MADRE DE
UN POLICÍA ASESINADO EN LLALLAGUA CULPA A EVO: “TODO ESTÁ HACIENDO, QUÉ
MALDITO”. La madre de uno de los dos policías que fueron asesinados, en Llallagua, responsabilizó por lo sucedido a Evo
Morales. Entre lágrimas reprochó al exmandatario y le dijo “maldito”.
La
mujer, visiblemente destrozada por el dolor de su pérdida, indicó que la
Policía enfrenta todos los conflictos. Volvió hacia Morales de quien dijo no es
una persona, “es un salvaje”.
“Dónde
está su conciencia de Evo Morales, no tiene hijos, parientes, no sabe pensar”,
señaló la madre.
El desafío de Evo Morales al gobierno de Bolivia parece no tener límites. Tres oficiales de la Policía Nacional son las víctimas mortales de la emboscada, como la han definido las autoridades, realizada contra un contingente policial por seguidores de Evo Morales en la entrada de Llallagua, del departamento de Potosí.
El
teniente Brayan Barrozo y el subteniente Carlos Apata perdieron la vida durante
el desbloqueo de la carretera por disparos realizados desde los cerros, al
parecer por francotiradores que formaban parte del bloqueo de carreteras
impuesto por los radicales del expresidente.
Otro
grupo de agentes resultó herido por disparos y pedradas. El capitán Daynor Miranda
se encuentra en estado crítico. "Fueron vilmente asesinados por disparos
de arma de fuego mientras cumplían su deber de proteger a la ciudadanía y la
libre transitabilidad del país, en medio de una jornada marcada por la
violencia promovida por sectores afines a Evo Morales", confirmó en redes
sociales Roberto Ríos, ministro de Gobierno y mano derecha del presidente Luis
Arce.
"El
proceder es el mismo que en 2019, el uso de francotiradores desde los
cerros", denunció la asambleísta Azucena Fuertes y corroboró el comandante
de la Policía de Llallagua.
El
gobierno anunció este miércoles que los militares se unirán a las fuerzas
policiales para despejar la carretera entre Oruro y Cochabamba.
Los dos
líderes de la revolución indígena encabezan una guerra fratricida entre sus
sectores, agravada con los bloqueos puestos en marcha por los seguidores del
exmandatario, dispuestos a forzar la candidata presidencial de Morales, que no
figura entre quienes disputarán la primera vuelta electoral en agosto tras la decisión
del Tribunal Constitucional. Los rebeldes también buscan forzar la dimisión del
presidente.
La
justicia boliviana mantiene desde octubre pasado una orden de búsqueda y
captura contra el exmandatario, que se encuentra atrincherado en el Trópico de
Cochabamba. A las siete acusaciones por estupro, trata y tráfico de menores se
ha sumado la denuncia penal del gobierno por terrorismo y obstaculización de
procesos electorales.
Los
bloqueos de carreteras, iniciados hace 10 días, han provocado escasez de alimentos
y gas en algunas localidades, además de graves enfrentamientos con la fuerza
pública, contra la que también se han empleado explosivos. Bolivia ya sufría
antes una grave crisis socioeconómica, pero las largas colas para conseguir
pollo y aceite y el malestar de los ciudadanos han profundizado aún más la
deriva del país andino. El Mudo de España (https://n9.cl/g2dsxf)
Los
uniformados intentaban recuperar el control de una zona bloqueada por
partidarios de Evo Morales que quieren que sea candidato a presidente
El País
de España (https://n9.cl/1cf1x)
La
movilización de los campesinos bolivianos por la habilitación del expresidente
Evo Morales a las elecciones de agosto escaló con la muerte de dos policías en
Llallagua, una ciudad minera en el norte de Potosí. Formaban parte del personal
uniformado desplegado por el Gobierno de Luis Arce para recuperar el control de
la zona, donde las anteriores horas se habían producido enfrentamientos, con
varios heridos, entre los bloqueadores de caminos que responden al “evismo” y
vecinos de esta ciudad. Circulan versiones sobre la existencia de otro policía
gravemente herido, pero no han sido confirmadas. En un video que se ha
publicado en las redes se ve a un pelotón de policías equipados con material
antimotines tratando de protegerse entre sí de lo que parecen ser disparos de
un tirador situado a gran distancia. El video no ha sido confirmado por las
autoridades.
También
se han reportado choques entre las fuerzas conjuntas de la Policía y las
Fuerzas Armas destacadas por el presidente Arce para controlar la emergencia en
la carretera de Cochabamba, cerca del Chapare, la zona cocalera que Morales
controla por completo. Cochabamba y Potosí son el epicentro del conflicto, pero
también hay protestas en otros sitios del país, lo que muestra la musculatura
del líder indígena, quien, según un audio presentado por el Gobierno, pero que
él no reconoce como verídico, señala que esta es la “batalla final” de su lucha
por volver al poder, que ha sido bloqueada por el gobierno de sus antiguos
compañeros del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales
no pudo inscribirse ante el Tribunal Electoral para estas elecciones porque no
tenía un partido reconocido para hacerlo. La sigla que se había prestado fue
anulada por el Tribunal Electoral. El expresidente considera que esta anulación
fue instruida por el oficialismo. De todas formas habría sido descalificado si
se hubiera inscrito, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional
que interpreta la Constitución de 2009 de una manera que impide más de dos
periodos presidenciales, lo que lo afecta directamente pues ya ha gobernado
tres periodos, entre 2006 y 2019.
