JUEZ DICTA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA FERNANDO CAMACHO POR CUATRO MESES EN CHONCHOCORO

A las 03.52 de este viernes, el excívico Luis Fernando Camacho, acusado en el caso Golpe de Estado I, ingresó al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz. El gobernador de Santa Cruz fue sometido a los procedimientos de rigor y luego se definirá el área donde permanecerá. Camacho es procesado como autor por el caso Golpe de Estado I, iniciado en noviembre de 2020.

JUEZ DICTA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA FERNANDO CAMACHO POR CUATRO MESES EN CHONCHOCORO
 
El juez del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, donde la autoridad cruceña es imputada por el delito de terrorismo.
La determinación fue leída a la 01.30 de este viernes, luego de más de siete horas de audiencia virtual.
«Por tanto, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal determina la detención preventiva para Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que deberá cumplir por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro en La Paz, debiendo convocarse a una audiencia de reconsideración de situación jurídica procesal para el día 9 de abril de 2023 a las 10.00», señala la resolución judicial.
Camacho deberá estar aislado de la población que cumple con sentencias y se pidió a las autoridades del penal de Chonchocoro extremar recursos para la seguridad del Gobernador, como también para su atención médica.
Camacho fue aprehendido el miércoles en la ciudad de Santa Cruz por orden fiscal y trasladado a la ciudad de La Paz para que asuma defensa en el caso que se denomina Golpe de Estado I, por el cual se lo imputa por el delito de terrorismo en el marco de los hechos de noviembre de 2019 cuando existió un cambio de gobierno.
La Procuraduría General del Estado comunicó que apelará la determinación en busca de ampliar la detención preventiva ante un tribunal de alzada.
El 3 de mayo de 2021, Camacho juró como Gobernador del departamento de Santa Cruz y este año protagonizó y lideró un paro cívico de 36 días, junto al Comité Pro Santa Cruz y el Comité Insterinstitucional, en busca de que el Censo de Población y Vivienda sea en 2023 y no en 2024.
Proceso
Desde 2020, Camacho está procesado por el caso Golpe de Estado I, que investiga los delitos de terrorismo y conspiración en el contexto del golpe de Estado de 2019 por el que Jeanine Áñez asumió ilegal e ilegítimamente la presidencia.
El código penal tipifica el terrorismo como delito y establece una pena privativa de libertad de entre 15 y 20 años. Por este caso, también son procesados el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, los exjefes militares Flavio Arce, Carlos Orellana, Jorge Fernández, Jorge Terceros, Jorge Mendieta y Palmiro Jarjury. A ellos se suma el excomandante de la Policía Yuri Calderón.
En el marco de las investigaciones, en meses pasados declararon: Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa.
 
 
 
 
 

EURODIPUTADO SALUDA DETENCIÓN DE CAMACHO: ERA UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD
 
El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, saludó la aprehensión y posterior detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque se constituía en un “peligro para la seguridad” por sus sucesivos actos de desestabilización en Bolivia desde la ruptura del orden constitucional en 2019.
“Esto era algo esperado, nosotros entendíamos que un personaje como Camacho era un peligro para la seguridad, es un hombre que ha despreciado la democracia y la institucionalidad. Ha protagonizado varios intentos de golpe de Estado”, señaló en declaraciones a Bolivia TV.
El también presidente de la Delegación para las relaciones Unión Europea-Palestina en el Parlamento Europeo en España recordó que Camacho fue el “autor intelectual del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales” por los acuerdos que su padre, José Luis Camacho Parada, logró con las Fuerzas Armadas y la Policía para que se mantengan acuarteladas y no repriman las protestas de octubre y noviembre de 2019.
“Con la complicidad sucia de Luis Almagro y desde la OEA, en coordinación con Camacho y con los sectores más ultraderechistas, más reaccionarios del Ejército y la Policía pues llevaron a cabo el golpe de Estado, y no solo el golpe de Estado, la masacre, las matanzas de Sacaba y Senkata”, argumentó el legislador español.
Camacho fue aprehendido el miércoles por la tarde en Santa Cruz y trasladado a La Paz, donde desde noviembre de 2020 se procesa una denuncia por terrorismo vinculado al golpe de Estado de 2019.
La denuncia tiene como soporte “el pacto” que logró el padre del gobernador con las Fuerzas Armadas y la Policía que permitieron la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta del país por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, hoy encarcelada precisamente por cometer ese ilícito.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, Camacho tuvo el “firme propósito de deponer a un gobierno legalmente construido a través del voto popular”, ya que exigió “de forma abierta la renuncia del Presidente en ese entonces Evo Morales Ayma llamando al pueblo boliviano a sumarse a dicho pedido, generando dichas declaraciones una serie de manifestaciones y hechos vandálicos en diferentes ciudades de Bolivia como la quema de tribunales departamentales, quema de domicilios de autoridades o familiares del oficialismo”.
“Para lograr su cometido el hoy imputado Luis Fernando Camacho Vaca (como representantes de los cívicos de la ciudad de Santa Cruz), logró tomar contacto con funcionarios de las FFAA y de la Policía Boliviana Nacional, con la finalidad de que estos órganos que se encargan de la seguridad exterior e interior del Estado Boliviano, no cumplan su labor constitucional”, refiere la resolución de ampliación de imputación formal presentada por la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios.
Camacho pasó el miércoles en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la ciudad de La Paz luego de no brindar declaraciones ante la Fiscalía.
En la audiencia de medidas cautelares que se inició a las 17.45 del jueves y concluyó la madrugada de este viernes, el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó la detención preventiva de Camacho por cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, La Paz.
Al igual que Pineda, el docente de la universidad de Barcelona, Silvio Falcón, defendió la aprehensión del gobernador cruceño. Recordó que el proceso fue iniciado en 2020 y que la acción judicial se aplicó luego de que el excívico eludió “la actuación de la justicia”.
“Él mismo explicó, con todo lujo de detalles, su participación material en la organización de la toma del poder en La Paz”, recordó Falcón por su cuenta de Twitter.
Por la misma red social, la eurodiputada Ana Miranda señaló que es “preciso que se haga justicia para las víctimas del golpe y sus familiares”. (ABI)
 
 
 
 

EURODIPUTADO AFIRMA QUE A CAMACHO SE LE DAN TODAS LAS GARANTÍAS JURÍDICAS QUE ÉL NO DIO A QUIENES PERSIGUIÓ, TORTURÓ Y HUMILLÓ
 
El eurodiputado español Manu Pineda afirmó este jueves que desde el ámbito internacional se ve que al gobernador Luis Fernando Camacho se le dan todas las garantías jurídicas en el proceso que se le sigue por el caso Golpe de Estado I, las que él no dio a los perseguidos políticos y víctimas de las masacres de 2019.
“Nos tranquiza un poco ver el proceso, aunque se tome su tiempo, porque esto le da una garantía jurídica que él no dio a sus víctimas, a los asesinados en Sacaba y Senkata, a los masistas, a los que persiguió, torturó y humilló, linchó, como a la exalcaldesa del Vinto Patricia Arce”, dijo en entrevista exclusiva con Bolivia Tv.
Para que Camacho pueda beneficiarse con las garantías jurídicas, que durante el golpe de Estado él no pidió para los perseguidos políticos, manifestó que se avaló un periodo de investigación, de pesquisa, de tres años, en los que se toleró que no acuda a las convocatorias a declarar de la justicia.    
“Nosotros lo único que podemos es celebrar que un personaje tan peligroso como esté bajo control policial y judicial”, destacó Pineda.
Recordó que luego de la victoria de la derecha por el golpe de 2019, Camacho reveló que él y su padre llevaron a cabo una serie de gestiones para perpetrar el hecho con alianza de la Policía y el Ejército para garantizar el éxito del plan.
“Este hombre ya no engaña a nadie, tenemos que reconocer que tiene un apoyo popular de los sectores más privilegiados de Santa Cruz, de aquellos que piensan que un indígena, un campesino, no puede tener los mismos derechos que un blanco”, subrayó.
En ese contexto, instó al Estado boliviano a no permitir que estos grupos violentos vuelvan a generar convulsión en el país, con intentonas golpistas y desestabilizadoras, que no obedecen al sentir del pueblo boliviano. (AHORA EL PUEBLO)
 
