Bolivia
enfrenta en junio de 2025 una situación económica cada vez más lamentable y
cercana al colapso económico. El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
interanual para el pasado mes de mayo alcanzó el 18,46%, según datos oficiales.
Se trata del registro más alto desde 1991 y, con todo, la cifra oficial podría
subestimar la realidad que enfrenta la mayoría de ciudadanos, puesto que el
cálculo del IPC no recoge la evolución de los precios en los mercados
informales.
El
alza acumulada del IPC en lo que va del año ya supera el 9%, lo que convierte
al país en uno de los más golpeados por la inflación de toda América Latina en
2025, por encima incluso de economías con historial reciente de crisis como
Colombia (6,2%) o Brasil (5,1%). Todo esto, además, ahora que Argentina alcanza
su menor dato de inflación en cinco años, merced a las políticas de ajuste y
liberalización de Javier Milei.
El
repunte de la inflación va de la mano de un absoluto colapso en el volumen de
reservas internacionales del país, que han caído de 15.000 millones de dólares
en 2015 a menos de 500 millones en junio de 2025, un descenso superior al 95%.
Como resultado, aunque el mercado oficial mantiene el dólar a 6,96 bolivianos
(BOB), en el mercado no oficial vemos que la cotización real supera los 11
bolivianos por dólar, lo que sugiere un diferencial de casi el 60% entre el
tipo de cambio que transmite el gobierno y el que realmente se da en la
práctica.
De
hecho, a lo largo del mes junio, el tipo de cambio paralelo ha venido marcando
nuevos máximos cada semana, impulsado por la creciente angustia y desesperación
de ciudadanos y empresas que no pueden acceder a divisas por canales legales.
Todo ello en medio de una crisis de escasez que afecta al suministro de
combustibles y medicinas. Esto explica por qué muchos importadores han dejado
de operar, ante la falta de acceso a dólares.
Colas,
desabastecimiento y tensión
Las
consecuencias de esta crisis monetaria ya se sienten en la vida cotidiana. En
La Paz, las tiendas estatales están aplicando políticas de racionamiento y
limitan la venta de aceite vegetal a 2 litros por persona al mes, mientras que
los combustibles se racionan de facto. Las estimaciones disponibles apuntan que
el gobierno solo puede cubrir el 80% de la demanda interna de gasolina y diésel
con las actuales reservas de dólares. Asimismo, los hospitales públicos
reportan un 60% de desabastecimiento en medicamentos, equipos y bienes críticos
para atender a los pacientes, según ha denunciado el Defensor del Pueblo en
Bloomberg.
Las
colas para adquirir productos básicos comienzan de madrugada. El citado medio
estadounidense recoge el testimonio de Elizabeth Sánchez, una mujer de 51 años
que cuenta cómo, en su barrio, las colas para comprar aceite arrancan a las
4:30 de la madrugada y reúnen a más de 50 personas en plena noche. De igual
manera, Bloomberg cita el caso de un taxista, Julio Coronel, quien pasó la
noche entera en su vehículo esperando para llenar de gasolina su vehículo, todo
en vano: "el combustible se acabó y yo aún tenía tres coches delante.
Perdí el día entero".
Crisis
y colapso
La
producción de gas natural, principal fuente de divisas, cayó de 60 millones de
metros cúbicos diarios en 2014 a apenas 28 millones en 2025. La falta de
inversión, el control estatal y la inseguridad jurídica explican este declive,
apuntalado por el boom del fracking que ha llevado a Estados Unidos a un
escenario de independencia energética. Al mismo tiempo, el gasto público se
mantiene en torno al 40% del PIB, un nivel extremadamente alto, especialmente
en el caso de una economía en vías de desarrollo. Mientras tanto, la deuda
supera ya el 80% del PIB, un salto notable respecto al 35% registrado en 2006.
Bolivia
enfrenta esta crisis a dos meses de las elecciones presidenciales del 17 de
agosto, en las que ni el aún presidente Luis Arce ni su antiguo aliado Evo
Morales pueden presentarse. Morales, de hecho, está inhabilitado y ha huido de
la justicia, escapando una orden de captura por un presunto delito de trata de
blancas y violación. Del ex presidente se sabe que está escondido en las zonas
rurales del país, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han
podido detenerlo ante la amenaza de violencia que presentan los grupos armados
que defienden al dirigente socialista.
Mientras
tanto, las protestas se intensifican. La pasada semana murieron cuatro policías
en medio de violentos enfrentamientos arengados por grupos de distinto signo,
mientras que la aprobación de Arce cayó al 7,4% en la última encuesta
publicada. Bolivia, que alguna vez tuvo una de las inflaciones más bajas de la
región merced a una suerte de dolarización blanda que llegó a cubrir más del
65% de los depósitos del país, ha perdido el control de su política económica y
ha caído víctima de casi dos décadas de socialismo que ahora llevan al país
rumbo directo al colapso.
Libre
Mercado de España (https://n9.cl/50vkw9)
EDITORIAL.
BOLIVIA, ANTE UNA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA
La
Nación de Argentina (https://n9.cl/6f2ci)
El
próximo 17 de agosto se celebrará la primera vuelta de las elecciones
presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cinco factores convergen
para convertir este proceso en un punto de inflexión: una crisis estructural
sin precedentes, un escenario político pluralizado, el retiro de Evo Morales
como figura dominante en la política nacional, el debut electoral de una
generación que solo ha conocido un modelo de gobierno y el desarrollo
tecnológico.
