Tuesday, January 30, 2024

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA: ¿EL ANTÍDOTO PARA LA CRISIS ECONÓMICA DEL PAÍS ALTIPLÁNICO?

El proteccionismo del gobierno de Luis Arce impide una mayor inversión del sector privado más allá de los capitales chinos y rusos que promueven la extracción directa de litio (EDL), un método de producción innovador, aunque sin sustento científico. 

No es una novedad que el litio es el mineral del futuro para varias industrias. Su utilidad en la fabricación de reactores energéticos y baterías para vehículos eléctricos lo convierte en el llamado “oro blanco”. Por ello, los países productores y las potencias mundiales están en constante negociación para asegurar los mayores beneficios de la nueva industria.
Bolivia es un claro ejemplo: el país altiplánico posee abundantes reservas de litio e incluso, posee el yacimiento más grande del mundo, ubicado en el salar de Uyuni.  Hacia julio de 2023, sus reservas se estimaron en 23 millones de toneladas de litio. Es en este escenario donde el gobierno de Luis Arce, de tendencia socialista, se inclina por pactar inversiones con países rivales de Estados Unidos como China y Rusia. Muchas de estas operaciones implican métodos novedosos que prometen elevar los niveles de producción y por ende, ganancias.
Por ejemplo, a mediados de diciembre del año pasado, Bolivia firmó un acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group para construir la primera planta semi industrial con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). Bajo una inversión escalonada de US$ 450 millones, este consorcio estatal del Kremlin operará en el salar de Uyuni, a su vez localizado en el departamento sureño de Potosí. Karla Calderón, la presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) mostró optimismo por el proyecto y aseguró que la construcción se daría en tres etapas.
El objetivo final es alcanzar una producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio grado batería por año. “En principio, a mí me parece bien que Bolivia finalmente haya abierto la posibilidad que participen empresas privadas en la industria del litio. Porque los gobiernos en general no tienen el know how ni los técnicos suficientes para explotar este recurso”, dice Patricia I. Vásquez, investigadora argentina del centro de estudios Wilson Center a  AméricaEconomía.
Un mes después, Pekín concretó una iniciativa similar: el pasado 17 de enero, YLB firmó un segundo convenio para la instalación de otra planta piloto de EDL en Uyuni, con el apoyo del consorcio chino CBC. Tanto Calderón como el presidente Arce declararon que estos proyectos apoyaban la industrialización de Bolivia. Mientras que, Ginghua Zhou, representante de CBC, aseguró que su empresa era confiable, debido a los más de 6 millones de vehículos a nivel mundial que funcionan con sus baterías de litio.
“La motivación del gobierno de Arce está vinculada a la idea de la industrialización y cómo proyectarla en bien del país. No sorprende que hayan inversiones rusas y chinas en el sector del litio y la fabricación de baterías”, aclara Jorge Antonio Chávez, internacionalista experto en política asiática y docente en la Universidad San Ignacio de Loyola (Perú). Según Chávez, la reducción de ingresos por el gas natural en Bolivia ha sido determinante para apostar por el litio, debido a la expectativa de generar un nuevo boom económico como el experimentado durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Aunque pese al optimismo de las autoridades, el éxito no está asegurado.
“El gobierno boliviano no ha llevado a cabo los acuerdos de explotación con mucha transparencia. Si bien la tecnología de extracción directa de litio es más rápida y usa menos agua, hay que tener en cuenta que a nivel mundial no se ha desarrollado a nivel comercial”, advierte Vásquez. Según la investigadora, el litio de cada salar posee propiedades distintas y aún no se ha comprobado que la EDL funcione a gran escala.
Además, los yacimientos del Salar de Uyuni se caracterizan por contener magnesio y otras impurezas que dificultan la extracción. Por lo tanto, debería invertirse en una tecnología más específica para purificar el mineral. De esta forma, a pesar que el gobierno boliviano y YLB han establecido proyecciones alentadoras para las plantas piloto de EDL, lo cierto es que dichas instalaciones servirán como un laboratorio que demuestre la viabilidad del modelo.
EL PREDOMINIO DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA
Si bien Bolivia impulsa la inversión extranjera en la industria del litio, su modelo aún está lejos de la libre competencia que se plantea en la vecina Argentina. El Estado aún participa en toda la cadena de producción del mineral, siguiendo el modelo de los hidrocarburos. Para José Gabriel Espinoza, economista y ex director del Banco Central de Bolivia, este factor es clave para repeler a inversionistas de otros países.
“Lo que en realidad se está tratando de atraer son socios que puedan prestar el dinero para construir plantas y operarlas, en el mejor de los casos. Pero de ninguna manera, se buscan socios que quieran compartir el riesgo. Por lo tanto, no llega inversión, sino más bien vendrían a ser prácticamente préstamos”, sostuvo Espinoza para AméricaEconomía.
Asimismo, el economista opina que este es un intento fallido del gobierno por obtener del litio rentas similares a las del gas. Resulta que en el caso de los hidrocarburos, la maduración del sector permite que una gran captura estatal de rentas sea sostenible. “Como el litio aún no se ha desarrollado y requiere una gran inversión en tecnología de explotación, esta premisa básica del gobierno de Arce genera serios desincentivos para desarrollar el sector”, explica Espinoza.
En última instancia, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) genera una expectativa en la población que es complicada de satisfacer. Por ello, advierte que, a largo plazo, ciertas organizaciones sociales en Potosí podrían levantarse en protestas, al ver que el boom visto en las regiones gasíferas de Tarija y Cochabamba, no se ve replicado en sus localidades.
Además de la presión excesiva al sector privado, Espinoza considera que la infraestructura de Bolivia aún es insuficiente para extraer de manera competitiva el litio hacia los puertos del Pacífico o el Atlántico. A la mediterraneidad del país se le añade la inestabilidad política, marcada por la división interna del MAS entre los partidarios del presidente Arce y el ex mandatario Evo Morales.
Y finalmente, la ausencia de un marco normativo que fije las reglas de juego. “Por ejemplo, no conocemos las responsabilidades de cada actor en cuanto a la provisión de agua. Tampoco tenemos un acuerdo con la región, porque Potosí históricamente ha sido muy conflictiva y celosa de sus recursos naturales”, advierte Espinoza.
LA CODEPENDENCIA ENTRE CHINA Y BOLIVIA
El interés del régimen de Xi Jinping por el litio boliviano no es casual: Jorge Antonio Chávez destaca que desde 1993, China consume más petróleo del que necesita. En consecuencia, la producción de energías renovables es importante. La demanda china de litio es similar a la de Estados Unidos con el petróleo: pese a que en 2021, la CEPAL reveló que Pekín es el tercer mayor productor de oro blanco del mundo, no es suficiente para satisfacer las necesidades de la industria y el mercado doméstico.
En este punto, La Paz se erige como un socio comercial atractivo. “Hay que recordar que Bolivia apoya la idea que comparten tanto China como Rusia que tiene que ver con la multipolaridad. Es el hecho de descentralizar el poder del mundo desde Occidente hasta las potencias emergentes como los BRICS”, afirma Chávez.
Sin embargo, para el internacionalista, no sería ventajoso para Bolivia que solamente empresas rusas y chinas inviertan en el litio, sin dar acceso a socios de Estados Unidos o la Unión Europea. Una crisis económica, marcada por la escasez de divisas extranjeras, el aumento del riesgo país y la deuda pública, ameritan un mayor pragmatismo por parte de la administración Arce.
Una de las soluciones impulsadas por el gobierno boliviano ha sido la eventual habilitación de operaciones comerciales en yuanes. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó la semana pasada que además estaban evaluando el ingreso de un “gran banco de inversión chino” que impulse las operaciones a través del estatal Banco Unión. Pese a promocionarse como la solución a la falta de dólares, José Gabriel Espinoza cree que será un plan poco transparente.
“Creo que es una medida anecdótica, más que parte de un plan estructurado de migración hacia el yuan. Porque no sabemos cuáles serían los mecanismos para que Bolivia obtenga la divisa”, asegura Espinoza. Pese a que intercambiar oro de las reservas internacionales del país altiplánico por yuanes sería una solución, esto tendría un costo político muy grande para el gobierno. Debido a que los bancos comerciales no hacen tratos ni se vinculan con bancos chinos, por ello tampoco acceden a yuanes.
EL FUTURO INCIERTO DEL MAS
Todo apunta a que se trata de una estrategia para levantar la economía boliviana en vísperas de las elecciones presidenciales de 2025. Luis Arce, quien fuera hombre de confianza y ministro de Economía de Evo Morales, ahora ha sido acusado por el expresidente de desconocer los ideales del MAS. “Ni Arce ni Morales por sí mismos podrían ganar la presidencia en una primera elección. Pero el resultado también depende de la unidad de la oposición: el voto antimacista hoy es mayoría, siempre y cuando haya una candidatura unificada”, advierte Espinoza.
Para Chávez, la perspectiva también es incierta, debido a que la oposición boliviana carece de un líder definido: el ex gobernador conservador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está preso. Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, rival de Morales y Arce en las dos últimas elecciones, no ha confirmado su participación en los comicios del año siguiente. “Pero en caso el MAS logre dirimir esta diferencia interna, tiene posibilidades de ganar, porque en Bolivia, aún pesa el empoderamiento de sectores excluidos que logró el partido”, sostiene Chávez. Revista BN Américas de EEUU (https://acortar.link/4QpJu7)
 