 
 
 
 

RADICALES CRUCEÑOS ENFRENTAN CON PARO LEGALIDAD EN BOLIVIA
 
Prensa Latina de Cuba (https://bit.ly/3i4HybF)
 
El Comité Cívico Pro Santa Cruz y la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista retomaron hoy en Bolivia un paro con ocupación de instituciones y bloqueos fronterizos departamentales en apoyo al imputado por terrorismo Luis Fernando Camacho.
“Se declara paro cívico departamental a partir de las cero horas del día viernes, 30 de diciembre, respaldamos la determinación de llevar adelante el bloqueo de carreteras fronterizas, cerrando la posibilidad de ejecutar próximos secuestros”, asegura la declaración aprobada en la denominada Asamblea de la Cruceñidad.
Pese a que el Ministerio Público de Bolivia aclaró en un comunicado que Camacho fue aprehendido mediante una orden emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz y descartó que se trate de un secuestro, los cívicos insisten en ese punto de vista.
“(…) Por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, explica el documento oficial entregado a la prensa.
Informó el Ministerio Público que “Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”, en referencia al expediente Golpe de Estado I, en el cual se investiga al principal impulsor del derrocamiento del Gobierno del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019 por su confabulación con políticos, policías y militares para llevar adelante esa operación.
El paro -anunciaron los cívicos-, inicialmente se prevé para 24 horas, pero existe incertidumbre sobre si se prolongará más allá, en un territorio que sufrió recientemente ese tipo de medida de fuerza durante 36 días, con una pérdida económica de mil 200 millones de dólares, cuatro muertes y múltiples violaciones de los derechos humanos.
Los radicales cruceños instruyeron a sus seguidores ocupar las instituciones públicas con el pretexto de realizar un “resguardo pacífico” de ellas ante supuestos “autoatentados”.
Adicionalmente, en la línea de su posición radical y separatista, determinaron “desconocer” la autoridad del comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, por apoyar el traslado de Camacho a La Paz.
Asimismo, ratificaron “el pedido de replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
Tras conocer el miércoles la aprehensión de Camacho, los grupos paramilitares atacaron los aeropuertos de Viru viru y El Trompillo, intentaron tomar el Comando de la Policía; quemaron la sede de la Fiscalía departamental y más de 30 vehículos, así como la casa del ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño.
Ante el nuevo anuncio del paro, el secretario ejecutivo del Movimiento Al Socialismo en Santa Cruz, Armando Muñoz, instó a la población a defender su derecho a la libre locomoción.
 
 
 
 
 
BOLIVIA OTRA VEZ EN ASCUAS
 
La Diaria de Uruguay (https://bit.ly/3WQTD30)
 
La situación en Bolivia indica que la polarización política predomina sobre el respeto a la institucionalidad, y esto es una pésima noticia para cualquier país.
El foco del conflicto está una vez más al sudeste, en la rica provincia de Santa Cruz, donde se concentran la agroindustria exportadora y también, desde hace muchos años, la oposición (con un notorio sesgo clasista y racista) a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y del actual presidente Luis Arce.
El actual gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho Vaca, tuvo un papel preponderante en las movilizaciones por la renuncia de Morales a la presidencia en 2019, y en la instalación del gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez.
El liderazgo de Camacho no se extiende mucho más allá de Santa Cruz. Antes de su elección como gobernador el año pasado, se postuló a la presidencia en 2020 pero logró un magro 14% de los votos, muy poco más de la cuarta parte de los obtenidos por Arce. Desde entonces retomó un perfil opositor muy belicoso, y este año impulsó un paro de actividades en su departamento que duró más de un mes e implicó grandes pérdidas económicas para Bolivia.
El motivo del paro fue la decisión de postergar un censo nacional, que el gobierno de Arce fundamentó por problemas logísticas, y la razón de fondo fue que en Santa Cruz esperaban que el crecimiento de su población, debido a migración interna por motivos económicos, determinara aumentos de la asignación presupuestal y de las bancas parlamentarias que le corresponden al departamento, antes de las elecciones previstas para 2025.
Aquel enfrentamiento terminó a fines de noviembre, pero un mes después se instaló una nueva crisis. La fiscalía boliviana tiene abiertas investigaciones con los nombres Golpe de Estado I y Golpe de Estado II. La segunda se centra en el período en el que Áñez ocupó la presidencia, y la primera en los acontecimientos que condujeron a que la ocupara. Por esta fue detenido Camacho el domingo.
Arce, a quien parte del MAS le reprocha ser demasiado tolerante con la oposición, fue claro cuando asumió: dijo que no venía por una revancha y que se proponía recomponer una convivencia política respetuosa, pero también señaló que en su país hubo un golpe de Estado y afirmó que la Justicia debía investigar responsabilidades.
Un problema central en esta coyuntura boliviana es que los aliados y seguidores de Camacho no centran sus protestas en una negación de las responsabilidades que le correspondieron al actual gobernador en los acontecimientos de 2019, en la reivindicación de la resistencia a un Morales empecinado en no dejar la presidencia o en cuestionamientos a la fiscalía, sino que se limitan a proclamar que no tolerarán la acción estatal porque tienen poder para enfrentarla y revertirla.
Al comenzar un nuevo paro con cierre de carreteras, el dirigente Rómulo Calvo, muy cercano a Camacho, reclamó la liberación de este y sostuvo que Arce debe dar marcha atrás porque “sin Santa Cruz no puede gobernar”, advirtiéndole que “ha jugado con fuego” y que los cruceños están dispuestos a iniciar un incendio para “hacerse respetar”. Es retórica de guerra, no de política.
 
 
 
 
 
LA RENUNCIA DE EVO MORALES: HISTORIAS DE VENGANZA Y RELATO DE UN GOLPE QUE NUNCA EXISTIÓ
 
El origen de la causa contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
 
El Clarín de Argentina (https://bit.ly/3vrULy9)
 
