Wednesday, August 04, 2021

CONTUNDENTE MENSAJE DE LULA DA SILVA A DANIEL ORTEGA: “SI UN GOBERNANTE COMIENZA A CREERSE IMPRESCINDIBLE SURGE UN POCO DE DICTADURA EN ESE PAÍS”

Crece la condena internacional al régimen de Daniel Ortega en medio de la brutal persecución contra la oposición de cara a las elecciones convocadas para el próximo 7 de noviembre. En las últimas horas quien envió un contundente mensaje al dictador nicaragüense fue el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, uno de los referentes de la izquierda latinoamericana.
“Toda vez que un gobernante se empieza a creer insustituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país (…). Cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos transformando en dictadores”, opinó el ex mandatario, durante una entrevista con la periodista mexicana Sabina Berman en la que habló de la región y se refirió puntualmente al caso de Nicaragua.
Si bien opinó que Ortega fue un gran presidente “en el comienzo inmediato de la Revolución Sandinista”, Lula dijo que hace diez años no tiene contactos con Nicaragua: “No sé muy bien lo que está sucediendo, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.
Ante la crisis que atraviesa el país centroamericano, el ex presidente brasileño le dio un consejo al dictador nicaragüense: “Si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente, no abandone a la democracia. No abandone defender la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de los medios de comunicación, porque eso es lo que fortalece a la democracia”.
“Para que un metalúrgico como yo llegue a la presidencia, para que un indio como Evo Morales llegue a la presidencia de Bolivia, sólo puede suceder a través de un régimen democrático. Permitir que el pueblo avance en términos de conciencia es lo que elige a la gente, que fue lo que pasó con el compañero López Obrador, quien luchó mucho para llegar a la presidencia”, añadió.
En esa línea, consideró importante que Nicaragua tenga “una alternancia en el gobierno”: “La democracia permite alternancia en el poder; permite inclusive desde el punto de vista de las clases sociales pueda existir un relevo en el poder”.
Recordó que durante su mando, en el año 2010, su gestión contaba con un 87% de aprobación en las encuestas. Pese a esto, no buscó un nuevo mandato: “Mucha gente quería que yo tuviera un tercer mandato, yo no acepté un tercer mandato porque soy ampliamente favorable a la alternancia en el poder, para que la sociedad vaya perfeccionando su participación democrática, a veces se equivoca, a veces tiene éxito…”.
Este lunes, tras encarcelar a decenas de opositores, Ortega confirmó que irá por su tercera reelección en Nicaragua
El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) de Nicaragua aprobó por unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Ortega, para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El dictador nicaragüense, de 75 años, y quien gobierna el país desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas que la oposición calificó de “fraudulentas”, buscará asentarse en el poder hasta 2027, junto con Murillo, de 70 años, y quien lo compaña en la vicepresidencia desde 2017.
La candidatura a la reelección de Ortega y Murillo fue lanzada luego de que la policía del régimen arrestara a siete aspirantes a la presidencia de la oposición, entre ellos Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien figuraba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega.
Los otros precandidatos detenidos por la dictadura son Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.
En el marco de la brutal persecución contra la oposición, el régimen sandinista encarceló a cerca de 30 personas en los últimos meses.
La comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a la cabeza, repudió la persecución contra la oposición y exigió a la dictadura de Ortega condiciones para la celebración de unos comicios libres y transparentes.
Este lunes la Unión Europea impuso sanciones a ocho allegados de Ortega. Según indicó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, esa acción de la UE muestra que existe “inquietud” por los comicios de noviembre.
Además de Murillo y uno de sus hijos, la UE sancionó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; al titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; a la fiscal general, Ana Julia Guido; al asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce; y a los jefes de alto rango de la Policía Nacional Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.
Pero nada detiene las aspiraciones de Ortega de perpetuarse en el poder. La semana pasada incluso cerró las puertas a cualquier negociación para lograr elecciones libres en el país: “Frente al imperio no hay espacio alguno de negociación y de entendimiento, los que se hacen ilusiones sencillamente se están olvidando de la propia historia de su pueblo que han sufrido las más brutales agresiones y humillaciones del imperio”. Infobae de Argentina (https://bit.ly/3jpi31e)
 
 
 
 
 
BOLSONARO, OTRO LÍDER QUE SE SUMA A LA ESTRATEGIA DEL "FRAUDE ELECTORAL" MIENTRAS CAE EN LAS ENCUESTAS ANTE LULA
 
El Diario de España (https://bit.ly/37k0eLw)
 
No hay lugar para una elección competitiva si no existe la posibilidad de una derrota. Jair Bolsonaro se resiste a la idea de un posible revés electoral en las presidenciales del año que viene. Para intentar cambiar las tendencias que marcan las encuestas, que ubican al expresidente Lula da Silva 30 puntos por encima, el presidente avanza con una estrategia de denuncia sin pruebas sobre un supuesto "fraude" coordinado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Por esa razón, el TSE de Brasil abrió este lunes una investigación administrativa contra el presidente por su campaña de difamación contra el sistema electrónico de votación, instaurado hace dos décadas, y pidió a la Corte Suprema que lo incluya en otro proceso sobre la diseminación de noticias falsas. Por su parte, Bolsonaro reaccionó declarando que no acepta "intimidaciones".
"Esta es una elección que Bolsonaro no puede perder. Prefiere provocar caos para continuar en el gobierno y evitar terminar preso", dice a elDiario.es George Avelino Filho, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford y profesor en la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo.
La estrategia incluye instalar la amenaza del fraude electoral en base a una supuesta falta de confianza en el voto electrónico que el país adoptó en 1996. El presidente brasileño busca recuperar el voto en papel mediante una enmienda constitucional que está en trámite en el Congreso, en la cual propone que para las presidenciales de 2022 se incorpore, en paralelo al voto electrónico, el antiguo sistema de papeletas, que considera el único "realmente auditable".
Para los especialistas, este argumento no tiene ningún tipo de fundamento. El modo en que Bolsonaro acusa de mal funcionamiento a las máquinas de votación electrónica no solo busca deslegitimar el proceso electoral, sino también aumentar la desconfianza en la democracia.
Claudio Goncalves Couto, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo y coordinador del máster en Políticas Públicas de la Fundación Getulio Vargas, explica a este medio que "el sistema electoral brasileño no tiene ningún tipo de problema estructural que justifique los ataques de Bolsonaro. Lo que quiere hacer es desacreditar las instituciones de la democracia brasileña. No solo el proceso electoral".
La amenaza de fraude como estrategia electoral
Bolsonaro dice que las máquinas de votación electrónica no son fiables. "Esto es inapropiado dado que ya se han realizado una serie de pruebas con estas urnas, realizadas por diversos partidos políticos y sus técnicos, sin que jamás se haya evidenciado ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces Bolsonaro lucha contra un fantasma, un espantapájaros que simplemente no tiene fundamento en la realidad", dice Claudio Goncalves Couto.
Pero esto no es nuevo. Ya como diputado, en la década de los 90, denunciaba una estafa electoral en su contra. "Bolsonaro está jugando estratégicamente una posición que el ya tenía. No la inventó ahora", explica Avelino Filho.
Permanecer en el poder es su meta más urgente, pero no la única. Lo que más preocupa al presidente es la posibilidad de que avance una investigación en su contra.
Para Avelino Filho, "Bolsonaro está en una situación en la que no puede perder una elección. Si pierde, será inmediatamente procesado sea por la inmensa cantidad de muertos que ha dejando la administración de la pandemia o su implicación en otros casos de corrupción como en la compra de las vacunas".
Pero además, puede ser leído como un manotazo de ahogado en un momento de extrema soledad política en el que necesita con urgencia el sello político de un partido para presentarse como candidato, algo que por ahora no tiene.
La desconfianza electoral como problema regional
Esta estrategia electoral no puede entenderse sin el factor Trump. "La postura de Bolsonaro es la misma, es destructiva y piensa vender cara su derrota. Si existe la posibilidad de que termine en la cárcel, antes generará un caos total", explica Avelino Filho.
Pero la desconfianza en los sistemas electorales tampoco es solo una estrategia del expresidente republicano. El descrédito en la votación se ha vuelto una práctica cada vez más habitual en América Latina. Lo vimos en Perú con las denuncias de Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, las elecciones de 2019 en Bolivia que terminaron con renuncia por la fuerza del presidente Evo Morales y hasta las acusaciones de López Obrador a las autoridades electorales por la baja participación del plebiscito del domingo.
La información como respuesta
Para los especialistas, la mejor manera de debilitar esta posición es dar el debate con argumentos en el espacio público. "Hay que demostrar con evidencia que el sistema actual es fiable y no tiene vulnerabilidad demostrable. Las autoridades públicas, ya sea del poder legislativo o judicial, pueden demostrar que el sistema de votación electrónica en Brasil no permitirá ningún tipo de fraude", sostiene Goncalves Couto.
Las autoridades de Justicia Electoral ya lo han hecho. El seguimiento en tiempo real por parte del TSE a las declaraciones que Bolsonaro hacía en un vivo en redes sociales "resultó una herramienta muy útil para que la propia prensa difunda lo que realmente es cierto sobre las urnas y así contradecir al presidente y demostrar que el fraude es en realidad lo que él busca", explica Cuoto.
Para Avelino Filho, si Bolsonaro instala la creencia de una falta de credibilidad en las elecciones, "esa sospecha es acumulada con otras como que en la política son todos ladrones, son todos corruptos y ese escenario de desprestigio de la política le termina por beneficiar".
Pocas posibilidades de impeachment
Las posibilidades de que avance un proceso de juicio político contra Bolsonaro, según los especialistas, son pocas. Cuando más se aproximan las elecciones, existen menos posibilidades de que avance el impeachment.
Primero, porque los políticos no quieren que el debate público este dominado por este tema. En segundo lugar, porque esta situación podría ser utilizada por Bolsonaro para construir la narrativa de victimización.
La combinación para que un impeachment avance es crisis económica, algún escándalo político que pueda ser utilizado como gatillo para manifestaciones, la baja aprobación y la retirada del apoyo por parte del vicepresidente. Bolsonaro todavía conserva el respaldo de un cuarto del total del electorado y también el respaldo político del vicepresidente, Hamilton Mourao.
 