 
 
 
 
TODO O NADA
 
La Prensa de Honduras (https://acortar.link/vAq0Za)
 
El bloqueo de caminos que hace una semana sostienen los afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de los magistrados que prorrogaron su mandato, se convirtió en la lucha "al todo o nada" para habilitar la candidatura del jefe oficialista en las presidenciales de 2025.
"Es una disputa al todo o nada" ya que sí los magistrados que ampliaron su mandato "logran consolidarse en el cargo" las posibilidades de Morales de ser candidato "van a caer a la mínima expresión", dijo a EFE el politólogo Franldin Pareja.
En diciembre pasado, el Constitucional extendió el mandato de los máximos magistrados del país que culminaban sus funciones a principios de enero, debido a que en 2023 no se realizaron los comicios judiciales, bajo el argumento de evitar un "vacío de poder". A fines del año pasado, el Tribunal Constitucional dictó un fallo en el que señala que la reelección en Bolivia es "una sola vez" seguida o discontinua y que la reelección indefinida "no es un derecho humano". El dictamen afecta directamente a Evo Morales, quien el año pasado fue declarado por sus seguidores candidato único del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que gobernó en 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.
Pareja consideró que Morales tiene una lucha "al todo o nada" para evitar que los magistrados actuales continúen en funciones, en especial en el Constitucional, en donde "le van a cerrar todas las puertas" a su candidatura.
"Es una cuestión de vida o de muerte (para Morales) que no sigan estos magistrados y eso podría darle una cierta apertura a sus probabilidades (presidenciales)", insistió.
También dijo que Morales "necesita" que el Tribunal Constitucional "no esté totalmente controlado por el Gobierno" y principalmente que no tenga la "composición actual" de miembros. "El prorroguismo (de los magistrados) extingue en gran medida las probabilidades de Evo Morales (para ser candidato)", sentenció el experto.
 
 
 
 
 
CRECE EL RECLAMO POR EVO MORALES
 
No le permiten presentarse a elecciones y seis legisladores iniciaron una huelga de hambre. Hay desabastecimiento.
 
Página 12 de Argentina (https://acortar.link/KoABDb)
 
Las protestas en Bolivia contra la inhabilitación del expresidente Evo Morales cumplieron este lunes una semana con un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los cortes de ruta. Los manifestantes exigen la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para los comicios de 2025.
Luego de más de tres horas de trabajo, la Asamblea Legislativa resolvió conformar una comisión bicameral de seis asambleístas, dos por cada representación política, que trabaje en la construcción de una ley que garantice las elecciones judiciales, otro de los reclamos de los manifestantes. En el Congreso seis legisladores aliados del expresidente iniciaron una huelga de hambre para exigir el llamado a votación de los nuevos jueces.
La Constitución de 2009 establece que los jueces en Bolivia se eligen en  elecciones judiciales por voto popular, que deben celebrarse cada seis años. A pesar de que han transcurrido los seis años, aun no se ha hecho la nueva votación. En diciembre del año pasado los jueces del Constitucional extendieron su mandato vencido, tanto el de los magistrados como los consejeros de las principales cortes, para evitar un "vacío de poder" hasta que se realice una nueva elección judicial. El proceso de preselección para las elecciones de este año quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia el año próximo.
Cortes y desabastecimiento
La mayoría de los cortes (22 de 25) están en la región central de Cochabamba, en las localidades de Sacaba, Quillacollo y la zona tropical de ese departamento, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Cochabamba es la región por la que se articulan las principales rutas del país que unen el este con el oeste y es el principal bastión político de Morales.
Los manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras. El viceministro Aguilera detalló que en las protestas resultaron heridos 32 policías y se detuvo a 21 manifestantes. En La Paz ya se siente la escasez de pollo y otros productos de la canasta básica. En los mercados el kilo de pollo se vende al equivalente de dos dólares y medio, un dólar más que antes de las protestas.
Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se mostró alarmado frente al riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas. "Puede generarse una explosión", advirtió Jiménez al canal Unitel. Sin embargo los manifestantes no dan el brazo a torcer.
En diálogo con Página/12, Alina Canaviri, jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) alineada con Morales, declaró: "La verdad es que aquí en Bolivia no hay respuesta a los derechos humanos. Nuestros hermanos están siendo gasificados en todo los puntos de bloqueo a nivel nacional sin respetar a las mujeres y a la tercera edad. Están usando balines y son arrastradas por policías las mujeres campesinas". Y agregó: "Caracollo se respeta y ahora vamos a radicalizar las medidas de presión. Necesitamos ayuda, nos están gasificando", se escuchaba decir a los pobladores en videos que circularon en redes sociales rompiendo el cerco mediático.
Canaviri inició este lunes junto a otros diputados, una huelga de hambre "escalonada" en la sede de la Asamblea Legislativa para exigir un llamado a elecciones judiciales. El jefe de bancada de Cochabamba del MAS, Santos Mamani, manifestó que hay dos caminos "estar con el pueblo" para exigir las elecciones judiciales o "estar en contra" y obstaculizar un proceso que debió realizarse en diciembre.
Los motivos de la bronca
Los seguidores de Morales salieron a las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025. El Tribunal Constitucional dictó a finales del año pasado una sentencia que señala que la reelección indefinida "no es un derecho humano" y que solo es posible por "única vez". Esto afecta la candidatura presidencial de Evo Morales en 2025 ya que gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
Este lunes, en La Paz, el vicepresidente Choquehuanca convocó a los legisladores del oficialismo y la oposición a dialogar para definir una convocatoria a los comicios judiciales. Se estableció la creación de una comisión multipartidaria bicameral para trabajar en la construcción de una ley consensuada que garantice las elecciones, de acuerdo al diario Opinión. Sin embargo, pese a haberse reunido por más de tres horas, no existía ninguna certeza respecto al fin de los bloqueos.
"Son las bases, las organizaciones las que van a decidir si levantan o no la medida de presión. Yo creo que sí debería haber un cuarto intermedio y estado de alerta hasta que salga la ley de elecciones", indicó Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Para el senador masista, el trabajo debe ser veloz, al punto tal que la preselección de los candidatos debería "iniciar la siguiente semana".
 