Según
escribió el exmandatario en sus redes sociales antes de la muerte de los
policías, “la gente continúa en las calles” porque “con la judicialización de
la política se eliminan los derechos políticos. Con la criminalización de la
protesta, se anula la justicia social. Con la proscripción de partidos y
candidatos, se vacía de contenido la democracia. Sin la Bolivia profunda
—campesina, indígena, popular— no hay Estado Plurinacional posible”. Además de
su eliminación de las elecciones, con estas palabras aludía a la detención por
el Gobierno de varios dirigentes de su movimiento. Él mismo ha sido acusado por
las autoridades de terrorismo y otros cargos por supuestamente haber instruido
los bloqueos.
El
conflicto entre Morales y el sistema político y electoral se sobrepone en parte
y también se alimenta del malestar generalizado por la seria crisis económica
que atraviesa el país. En este momento, la escasez de combustibles es aguda, lo
que ha provocado enormes filas ante los surtidores de gasolina y diésel.
Además, los bloqueos han exacerbado la inflación, que es la más alta que sufre
el país en más de 30 años (15%). Las protestas piden abiertamente la renuncia
del presidente. Este ha señalado que no se irá, porque eso no resolvería los
problemas de la economía. En lugar de eso, ha dado un paso que siempre ha sido
peligroso en Bolivia, permitir que los militares salgan a apoyar a la Policía
en el control de los cortes de ruta, hasta ahora solamente de forma puntual y
con equipo antimotines.
En un
gesto inusual para la cultura política del país, los principales candidatos de
la centroderecha, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa,se
han reunido en medio de la campaña para pedir entre todos una reunión de los
poderes del Estado y todas las fuerzas políticas con el Tribunal Electoral que
ratifique lo que se ha avanzado hasta ahora en el proceso electoral, inclusive
la lista de candidatos, que es el punto observado por Morales y sus fuerzas
rurales.
SEGUIDORES
DE EVO MORALES MATAN A TRES POLICÍAS EN UNA EMBOSCADA CON FRANCOTIRADORES
Diario
Hércules de España (https://n9.cl/vge91)
El
conflicto político en Bolivia ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la
emboscada armada sufrida por un contingente policial este miércoles en Llallagua,
departamento de Potosí. El ataque, atribuido a seguidores del expresidente Evo
Morales, dejó tres oficiales muertos y varios heridos, incluidos agentes que
aún se debaten entre la vida y la muerte.
Los
fallecidos son el teniente Brayan Barrozo y el subteniente Carlos Apata,
quienes participaban en labores de desbloqueo de la carretera que une Oruro y
Cochabamba, cuando fueron alcanzados por disparos de francotiradores apostados
en los cerros. “Fueron vilmente asesinados mientras cumplían su deber”,
denunció el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien calificó el hecho como
una agresión directa contra el Estado de derecho.
El
capitán Daynor Miranda, también herido en la emboscada, permanece en estado
crítico. Según las autoridades locales, el método empleado por los atacantes
recuerda al de 2019, durante la crisis política que siguió a la renuncia de
Morales. “El proceder es el mismo: francotiradores desde las alturas”, afirmó
la asambleísta Azucena Fuertes, confirmando la gravedad del asalto.
Frente
al agravamiento de la violencia, el Gobierno de Luis Arce ha ordenado la
intervención del Ejército para apoyar a la Policía en la recuperación del
control de las rutas bloqueadas. “No vamos a permitir que el país se paralice
por la violencia de sectores radicales”, señaló una fuente oficial.
Los
bloqueos, que ya llevan diez días, son parte de una ofensiva organizada por
seguidores de Morales para forzar su candidatura presidencial, a pesar de la
inhabilitación impuesta por el Tribunal Constitucional. Además, exigen la
renuncia del presidente Arce, en un contexto de creciente deterioro político y
social.
Morales,
atrincherado contra la Justicia
Desde
octubre, la justicia boliviana mantiene una orden de búsqueda y captura contra
Evo Morales, quien se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su
bastión político. A las siete acusaciones por estupro y tráfico de menores, se
suma una denuncia reciente por terrorismo y obstaculización del proceso
electoral, presentada por el actual Ejecutivo.
Lejos de
amedrentarse, los seguidores del exmandatario han intensificado sus acciones,
transformando las carreteras en frentes de batalla y recurriendo a la violencia
armada para imponer su agenda política. En algunos puntos del país, incluso se
ha reportado el uso de explosivos contra efectivos policiales.
Bolivia
ya arrastraba una profunda crisis socioeconómica, pero los bloqueos han
agravado la situación de manera alarmante. En varias regiones, como Oruro y
Sucre, se registran escasez de alimentos, gas doméstico y combustibles. Las
largas colas para conseguir productos básicos como pollo y aceite se han vuelto
una imagen habitual, lo que ha generado creciente malestar entre la población.
