¿INTENTA EVO MORALES DERROCAR A LUIS ARCE?

 

El enfrentamiento público entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales ha dado un nuevo salto esta semana. El pasado domingo el mandatario boliviano acusó en un mensaje televisado a su antiguo mentor de fraguar un “intento de golpe de Estado”, trabajando con empeño digno de mejor causa a que a su gobierno le vaya mal para aparecer como un “salvador” del país y así “permanecer en el poder otros 14 años o más”.
Afirmaciones hechas como respuesta a la movilización anunciada por Evo y sus seguidores bajo el lema “salvar a la patria”, a la que seguiría un bloqueo de caminos a nivel nacional. La caminata de 187 kilómetros, liderada por el expresidente desde la localidad de Caracollo, en la región andina de Oruro hacia La Paz, sede del Ejecutivo boliviano, efectivamente se encuentra en pleno desarrollo, con el respaldo de más de 5 mil mineros, campesinos, obreros e indígenas que acusan a Arce de “traidor”, “dictador” y “títere del imperio”.
Sin embargo, el día de ayer se vio interrumpida por enfrentamientos violentos con un grupo de fieles a Arce, cuando se encontraba a unos 131 kilómetros de su destino final.  En medio de las pedradas y petardos que intercambiaba los dos bandos, y con más de 2o heridos de por medio, Morales optó por abandonar la movilización arguyendo que la misma no se convocó para apoyar su candidatura presidencial: “La marcha no es del Evo, es del pueblo”, posteó en la red social X.
“Con Evo o sin Evo”
No obstante, aseguró que “La marcha es imparable, la marcha va a continuar, con Evo o sin Evo”. El martes ocurrió el primer choque cuando unos 500 arcistas intentaron bloquear la caminata, pero los seguidores del ex mandatario, muy superiores en número, los golpearon e hicieron escapar.
Como es de suponer, desde el gobierno de Arce se ven las cosas de una manera muy distinta, insistiendo en que el verdadero objetivo de Morales no es otro que el de conseguir su cuarta candidatura presidencial. En ese sentido, el ministro de Justicia Iván Lima, anunció la apertura de un proceso penal contra el ex mandatario, por supuestas acciones delictivas y la canciller Celinda Sosa denunció en sus redes sociales que: “Un nuevo golpe de Estado se está gestando en el Estado Plurinacional de Bolivia, dirigido por el expresidente Evo Morales, con el propósito de acortar el mandato del presidente Luis Arce y habilitarse una vez más como candidato, pese a que la Constitución Política del Estado se lo prohíbe”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, va más allá, calificando la movilización como “la marcha de la muerte”, y asegurando que su propósito concreto busca la renuncia tanto de Arce como del vicepresidente David Choquehuanca, a fin de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y politólogo de 35 años, aliado de Morales, asuma el Gobierno y convoque nuevas elecciones para habilitar a este de manera inconstitucional.
El enfrentamiento
Distanciados desde fines de 2021, el enfrentamiento entre los dos dirigentes se profundizó en el transcurso del año pasado en la disputa por controlar la dirección nacional del MAS, principal partido del país. El enfrentamiento entre las facciones, que ha llegado hasta la violencia física, pasó de ser un conflicto interno de ese espacio político a arrastrar en la diatriba a las instituciones nacionales y como vemos, a la propia gobernabilidad de Bolivia. Los seguidores de Evo acusan al Tribunal Constitucional de coludirse con Arce y la oposición de derecha a fin de bloquear la aspiración de su líder, a quien han proclamado como “candidato único” para los comicios presidenciales de 2025.
Dicho lo cual, este nuevo episodio de la carrera de Evo Morales parece ser un intento nada disimulado por aprovechar las crecientes dificultades por las que atraviesa el país ante la escasez de dólares y combustible. En estos momentos Bolivia experimenta el agotamiento del modelo de “populismo prudente” que tanto él como Arce iniciaron y gestionaron desde el año 2006.
Debido a falta de inversiones la producción de gas, vital en las exportaciones bolivianas, ha venido disminuyendo de manera sistemática desde el año 2016, afectando seriamente, a su vez, las reservas en dólares del país y el suministro de combustibles. Para mantener el precio de la gasolina, congelada desde 2005, el Estado destina entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año (de los que cada vez tiene menos) a fin subsidiar el consumo, mientras que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha comenzado a importar crudo proveniente de Vaca Muerta a través de Chile.
Ya en diciembre de 2010, Morales y Arce intentaron la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero la medida desató una ola de protestas en todo el país, razón por la cual la dejaron sin efecto a fin apaciguar a la población. No obstante, esta situación (subsidio y falta de inversión) se ha ido agravando con el paso de años, provocando el conocido proceso de contrabando de combustible, desabastecimiento del mismo, más controles, protestas de camioneros y la militarización de las estaciones de servicio que ha agravado, todavía más, la carestía.
Por la ley que estatizó de manera parcial los yacimientos de gas en 2006 (promesa estrella de Morales en la campaña electoral que le llevó al Gobierno) estos deben ser explotados en la modalidad de empresas mixtas de las cuales se le reserva a YPFB al menos un 51 % del capital de las mismas. Esta recibe toda la producción para su comercialización, tanto para el mercado interno como para la exportación. En la práctica el Estado boliviano se queda con el 82 % de los ingresos y las petroleras privadas con el 18 %. Aunque los socios privados manifestaron desde un inicio que dichas condiciones le eran rentables, lo cierto del caso es que con el paso de los años la inversión no dejó de descender.
Así que, finalmente, a los bolivianos les llegó la hora de pagar la factura por los años de las vacas gordas. El detalle aquí es que la crisis le ha explotado en la cara a Arce, mientras su anterior jefe intenta (una vez más) usarla a su favor.
Porque, por lo visto, Evo Morales regresa a la misma estratagema que le aplicó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 21 años atrás, cuando encabezó la Guerra del Gas. Aquel intento frustrado por abrir todavía más a la inversión de las grandes compañías internacionales ese sector estratégico, en busca de una abundante fuente de divisas para Bolivia, pero que se trastocó en una grave crisis política y social, con tintes nacionalistas, que le costó la presidencia a Sánchez de Lozada, pero le abrió el camino Morales. Por cierto, un aspecto muy criticado de aquella apertura fue la promesa de exportar gas a través de Chile, y no como ahora, que se importa por medio de ese vecino.
Hoy en el Altiplano boliviano la serpiente se vuelve a morder la cola. Al Navío de España (https://acortar.link/rq77DO)
 
 
 
 
 
BOLIVIA, ¿Y LA UNIDAD REVOLUCIONARIA QUÉ?
 
El Clarín de Chile (https://acortar.link/382uke)
 