El
oficialismo afrontará por primera vez unas elecciones sin un liderazgo único.
El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) está hoy dividido en facciones
lideradas por el jefe de Estado, Luis Arce; el exmandatario Evo Morales y el
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Ninguno es suficientemente fuerte
para articular a todos los sectores del bloque popular de izquierda.
El
expresidente, que había anunciado su intención de ser candidato, fue
inhabilitado para la contienda electoral tras el fallo definitivo del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) del 14 de mayo, que excluyó su participación. El actual
mandatario renunció públicamente a la posibilidad de la reelección apelando a
la unidad de la izquierda, facción cuyo futuro estaría en cabeza de Andrónico
Rodríguez, que simbolizaría un posible recambio generacional.
La
oposición, por su lado, se presenta por ahora escindida, con figuras
reconocidas como el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el empresario y ex
ministro Samuel Doria Medina, entre otros. Ambos son conocidos por promover
políticas de privatización y reformas liberales en décadas pasadas.
La
campaña electoral entra ahora en su etapa crucial en un escenario incierto,
determinado por la polarización y la crisis económica exacerbada por una
inflación galopante.
El
contexto social en Bolivia es tenso. Las fuertes protestas motivadas por la
escasez de combustibles y el aumento de los precios de los alimentos han
llevado a varios sectores a pedir la renuncia de Arce, quien procura evitar un
default. La situación ha empeorado desde el 2 de junio debido a los bloqueos
viales impulsados por los simpatizantes de Evo Morales que buscan presionar al
gobierno para rehabilitar su candidatura.
Estas
medidas han interrumpido el transporte de mercancías, profundizando el
desabastecimiento. Las calles de varias ciudades de Bolivia se convirtieron en
escenarios de tensión y desesperación, con ciudadanos formando largas filas
durante horas para conseguir alimentos básicos como pollo y aceite. El
descontento se extiende por todo el país. Los enfrentamientos entre efectivos
del gobierno y seguidores de Morales en el intento por desbloquear las
carreteras han causado hasta el momento cinco muertes: cuatro policías y un
campesino. Por su parte, Morales reclama una investigación internacional,
independiente e imparcial.
A
pocos meses de las elecciones presidenciales, Bolivia enfrenta un contexto de
crisis multidimensional: económica, jurídica, institucional y social, que
amenaza con empujar al país del altiplano hacia un escenario de mayor
inestabilidad.
ELECCIONES
EN BOLIVIA SIN EVO
El
apoyo popular, que Morales se atribuye graciosamente, no debería subordinarse
ni a la justicia ni a sus instituciones
El
Periódico de España (https://n9.cl/jftbf)
La
justicia boliviana le ha cerrado definitivamente a Evo Morales las puertas de
las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Si meses atrás el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la reelección indefinida e inhabilitó
al expresidente, más recientemente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió
no inscribir su candidatura.
Al
frustrarse su pretensión de ser nuevamente reelecto y recuperar el poder, el
líder cocalero llamó a la rebelión, advirtiendo que, si no había una salida
democrática a sus reclamaciones, los campesinos podían emprender la lucha
armada. En un tono aún más agresivo desafió a sus rivales y enemigos:
"¡qué me ganen en las urnas!" (si pueden). Una vez más Morales se
pone por encima de la ley, que no fue escrita para él. El apoyo popular, que se
atribuye graciosamente, no debería subordinarse ni a la justicia ni a sus
instituciones.
Su
llamado a la rebelión, a incendiar el país si fuera necesario para sus
objetivos, fue una vez más seguido por sus bases más radicalizadas,
especialmente los cocaleros del Chapare. Durante días y con extrema violencia
amenazaron vidas y haciendas y se dedicaron a bloquear caminos e impedir el
libre tránsito de personas y mercancías, enfrentándose con explosivos, armas y
piedras a todos aquellos que se oponían a sus propósitos.
El
clímax se alcanzó en un luctuoso enfrentamiento en la localidad minera de
Llallagua, al norte de Potosí, saldado con tres policías y un estudiante
muertos a balazos. Este hecho aumentó el descrédito de Morales, convertido en
el político peor valorado por los sectores urbanos. Con varias causas
judiciales en su contra, destacando una por estupro y otra por terrorismo, ha
logrado evadir a la justicia y mantenerse a salvo de la presión policial al
refugiarse en su santuario del Chapare, rodeado por sus custodios más fieles y
decididos a todo en el caso de que intenten conducirlo ante un tribunal.
Esto
ocurre en una coyuntura de crisis generalizadas. La económica (aumento de la
deuda pública, inflación, falta de divisas y combustible, escasez de alimentos)
se superpone a la social y política, con un gobierno en caída libre. La
popularidad del presidente Luis Arce se ha desplomado de forma estrepitosa. Si
en 2023 tenía un 46%, en 2024, según el Latinobarómetro, pasó a solo el 9%.
La
situación es tan grave que ha decidido no acudir a la reelección, pese a su
intención inicial de hacerlo. Arce es consciente de que si se presenta sería
derrotado de un modo inmisericorde. En su lugar, como candidato del Movimiento
al Socialismo (MAS), va el exministro Eduardo del Castillo, que en una encuesta
reciente solo obtenía menos del 2% de la intención del voto.