El arresto del polémico gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un furibundo crítico del oficialista MAS, lejos de los tonos con que se suele dar la disputa política en Bolivia, configura un exceso del ejercicio del relato y de la posverdad.
El mandatario provincial fue arrestado violentamente y sin respetar sus fueros en el marco del “proceso” por “el golpe” que, según la narrativa gubernamental, derribó a Evo Morales del poder hace poco más de tres años.
Pero en Bolivia, en noviembre de 2019, no hubo un alzamiento militar, ni proclamas o comunicados clausurando los poderes.
Tampoco generales con entorchados uniformes arrestando a los mandos civiles. Lo que hubo fue una convulsión social originada en un abuso de la legalidad que cometió el propio mandatario caído.
Morales se había presentado a elecciones el 20 de octubre de 2019 para buscar un cuarto mandato consecutivo.
Lo hizo violando el fallo de un plebiscito en el cual sus propias bases votaron contra esa posibilidad. Pero el líder argumentó que esa prohibición significaba una proscripción política.
Se hicieron las elecciones y, cuando comenzó el conteo, fue quedando claro que Morales ganaba pero no podía evitar el balotaje en el cual con seguridad se uniría la oposición y lo derrotaría.
Pero de pronto se apagaron los sistemas inexplicablemente. Cuando se retomó el conteo al día siguiente, el presidente tenía los diez puntos necesarios para imponerse en primera vuelta. La reelección quedaba salvada.
La gente en la calle, especialmente sectores de la juventud, reaccionó con furia a la maniobra que tradujeron como una burla adicional a la violación del plebiscito.
Todo esto sucedía en un país que había ido perdiendo su empuje económico, lo que esmerilaba el apoyo popular a Morales, incluido el de los pueblos originarios del Amazonas boliviano expulsados de sus tierras por el gobierno para ampliar la frontera agropecuaria.
La manipulación de la votación la detectó la OEA, cuyo secretario general Luis Almagro había sido el único diplomático internacional que avaló el nuevo, interminable, fervor reeleccionista de Evo.
La violencia creciente en la calle y el cuestionamiento al gobierno originó un vacío de poder que llevó al entonces ministro de Defensa, Eduardo Zavaleta, a alertar que se estaba a un paso del “descontrol total (y) en cualquier momento empezarían a contarse los muertos por docenas”. No se equivocaba.
La tensión fue tal que en ese desbarranco la Confederación Obrera Boliviana, la histórica y mítica COB, le propuso a Morales que dimita.
“Si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique, compañero presidente le llamamos a la reflexión de que pueda asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renuncia, por pacificar al pueblo, lo hacemos, lo decimos desde la Central Obrera Boliviana para pacificar al país”, le dijo el titular de la central Juan Carlos Huarachi el 10 de noviembre.
Fue un día antes de que Evo presentara su dimisión. Poco antes, tras el pronunciamiento sindical, un amigo de Morales, el jefe de las FF.AA., Williams Kaliman, le hizo la misma sugerencia. Evo aceptó y partió a México.
Fue en la capital de ese país, en la primera etapa del exilio que siguió en Argentina, donde pergeñó el relato oportunista del golpe. Una extraña entelequia: Kaliman, el supuesto dictador de la mala película, fue degradado inmediatamente por el gobierno interino que tomó el poder.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: ¿LA CUARTA DICTADURA DE LAS AMÉRICAS?
 
Con la detención del principal líder opositor, el gobierno de Luis Arce ha quedado en el umbral de la tiranía
 
Infobae de Argentina (https://bit.ly/3WEhEKP)
 
Por Mariano Caucino.- Con la detención del principal líder opositor del país, Luis Fernando Camacho, el gobierno de Bolivia ha cruzado una línea roja que parece encaminarlo a convertirse en la cuarta dictadura de las Américas. Siguiendo el ominoso ejemplo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora ha dado un paso que pone al régimen de La Paz en el umbral de la tiranía.
Secuestrado y apresado por órdenes del gobierno central boliviano, el gobernador de Santa Cruz fue detenido y trasladado a un lugar desconocido en un operativo policial que coloca a Bolivia en la senda de las tiranías del hemisferio.
Los hechos ocurridos el último miércoles de diciembre coronan una serie de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos y a las mínimas reglas democráticas por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo. Una muestra de ello es la injustificable y extendida detención de la ex presidente Jeanine Añez.
Hermanándose con los Castro-Díaz Canel, los Chávez-Maduro y los Ortega-Murillo, el régimen de Arce-Morales parece recorrer los pasos que lo llevarán a convertirse en una dictadura en la que la regla parece ser el abuso del poder y la anulación de la libertad en el país.
Pero, ¿quién es Camacho? Gobernador del Departamento de Santa Cruz -el más desarrollado del país- es uno de los líderes de la oposición boliviana y referente del núcleo de resistencia democrática de Bolivia. Una fuerza que tiene epicentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la que ha sido bloqueada física y económicamente por parte del gobierno central boliviano en su intento por anular toda expresión de oposición.
Acusado por las autoridades por su rol en la caída de Morales, un hecho ocurrido cuando el entonces Jefe de Estado pretendió eternizarse pese a los impedimentos constitucionales para aspirar a un nuevo mandato, Camacho es víctima de un hostigamiento permanente por parte del régimen socialista.
Resulta imperativo presentar una breve descripción de la gravísima situación que atraviesa el país. Porque a través de una serie de restricciones peligrosísimas a las libertades individuales, persecución y exilios forzados de opositores y una sistemática manipulación de los poderes del Estado, la presidencia de Arce se ha convertido -en los hechos- en una restauración del régimen de Morales (2006-2019).
Al igual que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el gobierno que se ha apoderado del poder en Bolivia presenta las características centrales del sistema castrochavista que asedia a las democracias a lo largo y a lo ancho de nuestro hemisferio. El ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín ha calificado a Bolivia como “la dictadura invisible del castrochavismo integrado por Cuba como jefe, Venezuela y Nicaragua”. E indicó que como consecuencia de una simulación democrática, un fraude electoral consagró el retorno al poder del Socialismo en 2020 esta vez con la figura de Arce como titular formal del gobierno.
Los hechos ocurridos en Bolivia el pasado día 28 deben despertar el repudio y la condena de quienes somos defensores de la libertad y la democracia en las Américas. A la vez que exigen la aplicación inmediata de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática (2001), instrumentos que en el ámbito hemisférico protegen la vigencia del orden democrático, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
 
 
 
 
 
 
POR EL DERRUMBE DE BOLIVIA, EL GOBIERNO APURA DOS OBRAS CLAVE PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE GAS EN EL NORTE DE PAÍS DURANTE EL INVIERNO
 
Evo Journal de Argentina (https://bit.ly/3WAQxjL)
 
Debido a los menores envíos de gas que llegarán desde Bolivia, el gobierno decidió apurar dos obras en el sistema de transporte de gas para intentar suplir el faltante con producción de Vaca Muerta. Se trabajará para revertir dos plantas compresoras en el Gasoducto Norte a fin de enviar hasta 4 MMm3/día de gas adicionales desde Neuquén hacia Salta a partir de junio.
El área energética del gobierno está negociando con autoridades de Bolivia la firma de una nueva adenda al contrato de importación de gas desde el país del Altiplano. Si bien se sabe que la producción de YPFB está declinando, la información que llegó en las últimas semanas desde Santa Cruz de la Sierra, base de la petrolera estatal, preocupó aún más a las autoridades argentinas. Según indicaron a EconoJournal fuentes públicas y privadas sin contacto entre sí, Bolivia comunicó que está en condiciones de enviar sólo 6 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas hacia la Argentina durante el invierno; casi 2 millones menos que el invierno pasado.
Frente a esa situación, el gobierno decidió apurar dos obras en el sistema transporte de gas para intentar suplir con producción de Vaca Muerta parte del gas boliviano que este año no estará disponible. Está prácticamente decidido que el Ejecutivo incluirá dentro de la actualización de las tarifas de Transportadora Gas del Norte (TGN), que se debatirá en la audiencia pública del próximo 4 de enero, los fondos necesarios para revertir dos plantas compresoras en el Gasoducto Norte a fin de enviar hasta 4 MMm3/día de gas adicionales desde Neuquén hacia Salta a partir de junio de este año. Eso significa que los trabajos se rollearán entre todos los usuarios del sistema. Es decir, se financiarán mediante la suba de las facturas de gas que entrará en vigencia el 1º de febrero, si se cumple con el cronograma previsto por el Ministerio de Economía.
TGN presentó ante el Enargas un documento para ser analizado en la audiencia pública donde solicita al gobierno un aumento transitorio de la tarifa de transporte del 148% para no agravar su situación económico financiera, más un incremento tarifario especial del 15% asociado al proyecto de aumento de 7 a 10 millones de metros cúbicos (m3) por día en la capacidad de reversión del Gasoducto Norte. Esto totaliza una suba de la tarifa de transporte de TGN del 163%. Fuentes oficiales dejaron en claro que no concederán el porcentaje de aumento que pidió la empresa, pero sí le dará luz verde al pedido para financiar las obras en las dos plantas compresoras.
Tío Pujio y Leones
Las dos plantas comprensoras que hay que adecuar son Tío Pujio y Leones, ambas a cargo de TGN, la transportista que opera la red troncal de gasoductos desde el centro hacia el norte del país. Hacia mediados de año, ambas plantas podrían inyectar gas en sentido inverso al que lo hacen ahora.
Fuentes del área energética indicaron que la inversión necesaria rondaría los US$ 16 millones, unos 2.800 millones de pesos al tipo de cambio oficial. No obstante, allegados a TGN señalaron que el presupuesto asciende de 3.236,2 millones de pesos. “Si TGN licita las obras en enero podría finalizarlos hacia junio, porque el plazo de los trabajos está estipulado en unos 5 meses”, explicaron las fuentes consultadas.
 