 
 
 
 
ARMAS A BOLIVIA: EL FISCAL NAVAS SOLICITÓ COOPERACIÓN AL GOBIERNO DE LUIS ARCE
 
Perfil de Argentina (https://bit.ly/3ipjnlI)
 
Ala espera de que se defina quién será el juez en la causa por el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales durante el gobierno de Mauricio Macri, ayer arribó a La Paz un pedido del fiscal Claudio Navas al gobierno de Luis Arce para que autorice el traspaso formal de información de forma tal de acceder a documentación de las dependencias oficiales de aquel país durante su investigación por presunto contrabando. Además, desde la misión diplomática argentina ya enviaron el grueso de la documentación hallada allí que apuntala la denuncia que formuló a mediados de julio el Gobierno nacional y arribará al país en los próximos días.
El pedido formal de cooperación del fiscal Navas al gobierno boliviano se basa en la ley 26.004 que aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002. La norma fue sancionada el 16 de diciembre de 2004 y promulgada, de hecho, el 10 de enero del año siguiente.
El objetivo es acelerar los tiempos del acceso a pruebas documentales y registros que forman parte de la administración pública boliviana. En concreto, la atención del fiscal se dirige hacia las dependencias que puedan haber tenido algún tipo de participación en la maniobra de presunto contrabando de armas, como la cartera de Defensa, la Cancillería, la de Gobierno e Interior. Lo que se busca son evidencias que prueben la participación de ex funcionarios de la gestión de facto de Jeanine Añez y que den cuenta de un delito desde la Argentina, durante el final de la gestión de Mauricio Macri. Eventualmente, podrían ser citados también a declarar en este país, si avanza el expediente.
La carta del fiscal Navas fue transmitida a través de los canales diplomáticos y, a lo largo de hoy miércoles, será entregada al gobierno de Bolivia. En simultáneo, ayer se transfirió por correo diplomático el grueso de las evidencias que formaron parte de la denuncia del Gobierno nacional y que habían sido detectadas en la embajada, como la carta dirigida al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Una parte de ese material solicitado por la Justicia argentina ya había arribado el lunes. Lo restante llegará hacia fines de esta semana o principios de la otra.
La reducción de vuelos, producto de la pandemia, es un factor que alarga los tiempos de acceso a esas documentaciones ya que las conexiones aéreas con Bolivia son limitadas. Además de los trámites burocráticos que implica el envío y recepción de material por vías diplomáticas, a través de la Cancillería. De hecho, todos los registros y documentos a los que pueda acceder eventualmente el fiscal Navas a partir del acuerdo con Bolivia se tramitará por estos canales con los plazos consiguientes.
Se esperan, además, novedades respecto de la tercera prueba que el gobierno boliviano anunció el viernes pasado y que se trataría de un remito de recepción del material enviado desde la Argentina y recibido por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Hoy el embajador argentino en La Paz se reunirá con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a fin de acceder a este documento así como, hace dos semanas, supervisó parte del material hallado en los depósitos de la Policía boliviana con el sello de Fabricaciones Militares.
Según lo que el propio funcionario boliviano reportó, en línea con lo que se conoce hasta ahora, hubo una carga autorizada en el Hércules C130 que aterrizó en El Alto el 13 de noviembre de 2019 proveniente de El Palomar consignada en 27 ítems. Luego, existen otros seis que no figuran en ningún manifiesto y que se corresponden con los listados en la carta que lleva la firma del ex jefe de la FAB, Jorge Terceros Lara –y que él niega–, dirigida al ex embajador argentino Normando Álvarez García. Se trata de las 70 mil postas de goma y los gases y spray lacrimógenos.
Según Novillo, “hay un informe de un suboficial que sí firma (e indica) que él fue el encargado de la recepción y haber recibido estos seis ítems que se describen en la carta. Lo sorprendente de esto, es que no existen registros de ingreso desde la Argentina hacia Bolivia de manera regular, sino están fuera de los 27 items”. El militar habría reconocido, en un sumario interno, su firma en el documento en cuestión. No obstante ello, todavía no se encontraron restos de ese material, si bien no descartan que pueda suceder, como ocurrió con la Policía.
De momento, la investigación por la causa por el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado avanza por canales paralelos en ambos lados de la frontera aunque pronto podrían cruzarse a partir del intercambio de documentos. En Argentina, donde el expediente sigue la figura del presunto contrabando, resta definir qué juzgado se quedará a cargo a lo largo de esta semana mientras que en La Paz, donde la Justicia persigue la aparente comisión de un delito de responsabilidad mayor, el tráfico ilegal, recién esta semana volvió a acelerar tras el fin de la feria judicial.
En la capital boliviana, quien se encuentra a cargo de la investigación es el fiscal general del departamento. De momento, la carga de responsabilidad se focaliza más en la pata local que en la argentina, salvo por la imputación al ex embajador Álvarez García. No se descarta que, conforme avance la investigación, la mirada pueda ampliarse hacia otros funcionarios de la embajada argentina, como el ex agregado militar en la embajada y jefe de la Misión Naval argentina en Bolivia, Miguel Alonso.
Mientras tanto, en Argentina, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart declinó el lunes su competencia en favor del juzgado que conduce el juez Alejandro Catania, donde se radicó la primera de las denuncias sobre el caso. López Biscayart había levantado el párate de la feria para iniciar los primeros pedidos de documentación. Esa primera denuncia estuvo a cargo del ex camarista Eduardo Freiler mientras que la segunda se correspondió con la del Gobierno nacional, encabezada por la cartera de Justicia, Seguridad y la AFIP.
 