El
panorama político es de una gran fragmentación, al punto que diez candidatos
competirán por la presidencia. Tres se encuentran en la izquierda, incluyendo a
Andrónico Rodríguez, el joven presidente del Senado, capaz de impulsar un
evismo renovado sin Evo, y uno de los mejor situados para pasar a la segunda
vuelta.
También
hay otros siete de derecha y centroderecha, en sus múltiples variantes, todos
ansiosos de acabar con el período evista. Como viene ocurriendo desde la
llegada de Evo Morales al poder, la oposición vuelve a acudir dividida a unas
elecciones, pese a que en su día hicieron serios esfuerzos para avanzar con una
candidatura única que finalmente derrotara al MAS en las urnas. Incluso se
habían diseñado los mecanismos de selección.
Sin
embargo, en abril pasado, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, movido por sus
excesivas ambiciones personales, decidió abandonar el proceso unitario y
presentarse en solitario. Hoy tiene opciones para competir en el balotaje,
aunque las encuestas lo sitúan en una dinámica descendente y podría ser
superado por Rodríguez.
El
candidato mejor situado es Samuel Doria Medina. La última encuesta conocida,
publicada por El Deber, le otorga el 24%, el 22% para Quiroga y el 14,7% para
Rodríguez. Dos candidatos están entre el 5,5 y el 10% y otros cinco tienen
menos del 3%. También hay casi un 18% de votantes inclinados, de momento, por
votar en blanco o nulo o están indecisos. Pero, llegada la segunda vuelta, a
celebrarse el 19 de octubre, estos votantes podrían decantar el resultado en un
sentido u otro.
Por
ahora, las encuestas dan en la primera vuelta la victoria a un posible
candidato opositor. En una más que probable segunda ronda entre Doria Medina y
Rodríguez las fichas podrían caer del mismo lado. Pero si Quiroga se enfrenta
bien contra Doria Medina o bien contra Rodríguez podría ser penalizado por su
elevado índice de rechazo.
De
todos modos, cualquiera sea el elegido, el futuro político y económico del país
está muy comprometido y más si debe gobernar con un Parlamento fragmentado. El
ganador deberá implementar un profundo programa de reformas, lo que exigirá
dejar de lado viejas tendencias populistas y demagógicas y explicar muy bien
sus planes, si los tiene, al conjunto de la sociedad, muy afligida ante una
situación realmente angustiosa.
¿Por
qué y para qué un ajuste tan duro? Las razones giran en torno a la dilapidación
de ingentes fondos que permitieron en su día un reparto eficaz de la riqueza
entre los sectores más necesitados, pero sin sentar las bases para que una vez
agotados los recursos naturales se construyera una economía sostenible. A
Bolivia le llegó el momento de dejar atrás el sueño bolivariano, convertido en
pesadilla, y comenzar a construir un país más igualitario y justo.
CUBA,
VENEZUELA, BOLIVIA Y NICARAGUA: MÁS PRESOS POLÍTICOS Y MENOS DEMOCRACIA
El
Nacional de Venezuela (https://n9.cl/kz8r3u)
Estamos
en la mitad del año y la puerta giratoria de presos políticos sigue sin parar.
Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua acumulan casi 2.400 presos políticos.
Todos comparten modelos autoritarios donde opinar y pensar diferente es un
delito grave que se paga con la cárcel e incluso con la vida.
Cuba,
la dictadura con 66 años en el poder, lidera el ranking de presos políticos.
Según Prisioners Defender el régimen de la isla tiene 1.158 arrestados entre
activistas, religiosos, comunicadores e incluso personas que simplemente
expresaron una opinión divergente.
Cuba
aprobó hace dos años un nuevo Código Penal que lejos de modernizar la
impartición de justicia, refuerza las sanciones y castigos contra la ciudadanía
incluyendo la pena de muerte. Los civiles son llevados a tribunales militares y
la tortura esta vigente.
En
Venezuela se reportan 932 presos políticos, de los cuales 837 son hombres y 95
mujeres. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Maduro liberó algunos
presos políticos para intentar lavarse la cara, pero ante su fracaso la
represión continuó su curso.
Organizaciones
como Foro Penal destacan que desde 2014 se han registrado 18, 420 detenciones
políticas en Venezuela. El régimen de Venezuela ha contado con el apoyo directo
de “asesores cubanos” para el espionaje, persecución y tortura de presos
políticos.
En
Nicaragua se registran 52 presos políticos. La cifra pareciera pequeña en
comparación con las dictaduras de Cuba y Venezuela, sin embargo, Ortega
practica las desapariciones forzadas, destierros, exilios y casa por cárcel
para miles de ciudadanos.
Entre
2018 y 2022, más de 260.000 nicaragüenses, 4% de la población, abandonó el país
debido a la persecución política. En Nicaragua no existe ningún tipo de
libertad civil o religiosa. Ortega ha sido señalado de causar la muerte incluso
de su propio hermano, el general Humberto Ortega.
En
Bolivia, con un sistema de jueces de “elección popular”, la justicia esta
sometida a intereses políticos y cocaleros. Las cifras de presos políticos se
calculan en más de 314, la mayor parte de estos es producto de los regímenes de
Evo Morales y Luis Arce.
La
expresidenta Jeanine Áñez es presa política desde el año 2021 y ha sido
condenada a 10 años de prisión. Su principal delito ha sido defender la
libertad y enfrentar con coraje al régimen cocalero de Evo Morales.