 
 
 
 
EUROPA NECESITABA LITIO BARATO PARA LAS BATERÍAS DE SUS COCHES ELÉCTRICOS, Y LO HA ENCONTRADO MUY LEJOS DE CHINA
 
Motor Pasión de España (https://bit.ly/3G7yMld)
 
Chile y la Unión Europa han firmado recientemente un acuerdo que renueva sus lazos comerciales y que pone en bandeja los vastos recursos chilenos de litio, cobre y otras materias primas necesarias para la fabricación de baterías para coches eléctricos que ayudarán a Bruselas a cortar lazos de dependencia con China.
Este es un paso importante para el Viejo Continente, pues aunque cambiar el mapa geopolítico actual de la energía no será fácil ni inmediato, la carrera por poseer grandes reservas de materiales clave para un futuro lejos de recursos fósiles (y de Rusia) está cada vez más reñida, sobre todo desde el pasado mes de febrero.
Un socio clave para la transformación de la industria automovilística
Chile es el primer productor de cobre y el segundo mayor productor de litio del mundo, dos materiales clave para la fabricación de baterías para coches eléctricos.
En los últimos años, el país está redoblando sus esfuerzos para atraer a la industria de la automoción, centrándose en la explotación de los recursos que se encuentran en ubicaciones clave como el Salar de Atacama: el mayor depósito salino de Chile, que forma parte del llamado 'triángulo del litio', una zona geográfica ubicada en la punta de América del Sur, en el límite de Argentina, Bolivia y Chile.
Según cálculos de Bloomberg, son necesarios unos 70.000 litros de agua para producir una tonelada de litio, por no hablar de las numerosas complicaciones técnicas que tiene extraer y procesar este material situado bajo gruesas capas de sal a lo largo de inmensas explanadas (un método que puede demorarse hasta un año).
Y pese al impacto negativo que esta actividad pueda tener en la fauna y flora de la zona (algunas lagunas y praderas de Atacama ya se están reduciendo o secando, y se lleva tiempo registrando un descenso en la población de flamencos salvajes), el “oro blanco de Chile” está cada vez más cotizado.
Pero ya lo dijo hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en uno de sus discursos: “el litio y las tierras raras pronto serán más importantes que el petróleo y el gas”.
Y es que se estima que para lograr eliminar el carbón a medio/largo plazo tal como se prevé en los planes de transición energética de los Veintisiete, Europa necesitará hasta 18 veces más litio del que usa actualmente en 2030 y de cara a 2050, casi 60 veces más.
Con el último acuerdo sellado en Bruselas entre Chile y la UE, que amplía y moderniza el que existía entre ambas partes desde 2003, según el comunicado se busca “un mejor acceso y una inversión sostenible en materias primas críticas como el litio que contribuirán a promover nuestra ambición compartida de una transición ecológica”.
Entre otras cosas, esto se hará posible mediante la supresión de los aranceles en todas las importaciones que se realicen desde los países miembros (a excepción del azúcar), lo que facilitará que las empresas europeas inviertan en el país andino.
Además, Chile se ha comprometido a restringir el alcance de su actual "política de precios duales", según la cual reserva el 25 % de toda su producción de materias primas para empresas locales a precios más ventajosos.
Así, el acuerdo permitirá que el gobierno presidido por el izquierdista Gabriel Boric pueda vender su litio o cobre a precios más bajos para las empresas de la UE que utilizan el procesamiento chileno. Todo ello, mientras Bruselas sigue trabajando en la estandarización de baterías y se sigue fraguando la futura ‘Ley de Materias Primas Críticas’.
Chile y la UE acordaron dividir el pacto para acelerar su proceso de ratificación, lo que significa que ‘la parte comercial’ se remitirá únicamente al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, mientras que ‘la parte política y de inversión’ deberá ser ratificada por los parlamentos nacionales del bloque. Así, el pacto actual debería entrar en vigor, como mucho, en 2024.
 
 
 
 
 
NINFA SALAZAR, AMIGA ÍNTIMA DE REBECA: “SI CABE LA POSIBILIDAD, QUE EXTRADITEN AL HOMICIDA A BOLIVIA”
 
DEIA de España (https://bit.ly/3vowetU)
 
Varios amigos y conocidos del entorno de Rebeca acudieron ayer jueves a la protesta silenciosa. Tal y como lo hicieron el día anterior, al recibir la triste noticia, pidieron a las autoridades “justicia para que se esclarezca el crimen”. La petición más repetida entre este grupo de asistentes fue la extradición del homicida a su país de origen, Bolivia. “Acá la cárcel será un hotel para él. Allá es donde tiene que pagar porque él tiene más antecedentes penales” por violencia machista, según sentenció Ninfa Salazar ante los medios de comunicación.
Seguidamente, esta amiga íntima de la víctima realizó un llamamiento: “pido por favor a todas las mujeres que han sufrido malos tratos por este hombre que se sumen a denunciar para que esto tenga mucha más fuerza”, solicitaba.
Aseguraron que Rebeca “era consciente de la situación”. Ninfa declaró que en varias ocasiones le dijeron que “siempre siguiera adelante y nunca se dejara maltratar”, concluyó.
Describieron a Rebeca como una “mujer luchadora y muy trabajadora”. Asimismo se preguntaban sobre quién iba a ocuparse de toda su familia. Lamentaron, además, que ella no contase con ningún familiar cercano aquí: “Tenía una hermana en Bilbao, pero lamentablemente en 2019 también murió a manos de otro machista al tirarla por un balcón. Las dos hermanas solo vinieron aquí a trabajar”.
Llevaba tres meses al frente del bar y era quien mantenía a sus padres y a su hija en Bolivia “No es justo que vengamos a trabajar aquí para sacar a flote a nuestras familias allí y nos encontremos con este final”, manifestaba Carolina Condori. “La pareja era amiga nuestra pero jamás pensamos que iban a llegar a una situación como esta”, reconocieron. “Pido justicia por mi amiga Rebeca. Que no haya ni una mujer menos”, repitió.
 
 
 
 
 
PERÚ - BOLIVIA: DIEZ MILLONES DE CIGARRILLOS ILEGALES IBAN A INGRESAR POR FIESTAS DE FIN DE AÑO
 
Agentes de aduanas incautan un camión que transportaba un gran cargamento de cigarros paraguayos de contrabando. Estaban en vehículo en el que supuestamente trasladaban arroz y fídeos.
 