Después de varios intentos por subsanarse los desencuentros entre Luis Arce y Evo Morales en Bolivia, finalmente se dio la ruptura entre estos dos líderes sudamericanos.
Recordemos las palabras del comandante Hugo Chávez, «en cualquier circunstancia, patriotas, hombres y mujeres, con rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas«, y al parecer olvidaron el consejo los dos compañeros.
Es lamentable, que, a la fecha de elaborar este artículo, este en pleno desarrollo una marcha con Evo Morales a la cabeza, hacia la capital La Paz, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y de su vicepresidente David Choquehuanca y se convoquen a nuevas elecciones generales, siendo compatriotas del mismo bando, independiente de los actos y palabras de cada uno de ellos. Ojalá no haya enfrentamientos entre los dos bandos, ocasionando heridos y muertes.
Igualmente, lamentable que, según el escritor Fernando Dorado, en su artículo ¿Qué ocurre en Bolivia y qué lecciones sirven para Colombia?, al señalar: «El enfrentamiento entre el presidente Arce y el expresidente Evo es consecuencia del fraccionamiento y la lucha por el poder gubernamental entre cúpulas burocráticas surgidas dentro de las organizaciones sociales y las instituciones estatales. La lucha de clases en Bolivia se mueve en nuevos escenarios y tiene como protagonistas principales a las diversas burguesías emergentes que, temporalmente, se pueden aliar con los sectores populares (trabajadores, indígenas, campesinos, pequeños productores) pero que, finalmente, cuando las contradicciones se agudicen, se unirán con los grandes capitalistas “proimperiales”, que se mueven tanto dentro de los imperios occidentales (USA, UE) como a los orientales (Rusia, China)».
Revisemos brevemente la historia de este conflicto
En el año 2003, el dirigente campesino e indígena Juan Evo Morales Ayma, al lado del pueblo boliviano impulso un proceso constituyente, en compañía del intelectual revolucionario Álvaro García Linera, y quienes se colocaron a la cabeza del Movimiento al Socialismo (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP). Este movimiento partidista se fortaleció con la participación de trabajadores, indígenas, campesinos, cocaleros y, en parte, mineros de Bolivia.
Luego, Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia en 2005, desde aquel momento el MAS-IPSP ha sido la principal fuerza política de Bolivia. En 2009, entró en validez la Constitución política de Bolivia, declarándola como un Estado Plurinacional, hecho histórico en el mundo.
En el periodo de unos quince años, primero se avanzó en logros democráticos, especialmente garantizando la participación política y en otras áreas de los sectores indígenas excluidos. Por otro lado, se progresó en soberanía nacional, en la redistribución de recursos del Estado y justicia social, en la renegociación de los contratos con empresas transnacionales de hidrocarburos (nacionalización), en el fortalecimiento de los ingresos del Estado, y se inició un proceso de industrialización del aparato productivo.
Evo y García Linera lideraron el MAS y a una la amplia coalición; además de derrotar en elecciones consecutivas a las derechas reaccionarias y conservadoras de Bolivia. No obstante, ese control y triunfo mostró en 2019 (la crisis política en Bolivia de 2019, también conocida como Fraude de Evo Morales, se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año, después de 21 días de protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales, acusado de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre), las fisuras y debilidades que se acumularon durante las últimas dos décadas.
Luego, a pesar de los logros económicos del gobierno de Evo, que aprovechó la bonanza de los precios internacionales de los hidrocarburos para fortalecer las finanzas del Estado, los esfuerzos por superar la economía extractivista (base real del neoliberalismo) han sido insuficientes.
A manera de autocrítica nuestra, paralelo a lo anterior, surgió la apropiación y burocratización al interior del MAS y de las organizaciones sociales que apoyaban el proceso de cambio. Los líderes sociales se transformaron en gobernantes y se convirtieron en el germen de una nueva burguesía burocrática que se aferra al poder del Estado.
En este ambiente, fueron surgiendo los diferentes bandos que hoy se expresan alrededor del presidente Arce y del expresidente Morales, ya que la lucha ideológica y cultural pasó a un segundo plano. En el fondo, se hizo evidente que el instrumento político (MAS), era un partido eminentemente electoral y clientelar, donde no existían en su interior dinámicas verdaderamente revolucionarias, democráticas y participativas.
Finalmente, el discurso no se correspondía con la práctica social. El comunitarismo indígena es cosa del pasado y las relaciones de producción capitalistas (incluyendo el consumismo) han impactado a toda la sociedad boliviana. Fernando Dorado, ¿Qué ocurre en Bolivia y qué lecciones sirven para Colombia?
A lo anterior, habría que considerar al menos tres elementos a considerar en esta problemática:
1.         Es indudable que los grandes capitalistas agroindustriales y otros sectores poderosos aliados de EEUU, van por el control del litio boliviano, y por supuesto, una división interna propicia su fácil acceso al mineral apetecido.
2.         En Bolivia, las grandes transformaciones se construyeron con el movimiento popular, y en específico el movimiento indígena, en las calles y marchando. Esta vez, la marcha convocada para el 17 de septiembre pasado, condensa varias consignas. Por un lado, se funda en la denuncia al Gobierno por su gestión económica y se posiciona en defensa del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Por otro lado, las demandas políticas pasan por el respeto a las instancias orgánicas del movimiento indígena y del movimiento obrero, por el respeto al derecho a elegir orgánicamente y sin injerencia al candidato para las elecciones de 2025, y se posiciona en contra de la traición de Luis Arce, David Choquehuanca y su gabinete a los principios del Proceso de Cambio que ha fundado el Estado Plurinacional.
3.         La marcada y ocultada penetración de los EEUU hacia el componente militar boliviano, que, por supuesto, induce en los militares una antipatía hacia los sectores afectos al evismo, como se le llama.
Este breve transitar histórico nos revela que, hay que bregar con muchos desafíos a la hora de la construcción de una alternativa progresista, socialista o como quiera llamársele.
Seguimos lamentándonos de algunas otras experiencias de ensayos de autodeterminación de los pueblos, parecidas a esta de Bolivia, como la acontecida por ejemplo en Chile, «durante y después del estallido social de 2019, sectores progresistas que se presentaban como aliados de las demandas populares, terminaron suscribiendo el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, pero sus acciones fueron percibidas como una forma de desviar el debate y contener el impulso de reformas más radicales. Lejos de desafiar el modelo neoliberal, estos sectores optaron por medidas graduales que no respondieron a las expectativas de las clases trabajadoras». Diario La Humanidad, artículo: Chile: sin mentiras y al hueso.
Afortunadamente, hay experiencias en América Latina y el Caribe, que, si han tomado en cuenta las palabras del comandante Chávez, «ante cualquier circunstancia Unidad, Unidad, Unidad de los patriotas”.
 
 
 
 
 
EL EMBAJADOR QUE PERMITIÓ LAS COACCIONES A EDMUNDO GONZÁLEZ ES EL QUE ENVIÓ SÁNCHEZ A BOLIVIA PARA AYUDAR A EVO MORALES
 
Ramón Santos fue uno de los garantes de las excelentes relaciones entre el Gobierno de Evo Morales y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
 
Libertad Digital de España (https://acortar.link/l4uy0j)
 
España acaba de vivir uno de los pasajes más nauseabundos de su historia diplomática. El líder venezolano Edmundo González Urrutia y ganador de las pasadas elecciones denunció este miércoles que firmó un documento, antes de salir de Venezuela y en la Embajada Española, bajo coacción del régimen de Nicolás Maduro: fue amenazado para que firmara su salida de Venezuela porque, en caso contrario, tendría que "atenerse a las consecuencias", según las propias palabras de Edmundo González. Y todo ello ocurrió en la residencia del embajador español en Venezuela, Ramón Santos, con la presencia expresa de Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge, ambos con la entrada en territorio UE prohibida por Bruselas por ser parte clave del régimen narcodictatorial de Maduro.
El embajador
Pues bien, Ramón Santos no es un desconocido en estas materias. En el año 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bolivia a esta misma persona. ¿Por qué? La primera razón, porque era el histórico embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en La Paz. Y, dos, porque Evo Morales había perdido las elecciones y se acababa de desatar una crisis diplomática con el país andino y el nuevo Gobierno que había acusado ya a España de ayudar a salir a miembros del Gobierno de Morales para que no fueran juzgados.
Ramón Santos fue embajador en Bolivia entre 2008 y 2013. De hecho, fue uno de los garantes de las excelentes relaciones entre el Gobierno de Evo Morales y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Santos permaneció más de dos semanas en Bolivia durante el "momento más agudo de la crisis", según reconocieron en su momento fuentes del Ministerio.
"Santos estuvo como enviado especial para el refuerzo de la embajada", añadió aquella versión oficial. Eso sí, el Gobierno de Sánchez, una vez más, se negó a desvelar la agenda de Ramón Santos en Bolivia.
¿Y cuál fue la versión del nuevo Gobierno de Bolivia? El Gobierno entrante acusó a España de injerencia en su soberanía por intentar sacar del país a ex dirigentes de Morales.
Contexto
El contexto era el siguiente: Bolivia llegó a expulsar a dos representantes de la misión diplomática de España en Bolivia (Cristina Borreguero —la encargada de negocios de la Embajada Española— y Álvaro Fernández —cónsul en La Paz—) por la injerencia denunciada, que consistía en el intento de sacar del país a miembros del gobierno derrotado de Morales.
Y es que el Gobierno entrante sostuvo que la Embajada de España, a la que se envió el refuerzo de Ramón Santos, había cometido "atropellos" a la soberanía boliviana por lo ocurrido "en la sede diplomática de México" en La Paz. La ministra del Exteriores del país sudamericano, Karen Longaric, denunció concretamente que "personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz".
Longaric añadió que "la pregunta número uno es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visitase a la embajadora de México acompañada de personas con el rostro cubierto y presumiblemente armadas, como han denunciado los vecinos de la zona". Y explicó que "la Cancillería boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".
El choque diplomático se inició el 27 de diciembre de 2019, cuando el Gobierno entrante de Jeanine Áñez concretó esta acusación y especificó que diplomáticos españoles habían intentado sacar a funcionarios bolivianos de la administración de Evo Morales asilados en la Embajada de México. Y no se trató de la primera muestra de la actitud del Gobierno español: los gobiernos de Bolivia y México ya habían tenido enganchadas por el asilo y apoyo de este último al expresidente Evo Morales.
 
 
 
 
 
UGT HACE UN LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO, LA UNIDAD Y LA PRESERVACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA
 
El sindicato considera que es fundamental que las organizaciones sociales, sindicales y políticas se mantengan unidas en defensa de la voluntad democrática
 
UGT  de España (https://acortar.link/MgjGLC)
 
La voluntad democrática del pueblo boliviano quedó suspendida en 2019 durante 11 meses a causa del golpe de Estado y posterior gobierno de la ultraderechista Jeanine Áñez.
La movilización de todos los pueblos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, así como la presión internacional y estrategia de unidad de Luís Arce y Evo Morales, consiguieron revertir el golpe y obtener la victoria a través de un proceso electoral que culminó con la designación de Arce como presidente de la república y que supuso la victoria de la voluntad popular frente al fascismo golpista. Sin embargo, a día de hoy asistimos con gran preocupación a la situación de división y enfrentamiento de las fuerzas progresistas en Bolivia.
Tras años de importantísimos y tangibles avances en justicia social, derechos laborales y crecimiento económico, vemos con inquietud cómo la falta de unidad entre sectores sociales y políticos amenaza con poner en riesgo estos logros. Por ello, UGT hace un llamamiento urgente al diálogo entre todas las partes implicadas.
Las diferencias políticas y sociales que pueden existir deben resolverse a través de vías institucionales, en el marco del respeto mutuo y con responsabilidad. La confrontación entre compañeras y compañeros de lucha, fuera de esos marcos, solo beneficia a la oligarquía que siempre debilita los derechos conquistados por el pueblo a lo largo de los últimos años.
El sindicato considera que es fundamental que las organizaciones sociales, sindicales y políticas se mantengan unidas en defensa de la voluntad democrática expresada en las urnas ya que la preservación de la democracia y de los logros alcanzados solo será posible si se evita el enfrentamiento interno y se apuesta por soluciones consensuadas.
La historia reciente de Bolivia ha demostrado que la unidad y el respeto a las instituciones democráticas son claves para consolidar un futuro más justo e inclusivo y UGT está convencida de que, mediante el diálogo, se pueda superar esta etapa y garantizar que Bolivia continúe avanzando en la senda de la justicia social y la democracia participativa. En ese sentido, el sindicato reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales del pueblo boliviano, apostando por la unidad como único camino para enfrentar los desafíos actuales.
 
