SUDAMÉRICA: EN EL TRIÁNGULO DEL LITIO, LA CARRERA POR LOS MINERALES DE TRANSICIÓN PONE EN PELIGRO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Un nuevo análisis regional advierte que Estados y empresas están incumpliendo obligaciones en derechos humanos en el triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile). El estudio alerta por impactos ambientales, falta de consulta a pueblos indígenas y criminalización de defensores, y llama a una transición energética justa. 

A medida que aumenta la demanda mundial de litio, Argentina, Bolivia y Chile intensifican sus esfuerzos para explotar sus vastas reservas con fines económicos. Sin embargo, un nuevo análisis advierte que tanto los Estados como las empresas que operan en la región están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Es urgente abandonar los combustibles fósiles y transformar nuestro modelo energético, pero no a costa de las personas y el medio ambiente. El triángulo del litio se ha convertido en un símbolo de los enormes riesgos que plantea la carrera por los minerales de transición y de los impactos de las políticas que marginan las voces de las comunidades más afectadas y no garantizan la rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Sacha Feierabend, Investigador sénior en empresas y derechos humanos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El estudio ofrece un amplio panorama transregional de los problemas y abusos en el triángulo del litio. También advierte sobre los principales riesgos de que se agraven las violaciones a los que estarían expuestas las comunidades, a menudo excluidas y no consultadas en estos procesos, como consecuencia del rápido desarrollo de los proyectos sin marcos normativos adecuados.
El informe ha sido elaborado por el Observatorio Ciudadano (Chile), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), el Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y la FIDH.
Amenazas al medio ambiente, a las comunidades indígenas y a las personas defensoras
Empresas privadas y estatales, incluidas empresas transnacionales de países externos al triángulo, se han instalado en una región que concentra el 50 % de los yacimientos de litio identificados en el mundo. Como explica el estudio, la carrera por asegurar los minerales para las energías renovables y las baterías de los vehículos eléctricos, especialmente para los mercados de la Unión Europea, China y Estados Unidos, amenaza con agravar la presión sobre las comunidades indígenas y la naturaleza.
Un proceso de extracción con alto consumo de agua ha comprometido recursos vitales en una zona extremadamente árida y especialmente vulnerable al cambio climático. El agua rica en litio se bombea hacia grandes piscinas de evaporación y se deja secar bajo el sol y el viento. Esto ha provocado la desaparición gradual de humedales y está agotando el agua que las comunidades necesitan desesperadamente para la agricultura y su subsistencia.
Los Estados y las empresas tampoco están adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos de las comunidades a la participación y la consulta. Los salares han estado históricamente habitados por Pueblos Indígenas. La presión ejercida sobre ellos para la extracción de litio ha tenido un impacto negativo no solo en sus derechos sobre la tierra, sino también otros derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en el contexto de las actividades extractivas en sus tierras y territorios.
“A pesar de las obligaciones que Argentina, Bolivia y Chile aceptaron al suscribir el Convenio N°169 de la OIT y otros instrumentos internacionales aplicables a los Pueblos Indígenas, los proyectos desarrollados en los salares del altiplano andino no han sido revisados con las comunidades para obtener su consentimiento. Las comunidades no han participado en los beneficios generados por esta industria, ni han sido indemnizadas por los daños causados a los ecosistemas de los que se extrae el litio. Todo ello tiene graves consecuencias para sus vidas”, afirmó José Aylwin, Coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.
Además, los gobiernos han recurrido a legislación que debilita la libertad de asociación para fomentar el desarrollo de la industria. Las personas defensoras del medio ambiente enfrentan represión violenta y hostigamiento por denunciar la falta de consulta, información y compensación, especialmente en Argentina y Bolivia. Un ejemplo preocupante: cientos de personas resultaron heridas y al menos 90 detenidas durante las protestas contra la reforma constitucional en la provincia argentina de Jujuy. Muchas de ellas se enfrentan a procedimientos judiciales por delitos graves o leves.
“La criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos ha empeorado en los últimos meses. El gobierno nacional de Argentina ha tomado una serie de decisiones destinadas a garantizar las mejores condiciones posibles para las industrias extractivas en el país, a cualquier precio. Esto incluye poner a disposición de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a las organizaciones medioambientales y crear una unidad de seguridad específica para intervenir en los conflictos que afecten a los procesos productivos”, afirmó Manuel Tufró, Director de Justicia y Seguridad del CELS.
“Los Estados y las empresas deben asumir su responsabilidad de remediar los impactos adversos del desarrollo minero en los derechos humanos y el medio ambiente, y de prevenir cualquier impacto que pueda ocurrir en el futuro a medida que aumenta la minería. Ambos deben garantizar que la urgente transición energética sea verdaderamente justa y equitativa para todos y todas y no genere más injusticias y violaciones para los territorios indígenas y las poblaciones locales”, afirmó Manuel Olivera Andrade, Investigador y Profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.
Este primer estudio se basa en un proceso de documentación liderado por comunidades indígenas y locales de los tres países, establecido en colaboración con las cuatro organizaciones. Los resultados de la investigación se incorporarán a tres informes nacionales sobre abusos emergentes, que se publicarán en 2026. El Ciudadano e Chile (https://n9.cl/agnx5)
 
 
 
 
 
LITIO EN BRASIL: EL VALLE DEL JEQUITINHONHA SE CONVIERTE EN CENTRO ESTRATÉGICO GLOBAL
 
Inversiones extranjeras reactivan una de las regiones más pobres de Brasil por auge del ‘oro blanco’
 
Portal Montevideo de Uruguay (https://n9.cl/m7fl9)
 
El Valle del Jequitinhonha, en el sureste de Brasil, está dejando atrás décadas de pobreza y aislamiento para convertirse en un punto neurálgico del mercado mundial del litio, clave para la transición energética global. El auge se aceleró desde 2022, tras un decreto que liberó las exportaciones del mineral, atrayendo inversiones extranjeras por más de 1.165 millones de dólares.
Cinco grandes proyectos mineros, mayoritariamente controlados por capital foráneo —de Canadá, Estados Unidos y Australia—, ya están en marcha o en etapa avanzada. Con solo dos empresas operando, la producción de litio en forma de espodumeno se multiplicó por 20 en dos años, alcanzando 320.000 toneladas anuales.
Aunque los precios internacionales cayeron desde 4.000 a 950 dólares por tonelada, Brasil mantiene ventajas competitivas gracias al bajo costo de mano de obra y energía. Esto ha permitido que empresas como Sigma Lithium —quinta productora mundial— y la estatal Companhia Brasileira de Lítio sigan adelante con planes de expansión ambiciosos hasta 2027.
Implicancias para América Latina y el equilibrio geopolítico
El resurgimiento del Valle del Jequitinhonha no es un fenómeno aislado, sino parte de una carrera global por asegurar minerales estratégicos. La alta dependencia de China en la cadena de suministro de litio ha encendido alarmas en Estados Unidos y otras potencias, que ahora buscan diversificar sus fuentes en países aliados como Brasil.
Este escenario refuerza el papel de América Latina como proveedor crítico para la transición energética. Argentina, Bolivia y Chile ya conforman el llamado “triángulo del litio”, pero el avance brasileño añade un nuevo polo de poder, con reservas estimadas en el 8 % del total global y capacidad tecnológica en crecimiento.
Desde el punto de vista diplomático, la región puede capitalizar esta posición para negociar acuerdos más equitativos de transferencia tecnológica y valor agregado, reduciendo su rol histórico como simple exportadora de materias primas.
 