 
 
 
 
EL ROL CLAVE DE MARCOS PEÑA EN EL ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA
 
Una resolución del 2019 certifica que Patricia Bullrich le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura del Gabinete, a cargo de Fulvio Pompeo.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/2VxuIXB)
 
La Jefatura de Gabinete, que estaba a cargo de Marcos Peña, también fue parte del procedimiento por el cual el gobierno de Mauricio Macri terminó enviando municiones para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich le informó de la partida de los gendarmes y tramitó viáticos con la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dependía de Peña, quien hasta el momento no está involucrado en la causa que se desarrolla en el fuero penal económico y que tiene al propio Macri entre los imputados.
Bullrich autorizó el 15 de noviembre de 2019 la partida del primer contingente de gendarmes del grupo “Alacrán” a Bolivia, tal como informó Página/12. Si bien la autorización se firmó ese día, los gendarmes partieron tres días antes a bordo de un Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Pese al desacople entre la salida efectiva de los gendarmes y la firma de la resolución, hay un dato fundamental en ese documento: es la prueba de que también tuvo participación en todo el procedimiento la Jefatura de Gabinete, que Marcos Peña manejaba con mano de hierro.
Según la resolución, revelada por el programa Conflicto de Intereses de C5N, Bullrich le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, que estaba en manos de Fulvio Pompeo. Lo hizo invocando la resolución administrativa 1067 de septiembre de 2016, que establecía el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes para el personal de la Administración Pública Nacional. En su artículo sexto, la resolución establecía que las salidas de agentes estatales debía ser comunicada con anterioridad a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este documento es parte de la documentación ofrecida a la justicia por el gobierno.
Sería curioso que Pompeo no haya reparado en la salida de los gendarmes. Pompeo es uno de los expertos del macrismo en la cuestión internacional y, de hecho, es actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. En 2018, Macri lo hizo calzarse el traje de asesor nacional en materia de seguridad y lo puso al frente de una mesa en la que se sentaban Bullrich, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, el entonces canciller Jorge Faurie y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
Además, el propio Pompeo había seguido bien de cerca el tema Bolivia, incluso lo exteriorizó más en las redes sociales que Faurie. El 26 de marzo de 2019, Pompeo recibió en la Casa Rosada a Oscar Ortiz Antelo, un empresario boliviano devenido senador por el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una vez derrocado Morales, Ortiz Antelo fue el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la dictadura de Jeanine Añez. También llegó a ocupar por poco más de dos meses el ministerio de economía del régimen de facto.
Pompeo fue también de la partida cuando Evo visitó el país en abril de 2019 y lo invitaron a recorrer Campo de Mayo. En esa ocasión, estuvieron también Faurie y Aguad. El 20 de mayo de ese año, Pompeo se sentó a la mesa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, Peña y Macri para tratar dos cuestiones: Venezuela y Bolivia. Almagro jugaría un rol clave en el proceso de desestabilización que precedió al golpe contra Morales en noviembre de 2019, cuando Argentina mandó los gendarmes y las municiones que quedaron en manos de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia.
Pompeo fue denunciado por el excamarista Eduardo Freiler por el envío de municiones a Bolivia, pero, por el momento, no fue implicado en el caso por el gobierno nacional. Este lunes, como informó Página/12, el juez Javier López Biscayart, que instruye la denuncia del gobierno, se declaró incompetente y envió el expediente a su colega Alejandro Catania, que es quien recibió la primera denuncia: la de Freiler. Catania está de licencia y se reincorporará la semana próxima a los tribunales. Allí deberá decidir si acepta la causa o si la rechaza. En tal caso, la definición quedaría en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
En el gobierno no descartan futuras ampliaciones de la denuncia, sobre todo si aparecen más informaciones desde Bolivia, como todo parecería indicar que será. Hasta el momento los imputados son Macri, Bullrich, Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, un funcionario de extrema confianza de Bullrich. Hay otros tres integrantes de esa fuerza de seguridad que fueron imputados por el fiscal Claudio Navas Rial: el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba, quien fue señalado como la persona que recibió el cargamento el 13 de noviembre de 2019. Según la documentación hallada en el Estado Plurinacional, ese mismo día se repartieron las 70.000 balas antitumulto que salieron como “complemento” del armamento de los alacranes.
 
 
 
 
 
DETRÁS DE ESCENA DETRÁS DEL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
 
Jacobin de Brasil (https://bit.ly/3innXAF)
 
Según el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter, los gobiernos de Brasil y Chile pueden haber estado involucrados en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que tuvieron lugar en el país tras la renuncia de Evo Morales en 2019. Richter, sin dar más detalles, dijo. que ahora se investigará una posible colaboración internacional.
 El anuncio de Richter se produjo después de que el gobierno boliviano denunciara la participación del expresidente argentino Mauricio Macri en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces reelegido presidente boliviano Evo Morales. El canciller boliviano, Rogelio Mayta, reveló documentos que prueban el envío de municiones desde Argentina, así como el de su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno, que fue utilizado por fuerzas policiales bolivianas para reprimir protestas populares contra el gobierno golpista de Jeanine Áñez.
 El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, anunció la propuesta de crear una comisión de investigación para investigar no solo las acusaciones contra Macri, sino también la posibilidad de que otros gobiernos hayan colaborado con los golpistas.
Mamani no ocultó qué gobiernos serán investigados: Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile. Abiertamente hostiles a Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), los dos países mantuvieron una animosidad hacia el nuevo gobierno progresista de Luis Arce que ganó las últimas elecciones. En cambio, ambos apoyaron al gobierno de Jeanine Áñez, la presidenta “interina” que fue instalada por las Fuerzas Armadas tras el golpe de 2019.
El viceministro del Interior de Bolivia, Nelson Cox, afirmó que el Ejecutivo estudia la posibilidad de incoar procesos penales en el exterior contra "altas autoridades" de otros países y organismos internacionales por presunta participación en el golpe de 2019.
Bolsonaro y la derecha ruralista en Bolivia
La relación entre Bolsonaro y la extrema derecha boliviana es bastante extensa y los vínculos entre los fascistas brasileños y sus homólogos bolivianos son muy claros. Brasil fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta.
Otro factor clave es que uno de los principales opositores de Evo Morales, Branko Marinković, vivió en Brasil durante aproximadamente 10 años para no responder a los cargos de terrorismo que le pesaban en Bolivia, y en ese momento hizo “amistades poderosas” entre ellas el hijo de Bolsonaro, Eduardo. Bolsonaro.
La agroindustria croata-boliviana tiene una interesante historia de vida. La familia Marinković, originaria de la isla de Brač, emigró a la provincia boliviana de Santa Cruz a mediados de la década de 1950. Gracias a un exitoso negocio agrícola, entre otras cosas, la familia se ha convertido en una de las más ricas e influyentes de Bolivia.
La familia Marinković posee casi 40 millones de acres de tierra y tiene una participación en un banco local extremadamente importante, el Economic Bank. Branko es conocido como el rey de la soja y, a lo largo de los años, ha sido un feroz oponente de las políticas de nacionalización y la postura política del gobierno de Morales en relación con la distribución de la tierra. “La reforma agraria puede conducir a una guerra civil”, advirtió Marinković.
En agosto de 2020, Jeanine Áñez nombró a Branko Marinković como Ministro de Planificación. Sin embargo, el 28 de septiembre, los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo de Bolivia dejaron sus cargos luego de desacuerdos entre el ministro de Economía y el gobierno. El mismo día, Áñez nombró rápidamente reemplazos y Branko Marinkovic fue elegido para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Su antecesor, Óscar Ortiz, salió quejándose de que no había renunciado.
Apenas nueve días antes de las elecciones, en las que su gobierno tenía pocas o ninguna posibilidad de ganar legítimamente, Marinković acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 330 millones de dólares.
Apoyo diplomático
Otro gran amigo de la familia Bolsonaro es Luís Fernando Camacho, líder político de Santa Cruz de la Sierra, quien también expresó profunda admiración por el gobierno brasileño. En mayo de 2019, Camacho difundió un video en las redes sociales en el que afirmó haber pedido ayuda al excanciller brasileño Ernesto Araújo para consultar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la posibilidad de prevenir el intento de Morales de ganar un cuarto término. Camacho también dijo que se había reunido con Araújo solicitando al gobierno brasileño realizar una consulta con la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Morales.
Itamaraty informó que la audiencia, que se llevó a cabo el 2 de mayo, fue en realidad con la diputada Carla Zambelli, y que estuvo acompañada de Camacho y un grupo de parlamentarios que se reunieron con la canciller para “tratar temas de interés para las relaciones bilaterales”. Según Itamaraty, Camacho no tuvo ninguna reunión o conversación específica con el ministro.
El contacto entre Camacho y los aliados de Bolsonaro comenzó mucho antes. A fines de 2018, muchos líderes y empresarios latinoamericanos viajaron a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu para participar en una cumbre conservadora organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara. En la misma cumbre, Marinkovic pronunció un discurso en el que Eduardo Bolsonaro lo calificó como el “peor enemigo de Evo Morales”.
No podemos olvidar el caso de los sospechosos y repetidos vuelos del avión presidencial boliviano a Brasil, que, en un principio, el gobierno inconstitucional intentó desmentir. Sin embargo, datos de la empresa estadounidense de seguimiento de vuelos FlightAware, a los que accede el diario argentino Página / 12 , muestran que la aeronave se encontraba en Brasilia en las primeras horas del primer día del golpe, el 11 de noviembre de 2019.
Conspiración regional
El actual presidente argentino, Alberto Fernández, pidió disculpas al pueblo boliviano en nombre de su antecesor por enviar las armas. Las investigaciones argentinas muestran indicios de que el expresidente Mauricio Macri envió armas y municiones para reprimir a los partidarios de Evo Morales. El Ministerio Público de Argentina abrió una investigación formal para investigar el alcance de los delitos cometidos por el expresidente. Entre las autoridades a investigar por la acusación de injerencia internacional y envío de armas, así como el propio Macri y dos exministros: Patricia Bullrich, de Seguridad, y Oscar Aguad, de Defensa.
Según el diario argentino El Orsai , la estación de la CIA en La Paz instruyó al titular de la Agencia Argentina de Inteligencia (AFI) en Bolivia, José Sánchez, para apoyar la recolección de información sobre Evo Morales, su gobierno y aliados. todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para dar cumplimiento a esta orden, José Sánchez no solo utilizó a sus representantes en el país, sino que también solicitó el apoyo de representantes en Brasil, Colombia y Perú.
Documentos de la embajada argentina en La Paz muestran detalles de una reunión en julio de 2019, donde el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Kevin Michael O'Reilly, advirtió que Evo probablemente ganaría las elecciones presidenciales y preguntó a la Organización de las Américas. Estados (OEA), Unión Europea (UE), Brasil, Argentina y Perú para cuestionar la transparencia y legitimidad de las elecciones. Uno de los pasajes más interesantes del documento dice que el escenario político boliviano depende de lo que suceda en Venezuela, lo que aumenta la evidencia de un plan más amplio de desestabilización de la izquierda regional. También se analizaron los viajes de Evo Morales al exterior y O'Reilly destacó que existía preocupación por el creciente acercamiento entre Morales y el gobierno ruso.
Recientemente, Morales advirtió sobre la implementación de la nueva Operación Cóndor en América Latina. Al levantar movimientos sociales para luchar por la paz en defensa de la democracia y la soberanía, Morales rechazó los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos que “causan dolor a los pueblos latinoamericanos”.
Los temores de Morales se solidificaron aún más después de que el director de la CIA, William J. Burns, visitara Brasil y Colombia.
Preguntado sobre la visita, Bolsonaro dijo: “No voy a decir que esto fue manejado por él [Burns]”, y luego Bolsonaro comenzó a hablar sobre el escenario político en América del Sur. “Analizamos cómo van las cosas. En Venezuela la gente ya no soporta hablar, pero mira a Argentina. ¿A dónde va Chile? ¿Qué pasó en Bolivia? Regresó el grupo Evo Morales y más aún: el presidente que estaba allí con mandato tampón está en la cárcel, acusado de actos antidemocráticos. ¿Tiene algún parecido con Brasil? ”, Concluyó el angustiado presidente que corre la misma suerte en suelo brasileño.
Las estrategias de la Operación Cóndor, que funcionó en las décadas de 1960 y 1970 para implementar regímenes dictatoriales en América Latina con el apoyo de Estados Unidos, parecen dejar de funcionar en el siglo XXI, después de que la izquierda latinoamericana haya madurado y acumulado. O, al menos, no tiene la misma durabilidad y las dictaduras que alguna vez duraron décadas ahora duran solo unos pocos años, o meses, como es el caso de Bolivia.
 