 
 
 
 
DEJA VU (YA LO VIMOS) EVO MORALES
 
La historia de Bolivia es la típica de las economías socialistas-populistas que inevitablemente colapsan en el tiempo. El caso boliviano es además repetitivo pues esta historia se repite periódicamente en sus gobiernos de izquierda. Con esta fórmula, la izquierda empieza estatizando los recursos naturales y generan por un tiempo ingresos extraordinarios para el estado, pero como todo lo gastan en presupuesto inflados y subsidios…
 
Expreso de Perú (https://acortar.link/dV5pRe)
 
No he querido escribir aún sobre Alberto Fujimori en esta columna pues mucho se ha dicho sobre él, generalmente muy positivo, durante estos días, y solamente añadir que el balance de su gestión es largamente positivo y fue un gran presidente que rompió con la pesada herencia del Velascato y enrumbó al país a la paz y el desarrollo socioeconómico como quedó demostrado con la derrota militar de Sendero y el MRTA, y los indicadores económicos que elocuentemente describió Jorge Baca el domingo pasado en este diario.
Pero los  peruanos parecen no entender y muchos insisten en chocarse con la misma piedra. Hace poco la ilustre, varias veces candidata de la izquierda, Verónika Mendoza, resaltó las bondades del “modelo boliviano”, instando a los peruanos a estatizar el gas y adoptar semejante esperpento. Resulta que ahora que empieza a implosionar ese modelo la inefable Verónika no dice esta boca es mía.
En Bolivia, después de casi 15 años de mantener un tipo de cambio fijo, sobrevaluado, de 6.90 bolivianos por dólar, se han consumido todas las divisas de las reservas del Banco Central, y solo le queda una pequeña cantidad de oro en sus bóvedas que podrá pignorar para conseguir efectivo. Esto ha llevado a la existencia de un mercado paralelo de dólares que más que duplica el cambio oficial, y hoy existe una extrema falta de divisas en el mercado para pagar sus importaciones, especialmente de combustibles y alimentos. Los bolivianos empiezan desesperadamente a comprar dólares en el mercado paralelo, inclusive soles que para ellos es una moneda sólida y convertible, llevando a un alza violenta de precios y escaseces de toda índole.
Todo empieza el 1o de Mayo del 2006 cuando Evo Morales en un arranque de populismo y con intervención de sus Fuerzas Armadas (remembrando a Velasco), tomó las instalaciones de las empresas privadas que explotaban el gas (su principal fuente de divisas) y tomó el control del 51% el accionariado y hasta el 82% de las ganancias. En ese momento las empresas dejaron de explorar para aumentar las reservas de gas, y hoy la producción es solamente el 50% de lo que fue hace 10 años y cayendo, y todas sus exportaciones de gas a Brasil y Argentina están comprometidas en respaldo a créditos. Sin las divisas del gas Bolivia está imposibilitada de importar combustibles para el transporte, que además subsidia, alimentos y otros productos que necesita para operar su economía.
La historia de Bolivia es la típica de las economías socialistas-populistas que inevitablemente colapsan en el tiempo. El caso boliviano es además repetitivo pues esta historia se repite periódicamente en sus gobiernos de izquierda. Con esta fórmula, la izquierda empieza estatizando los recursos naturales y generan por un tiempo ingresos extraordinarios para el estado, pero como todo lo gastan en presupuesto inflados y subsidios, y se paraliza la inversión, en este caso en los campos gasíferos, llevando eventualmente a la caída de la producción de esos recursos. Eventualmente el gasto estatal inflado lleva a una participación preponderante del Estado en la economía, y en Bolivia llegó a 42%, (hoy en  Perú está cerca del 20%), El gasto público se vuelve insostenible y los subsidios distorsionan la economía llevando a una irracionalidad en el consumo, incluso fuga de productos a otros países. Para 2024 fuentes oficiales estiman el déficit fiscal de Bolivia en 7.8% del PBI, y el Banco Central ha dejado de publicar muchas cifras incluyendo el precio del dólar. Sin embargo, analistas reputados estiman que el déficit llegará a 12% del PIB, casi tan alto como en la pandemia, lo cual es insostenible e imposible de financiar, por la mala reputación y calidad crediticia de Bolivia en los mercados internacionales. Inevitablemente recurrirán a la maquinita.
La crisis recién empieza y se avecinan periodos de fuertes alzas de precios, escasez de divisas, desempleo y pobreza. Evo Morales el creador del pasajero “milagro económico” pretende regresar a la presidencia, marchando sobre La Paz. Pero así logre regresar no podrá con sus políticas salvar a su estado, y probablemente terminará entregándose a Rusia, China o Irán y sus pobladores fugando de la pobreza a Chile, Perú o Argentina. Los Peruanos especialmente los del sur no podemos caer en los cantos de sirena de Verónica y Antauro Humala emulando a Evo Morales que solo llevará a la pobreza como acostumbra a hacer la izquierda.
 
 
 
 
 
¿ESTÁ PREPARADO EL PERÚ PARA RECIBIR UN NUEVO ÉXODO?
 
La Razón de Perú (https://acortar.link/yB8PYu)
 
¡Es increíble lo que puede suceder en el Perú si se produce un nuevo Éxodo! Y sobre todo ahora en el sur, una región tan convulsionada, rica por su oro y minerales que posee y que limita en gran parte con Bolivia. País que ha caído en la desgracia del socialismo con Evo Morales y la continuidad del comunismo con su actual presidente Luis Arce Catacora, los cuales han destrozado la energía y economía de la nación forzando a su población a un éxodo, para poder subsistir con el tráfico de oro hacia Bolivia.
Las condiciones económicas, políticas, sociales y de seguridad actuales en el Perú, más la inacción del actual gobierno en todo sentido, que promueve la actual Presidente Dina Boluarte y todo el ejecutivo, ha ocasionado que exista la opción de un “Éxodo” latente y que cerca de varios millones de bolivianos, quieran ahora huir a la Argentina y Perú, claro está que más a gusto se sentirían en nuestro país por la afinidad étnica, dialectos hablados  y costumbres afines que de una u otra forma solucionarían sus problemas más rápido de lo que piensan y en mejores condiciones.
La gran pregunta es ¿Está preparado el Perú para recibir un nuevo Éxodo? La respuesta es ¡NO! Pero ¡SI! Para el actual gobierno de Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, toda la izquierda nacional e internacional, caviares, así como para los gobiernos de Cuba y Venezuela entre otros de la región, además de los organismos internacionales que promueven la agenda 2030 y el nuevo Comunismo del Siglo XXI.  Esto, “de permitirse”, además de la debacle migratoria y de la consiguiente problemática del control territorial policial, traerá terribles e inimaginables consecuencias para nuestra nación, incluso desvirtuará el proceso electoral del 2026 en ciernes.
Lo ideal para el Perú sería que Nicolás Maduro caiga y Venezuela tome el rumbo de una nueva nación con la derecha y el capitalismo en vanguardia, así Bolivia dejaría de percibir la ayuda económica que recibe para sostener la izquierda que impera en ese país y a Cuba se le cortaría todo el apoyo que recibe también del gobierno de Maduro, esto aliviaría de todas maneras la preponderancia de la izquierda en el Perú para el 2026 y la región tendría un nuevo viso de cambio.
Caso contrario  tendríamos que soportar el Éxodo que vendría desde Bolivia con fuerza,  porque eso es lo que le conviene a la izquierda internacional, sumado al nuevo Éxodo venezolano que está por producirse si Maduro permanece en el poder, estos se sumarían entonces a más de un millón y medio de venezolanos que ya moran en el Perú y que en su mayoría integran las bandas delincuenciales internacionales producto de la inmigración ilegal, lo cual sería el sueño de Maduro y de todos los países extranjeros y estamentos internos y externos del comunismo internacional que ven al Perú como un botín fácil de conseguir si estas condiciones se dan, aplicando con mayor seguridad el fraude en  las elecciones del 2026.
Como se puede observar, esto involucraría la Defensa Interna y Externa del territorio patrio, no estando preparados para enfrentar a dos frentes paralelos y menos si el gobierno de Dina Boluarte y la cancillería ahora, no quieren hacer nada para evitarlo y la situación cada día se vuelve más tensa.
Como sabemos, hay una relación estrecha del partido al que pertenece la actual Presidente con Evo Morales, quien fuera agasajado en la época de Castillo por Vladimir Cerrón y muchos líderes de la izquierda en el restaurante Costanera 700 de Miraflores después de una serie de conversatorios.
¡Veremos qué pasa entonces, estamos advertidos!
 