 
 
 
 
EL ANTIEVISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
 
Rebelión de España (https://acortar.link/SP40sm)
 
No hay nada más inmovilizante que el pensar condicionado por un razonamiento moralizante, antes que político. El orientar la lectura de la realidad por una certeza moral, no permite ver el proceso que se desenvuelve en el campo político.
Ese es el error del juicio en los cuadros del gobierno. Ellos parten de la certeza de que Evo ya no tiene apoyo social, que su estatura moral ha sido erosionada, de que el tiempo de su liderazgo ya pasó o simplemente de que la renovación es un acto que se debe dar para salvar el proceso de cambio. Estas ideas que son parte del repertorio de convicciones de los operadores del gobierno están llevándolos a producir lo contrario de lo que sus aspiraciones les sugieren.
Si intentamos explicitar el razonamiento que está detrás de las acciones del gobierno, de donde debemos partir es de las acciones concretas de sus actores. Siguiendo a Marx, cuando quiere mostrar las creencias de los actores sociales, no se plantea analizar las posturas discursivas (defendemos el proceso de cambio, la democracia, etc.), sino que, según él se trata de analizar las acciones concretas de los sujetos.
“fijémonos en el judío real que anda por el mundo, no como hace Bauer en el judío sabático, en el judío cotidiano. No busquemos el misterio del judío en su religión; busquemos el misterio de su religión en el judío real”, de lo que se deduce lo siguiente: “¿cuál es el culto profano que el judío [o cristiano] practica? La usura. ¿Cuál es su dios secular? El dinero”1
Siguiendo esta metáfora podríamos hacer el mismo razonamiento y diríamos para el proceso boliviano actual. No busquemos el misterio de los cuadros del gobierno en el horizonte discursivo que plantean (lo que está inscrito en la continuidad del proceso de cambio); busquemos el misterio de sus creencias en lo que hace el cuadro de gobierno real. ¿Cuáles son las prioridades que orientan sus acciones? Anular la candidatura de Evo. ¿Cuál es su creencia principal? Que Evo ya no sirve y que ellos deben tomar su lugar.
Si bien esta idea era parte de un sector del gobierno desde el inicio de la gestión del Lucho Arce, esta fue matizada por la agenda de urgencias que había que resolver después de la pandemia, posteriormente, al quedar el gobierno sin más perspectiva, el espíritu que trasuntaba lo interno de los actores del gobierno, ahora se hace presente, sin falsas fachadas, como el orientador central de todas las acciones del aparato de gobierno.
Es por eso que los voceros de gobierno dicen, sin sonrojarse, que defienden la prorroga ilegal de los magistrados porque así estarían evitando que Evo controle la justicia para validar su repostulación. Se trata claramente de una simplificación de las prioridades del gobierno y de la cosificación de las instituciones que administran para lograr el único fin que ellos ven válido. Para ellos instrumentalizar todas las instituciones para evitar que el diablo vuelva está teológicamente justificado; puede arder el país, pero ellos son el arcángel Miguel que debe redimir al mundo matando a lucifer. Se trata de una narrativa teleológica de la que ellos son los elegidos, por eso están en una cruzada que no les permite ver lo que realmente está pasando en el país. Se trata de una convicción de fe que ahora se convierte en política de Estado. Como toda convicción de fe, ésta opera superponiéndose a los procesos concretos de la realidad social, haciendo que todo lo que pasa se explique por la doctrina religiosa que se tiene. Es un proceso similar en el que está preso el gobierno, lo que le está impidiendo ver los procesos inéditos que se están produciendo y donde su discurso se limita a culpar de todo a Evo.
Pero las certezas sobre la que los cuadros del gobierno han fundado su superioridad sobre Evo se están modificando por las mismas acciones u omisiones que ellos han promovido.
“A Evo solo le interesa sus ansias de poder”
Dejando de lado la interpretación que se impone desde el gobierno sobre las razones del conflicto actual, que se reducen a: “evo está paralizando el país para repostularse” y el repetido “a nadie le interesa quién sea magistrado, la gente está preocupada por otras cosas”, si uno ve la manera en la que se ha politizado la prórroga de los magistrados en varios sectores del país, se puede decir que esto se está convirtiendo en una demanda legítima en proceso de expansión. Una demanda en proceso de expansión, es capaz de aglutinar varios descontentos que no dicen todavía su nombre. Si dejamos de lado la retórica de que solo es posible movilizar gente pagando (que siempre es lo que cree falsamente el poder), podríamos decir, que si bien la justicia o los magistrado no son centrales en el debate de la sociedad, por las condiciones actuales se convierten en una válvula de escape por donde los descontentos, de variada índole, contra el gobierno, están teniendo su espacio de manifestación.
Y este es el aspecto central que no está viendo el gobierno por las múltiples cegueras que tiene, Evo ha logrado instalar varias ideas fuerza en varios sectores sociales (de la que ahora no se sabe magnitud de su recepción), hay varios planteamientos que ha ido cincelando pacientemente en los últimos años, como: “gobierno traidor”, “gobierno que negocia con el litio”, “gobierno incapaz de manejar la crisis económica”, “gobierno lleno de corrupción”, “gobierno que no hace obras”, “gobierno que divide organizaciones sociales”, ideas que pueden ser discutibles por su falta o no de objetividad, pero que han ido ganado terreno, instalándose en el sentido común de varios sectores, que ahora el grupo que apoya a Evo cosecha en su primer enfrentamiento directo con el gobierno.
Claramente Evo está haciendo política, sembrando ideas, que solo prenden en la subjetividad de la gente si se condice con lo que viven y sienten. Este es el proceso de construcción de un movimiento, cuya primera meta es disputar la base dura del MAS al gobierno, que son los sectores indígenas, campesinos y sectores populares. Evo, a contrario sensu de lo que piensa la opinión mainstreim no está solo obsesionado por repostularse, sino está construyendo un movimiento político, por tanto está produciendo la agenda de la disputa política en el país. Lo que no quiere decir que tenga garantizada la victoria.
“Evo ya no tiene apoyo de las organizaciones sociales”
Es llamativo ver en conferencia de prensa a los representantes del “pacto de unidad” cochabambino que apoya a Arce, amenazando a la gente que está bloqueando las carreteras hace una semana, sin que puedan hacer nada para evitarlo. Lo que se devela con eso es que los dirigentes de Arce no tienen base real y al parecer Evo sí. Falta ver el devenir de esta disputa en el campo de las organizaciones sociales en el resto de los departamentos, ¿los dirigentes que apoyan a Arce tendrán bases reales o son solo un espejismo como la dirigencia de Cochabamba?
“Evo ya no expresa el proceso de cambio, la gente tiene otras aspiraciones”
Una idea fuerza que instalaron los sectores conservadores del país, que tuvo gran capacidad de llegada a los sectores de clase media, fue que “Evo era un ignorante que apenas salió bachiller”; además, el proceso de ascenso social que el mismo gobierno de Evo permitió, con más posibilidades de acceso a educación superior para los sectores populares, mostraba un panorama donde la aspiración de liderazgos nuevos con mayor “formación” parecía lo lógico dentro del campo popular. Sin embargo, cada coyuntura tiene sus propias exigencias y la gente apela a lo que le hace falta en un determinado momento. Lastimosamente la experiencia de contar con un gobierno dirigido por “ilustrados”, para la mayoría de la gente está siendo negativa, por los resultados adversos, fundamentalmente en la economía y por el desorden e improvisación de la mayoría de las carteras del Estado. Es ese el contexto donde puede tener mayor sentido la reinvindicación de una personalidad fuerte para dirigir el gobierno, donde el capital central no sean las credenciales académicas, sino el conocimiento de la realidad social del país y la cercanía a los sectores decisorios de la política boliviana: “los doctores fracasaron, que venga el indio que sí conoce este país”. Obviamente la imagen de las características de la representación que la gente aspire, todavía está en disputa, pero el gobierno de Arce no las tiene fácil, debe mostrar que sus resultados pueden ser mejores que la gestión de Evo para que su imagen quede como impronta.
El gobierno en la encrucijada
El gobierno actualmente apuesta a la desacreditación de la movilización que impulsan los sectores evistas, pero están en un callejón sin salida. Si aceptan la renuncia de los magistrados y el llamado a elecciones judiciales (parece que no tienen de otra), aceptan que Evo les ganó esta primer enfrentamiento. Si mantienen la postura de rechazar las demandas de elecciones judiciales, aparte de destruir lo poco de institucionalidad que prevé la constitución, defendiendo algo ilegal e ilegítimo, se arriesgan a acelerar el proceso de transferencia de legitimidad al sector evista.
Mientras Evo hace política, partiendo desde abajo, el gobierno hace teología, lo que lo aleja del poder reconocer las exigencias concretas que la realidad está manifestando en la actual coyuntura.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: TRAS DÍAS DE PROTESTAS SE AGRAVA EL DESABASTECIMIENTO
 