 
 
 
 
EL APETITO POR EL LITIO A NIVEL MUNDIAL CONVIERTE A UN TRANQUILO VALLE DE BRASIL EN "EL DORADO"
 
Radio Bio Bio de Chile (https://n9.cl/5mgllz)
 
La creciente demanda mundial por litio, el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos, convirtió en un “El Dorado” al Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, pero dueña de las séptimas mayores reservas mundiales del mineral.
Cinco mineras, casi todas de capital extranjero, anunciaron en los dos últimos años inversiones por 6.300 millones de reales (US$1.165 millones) en proyectos para explotar el ‘oro blanco’, cuya demanda se ha disparado principalmente por el apetito de la industria china del automóvil.
A este, se ha sumado el reciente interés manifestado por Estados Unidos, en plena guerra comercial, por llegar a acuerdos para tener acceso a los minerales críticos de Brasil, entre los que figuran niobio, níquel o litio.
“El Dorado” brasileño rebosa de litio
La tranquilidad del Valle del Jequitinhonha, una olvidada región en Minas Gerais, es interrumpida por las explosiones diarias, las máquinas excavadoras, el tránsito de camiones cargados con mineral y una invasión de geólogos y representantes de empresas extranjeras, según pudo constatar EFE en una visita a esta zona del sureste de Brasil.
Este intenso ajetreo surgió a partir de un decreto que en 2022 autorizó por primera vez las exportaciones de litio, un mineral estratégico cuya producción se envía casi por completo a China.
Gracias a ese permiso y, con tan solo dos empresas operando por ahora, la producción de concentrado de espodumeno (un mineral que contiene un 5,5% de litio) se multiplicó por veinte desde 2023, hasta las 320.000 toneladas previstas para este año.
El boom que se vive en las pequeñas poblaciones de Araçuaí e Itinga promete convertir a Brasil en actor clave en un mercado estratégico, en su condición de dueño de las séptimas mayores reservas mundiales y de quinto mayor productor global.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el Valle del Jequitinhonha, con 45 depósitos descubiertos, concentra el 85% de las reservas brasileñas de litio y el 8% de las mundiales.
Los precios más competitivos de Brasil
Ni siquiera el desplome del precio del concentrado, desde unos US$4.000 por tonelada en 2022 hasta unos US$950 en la actualidad, paralizó los proyectos.
“El litio en Brasil es muy competitivo por el bajo costo de la mano de obra y de la energía. Mientras que nuestro costo operacional es de US$500 por tonelada, en Australia llega a US$1.000. Por eso hemos conseguido navegar bien”, dijo a EFE Daniel Abdo, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Sigma Lithium, quinto mayor productor mundial.
La Companhia Brasileira de Litio (CBL), segundo productor en la región, ve una demanda mundial “muy animadora”, pero admite que la caída de precios “no justifica nuevas inversiones”, afirmó a EFE su CEO, Vinícius Alvarenga.
Esta empresa brasileña comenzó a explotar la mina subterránea de Cachoeira en 1991, donde ahora extrae 50.000 toneladas del concentrado al año, cinco veces más que antes del boom.
Es también la única que cuenta con una planta química en Brasil para transformar el concentrado en carbonato de litio, con 99% de pureza, con el que abastece a empresas locales que usan el mineral en la fabricación de medicinas, grasas, lubricantes y cerámicas.
Planes de expansión
Según Alvarenga, CBL tiene en marcha un plan de ampliación para elevar su producción de concentrado hasta 110.000 toneladas al año a partir de 2027 y la de carbonato de litio, desde 2.000 hasta 6.000 toneladas.
Simga, con sede en Canadá, inició operaciones en mayo de 2023 en una mina a cielo abierto en la que hoy produce 270.000 toneladas de concentrado por año.
La empresa ya tiene en marcha dos fases de expansión por las que elevará su producción de concentrado a 770.000 toneladas al año en 2027, con lo que ascendería a tercer mayor productor mundial.
Además de estas dos mineras ya en operación, hay otras cuatro procedentes de Canadá, EEUU y Australia con proyectos avanzados.
Se trata de la canadiense AMG, con planes para producir 180.000 toneladas por año; de la estadounidense Atlas Lithium, que prevé producir 150.000 toneladas por año; de la australiana Pilbara Minerals (PLS), con inversión de 313 millones de dólares; y de la canadiense Lithium Ionic, con inversión de 140 millones de dólares.
 
 
 
 
 
UN HOMENAJE A LA ÚLTIMA ALTOMISAYOC, LA MUJER QUE INTERMEDIA CON LAS MONTAÑAS ANDINAS
 
María Apaza Machaca cumplió 100 años y es de las pocas que quedan con el grado más alto del sacerdocio andino. Celebrarla es reconocer la infinitud del universo y las diversas formas de vida
 
El País de España (https://n9.cl/i5umq)
 