 
 
 
 
BOLIVIA CONSUMIDA POR INCENDIOS ABRE EL DEBATE SOBRE POLÉMICAS LEYES
 
En Bolivia continúa la emergencia por los incendios forestales aunque las lluvias de los últimos días han ayudado a aplacar el fuego. Al tiempo que se moviliza la ayuda, crece también el debate sobre leyes que son catalogadas de permisivas y que atentan contra el medio ambiente.
 
VOA de EEUU (https://acortar.link/7igZyB)
 
Bomberos, voluntarios y miembros de la comunidad visiblemente emocionados agradecieron la lluvia del pasado fin semana en Bolivia, mientras continuaban las labores para sofocar el fuego que ha devastado partes de la Amazonía boliviana. Aunque varios tramos del incendio fueron aplacados, la situación aún no está bajo control.
El 12 de agosto, por ejemplo, aviones de la Fuerza Área Boliviana completaron un bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias y así ayudar a aplacar los incendios forestales que estaban afectando el oriente del país. De acuerdo con las autoridades en esta zona el aire está altamente contaminado.
Y es que al menos desde julio varias regiones del país arden sin tregua por los incendios forestales que a la fecha han arrasado unas 4 millones de hectáreas, aunque ambientalistas consideran que el daño es mucho mayor y las consecuencias serán irreversibles.
“Esto no es un problema boliviano, es un problema global; la Amazonía boliviana, brasileña y parte del norte argentino, se dice que es el pulmón del mundo. Bueno, el pulmón del mundo se quemó literalmente. Este desastre ecológico va a traer consecuencias globales, sin ninguna duda”, dijo a la Voz de América Enrique Bruno, comandante del Grupo de Bomberos Fundasol del departamento de Santa Cruz.
El gobierno del presidente Luis Arce decretó el 7 de septiembre una “emergencia nacional” para canalizar de manera más efectiva la ayuda internacional. Luego, el gabinete de ministros se trasladó a esa región para coordinar acciones en el terreno.
Arce ha defendido su gestión desde que se desató el incendio. En un reciente mensaje a los bolivianos, dijo: "Este es un tiempo de trabajo y de acciones, no es el tiempo de politizar la lucha contra los incendios".
En el mismo mensaje expresó que los incendios no deben ser usados con fines electorales, argumentando que la convocatoria de marchas y bloqueos contra su gestión atentaría "contra la economía y la vida del pueblo boliviano".
Arce respondió así a las críticas de legisladores, organizaciones ambientalistas, sectores privados e incluso del propio expresidente Evo Morales, antiguo aliado que lo ha acusado de no “extremar los esfuerzos” para aplacar los incendios.
Crisis ambiental "recurrente"
Líderes políticos advierten que la actual crisis ambiental es responsabilidad no solo de Arce, sino que se trata de un problema que alguna vez estuvo también en la cancha de Morales.
"Esto es recurrente y cada año lo agarra al gobierno en calzoncillos [sin planes] y luego declaran desastre y emergencia para buscar cooperación internacional ante la pavorosa destrucción ambiental", manifestó el sábado pasado a la prensa Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia.
Quiroga, que lideró los destinos de Bolivia entre 2001 y 2002, calificó a Arce y a Morales de "ecocidas" y de sostener posturas que catalogó de "cínicas".
"Estos dos señores, que ahora, en su pelea por la sigla del MAS [Movimiento al Socialismo] dejan al país agobiado, sin diésel ni gasolina, sin dólares y ahora sin bosques”, manifestó Quiroga en días recientes.
Un estudio reciente alertó acerca de que alrededor de 34 pueblos y 45 territorios indígenas fueron afectados por los incendios. Líderes de las comunidades consideran que esto acelerará la extinción de los pueblos indígenas.
¿En qué consisten las llamadas “leyes incendiarias”?
Desde 2013, durante el gobierno de Evo Morales, entraron en vigor normativas para la expansión de la frontera agrícola, que desde la visión del MAS, el partido gobernante, ayudaría a “garantizar la soberanía alimentaria”. Sin embargo, los ambientalistas advirtieron que provocaría una proliferación de incendios forestales.
Estas disposiciones, catalogadas por los detractores como “leyes incendiarias”, han sido rechazadas por los ambientalistas, quienes explican que, por ejemplo, la Ley 337 promovió la regularización de tierras forestales emitiendo aprobaciones para los desmontes que se hicieron hasta 2011 y no estaban autorizados.
La Ley 502, por otro lado, amplió la deforestación en las regiones, pues según sus datos, entre 2015 y 2023 se desmontaron 460.000 hectáreas de bosque y de esas y solo 40.800 fueron para cultivos de alimentos. La Ley 741 autorizó a pequeños y medianos propietarios al desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias que también fue aprovechada para el tráfico de tierras.
La Ley 1171, por su lado, otorga un perdón en el pago de multas por quema sin autorización. A este paquete de leyes se suma el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni y establece la multa más baja en Latinoamérica por deforestar, equivalente a 20 centavos de dólar por hectárea afectada.
En entrevista con la VOA, la activista y líder del movimiento Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, afirmó que en Bolivia en este momento está en curso un “ecocidio”.
“El gobierno tiene una responsabilidad directa no solo por omisión sino por acción e intencionalidad”, explicó. “Desde que se aprobaron estas leyes no solo expandían la cantidad de hectáreas sino que establecían perdones con multas mínimas, pero también incentivaban la quema como una forma de limpieza de la tierra durante la época del chaqueo", en alusión a una práctica ancestral en Bolivia para preparar el terreno para la siembra o la crianza de ganado.
Además, aunque los incendios en grandes cantidades tienen larga data, 2024 ha sido "el peor año" desde que se comenzaron a reportar estos incidentes. A su vez, la activista consideró que la capacidad del gobierno y los planes de prevención "no han evolucionado" desde entonces.
Ante la presión, la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada la abrogación de las leyes 1171 y 337, que ahora se deberá tratar en Cámara de Diputados. De no presentarse observaciones, el Ejecutivo las dejará sin efecto.
El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, en una entrevista con radio El Deber, dijo que la abrogación o derogación de estas normativas es una “atribución del Legislativo”. Además enfatizó en los esfuerzos que está haciendo el gobierno para atender la problemática, como la emisión del decreto de “pausa ambiental” que prohíbe toda actividad de quema.
Por su parte, Morales ha justificado la aprobación de las “leyes incendiarias” durante su gobierno, argumentando que “estaban destinadas a apoyar a los pequeños productores”. Sin embargo admitió que ahora “se pueden revisar las normas”.
Algunos legisladores avivan el debate al considerar que la abrogación de estas leyes afectará también al sector ganadero del país.
Hay al menos una docena de leyes y decretos que favorecen las quemas en territorios bolivianos, por eso organizaciones defensoras de la naturales, activistas y sociedad civil están liderando acciones para que puedan ser abrogadas.
Más de 130 organizaciones respaldaron el pasado lunes una carta abierta sobre la emergencia climática causada por los incendios forestales, dirigida a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Precariedad y ayuda
Imágenes desgarradoras circularon en las redes sociales en los últimos días, mostrando la devastación de Bolivia por el fuego. Comunidades enteras evacuadas, animales calcinados, niños sin poder respirar, cielos cubiertos de humo y trabajo sin descanso de bomberos, voluntarios y residentes.
Si bien desde la declaratoria de emergencia nacional se activó una mayor ayuda para atender los incendios y coordinar especialmente la llegada de brigadistas de otros países, los activistas y grupos de bomberos coinciden en que fue una actuación tardía.
El gobierno nacional aseguró que no escatima los recursos y que está recibiendo toda la ayuda internacional solicitada. Pero los bomberos advierten que no tienen las condiciones óptimas para sofocar el fuego, socorrer a las familias y rescatar animales.
“Nosotros seguimos apagando el fuego como hace 40 años, nuestra tecnología es un bate fuego, una rama, mochilas de agua y ni siquiera ropa adecuada, yo me siento muy mal hablar de esto, pero es necesario equipos más modernos”, dijo a la VOA el experimentado comandante de Bomberos Enrique Bruno.
Varias campañas solidarias se han activado y la ayuda está llegando a diferentes regiones donde continúan las acciones de sofocación de incendios. Los Bomberos Voluntarios Quebracho de Santa Cruz, uno de los grupos más activos y que desde hace meses trabaja incansablemente, ahora está movilizado para comprar una camioneta que les permita llegar a los lugares más alejados de las áreas protegidas.
Si bien la lluvia contribuyó en las tareas de lucha contra los incendios, los bomberos recalcan que aún queda mucho trabajo por hacer pues hay varios focos de calor activos y familias afectadas que necesitan mucha colaboración.
La calidad del aire, que en las últimas semanas se había reportado entre regular y extremadamente mala en las ciudades, comenzó a mejorar. Pero aún se recomienda el uso de tapabocas y evitar las actividades al aire libre.
 