Hay faltante de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto.
 
El Tribuno de Argentina (https://acortar.link/uFBGml)
 
Las protestas en Bolivia por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron hoy una semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto.
Los descontentos exigen la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025.  Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.
"Hoy tenemos 25 puntos de bloqueo en el país, generando un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos e inclusive de hidrocarburos", expresó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, en un balance suministrado a la prensa.
Las protestas, que comenzaron en ocho tramos viales, fueron en aumento y no tienen visos de solución. Los manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras.
Treinta y dos policías resultaron ya heridos en los choques con los campesinos, y también se reportan oficialmente 11 detenidos y dos personas que murieron varadas en los cortes que incomunicaron el oriente con el occidente del país.
Las ciudades más afectadas por el desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa Cruz, zona productora y motor económico del país, reportó la agencia de noticias AFP.
Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas.
"Puede generarse una explosión", advirtió a la emisora local Unitel.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos "Tupac Katari" de La Paz se declaró en emergencia por las pérdidas económicas que ocasionan los bloqueos de caminos instigados por Evo Morales y anunció procesos penales en contra de "supuestos dirigentes que promueven la medida por intereses netamente políticos".
“Estamos en estado de emergencia. Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo de la organización sindical, Luciano Marca.
En conferencia de prensa, Marca y su comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Los seguidores de Morales salieron a las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025.
De acuerdo con su sentencia, el líder indígena ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas. Amparado en reformas constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.
Sus simpatizantes alegan que los magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos, ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las elecciones el año pasado.
 
 
 
 
 
LAS PROTESTAS DE SEGUIDORES DE EVO MORALES DEJAN A UNA BOLIVIA TOTALMENTE DESABASTECIDA
 
Mendoza Today de Argentina (https://acortar.link/tfZev6)
 
Las protestas en Bolivia por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) cumplieron una semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto.
Los descontentos exigen la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025. Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces. Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.
“Hoy tenemos 25 puntos de bloqueo en el país, generando un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos e inclusive de hidrocarburos“, expresó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, en un balance suministrado a la prensa.
Las protestas, que comenzaron en ocho tramos viales, fueron en aumento y no tienen visos de solución. Los manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras.
Treinta y dos policías resultaron ya heridos en los choques con los campesinos, y también se reportan oficialmente 11 detenidos y dos personas que murieron varadas en los cortes que incomunicaron el oriente con el occidente del país.
Las ciudades más afectadas por el desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa Cruz, zona productora y motor económico del país, reportó la agencia de noticias AFP.
Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas. “Puede generarse una explosión“, advirtió a la emisora local Unitel.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz se declaró en emergencia por las pérdidas económicas que ocasionan los bloqueos de caminos instigados por Evo Morales y anunció procesos penales en contra de “supuestos dirigentes que promueven la medida por intereses netamente políticos“.
“Estamos en estado de emergencia. Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo de la organización sindical, Luciano Marca.
En conferencia de prensa, Marca y su comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Los seguidores de Morales salieron a las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025. De acuerdo con su sentencia, el líder indígena ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas.
Amparado en reformas constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.
Sus simpatizantes alegan que los magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos, ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las elecciones el año pasado.
 
 
 
 
 
BOLIVIA, PIONERA DE LA REFORMA AGRARIA EN SUDAMÉRICA
 
Continuando con las experiencias por países, esta vez es el turno de Bolivia, quien tuvo su primer acercamiento a la repartición de tierras fiscales en la década del 50. Posteriormente, entre los 60 y 70 estas medidas originaron migraciones desde las zonas altoandinas hacia el valle y zonas amazónicas. Y aunque en los años 80 y 90 se aplicaron medidas neoliberales en dicho país, al llegar los 2000 ocurrió la consolidación del MAS y el ascenso de Evo Morales hacia la presidencia, enfocada en la reivindicación de los pueblos indígenas. A la fecha, los esfuerzos se han concentrado en cumplir con Función Económico-Social” (FES). En otras palabras, los propietarios deben usar la tierra o perderla.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://acortar.link/z6lwJu)
 