Trome de Perú (https://bit.ly/3WA3quw)
 
Un duro golpe al contrabando frustró el ingreso de un gran cargamento de cigarrillos ilícitos por la frontera con Bolivia.  A pocos días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, agentes de Aduanas de Bolivia intervinieron un camión cargado con más de 10 millones de cigarrillos paraguayos. La mercancía ilegal iba a ingresar a nuestro país.
En un operativo denominado “Plan del Sur”, que se realizó en la carretera a Potosí, la Aduana de Bolivia decomisó al camión en la localidad de San Antonio. En el vehículo de placa de control 2180-YIF, se hallaron cientos de cajas de cigarrillos valorizados en más de 500 mil pesos bolivianos, que equivale a más de 275 mil soles.
Los agentes refirieron que dos personas llevaban el producto ilícito con documentos que indicaban que se trataba de arroz y fideos.
El camión era escoltado por una pareja de “loros”, que son los informantes de los contrabandistas.
La rápida llegada de técnicos del Control Operativo Aduanero evitó la fuga del conductor y su acompañante.
El gerente regional de la Aduana de Potosí, Alex Yamil Mamani, informó que para camuflar la mercancía ilegal, el conductor del camión tenía documentos de importación de otro tipo de mercancía, como arroz y fideo.
“Esta mercancía ingresó de forma disgregada, es decir, poco a poco hasta reunirlos en un lugar, pero no pudo evadir los controles de Aduana”, explicó el gerente.
Aclaró que para que esta mercancía sea legal, cada cajetilla desde su impresión original debe incluir datos como el país de fabricación, nombre del productor e importador.
Entre el 1 de enero al 15 de diciembre 2022, la Aduana Nacional de Bolivia realizó 14.282 operativos de control en todo el país del altiplano. Incautó, además, mercancía de contrabando valorado en más de 695 millones de pesos bolivianos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA RETORNÓ A LA SENDA DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
 
América Retail de Perú (https://bit.ly/3PZPLKN)
 
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que Bolivia, no solo retornó a la senda del crecimiento económico, sino a la senda de la reducción de la pobreza extrema, factor que es ponderado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“El año 2022 ha sido un año complicado, pero creemos que en términos económicos se están logrando buenos indicadores, se consolida el retorno a la senda del crecimiento económico, el retorno a la senda de reducción de la extrema pobreza”, indicó Cusicanqui al canal estatal.
“La Cepal, por ejemplo, ha señalado, en uno de sus informes, que el año 2022 Bolivia va a hacer uno de los países que más va a reducir la pobreza extrema en la región”, complementó la autoridad.
En un informe especial, la Cepal proyectó que Bolivia será el país que más reducirá la pobreza extrema en Sudamérica en 2022, mientras que en otros países esta brecha crecerá.
Datos de pobreza por el INE
En 2006 un 37,7% de la población boliviana se encontraba en situación de pobreza extrema.
Mientras que en 2019 se logró reducir esta cifra a 12,9%; en 2020 este dato subió a 13,7%.
Finalmente, en 2021 bajó a 11,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cusicanqui afirmó que esa reducción de la pobreza extrema se logró gracias a las políticas aplicadas, principalmente las que generan una justicia social a través de la redistribución de los recursos en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Cusicanqui recordó que desde que el presidente Luis Arce asumió el Gobierno, se impulsó las políticas de redistribución social para disminuir los índices de pobreza como el pago del Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, entre otros.
“Bolivia se mantiene ahí con estabilidad de precios, con certidumbre y también con un proceso de crecimiento económico con justicia social porque también estamos reduciendo la pobreza”, indicó.
En su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa, el 8 de noviembre, el presidente Luis Arce afirmó sobre la reducción de la pobreza.
Dijo que la desigualdad está en línea con la disminución de la tasa de desempleo.
Al tercer trimestre de 2022, la tasa de desempleo decreció hasta el 4,2%, “muy por debajo” del resultado de 10,8 de igual etapa de 2020.
Cifró en 214.000 el número de personas que accedieron a un puesto laboral entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
 
 
 
 
 
LA VIOLENCIA DE LA COCA CRUZA DE PUTUMAYO HACIA PERÚ.
 
A medida que se exacerban los combates, aumenta el número de masacres sin contar a lo largo del río fronterizo. La ausencia de una política de drogas regional permite la extensión de la violencia, mientras los cultivos de uso ilícito siguen migrando hacia los países vecinos.
 
Revista Tuuputchika de Perú (https://bit.ly/3jG2vKr)
 