Hace unas semanas, en distintos rincones de los Andes, se celebró el Pachamama Raymi, la fiesta de la tierra. Esta tradición de los pueblos quechua y aymara sigue viva en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, donde comunidades enteras realizan rituales y ofrendas para agradecer por las cosechas y los ciclos de la vida. En los últimos tres años, hemos viajado a las montañas del Cusco para explorar este conocimiento y compartir con los Q’eros, considerado el último del linaje inca que permaneció aislado durante siglos.
Allí conocimos a doña María Apaza Machaca, a quien todos llaman con respeto y cariño la mamita María, la última mujer altomisayoc, el grado más alto del sacerdocio andino. La altomisayoc es una intermediaria entre el mundo humano y el espiritual, cuyo poder y sabiduría se fundan en una potente relación con los apus, las montañas tutelares. Este agosto María celebró su centenario, un hito que refuerza el valor de su legado. De ella, de su familia y de su comunidad aprendimos uno de los gestos más profundos de reciprocidad con la tierra: las ofrendas a la pachamama.
Nos demos cuenta o no, como humanidad, necesitamos ritos y actos simbólicos para construir y reafirmar nuestras formas de habitar el mundo y relacionarnos con los demás. Son gestos que, muchas veces, escapan al lenguaje racional, pero que nos acercan a la danza de la existencia y a ese lugar innombrable que nos habita. Como la música, abren canales para vincularnos con los misterios que sostienen la vida. En este camino, los pueblos andinos han sido guías esenciales: con su ejemplo nos enseñan a reconocer, honrar y cuidar una de nuestras relaciones más íntimas y vitales, la que tenemos con la naturaleza.
Escogida desde niña para este camino espiritual, la mamita María atravesó pruebas que sellaron su vínculo con las montañas. En 1943, cuando tenía apenas 16 años y pastaba sus animales en las alturas de Paucartambo (Perú), un rayo la alcanzó en la cabeza. A partir de entonces, inició un proceso de doce ceremonias de karpay o ritos de iniciación que fortalecieron su comunicación con los apus.
Para los pueblos andinos, el rayo no es solo un fenómeno natural: es el dios del fuego que cruza el cielo como un dragón y penetra la tierra como una serpiente luminosa. En los Andes lo llaman Illapa, un guerrero celeste que, al agitar su honda, provoca un estallido de fuego, luz y estruendo. Y al levantar su porra, ordena la lluvia y el granizo. Esa lección, la del fuego y la lluvia, ha acompañado toda la vida a doña María, quien desde niña supo moverse entre el mundo de arriba y el de abajo.
En la profundidad de su mirada y en la suavidad de su sonrisa habitan tres figuras celestiales: Chuqui Illapa, Cutu Illapa e Inti Illapa, una trinidad de fuerza, sonido y electricidad que la acompaña en los días de tormenta en Ausangate y Salkantay, sus montañas tutelares en el Cusco. Allí, entre la nieve y las piedras sagradas, aprendió a hablar con las montañas y a curar con las rocas. El rayo dio origen a los ríos. Por eso, la mamita María tiene la capacidad de comunicarse con las deidades del fuego y el agua. Entre los pueblos collas del lago Titicaca se cuenta que ellos nacieron de la orina del rayo, y los Q’eros siguen integrando sus enseñanzas en su vida cotidiana.
“Corazón contento”, dice la mamita María mientras sopla las hojas de coca y coloca en la misha andina [una superposición de tejidos] alimentos, piedras, flores y vino. Cada uno de estos elementos es ofrecido como regalo a los cerros tutelares, en un despliegue de belleza y poder que es, a la vez, poético y vital. A través de las ofrendas y la lectura de la coca, se torna en un acto jurisdiccional y político, pues la mamita María intermedia con los espíritus protectores para velar por el bienestar del ayllu, la unidad social y organizativa tradicional de las comunidades andinas. Que eviten enfermedades, propicien buenas cosechas y prevengan conflictos.
Con la misma generosidad que guía sus ceremonias, ella ha dedicado años a formar pampamisayok: personas que se preparan para dialogar con la pampa y construir su propio universo. Sus enseñanzas mantienen viva una tradición en la que el conocimiento de la vida se teje, literalmente, sobre una mesa ritual compuesta por tres mantas superpuestas.
El primer tejido, el más grande, es el microcosmos personal, donde se entrelazan presente, pasado y futuro. El segundo, de tamaño intermedio, simboliza la dualidad que equilibra la existencia. Y el tercero, más pequeño, es un rincón especial, casi un escondite para la alegría y la celebración. Allí se colocan las khuyas, piedras recogidas en las pampas que recorren los pampamisayok, cargadas con la memoria y la energía de esos lugares.
A sus cien años, la mamita María sigue irradiando energía y abriendo caminos. Su misión ha traspasado las montañas del Perú para llevar su sabiduría y su mensaje de paz a distintos rincones del mundo. Celebrarla es también honrar la infinitud del universo y las diversas formas de vida que se desarrollan en nuestro planeta. Doña María conversa con la montaña y escucha su voz. Su forma de ver el mundo ha inspirado maneras de vivir más respetuosas, sensibles y recíprocas.
En sus ceremonias ha descendido al Ukupacha, el mundo interior que representa la primera tela de la misha andina, acompañando a las almas humanas y no humanas. Ha recorrido el territorio del puma en el Kaypacha, el plano intermedio donde conviven la noche y el día. Y ha ascendido al Hanakpacha, el plano celeste, para encontrarse con los apus y sus khuyas. En esencia, la mamita es fuego y agua.
Así como en Oriente se reconoce la guía de los lamas, en América Latina celebramos la sabiduría de los altomisayoc, guardianes de un conocimiento ancestral que nos enseña a vivir en reciprocidad con la tierra. Aquí, las perspectivas bioculturales y las propuestas que desde la ciencia buscan poner la vida en el centro encuentran una fuente de inspiración: en gestos rituales que son, a la vez, decisiones éticas. En prácticas que nos llaman a reencontrarnos con lo esencial.
Porque comer, vestirnos y sanar —esos actos cotidianos en los que la mamita María enlaza el cosmos con nuestro universo personal— son la base de nuestra supervivencia. Los damos por seguros, pero dependen del delicado equilibrio entre las distintas especies. Reconocerlo no es solo un ejercicio espiritual, es, sobre todo, un compromiso planetario impostergable.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: COOPERATIVAS MINERAS PRESIONAN AL GOBIERNO PARA INGRESAR A CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS
 
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó una Acción Popular para evitar el ingreso de cooperativas mineras a territorios indígenas y áreas protegidas. Dos organizaciones de cooperativas mineras piden modificar la zonificación en reservas naturales para poder extraer oro de estas zonas protegidas. El gobierno de Bolivia ya rechazó el ingreso de las mineras a áreas protegidas, pero ante este nuevo reclamo aún no ratificó esa decisión.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://n9.cl/su579)
 