 
 
 
 
INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA: “EL HUMO EQUIVALE A FUMARSE 400 CIGARRILLOS AL DÍA”, DICE PERIODISTA ERIKA BAYÁ
 
MSN de España (https://acortar.link/5IUtPl)
 
Cuatro millones de hectáreas se han quemado en Bolivia desde finales de junio, una superficie equivalente a casi la totalidad de Suiza. Con más de 3,3 millones, la mayor cantidad de hectáreas quemadas están sucediendo en el departamento de Santa Cruz. Erika Bayá es periodista de esta región, especializada en temas ambientales y parte de Alas Chiquitanas, un grupo voluntario de activismo por la Naturaleza. Analiza las causas y consecuencias de los incendios destructivos.
¿Por qué este año hay más incendios que en años anteriores?
Todo el hemisferio sur se enfrenta a incendios, especialmente en Bolivia, donde se están produciendo siniestros de gran magnitud. En Brasil, los focos de calor están aislados; pero, en Bolivia se han unido en incendios devastadores. Este año, el fenómeno de La Niña ha llevado a una sequía extrema, uno de los peores en la historia, agravada por la deforestación en la Amazonía. Esto afecta a todos los ecosistemas, ya que la Amazonía juega un papel crucial en el ciclo hídrico.
Además, el manejo de la tierra y el crecimiento de los agronegocios, como la soya y la ganadería, están exacerbando la situación en Bolivia y en toda Sudamérica.
Erika Bayá es periodista de Santa Cruz, especializada en temas ambientales y parte del grupo voluntario de activismo por la Naturaleza Alas Chiquitanas.
¿Cuáles son las consecuencias para la biodiversidad, las personas, la naturaleza y los animales?
No se respeta el uso del suelo, y se busca convertir todos los tipos de terreno en monocultivos, lo que es un gran problema. Según el biólogo Vincent Voss, entre 10 y 20 millones de mamíferos han muerto en incendios que arrasaron cuatro millones de hectáreas de bosque. Muchos animales mueren quemados, y también de sed debido a la sequía.
Los veterinarios en Bolivia enfrentan una alta mortalidad animal, lo que causa una pérdida de biodiversidad, incluyendo especies endémicas que podrían desaparecer sin ser conocidas. La quema de 5 a 6 millones de hectáreas anualmente impacta gravemente la fauna y los medios de vida de las comunidades.
En Monteverde, Santa Cruz, comunidades que dependían del café y otros productos no maderables han sido evacuadas. Árboles como el copaibo, que tardan años en recuperarse, ya no podrán ser aprovechados. También hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo que conlleva a la pérdida cultural.
El impacto ambiental es económico, social y cultural, y la humareda respirada estos días es extremadamente insalubre, equivalente a fumar 400 cigarrillos al día.
La Paz atraviesa una de las crisis de contaminación del aire más graves de su historia, provocada por los incendios forestales. Foto: AFP
Según los científicos, la mayoría de los incendios son causados por el hombre. ¿Cómo podrían evitarse?
La situación en Bolivia es complicada debido a leyes que permiten desmonte de tierras. Una persona puede solicitar permiso al gobierno, a la Administradora de Bosques y Tierras, ABT, para desmontar hasta 20 hectáreas, un tamaño considerable que no se puede trabajar a mano, por lo que se necesita maquinaria. Al "chequear", se le dice preparar la tierra con fuego, es imposible controlar 20 hectáreas; solo se puede manejar media o una hectárea. Esto provoca que el fuego se desborde, y en Bolivia se permite esta práctica.
Hace casi tres meses que se producen incendios en Bolivia y algunos fuegos están fuera de control. Foto: Ayuda en Acción
Además, la distribución de la tierra es corrupta y favorece a intereses ajenos, lo que afecta a los pueblos indígenas. Aunque antes los incendios eran eventuales, desde 2019 se producen anualmente por la laxitud de las leyes. La ABT debería intervenir en las quemas ilegales, pero no lo hace. La mayoría de los incendios son causados por el hombre y podrían evitarse con un cumplimiento efectivo de las leyes.
¿Qué debería cambiarse fundamentalmente para que en el futuro haya menos incendios forestales en Bolivia y Sudamérica?
En Bolivia, es urgente abrogar un paquete de once leyes incendiarias que son perjudiciales para el medio ambiente. Como periodista y activista en Alas Chiquitanas, creo que la ley debe proteger nuestros ecosistemas, incluidos bosques, humedales y ríos importantes. El Estado debería defender su territorio, no permitir que sus propias leyes lo destruyan.
La situación es compleja; las leyes actuales facilitan la minería ilegal, que afecta áreas biodiversas como el Parque Nacional Madidi y el bosque seco chiquitano. Además, el Pantanal, el humedal más grande del mundo, también está en peligro. Nos estamos autodestruyendo porque el Estado no actúa como debería.
¿Cuáles son sus previsiones para los próximos años o décadas?
Así como vamos, me da mucha pena lo que vaya a suceder. Estamos perdiendo ecosistemas, flora y fauna, lo que afecta el equilibrio, especialmente en la Amazonía. El foro social panamazónico busca que los pueblos discutan su futuro y la responsabilidad recae en todos nosotros. Si no nos activamos y exigimos cambios a nuestras autoridades, la situación solo empeorará.
En Bolivia, la sociedad civil apoya a los bomberos voluntarios, ya que carecen de recursos. Las sequías extremas afectan a muchas ciudades, y el acceso al agua se vuelve crítico.
El cambio climático ya se siente y, si no actuamos ahora, las próximas generaciones enfrentarán consecuencias aún más graves.
 
 
 
 
PESE A LA “PAUSA AMBIENTAL” INDEFINIDA, PERSISTEN LOS INCENDIOS EN BOLIVIA Y EMPEORA LA CALIDAD DEL AIRE
 
Mientras el fuego no da tregua, el Senado abrogó una ley denominada “incendiaria” que tenía incidencia directa con las quemas. Solo en Santa Cruz se registran 33 incendios activos, según el último reporte
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/eIB4RZ)
 
Los incendios forestales siguen tomando fuerza en Bolivia pese a que rige desde hace varios días una “pausa ambiental indefinida” y luego de un fin de semana en el que se registraron lluvias en varias regiones.
Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) solo en Santa Cruz se registran 33 incendios forestales activos en 11 municipios, lo que ha aumentado la contaminación del aire en el área rural y urbana del departamento.
Los incendios se expanden pese a estar vigente una prohibición de quemas. A través del Decreto Supremo 5225, el 11 de septiembre se declaró una pausa ambiental indefinida en todo el país, lo que implica anular las autorizaciones de quemas de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) y negar todos los procedimientos de autorización vigentes. Las “quemas controladas” son una práctica habitual en Bolivia para preparar la tierra para la siembra de cultivos agrícolas y estaban hasta hace poco permitidas siempre que se tramite una autorización ante la ABT.
El humo de los incendios activos hizo que empeore la calidad del aire varias ciudades del país con un índice que va de “regular” a “muy malo”. El jueves por la mañana en la ciudad de Santa Cruz -capital del departamento más afectado- el Índice de Calidad de Aire (ICA) marcaba en 172, considerado “muy malo” para la salud de la población.
Ante esa situación, las autoridades departamentales recomendaron a la población reducir las actividades al aire libre, evitar actividades físicas intensas y el uso de barbijos para protegerse de los efectos nocivos del aire contaminado.
De igual manera, la humareda ha provocado la suspensión de las operaciones áreas en 10 aeropuertos cruceños debido a la poca visibilidad. Sin embargo, las operaciones comerciales nacionales e internacionales se realizan con normalidad desde el aeropuerto de Viru Viru.
El Senado abrogó una ley “incendiaria”
La ley 741, que permitía el desmonte hasta 20 hectáreas, fue abrogada en la Cámara de Senadores y los legisladores alistan otra norma para evitar vacíos legales. La derogación de esta ley, denominada por algunos sectores como “incendiaria”, era una demanda masiva entre activistas y sociedad civil.
“El Pleno del Senado aprueba el proyecto de ley que abroga la Ley N° 741, de 29 de septiembre de 2015, Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”, informó el Senado. El proyecto de ley fue derivado a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior promulgación por el presidente Luis Arce.
La senadora Cecilia Requena indicó que la ley abrogada daba lugar a que las comunidades puedan ejecutar desmontes, a menudo a través del fuego, de hasta 20 hectáreas sin derecho propietario consolidado. “Era una de las leyes más preocupantes y se estima que tenía incidencia directa en el problema de las quemas ilegales que menudo se vuelven incendios”, manifestó ante los medios.
La semana pasada, el Senado aprobó la abrogación de otras dos normas vinculadas a las quemas: la ley 1171 de uso y manejo racional de quemas y la ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y sus disposiciones conexas.
Daño acumulado en Santa Cruz
Jhonny Rojas, coordinador COED, informó en una conferencia de prensa que en lo que va del año, se quemaron más de 3 millones de hectáreas solo en el departamento de Santa Cruz y se reportaron más de 700 familias damnificadas, 21 viviendas afectadas y 15 municipios activaron la declaratoria de desastre.
 