“El que tenga que ver con los paracos, muere”, le gritó a una multitud de indígenas Murui asustados un hombre de uniforme verde y con un rifle, integrante del Frente Carolina Ramírez. Esto recuerdan los testigos sobre el 25 de diciembre de 2021, cuando siete personas fueron masacradas en la comunidad de Bellavista, a orillas del río Putumayo, sur de Colombia.
Cuando dijo “los paracos”, el hombre se refería al grupo rival, los Comandos de Frontera, percibidos como paramilitares por sus enemigos. Al otro lado del río, en Perú, están algunos de sus campamentos y también cultivos de coca. “En el fondo, la Carolina Ramírez quería coger a los de Comandos de Frontera. En este afán se llevaron gente inocente”, explica un líder indígena.
Desde el inicio de la pandemia, los días y las noches de terror son más frecuentes en la Amazonía colombiana. A pesar del acuerdo firmado en 2016 con las Farc, y de la ambiciosa agenda de paz y política de drogas del nuevo presidente Gustavo Petro, las rentas ilícitas que financian la violencia aumentan junto a las hectáreas de coca, la deforestación y el pie de fuerza de los grupos armados ilegales. En septiembre, Petro dio su primer discurso internacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunció un alegato para conservar la Amazonía y pidió el cese de la fracasada política antidrogas actual.
Durante décadas, ni la guerra contra las drogas ni los programas para cambiar cultivos de uso ilícito por otros modos de subsistencia han logrado resolver el problema. La violencia continúa, y ahora sus efectos se extienden más allá de la frontera, hacia Perú. En el río Putumayo, límite natural entre ambos países, dos grupos que se autodenominan “guerrilleros”, formados por exintegrantes de las Farc que no se unieron al proceso de paz, o que desertaron de él, hoy se disputan el botín de la cocaína y afectan a la población. El enfrentamiento más reciente dejó 18 muertos y el gobierno colombiano respondió con el envío de seis pelotones de soldados.
La masacre de Bellavista
En esta navidad se cumple un año desde que el Frente Carolina Ramírez irrumpió en Bellavista, una comunidad indígena de agricultores, pescadores y raspachines. Como muchas otras masacres, esta fue solo un registro en una larga lista de hechos violentos. Pero hasta ahora el ataque a Bellavista, denunciado en aquel momento por varias organizaciones indígenas, no había sido documentado de forma suficiente.
Esta zona, de difícil acceso en medio de la selva, está bajo el control de los Comandos de Frontera, enemigo y competidor del Frente Carolina Ramírez en el narcotráfico. En un intento por avanzar más al sur, hacia las abundantes regiones productoras de coca en Perú, se desencadenó la masacre. Según testigos, las víctimas no pertenecían a la comunidad, pero estaban de visita ese día. Alrededor de una semana después llegó el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para recoger los cuerpos. Esta institución fue consultada sobre el estado de la pesquisa, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación.
Así fueron los hechos:
El regreso de la coca.
Bajo una maloca, la gran choza ceremonial, a pocos metros del río Putumayo se sirve una sopa con pescado, maíz y caldo de yuca brava. Los lugareños se alimentan con lo poco que cultivan, pero la mayoría de los esfuerzos agrícolas no son rentables: la distancia hasta los centros de comercio son largas y el costo del transporte es demasiado alto. “Si todos cultivamos yuca, no hay quien la compre”, explica una mujer de la comunidad.
Los 1.610 kilómetros de recorrido del río Putumayo, desde el nudo de los Pastos en Colombia hasta su unión con el río Amazonas, están llenos de relatos crueles. Allí los pueblos Inga, Murui, Bora, Kichwa, Ticuna, Yagua, Secoya y Ocaina han sobrevivido a la explotación y las matanzas por la extracción de recursos naturales. Al negocio de la quina siguió el boom del caucho. Se calcula que el 80 por ciento de los Murui, también conocidos como Huitotos, murió por los abusos de los caucheros: entre 30 y 40 mil indígenas, según el investigador Pedro Mayor. Consecuencias similares han sido denunciadas por otros pueblos en la cuenca del Putumayo.  Mucho antes de la fiebre del caucho ya se reportaba también la extracción de oro. Pero la bonanza más reciente llegó con la coca, un arbusto que también trajo violencia y deforestación.
Históricamente ha sido casi imposible desarrollar economías formales a lo largo del río. Los ciclos de bonanzas van y vienen, y ahora es la coca el producto que domina en la región. “La coca para el campesino y para muchas comunidades se ha convertido en un gobierno. Es la luz, la educación, vivienda, comida y transporte”, explica un líder indígena en Puerto Leguízamo, uno de los centros urbanos del departamento, y el municipio al que pertenece Bellavista.
La ventaja de la coca es que los compradores la recogen en las orillas de los ríos, y pagan en efectivo. “Si llevas 100 gramos de [pasta base de] coca y los vendiste, ya te hiciste para la remesa”, cuenta un raspachín y habitante de Bellavista. Los cultivos de pancoger son para alimentar a la comunidad, pero no dan suficiente para comprar otros productos. “El plátano no da para el celular”, se ríe una mujer.
La coca mantiene a flote la economía local, pero también patrocina la guerra. “El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”, se menciona en el texto final del Acuerdo de Paz de 2016.
Uno de los componentes más importantes de la paz en Colombia es la reforma rural y la apuesta por cambiar los motores del conflicto interno: la pobreza y la desigualdad. Para trabajar el tema de las drogas se diseñó un plan de sustitución de cultivos con una advertencia: la erradicación forzosa puede aplicarse como último recurso. Con el Programa Nacional Integral de Sustitución Integral (PNIS) se crearon diferentes incentivos para que los cocaleros erradiquen sus arbustos.
No obstante, el PNIS ha estado subfinanciado desde su creación. “No es que a nosotros nos gusta sembrar la mata de coca, pero nos sentimos obligados porque no hay otro medio”, dice un cocalero que ingresó al PNIS en Puerto Leguízamo, pero volvió a cultivar cuando le incumplieron los pagos.
En la subregión Caquetá-Putumayo, las hectáreas con coca aumentaron en 2021 en un 45 por ciento con respecto a 2020. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Puerto Leguízamo había 1.025 familias registradas en el PNIS, y 831 seguían activas en el programa al 31 de julio de 2022.
Otras familias que erradicaron cultivos no fueron incluidas en el programa, y los pagos llegaron tarde o no llegaron para quienes sí fueron incluidos. Mientras tanto, nunca cesó la erradicación manual forzada, que causó graves fricciones en los territorios durante los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018). Después, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) incrementó las metas anuales de erradicación, una estrategia alentada por la administración de Donald Trump.
Aunque fueron evidentes las consecuencias de la vacilante implementación del Acuerdo de Paz, para la población cocalera de Putumayo la dinámica del conflicto se reconfiguró.
Resurgen los grupos armados
“Hemos vivido en tres años lo que no hemos vivido en 50 años de guerra”, dice un líder indígena en Puerto Leguízamo, con la mejilla llena de mambe y tabaco líquido (ambil) en la punta del dedo. La coca siempre ha sido cultivada por los pueblos indígenas de la zona. La usan para el mambeo, una práctica tradicional de consumo de la hoja seca, convertida en polvo y mezclada con ceniza. La coca y el tabaco, dos plantas sagradas, se consumen ritualmente para pensar, hablar y analizar, pero también como protección espiritual.
Solo en el Putumayo fueron documentadas 15 masacres desde principios de 2020, de las cuales siete ocurrieron en Puerto Leguízamo. Los autores son varios: grupos criminales, quienes se siguen denominando guerrilleros; y el mismo Ejército, como ocurrió en Alto Remanso en abril de 2022. Diferentes grupos étnicos y campesinos denuncian que muchos homicidios selectivos, desapariciones y masacres no han sido registrados.
Antes del Acuerdo de Paz, los Frentes 48, 15 y 32 de las antiguas Farc controlaban el  Putumayo y el vecino departamento de Caquetá. Tras el desarme, durante unos años con pocos incidentes y esporádica presencia armada, en la selva se conformaron nuevas estructuras, y las comunidades empezaron a recibir las primeras visitas e incursiones de personas armadas en 2019.
Por un lado, el Frente Carolina Ramírez, comandado por alias ‘Danilo Alvizú’ y parte de la franquicia liderada por ‘Iván Mordisco’, creció rápido, reclutando a nuevos combatientes y ocupando más territorio, sobre todo durante la pandemia. El grupo se autodenomina como una guerrilla, se dedica al narcotráfico y al cobro de cupos a cocaleros, ganaderos y mineros. Se mantienen principalmente a lo largo del río Caquetá.
Más al sur, a lo largo del río Putumayo, están los Comandos de Frontera, nacidos como un grupo de excombatientes de las Farc que pertenecieron sobre todo al Frente 48, con agregados de estructuras criminales locales, como desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), agrupados en “La Constru”. Fuentes vinculadas a las plantaciones de coca en Perú confirman que los Comandos de Frontera también están presentes del lado peruano. Mario Pazmiño, analista de seguridad y exdirector de inteligencia en Ecuador, afirma que los Comandos de Frontera llevan algunos años en ese país. Al principio hicieron pequeñas incursiones, pero ahora tienen presencia permanente en la zona fronteriza con Colombia y Perú.
Antes, los Comandos de Frontera se conocían como “La Mafia” o “Sinaloa”, pero al denominarse Comandos Bolivarianos de Frontera se dedicaron casi exclusivamente al narcotráfico y buscaron una alianza con otra franquicia disidente de las Farc: la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, exjefe negociador del Acuerdo de Paz.
En Puerto Leguízamo, los dos grupos combaten entre los ríos Caquetá y Putumayo. Los lugareños suelen escuchar las balaceras. El miedo se instala entre la población cuando comisiones armadas pasan por el río, y las comunidades no saben si desembarcarán o seguirán su camino.
“Dos en esta casa no puedan vivir”, dice un líder indígena oriundo del río Caquetá. No es únicamente una disputa por los territorios de cultivo de la coca, sus derivados y el tránsito hacia los compradores en Ecuador y Brasil; sino también por el control social de las comunidades y la legitimidad política que buscan. Ambos grupos armados se encuentran en conversaciones con el gobierno de Petro para participar en la ‘Paz Total’ mientras continúan sus guerras.