Una vez más las áreas protegidas de la Amazonía boliviana están en riesgo. Las cooperativas mineras insisten en ingresar a cuatro reservas naturales del norte del departamento de La Paz. El reclamo se da mientras cuatro ríos amazónicos se encuentran siendo afectados por la minería aurífera y existen “comunidades fantasmas” que aprueban el ingreso de mineros para que saquen oro en la Amazonía boliviana.
Los mineros cooperativistas en Bolivia insisten desde 2023 con su intención de ingresar a cuatro áreas protegidas del norte del departamento de La Paz: Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y el Parque Nacional Cotapata. Este sector, en su último pliego de demandas, había puesto un plazo al presidente de Bolivia, Luis Arce, para que atienda sus pedidos. La fecha era el 21 de agosto, pero ahora dejaron a un lado ese plazo y esperan ser atendidos.
En su pretensión de modificar la zonificación en las áreas protegidas, los mineros buscan obtener los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso crucial para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.
Este documento se otorga sólo a aquellas operaciones mineras que demuestren su legalidad, o sea que cuenten con derechos mineros otorgados antes de la creación del área protegida.
La intención de zonificar las áreas protegidas para la extracción de oro es de dos sectores mineros: la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECMABOL) y de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN-La Paz). Ninguno de los dirigentes de estas organizaciones quiso emitir declaraciones a Mongabay Latam por sus pedidos. Sin embargo, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), Eloy Sirpa, descartó que su sector pretenda ingresar a reservas.
“Quiero ser claro en una situación. Hemos comprometido nosotros al presidente [Luis Arce], le hemos dicho ‘las cooperativas que estén en áreas protegidas, en áreas prohibidas, nosotros no vamos a hacer ninguna gestión [por ellas]’, pero si hay otras áreas que sí son compatibles con la minería, esas vamos a hacer [gestión]. No hemos trabajado en este tema, recién vamos a empezar”, afirmó Sirpa a Mongabay Latam. Así, Sirpa se distanció de las otras dos entidades mineras y su reclamo a Arce.
Negativa del Gobierno
Mongabay Latam intentó comunicarse con el director del SERNAP, Idelfonzo Canaza, pero el funcionario no contestó las llamadas ni los mensajes. Sin embargo, el ministro de Minería, Santos Laura, en una conferencia de prensa en abril, anunció que no se permitirá minería en áreas protegidas y que aquellos trámites para conseguir autorización de operaciones dentro de los parques no procederán.
Consultado sobre la posibilidad del ingreso de minería legal dentro de estas zonas, como pretende el sector aurífero a partir del reconocimiento de los “derechos preconstituidos” (aquellos adquiridos antes de la Constitución de 2009), Laura dijo: “Las cooperativas que están solicitando [concesiones] en áreas protegidas, yo veo que esos contratos no van a ir, no se va a permitir. Sería atentatorio y en contra de nuestro pueblo boliviano”.
Además, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante una resolución administrativa en 2024, descartó que se otorgue permisos para actividades mineras en áreas protegidas. “Desde septiembre de 2022, la AJAM implementó medidas definitivas que restringen la reserva de áreas mineras y la otorgación de contratos mineros en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y otras áreas protegidas del norte del departamento de La Paz”, dice el documento.
El poder minero en Bolivia
Las cooperativas mineras eran aliados del gobierno de Luis Arce hasta hace poco. Las distintas organizaciones están afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que es la matriz que aglutina a las cooperativas. Este aglomerado apoyaba la gestión de Arce hasta inicios de este año. A Evo Morales lo apoyaron durante todo su mandato. En Bolivia son considerados como un sector clave de apoyo político.
La última disputa que tuvo FENCOMIN con el gobierno de Arce fue en abril de este año, cuando realizaron medidas de presión en la ciudad de La Paz, logrando cercar la capital política boliviana durante dos días. Los cooperativistas mineros criticaron el manejo económico del Gobierno y la falta de carburantes, algo que a ellos les perjudica en sus operaciones. En 2023 también realizaron protestas exigiendo ingresar a áreas protegidas y mantener el pago del monto impositivo, que es el 4.8 %. Esa cifra es menor a diferencia de la que se impone a un empleado común en Bolivia, que aporta el 16.5 % al Estado con diferentes impuestos.
Según Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en los últimos años, los cooperativistas mineros han alcanzado poder político, económico y social, además de haberse expandido y tener una incidencia grande en el empleo: nueve de cada diez mineros del país son cooperativistas, aunque se trata de un empleo precario.
“Las cooperativas mineras, por su naturaleza social y por ser entidades sin fines de lucro, reciben un conjunto de beneficios tributarios específicos. Están exentas de cumplir con las obligaciones tributarias del Régimen General de Impuestos gracias a diferentes leyes”, resaltó Zaconeta.
Defensa indígena
Ante la posición de los sectores mineros, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) anunció una defensa férrea contra la minería en las cuatro áreas protegidas. Vicente Canare, dirigente de la CPILAP, afirmó a Mongabay Latam que su organización está en estado de emergencia. “Estamos dispuestos a defendernos de la invasión a los territorios de los indígenas y las áreas protegidas”, agregó.
“Todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder concentrarnos y defender nuestros derechos, ante cualquier ingreso que se quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular de forma engañosa para entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas como pretenden los mineros”, afirmó Canare.
El dirigente indígena añadió que la CPILAP presentó una Acción Popular hace cuatro años para evitar el ingreso de la minería aurífera a las comunidades del norte de La Paz y parte del departamento del Beni. “Nosotros pedimos cero minería en nuestro territorios y estamos esperando que se cumpla lo que pedimos”, dijo.
En Bolivia, la acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier persona individual o jurídica, e incluso a entidades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, proteger derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Se aplica para defender bienes como el medio ambiente, patrimonio público, salubridad y espacio público.
Las cuatro áreas protegidas forman parte del Corredor de Conservación de Biodiversidad y se constituye en una conexión natural por su gran riqueza natural de flora y fauna, por los servicios ecosistémicos y ambientales que ofrece, pero también por las fuertes amenazas que enfrenta, entre ellas las actividades extractivistas, como la minería aurífera.
El recurso fue interpuesto por la CPILAP en septiembre de 2023 y logró una resolución favorable en el Juzgado Público de Rurrenabaque, donde se reconoció la tutela plena de los pueblos indígenas frente a la vulneración de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación.
La resolución judicial dispuso la suspensión de actividades mineras ilegales y aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Quiquibey, Tuichi, Alto Beni, Kaka, Beni, Madre de Dios, Tequeje y sus afluentes, además de la implementación de procesos de consulta previa y medidas de mitigación frente a la contaminación por mercurio.
Minería en la Amazonía
En Bolivia la minería legal es aquella que tiene la autorización plena de la AJAM. Una cooperativa minera debe realizar los trámites ante esta entidad, pero también debe realizar un estudio de impacto ambiental y debe presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Con toda esa documentación pueden ingresar a realizar la actividad, incluso en ríos de la Amazonía.
Sin embargo, muchas veces incumplen el procedimiento y sus actividades se vuelven ilegales. Por norma ambiental, las mineras no pueden operar en áreas protegidas, ya sean de alcance nacional, departamental o municipal. Pero también hacen un trabajo ilícito aquellas cooperativas o empresas que no tienen autorización de la AJAM; aquellas que iniciaron el trámite, pero que no esperan la autorización y aun así operan; y las que tienen autorización, pero alquilan sus concesiones a operadores privados, ya sean extranjeros o nacionales.
“Algo que usualmente pasa [como minería ilegal] es que la cooperativa minera que logra la autorización de las concesiones y la licencia ambiental, se asocia con el capital privado para explotar el área minera y contrata trabajadores asalariados, usa maquinaria de alta capacidad y genera utilidades”, explicó Zaconeta. Es decir que terminan funcionando como una empresa.
Según un estudio realizado por el CEDLA, las mayores zonas de expansión de la minería del oro en la Amazonía se encuentran en siete puntos, todos ellos en torno a cuatro ríos: Madre de Dios, Orthon, Madera y Tequeje. Esos siete puntos abarcan a seis municipios: Riberalta, en el departamento del Beni (dos puntos); El Sena, Villa Nueva, Puerto Rico y Nueva Manoa, en Pando (cuatro puntos); y el municipio de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz (un punto).
“Urge, por ejemplo, si se piensa en lograr un cambio en el actual escenario de esta actividad, discutir la caracterización de las cooperativas mineras dedicadas a la explotación de oro en el país, identificar claramente si estas cumplen realmente las condiciones de una cooperativa, o si deben ser consideradas como empresas mineras por el tipo de explotación, relaciones laborales, capital de funcionamiento, consumo de combustible y niveles de producción”, afirmó Zaconeta.
En el departamento de La Paz incluso se crean “comunidades fantasmas” para que aprueben el ingreso de cooperativas mineras. Un caso así sucede en la comunidad Tres Marías, que está ubicada en el municipio de Yanacachi, a 82 kilómetros de la ciudad de La Paz. En ese poblado existen denuncias de avasallamientos de terrenos para extraer oro y judicialización de dirigentes que se oponen a la minería.
“Acá han creado una comunidad fantasma, se llama Ñequejahuira Cotapata, que autoriza el ingreso a la cooperativa Salvadora de Yervani para que exploten oro dañando nuestro territorio, abriendo caminos ilegales y dañando parte del área protegida de Cotapata. Además, esta cooperativa está contaminando nuestra agua y perjudica nuestra producción de flores”, denunció a Mongabay Latam una comunera de Tres Marías, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
En este caso, según un informe del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), se identificaron violaciones a los derechos de los defensores ambientales por parte de la cooperativa minera Salvadora de Yervani, que intenta dividir a la comunidad Tres Marías ofreciéndoles cuadrículas mineras para que no denuncien supuesta persecución judicial, amenazas, intimidación y agresiones físicas que sufren por los cooperativistas mineros.
En este caso hay un defensor que se declaró en la clandestinidad. Se trata de Isaac Catacora, quien es el secretario general de la comunidad Tres Marías y que desde diciembre de 2024 tiene una orden de aprehensión. Lo acusan de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
Gregorio Huanca, de la cooperativa Salvadora de Yervani, se limitó a decir a Mongabay Latam que su cooperativa tiene autorización desde 2023 de la comunidad Ñequejahuira Cotapata, que pertenece al municipio de Coroico y no de Yanacachi. Luego, evitó dar más declaraciones.
 