El
Gobierno teme que la situación desemboque en un colapso de los servicios
básicos si no se logra restaurar la circulación en los próximos días. Los
analistas advierten de un riesgo de descomposición institucional si el
conflicto interno entre los dos principales líderes del llamado “proceso de
cambio” —Evo Morales y Luis Arce— no encuentra una salida política inmediata.
Lo que
comenzó como una disputa interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) ha
derivado en una guerra fratricida. Evo Morales y Luis Arce, dos figuras que
lideraron juntos la revolución indígena, se enfrentan ahora en una pugna que
está desestabilizando al país. Mientras Morales intenta recuperar el control
del partido y regresar al poder, Arce se aferra a la legalidad institucional
para frenar el avance de su mentor convertido en adversario.
CAOS EN
BOLIVIA; MUEREN 3 POLICÍAS
Seguidores
de Evo Morales provocan disturbios
Pulso de
México (https://n9.cl/0y0fq)
Tres
policías fallecieron el miércoles en Bolivia y varios resultaron heridos, uno
de ellos de gravedad, cuando fuerzas del orden intentaban restablecer el
tránsito en una ruta del sur del país tomada por simpatizantes al presidente
Evo Morales, que desde hace días protestan por su inhabilitación como candidato
presidencial.
En
declaraciones a los medios, el presidente Luis Arce aseguró que los operativos
policiales continuarán “hasta lograr el objetivo que se ha planteado el
Gobierno nacional, de darle carreteras expeditas al pueblo boliviano”. También
informó de las tres muertes y reiteró que no renunciará luego de reunirse con
la cúpula militar y con sus ministros de seguridad para evaluar las medidas a
tomar.
Los
muertos son los subtenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Apata, así como
el sargento Alberto Mamani, en el segundo día de protestas violentas en la
pequeña ciudad de Llallagua, ubicada a unos 290 kilómetros al sur de La Paz.
Se trata
de las tres primeras víctimas fatales tras 10 días de bloqueos de carreteras en
varias partes del país organizados por seguidores del expresidente Morales,
tras quedar éste fuera de la carrera electoral debido a un fallo del tribunal
constitucional que impide su reelección de cara a los comicios presidenciales
de agosto.
El
primer agente murió por un disparo de arma larga y el otro a golpes, según
reportó el vocero policial Limber Choque.
Hasta
ahora, los disturbios en Llallagua han dejado más de 30 heridos. Los pobladores
de esa ciudad salieron esta semana a despejar las vías, lo que derivó en
choques con los simpatizantes del exmandatario por los bloqueos que dejaron a
su ciudad sin alimentos.
BOLUARTE
FRENÓ AL CASTRO-CHAVISMO EN EL PERÚ
Revista
La Abeja de Perú (https://n9.cl/wvnsl)
Más allá
de los errores y presuntos actos de corrupción de Dina Boluarte, es justo
reconocer que la actual presidente estuvo a la altura cuando el Perú más la necesitó.
En diciembre de 2022, nuestro país bordeó el abismo del “socialismo del siglo
XXI”, es decir, comunismo puro y duro con apodo edulcorado. El autogolpe de
Pedro Castillo fue un atentado al orden constitucional y el acto final de un
guion elaborado por las perversas mentes del Foro de São Paulo, hoy Grupo de
Puebla, con operadores activos desde Bolivia, Cuba y Venezuela. Desde México,
el exagente de la KGB, Daniel Estulín, intentaba la reposición de Castillo y
organizaba las infames “Tomas de Lima” para lograrlo.
En medio
del caos golpista, Boluarte —sucesora constitucional de Castillo— asumió la
presidencia. Lo hizo pese a la negativa de su bancada, en la orfandad política
y sin experiencia. Como explicó Román Cendoya en el programa de Milagros Leiva,
su decisión salvó la institucionalidad, la Constitución, la continuidad
democrática y evitó que el Perú cayera en el eje bolivariano. Un acto que la
historia sabrá reconocer.
La
Constitución es clara: si renuncia el presidente, asume el vicepresidente; si este
se niega, lo hace el presidente del Congreso. En ese momento, José Williams
Zapata habría tenido que encargarse, pero un militar retirado sin apoyo popular
habría sido la cereza en el pastel para que el radicalismo denuncie que una
dictadura era dirigida desde Lima.
El sur
del país bullía. En Puno y Cusco, la narrativa del “presidente del pueblo preso
por la élite” caló. Los Ponchos Rojos de Bolivia estaban activados. La refinada
inteligencia cubana G-2 operaba en el campo, y su máximo representante, el
“Gallo” Zamora, era el embajador. El relato bolivariano había enraizado. La
mesa estaba servida para un estallido violento, ideal para el libreto chavista:
un Congreso desprestigiado cuyo titular —exmilitar— se encargaba del Ejecutivo;
elecciones adelantadas en un escenario golpista y un país dividido por la
narrativa de una “dictadura”. Habían creado el momento para que un radical
ganara por el voto hepático, hastiado y desinformado.
