indicó que entre 2021 y 2023 apenas seis personas fueron sometidas a algún tipo de proceso penal a consecuencia de la extracción de huevos de peta. La entidad dijo que no tiene datos actualizados con relación a la cantidad de huevos decomisados para el departamento de Pando en 2023.
UNA LUCHA SIN DESCANSO
En las profundidades de Manuripi, capitanes de puerto de la Armada boliviana y guardaparques unen sus fuerzas para hacer frente a escurridizos contrabandistas que se mueven rápidamente y en silencio a lo largo de los ríos.
“Ellos utilizan personas campana. En las poblaciones dejan hombres y mujeres, que, a la visualización de los efectivos de la Armada boliviana junto con los guardaparques, inmediatamente avisan por medio de celular para que ellos se entren al monte y se puedan esconder”, comenta el capitán de fragata Ángel Flores, jefe de la división primera personal del Distrito Naval Pando, que ha sido parte de unos 50 operativos.
Para contrarrestar esta situación, las fuerzas del orden deben actuar en la oscuridad de la madrugada. “Entramos por tierra, luego las embarcaciones las llevamos (aparte)”, explica Flores.
Con cada vuelta del calendario, los guardianes de Manuripi deben redoblar sus esfuerzos, especialmente durante los meses de desove de las tortugas. Los duelos que se libran en las entrañas de la reserva son monumentales. Con más de 600 kilómetros de ríos para vigilar y solo un puñado de embarcaciones a su disposición, los guardaparques deben emplear estrategias ingeniosas para controlar, monitorear y fiscalizar el desove de las tortugas. Una de estas estrategias es la de los “guardaparques voluntarios”.
Estos voluntarios de la comunidad se limitan principalmente a la realización de denuncias y acompañar los patrullajes rutinarios por tierra y agua. Sin embargo, su participación es escasa debido a la ausencia de beneficios o incentivos que los motiven. A pesar de que se ha designado a unos 15 a 20 habitantes para esta tarea, su disponibilidad de apoyo es inconsistente. “Cuando queremos un apoyo de ellos desaparecen”, se lamenta con impotencia el guardaparque Roberto Pérez.
Y en una carrera cuesta arriba, apenas siete guardaparques deben cubrir más de 773.000 hectáreas de área protegida, a pesar de que su Plan de Manejo indica que deberían ser mínimo 15. De acuerdo a la UICN, el número ideal de guardaparques debería de ser 1 por cada 1 000 hectáreas. “Tenemos cinco puestos, pero solo cubrimos tres, cuando nos vamos a cubrir el siguiente dejamos los de acá vacíos, y así pueden acceder a cualquier actividad ilícita”, dice Pérez.
Pero la tarea es más que un simple juego de gato y ratón. La noche trae consigo su propio conjunto de desafíos. Estos defensores se enfrentan a peligros constantes, ya que el descubrimiento de armas de fuego en posesión de contrabandistas ebrios y agresivos es una amenaza latente a su seguridad. “Ellos están armados, se llevan sus salones y escopetas. Eso hace que sea un poco peligroso el trabajo”, dice Luke López.
A consecuencia de estas presiones, la presencia de las petas se desvanece lentamente en las aguas de Manuripi, ante la mirada preocupante de aquellos que vigilan estas tierras y su fauna silvestre. “Antes, cuando descendíamos por el río, las playas estaban pobladas de petas. Ahora hemos observado que la peta está en un estado crítico”, lamenta López.
UN PROGRAMA PARA DEVOLVERLE LA ESPERANZA A LA PETA
En el puesto de control de San Silvestre, próximo a la frontera con el Perú, en un refugio en medio de la vastedad del bosque, los guardaparques se convierten en los guardianes de la esperanza. Allí, entre murmullos de hojas y ecos de río, se encuentra un tesoro frágil y valioso: más de 1.600 tortuguitas esperan pronto ser liberadas en las aguas del río Manuripi.
Los quelonios de este albergue son parte del Programa de Monitoreo y Conservación de la Peta de Río, que llevan adelante los guardaparques en coordinación con la Universidad Amazónica de Pando. La idea ha germinado en el corazón de la lucha contra el tráfico de huevos y se inició en agosto de 2023, con el objetivo no solo de monitorear y realizar operativos de decomisos, sino de repoblar los ríos con esta especie.
En una carrera contrarreloj antes de que los contrabandistas lleguen primero a las playas, los agentes de conservación de Manuripi han tomado medidas audaces para recolectar los huevos e incrementar sus posibilidades de supervivencia.
La tarea no termina con la recolección. Con dedicación, han construido una playa artificial, en un lugar seguro y bajo su permanente vigilancia, en donde una nueva generación de petas pueda emerger. El traslado de los huevos se realiza con extremo cuidado y precisión, para protegerlos del calor y la lluvia durante el viaje hacia su nuevo hogar. Hasta la actualidad, el programa ha manejado unos 4 170 huevos. “Hemos tenido un porcentaje de eclosión del 88,3 %. Para nosotros ese valor es grande”, menciona Toyama.
Luke López sostiene en la palma de su mano a una tortuguita de cinco centímetros y cuatro meses de edad, que es parte de este programa. El diminuto quelonio posee unas manchas amarillas que adornan su cabeza, tiene el caparazón oscuro y arqueado, que resplandece con un ligero brillo, mientras su pecho se desliza desde un negro profundo hasta una tonalidad amarilla. Cuando llegue a la adultez, el animal medirá entre 33 centímetros (machos) y 50 (hembras), y pesará entre 9 y 12 kilogramos.
Los huevos decomisados de las manos de los contrabandistas también llegan aquí. Aunque debido al manejo previo que han tenido, no tienen garantizado el mismo éxito de eclosión. “Pero con que nazca cierto porcentaje para nosotros contribuye”, expresa Toyama, esperanzado por la segunda oportunidad que tendrán estas criaturas para nadar en libertad en los ríos, donde verdaderamente deben permanecer.