 
 
 
 
LA DEMOCRACIA CRISTIANA LATINOAMERICANA Y LA IZQUIERDA
 
Breve recuento histórico del apoyo de la democracia cristiana a la izquierda
 
El Montonero de Perú (https://n9.cl/c7e38l)
 
Los resultados de las elecciones generales en Bolivia nos generan muchas incertidumbres. Uno de los candidatos que accedió a la segunda vuelta, obteniendo un 32% de la votación, es el socialcristiano Rodrigo Paz Pereira. A pesar de que muchos medios periodísticos afirman que esta ha sido una contundente victoria de la derecha boliviana, nada está más lejos de la realidad. Leyendo el plan político y las propuestas económicas del candidato Paz encontramos demasiadas coincidencias con lo socialdemócrata. Históricamente muchos partidos demócratas cristianos o socialcristianos en América latina no solamente han propuesto medidas colectivistas y estatistas, sino que también han votado con la izquierda en múltiples ocasiones. En esta columna haremos un breve recuento de ello.
Cabe aclarar que para propósitos de esta columna vamos a emplear los términos socialcristianismo y democracia cristiana como sinónimos, ya que aquí no pretendemos explicar las definiciones y diferencias de estos movimientos políticos. También hay que aclarar que en casos muy excepcionales (como podría ser el peruano), la mayoría de partidos socialcristianos o democristianos en Latinoamérica se identifican con la centroizquierda política. Así que, sin más preámbulo, comencemos el recuento.
La democracia cristiana o el cristianismo se puso en boga hacia los años cincuenta o sesenta del siglo pasado. Aunque sus planteamientos políticos habían sido ya elaborados décadas antes por pensadores europeos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o Luigi Sturzo, recién se plasmaron en Latinoamérica durante la Guerra Fría. Cabe indicar también que debido a la idiosincrasia y las costumbres políticas latinoamericanas la democracia cristiana en Latinoamérica difirió bastante de sus símiles europeos.
Al interpretarse como una corriente comunitarista, recibió múltiples influencias no sólo de la Doctrina Social de la Iglesia o la ética protestante, sino que también recibió influencia de otras corrientes como la Teología de la Liberación. A diferencia de sus pares europeos, que adoptaron un sistema económico de libre mercado (ordoliberalismo), la mayoría de partidarios latinoamericanos de la democracia cristiana eran intervencionistas, estatistas y abogaban por una mezcla entre socialismo, corporativismo estatal y el llamado “desarrollismo”.
Comenzando la lista, tenemos a la democracia cristiana de Chile. Curiosamente el partido demócrata cristiano chileno se había originado de la Falange Nacional, un partido corporativista católico creado en 1935 que se inspiró en los partidos españoles del bando nacional. Curiosamente en tres décadas después de su conformación la democracia cristiana chilena se había convertido en una suerte de humanismo cristiano mezclado con socialdemocracia. Cabe destacar su notable participación en las elecciones de 1970 donde la democracia cristiana apoyó en el balotaje la candidatura de Salvador Allende. Posteriormente, en el plebiscito de 1988 la democracia cristiana impulsó la campaña del “no” junto a los partidos de izquierda. En la actualidad, la democracia cristiana chilena está apoyando abiertamente la candidatura de Jeannette Jara (del Partido Comunista Chileno) para las elecciones que tendrán lugar dentro de unos meses.
Posteriormente tenemos el caso venezolano. Durante muchas décadas, el social cristianismo y democracia cristiana venezolanos avalaron las políticas intervencionistas de gobiernos socialdemócratas como los de Acción Democrática. Sin embargo, el golpe lo dieron en el año 1998, cuando un gran sector de la democracia cristiana venezolana COPEI apoyó la candidatura de Hugo Chávez, el cual sabemos muy bien que marcó el inicio de la debacle de aquel país.
Ahora pasemos al caso del Salvador. En los años 60 y 70 (décadas previas al estallido de la guerra civil salvadoreña), la democracia cristiana además de una fuerza política poseía una gran presencia a través de sus sindicatos. Las múltiples huelgas que impulsaban los partidos de izquierda eran también respaldados por los sindicatos socialcristianos. Durante el conflicto armado, múltiples líderes de la democracia cristiana tomaron las armas y se unieron a grupos guerrilleros que se enfrentaron al gobierno. Regresando la democracia, los socialcristianos demostraron una vez más su apoyo a la izquierda votando por el candidato del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes en 2009.
El caso argentino quizás sea otro ejemplo paradigmático de lo camaleónicos que son los partidos demócrata cristianos en nuestro continente. El socialcristianismo argentino recién se fundó en 1954, acercándose en los siguientes años a sectores de izquierda no peronista. Curiosamente, fue un demócrata cristiano (Vicente Solano Lima) el vicepresidente de Héctor Cámpora, conocido peronista que ganó las elecciones y le dio un nuevo triunfo al peronismo, dándole esta vez un giro radical a la izquierda. Así mismo, en 1983 la democracia cristiana apoyó la candidatura del izquierdista Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. En la actualidad, el sector más progresista de los social cristianos acompaña a la bancada kirchnerista en el legislativo.
Cerca de Argentina tenemos a Uruguay. En este caso también es bastante paradigmático puesto que la democracia cristiana apoyó en todo momento la candidatura del Frente Amplio Líber Seregni (Que integraban los partidos socialista y comunista uruguayos) en las elecciones de 1971. Años después del retorno a la democracia, en 1985; y hasta la actualidad, el partido demócrata cristiano uruguayo sigue apoyando en las elecciones al Frente Amplio, partido que canaliza la gran mayoría de votos de izquierda en Uruguay.
Podemos colocar como excepciones a Colombia o México, porque la democracia cristiana jamás ha significado una fuerza electoral contundente. En estos países se limitaron a pertenecer a otros bloques más grandes y asociados generalmente a la derecha política (al Partido Conservador colombiano o al PAN en el caso de México). En Ecuador, la democracia cristiana fue la culpable de retirarle el apoyo al presidente Guillermo Lasso y provocar su destitución y posterior disolución del parlamento el en noviembre de 2023.
En Perú, la democracia cristiana tiene un partido propio, sin embargo, la mayoría de simpatizantes de estas ideas han votado históricamente por el Partido Popular Cristiano (PPC), partido supuestamente de derecha, pero que pareciera que han tenido una vergüenza histórica al momento de afirmarse. Prueba de ello son los múltiples líderes históricos del PPC (Desde Bedoya Reyes hasta Lourdes Flores) que al momento de elecciones siempre han calificado a su partido como una fuerza política de “centro”. Su continuo acercamiento histórico con partidos de centro o centroizquierda como el APRA o Acción Popular han hecho que el PPC nunca haya podido constituir una opción real para los votantes de la derecha peruana.
Como hemos visto en este breve repaso, el social cristianismo o democracia cristiana en materia electoral no son partidos de derecha. Es más, en más de una ocasión y en diversos países alrededor de nuestro continente han apoyado y se han aliado con propuestas de izquierda. En la próxima entrega analizaremos a mayor detalle cuáles son las propuestas electorales del candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz. Mucho me temo que este demócrata cristiano promueve una fórmula política y económica que no ayudará a Bolivia a salir de la profunda crisis en la cual está sumergida desde hace casi 19 años de gobierno nefasto del Movimiento al Socialismo.
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ GANAN LAS DERECHAS?
 