 
 
 
 
OEA: EL DERRUMBE DEL MINISTERIO DE COLONIAS DE ESTADOS UNIDOS
 
Los presidentes de Argentina, México y Bolivia aseguraron que ese organismo “tal como está, no sirve” y llamaron a construir una alternativa. La entidad, que ya sufría un gran descrédito, terminó de hundirse con la nefasta conducción de Luis Almagro. Para entender qué es lo que sucede con este organismo, Contexto dialogó con el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi.
 
Diario Contexto de Argentina (https://bit.ly/37gQGko)
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) debería funcionar como un espacio de integración, mediación, resolución de los conflictos, defensa de las soberanías, respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos y defensa de los procesos democráticos pero, muy por el contrario, su rol ha sido el de la injerencia, la desestabilización de los procesos populares, la promoción de políticas intervencionistas y ha llegado al extremo de actuar como pieza fundamental en el golpe de Estado contra Evo Morales, en octubre de 2019.
La conducción del uruguayo Luis Almagro, caracterizada por el canciller de México, Macelo Ebrard, como la peor en la historia de esa organización, terminó de hundir a la OEA en el total descrédito.
Por ese motivo, no llama la atención que los presidentes de México, Bolivia y Argentina, hayan declarado recientemente que este organismo ya no sirve y hayan apoyado la idea de buscar un nuevo espacio que represente fielmente la voluntad de los pueblos de América Latina, que respete la autodeterminación, favorezca la integración y la no injerencia.
A ello se suma que según informó la agencia Télam, el pasado 29 de julio, incluso la propia “Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para investigar si las denuncias sin fundamento de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019”.
Al dar inicio a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló: “Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba”.
“No somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”, remarcó y luego agregó “ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro, ni salida, ya no beneficia nadie”.
López Obrador sostuvo que “es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambios los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una integración bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.
“Estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica, la propuesta es construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, realidad y a nuestras identidades (…). En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia”.
En la misma línea el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, señaló en la red social Twitter: “Hacemos eco de las palabras del hermano, López Obrador, en la idea de sustituir a la OEA por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado”
Por su parte, durante la Cumbre del Grupo de Puebla, el mandatario argentino, Alberto Fernández, afirmó que «lo que ha hecho la OEA en Bolivia necesariamente debe ser investigado y necesariamente debe ser juzgado porque ahora no caben dudas de lo que pasó», en clara referencia al golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de Evo Morales.
Fernández sostuvo “el primero que tiene que hacer su mea culpa es su secretario general Luis Almagro, por la cantidad de cosas que ha hecho y también la institucionalidad de los Estados Unidos por haber propuesto y sostenido a un hombre como Almagro”
La OEA se transformó en “una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre los gobiernos populares” afirmó el presidente argentino y concluyó que ese organismo “tal como está, no sirve”.
En este marco, Contexto dialogó con el embajador Argentino en la OEA, Carlos Raimunidi, quien explicó que “cuando el mapa político de nuestra región estaba teñido mayoritariamente por gobiernos de carácter nacional popular, la OEA pasó a un segundo plano y CELAC y UNASUR ganaron terreno como instancias de integración”.
“La OEA tiene comisiones de trabajo que son importantes fijando estándares internacionales en materia de combate a la trata de personas, en materia de políticas de género, de multiculturalidad, de derecho laboral. Todos ámbitos en los que Argentina tiene mucho para decir porque tiene una legislación interna muy importante que en ocasiones sirve como modelo”, aseguró.
Raimundi remarcó que “al mismo tiempo, la OEA es una organización anacrónica porque responde a un esquema de poder propio de la segunda postguerra y la situación del poder mundial es muy distinta en este momento. Entonces, América ya no debe ser considerada como una zona de influencia de una potencia triunfadora en una guerra, sino que deben ser reconocidas las soberanías y los equilibrios de todos los países. Eso en la OEA es muy difícil porque tiene una apariencia democrática en la que, en lo formal cada estado tiene derecho a un voto y el estado más pequeño y el más grande valen lo mismo; pero en la realidad hay una asimetría muy grande. Hay 34 estados miembros y uno de ellos (Estados Unidos) ostenta el 84 % del PBI de la región y si se le suma a Canadá, entre dos -de los 34 países miembros- tienen el 90 % del PBI de la región. Esto torna la situación muy asimétrica”. “Creo que la CELAC, que reúne a toda América Latina y el Caribe sin esa asimetría y contando con el estado que falta en la OEA (Cuba), es un organismo muy interesante para desplegar todas las potencialidades y el ejercicio de poderes soberanos que necesitamos en la región”, concluyó el embajador argentino
 