 
 
 
 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE BOLIVIA AMENAZADAS POR INCENDIOS Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS
 
Latinoamerican Post (https://acortar.link/VNKK0W)
 
Las comunidades indígenas de Bolivia en las regiones de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni y Pando están al borde de la desaparición debido a los incesantes incendios forestales y el desplazamiento forzado. Los pueblos ayoreo, tsimane, sirionó y ese eja, entre otros, se encuentran atrapados en una lucha por la supervivencia mientras sus tierras arden y se vuelven inhabitables.
Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), la situación se ha vuelto grave. En solo cinco años, el fuego ha devastado 45 territorios indígenas de los 58 oficialmente reconocidos por el gobierno boliviano, y siete han sufrido graves daños. Desde los catastróficos incendios de 2019, que destruyeron más de 5,3 millones de hectáreas, la situación no ha hecho más que empeorar. El gobierno boliviano estima que las llamas han consumido 3,8 millones de hectáreas de bosque este año.
Los incendios destruyen viviendas y tierras sagradas y contaminan las fuentes de agua con cenizas, volviéndolas inseguras para el consumo humano. Comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus tierras ancestrales y trasladarse a zonas urbanas, donde sus tradiciones y formas de vida empiezan a desvanecerse. Vargas advierte de que los grupos indígenas más pequeños, que ya se enfrentan a retos demográficos, son especialmente vulnerables a lo que él llama un etnocidio inminente.
La causa subyacente de estos incendios es la práctica de los chaqueos, o quemas controladas, que se han descontrolado debido a la laxa regulación. Esta técnica agrícola, destinada a despejar la tierra para la agricultura y la ganadería, se ha extendido sin control en los bosques, lo que ha agravado aún más la crisis. Los grupos indígenas que dependen de la caza y la recolección están viendo cómo sus bosques se transforman en tierra árida y quemada, y sus medios de vida desaparecen junto con los árboles.
Los incendios forestales devastan la Amazonia y otros lugares
La crisis de incendios en Bolivia no es un hecho aislado. En toda América Latina, la selva amazónica y otros ecosistemas están sufriendo incendios forestales devastadores alimentados por la tala ilegal de tierras, la deforestación y un cambio climático cada vez más severo. Según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE), América del Sur sufrió más de 350.000 incendios forestales entre enero y septiembre de 2023, la cifra más alta en 15 años.
Brasil, hogar de la mayor parte de la selva amazónica, enfrenta una situación similar. Los incendios que arrasan allí amenazan no solo a las comunidades indígenas del país, sino también a la salud de todo el planeta. La Amazonia es crucial para absorber dióxido de carbono y regular el clima global. A medida que los incendios se propagan, se pierden grandes franjas de bosque, lo que libera carbono a la atmósfera y acelera el calentamiento global.
Los grupos indígenas asháninka y awajún de Perú se han visto gravemente afectados por los incendios forestales en las regiones de Ucayali y Loreto. Estos incendios, a menudo provocados por la tala y la minería ilegales, no solo han destruido bosques, sino que también han contaminado ríos con sustancias químicas tóxicas, poniendo en mayor peligro a las comunidades indígenas que dependen de estas fuentes de agua para beber, pescar y cultivar.
En Colombia, la deforestación y el desmonte ilegal de tierras en la Amazonia han alcanzado niveles récord, lo que contribuye al aumento de los incendios forestales. Los pueblos tikuna y huitoto, que viven en las profundidades de la Amazonia, ven sus tierras ancestrales reducidas a cenizas. Al igual que sus homólogos de Bolivia, se enfrentan al desplazamiento forzado y a la pérdida de su patrimonio cultural a medida que sus bosques se queman.
América Latina está siendo testigo de un patrón de destrucción que se extiende más allá de las fronteras nacionales. Los incendios forestales no son solo un problema ambiental; son una crisis humanitaria que amenaza con acabar con culturas y ecosistemas enteros.
Extinción cultural
Las comunidades indígenas de Bolivia y de toda América Latina se ven obligadas a huir de sus hogares y sus culturas se enfrentan a la extinción. El desplazamiento altera los modos de vida tradicionales, desde las estructuras de gobierno hasta las prácticas de subsistencia. Una vez que los pueblos indígenas son expulsados de sus tierras ancestrales, su capacidad de transmitir conocimientos culturales, lenguas y prácticas espirituales a las generaciones futuras se ve gravemente comprometida.
En Bolivia, muchos grupos indígenas se han trasladado a centros urbanos como Santa Cruz y La Paz, donde luchan por adaptarse a un modo de vida muy diferente del que han conocido durante generaciones. Los pueblos tsimane y sirionó, que tradicionalmente dependen de la caza, la pesca y la agricultura, encuentran cada vez más difícil mantener sus modos tradicionales en entornos urbanos. A medida que pierden el acceso a sus bosques, también pierden la capacidad de mantener sus prácticas culturales.
Esta pérdida de cultura no es exclusiva de Bolivia. En Brasil, los pueblos kayapó y yanomami han enfrentado luchas similares a medida que la deforestación y la minería ilegal los obligan a abandonar sus tierras. Para estos grupos, el bosque no es sólo un lugar donde vivir, sino la base de su identidad. Cuando el bosque desaparece, también desaparece su modo de vida.
En Ecuador, el pueblo waorani ha sido desplazado por los incendios y la extracción de petróleo, lo que ha provocado un colapso de sus estructuras de gobierno tradicionales. Sin su tierra, ya no pueden practicar las costumbres que han sostenido a su comunidad durante siglos. La migración forzada a las zonas urbanas ha erosionado su lengua, sus prácticas espirituales y su cohesión social.
El costo cultural del desplazamiento es devastador y, a medida que más grupos indígenas se ven desarraigados, aumenta el riesgo de extinción cultural. La situación en Bolivia es un duro recordatorio de la urgente necesidad de proteger no sólo el medio ambiente, sino también el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que han administrado estas tierras durante milenios.
Soluciones para una región en peligro
Los incendios en Bolivia y otras partes de América Latina ponen de relieve la urgente necesidad de realizar esfuerzos regionales coordinados para abordar tanto la degradación ambiental como el desplazamiento de las comunidades indígenas. Si bien algunos países, como Brasil, han implementado políticas para reducir la deforestación, la aplicación de las mismas sigue siendo inconsistente y las actividades ilegales continúan alimentando los incendios forestales.
El gobierno de Bolivia ha declarado una emergencia nacional en respuesta a los incendios y ha prohibido temporalmente todas las quemas controladas. Sin embargo, esta medida por sí sola no es suficiente para abordar la escala de la crisis. Miguel Vargas de Cejis sostiene que las soluciones a largo plazo deben centrarse en fortalecer las prácticas de gestión forestal, mejorar la prevención de incendios y ofrecer un apoyo más significativo a las comunidades indígenas.
Una posible solución es la creación de bosques gestionados por la comunidad, donde los grupos indígenas tengan la autoridad legal y los recursos para proteger y gestionar sus tierras. Este modelo ha tenido éxito en países como Guatemala, donde la Reserva de la Biosfera Maya ha visto una reducción drástica de las tasas de deforestación gracias a la participación de las comunidades locales en los esfuerzos de conservación.
La cooperación regional también es fundamental. La Amazonia se extiende por varios países y los incendios no respetan las fronteras nacionales. Un acuerdo pan-amazónico que reúna a países como Bolivia, Brasil, Perú y Colombia para combatir la tala ilegal, la minería y el desmonte de tierras podría ayudar a reducir el número de incendios y proteger los territorios indígenas. Esto requeriría que los gobiernos se comprometieran a hacer cumplir las leyes ambientales e invertir en proyectos de desarrollo sostenible que beneficien a las comunidades locales.
Por último, la comunidad internacional debe proporcionar asistencia financiera y técnica a los países latinoamericanos que enfrentan las consecuencias de los incendios forestales. Las organizaciones ambientales globales y los gobiernos extranjeros tienen un papel que desempeñar en el apoyo a los esfuerzos de reforestación, los programas de prevención de incendios y la preservación de las culturas indígenas.
Si no se toman medidas inmediatas, los incendios seguirán devastando los bosques de América Latina, empujando a las comunidades indígenas hacia la extinción. El momento de actuar es antes de que las pérdidas culturales y ambientales se vuelvan irreversibles.
Los incendios que consumen los bosques de Bolivia no son solo un problema nacional, sino parte de una crisis más amplia que afecta a América Latina. Las comunidades indígenas, que durante mucho tiempo han sido las guardianas de estas tierras, están siendo expulsadas de sus hogares y sus culturas corren el riesgo de desaparecer para siempre. Para salvar el medio ambiente y el rico patrimonio cultural de los pueblos indígenas de América Latina, se necesitan medidas urgentes a escala regional y mundial. El futuro de la Amazonia y de sus habitantes depende de ello.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: AVANZAN LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DEL TRANVÍA METROPOLITANO DE COCHABAMBA
 
El gobierno boliviano anunció la reanudación de los trabajos de la línea Amarilla, la tercera del tranvía metropolitano de Cochabamba. En 2022 se habían inaugurado las primeras dos líneas, Verde y Roja. La nueva línea contará con conexiones al aeropuerto y a la nueva terminal de ómnibus de la ciudad. Bolivia continua invirtiendo en transportes guiados a pesar de la crisis.
 