Bolivia lideró el movimiento de reforma agraria en Sudamérica. Un momento decisivo de su historia moderna fue la revolución nacional de 1952, que comenzó como un levantamiento contra el sistema feudal que ataba a las comunidades indígenas a propiedades de familias adineradas. El gobierno revolucionario creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 1958 para legalizar las tierras ocupadas y reclamadas por campesinos indígenas. La revolución se llevó adelante en gran medida en las tierras altas andinas y acabó provocando la proliferación de minifundios que motivaron la emigración de muchos campesinos a zonas urbanas o a las tierras bajas del oriente boliviano. Los grandes latifundios de la Amazonia boliviana eludieron la confiscación, pero sus propietarios se vieron obligados a entregar una fracción de sus propiedades a las comunidades indígenas de las que dependían como mano de obra.
En 1965, Bolivia creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) para fomentar la migración a las tierras bajas y, de paso, creó una burocracia paralela y superpuesta para la concesión de títulos de propiedad. Ambas instituciones distribuyeron tierras en la Amazonia boliviana al creciente flujo de emigrantes indígenas de las tierras altas andinas. Los proyectos de colonización organizada de la década del 70 crearon áreas de pequeños agricultores en el Chapare, Cochabamba (HML # 32), Alto Beni, La Paz (HML #33), y San Julián, Santa Cruz (HML #31).
De igual forma, un grupo de inmigrantes japoneses llegó en la década del 60 y establecieron colonias en el departamento de Santa Cruz, más específicamente en Yapacaní (HML #32) y Okinawa (HML #31), zonas con suelos inusualmente fértiles especialmente adecuados para el cultivo de arroz bajo riego. Por otro lado, los menonitas se asentaron al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la década del 70, iniciando un proceso de colonización en la llanura aluvial del Río Grande (HML #31) que con el tiempo se extendió a la Chiquitania (HML #29) y Guarayos (HML #30). Estos inmigrantes extranjeros fueron bienvenidos por los gobiernos militares y civiles puesto que traían conocimientos prácticos que se alineaban con la política gubernamental para desarrollar la economía agrícola de Santa Cruz. Los principales beneficiarios de esa política, sin embargo, fueron las familias de cruceños que utilizaron su influencia para adquirir millones de hectáreas de bosques fiscales.
Las décadas del 80 y 90 se caracterizaron por la adopción de políticas económicas neoliberales impuestas a Bolivia por organismos multilaterales. Una de las decisiones de mayor calado fue el cierre de las minas estatales no rentables, que provocó otra ola de migración masiva, esta vez de mineros indígenas que se unieron a sus pares campesinos en las tierras bajas para comenzar una nueva vida como pequeños agricultores. Aproximadamente la mitad se trasladó a la región del Chapare y se dedicó al cultivo de coca, trayendo consigo una tradición de activismo sindical que definiría las luchas políticas de la primera década del siglo XXI.
En 1992, el INC se fusionó con el INRA, que fue reformado para proteger los derechos de propiedad como parte del programa en curso para crear una economía de mercado. Codificado por la Ley INRA de 1996, el sistema de tenencia de tierra incluía disposiciones para la regularización (saneamiento) de títulos de propiedad y la elaboración de un catastro nacional. Como la mayoría de las políticas de ajuste estructural de la década del 90, esta ley incluía disposiciones para salvaguardar las reivindicaciones ancestrales de las comunidades indígenas. El Banco Mundial y otros organismos multilaterales apoyaron el proceso de titulación de tierras al mismo tiempo que financiaron inversiones en infraestructura y planificación del uso de la tierra.
Los comerciantes internacionales de materias primas abrieron filiales locales, facilitaron crédito asequible e incorporaron la creciente frontera agrícola a sus cadenas de suministro globales. Tierras baratas, suelos fértiles y un gobierno complaciente atrajeron a inversores de América del Norte, Argentina y Brasil. El auge de la soya ya estaba en marcha en el año 2000, lo que fomentó la subida en los valores inmobiliarios similar al experimentado por las áreas soyeras del centro de Mato Grosso. En la llanura aluvial cercana a San Julián (HML #31), los precios promedio anuales de las tierras agrícolas aumentaron anualmente el 6% entre 1990 y 2000, 15% entre 2000 y 2010 y 7% entre 2010 y 2020.
Mientras el auge de la agricultura estaba en marcha, Bolivia también transformaba su sector forestal siguiendo un manual diseñado por ecologistas forestales deseosos de implementar un manejo forestal sostenible a través del sector privado. La pieza central de esa estrategia consistía en concesiones de treinta años que abarcaban aproximadamente 6,5 millones de hectáreas adjudicadas a empresas que prometían llevar adelante un manejo forestal sostenible (ver Capítulo 7). Bolivia se consideraba un experimento en el que la reforma democrática y la economía de mercado promoverían el desarrollo sostenible y la justicia social. Sin embargo, los ciudadanos bolivianos tenían una visión diferente del futuro de su país.
Estado Plurinacional de Bolivia
En 2005, Bolivia eligió a Evo Morales con una victoria aplastante que dio a su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), el control total del Congreso desde la restauración de la democracia en 1986. La clave de su éxito electoral fue una plataforma basada en los derechos indígenas y su reivindicación de tierra y territorio, que atrajo el apoyo abrumador de las naciones indígenas de las tierras bajas, además de los pueblos quechua y aymara del altiplano andino. Evo Morales y sus aliados indígenas reescribieron la Constitución, cambiaron el nombre del país y empezaron a desmantelar el marco institucional impuesto a Bolivia por el Consenso de Washington. Uno de los primeros puntos de la agenda legislativa fue reformar la Ley INRA con un énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y los pequeños agricultores.
La tenencia comunitaria de la tierra es frecuente en la cultura indígena y el régimen anterior al MAS había iniciado el proceso de reconocimiento de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Esta categoría benefició en gran medida a los grupos étnicos que habitaban áreas remotas de tierras bajas en los trópicos y a comunidades de pastores en las llanuras áridas del Altiplano. No obstante, se habían logrado escasos avances en la formalización de títulos de propiedad comunitaria en las zonas agrarias donde realmente vivía la mayoría de las familias indígenas.
El gobierno de Evo Morales hizo de las poblaciones agrarias una prioridad y procedió a demarcar los límites de miles de propiedades rurales en el altiplano andino. En la Chiquitania, más específicamente en el departamento de Santa Cruz, esto consistió en formalizar las concesiones de tierras otorgadas por grandes terratenientes a sus arrendatarios indígenas en las décadas de los años 60 y 70. En el norte de Bolivia, el INRA utilizó el sistema comunitario para distribuir tierras a grupos de familias que habitaban los bosques y se asentaron en la región durante los auges de la explotación del caucho de las décadas de 1890 y 1940.
Al mismo tiempo, el gobierno de Morales atendió los reclamos de cientos de miles de familias indígenas que habían migrado a las tierras bajas durante los 40 años anteriores.
Aunque habían votado por un gobierno socialista, estas familias querían títulos de propiedad de sus pequeñas granjas, y en ese sentido, el INRA comenzó a revisar y aprobar títulos de propiedad a un ritmo sin precedentes. Entre los años 2006 y 2015 se procesaron y validaron cientos de miles de pequeños predios agrícolas, cifra que superó ampliamente el pésimo historial de las empresas consultoras que habían sido contratadas durante la primera fase del proceso de regularización de la tenencia de tierra.
A pesar de su retórica anticapitalista, el gobierno socialista de Morales no intentó imponer una reforma agraria de largo alcance, aunque hubo algunos intentos destacados de confiscar algunos latifundios. La resistencia de la sociedad civil en Santa Cruz y un supuesto acuerdo con grandes empresarios silenciaron los intentos de cambiar el régimen de tenencia de tierra en las zonas más productivas y de mayor valor de Bolivia. La agroindustria es demasiado importante para la salud de la economía nacional boliviana.
La Ley INRA de 2009 incluye un límite de 5.000 hectáreas a las propiedades y disposiciones que permiten al Estado recuperar propiedades que no cumplan con los criterios de tener una Función Económico-Social” (FES). En otras palabras, los propietarios deben usar la tierra o perderla. Los grandes propietarios cumplen estos requisitos subdividiendo sus propiedades y contratando agrónomos, silvicultores y abogados para mantener los documentos necesarios y así demostrar la FES. En el caso de los medianos productores, sin embargo, pueden ser presa de funcionarios extorsionadores que buscan algún soborno, o de acaparadores de tierras sin escrúpulos que invaden propiedades con importantes activos forestales o documentos irregulares.
 
 
 
 
 