Arrestar
o desaparecer a los adversarios políticos, periodistas o defensores de derechos
humanos no es un signo de fortaleza sino de gran debilidad. Los regímenes que
mantienen presos políticos intentan acallar a voces incomodas, atemorizar a la
sociedad y criminalizar el ejercicio de las libertades cívicas.
La
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la nueva OEA,
guardan silencio sepulcral ante las dictaduras y sus presos políticos. No
protegen a las víctimas sino a sus victimarios. Confunden la no injerencia con
la más abyecta de las complicidades.
Las
guerras en Gaza, Irán y Ucrania roban protagonismo a la grave crisis de
Latinoamérica y tienden a normalizar los brutales crímenes de las tiranías de
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La lucha por la liberación total de los
presos políticos debe reforzarse y visibilizarse. Nosotros somos su voz. No
podemos callarnos.
PRESENTARON
UNA DENUNCIA PENAL POR EL CONFLICTO EN LA FRONTERA EN MECOYITA
En
este pueblo hay un paso internacional no habilitado, pero ancestral, que ahora
fue tomado por particulares que cobran una suerte de peaje, denunció el senador
Luis Altamirano, quien reclamó por la ausencia del Estado en ese lugar.
Página
12 de Argentina (https://n9.cl/l0w2ou)
El
senador por el departamento Santa Victoria, Luis Altamirano, denunció que un
grupo de personas "empezó a cobrar el ingreso y la salida de
vehículos" en la frontera entre el pequeño pueblo argentino de Mecoyita y
la localidad boliviana de Mecoya, en la Puna.
Altamirano
usó el espacio de Homenajes en la sesión de ayer del Senado de Salta para
informar que presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Orán por
este conflicto que se vive en Mecoyita, en la frontera con el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Dado
que los habitantes y legisladores vienen advirtiendo sobre los inconvenientes
que genera la falta de controles en el paso no habilitado que existe en esta
localidad, Altamirano comenzó su exposición lamentando que otra vez tuviera que
hablar de esta cuestión, que no recibe atención ni del estado provincial ni del
nacional, dijo.
Es
una "situación crítica que persiste", sostuvo. “Se trata de una zona
que históricamente ha funcionado como lugar de encuentro, de intercambio, entre
comunidades originarias de uno y de otro lado de la frontera", explicó.
Si
bien este paso nunca fue formalmente habilitado ni tiene controles de ninguno
de los estados límites, es "un corredor natural, cultural, cuya existencia
antecede incluso a la conformación de los estados nacionales", agregó.
En
la pandemia, cuando los controles impedían el tránsito por los pasos
habilitados tanto de Salta como de Jujuy, mucho intercambio se trasladó a este
paso y ya entonces la comunidad de Mecoyita hizo reclamos pidiendo que se
establecieran controles y también, que se abriera un camino para que pudieran
comunicarse con el resto del país a través de territorio nacional y no como
ocurre ahora, que deben cruzar a Mecoya para después reingresar al país.
Una
vez que se abrieron los pasos habilitados, el tránsito por esta vía de Mecoyita
continúo de manera bastante alta, lo que también provocó reclamos, que este año
se reiteraron, pidiendo sobre todo, la presencia del Estado argentino con
controles.
“Lamentablemente,
lejos de haberse pacificado, se ha consolidado un grupo que de manera
absolutamente arbitraria empezó a cobrar el ingreso y la salida de los
vehículos en esa zona”, dijo Altamirano.
Sostuvo
que este accionar, al que calificó de "violento, ilegítimo y contrario a
las órdenes constitucionales", es "un agravio no solo a las
comunidades que históricamente han transitado y vivido en ese espacio, sino
también al Estado argentino, cuya soberanía está siendo desafiada de facto,
ante la inacción de algunos órganos tanto del estado provincial como del
nacional", afirmó.
Por
eso, "entendiendo la gravedad institucional y humana del conflicto, he
formalizado una presentación ante Justicia Federal con asiento en Orán,
solicitando su urgente intervención a través del Ministerio Público Fiscal
federal", informó al pleno.
El
senador detalló que hizo esta denuncia con el objetivo de "preservar la
paz social, restaurar el orden jurídico y evitar que estas situaciones
desemboquen en hechos con más violencia", alertó.
Asimismo,
subrayó que esta problemática sigue ausente en la agenda pública y mediática,
"probablemente por su ubicación geográfica remota", especuló. Sin
embargo, agregó, eso "no puede ser excusa para desatender a estos
ciudadanos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, que hoy padecen
el abandono institucional".
Y
cerró insistiendo en la necesidad de que "todos los estamentos, tanto
nacionales como provinciales, asuman con urgencia su responsabilidad. El
conflicto no puede naturalizarse. La convivencia pacífica entre las
comunidades, el respeto por los derechos humanos y la defensa de nuestra
soberanía territorial exigen una respuesta inmediata en la comunidad de
Mecoyita", afirmó.
EE.UU.
VS. CHINA: ¿QUIÉN MANDA EN EL COMERCIO LATINOAMERICANO?
Latinoamérica
mantiene una relación comercial más intensa con Estados Unidos que con China.
Sin embargo, este panorama agregado esconde realidades diferentes entre países
Diario
Red de Uruguay (https://n9.cl/wdhtb)
Latinoamérica
mantiene una relación comercial más intensa con Estados Unidos que con China:
en 2023, importó más del doble desde EE. UU. (USD 488 mil millones) que desde
China (USD 225 mil millones) y exportó casi el triple (USD 622 mil millones
frente a USD 239 mil millones).