La
izquierda radical —cerronista, castillista, aliada de Evo, Maduro, Cuba y
México— tenía una coartada, eran víctimas del “golpe”, había “muertos civiles”
por defender el retorno de Castillo, decían de “su” democracia; ellos eran los
redentores de una nueva Constitución. Su objetivo, entonces y ahora:
desmantelar el modelo económico. La Asamblea Constituyente se daría
indefectiblemente, la inversión privada se paralizaría y el Perú caería en
garras del castro-chavismo. Boluarte cerró esa puerta y evitó que nos
convirtiéramos en un satélite bolivariano; además, el
Congreso
no cedió ante la anarquía electoral que suponía adelantar los comicios.
Hoy los
golpes no necesitan tanques, bastan los relatos y las narrativas, y una prensa
mendaz, mártires inventados por las redes sociales fertilizando el terreno para
una potencial guerra civil. Boluarte fue escudo de contención frente a un
proyecto empobrecedor, totalitario, violento e inmenso. Y esa batalla de
ideología transnacional, aunque siga abierta, se ganó ese día, pero la derecha
estupidizada no lo entiende.
ESCASEZ,
LARGAS FILAS Y TENSIÓN SOCIAL: BOLIVIA QUEDÓ AL BORDE DEL COLAPSO ALIMENTARIO
Miles de
ciudadanos hacen cola durante horas para conseguir alimentos básicos en medio
de bloqueos impulsados por seguidores de Evo Morales, una crisis que derivó en
agresiones a funcionarios y reflejó el creciente descontento con el gobierno de
Luis Arce
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/2y024)
Las
calles de varias ciudades de Bolivia se convirtieron este miércoles en
escenarios de tensión y desesperación. Ciudadanos formaron largas filas durante
horas para conseguir alimentos básicos como pollo y aceite, en medio de una
escasez agravada por bloqueos de carreteras impulsados por seguidores del ex
mandatario Evo Morales, quien busca forzar su candidatura a las elecciones del
próximo 17 de agosto pese a su inhabilitación constitucional.
En un
punto de venta de pollo en La Paz, la situación se tornó violenta cuando
vecinos agredieron al viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y
Consumidor, Jorge Silva, quien realizaba una inspección de precios. La tensión
escaló cuando el cargamento de pollo no llegó a la hora anunciada, lo que
desató la furia de los presentes. Silva fue acorralado, increpado y atacado con
verduras por una multitud indignada. Según explicó el propio funcionario, el
retraso se debió a “la falta de coordinación” con algunos dirigentes, pero sus
palabras no lograron calmar a la población. Finalmente, tuvo que retirarse del
lugar custodiado.
La
escena en La Paz se replicó en otras regiones del país. “Estamos haciendo fila
por un pollo y peleándonos entre nosotros mismos, entre bolivianos, y no es
justo que otros ministros vengan a mentir, deben decir la verdad. Tenemos
cuatro, cinco hijos, cómo los vamos a mantener, cómo vamos a hacer alcanzar un
pollo”, relató a EFE Sonia Chura, una compradora que se encontraba en la fila.
Por su parte, Angélica Apaza, trabajadora doméstica, contó que había comenzado
a hacer fila en la madrugada solo “por dos litros” de aceite, y más tarde tuvo
que unirse a otra para comprar pollo.
Otra
vecina, Rosa Copa, expresó su impotencia: dijo que algunos días no puede llegar
a los puntos de venta porque no encuentra transporte, y lo atribuyó a la falta
de combustible. En varias zonas, ciudadanos se empujaban entre sí para
conseguir alimentos y en las tiendas de la estatal Emapa (Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos) las filas crecían por la falta de productos esenciales
como aceite y azúcar.
Aunque
la falta de alimentos y el alza de precios se arrastran desde hace meses, la
situación se ha deteriorado en los últimos diez días debido a los bloqueos
viales impulsados por los simpatizantes de Evo Morales, que buscan presionar al
gobierno para rehabilitar su candidatura. Estas medidas han interrumpido el
transporte de mercancías, profundizando el desabastecimiento.
El país,
además, enfrenta una severa crisis económica desde principios de 2023. La
escasez de dólares en el sistema financiero ha derivado en restricciones y en
la proliferación del mercado paralelo, donde el tipo de cambio supera el
oficial de 6,96 bolivianos. A esto se suma el encarecimiento de productos de
limpieza y medicamentos. En 2024, Bolivia cerró el primer cuatrimestre con una
inflación acumulada del 5,95%, luego de registrar en 2023 una tasa del 9,97%,
la más alta desde 2008.
La
crisis también se manifiesta en la falta de gasolina y diésel, que ha generado
filas kilométricas en las estaciones de servicio. Comerciantes y transportistas
han iniciado protestas contra el gobierno del presidente Luis Arce, al que
responsabilizan por el deterioro económico y social.
El
descontento se extiende por todo el país. La combinación de escasez
alimentaria, crisis de combustibles y parálisis del transporte amenaza con
empujar a Bolivia hacia un escenario de mayor inestabilidad. Mientras las
autoridades intentan calmar los ánimos con explicaciones técnicas, la población
exige soluciones concretas.