EEUU DESCUBRE NUEVA RESERVA DE LITIO Y ANUNCIA ESTÁ EN CAPACIDAD DE SUPLIR EL CONSUMO MUNDIAL
 
7 Días de Republica Dominicana (https://acortar.link/uz4VYe)
 
El Departamento de Energía de Estados Unidosconfirmó el descubrimiento de una reserva de litio de 3.400 kilotones en California, específicamente en el área del Salton Sea, configurándose como uno de los yacimientos más grandes a nivel mundial. Este hallazgo, junto con la identificación previa de un importante depósito en el volcán McDermitt Caldera de Nevada con potencial de producción de entre 20.000 y 40.000 kilotones de litio, posiciona a Estados Unidos con la capacidad de satisfacer varias veces la demanda global de este mineral crítico para la transición energética y la fabricación de baterías.
Hasta la fecha, la nación norteamericana dependía casi exclusivamente de importaciones para cubrir sus necesidades de litio, siendo China el líder mundial en la capacidad de refinación de este mineral. Ahora, la explotación de los yacimientos domésticos podría disminuir significativamente esta dependencia, a la vez que impulsaría la creación de miles de empleos de clase media en el sector de energías limpias.
Expertos en política mineral y energética, como Heather Exner-Pirot del Macdonald-Laurier Institute, subrayaron ante el Congreso de los EEUU la importancia de este avance para la seguridad energética y la competitividad estadounidense en un mercado dominado por actores internacionales, especialmente en momentos de tensión geopolítica.
A pesar de los desafíos técnicos y de infraestructura que implica el desarrollo de estos yacimientos, la legislación reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación, ofrece marcos financieros y regulatorios favorables para la inversión en la extracción y procesamiento de litio dentro del territorio estadounidense. Dicha legislación, combinada con un esfuerzo concertado por parte de inversores y políticos,podría catapultar a Estados Unidos al frente de la producción de litio, alineando ambiciones económicas con objetivos de seguridad nacional y transición hacia energías más limpias.
Además, el liderazgo político estadounidense, incluidos el mandatario Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, ha reconocido la necesidad crítica de fortalecer la capacidad nacional en minerales esenciales y de reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente aquellos que representan desafíos geopolíticos.
Este enfoque nacional se ve reforzado por llamados bipartidistas en el Congreso para impulsar la manufactura de baterías y la investigación en tecnologías de almacenamiento de energía dentro del país, destacando la urgencia de actuar ante el dominio de China en el sector.
La explotación de los depósitos de litio en California y Nevada no solo promete fortalecer la seguridad energética estadounidense, sino también revitalizar la manufactura nacional y contribuir a la reducción de la dependencia económica y energética de actores extranjeros. Este paso podría ser decisivo en la consolidación de una cadena de suministro más resiliente y sostenible para el sector de energías renovables, en un momento crítico de transición hacia economías de bajo carbono.
Las mayores reservas de litio explotables del mundo están en el Triángulo del Litio de Sudamérica, que comprende Bolivia, Chile y Argentina. Mientras que Chile ha sido un aliado productivo de Estados Unidos, Bolivia y Argentina han enfrentado enormes barreras económicas y políticas para la producción.
“Para los productores latinoamericanos, los auges y caídas del sector minero continuarán desafiando economías y presupuestos, incluso mientras entramos en un ciclo de alza de commodities”, reveló Exner-Pirot, y resaltó que ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de eliminar intermediarios y asegurar su propio suministro en un mercado volátil.
 
 
 
 
 
ESTADOS UNIDOS PODRÍA ASEGURAR UN FUTURO ENERGÉTICO LIMPIO TRAS DESCUBRIMIENTO DE LITIO
 
La potencia del norte podría catapultarse como el líder del nuevo 'Oro Blanco' en el mundo.
 
Revista Qué Pasa de Chile (https://acortar.link/6BOD4i)
 
Una gran noticia ha generado gran satisfacción en las autoridades estadounidenses en las últimas horas, ya que podría ser trascendental en varios campos de la vida de esa sociedad.
Se trata de un reciente descubrimiento por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos de una reserva de litio de 3.400 kilotones en California.
Según los datos publicados por la prensa local, el mineral se encontró en el área del Salton Sea, configurándose como uno de los yacimientos más grandes a nivel mundial. 
Este hallazgo, junto con del Volcán McDermitt Caldera de Nevada que cuenta con potencial de producción de entre 20.000 y 40.000 kilotones de litio, posicionaría al país en un lugar privilegiado.
Con estas reservas se podría satisfacer la demanda global de este mineral importante para la transición energética y la fabricación de baterías.
Hasta el cierre de esta nota, EEUU dependía de importaciones para cubrir sus necesidades de litio, siendo China el líder mundial en la capacidad de refinación de este mineral. 
Ahora, la explotación de los yacimientos domésticos podría disminuir significativamente esta dependencia.
Asimismo, lograría impulsar la creación de miles de puestos de trabajo de clase media en el sector de energías limpias.
Lo que dice un experto
Heather Exner Pirot, un experto en temas de política energética de Macdonald-Laurier Institute dijo que este descubrimiento sentará las bases de un antes y un después en los Estados Unidos.
Dice el conocer del campo que este yacimiento llega en un momento muy difícil para la política internacional y en dónde es relevante que una nación mantenga su propia dependencia lo más que pueda.
A pesar de los desafíos técnicos y de infraestructura que implica el desarrollo de estos yacimientos, la legislación reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación ofrece las herramientas al respecto.
Y es que la legislación norteamericana ofrece toda una regulación para la inversión en la extracción y procesamiento de litio en el país.
De aprovecharse la explotación de este mineral Estados Unidos estaría al frente de la producción de litio, alineando ambiciones económicas con objetivos de la transición de las energías limpias.
Además, el liderazgo político estadounidense, ha reconocido la necesidad de fortalecer la capacidad nacional en minerales esenciales y de reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
Apoyo total
Este enfoque nacional se ve reforzado por llamados bipartidistas en el Congreso para impulsar la manufactura de baterías y la investigación en tecnologías de almacenamiento de energía dentro del país.
Todo esto con el fin de actuar anta la imponencia de China en este sector.
Con la explotación de los litios en California y Nevada se espera lograr fortalecer la seguridad energética en todo el país y así no tener que depender de países extranjeros.
Este paso podría ser decisivo en la consolidación de una cadena de suministro más resiliente y sostenible para el sector de energías renovables, en un momento crítico de transición hacia economías de bajo carbono.
Según los datos mundiales, las mayores reservas de litio explotables están Bolivia, Chile y Argentina a lo que se le conoce como el Triángulo del Litio 
La mejor noticia para EEUU
Para Exner-Pirot, estos descubrimientos son realmente importante y es tanto, que al litio se le conoce como el ‘Petroleo Blanco’ dado la relevancia que ha empezado a tener en todo el mundo.
Y lo anterior es debido a la transición energética que ha empezado el mundo.
Para el analista, Estados Unidos puede controlar su suministro de litio y baterías, asegurando que ningún país extranjero como China o Rusia pueda cerrar el grifo nunca más.
 
 
 
 
GRUPO DE EXPERTOS ASEGURAN QUE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NO ES VIABLE A TRAVÉS DEL LITIO
 
Terram de Chile (https://acortar.link/Rnuhjc)
 