Crónica Digital de Chile (https://n9.cl/zurl41)
 
A propósito del impactante, aunque previsible triunfo derechista en Bolivia, la semana pasada circuló un artículo de Álvaro García Linera, filósofo y exvicepresidente de esa República, en el que se pregunta: “¿Por qué el progresismo y la izquierda pierden elecciones?” (https://t.ly/LSGVE; https://t.ly/eTLQL).
Entre varios factores destaca como central la economía: los progresismos del primer ciclo tuvieron logros comprobables; pero en un nuevo ciclo lo descuidaron, como ocurrió en Brasil, Argentina y actualmente en Bolivia, países que toma de ejemplo. Así se acumuló el malestar general, por el “deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos”.
En Bolivia fue igualmente un factor esencial la pugna entre Evo Morales y Luis Arce, pero bajo el ambiente de una “desastrosa gestión económica”. Por tanto, sostiene García Linera, se requiere una “nueva generación de reformas” que pasa necesariamente por “construir una base productiva expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios; del sector privado, campesino, popular como estatal; para el mercado interno como para la exportación, que garantice un amplio soporte industrioso y duradero a la redistribución de la riqueza”.
Son análisis importantes. Pero la realidad que vive Colombia con el asedio diario al gobierno de Gustavo Petro merece otro tipo de consideraciones, pues los avances económicos y sociales logrados por su gobierno no parecen suficientes para asegurar la continuidad del progresismo. Tampoco hay un patrón político para América Latina. Pero es aún más diferenciada la experiencia de Ecuador que permite plantear otro ángulo del problema: ¿por qué ganan las derechas?
Los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) demostraron adelantos económicos y logros sociales que han sido destacados por informes y estudios nacionales e internacionales, como son los de la CEPAL, PNUD, OIT e incluso del FMI. Su gestión fue una derrota al neoliberalismo cultivado desde mediados de los 80.
Sin duda definió las bases de una economía social del Buen Vivir que polarizó a la sociedad, pues el poder político de las antiguas élites fue desplazado, aunque los grandes medios privados pasaron a ser sus voceros ideológicos.
También despertó la atención de los Estados Unidos, alineados contra el “socialismo del siglo XXI” inaugurado por Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela, país que hoy afronta la amenaza de una posible intervención estadounidense que sería grave en toda América Latina.
El gobierno de Correa incluso despertó reacciones entre las izquierdas tradicionales y conflictos con varios dirigentes del movimiento indígena, de los trabajadores y otros grupos. A pesar de todo, Correa fue reelegido en 2009 y 2013 y el “correísmo” recibió contundente apoyo en 2017 al triunfar Lenín Moreno, su candidato, con 51.16 por ciento de votos en segunda vuelta sobre el banquero Guillermo Lasso.
Podía pensarse que la continuidad de los logros ya demostrados estaba garantizada. Pero a pocos meses quedó en claro el giro del gobierno: Moreno se dedicó a desmontar las herencias y con el referéndum/consulta popular de 2018 la institucionalidad fue capturada y se implantó un sistema de persecución al correísmo. El mismo Rafael Correa fue enjuiciado, varios dirigentes se exiliaron y en el país se cultivó un ataque sistemático a lo realizado por el gobierno anterior, inculpado de todos los males nacionales.
Literalmente Moreno destruyó fuerzas productivas (en el sentido marxista del término), de modo que en el país revivieron condiciones del subdesarrollo en los diversos órdenes de la vida social, que son comparables con décadas pasadas debido a la destrucción, descuido y desinversión en infraestructuras, bienes y servicios públicos, la reprimarización económica y los privilegios al capital privado. El derrumbe económico y social agravado en 2020 con la inoperancia pública frente a la pandemia del Covid, se supone que debía provocar el retorno del auténtico progresismo. Sin embargo, el cambio de rumbo (https://t.ly/virUn) llevó al triunfo electoral de los empresarios y millonarios Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-hoy), que consolidaron la “segunda época plutocrática” del Ecuador, comparable con la que se vivió entre 1912-1925.
Los triunfos de las derechas ecuatorianas no se debieron al mal manejo económico y social de la época progresista. Pueden destacarse múltiples factores para explicarlo; pero, ante todo, se han debido al cultivo político e ideológico del revanchismo y el odio contra todo lo que suene a “correísmo”, a tal punto que solo ha faltado algún decreto que prohíba hablar de “Correa” y aludir al “correísmo”, como el que se dictó en Argentina en 1956, que prohibió hablar de “Perón”, “peronismo” y otros términos derivados (https://t.ly/SkGRe).
Acompaña, al mismo tiempo, la consolidación de un bloque de poder que ha logrado cohesionar a millonarios, altos empresarios, grandes medios de comunicación, clases medias identificadas con esos intereses, partidos políticos de derecha, apoyos internacionales y todo en el marco de las geoestrategias de EEUU. contra los gobiernos progresistas y a favor de su neomonroísmo.
Ese bloque se ha propuesto impedir el retorno del “correísmo” (que identifica con cualquier izquierda) y ha contado con presidentes- empresarios que garantizan sus intereses y que han instrumentalizado a su favor los aparatos de Estado como fiscalía, contraloría y una serie de jueces. La ideología que les moviliza en el ámbito económico es el neoliberalismo y el libertarianismo oligárquicos. La mentira, el engaño populista, el lawfare, las “fake news” pasaron a ser valores públicos para el éxito político y electoral, sin importar la Constitución ni las leyes.
Lo paradójico está en que también se vincularon al anticorreísmo sectores de izquierda (especialmente aquella que siempre se identificó como “auténtica y verdadera”) y de los movimientos sociales que rompieron con Correa y votaron por Lasso y luego por Noboa; y aunque para las elecciones de 2025 se logró recuperar una efímera “alianza de las izquierdas” para encarar el balotaje (en primera vuelta continuó la división), el voto mayoritario del país fue a la derecha, pues el respaldo a la segunda presidencia de Noboa (2025) incluyó amplias bases del movimiento indígena y de los trabajadores, por sobre las posiciones de dirigentes como Leonidas Iza, atacado como ”correísta”.