 
 
 
 
LA DERECHA BOLIVIANA SE MOVILIZARÁ CONTRA CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN DEL "FRAUDE ELECTORAL" EN 2019
 
Izquierda Diario de Argentina (https://bit.ly/3ChLniP)
 
Luego de casi dos años de investigación del supuesto fraude electoral de octubre del 2019, en el que la oposición de derecha junto a la OEA (Organización de los Estados Americanos), el imperialismo y los gobiernos como el de Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Lenín Moreno y otros encubrieron el golpe de Estado, llega a su fin al no poder encontrar pruebas que permitan continuar con un eventual juicio a los dirigentes del MAS.
El peritaje de la universidad de Salamanca es el resultado de una convocatoria pública e internacional que realizó la Fiscalía para determinar si se habían producido alteraciones o no en el conteo oficial de las elecciones de octubre del 2019. Esta convocatoria tuvo 3 proponentes: la universidad mencionada que se adjudicó el peritaje con un costo aproximado de 30 mil dólares, un grupo de peritos mexicanos y un grupo de peritos bolivianos.
En este marco, el referido peritaje informático, tuvo el objetivo de verificar si en el conteo oficial se había producido alteraciones mediante servidores no autorizados que pudieran haber servido de fuente de datos alterados en el cómputo oficial. El resultado fue negativo, lo que se ha traducido en la clausura de ese proceso.
Como afirmó Corchado, docente responsable del peritaje, su labor solo se limitó a verificar si hubo alteración de datos en la carga de los mismos al cómputo oficial, es decir, el estudio no pretende afirmar o desmentir si hubo fraude o no, tarea que le corresponde a la Fiscalía y a la justicia boliviana, tomando en cuenta todos elementos de prueba que se hayan incorporado con las denuncias. Sin embargo, pese a que el golpismo estuvo 11 meses en el Gobierno, no pudieron demostrar la existencia del mencionado fraude, situación que llega a su fin después de casi dos años y de múltiples informes que negaron esa posibilidad.
La decisión del cierre y archivo del caso, abona aún más el terreno de otro proceso, el caso “Golpe de Estado” y quita elementos de defensa a Áñez y demás golpistas hoy imputados. Pero no solo eso, ya que el cierre del caso fraude resta de cualquier legitimidad a las movilizaciones reaccionarias de todos aquellos que se agruparon bajo las plataformas del 21F y que actuaron como bandas paramilitares en noviembre del 19, constituyéndose en la base social del golpe, que hoy pretenden nuevamente salir a las calles.
El derechista Comité Cívico de Santa Cruz ha apelado al cierre del caso y ha convocado a una concentración para este jueves 5 de agosto en rechazo a la decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso “fraude electoral” y exigiendo la libertad de todos los detenidos por el caso Golpe de Estado, a quienes califica como “presos políticos”, entre ellos varios militares, policías, ex ministros hasta la misma ex presidenta Jeanine Áñez.
Así mismo el Comité Cívico de Santa Cruz llama a apoyar el paro movilizado con bloqueo de caminos en la Chiquitanía, convocado por el comité cívico regional para el próximo lunes 9 de agosto y que será el inicio de una movilización escalonada.
Con estas medidas, pretenden como ya lo explicitó el presidente de los cívicos, Rómulo Calvo, reagrupar a todas las fuerzas derechistas que formaron parte del golpe de Estado de noviembre del 2019. Lo hacen descalificando el peritaje de la Universidad de Salamanca arguyendo que éste habría sido realizado extemporáneamente y contrastándolo con el informe de la OEA mismo que, como afirmó el representante de la centro derecha Carlos Mesa, habría sido realizado en el momento y con más de 30 personas.
Por su parte, el secretario general de la Fiscalía, ha insistido en que el informe de la OEA no solo que no menciona la palabra “fraude”, sino que es un informe sin firmas. Es decir, se desconoce la identidad de quienes habrían elaborado ese trabajo, motivado por intereses políticos, mientras que el peritaje de la universidad de Salamanca se habría limitado a realizar un estudio técnico y no político.
Parlamentarios del MAS han salido a denunciar que la derecha pretende volver a convulsionar el país, y algunos incluso han afirmado que se estaría tratando de llevar adelante un nuevo intento golpista. Pese a estas denuncias, el MAS actúa como defensor de la institucionalidad burguesa, como si la misma fuera capaz de impedir las aspiraciones de la oposición de derecha. Así, Luis Arce Catacora en un reciente acto, en la localidad de San Julián, donde procedió a la entrega simbólica de títulos de propiedad, afirmó que no iban a permitir que la derecha establezca las reglas de distribución de tierras como pretenden, y que lo impedirían mediante la normativa nacional agraria, pero no apelando a la movilización y organización de los trabajadores del campo. Con esta política Arce pretende mantener la disputa en los estrechos marcos de la institucionalidad democrática, que como ya se ha visto, es absolutamente impotente como para impedir la movilización agroindustrial de cívicos y derechistas.
Es en este escenario que las y los trabajadores del campo y la ciudad, las víctimas de las masacres y de las torturas sufridas durante el golpe, y en definitiva el conjunto de las organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales, comunales, sindicales, de mujeres y de las disidencias, deben empezar a discutir de manera urgente cómo prepararnos y organizar la coordinación y la unidad para enfrentar estas amenazas derechistas, sin depositar la más mínima confianza en las instituciones del Estado Plurinacional que ya han demostrado la facilidad con la que las mismas se ponen al servicio de los intereses mas reaccionarios de las clases dominantes. Pero tampoco se puede confiar en el MAS que ya demostró que su estrategia de "contener" a la derecha no solo que ha fracasado sino que se ha traducido en la política concreta de ceder a prácticamente todas las exigencias de la derecha a costa de los intereses y de los derechos de las mayorías populares y trabajadoras del país. No olvidemos que fue el mismo Evo Morales quién abrió las compuertas al golpe cuando desconoció los resultados del referendum del 21F y peor, cuando permitió que la OEA defina la política nacional.
 
 
 
 
 
ORDENAN QUE SEA RESTITUIDA A SU MAMÁ LA NIÑA QUE HABÍA SIDO LLEVADA A BOLIVIA POR SU PADRE
 
Telam de Argentina (https://bit.ly/3ipm5HU)
 