El
superávit regional con EE. UU. fue de USD 133 mil millones, once veces mayor
que con China.
Sin
embargo, este panorama agregado esconde realidades diferentes entre países.
Cinco economías -Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay- tienen un comercio
total mayor con China que con EE. UU. Además, el vínculo con Pekín es mayor en
el Cono Sur, mientras que los países más cercanos geográficamente a Washington
(Centroamérica y el Caribe) siguen estrechamente ligados a EE. UU., lo que está
impulsado por la proximidad y los acuerdos comerciales.
En
cuanto a balanza comercial, solo dos países tienen superávits con ambos
gigantes, Ecuador y Costa Rica. Por el contrario, la mayoría tiene déficits con
los dos países, y muchos tienen déficit al menos con una de las dos potencias.
México sobresale con un amplio superávit con EE. UU., mientras que Brasil,
Chile y Perú son los principales beneficiarios del comercio con China.
La
apertura comercial de la región con ambas potencias promedia el 22% del PIB,
aunque varía significativamente: del 50% en México al 5,5% en Argentina. Con
EE. UU., esta apertura se reduce cuanto más lejos está el país de Washington;
con China, en cambio, las diferencias son menores entre subregiones.
Un
aspecto clave es la calidad del comercio. Las exportaciones latinoamericanas a
EE. UU. son más diversificadas y con mayor valor agregado (especialmente en el
caso de México), mientras que el comercio con China se concentra en productos
primarios como soja, minerales y petróleo. Esto refleja un patrón con China que
refuerza la dependencia respecto a las materias primas y otro con EE. UU.,
donde hay más oportunidades para el comercio de bienes con mayor valor
agregado.
El
nuevo proteccionismo impulsado por Trump, sumado a la demanda china centrada
casi exclusivamente en materias primas, plantea a América Latina un desafío
estratégico para los próximos años. La región necesita negociar con China
espacios para el desarrollo industrial, persuadir a EE. UU. para que
interprete su “Make America Great Again”
en el modo latinoamericano en el que entendemos América,
o bien apostar por una estrategia de desarrollo regional capaz de sobrellevar
los obstáculos que ofrecen los mercados
externos. Por ahora, no se vislumbra una iniciativa en ninguna de estas
direcciones.
El
comercio entre Latinoamérica y EE. UU. duplica el que sostiene con China.
• La región importa USD 488 mil millones
desde EE. UU. y USD 226 mil millones desde China, un poco más del doble.
• Las exportaciones a EE. UU., de USD
622 mil millones, casi triplican las que se dirigen a China (USD 239 mil
millones).
El
saldo comercial de la región con los dos países es superavitario.
• Sin embargo, el superávit comercial
con EE. UU., de USD 133 mil millones, es 11 veces mayor al superávit con China
(USD 12 mil millones).
Estos
promedios ocultan realidades diferentes dentro de Latinoamérica:
• En 5 países, el comercio con China es
mayor al comercio con EE. UU. La suma del comercio, -importaciones más
exportaciones- de Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay con China es mayor al
comercio que sostienen con EE. UU.
• A su vez, Venezuela exporta más a
China que hacia EE. UU. aunque, por el contrario, importa más desde EE. UU. que
desde China.
• Así, la vinculación comercial de la
región con China es mayor que con los EE. UU. en los países del cono Sur (solo
Argentina y Uruguay escapan de esta norma).
• La influencia comercial de China con
la región ingresa por el Sur, los países más distantes de EE. UU.
El
saldo comercial con las potencias
Con
China, la mayoría de los países latinoamericanos registran déficit comercial,
pero hay excepciones; seis economías mantienen superávit:
• Brasil lidera con un saldo a favor de
USD 63.000 millones, gracias a sus exportaciones de soja y minerales.
• Le siguen Chile (USD 23.000 millones),
impulsado por el cobre, y Perú (USD 13.000 millones), con ventas de metales.
• Sin el aporte del superávit de
cualquiera de estos 3 países, el balance regional con China sería deficitario.
• Completan la lista Bolivia y Ecuador,
cuyos excedentes son menores, pero estratégicos.
• Este superávit se concentra en el Cono
Sur, donde la demanda china de materias primas redefine la balanza comercial.
La región obtiene su saldo favorable con China gracias al comercio con el Cono
Sur.
Con
Estados Unidos, el panorama es similar: 14 de 17 países tienen déficit. Sin
embargo, hay una gran diferencia: México
• México aporta un superávit con EE. UU.
de USD 156.000 millones -el 90% del total regional-gracias a su industria
manufacturera integrada a EE. UU.
• A enorme distancia, también tienen
superávits Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Nicaragua.
• Si se excluye a México, Latinoamérica
tendría un déficit colectivo de USD 30.000 millones con EE. UU.
• Así, el saldo comercial con EE. UU.
resulta más favorable entre los países más próximos a EE. UU. La vecindad tiene
premio.
Hay
más países superavitarios con China que con EE. UU.
• Los países que consiguen ser
superavitarios con China, tienen un saldo superavitario con las dos potencias.
• Once países son deficitarios con China
y 12 son deficitarios con EE. UU.
• Solo dos países son superavitarios con
las dos potencias, Ecuador y Costa Rica,
• Ocho países son deficitarios con las
dos (cuadro 1).
• México, Venezuela y Nicaragua son
superavitarios con EE. UU. y deficitarios con China.