Cada vez suscita mayor interés la presencia de litio en la Región de Atacama, específicamente en el Salar de Maricunga, una cuenca endorreica ubicada a 160 kilómetros de Copiapó. Este lugar alberga una rica diversidad de especies, incluyendo una notable población de flamencos y guanacos, lo que añade una dimensión ambiental significativa a la discusión sobre la gestión de este metal.
En este contexto, la Universidad de Atacama se ha convertido en un espacio para el intercambio de experiencias, por lo que un grupo de investigadores provenientes de diversas partes del mundo, donde la explotación del litio ya ha dejado su huella, se congregó para participar de los seminarios ‘litio: Desafíos globales, problemáticas locales. Descarbonización, Sostenibilidad y Participación’, espacio que organizó la UDA,y en el que se debatió sobre las posibilidades del denominado ‘oro blanco’ en el ámbito de la transición energética.
Durante dos jornadas, lideradas por el académico Mauricio Lorca a través del proyecto FOVI ‘La ecología política global del litio (GPELi)’ la comitiva internacional compartió con la región las experiencias sobre la gobernanza, cuidado de la biodiversidad, gestión hídrica, entre otros de países desarrollados. Además, tuvieron la oportunidad de visitar diversos puntos históricos y contingentes de la región relacionados con la extracción de este metal, como lo es el Salar de Maricunga.
‘Persisten mecanismos de extracción de recursos donde los países del norte continúan pagando significativamente menos o incluso nada a los países del sur por dichos recursos. Este fenómeno ha alcanzado una nueva frontera, ahora centrada en la energía, minerales y materias primas’, precisó el expositor y académico de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, en España.
Desde una mirada económica, la gestión del litio en Atacama ha abierto una ventana de posibilidades para el país y la región, ya que este metal es altamente demandado, por ejemplo, por la industria de la electromovilidad.
‘La paradoja en nuestro país respecto a la extracción de litio desde salares revela un conflicto entre su valor económico como recurso crítico y su importancia ambiental y paisajística. Estos lugares, a la vez sumideros de gases de efecto invernadero, albergan una biodiversidad invaluable y es esta dicotomía la que genera tensiones y debates lógicos. Como académicos y Universidad de Atacama, abogamos por espacios de diálogo y escucha para abordar estas complejidades’, explicó el académico y organizador del evento, el académico de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Lorca.
LA ILUSIÓN
El profesor titular en el Geneva Graduate Institute, en Suiza, Marc Hufty, fue uno de los expositores durante el panel ‘Justicia ambiental en el contexto de la minería del litio‘, espacio en el que expuso la ‘ilusión del litio‘ y propuso otras alternativas para enfrentar el cambio climático.
‘No debemos depositar todas nuestras expectativas en el litio y pensar que este va a transformar radicalmente el mundo o a salvar a Chile u otros lugares. Por ejemplo, el litio es un elemento clave para la transición energética, pero existe una ilusión respecto a su capacidad para resolver los problemas ambientales globales, ya que requiere un consumo significativo de materiales como cobre, litio, níquel, entre otros. En mi opinión, la clave está en reducir nuestro nivel total de consumo en lugar de confiar exclusivamente en la transición energética como solución definitiva’.
El investigador ilustró con ejemplos de otros países en los que se busca incursionar, señalando ‘otro caso sería Bolivia. Bolivia piensa que con el Salar de Uyuni se volverán ricos y podrán impulsar el desarrollo del país. Sin embargo, están llegando tarde y en condiciones desfavorables a un mercado ya saturado. Es una ilusión pensar que una sola fuente de metal puede cambiar drásticamente nuestras vidas’.
GOBERNANZA
Dentro de los distintos paneles, se discutió sobre la necesidad de una gobernanza para la gestión de este mineral. En este sentido, la investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina, Araceli Clavijo, panelista de la jornada, expuso que ‘me consta que las empresas sí hacen su esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible, obtener la licencia social o el valor compartido con las comunidades, pero todavía hace falta un marco de gobernanza sólido desde las provincias para que pongamos las reglas del juego más adecuadas, para que podamos atender a mejorar toda esa parte social, ambiental y económica’.
‘Han surgido un montón de ideas, trabajar en los marcos de gobernanza, trabajar quizá en poner presión en los stakeholders, poner presión en los diferentes eslabones de la cadena, que se hagan las cosas mejor en los territorios, pero que haya una atracción de pedir mejores prácticas desde la otra punta de la cadena, mejores normativas ambientales, mejoras tecnológicas también en los procesos extractivos, en los procesos de agua, mejoramiento y optimización del uso del agua, el tema de la biodiversidad, mejorar el monitoreo, generar más datos empíricos, o sea, hay toda una serie de acciones que debemos tomar’, puntualizó la investigadora.
El seminario fue organizado por el Departamento de Minas de la Facultad de Ingeniería bajo la coordinación del investigador y académico Mauricio Lorca en conjunto con la académica Leticia Campos Olivares y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. Además contó con el apoyo de Conaf a través de Cesar Pizarro quien lideró el viaje a Maricunga.
‘La meta fue la de fomentar un diálogo intercultural en el seminario, pero también buscar que este evento sea un espacio de gobernanza ecosocial. Aquí, diversos actores sociales pudieron presentar y discutir sus perspectivas, que, por supuesto, pueden diferir entre sí. ¿No es así? No obstante, al cultivar espacios de diálogo, respeto y escucha, estoy convencido, o mejor dicho, confío en que, en algún momento, aunque tal vez no sea al término de esta actividad, podamos alcanzar acuerdos significativos’, recalcó el investigador Mauricio Lorca.
 
 
 
 
 
PERÚ Y BOLIVIA ESTRECHAN COOPERACIÓN EN TELEMEDICINA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
 
Gobierno de Perú (https://acortar.link/xfyzcN)
 
En el marco del proyecto “Salud y Telemedicina: consolidación y fortalecimiento del acceso al tratamiento sanitario primario en Perú y Bolivia”, el Ministerio de Salud (Minsa) viene participando en el segundo encuentro binacional que, desde hoy y hasta el próximo jueves, se lleva a cabo en Lima.
Este esfuerzo cuenta con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, y la participación de varios organismos no gubernamentales (ONG).
Por ello, se contó con la presencia de los embajadores de la República de Italia, Massimiliano Mazzanti; y de la República Plurinacional de Bolivia, Carlos Aparicio Vedia; así como de Normy Wieslawa De Pawlikowski Amiel, directora general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Minsa.
Durante la inauguración de este encuentro, el Dr. Pedro Cruzado Puente, jefe del Gabinete de Asesores del Minsa, reiteró el compromiso del sector liderado por el ministro César Vásquez, que tiene como una de sus metas el desarrollo de los servicios de telemedicina y su aplicación oportuna y de calidad en beneficio de los pobladores, especialmente de los lugares más alejados.
“Iniciativas como esta van a ir cerrando las brechas de recursos humanos profesionales especialistas, y será una oportunidad de brindar atención especializada y cubrir necesidades, especialmente en el primer nivel”, destacó.
La cooperación en telemedicina es fundamental, especialmente para las poblaciones de las regiones de Apurímac en Perú; y La Paz y Pando en Bolivia, objetivo del proyecto, donde el acceso a los servicios especializados de salud en forma presencial es limitado.
A través de Telesalud, el Minsa brinda un servicio de telemedicina o a distancia, prestado por profesionales competentes que se sirven de las tecnologías de la información y comunicación que brinda accesibilidad de calidad y oportuna a la población sobre temas de salud.
 
 
 
 
 
AGREDIDAS Y OBLIGADAS A FIRMAR, LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES AUMENTA EN BOLIVIA
 
E feminista de España (https://acortar.link/9qNi9O)
 
Amenazas, agresiones, retención de salarios y presión para que firmen actas de «acuerdos compartidos» son algunas de las situaciones que viven las políticas en Bolivia. Una realidad que en 2023 ha aumentado con un total de 151 casos de acoso y violencia política.
Las mujeres, especialmente las concejalas y alcaldesas, sufren coacción para no ejercer sus cargos y para que no fiscalicen el trabajo de sus colegas. Muchas viven agresiones verbales, físicas, psicológicas, reciben amenazas y presiones constantes para que terminen renunciando y así sus suplentes hombres tomen el cargo.
«Desde cualquier punto de vista como Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) repudiamos el accionar de estos actos violentos que van sucediendo a lo largo del tiempo del mandato de nuestras autoridades mujeres», dijo a EFE la presidenta de la asociación, Josefina Velásquez.
Violencia política
En 2023 la Acobol contó 151 casos de acoso y violencia política a nivel nacional, 75 casos más que los registrados en 2022. La mayoría de los casos suceden en el área rural donde sus colegas hombres «presionan» o de alguna forma engañan a las concejalas para hacerles firmar documentos en blanco o los «acuerdos de gestión compartida«, en el que aceptan «ceder» su cargo a sus suplentes a la mitad de su gestión o incluso antes, ha mencionado Velásquez.
Estos «acuerdos de gestión compartida» «no están reconocidos por ninguna ley«, por lo que no es legal, pero en algunos casos incluso estos documentos llegaron a tener sellos de notarías de fe pública para que parezcan «válidos» y para que las mujeres cumplan con su compromiso.
Este año comenzó con el caso de dos concejalas de la localidad de Sipe Sipe, en la región central de Cochabamba que fueron obligadas por un grupo de personas a firmar una «licencia fija» para no ejercer sus cargos, situación que provocó la activación del mecanismo de prevención y atención en casos de acoso y violencia política por parte del Gobierno.
La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento del caso y las concejalas asumieron sus funciones con resguardo policial y el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.
«Aún vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad muy machista, sin embargo hay la necesidad de cambiar la mentalidad para que futuras autoridades mujeres electas legalmente y de manera legítima puedan ejercer sus cargos plenamente con toda libertad», ha indicado la presidenta de Acobol.
Acosadas
Uno de los casos más relevantes de acoso y violencia política que sucedieron en 2023 fue el de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, quienes fueron elegidas en mayo para liderar el Concejo Municipal de Cercado en la región central Cochabamba, situación que desembocó en una serie de presiones para que renunciaran.
Las personas pegaron en las paredes cerca a los domicilios de las concejalas fotografías de ellas, tapiaron la entrada al Concejo Municipal para evitar que sesionaran y asumieran sus funciones.
El año pasado también estuvo marcado por la histórica sentencia en el caso de la concejala Juana Quispe, quien fue asesinada luego de recibir amenazas, ser hostigada, agredida físicamente e impedida para ejercer su cargo.
La Justicia determinó 30 de años de cárcel para el exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili, además de 15 años para la exconcejala Basilia Ramos.
A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país. Desde 2015 a 2023 la Acobol recibió 733 denuncias de acoso y violencia política y solo hay cuatro sentencias en casi 12 años de la vigencia de esta norma.
Velásquez ha recomendado que para que sea más efectiva la aplicación de esta ley deben existir fiscalías especializadas en acoso y violencia política, como también que se abra la posibilidad de añadir como un delito los «acuerdos compartidos» para que se sancione esta práctica.
 