La Justicia de Bolivia ordenó que sea restituida a su madre y regrese a la Argentina una niña de 6 años que había sido sustraída por su padre y llevada a ese país vecino, donde presuntamente fue víctima de abuso sexual y había quedado en situación de adopción.
La medida fue adoptada por el juez de la Niñez y Adolescencia número 2 de Oruro, Carlos Vallejos Flores, en una audiencia virtual realizada con la madre de la nena, sus abogados y los psicólogos intervinientes en el caso.
"Estoy muy emocionada, me siento contenta de que va a a volver. En la audiencia el juez priorizó que busqué los medios y la ayuda para poder recuperarla", contó a Télam G., la madre de la nena, al terminar la comunicación virtual que duró alrededor de una hora y media.
G., quien vio a su hija por última vez en febrero de este año, cuando su expareja la engañó y le dijo que se llevaba a la nena de vacaciones a Córdoba, dijo que en los próximos días preparará todo para esperar a J., quien posiblemente pueda viajar a Buenos Aires en un vuelo que saldrá el martes desde La Paz hacia esta ciudad.
Lo que se acordó en la audiencia es que la niña viajará acompañada por personal de Cancillería, luego de las gestiones realizadas por el cónsul argentino en La Paz, Santiago Odobez, y que en caso de que el vuelo se suspenda será ingresada al país por vía terrestre.
La abogada María de los Ángeles Giménez, quien integra el equipo de patrocinio gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que asesora a la madre desde fines de abril, se mostró muy conforme con la decisión adoptada por el juez.
"El juez valoró los informes que elaboramos y decidió que la nena tiene que estar con la madre. Fue importante también que destacara lo difícil que fue hacer su vida acá como boliviana que se tuvo que ir de su país", dijo la letrada, que trabajó el caso con un grupo de alumnas de "muy comprometidas", según describió.
Lo mismo valoró G.: "Estoy muy agradecida con ellas, me sentí muy acompañada todo este tiempo porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para ayudar a traer a mi hija".
Todo comenzó el 22 de febrero, cuando el padre de la niña, W., le dijo a su exmujer, de quien estaba separado pero con quien convivía por razones económicas, que se iría de viaje con la hija de ambos.
La sustracción a través de mentiras
Las supuestas vacaciones durarían aproximadamente una semana, pero el día en que W. había asegurado que estarían de vuelta en Buenos Aires, no solo no regresó sino que tampoco estableció contacto telefónico con G..
Finalmente, el 28 de febrero, un hermano de G. que vive en Bolivia le dijo que la niña estaba allí con su padre, por lo cual la madre de la nena radicó una denuncia por "sustracción de menores" en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 porteña, que solicitó la detención y extradición del hombre.
"En un momento logré comunicarme con él y le pedí que volviera porque la nena iba a perder la vacante en la escuela. Pude hablar con mi hija unos segundos pero él me amenazó y me dijo que retire la denuncia, que no me la iba a devolver", contó G. entre lágrimas el 20 de julio pasado.
Solo en tres ocasiones más la mujer pudo hablar brevemente con su hija, pero el 4 de abril las comunicaciones se interrumpieron.
Poco después, el 14 de mayo, tomó conocimiento de que su expareja había sido detenido mientras intentaba lograr la custodia de la niña porque ésta, al ser entrevistada por una psicóloga, reveló que su progenitor abusaba de ella.
Desde ese momento comenzó otra odisea para la niña porque por orden judicial fue trasladada a una Defensoría del Niño en Bolivia y luego entregada en la ciudad de Oruro, sin consentimiento de su madre, a sus abuelos maternos, a quienes ni siquiera conocía.
"Ahí es cuando G. nos cuenta que durante su infancia había sido abusada por su padre, es decir quien ahora se encontraba al cuidado de J., y empieza de forma más desesperada a insistir por todos los medios y frente a todos los organismos posibles para que le devuelvan a su hija", aseguró su representante legal.
En la audiencia realizada hoy, el juez también ordenó que se abrirá una causa para investigar al hombre por los presuntos abusos cometidos contra su hija hace varios años, algo también valorado por los abogados.
Sin posibilidad de viajar a Bolivia por cuestiones económicas y por las restricciones vigentes por la pandemia, después de largas gestiones se logró que el juzgado que había entregado la niña a sus abuelos realizara una audiencia con la madre mediante videoconferencia, el 13 de julio último.
Pese a que G. relató todo los sucedido con su hija, el juez Vallejos Flores resolvió que la menor fuera a un hogar que recibe niñas en situación de adopción, lo cual es totalmente ilegal por ser la niña argentina y tener a su madre aquí.
Allí permanecerá por ahora, desde donde puede mantener contacto con su madre por videoconferencia hasta reencontrarse con ella en los próximos días.
 
 
 
 
 
CONSEJO REGIONAL DE PUNO DECLARARÁ DE NECESIDAD PÚBLICA LA COMERCIALIZACIÓN DEL GLP BOLIVIANO EN PUNO
 
Radio Pachamama de Perú (https://bit.ly/3lqTwvz)
 
El pleno del Consejo Regional de Puno, aprobó el Acuerdo Regional N° 141, sustentado por el presidente del Consejo Regional, Jorge Antonio Zúñiga Pineda, con el objetivo de que se declarare de interés regional y urgente necesidad pública la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de plantas embazadoras en la región Puno.
El consejero Zúñiga Pineda dijo que hace décadas el precio del balón de gas ha tenido un costo elevado e incluso inaccesible para parte de la población, teniéndose que en la actualidad su valor oscila hasta los S/50.80, según información de Osinergmin.
Asimismo, en los últimos meses el producto ha sufrido veintisiete alzas continuas en la planta de producción y en la importadora, lo que afecta directamente en los hogares de la región Puno, por lo que se requiere alternativas de emergencia con soluciones inmediatas a favor de la economía regional.
En tal sentido, se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas – DREM PUNO, coadyuvar técnicamente y secundar al Consejo Regional, a lograr satisfacer la necesidad expuesta en el artículo precedente.
Así entonces, se solicitará al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, acceder a la “Comercialización de Gas Licuado de Petróleo en territorios fronterizos con la Republica del Perú”, con el fin de cubrir la necesidad expuesta.
A la propuesta se adhirieron los consejeros regionales, Isidro Pacohuanaco Pacco, Severo Vidal Flores Ccopa, Freddy Rivera Cutipa, Wilfredo Meléndez Toledo, Walter Mamani Quispe, Lizbeth Marisol Cutipa Apaza, Deysi Jhuliana Chalco Coyla, Domingo Quispe Tancara, Pelayo Cuba Pérez, Nancy Salluca Huaraya y Nohemí Elsa Córdoba Leqque.
Como se sabe, el Perú ya está importando el GLP de Bolivia, aunque lo hacen para que las plantas envasadoras lo redistribuyan en el país, lo que tampoco es favorable porque igualan los precios al GLP peruano.
 
 
 
 
 
EL MUSEO DEL APARAPITA, DONDE SE CARGAN LAS MEMORIAS DE LA PAZ
 
Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/37gZy9x)
 