Los resultados económicos de la segunda época plutocrática no demuestran desarrollo ni modernización. Sí buenos negocios a costa del Estado y de la sociedad. En menos de una década los índices sociales y laborales solo se han derrumbado (https://t.ly/CukKH), de modo que las condiciones humanas afectadas, que se supone inclinarían la balanza a favor del progresismo de izquierda, tampoco han resultado factores que impidan el triunfo de las derechas.
El eje del análisis debería concentrarse en los mecanismos que utiliza el bloque de poder para reproducir su dominación. Una de las novedades, por ejemplo, es el propósito de suprimir los aportes estatales a los partidos políticos, lo cual, evidentemente, solo favorecerá a las fuerzas de derecha que reciban fondos privados. Cabe sumar la información y las opiniones básicas que circulan por redes sociales que tienden a sostener un criterio político elemental entre los ciudadanos, a los que se suman “troles” o “mensajes” con abiertos insultos e irracionales ideas.
Además, con la inseguridad creciente por el avance de la delincuencia organizada, la criminalización de la protesta social y la militarización de la vida cotidiana, especialmente en las provincias más sensibles, se ha extendido el miedo ciudadano y el riesgo de que la protesta o movilización en las calles sea vista como acción “terrorista”. Un reciente reporte del US Department of State (2024 Country Reports on Human Rights Practices: Ecuador – https://t.ly/LrTOm) da cuenta de las violaciones a los derechos humanos. Ante este conjunto de circunstancias la generación de una “conciencia de clase” popular se vuelve muy difícil. El poder se alimenta con el “analfabetismo político”.
Sin embargo, lo que la izquierda social progresista exige es que la Revolución Ciudadana, el único partido organizado como alternativa de gobierno, así como los movimientos sociales, asuman el liderazgo y la convergencia política necesaria para frenar la que parece una vía indetenible de reproducción histórica del bloque derechista en el poder.
En contraste con lo que ocurre en Ecuador, que camina en una vía paralela por la que va Argentina, en América Latina son esperanzadores los avances de México, hoy a la cabeza del progresismo en la región, así como el papel que puede jugar Brasil y los BRICS para una estrategia común latinoamericana, pues en la segunda “era Trump” se ha levantado un serio peligro para todos los progresismos ya que el “America first” neomonroísta se propone imponer la hegemonía de los EEUU. en todo el continente, contra cualquier avance de Rusia y de manera particular de China. Incluso el fantasma del “gran garrote” de la época de Theodore Roosevelt (1901-1909) ha revivido.
Paz y Miño Cepeda, Juan José Paz y Miño Cepeda, Juan José. Ecuatoriano. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinador Académico, en Ecuador, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia. Dirigió el Taller de Historia Económica (THE) en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Fue Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad UTE de Quito. También fue Cronista de la Ciudad. Profesor invitado en varias universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Considerado uno de los gestores de la Historia Inmediata. Tiene múltiples libros y artículos sobre Ecuador y América Latina.
 
 
 
 
 
EL RUMBO INCIERTO DE BOLIVIA
 
MSN de España (https://n9.cl/gjpdm)
 
Las elecciones presidenciales que Bolivia celebra el próximo domingo son las más inciertas de su historia reciente hasta el punto que no se vislumbra un ganador. Todo apunta a que el país andino está dispuesto a pasar página de Evo Morales y de dos décadas de gobiernos de izquierdas, pero lo único que parece claro es que, por primera vez, habrá una segunda vuelta, prevista inicialmente para el 19 de octubre.
Las encuestas aportan más dudas que respuestas. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga son los favoritos. Ambos lideran las encuestas en un virtual empate técnico con entre el 20 y el 25% de los votos, insuficientes para lograr la victoria en primera vuelta, que requiere de la mayoría absoluta o de superar el 40% con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Bolivia desea y necesita salir del marasmo político y gubernamental en el que está sumida. Pero hay muchas incógnitas. La primera, la desintegración del Movimiento al Socialismo (MAS), que fue la base ideológica y electoral de Evo Morales (2006 y 2019) y de Luis Arce (2022-25).
La popularidad de Arce es tan baja que decidió no presentarse a la reelección. El que fuera el ministro de Economía y factótum de la bonanza financiera en la época Morales ganó de manera sorprendente las presidenciales de 2022, pero todo el rigor que simbolizaba se ha difuminado en los últimos años con una inflación galopante (del 24% interanual en julio), la drástica reducción de producción de gas natural y la escasez de divisas. En lugar de Arce, el candidato oficialista es su exministro Eduardo del Castillo, a quien los sondeos le dan apenas un 2%.
No hay un favorito claro que pueda ganar en la primera vuelta y la izquierda intenta dejar atrás la época de Evo Morales
La situación se complica porque los sondeos previos reflejan hasta un 20% de indecisos y votos en blanco. Cualquier cosa puede pasar. Bolivia, inmersa en una multicrisis política y social, reclama soluciones económicas urgentes y parece dispuesta a pasar página, pero a la incertidumbre de los resultados electorales se une el recelo sobre si los aceptará el que fue el primer presidente indígena del país. Morales aspira a ser un Daniel Ortega boliviano y no se presenta porque la justicia lo ha impedido por haber ejercido la jefatura de Estado tres veces cuando la constitución lo limita a dos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA, TRANSICIÓN O TRANSFORMACIÓN
 