HISTÓRICO
PARA ARGENTINA: UN ÁREA DE VACA MUERTA PRODUCE MÁS GAS QUE TODOS LOS
YACIMIENTOS DE BOLIVIA
I
Profesional de Argentina (https://n9.cl/0hogz)
Fortín
de Piedra es el yacimiento de gas no convencional emblemático de Vaca Muerta,
no sólo por sus niveles de producción sino por la velocidad de su desarrollo
que permitió transformar un llano agreste de la estepa neuquina en el mayor
yacimiento gasífero del país, en apenas 18 meses y con una inversión de unos
u$s2.500 millones.
Ahora
ese bloque de Tecpetrol, la empresa energética del Grupo Techint, logró un
nuevo hito allí al alcanzar una producción promedio de 25 millones de metros
cúbicos por día (MMm3/d), lo que la consolidó como la principal área productora
de gas de la Argentina, la que aporta el 17% de la producción total equivalente
al consumo de unos 2,5 millones de hogares
La
magnitud de esa inyección diaria de gas es tal que un dato refleja el logro, ya
que esos 25 MMm3/d de gas es equivalente al total de la producción diaria de
toda Bolivia, cuyos reservorios vienen en sensible decadencia en los últimos
años y se estima que de continuar en esa curva pasará a ser un importador neto
hacua fines de la década.
Fortín
de Piedra abarca una superficie de 243 kilómetros cuadrados dentro de Vaca
Muerta, y el año pasado llegó a procesar más de 24 Mm3/d, lo que representaba
por entonces el 15% del gas que consume el país. En un hito reciente, logró
acumular un trillón de pies cúbicos (TCF) de producción en menos de siete años,
un logro sin precedentes para la industria argentina.
Tecpetrol
y Fortín de Piedra rompen récords y es el área más productiva del país
Una de
las particularidades del bloque estrella de gas fue su desarrollo en tiempo
récord. Gracias a un enfoque de "diseño y construcción simultánea"
conocida en la industri como modalidad Fast Track, se superpusieron actividades
que normalmente se hacen de forma secuencial, logrando una reducción
considerable del tiempo total.
Esto
permitió que el proyecto se pusiera en marcha y alcanzara altos niveles de
producción en solo 18 meses, tarea que estuvo a cargo -entre otros- del actual
presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, que viene de larga carrera en el Grupo
Techint.
Aquella
obra generaró más de 4.500 colaboradores en el pico de la obra, involucró a más
de 1.000 pymes de todo el país en su desarrollo, lo que significó un importante
derrame económico y la generación de capacidades en la industria local.
Su
puesta en marcha contribuyó al autoabastecimiento energético de Argentina,
reduciendo la necesidad de importaciones de gas y permitiendo incluso la
exportación a países vecinos como Chile, mejorando así la balanza energética
nacional.
El área
cuenta con una Planta Central de Procesamiento (CPF) y un sistema de ductos de
exportación que incluye 59 kilómetros de gasoductos y 40 kilómetros de
oleoductos. Allí se utilizan tecnologías avanzadas para la extracción de gas no
convencional, como los "skidding rigs" (equipos de perforación que se
deslizan sobre rieles) y la estimulación hidráulica (fracking) para optimizar
la producción.
A 90
AÑOS DEL CESE DE HOSTILIDADES ENTRE PARAGUAY Y BOLIVIA
La
Nación de Paraguay (https://n9.cl/p060i)
Hace 90
años, un 12 de junio como hoy, el canciller Luis A. Riart, que representó al
Paraguay, y Tomás Elio, representante de Bolivia, firmaban en Buenos Aires el
protocolo de “alto el fuego”, que se conmemora como el Día de la Paz del Chaco.
Esta
firma ponía fin al que se considera el mayor conflicto bélico en Sudamérica
durante el siglo XX, conocido como la Guerra del Chaco, y a los enfrentamientos
que se libraron en el marco de la misma desde 1932 hasta 1935.
En
conversación con La Nación/Nación Media, el especialista en Historia Militar
Contemporánea Claudio Velázquez recordó la implicancia de este hecho en la
historia de nuestro país y en el curso de una guerra que marcó un antes y un
después en la sociedad paraguaya.
“El
protocolo lo que establece es un cese al fuego que se cumple 48 horas después
de su firma. En el mismo no se establece aún ninguna cuestión referente a
límites, sino que es un cese al fuego tal cual se menciona en el texto
original”, indicó Velázquez.
El mismo
precisó además que, si bien se dio un alto al fuego entre ambos países aquel 12
de junio, tanto Bolivia como Paraguay dejaron aproximadamente 5.000 efectivos
en la zona de tensión, los cuales fueron retirándose de manera gradual hasta
después que se firmara el tratado de límites definitivo.
Igualmente,
recordó que como el tratado se hizo efectivo posterior a las 48 horas de haber
sido firmado, lamentablemente durante ese tiempo se reportaron incidentes
bélicos que se cobraron la vida tanto de soldados paraguayos como bolivianos.
“Hay
reportes que del lado boliviano hubo un importante fuego de artillería; incluso
lastimosamente hubo bajas en ese periodo en ambos bandos y tal vez haya sido
parte de las bajas más tristes porque ya había sido firmado el protocolo de paz
y perecieron en ese plazo”, reflexionó.