En 2012, Elías Blanco Mamani fundó el espacio que recopila fotos, noticias y toda forma de recuerdos de la capital de Bolivia y otros departamentos. Forzado por la pandemia de COVID-19, en los últimos años difunde sus memorias sobre todo a través de Internet.
Aparapita es una palabra aymara que significa "el que carga". Así se los ve a estos hombres esmirriados pero poderosos: trajinan con bultos enormes por las empinadas laderas de La Paz: llevan costales de papas, hasta heladeras y roperos. Insólitamente, sus delgadas piernas no se quiebran al subir esas pendientes imposibles, incluso si se va con las manos vacías.
"El aparapita es el migrante altiplánico, que ha llegado a La Paz en tiempos de la Colonia, entrando a la República (hacia 1.800), cuando se crearon los famosos mercados tambo, donde siempre había la necesidad de cargar bultos", relató a Sputnik el director del Museo del Aparapita, Elías Blanco Mamani. Se calcula que hasta hoy perduran mil cargadores en esta ciudad.
"Solamente un aparapita puede cargar a veces costales de 14 arrobas (150 kilos) de papa. El aparapita que migra del campo no sabe ni leer ni escribir, no tiene ningún otro oficio más que agarrar un costal de algo. Como es del campo, siempre ha estado cargando papa", ilustró Blanco Mamani.
Su caso es muy particular. El fundador del Museo del Aparapita es, a la vez, un museo en persona. En su memoria guarda recuerdos de los últimos 100 años de La Paz, la ciudad donde nació. Son memorias propias, más otras que tomó prestadas de los miles de libros y fotografías antiguas que atesora en su casa, donde se sitúa también el museo.
Como amante de la cultura paceña, don Elías -—periodista de profesión— idolatra la figura del aparapita. Así como en el jardín se puede ver a hormigas cargar mucho más que su propio peso, en los mercados de La Paz todavía suben y bajan por las calles empinadas estos cargadores, que pesan 50 kilos y llevan más de 150 kilos sobre su espalda.
Durante su charla con Sputnik, Blanco Mamani resaltó que su vida tuvo un antes y un después cuando leyó por primera vez un texto del escritor Jaime Sáenz (1921-1986) autor de la célebre novela 'Felipe Delgado', publicada en 1979, en la cual arma su relato desde los callejones sórdidos paceños, atiborrados de alcohólicos y donde la vida nunca vale mucho.
Sáenz hizo un ensayo sobre el aparapita, "esa persona cuya única herramienta es una soga o un mantel. Y su espalda, por supuesto", parafraseó Blanco Mamani.
Agregó: "El aparapita es un hombre libre. Una característica del aparapita es que bebe, bebe mucho. No debe ser por frío, porque duermen en la calle. Bebe cuando quiere, el tiempo que quiere".
Además, "es noble, porque vive de su trabajo. Es fuerte. Su ropa es un saquito que se rompe y lo remienda, lo remienda, lo remienda. Al final, tiene todo un saco de remiendos, que por el trabajo mismo se le va rompiendo".
El director del museo destacó que el aparapita "es un personaje bien paceño. Por la geografía, no hay aparapitas en Cochabamba, ni en Santa Cruz, donde cargan con cochecitos".
El hombre-museo
Del mismo modo, Blanco Mamani es el aparapita de los recuerdos y memorias de La Paz, fundamentalmente, como de toda Bolivia. A sus 59 años, espera que alguno de sus tres hijos continúe su legado de cargar con la historia de esta ciudad.
Hacia 1990, "empecé a recopilar datos. Sin querer queriendo he ido acumulando material, periódicos de aquí, de allá, cosas que la gente habitualmente bota". Con su archivo, que crecía permanentemente, "no tenía idea de qué cosa iba a hacer. Solo quería saber. Así que empecé a recortar, después conseguí libros, siempre con limitaciones económicas, porque yo no tenía dinero. Hacía que me regalen".
"En 2012 arrancamos con el Museo del Aparapita, con la idea de preservar la información, rescatarla, ordenarla y difundirla. El museo es un espacio para la cultura boliviana esencialmente", relató Blanco Mamani a Sputnik en Villa San Antonio, el barrio paceño donde vive desde niño.
Actualmente, el museo dispone de una biblioteca, una hemeroteca y un archivo con 200.000 fotos. Con esos y otros insumos, Blanco Mamani lleva publicados 16 libros, la mayoría a través de la editorial El Aparapita: "Son fundamentalmente diccionarios de novelistas y de poetas de todo el país. También hay tomos sobre los orureños en la cultura boliviana, los benianos, los paceños", así hasta abarcar los nueve departamentos.
En sus publicaciones menciona a bolivianas y bolivianos que se desempeñaron en los campos del arte, la literatura, la música, el teatro. Como las ediciones en papel se agotaban rápidamente, Blanco Mamani optó por crear un blog, donde "hemos llegado a cargar 2.700 autores. Todos los libros elaborados están disponibles para descargar. Nos sorprende que ya vamos a llegar a los tres millones y medio de consultas de todo el mundo", dijo don Elías entusiasmado.
El director del museo destacó que la mitad de las visitas son bolivianas. La otra mitad provienen de Alemania, Rusia, España, Estados Unidos y Argentina.
En La Paz lo reconocen como "el señor de los aniversarios", porque cada día difunde algún recuerdo vinculado con la fecha. "La gente nos dice: 'Gracias, me sirve'. Me dicen que mis diccionarios son los únicos en Bolivia de estas características". Comentó que en cierta ocasión, la Asociación de Pintores quiso hacer un diccionario, pero se encontraron con que don Elías ya lo había hecho.
"Con nuestras 2.700 biografías, elaboradas en más de 20 años, llevamos una ventaja. Luego del éxito del blog, pasamos a realizar videos, porque teníamos un programa de TV en Abya Yala. Creamos un canal en YouTube, donde disponemos de 250 videos", de cinco o seis minutos cada uno, donde presentan una reseña biográfica de alguna personalidad de la cultura boliviana.
"Estamos por llegar a medio millón de visitas en nuestro canal de YouTube. Tenemos una llegada que nos sorprende gratamente y nos da fuerzas para seguir, porque realmente sirve, se ve nuestro trabajo", aseguró Blanco Mamani.
Programas en la Red Patria Nueva
Durante los últimos años, Blanco Mamani tuvo empleo en el área de Cultura de la Alcaldía de la ciudad de La Paz. Pero en mayo pasado asumió como alcalde Iván Arias, exministro de Obras Públicas durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Dado el cariz pitita, como se conocen a los golpistas en Bolivia, de su gestión, el director del museo quedó desocupado.
A la vez, el Gobierno de Luis Arce impulsa nuevamente el trabajo de los medios públicos, seriamente vaciados durante la estadía en el poder de Áñez: "desde esta próxima semana vamos a tener tres programas de radio: dos por Huayna Tambo y uno por la Red Patria Nueva, con microprogramas sobre 'un día como hoy en la cultura'", mencionó Blanco Mamani.
La radio estatal Patria Nueva trabaja en red con decenas de emisoras en ciudades y áreas rurales de todo el país, lo cual le garantiza una amplia llegada.
El director del museo comentó que en otros departamentos, como Cochabamba y Oruro, existen proyectos similares. ¿Cree que en algún momento podrían unirse y encarar un archivo nacional?
"El Estado boliviano debería hacerse cargo de eso... y como que lo hace. En la ciudad de Sucre (Chuquisaca, centro) hay un archivo bibliográfico. En La Paz hay un archivo también, pero a veces están sujetos a la dinámica política de cada nueva autoridad que entra", evaluó Blanco Mamani.
Por ello, "en términos de cultura, como nosotros la encaramos nadie lo hace". Y comentó que años atrás había una Organización de la Sociedad Civil (OSC) que realizaba esa tarea, pero "se acabó el financiamiento y desapareció el centro de documentación".
Según el director del museo, "la condición privada de una persona puede ser una garantía para que prosigan el trabajo los hijos. Aspiro que así suceda", sostuvo.
"Es que en Bolivia no hay otro centro de documentación como el que hemos encarado nosotros. Intentamos aportar, porque sabemos que no hay mucha gente que trabaje en la cultura", dijo. Y agregó: "Nos sumamos desde La Paz a ordenar la información y a difundir, compartir".
Blanco Mamani observó que los espacios estatales destinados a conservar la memoria, "se han limitado a resguardar, recibir materiales de depósito legal, pero no difunden. Esperan a que la gente vaya a sus bibliotecas a consultar".
Pero, "es otra nuestra dinámica. Además de resguardar, difundimos activamente por los medios disponibles".
Desde hace un año y medio está mayormente detenida la actividad cultural en el país: "En tiempos de pandemia, que no tenemos visita, hay que salir al encuentro de la gente", consideró.
 
 
 
 
 
ADVIERTE JALIFE DISPUTA POR EL CONTROL DEL LITIO EN SONORA
 
Tele Reportaje de México (https://bit.ly/3jl630X)
 