 
 
 
 
DAVID ARUQUIPA, UN CUERPO POLÍTICO DE LA HISTORIA LGBT EN BOLIVIA
 
El activista ideó el primer archivo LGBT de Bolivia. Junto a su compañero en 2020 fueron la primera pareja LGBT que se casó en ese país.
 
Agencia Presentes Org. (https://acortar.link/zIrYvi)
 
David Aruquipa es un activista con una constelación de títulos y hechos que forman parte indispensable del activismo LGBT+ y de Derechos Humanos en Bolivia. Fue desde director general de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Educación en 2006 hasta jefe de la Unidad Nacional de Gestión Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en la actualidad.
Todo lo que hace está atravesado por la gestión cultural y la búsqueda de ampliar derechos. Su cuerpo es un hecho político: su desde presencia en los carnavales hasta cuando en 2020 se convirtió, junto a su compañero Guido, en la primera pareja LGBT+ en casarse en el país.
“Fue una decisión política”, dice David a Agencia Presentes sobre casarse en un lugar donde hasta entonces no había registro de uniones del mismo sexo. La misma Carta Magna del país, en su artículo 63, define al matrimonio como la unión entre “hombre y mujer”. Pero, “el artículo 14 de esta misma Constitución Política del Estado se plantea que está prohibida toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, entonces hay una contradicción interna”, explica. Reconstruye todos los recursos que usaron en este proceso de años, paciencia y constancia.
Una boda ganada por el activismo
Otro elemento fundamental fue la Opinión Consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que plantea que los estados deben generar los mecanismos para otorgar este derecho, que no puede haber discriminación.
Era 2020 y ese diciembre luego de más de dos años de reclamos lograron el permiso departamental. Recién ahí comenzaron a visibilizar una gestión de años, para que la presión internacional ayude a que el Tribunal Constitucional ratifique el casamiento: “Ha sido muy importante porque se ha logrado utilizar un recurso internacional a una ausencia en nuestra Constitución Política del Estado que es la carta de máxima legislación”, explica David.
Como todo logro histórico esto marcó no un final sino el inicio de una manera diferente de litigar. Las parejas que le siguieron tuvieron que atravesar dificultades, pero con este avance como referencia lograron que se las reconociera. En 2021 no se registró ninguna unión.
A partir de 2022 comenzaron a tomarse en cuenta y con las modificaciones legislativas del año pasado las parejas LGBT+ pueden acercarse al registro y concretar su unión. El caso de David y Guido marcó un nuevo horizonte y entró en la historia de Bolivia. Esto ya es parte de otra de las pasiones del activista: los archivos.
El beso como una molotov
¿Cuál es el momento fundante del movimiento LGBT+ boliviano? No hay una fecha específica, pero existe un hecho político que marcó un proceso de resistencia en una época de dictadura y opresión: el beso de Barbarella.
En 1974 durante las festividades de El Gran Poder una travesti, Barbarella, se acercó al general dictador Hugo Bánzer y le dio un beso.
David define lo sucedido como “una bandera política”. Y continúa: “nos plantea esa necesidad de resistencia y de interpelación al poder al poder político. Es una lucha y una visibilidad del ser diferente, de la diversidad de colores y de nuestra existencia”.
Las identidades cuir sabemos que muchas veces un beso puede más que una molotov. Y de esa unión de labios se detonó una prohibición a las identidades trans y demás diversidades a participar en las festividades. Lejos de ser un veto que entristezca fue otro más de esas censuras que tejen fuerza, estrategia e historia en los colectivos. Las identidades travestis y trans habían llegado a los festejos transgrediendo costumbres.
Una historia sin mirada patriarcal
Mientras históricamente el personaje de “la china morena” era interpretado por varones cis ataviados con máscaras y ropajes que cubrían toda su piel, ellas llegaron a cara maquillada y escote, con piel y orgullo. Esto lo sabemos por las voces de quienes ahí estuvieron y por el trabajo recopilatorio de David publicado en el libro La China morena, memoria histórica a travesti.
“Visibilizar esto para mí ha sido altamente estratégico. Me permitía contar la historia de un movimiento social, discutir de igual a igual con otros movimientos sociales que habían sufrido ciertas discriminaciones (indígenas, personas con discapacidad, etc.). Entonces ya no éramos los que no teníamos historia, pasamos a ser un movimiento social más”, cuenta y ancla la importancia del archivo y su difusión.
“La historia ha sido escrita con una mirada patriarcal y machista donde todo lo diverso ha sido excluido.  Han quemado archivos, historias de nuestras compañeras y hasta casas para que estas evidencias sean públicas. Hemos logrado recolectar un archivo de más de 500 fotografías de los años 30, 40, 50 hasta los 80”, y así crearon el Archivo Q’iwa que reúne además cartas, periódicos y las voces de las sobrevivientes.
Guardar el pasado, sostener el presente
En David la idea de archivo es un concepto vivo y en movimiento. Tanto es así que hace más de 20 años pone su cuerpo para desafiar las tradiciones patriarcales y resignificarlas dando vida al “Waphuri Galán”.
Pero, ¿qué es un Waphuri?, en la tradición de las festividades bolivianas este es un personaje hipermasculino, falocéntrico, que guía a los hilanderos. La reversión que se propone desde los colectivos LGBT+ es otra de esas transgresiones que muy lejos de ser algo visual se encarna en las tradiciones populares para dar visibilidad, orgullo y narrativas dónde lo cuir es parte de nuestra historia (pasada, presente y futura).
“El Waphuri Galán es este personaje Marica que más bien transgrede esa figura del personaje Waphuri tradicional para convertirlo en afeminado, con movimientos mucho más sensuales. Planteando justamente esa resistencia y esa visibilidad de la diversidad en la fiesta y hasta quitándole el poder al tradicional para convertirse en uno mucho más cercano al pueblo”, y es que es el mismo pueblo el que lo elige y abraza. En una sociedad LGBTodiante y con todas las quejas que esta representación trajo desde los sectores de las derechas, es la gente la que elige y sostiene el Whapuri Galán.
Escuchar el recorrido de David Aruquipa es presenciar la historia viva del movimiento LGBT+ en Bolivia. en su acción, en su labor con los archivos, en su tejer con pasión de personaje hilandero cuir las visiones internacionales con la tradición propia. David sabe que falta mucho por seguir haciendo y que todo eso seguirá construyendo comunidad, y archivos.