Avance
paraguayo
En la
misma tesitura, reconoció que el avance de las tropas paraguayas durante la
contienda en el momento en que se decide firmar el tratado de paz había sido
sumamente significativo, ya que en aquel momento se encontraban ya en las
estribaciones andinas.
“Paraguay
había conseguido expulsar a los bolivianos de lo que es denominado Chaco Boreal
y ya había llegado a las estribaciones andinas; para ese entonces Bolivia había
desarrollado una contraofensiva contra los paraguayos y más o menos en la zona
hoy conocida como la Gerenza hay una batalla llamada la batalla de Ingavi donde
los paraguayos derrotan a los bolivianos y firman esta contraofensiva”, explicó
el historiador.
Subrayó
además que aquella victoria fue fundamental porque sobre esa base se establecen
posteriormente las famosas líneas de hitos de denominación dada a los
territorios que se marcaron durante esos tres años hasta 1938, momento en que
se hace la demarcación definitiva de territorios.
El costo
de la guerra
Claudio Velázquez reflexionó también respecto
al costo que había pagado la sociedad paraguaya para sostener una contienda
bélica de esta magnitud, comentando que si bien las líneas de comunicaciones
paraguayas eran extensas, las mismas también dependían del trabajo y dedicación
de un gran número de personas, en especial mujeres que se dedicaban, además de
a la sanidad y provisión de alimentos, a la costura y artillería.
“El
esfuerzo para sostener la guerra en la sociedad paraguaya había sido gigantesco.
Siempre tenemos la costumbre de mirar la guerra desde el lado del conflicto,
pero no miramos la retaguardia y todo el esfuerzo que hacían las diferentes
poblaciones. El Paraguay ya en líneas generales para junio de 1935 estaba con
un fuerte desgaste para sostener la guerra; fue el momento más oportuno para
que se dé el cese al fuego”, aseguró Velázquez.
El
regreso a casa
Muchos
soldados habían sido llamados a los fortines ya desde 1928, y permanecieron al
frente de batalla hasta 1935; otros, que en gran parte eran miembros de los 24
regimientos paraguayos que se encontraban en el Chaco al momento de la firma
del protocolo, recién regresaron en 1938 cuando se firman los acuerdos
limítrofes.
Y ante
esta realidad, Velázquez recordó la historia del teniente pirayuense Juan
Delgadillo, quien habría sido uno de los primeros hombres en acudir al llamado
de su nación y que, tras su regreso, debió de enfrentar otra gran batalla
emocional: la pérdida de su madre.
“Cuando
él vuelve tras la guerra a su casa, tanta fue la emoción de su mamá que le
termina dando un paro cardiaco al verlo venir. Todas esas cuestiones muchas
veces se nos escapan y nos olvidamos de lo que cada soldado habrá vivido en ese
periodo, porque no fue nada fácil el momento de la reinserción social”, aseguró
Velázquez.
El mismo
explicó que muchos de los hombres que sirvieron al Paraguay regresaron heridos
o mutilados y que, si bien recibieron asistencia médica y accedieron a una
pensión posteriormente, los primeros meses se encontraban sin un sustento fijo.
Así también, quienes regresaron sanos y salvos, no contaban con un trabajo y
fueron beneficiados con una bolsa de víveres para los siguientes meses,
quedando en búsqueda de un nuevo porvenir.
PARAGUAY
Y BOLIVIA, LA PAZ QUE DEVINO EN ALIANZA ECONÓMICA (SE INSTALARON 200 EMPRESAS
EN CINCO AÑOS)
Este 12
de junio se cumplen 88 años de la firma del Protocolo de Paz entre Paraguay y
Bolivia, que puso fin a la Guerra del Chaco tras tres años de cruento conflicto
por el control del territorio chaqueño. Hoy, lejos de los enfrentamientos,
ambos países celebran una relación cada vez más dinámica, basada en la
cooperación económica, la integración logística y la complementariedad
productiva.
Infonegocios
de Paraguay (https://n9.cl/ir7otc)
Desde la
firma de la paz en 1935, la relación bilateral experimenta una transformación
profunda. “Paraguay y Bolivia tienen economías que, lejos de competir
directamente, se complementan de manera natural”, afirma Jorge Eguivar,
exgerente de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano-Paraguaya y
actual gerente general de Capital Softlanding Group.
Paraguay
aporta a esta ecuación una matriz energética limpia y abundante, mano de obra
calificada, un régimen impositivo atractivo y una plataforma ideal para la
industria liviana y la maquila. Bolivia, por su parte, ofrece una rica dotación
de recursos naturales —como litio, minerales y productos agroindustriales— y
una base laboral capacitada en sectores industriales, tecnológicos y de
servicios.
Según
Eguivar, esta complementariedad estimuló la creación de cadenas de valor
binacionales, donde insumos bolivianos se industrializan en Paraguay o
viceversa, generando sinergias que fortalecen a ambos mercados. “Cada vez más
empresarios bolivianos están viendo a Paraguay como un destino estratégico para
invertir”, destacó. En los últimos cinco años, unas 200 empresas bolivianas se
constituyeron o están en proceso de instalación en el país, especialmente en
sectores como el agroindustrial, inmobiliario, tecnológico, seguros, transporte
y servicios empresariales.