Revista En El Subte de Argentina (https://acortar.link/9vVT6o)
 
Las obras de la tercera línea del tranvía metropolitano de Cochabamba, tercera ciudad más poblada de Bolivia, fueron recientemente retomadas.
Los trabajos de la línea Amarilla, que se encontraban demorados por la falta de una licencia ambiental otorgada por la gobernación de Cochabamba, fueron reanudados tras la emisión de ese permiso, informó el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del vecino país.
“Hemos instruido a la empresa contratista para que reinicie sus operaciones”, explicó el titular de esa cartera, Edgar Montaño.
La línea tendrá una longitud aproximada de cinco kilómetros -se debieron hacer cambios al proyecto original para obtener los permisos ambientales- y conectará con el aeropuerto y la nueva terminal de ómnibus. Según estimaciones oficiales, se prevé finalizar las obras en el primer trimestre del año que viene.
El nuevo tramo se sumará a las líneas Verde y Roja, que fueron inauguradas en 2022. El proyecto había comenzado a ejecutarse en 2017 y avanzó a buen ritmo hasta fines de 2019, cuando los trabajos se interrumpieron debido al golpe de Estado ocurrido en noviembre de ese año. Tras la asunción del gobierno de Luis Arce a fines de 2020 y la normalización institucional del país, las obras fueron retomadas.
El servicio es prestado por 12 formaciones Stadler Metelitsa de tres coches cada una, que tienen una capacidad de hasta 376 pasajeros. La primera formación había arribado al vecino país en septiembre de 2019. Las unidades poseen calefacción, aire acondicionado, servicio de Wi-Fi y puertos USB para recarga de celulares y notebooks.
Las tres líneas operativas permitirán consolidar el sistema metropolitano de transporte de Cochabamba, que posee una población urbana cercana a los 900.000 habitantes y con su área metropolitana supera el 1,5 millón de personas.
A futuro se prevé incorporar dos líneas adicionales: la Morada, hasta el municipio de Sacaba, y la Celeste, hasta la localidad de Tiquipaya.
El tren-tram -el primero de su tipo en Bolivia- no es la única inversión en transporte guiado realizada por el país vecino en los últimos años. A este se suma la moderna red de teleféricos ubicada en La Paz, que cuenta con 10 líneas en operación. Este megaproyecto permitió transformar radicalmente la movilidad en el área metropolitana paceña, cuya difícil geografía impide pensar otras posibilidades de transporte masivo.
La experiencia de Cochabamba contrasta con la realidad argentina, donde los proyectos de transporte para las áreas metropolitanas más importantes del país fuera del AMBA, como Córdoba o Rosario, no han prosperado.
Diversas propuestas para la creación de nuevos tranvías y trenes metropolitanos o sistemas tipo Metro, han caído en saco roto: sólo se avanzó con proyectos sencillos y de impacto limitado, como el servicio metropolitano del Tren de las Sierras –actualmente circula una única frecuencia diaria hasta Córdoba Mitre– o el tren Rosario – Cañada de Gómez, de deficientes prestaciones y dudosa continuidad a futuro.
 
 
 
 
 
BOLIVIA "INCUMPLIÓ" ACUERDO DE RECIPROCIDAD, DIJERON LEGISLADORES
 
Diario Pregón de Argentina (https://acortar.link/DRcOOv)
 
La Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras y que había entrado en un parate por el acuerdo de Argentina y Bolivia para asistencia recíproca. Como el gobierno del MAS incumplió, ahora la provincia de Jujuy avanzó en la reglamentación para el cobro de un arancel.
De esa forma, nuestra provincia se convirtió en la cuarta de la Argentina en reglamentar el cobro de la atención médica a extranjeros. Salta lo hizo a principios de año, pero tomó como referencia lo realizado por Jujuy a tal punto que funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz en el 2023 visitaron hospitales y dialogaron con sus pares jujeños.
El diputado Omar Gutiérrez del Frente Cambia Jujuy, que responde al oficialismo, sostuvo "esta aprobación era un paso necesario para la atención sanitaria provincial". "Ya había una ley que se había aprobado en 2019 y que en ese momento había generado un debate importante, con sus alcances y límites. Había quedado pendiente el hecho deponerla en práctica", añadió.
De este modo, Jujuy se sumó a las provincias de Salta, Santa Cruz y Mendoza, que también reglamentaron el cobro de la atención médica a extranjeros este año.
Explicó luego el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que "esa misma ley establecía una base de reciprocidad, por ejemplo, con el hermano país de Bolivia. Llegamos a varios acuerdos, pero pasado el tiempo, los mismos no se cumplieron. Eso generó una situación de desigualdad muy fuerte".
"Hemos visto acá el problema que genera a las provincias como Jujuy que sus ciudadanos tengan que aportar de forma indirecta, mediante el sistema solidario basado en la recaudación de impuestos públicos, para sostener la salud pública. Eso no sucede con los turistas extranjeros o residentes ocasionales", detalló el legislador.
Por su parte el jefe de bloque de esa misma bancada, Santiago Jubert, afirmó "no limitamos el acceso a la salud a nadie, solo ponemos reglas claras". "Todos los jujeños van a valorar esta ley, porque tras la promulgación de esta nueva normativa va bajar la demanda de salud pública por parte de extranjeros, lo que va a redundar en que los jujeños no vean limitado el acceso al sistema de salud provincial" expuso el diputado.
Más adelante en respuesta a una controversia sobre si el cobro de un seguro de salud iba en dirigido a los extranjeros de nacionalidad boliviana, Jubert lo negó rotundamente, sin embargo recordó el "Acuerdo de Reciprocidad para la asistencia médica" firmado entre Argentina y Bolivia en julio de 2019, el cual aseguró fue respetado por nuestro país e incumplido totalmente por el país vecino, "No atienden a un argentino, ni en una emergencia, por eso necesitamos sancionar la reglamentación" consideró.
En este sentido el jefe de la bancada oficialista dio algunos números respecto a las atenciones de extranjeros en el sistema provincial de salud, expuso que entre el año 2023 y el primer semestre del 2024 se registraron 77310 atenciones ambulatorias a extranjeros, de las cuales 71517 fueron de nacionalidad boliviana. "Eso limita el acceso de salud a los jujeños, necesitamos poner reglas claras y la reglamentación de la ley 6116 lo hace" añadió.  Aclaró que en caso de emergencia médica que implique riesgo para la vida del paciente, la atención médica estará garantizada.
 
 
 
 
 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PARA EUROPA Y AMÉRICA LATINA
 
Los países latinoamericanos necesitan superar su condición de meros extractores y exportadores de materias primas y desarrollar sus propias capacidades tecnológicas
 
El País de España (https://acortar.link/YKCXhU)
 
En 2022, cuando Alicia Bárcena acababa de dejar su puesto como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), declaraba que el modelo económico de América Latina, caracterizado entre otros aspectos por ser extractivista y casi completamente carente de innovación tecnológica, estaba agotado.
El esperado informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea también advierte a Europa que se ha quedado atrás respecto a China y Estados Unidos en capacidad de innovación, sobre todo en lo que se refiere a tecnologías avanzadas. La aplicación de estas últimas en el desarrollo y mejora de fuentes de energía renovables puede ser, según este informe, una oportunidad excelente para reactivar la economía europea y alcanzar a la vez el compromiso de descarbonización.
Pero este es un objetivo que la Unión Europea no puede alcanzar por sí misma, y donde la alianza con América Latina puede ser estratégica dado el alto potencial de esta última para suministrar minerales claves para la transición energética, como el litio. Argentina, Chile y Bolivia concentran el 61% de las reservas de este material y se estima que América Latina puede llegar a representar el 35% de la producción mundial de hidrógeno verde.
El acceso de la UE a materias primas estratégicas explica la gira realizada por la presidenta de la Comisión Europea en junio de 2023 por Argentina, Brasil, Chile y México, en vísperas de la Cumbre UE-CELAC que se celebró unas semanas más tarde en Bruselas, después de ocho años desde la última.
La Declaración que los jefes de Estado y de Gobierno europeos y latinoamericanos acordaron en la mencionada Cumbre, circunscribe la cooperación entre ambas regiones en materia de producción de energía, medioambiente o materias primas a la agenda de inversiones de Global Gateway UE-ALC. Se trata de una visión muy limitada que no explota todo el potencial de la alianza birregional y perpetúa una dinámica que es especialmente perjudicial para América Latina.
Esta necesita superar su condición de mero extractor y exportador de materias primas y desarrollar sus propias capacidades tecnológicas para poder participar en otros eslabones de la cadena de valor del litio o del hidrógeno verde. En caso contrario, la transición energética será otra gran oportunidad perdida para la región.
También lo puede ser para la UE. Como advierte el mencionado informe Draghi, la UE, gracias al generosísimo programa Horizonte Europa (que tiene un presupuesto de 95.517 millones de euros para el periodo 2021-2027), cuenta con un robusto sistema de I+D+i, pero también serias dificultades para llevar la innovación al sistema productivo y al destinatario final. Ni las empresas ni los consumidores europeos han visto reducidas sus facturas de energía, pese a que cada vez más parte de esta procede de fuentes limpias y más baratas.
En cambio, en América Latina existen interesantes ejemplos de cómo hacer a los consumidores partícipes del proceso de descarbonización. Costa Rica es un referente mundial en modelos de gestión cooperativos de energía solar y eólica en comunidades locales; y en Argentina también existen interesantes casos de adaptación de tecnologías de producción energética para que población indígena o de zonas remotas puedan generar su propia energía de manera sostenible y autosuficiente.
Estas experiencias iberoamericanas son objeto de estudio por parte de instituciones europeas en el proyecto ENERGYTRAN, coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y financiado por el programa Horizonte, que tiene como objetivo intensificar la cooperación científica y el intercambio de conocimiento entre Europa y América Latina sobre transición energética.
En la medida en que la presidenta Von der Leyen ha confirmado que esta va a seguir siendo una prioridad en su segundo mandato, sería deseable que se articulen instrumentos específicos que permitan una verdadera cooperación birregional en esta materia que no se limite a las inversiones, sino que ponga especial énfasis en la I+D+i para que ambas regiones puedan ayudarse a superar su déficit de innovación, al menos en lo que se refiere a la producción de energías limpias.
 