Diario Exterior de España (https://n9.cl/3bqguu)
 
Los resultados de las elecciones del agosto 2025 marcan un hecho trascendental, el país ha retirado del poder nacional al Movimiento al Socialismo, después de 20 años de un régimen autoritario que socavó los fundamentos de la democracia, procuró imponer el pensamiento único, manipuló la justicia para perseguir a quienes piensan distinto, destruyó las bases de la economía productiva y se corrompió en el ejercicio del gobierno. Este hecho y el presumible traspaso pacifico del poder a quien gane la segunda vuelta ya determina por sí mismo un hecho que se debe valorar en su importancia histórica.
Sin embargo, aún depende mucho del resultado de la segunda vuelta y del desempeño de la próxima gestión de gobierno para que el cambio que la gran mayoría de los bolivianos demanda sea duradero o se arriesgue a que “cambie todo para que nada cambie” mediante un nuevo populismo que bajo un manto de carácter democrático termine convirtiéndose en un tránsito hacía una mayor crisis económica y social que favorezca el retorno de quienes hoy han recibido el rechazo de la mayoría ciudadana.
Es comprensible que después de 20 años de gobierno del populismo estatista una parte de importante de la población, y especialmente sus dirigentes, miren con incertidumbre el futuro y procuren encontrar una opción con la que sientan más cómodos y les genere la ilusión de que podrán continuar recibiendo un trato más favorable del gobierno, tal cual los beneficios que tuvieron durante las últimas dos décadas.
Estos sectores, generalmente vinculados a distintos rubros de la economía informal generan empleo para la mayor parte de la población boliviana y, por lo tanto, son muy sensibles a distintas medidas sociales del estado con los cuales las gestiones del MAS lograron fidelizar su voto hasta que la gravísima crisis económica que el país atraviesa por la falta de dólares, las escasez de combustible y el incremente generalizado de los precios, pulverizara la confianza de estos sectores ciudadanos en el masismo.
Por ello, aunque muchos señalan que el apoyo de estos sectores al binomio Paz-Lara se debe a la búsqueda de una opción de renovación política, y seguramente hay una infinidad de razones por la que las personas coinciden en su voto, me parece que la mayoría de quienes componen este 32% de los votos validos corresponden a lo que podríamos llamar la “burguesía popular” y que si bien han sido sensibles a propuestas electorales como la eliminación de la aduana, la bajada de los aranceles, la disminución de los impuestos, créditos con tasas al 3% de interés anual, al mismo tiempo que se les ha ofrecido superar la crisis sin asumir mayores sacrificios económicos, al final del día, en su gran mayoría viven del trabajo diario y de negocios por cuenta propia por lo que tienen un razonamiento principalmente económico y no ideológico que los llevará a votar por quien les brinde mayor seguridad para sus actividades.
Igualmente, no se debe olvidar la suma de las candidaturas de Tuto, Samuel, Manfred y Pavel, superan el 50% de los votos válidos, lo que desmiente la afirmación de que el pueblo boliviano votó mayoritariamente por alguien “nuevo”. La verdad es más de la mitad de los ciudadanos votó por un cambio profundo con relación al modelo del masismo y esperan que en las próxima gestión no solo haya un gobierno con la capacidad de superar la crisis económica sino que pueda modernizar Bolivia, integrando a la diversidad y el pluralismo de los distintos pueblos que la componen, en el anhelo común de un país con una democracia plena que progrese y se desarrolle brindando oportunidades de prosperidad para el conjunto de los bolivianos.
Por ello no creo que debamos conformarnos con la promesa de una transición que signifique un populismo democrático o un “masismo light” puesto que la misma nos llevará rápidamente hacia mayores niveles de crisis económica y de malestar social, que, por el contrario, generará las condiciones para el retorno de quienes destruyeron la institucionalidad democrática, dividieron a la nación y causaron la actual crisis económica.
Bolivia necesita una transformación profunda que consolide una población mayoritariamente de clase media que tenga la posibilidad de vivir con libertad y seguridad para desarrollar sus emprendimientos y acceder a empleos sostenibles, lo cual solo se logrará con un nuevo modelo de estado plenamente democrático y una economía libre que impulse la prosperidad individual y colectiva mediante la producción y la integración competitiva en el mundo. Lograrlo es una responsabilidad compartida entre candidatos y ciudadanos para construir una mayoría ciudadana que libere a la nación de las políticas estatistas que nos atrasan y empobrecen como nación.
 
 
 
 
 
EMBAJADA DE VENEZUELA EN BOLIVIA ABRIÓ CONVOCATORIA PARA EL RETORNO DE MIGRANTES CON EL PLAN VUELTA A LA PATRIA
 
Venezuela News (https://n9.cl/i5umq)
 
La embajada de Venezuela en Bolivia abrió la segunda convocatoria para el retorno de migrantes que vivan en algún país de Suramérica a través del Plan Vuelta a la Patria. Así lo informó este jueves la Gran Misión «Vuelta a la Patria» aclarando que la iniciativa va dirigida a venezolanos en el extranjero.
Para ser beneficiado con el «Plan Vuelta a la Patria», los migrantes en Bolivia deberán hacer una carta de exposición de motivos. A su vez, presentar la copia de su documento de identidad.
Por otra parte, en el caso en que el adulto esté acompañado de un niño y este no posea cédula de identidad venezolana, deberá consignar una copia del acta de nacimiento.
Asimismo, en los casos en que el infante esté acompañado por un solo progenitor, deberá tener la autorización de viaje del otro padre o madre.
 
 
 
 
 
DEA SEÑALA COLABORACIÓN ENTRE MADURO Y GUERRILLAS PARA MOVILIZAR DROGA HACIA MÉXICO Y EEUU
 
El director de la agencia, señaló agregó que en lo que va de 2025 han "incautado más cocaína que en años anteriores"
 
La Paradoja de México (https://n9.cl/ceb1q)
 
El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés), Terry Cole, acusó este jueves a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.
“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los cárteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, aseguró Cole en una entrevista con la cadena Fox News.
Cole agregó que a pesar de que la administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han “incautado más cocaína que en años anteriores” y advirtió que “sigue en aumento” la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.
“La corrupción venezolana, la dictadura, es narcoterrorista, siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua quienes envían dosis a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.
Las acusaciones de Cole contra el gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”.
Decisiones y declaraciones que son emitidas, en medio de una polémica, por el despliegue de tres buques con cuatro mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Caracas, por su parte, aseguró que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.