• Bolivia, Brasil, Chile y Perú, son
deficitarias con EE. UU. y superavitarias con China.
Concentración
del comercio con las potencias
El
comercio de la región con EE. UU. está altamente concentrado con México.
• El 66% de las importaciones
latinoamericanas se explica por México, seguido por Brasil (9%) y Chile (4%).
• El 77% de las exportaciones a EE. UU.
son mexicanas, seguidas por Brasil (7%) y Colombia (3%).
El
comercio latinoamericano con China está menos concentrado que en el comercio
con EE. UU.
• El 67% de las importaciones desde
China se concentra en 3 países: México (34% del total regional), Brasil (25%) y
Chile (8%).
• El 79% de las exportaciones está
explicado por Brasil (51%), Chile (18%) y Perú (11%).
Apertura
comercial con las potencias
El
grado de apertura de nuestra región con estas dos potencias es del 22%, pero es
muy variable y fluctúa en un rango que va del 50,5% que tiene México -la
economía más abierta- al mínimo de 5,5% que tiene Argentina, la economía más
cerrada de acuerdo a este indicador.
Los
países más próximos a EE. UU., los de Centroamérica y el Caribe, tienen los
mayores grados de apertura, del 30,5% en promedio; los países del Cono Norte
tienen aproximadamente la mitad de apertura (17,2%) y los del Cono Sur apenas
12,9%.
Con
la excepción de Chile, el país más abierto del Cono Sur, la mayoría de los
países de dicha región tiene indicadores de apertura en torno al 10% o
inferiores.
A
grandes rasgos, el grado de apertura comercial va reduciéndose a medida que
aumenta la distancia geográfica con EE. UU. En los extremos, México -el país
colindante- tiene el indicador más alto y Argentina, el más distante, el más
bajo. Los países de Centroamérica y el Caribe tienen el indicador más alto; los
del Cono Sur tienen el indicador más bajo y los del Norte de Sudamérica tienen
grados de apertura intermedios.
Las
diferencias en el grado de apertura del comercio con China son mucho menores
que las que tiene el comercio con EE. UU. y varían entre el 18,6% de Chile y el
2,7% de Bolivia.
Vemos
pocas diferencias de apertura entre los países del Cono Sur, los de
Centroamérica y el Caribe y los del norte de Sudamérica.
En
cambio, las diferencias de apertura con EE. UU. son muy marcadas y se muestra
en plenitud el impacto de la proximidad geográfica. Los países más cercanos a
Washington de Centroamérica y el Caribe tienen una apertura promedio del 25%
del PIB de esta subregión, liderados por México -cuyo comercio con EE. UU.
representa el 50% de su PIB-. En el extremo más distante del Cono Sur, la
apertura es la tercera parte que en Centroamérica y el Caribe, mientras que, en
el Norte de Sudamérica, la apertura es de aproximadamente la mitad (17%).
Diversificación
y complejidad del comercio con las dos potencias
La
composición de las exportaciones de México, Brasil, Argentina, Chile y Perú a
EE. UU. (ver gráficos) es más diversificada y tiene más complejidad productiva
y valor agregado que el comercio con China, basado casi exclusivamente en el
comercio de commodities.
En
los gráficos que mostramos en el Anexo, elaborados por el Observatorio de
Complejidad Económica (OEC), mostramos la composición de las exportaciones de
México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Colombia a nivel de cuatro dígitos del
Código Armonizado (HS).
• El tamaño de los cuadros de cada
código representa el peso porcentual de cada código en el total de las
exportaciones hacia EE. UU. y China.
• Mientras mayores (menores) sean los
cuadros, mayor (menor) será la diversificación exportadora.
Naturalmente
las exportaciones desde México a EE. UU. están explicadas en su mayor parte por
las manufacturas, mientras que sus exportaciones a China se explican por
minerales y petróleo.
Las
exportaciones de Brasil hacia EE. UU., si bien no están tan diversificadas como
las mexicanas y también tienen un componente mayor de materias primas, son
definitivamente más diversas y tienen más valor agregado que sus exportaciones
a China, que en tres cuartas partes están compuestas por materias primas: soja,
hierro y combustibles.
Todos
los países muestran el mismo patrón: más diversidad y complejidad productiva y
valor agregado en las exportaciones hacia EE. UU. que en las exportaciones
hacia China. Ello se da tanto en los países más integrados a China, como
Brasil, Chile y Perú, en países más integrados con EE. UU. -como México y
Colombia-, como en aquéllos integrados por igual a las dos economías, como
Argentina.
Conclusiones
América Latina navega
entre dos corrientes de comercio: una históricamente
anclada en EE. UU., más
diversificada y con contenido industrial, y otra emergente con China, basada en
recursos naturales, que reedita la vieja inserción
internacional como enclave exportador de materias primas.
TODO
SOBRE EL LITIO: EL LIBRO QUE BRINDA UN ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL IMPACTO
TERRITORIAL Y SOCIAL DE SU EXPLOTACIÓN EN LA REGIÓN
¿Extraerlo?
¿Cómo, cuánto, para qué y para quién? Esos son algunos de los interrogantes que
intenta responder esta obra publicada por Siglo XXI.
El
Economista de Argentina (https://n9.cl/k1j7u)
El
tablero geopolítico del litio se desenvuelve con fluidez en América Latina.