La
estabilidad macroeconómica de Paraguay, sus incentivos fiscales y su acceso
preferencial al Mercosur son factores clave para esta tendencia. “Muchos
bolivianos trasladan parte de sus operaciones o buscan ampliar mercado desde
Paraguay hacia el Mercosur”, señaló Eguivar. A su vez, empresas bolivianas
comenzaron a incursionar con éxito en rubros como alimentos, bebidas, logística
y consultoría especializada.
La
integración logística juega un papel crucial en esta alianza estratégica. La
Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía fundamental para potenciar la
competitividad de Bolivia en el comercio internacional. El trabajo conjunto en
esta área puede reducir costos de transporte, mejorar la conectividad regional
y abrir nuevos canales de exportación para ambos países.
Además,
hay un gran potencial en sectores como el agroindustrial, la producción de
biocombustibles, el turismo cultural e histórico, la tecnología y las energías
renovables. “Trabajar en conjunto abre un abanico de oportunidades”, subrayó
Eguivar. “Podemos desarrollar polos tecnológicos, servicios compartidos y
manufactura ligera con destino al mercado regional o global”.
La
incorporación plena de Bolivia al Mercosur también representa un hito en este
proceso de integración. Para el país altiplánico, implica acceso preferencial a
mercados clave como Brasil y Argentina, mientras que para Paraguay representa
la consolidación del bloque con un aliado estratégico en el corazón de
Sudamérica. “Esto mejora la conectividad regional y facilita las inversiones y
la movilidad empresarial”, apuntó.
AUMENTA
LA DENUNCIA: HASTA 550,000 PRODUCTOS DE CONTRABANDO DIARIOS INGRESAN DESDE
BOLIVIA, PARAGUAY Y BRASIL
Informe
Digital de Argentina (https://n9.cl/1clzu)
Con
total impunidad, cientos de miles de huevos ingresan diariamente desde países
limítrofes, sin control sanitario ni documentación. La Cámara Argentina de
Productores Avícolas (Capia) ha alertado sobre el grave riesgo que esto
representa para la salud pública y el impacto económico en las provincias del
norte. Denuncian que existe connivencia estatal y que no se toman medidas a
pesar de tener pruebas. La entrada ilegal de este alimento se ha intensificado
en un contexto en el que Argentina se volvió cara en dólares en comparación con
los países vecinos, creando un mercado paralelo o “blue”, que nadie contiene,
ofreciendo productos a precios inferiores.
Mientras
los pequeños productores avícolas del norte argentino ven cómo se desploman sus
ventas, decenas de cajones de huevos cruzan las fronteras a diario en camiones
provenientes de Bolivia, Paraguay y Brasil. Según datos de Capia, ingresan
aproximadamente 550.000 unidades al país diariamente, sin controles sanitarios
ni respaldo legal. Las provincias más perjudicadas son Salta, Formosa y
Misiones, donde “hoy directamente no se vende nada”, advierten.
El
presidente de Capia, Javier Prida, calificó la situación como un “desastre”,
advirtiendo que el fenómeno no solo tiene implicaciones económicas, sino también
sanitarias. “Al hablar con algunos funcionarios, parece que creen que es solo
un asunto comercial. Argumentan que el contrabando ha existido siempre, y que
cuando era desde aquí hacia esos países nadie se quejaba, pero ahora nos
preocupamos porque es de allá hacia acá. Y eso no es cierto”, explicó a LA
NACION.
Contrabando
de huevos
Aunque
el problema empezó a hacerse evidente a mediados de 2024, en los últimos meses
la situación se ha acelerado drásticamente. “En Argentina, el tipo de cambio se
ha anclado y nosotros somos caros en dólares. Un cajón de huevos de producción
nacional cuesta unos US$48, mientras que en Brasil se paga entre 36 y 37, y en
Bolivia, US$26, debido a la existencia de un mercado paralelo”, detalló.
Prida
afirmó que se han comunicado con funcionarios nacionales y provinciales, sin
éxito en la búsqueda de soluciones. “El contrabando hormiga siempre existirá,
el tipo que pasa cuatro cajas en una motito. Pero lo que nos preocupa ahora son
los vehículos con patentes de Paraguay y Brasil que traen camiones repletos de
huevos. No se trata de una sola caja. Los hemos filmado, compartimos las
imágenes con las autoridades, pero nadie presenta una denuncia”, comentó.
“No
podemos ir a Formosa o a Clorinda a controlar quién pasa huevos. ¿Nadie ve
pasar un camión lleno de huevos? Los controles del Senasa allí son
inexistentes. Existe connivencia de funcionarios públicos, aunque no sabemos de
qué departamento; esto es más un problema nacional que provincial. Es cuestión
de sentido común”, sostuvo.
Para
Prida, no hay dudas: “Hay complicidad. No estamos hablando de una señora en
Bolivia con dos cajas en la espalda. Hablamos de camiones con matrículas
bolivianas que llegan a Tucumán, vendiendo huevos de manera clandestina, sin
papeles ni documentación”.
Productores
avícolas tomaron una foto de un camión con la descarga de huevos que pusieron
en la miraGza.