El analista geopolítico, Alfredo Jalife-Rahme, advirtió que nuestro país se encuentra en peligro de una balcanización, al ser escenario de una disputa por el control de las reservas de litio.
En su cápsula semanal ´Radar Geopolítico´, el catedrático califica la incorporación de la diplomática Roberta Jacobson al Consejo de Desarrollo Sostenible de Sonora, como una traición de Alfonso Durazo al presidente López Obrador.
"Ella tiene una madrina y socia, que es nada menos que Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado, pero tiene este grupo el mismo escenario entreguista de otra riqueza nacional, que en este caso es el litio, que yo estoy viendo que Durazo está operando como Videgaray o Calderón, en forma totalmente entreguista, antes fue con los hidrocarburos y ahora lo estoy viendo con el litio".
En la disertación, difundida a través de su canal de YouTube, el también conferencista recuerda que fue precisamente el tema del litio lo que llevó al golpe de Estado en Bolivia, luego de que su entonces presidente, Evo Morales, diera indicios de favorecer a China como socio estratégico para la comercialización de sus reservas del metal, por encima de los intereses estadounidenses, todo esto en medio de una batalla de índole mundial por el control del preciado mineral.
 "El golpe de Estado en Bolivia se da debido al litio, yo incluso saqué un artículo que causó trémolos; incluso cuando iba a venir Evo Morales pidió expresamente charlar conmigo, porque no habían visto en Bolivia lo que yo llame ´el litio golpe´, la dimensión del golpe de Estado que se dio precisamente porque Evo había ´coqueteado´ con los chinos, y luego se había atrevido a hacer una fábrica de autos eléctricos en Cochabamba. El litio no es cualquier cosa, estamos hablando que ahí se viene el choque de dos gigantes que son China y Estados Unidos... un mes antes del golpe de Estado en Bolivia, había estado Ivanka Trump en la frontera de Bolivia precisamente". 
El experto en temas de geopolítica, explicó con lujo de detalles la conexión entre la exfuncionaria estadounidense con el Albright Stonebridge Group, quien en conjunto con el Atlantic Council y Evercore, estarían detrás del megaproyecto que a través de la construcción de puertos y una supuesta inversión en el sector energético, buscarían apropiarse del principal depósito de litio en el mundo, el cual se encuentra en Bacadehuachi, Sonora.
Jalife-Rahme Barrios, calificó las acciones de Durazo Montaño como la apertura de la caja de Pandora, y llamó a los responsables del sector energético del país a frenar de golpe las ambiciones del gobernador electo.
"Este señor no tiene ni idea, se fue a meter a la boca de los lobos, no de uno, de los lobos; le ordenaron ´te vienes para acá cuate´... si vienen a invertir en puertos yo no estoy cerrado, bienvenidos, no hay problema. Y eso con bemoles, porque el puerto al final de cuentas pesa, y ahí va a salir todo el litio, es más cercano a donde está el depósito, pero ya la energía, cuidado. Espero que el presidente López Obrador esté enterado; tengo entendido que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, está muy enterada, pero ahí les va algo atroz, el litio -no entiendo por qué- es algo que no maneja la secretaria de Energía,  adivinen quién lo maneja, la Secretaría de Economía".
Sin embargo, llamó también a la reflexión de que al no ceder México a las intenciones de Estados Unidos, la nación de las barras y las estrellas podría utilizar el fenómeno del ´narco´ como un cebo para intervenir en Sonora, pero siempre con el propósito real de controlar totalmente el depósito del mineral.
"La definición de los cárteles como terroristas, eso ipso facto, hace de Sinaloa y Sonora, y otros lugares, el de los Zetas, en Tamaulipas... nos hace una Indochina de facto; hay que tener cuidado, ahí puede ser, acuérdense ya que sacaron, incluso el presidente López Obrador salió a desmentirlo, que más del 35 por ciento del territorio mexicano lo controlan los cárteles; ese un cebo para la invasión, obviamente, primero se van ir sobre Sonora, ahí esta el litio".
Ante esta coyuntura, el yucateco de ascendencia libanesa, recomendó la creación de un fondo de inversión mexicano para la conservación del litio.
"Inversiones mexicanas o crear un fondo exprofeso de ´litio mexicano´, y ahí discutiremos si aceptamos o no 49 por ciento extranjero y bursatilizarlo, esa era mi idea para Pemex: bursatilizar Pemex al estilo de Petrochina... aquí no querían el bien de México, querían rematarlo, eso fue lo que hizo Videgaray, y hoy tenemos al nuevo Videgaray que es Durazo".
 
 
 
 
NUEVO DOCUMENTAL RESALTA LOS CONFLICTOS DE LA MINERÍA DEL LITIO EN ARGENTINA
 
Dialogo Chino (https://bit.ly/2Vk1UlG)
 
Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, Argentina, donde comunidades originarias intentan evitar el desembarco de empresas mineras para extraer litio. La cantidad de agua necesaria para obtener el mineral, utilizado para baterías eléctricas, alteraría su modo de vida radicalmente, sostiene Clemente.
“En el nombre del litio”, el nuevo documental de Cristian Cartier y Martín Longo, refleja el conflicto generado en la región a partir de la extracción del litio. La película, que llevó más de cinco años de trabajo, está disponible online gratuitamente hasta el 9 de agosto y luego se prevé su estreno en los cines de Argentina.
“No decimos que no al litio. Lo que nos preocupa es el manejo del agua. Vemos lo que pasa en otras provincias del país donde ya se está extrayendo el mineral y usan miles de litros de agua. Si se instalan acá, no vamos a tener agua para nosotros, para nuestro ganado y para los animales silvestres”, sostiene Clemente desde El Moreno
El litio en Argentina
La provincia de Jujuy es el principal foco de conflicto por el litio en Argentina, con 36% del total del mineral a nivel nacional. Allí, la empresa Sales de Jujuy, formada por la japonesa Toyota, la canadiense Orocobre y la empresa provincial JEMSE, operan en la localidad de Olaroz la única mina en funcionamiento.
A la par, la minera canadiense Lithium Americas junto a Ganfeng, de capitales chinos, y JEMSE están construyendo una segunda mina con una capacidad de producción de 25 mil toneladas que prevé iniciar sus operaciones a fin de año. A eso se le suma el interés de desarrollar proyectos en Salinas Grandes, donde Clemente vive.
Argentina, Bolivia y Chile se encuentran en el “triángulo del litio'', una área geográfica reconocida a nivel global por los vastos recursos del mineral. Se estima que posee 47 millones de toneladas, alrededor del 65% del total mundial, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Los teléfonos, las computadoras portátiles, las tabletas, las cámaras digitales y muchos otros dispositivos utilizan baterías de iones de litio. Pero el interés en el litio se ha visto particularmente impulsado por los vehículos eléctricos y las energías renovables, que dependen de baterías para el almacenamiento y carga de la energía.
“Es necesaria la transición energética para abandonar los combustibles fósiles pero también debemos reflexionar sobre ciertas prácticas que hacen daño al ambiente y a la diversidad social y cultural. No es simplemente cambiar una cosa por la otra”, sostiene Cristian Cartier, uno de los directores del documental.
El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación, el cual requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído. Parte del agua es salada, por lo que no puede ser utilizada para consumo humano. Al usar tanta cantidad, los acuíferos de agua subterránea se podrían ver afectados. 
La falta de agua afecta a las comunidades que viven en la misma zona de los proyectos y dependen de la misma para sus actividades diarias, como la agricultura. Al mismo tiempo, algunas áreas en las que ya se han aprobado proyectos en las provincias de Jujuy y Catamarca han sido identificadas como críticas para la biodiversidad.
“El documental busca problematizar y complejizar la mirada preponderante sobre el litio, generalmente presentando como el gran salvador frente a la crisis climática, y mostrar los problemas sociales y ambientales vinculados a su extracción”, sostiene Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, que impulsó el desarrollo de la película.
Las comunidades y el litio
Más de 30 comunidades indígenas habitan en la Cuenca de Salinas Grandes, donde se enfoca el documental. Entre ellas, se encuentran las comunidades de Santuario Tres Pozos, Aguas Blancas y El Moreno. La mayoría no posee título de propiedad, pero el derecho indígena reconoce la ocupación ancestral y pública del territorio.
En 2010, las comunidades presentaron un amparo colectivo contra el estado provincial de Jujuy y de Salta y contra el Estado Nacional para que los gobiernos garanticen sus derechos a expresar su consentimiento sobre la explotación del litio. Esa demanda actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Argentina aprobó en 1992 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas. Además, en la reforma constitucional de 1994, el país reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
“En muchos lugares hay fraccionamiento de las comunidades y ahí las empresas mineras entran más fácil. Pero en Salinas Grandes hay un acuerdo implícito. Saben que si las mineras entran todos se van a ver afectados por igual por el uso del agua. Es uno de los pocos lugares donde todavía no se está extrayendo litio”, afirma Cartier.
Cartier y Longo visitaron cinco veces las comunidades de las Salinas Grandes. Participaron de las asambleas y observaron el día a día de Clemente y muchas otras personas. Si bien algunas situaciones fueron recreadas, el documental refleja de manera fidedigna la lucha de las comunidades a partir del interés de empresas mineras en instalarse en la zona.
De una hora y quince minutos de duración, “En el nombre del litio” registra con detalle cómo se organiza esa resistencia. Se incluyen testimonios de expertos, políticos y científicos, imágenes del paisaje blanco de las salinas y un reflejo de la entereza de las comunidades que se enfrentan a esta problemática.
La idea de los directores era estrenar el documental en proyecciones itinerantes con un cine móvil en las comunidades de la zona de los salares. Sin embargo, solo llegaron a hacer una proyección a fines de 2019 y luego llegó la pandemia. Ahora, esperan retomar sus planes originales cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
La película deja en evidencia “la vulneración de derechos que implica la extracción de litio y las dificultades de parte de gobiernos locales de poder aprovechar oportunidades de diálogo. Primero se buscaba información y participación y ante la falta de respuesta hoy se busca seguir viviendo como se viene haciendo”, sostiene Marchegiani, cuya tesis de doctorado inspiró el desarrollo del documental.