 
 
 
 
DETUVIERON A 20 GENDARMES POR COBRAR COIMAS PARA EL INGRESO ILEGAL DE COCAÍNA Y MERCADERÍAS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA
 
Son oficiales y suboficiales de escuadrones de Salta y Tucumán. Fueron denunciados por los mismo bagayeros
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/JOP6CM)
 
Gendarmería Nacional Argentina se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción tras la detención de 20 gendarmes acusados de recibir sobornos para permitir el ingreso de mercadería ilegal y micro narcotráfico en la frontera entre Argentina y Bolivia.
La Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, liderada por el fiscal Agustín Chit, solicitó las detenciones en una serie de operativos que involucraron a oficiales y suboficiales de Salta y Tucumán.
La investigación, que comenzó en febrero de 2024, se originó a partir de denuncias de bagayeros que afirmaban que los gendarmes exigían sobornos excesivos y de acuerdo a sus propias declaraciones ante las autoridades judiciales, los montos de las coimas variaban según la mercadería ingresada, que incluía desde neumáticos y electrodomésticos hasta pequeñas cantidades de droga.
En uno de los allanamientos, se encontró una mochila con 36 dosis de cocaína en la casa de un gendarme, lo que refuerza las sospechas de tráfico de drogas.
El operativo, que contó con la participación de casi 300 gendarmes y 27 unidades especiales, resultó en la incautación de 300 millones de pesos en efectivo y alrededor de 5 mil dólares. Además, se requisaron grandes cantidades de mercadería de contrabando, incluyendo cigarrillos, ropa, neumáticos y celulares, así como dos colectivos y varios vehículos utilizados para facilitar el contrabando.
Según informó el diario La Voz, la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, encabezada por el fiscal Eduardo Villalba, también participó en la investigación, que se extendió a la provincia de Salta, donde fueron arrestados otros 8 gendarmes del Escuadrón 45. Los delitos por los que se acusa a los detenidos incluyen “asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El esquema de corrupción estaba tan establecido que los pagos de sobornos no se realizaban en efectivo, sino a través de billeteras virtuales, con transferencias que en algunos casos alcanzaban los 500 mil pesos. Estos pagos eran centralizados en una cuenta desde la cual se distribuía el dinero.
El reporte oficial indica que existía una coordinación previa entre los gendarmes y los organizadores de los viajes de compras, mediante la cual se alertaba a los coordinadores sobre la ubicación de los controles y el momento propicio para cruzar la frontera sin ser inspeccionados, siempre a cambio del pago de sobornos.
Durante los allanamientos se requisaron 21 domicilios, puestos de control y escuadrones en Tucumán, Catamarca y Salta. La intervención se realizó gracias a la instalación de un GPS en un colectivo por parte de un “agente revelador”, lo que permitió interceptar un vehículo repleto de mercadería ilegal y con 11 personas dedicadas al contrabando.
Cada uno de los involucrados habría pagado 50 mil pesos en sobornos, mientras que el organizador del tour agregó otros 50 mil adicionales. La investigación reveló que los pagos de sobornos variaban en función de la mercadería ingresada al país, que incluía desde neumáticos y electrodomésticos hasta envíos de droga en pequeñas cantidades.
Cabe recordar que el 20 de mayo pasado, otro gendarme fue detenido en ese caso por contrabando de estupefacintes. En aquella oportunidad, Diego Hernán Delgado, un cabo primero de Gendarmería Nacional de 31 años, fue apresado en Las Lajitas, provincia de Salta, por miembros de la misma fuerza de seguridad, luego de intentar fugarse de un control con 300 kilos de cocaína que llevaba en la caja de una camioneta VW Amarok.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 170 de la Ruta 5, muy cerca de la ciudad de General Pizarro y en inmediaciones a una conocida ermita del Gauchito Gil, un sector del camino donde no hay señal de celular. En ese lugar, Gendarmería le ordenó al conductor de una pick up que se detenga. El hombre frente al volante no imaginaba encontrarse con el retén y pisó el acelerador, pero fue alcanzado por los uniformados que le ordenaron descender del vehículo y, frente a dos testigos, abrieron la parte trasera de la camioneta.
En ese momento, encontraron siete cajas con los ladrillos de polvo blanco, envueltos en cinta amarilla. El pesaje final fue de 303,820 kilos.
En un video que circuló en redes sociales, se ve a Delgado con campera oscura, jean y zapatillas blancas, observando el procedimiento, con las manos en los bolsillos, cabeza gacha y rodeado por otros dos agentes. En el operativo, además, secuestraron 500 mil pesos, dos celulares y documentación de interés para la causa. A su vez, incautaron la camioneta.
De acuerdo a fuentes del caso, existen indicios de que el cabo, que reside en Bella Vista, en San Miguel, formaría parte de una organización con nexos en Misiones, Orán (Salta), la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lanús, en Buenos Aires.
Según investigadores, sería hermano de Alfredo Delgado, un ex agente que fue desplazado de Gendarmería tras ser detenido por la PSA en la localidad de Azara, en Misiones, en una causa por lavado de dinero. Esa pata de la organización se dedicaría a la venta de vehículos e inmuebles y cambio de divisas en esa ciudad y en la triple frontera con Paraguay y Brasil.
Investigadores creen que la droga del grupo narco era ingresaba a través de Orán, en el límite con Bolivia. Estiman, en ese sentido, que la droga que llevaba el gendarme detenido había sido cargada en esa zona.
En el caso interviene la fiscalía de Asuntos Complejos, a cargo de Ricardo Toranzos y Carolina Araoz Vallejos, quienes solicitaron que Delgado quede detenido e incomunicado. Tras el arresto, la investigación continuará con hermetismo.
 
 
 
 
 
INEVH EN MISIÓN INTERNACIONAL EN BOLIVIA PARA EL MANEJO CLÍNICO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ROEDORES
 
La iniciativa, organizada por la OPS/OMS, refuerza el compromiso de ambos países en la lucha contra las Fiebres Hemorrágicas Virales.
 
Argentina Gob. Ar. (https://acortar.link/5WUa9H)
 
El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la ANLIS participó en la misión internacional "Fortalecimiento en el Manejo Clínico Epidemiológico de las Enfermedades Transmitidas por Roedores” que se llevó a cabo del 12 al 16 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Esta iniciativa, organizada por la OPS/OMS, se enmarcó en la colaboración entre Argentina y Bolivia con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante la Fiebre Hemorrágica por Virus Chapare y Machupo, y el Hantavirus. En la misión participó la Dra. Anabel Sinchi, experta del INEVH.
La misión fue clave para capacitar a profesionales de salud en áreas críticas como el manejo clínico, diagnóstico diferencial, bioseguridad y prevención de infecciones. En este proceso, se estableció el Comité de Referentes para el manejo de Enfermedades Transmitidas por Roedores, un paso fundamental para la coordinación y el fortalecimiento de la respuesta sanitaria en Bolivia.
Asimismo, se planificaron iniciativas como un programa de capacitación continua para el personal de salud, campañas de educación en salud dirigidas a las comunidades, y la posible implementación de un Banco de Plasma Inmune, vital para el tratamiento de las Fiebres Hemorrágicas bolivianas.
En este sentido, María de los Ángeles Conti, directora del INEVH, destacó que "la participación del INEVH en esta misión internacional subraya la importancia de Argentina en el campo de la salud pública regional, especialmente en el manejo de enfermedades virales de alta complejidad”.
“Nuestro rol en esta misión no solo fortalece la respuesta de Bolivia ante las fiebres hemorrágicas y hantavirus, sino que también refuerza la colaboración científica y técnica entre los países de la región, consolidando la contribución significativa de Argentina en este ámbito”, señaló Conti.
El encuentro también resultó en la elaboración y actualización de documentos normativos esenciales, consolidando un marco para el manejo de estas patologías en Bolivia.
La cooperación entre Argentina y Bolivia, con la coordinación de la OPS/OMS, refuerza el compromiso de ambos países en la lucha contra las Fiebres Hemorrágicas Virales, sentando las bases para una respuesta más efectiva y coordinada en la región.
Como centro colaborador de la OPS/OMS en fiebres hemorrágicas virales y enfermedades por arbovirus, el INEVH aporta décadas de experiencia y conocimiento especializado.
Además, la experiencia del INEVH de más de 40 años coordinando el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina ha sido fundamental en el desarrollo de estrategias y herramientas que han sido adaptadas y aplicadas en otros contextos.