Coca y deforestación: los impactos llegan a Perú
“Siempre ha habido sembríos. ¿De qué se va a vivir si nadie nos compra nada. Vienen los colochos [colombianos], pagan bien, y con el hambre no se espera”, dice un líder indígena del Putumayo peruano que prefiere no ser identificado. Él asegura que los grupos combaten en el lado colombiano, no al otro lado de la frontera. En 2019 y 2020 recuerda que varios colombianos aparecieron muertos en Perú, tal vez por ajustes de cuentas.
La producción de pasta base tiene un arraigo de décadas en la zona. Un informe del Congreso peruano de 2003 ya se refería a la “fronterización de la coca”, y señalaba a Putumayo como una de las zonas de expansión de este cultivo desde 1990, aunque los cultivos ya existían desde 1984. En 2021 el Putumayo peruano registró un incremento de 37 por ciento en las áreas cultivadas: de 1.597 hectáreas en 2020 a 2.193, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Aún con ese incremento, de acuerdo a esta fuente oficial, el Putumayo representa poco más del 2,7 por ciento de las áreas de coca sembradas en Perú.
“El negocio se puso berraco en mi tierra. Entre los paras y la fumigada, qué se podía hacer. Entonces, con mi vieja nos vinimos pal Perú. Uno hace sus negocitos, se hace platica, no se mete uno con nadie. Si hay algún problema, sabe con quien quejarse”, dice Gustavito*, un colombiano que lleva 20 años en El Estrecho, capital de la provincia peruana de Putumayo, punto de tránsito para todos los negocios legales e ilegales. Gustavito llegó desde La Chorrera, en Colombia, a finales de los 90. La mayoría de los negocios en El Estrecho son de colombianos. Aún así, todos se quejan por la falta de trabajo y la miseria del pueblo.
El consumo de cerveza y los alojamientos son principalmente propiedad de colombianos que se han establecido en suelo peruano. Todos dicen ser comerciantes y forman una comunidad unida. Para ellos, El Estrecho es un pueblo tranquilo, ideal para descansar. Los indígenas que viven en el pueblo no dejan de verlos con desconfianza, pero las preguntas sobre El Estrecho siempre tienen la misma respuesta. “Acá todo siempre es tranquilo”, repiten.
Pero entrando en confianza se conoce la realidad. “Los disidentes (de las Farc), los Sinaloas, esos vienen cada tantas noches. A consumir, a bailar, a buscar a las chicas. La Policía y la Marina saben, pero no se quieren meter”, cuenta Allison*, sentada en su pequeño puesto de comida. Los nombres de estos visitantes son confusos para mucha gente. Nadie quiere preguntas en El Estrecho.
“Abrir un bar acá sería un buen negocio”, dice Gustavito. El consumo calculado de cerveza colombiana en El Estrecho, el pueblo que dice vivir en la miseria, supera los 480.000 soles al mes, unos 125.000 dólares. Los negocios se sostienen con las compras de los visitantes, quienes a su vez se lucran con la pobreza de la gente, la contaminación por la minería y la deforestación.
El impacto de la tala en el Putumayo peruano, según el portal oficial GeoBosques, fue de 16.061 hectáreas en los últimos 21 años. Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en Colombia, la deforestación empezó a dispararse del lado peruano.
El sistema de información de lucha contra las drogas (SISCOD), que forma parte de DEVIDA, reporta la evolución del narcotráfico en la zona, que coincide con el crecimiento de la deforestación del lado peruano. La expansión de los cultivos está relacionada con la deforestación y el incremento de cultivos en el Putumayo de ese país. El Observatorio Peruano de Drogas muestra la misma información.
Una sustitución fallida.
Mientras la decepción con los proyectos del PNIS crecía en Colombia, muchos agricultores locales se enfrentaban a la realidad: la coca es la única economía viable en la región. En 2016, el Putumayo colombiano contaba con 25.162 hectáreas; en 2021 se midieron 28.205 en el departamento. Pero los cultivos no solo crecieron del lado colombiano. Justamente es en la amazonía peruana, donde ha aumentado la cantidad de cultivos de coca y la deforestación a partir de la firma de paz en Colombia. Varios cocaleros que participaron en el PNIS volvieron a sembrar al lado peruano de los ríos fronterizos.
“Las canchas de coca en Perú son hijodeputamente grandes”, dice un caqueteño, dueño de una plantación de coca y exsoldado del ejército colombiano. Antes de la pandemia compró 10 hectáreas al lado peruano del río Putumayo para sembrar coca en el mercado negro de tierras, y ahora lo está vendiendo a 100 millones.
Un representante de COCCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana, quien vivió en Puerto Leguízamo, salió desplazado luego de varias amenazas y un atentado. Como firmante del PNIS no recibió los incentivos prometidos tras erradicar sus cuatro hectáreas de coca. “Esto fue un incumplimiento total”, dijo. Muchos de los otros signatarios del PNIS en Puerto Leguízamo cruzaron el río. “El tema en Perú es que en gran parte limita con nuestro país, especialmente en frontera con [Puerto] Leguízamo, y allá el tema del ejército y orden público se presta más para trabajar con estos cultivos”, explica.
“La zona es muy tranquila para ellos”, dijo un funcionario en Puerto Leguízamo. “La ley peruana no les persigue”. La región del Alto Putumayo en Perú está menos poblada y hay menos control de las autoridades. En el Putumayo colombiano se erradicaron 16.190 hectáreas de cultivos de coca entre 2016 y diciembre de 2022, según datos proporcionados por la Brigada de Selva Nº27.
Con el aumento de los cultivos, una parte de los Comandos de Frontera también migró al otro lado. El grupo incentivó a los cocaleros colombianos a aumentar sus fincas en Perú. Según el representante de la COCCAM, el repunte de la coca en Perú durante la expansión de los grupos armados colombianos al otro lado de la frontera no es una coincidencia. “Los grupos ilegales se aprovechan de familias que no tienen un sustento (…) Se les llevan a sembrar allá”, dice.
Los miembros de las comunidades indígenas de Perú también han sido atraídos por la economía de la coca. Algunos profesores peruanos cuentan que los alumnos dejan las escuelas para trabajar con la hoja. “Luego regresan con celulares, se vuelven borrachos y algunos ya vienen enviciados, porque parece que les dan droga también (…). Los ves como loquitos buscando esa cochinada”.
“Nosotros condenamos a los ilegales, pero qué podemos hacer cuando los hermanos ya se han comprometido con los delincuentes”, dice un dirigente indígena en la Amazonía peruana. “Los más jóvenes quieren entrar al negocio. Los jalan para raspachines, para trabajar con la madera. Buena plata dicen que ganan, pero algunos solo se van y nunca regresan”, dice otro líder local.
Los cocaleros, mayormente colombianos, usan a los Comandos de Frontera como un banco que da créditos y les dicen “la empresa”. “Yo le doy a usted cinco millones, y cuando usted empieza a producir estos cinco millones de pesos, me va a pagar en pasta base de coca. Así funciona muchas veces el negocio”, dice un raspachín de Puerto Leguízamo.
En la zona de Pacora, terreno de juego de los Comandos de Frontera en Perú, se ha visto un crecimiento enorme de la siembra. “Esa es la zona donde hay la mayor cantidad de cultivos ilícitos,” dice el raspachín de Puerto Leguízamo. “En Pacora es fácil sobornar a las autoridades indígenas y a la fuerza pública peruana”, agrega un líder indígena colombiano.
Los datos oficiales de Perú muestran cómo gran parte de la producción cocalera del Putumayo viene ahora de territorios comunales. Desde hace algún tiempo las estadísticas de narcotráfico en Perú están en entredicho; y se ha creado una comisión especial del Congreso para buscar las verdaderas cifras, pero los datos disponibles son bastante claros.
Hablan los expertos
El “efecto globo”, el desplazamiento de los cultivos, a veces a través de las fronteras como consecuencia de la coyuntura política, no es nuevo, según Pedro Arenas, investigador de la Corporación Viso Mutop, una organización que monitorea políticas de drogas para la Amazonía. “Se registra desde los años 90. Los cultivos han ido o han regresado, según las políticas de persecución de cada país”, comenta sobre el caso colombo-peruano.
Para reformar las políticas de drogas a nivel regional, el enfoque ambiental es fundamental, según el investigador. Arenas dice que una de las plataformas podría ser el Parlamento Amazónico, instancia que convoca a Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela. Cuando se trata de Estados Unidos, dice, han militarizado la agenda ambiental. “Lo que creemos es que los Estados Unidos debería apoyar nuevas leyes de drogas en las Américas basadas en derechos humanos, acceso a la salud y promoción del desarrollo”, opina.
En Perú, Rubén Vargas, analista experto en narcotráfico y exdirector ejecutivo de DEVIDA, dice que el crecimiento del narcotráfico en Putumayo responde principalmente a factores exógenos. “El crecimiento de los grupos armados organizados residuales, las antiguas Farc y su control de esa zona fronteriza, así como la enorme demanda del mercado brasileño, son los mayores factores que determinan el crecimiento del narcotráfico en el Putumayo. Las distancias y los retos operativos para erradicar en esa zona dificultan las acciones del Estado”, señala.
Por su parte, Álvaro Pastor, investigador en narcotráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala lo evidente: “Para que existan actividades ilegales, como el tráfico de drogas, se requiere algún mínimo de conexión con actores estatales”.
En plena navidad de 2022, un año después de la masacre de Bellavista, no se ha hecho justicia y el peligro continúa. A fines de agosto, la comunidad fue amenazada con un desplazamiento colectivo cuando los enfrentamientos entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera eran inminentes. Entonces dejaron una nota en la comunidad: “Le informamos que, como comunidad deben desocupar el territorio por Max ocho días. Por su bien (sic)”.
La comunidad no salió, pero sabe que corre riesgos. “Ese es el temor que tenemos, que de pronto vuelve a incursionar este grupo y volvamos a vivir lo que vivimos”, dice un indígena. Mientras tanto, en El Estrecho, las respuestas cotidianas de la gente no cambian: “Acá todo está tranquilo”, dicen. Pero el silencio, el temor y la necesidad hablan por sí mismas.
 