China, así como Rusia, su aliado estratégico, ha logrado una presencia sólida
en Bolivia, en la mayor reserva del mundo, pero también participa en la
propiedad y la tenencia de proyectos en la Argentina y en Chile, y puja por no
perder su lugar en el yacimiento de Sonora, en México. Por su parte, los
Estados Unidos presionan a México para conseguir que este último reservorio
pase a estar bajo su órbita de control, generando un resquicio por el cual se
colaron los anuncios soberanos del gobierno progresista de López Obrador.
A
su vez, también presiona al gobierno de derecha de Javier Milei en la Argentina
para dominar el entero campo minero, dejando afuera al país
"comunista". Por su parte, Australia, Canadá y los países europeos se
reparten tenencias puntuales diseminadas por el conjunto del subcontinente, en
Perú, en Brasil y sobre todo en la Argentina, donde la pluralidad de salares,
la existencia de más de una empresa en cada uno de ellos y la liviandad de los
controles y requisitos dejan el camino abierto para su instalación. El
corolario de la situación no deja de mostrar que en esta década y media, en la
que el litio fue adquiriendo centralidad en la escena latinoamericana, el
predominio de las empresas transnacionales se acrecentó, con pujas variables en
relación con los márgenes de autonomía, soberanía y control por parte de las
naciones latinoamericanas, lo que en última instancia delata la exportación de
naturaleza en un marco asimétrico que cimienta el "colonialismo
blanco".
En
efecto, a contramano de la actuación cada vez más articulada y en bloque de los
países centrales, los recurrentes intentos de crear una suerte de Organización
de Países Exportadores de Petróleo pero del litio regional se han disuelto. Más
allá de una serie de anuncios sobre colaboraciones científicas y del objetivo
menor de pactar un precio de la tonelada de carbonato de litio equivalente o de
incidir en su precio final, ninguna de estas iniciativas ha llegado a buen
puerto.
La
fluida producción de Australia, que se dirige centralmente a China e incluso la
extracción de litio en el mismo terreno chino, redunda en que nuestra región
todavía no tenga un porcentaje del mercado que le permita ejercer cierto
control, al tiempo que la tenencia general en manos extranjeras dificulta aún
más una eventual cartelización. Además, el pendular cambio de signo del Poder
Ejecutivo en los regímenes presidencialistas de la región no facilita las
cosas, y nuevamente fueron los gobernadores de las provincias argentinas
-quienes, como hemos visto, controlan los recursos locales por el régimen
federal vigente en el país- los que anunciaron expresamente que no
contribuirían a ninguna tentativa de articulación regional. Sin duda, tener una
perspectiva regional común para crear un tipo de política realmente autónoma es
una tarea pendiente.
Ahora
bien, resulta central crecer en la cadena de valor o participar en productos
terminados, estimulando las capacidades tecnológicas regionales.
En
este punto, las estrategias han sido también diferentes. Bolivia afirmó desde
un inicio su intención de sortear el intercambio interindustrial y producir
celdas y baterías, incluso electromovilidad. Ha desarrollado esa capacidad en
su planta de Palca, en una escala semiindustrial, importando componentes de
China pero creciendo en conocimiento, en un estado de latencia que ansía
participar en mayores desarrollos tecnológicos regionales.
Chile,
por su parte, ha mutado levemente su tradicional expertise de servicio al
inicio y final de la cadena -en el circuito directo de la comercialización de
productos terminados-, y trata ahora de crecer en la producción de material
catódico, esto es, la electroquímica que conforma la batería (cátodos, ánodos,
electrolito), que representa una parte medular de su valor. Para llevarlo a
cabo, durante 2023 rubricó acuerdos con dos empresas chinas: por un lado, con
China Yongqing Technology, que avanza lentamente; por el otro, se instaló la
planta de cátodos de litio BYD Chile, que hasta 2025 no ha avanzado.
En cambio, la Argentina es un caso paradójico.
Pese a contar con un sistema científico nutrido que ha venido desarrollándose
durante más de una década, lejos de apuntar a su coordinación, a un plan
nacional e integral, se privilegió un espacio vinculado a la Universidad de La
Plata asociado con YTEC, una empresa mixta del Conicet e YPF, a través de la
cual se pretende desarrollar todo el tránsito desde el salar hasta la batería.
Se trata, principalmente, de una iniciativa de la universidad en consonancia con
los intereses del exministro de ciencia Roberto Salvarezza, que se ocupó de
financiar la planta mientras era funcionario y pasó a dirigirla cuando dejó de
serlo. Vale acotar aquí que desde aquel intento inicial de Bolivia, el
escenario ha cambiado en los últimos quince años: con el mundo innovando y
produciendo celdas de baterías a millones, el intento de pasar "del salar
a la batería" y dominar todo el proceso amenaza con emplazar una
maquinaria obsoleta más temprano que tarde. Lo cierto, en este ítem, es que
ninguno de los tres países ha logrado aún gestar un camino promisorio.
Ciertamente,
en el contexto de la disputa global por el dominio de la electromovilidad, en
el último tiempo han comenzado a aterrizar fábricas dedicadas a la producción
directa de automóviles eléctricos. Sobresalen aquí las dos grandes economías de
Latinoamérica.
En
México, las ventas de automóviles eléctricos e híbridos alcanzaron un 6% del
total en 2023, número en apariencia menor, pero un 40% más alto que el año
anterior. Las firmas estadounidenses Ford y Chevrolet ya producen modelos
eléctricos, y el plan general "Sonora Sustentable", vinculado al
anuncio de Tesla de instalar una megafábrica de baterías en el estado de Nuevo
León, pre-figura un destino maquilador del norte mexicano aggiornado a los
tiempos que corren. En efecto, se instala la perspectiva del nearshoring, que
aún a los intereses mexicanos, canadienses y estadounidenses bajo la égida de
este último.
Pero,
por otro lado, el deseo de Trump es que todas las plantas industriales retornen
a los Estados Unidos. Difícilmente persista el contento de México por haber
exportado durante 2023 más a los Estados Unidos que la misma China, situación
que, en realidad, oculta la entrada de productos asiáticos por vía de México
para evitar impuestos. Por su parte, la firma asiática BYD comercializa
múltiples modelos en México, augurando fricciones a raíz de la política
estadounidense de impedir la competencia china.
Todo
lo cual no quita que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya creado un proyecto
interesante: el lanzamiento del auto eléctrico popular Olinia, que en náhuatl
significa "moverse", lo que supone el ensamblaje de piezas chinas
para obtener precios finales que van desde los US$ 4.500 a los US$ 7.000, según
el modelo "personal", "de barrio" o "furgoneta de
última milla". En concreto, el país latinoamericano bascula entre recrear
su papel de proveedor industrial a los Estados Unidos sobre la base de mano de
obra barata y recursos naturales, y aspirar a mayores márgenes de autonomía, en
medio de una situación geopolítica altamente inestable y cambiante.
Por
su parte, Brasil lanzó en 2023 una política de estímulos para fomentar
inversiones generales en el área automotriz, con cierto acento en la
electromovilidad: aranceles a la importación de vehículos eléctricos e híbridos
y beneficios impositivos para las empresas que fabriquen en el país.
De
los US$ 20.000 millones que se anuncian, provenientes de diversas automotrices,
destaca la llegada de la primera planta fuera de China del gigante de la
electromovilidad BYD, destinada a producir automóviles, camiones y ómnibus
eléctricos e híbridos y a procesar litio y fosfato de hierro para baterías,
tras comprarle a Ford su planta en desuso en Bahía.
Desde
hace tiempo, la empresa brasileña Eletra produce ómnibus eléctricos, y amplió
su planta para estar en condiciones de lanzar 1800 unidades por año. La
posesión de litio en el estado de Minas Gerais promete dejar atrás el mote de
"Misery Valley" para estimular la concreción de una suerte de
"Lithium Valley", en palabras de sus promotores.
Brasil
se apresta así a continuar con su tradicional apertura al arribo industrial de
firmas transnacionales que, a su vez, se asienten y densifiquen la robustez de
su entramado económico general para constituirse como centro productivo de
Sudamérica, ahora en el nuevo patrón de la electromovilidad.
Una
mirada sobre el litio a escala latinoamericana también genera nuevas
problemáticas y perspectivas. ¿Podrá Brasil, país que posee más condiciones
tecnoindustriales que ningún otro en la región, superar el vacío que se abre
entre la pura extracción de la materia prima y la producción extranjera de
productos terminados? ¿Será una alternativa real el intento de México de
generar un automóvil popular ensamblando ahora para el mercado interno?
Pero
fundamentalmente: ¿podrá la región llevar adelante un crecimiento tecnológico
integral, nacional y regional que dirija sus fuerzas a encarar una transición
socioeco-lógica fuerte y logre mayores grados de autonomía en el marco de las
relaciones internacionales? En rigor, la pregunta real es si existen la
voluntad y la fuerza política mancomunada de un Estado transformador y de la
sociedad civil organizada para concretar proyectos de país sustancialmente
independientes, igualitarios y encaminados hacia una transición ecosocial. El
litio, así, solo adquiriría su valor y sentido al ser parte de modelos de
posdesarrollo de más escala.
Transitamos
una época lejana al modelo exportador de los regímenes oligárquicos de fines
del siglo XIX, en el que las élites locales eran propietarias del suelo y de su
renta; también lejana, por supuesto, de las experiencias nacional-populares que
procuraban encontrar las vías de un "desarrollo nacional" tras la
crisis de 1929. Pero incluso más, el arcaísmo de los mecanismos tributarios y
de fiscalización del régimen colonial, típico de las formaciones
socioeconómicas precapitalistas, derivaba en que una parte sustancial de la
plata potosina o de Nueva España circulara por las Américas, una de las causas
que brindó fuerza a las élites independentistas del siglo XIX.
La
externalización de la riqueza natural, viva, energética, de Latinoamérica es
hoy infecunda como nunca. Así, las salidas a las condiciones actuales no
encontrarían otra vía más que cuestionar el poder ubicuo de las corporaciones
globales, respaldadas por potencias centrales en competencia y en pleno avance
neocolonial, pero que delatan márgenes de negociaciones diferenciales.
Entre
tanto, si los proyectos de derecha representan el despliegue autónomo del
capital, el productivismo extractivo con derrame social, greenwashing y dominio
empresarial, que ha sido la tónica progresista dominante, tampoco parece llegar
a conformar un destino sólidamente distinto para nuestros países.
En
todo caso, el litio diseña bien el haz de dimensiones que se abren para pensar
con claridad y rigurosidad el problema de cómo crear proyectos que trasciendan
la neodependencia y el colonialismo, en un mundo ciertamente marcado por la
desigualdad, la crisis ecológica y la guerra integral.
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