 
 
 
 
¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL POLICÍA SANTIAGO PACO, QUIEN HUYÓ A BOLIVIA Y HOY ESTÁ EN JUICIO POR SUS CRÍMENES?
 
En febrero del 2021, la Policía buscaba en un hoyo de más de 80 metros de profundidad pistas sobre uno de los crímenes de Paco, pero descubrieron que estaba implicado en más casos. Se trata de un hecho que estremeció a toda Tacna.
 
La República de Perú (https://bit.ly/3Wv3sUm)
 
Santiago Paco Mamani tenía apenas 24 años cuando a fines del 2020 su nombre se hizo conocido en toda Tacna. Se le vinculaba con la desaparición de la Judith Machaca (20). Él lo negaba, pero, en poder de su esposa, la Policía Nacional halló el celular de la mujer intensamente buscada por su familia. Paco Mamani tenía mucho más que esconder; sin embargo, antes de verse descubierto, se dio a la fuga.
El 28 de noviembre del 2020, Judith Machaca fue vista por última vez. La madre de la joven, Susana Cauna, ante los medios de comunicación denunciaba que la PNP era indiferente a su caso, fue entonces que la Multisectorial de Mujeres de Tacna le dio su apoyo. Poco después, ante la presión, las indagaciones tomaron más fuerza y permitieron determinar que la noche de su desaparición, Judith abordó el vehículo del policía Paco Mamani.
El Ministerio Público encontró una serie de pruebas que apuntaban a que Paco Mamani y su esposa estaban involucrados; no obstante, el último día del 2020, tras un pedido de prisión preventiva, el Poder Judicial ordenó liberar al acusado y aceptó encarcelar a la mujer, quien tenía en su poder el teléfono móvil de Judith.
¿Dónde está Judith Machaca?
Las investigaciones continuaban, pero Judith Machaca no aparecía. En Tacna había indignación por la liberación de Santiago Paco. Luego, otro juez ordenó su captura e internamiento en un penal; pero, para entonces, el agente policial había huido. Las conjeturas apuntaban a que se marchó a Bolivia. En tanto, ya no solo su esposa estaba bajo sospecha, ahora también sus padres.
Corría el mes de enero del 2021 y la búsqueda se trasladó a los terrenos de la familia de Santiago Paco, en La Yarada-Los Palos. Una amplia zona registraba tierra removida. Los vecinos señalaron que días antes escucharon una explosión. Los detectives tomaron esto como el hilo conductor hacia su objetivo: hallar a Judith.
La tarea no fue nada fácil y tomó muchos días. Recién a comienzos del segundo mes del año y luego de contar con maquinaria especial que arribó a Tacna con el único objetivo de remover la tierra que cubría un pozo de más de 80 metros de profundidad, finalmente el 9 de febrero del 2021 encontraron el cuerpo de la joven desaparecida.
Pero había más. Todos los policías, detectives, peritos, la Fiscalía y los familiares de Judith quedaron sorprendidos cuando se daban cuenta de que en aquel profundo pozo yacía el cuerpo de otra persona. Las indagaciones posteriores y los estudios determinaron que la víctima era Noemí, una adolescente de 15 años, no habida meses atrás y cuya desaparición pasó por agua tibia. Así como en un comienzo la PNP no tomó importancia en el caso de Judith, lo mismo sucedió con Noemí, comentaría su familia a los medios de comunicación.
¿Dónde está Santiago Paco?
Los crímenes de Santiago Paco comenzaban a salir a la luz y el agente simplemente había desaparecido sin dejar rastro. El hecho estalló en Tacna y fue necesaria la llegada de un equipo especial para las investigaciones sobre todo lo que ocurría realmente con la Policía. Todo esto luego de que Paco, desde la clandestinidad, acusara de que en la institución funcionaba una red de trata de mujeres. Incluso, dio nombres.
Después de casi un año, el escurridizo Santiago Paco fue detenido en Bolivia el 4 de noviembre del 2021. A su arribo a Tacna, dijo ser el responsable de los crímenes de Judith y Noemí, pero no quiso pronunciarse sobre la presunta red de trata de mujeres presente en la Policía.
Actualmente, el crimen de Judith se encuentra en juicio y Paco está en el banquillo de los acusados. Se espera que en las próximas semanas se conozca la sentencia.
Canales de ayuda
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
 
 
 
 
 
SEVILLA Y BOLIVIA, DE LA MANO
 
Mucho Deporte de España (https://bit.ly/3VwZsBC)
 
La firma de ingeniería sevillana Grupo Argenia ha sacado adelante una de las mayores obras de ingeniería de los últimos años en La Paz (Bolivia), el nuevo estadio del FC Bolívar, que ha desarrollado junto a L35 Architects, el equipo que ha remodelado el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
En un comunicado, la empresa sevillana ha detallado que el estadio boliviano es uno de sus últimos trabajos, con una inversión de 35 millones de euros para sacar adelante un recinto con capacidad para 20.000 espectadores, que se espera inaugurar el 12 de abril de 2025, coincidiendo con el aniversario del club boliviano.
La firma sevillana cumple 20 años de vida en plena expansión internacional, con proyectos destacados en países como Bolivia, El Salvador, Perú, Georgia, entre otros, y con la meta puesta en potenciar esa labor para conseguir que el 50 % de su facturación privada sea internacional en 2023.
Argenia es el resultado de la voluntad emprendedora de dos estudiantes recién salidos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, José Malavé y José Antonio Morales, CEO y socio de la firma, respectivamente, quienes hace ahora 20 años pusieron en marcha un pequeño estudio de ingeniería.
Grupo Argenia comenzará 2023 con el nuevo Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla, para el que trabajan más de 400 investigadores de 30 nacionalidades, junto al estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG).
Argenia, que cuenta con sedes en Lima desde 2012 y en Madrid desde 2018, ha trabajado en proyectos a nivel nacional con firmas como McDonald’s, Volkswagen, Audi, Carrefour o Plenoil, entre otras; así como en proyectos industriales y logísticos para multinacionales como Rioglass, Oromas, Coca-Cola, DHL, Sandfire, Schott Solar, Crown Cork, Aerotecnic o AQ Acentor.