El
riesgo sanitario es el aspecto más alarmante de esta situación. “Brasil,
Paraguay y Bolivia no cuentan con el mismo estatus sanitario que Argentina. No
solo se trata de huevos; también ingresan asado, cerdo, pollo, cerveza, bebidas
alcohólicas, electrodomésticos. Es contrabando puro. Hay una perforación de
frontera absoluta”, denunció.
El
impacto es directo sobre las economías regionales. “En esas provincias no hay
grandes productores. La mayoría son pequeños productores que dependen de esa
venta y están subsistiendo. ¿Cómo pueden competir si los costos son superiores
al precio de los huevos que ingresan? Un maple argentino cuesta $8000, mientras
que uno paraguayo, $5000. Al consumidor no le importa el origen”, lamentó.
Según
explicó, la mercadería ilegal se detecta con facilidad. “Son cajas rotuladas en
portugués (de Brasil) o que indican directamente huevo de Paraguay. El huevo
boliviano es el único que viene sin rotular, pero lo atan con hilo; no lo
encintan como en Argentina, y esta es la manera en que sabemos que proviene de
ese país. El brasileño viene en cajas de cartón, y el paraguayo en plástico
termocontraíble. Los identificamos rápidamente”, contó.
La
mercadería ilegal se detecta fácilmente: “Son cajas rotuladas en portugués (de
Brasil) o que dice directamente huevo de Paraguay; el boliviano es el único que
viene sin rotular, pero lo atan con hilo, no lo encintan como en la Argentina,
y esa es la manera que sabemos que viene de ese país”Gza.
La
entidad tiene identificados incluso a los responsables. “Conocemos los lugares
y los teléfonos de los contrabandistas, pero el Estado no hace nada. Me reuní
con personal del Ministerio de Seguridad, que se mostró muy receptivo, pero no
tienen recursos suficientes. En el Senasa central responden y envían
directivas, pero el resto brilla por su ausencia”, advirtió.
Prida
insistió en que esto no se trata únicamente de comercio informal, sino de salud
públicaGza.
Prida
reiteró que esto no se trata simplemente de comercio informal, sino de salud
pública. “Este es un tema sanitario, y el Estado no actúa. Hay funcionarios
preocupados, pero claramente no es suficiente. Hoy, el contrabando opera con
total impunidad”, concluyó.
AVIONETA
NARCO: VILLAFUERTE RUZO IMPUTÓ A LOS PILOTOS EXTRANJEROS E INDAGAN POSIBLE
VÍNCULO CON EXMIEMBRO DE LA FUERZA AÉREA
El Norte
de Argentina (https://n9.cl/jr7dk)
El juez
federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó prisión preventiva, al
menos por 90 días, para dos pilotos extranjeros luego del hallazgo de una
avioneta con matrícula adulterada en Estación Díaz en la zona rural de San
Jerónimo, ubicada a unos 100 kilómetros de San Nicolás. La imputación hasta el
momento es por contrabando de moneda extranjera y recae sobre los sujetos de
nacionalidades boliviana y paraguaya que piloteaban la aeronave. Conforme a los
peritajes realizados a los dispositivos electrónicos incautados antes del
aterrizaje forzoso, habrían descargado mercadería ilegal en una estancia
ubicada a la vera del Arroyo del Medio en el partido de Pergamino en territorio
bonaerense, perteneciente a un exmiembro de la Fuerza Aérea. Tanto el predio
rural como el domicilio de su propietario situado en la localidad de Peyrano
fueron allanados por orden del magistrado nicoleño.
La
aeronave había ingresado clandestinamente al país, con elementos que apuntan a
una maniobra de contrabando o narcotráfico transnacional. La investigación
reconstruyó el itinerario del vuelo, que partió desde Bolivia el 2 de junio y
terminó con un aterrizaje forzoso al día siguiente en territorio santafesino.
En el lugar, la policía detuvo a los pilotos, identificados como Mikhail Z.
(30), boliviano, y Milton A. E. (54), peruano. Además, secuestró 30.500
dólares, celulares, bidones de combustible, municiones y un GPS. Antes,
descendieron en un campo del partido de Pergamino perteneciente a un hombre que
habría sido integrante de la Fuerza Aérea, piloto de aviación y titular de una
aeronave, donde se presume que hicieron una descarga.
El
análisis del GPS secuestrado en el lugar del aterrizaje contiene registros de
coordenadas coincidentes con ese predio y los celulares incautados a los
imputados incluyen mensajes, imágenes y ubicaciones georreferenciadas también
vinculadas a ese lugar, así como conversaciones que refieren a “carga”,
“descarga”, “material” y términos compatibles con la logística del
narcotráfico, como así también un video manipulando un posible ladrillo de
material que supuestamente sería cocaína. Del teléfono del piloto boliviano
extrajeron, entre otros indicios, videos e imágenes que documentan fallas
mecánicas, capturas de pantalla de conversaciones operativas y “selfie” del
imputado en la cabina con auricular y micrófono, coordinación de vuelos,
consultas sobre pistas alternativas, referencias al paso por Paraguay, así como
menciones a aeronaves “tucanos” que los vigilaban.
Allanamientos
A partir
de esos elementos, la Unidad Fiscal de Santa Fe solicitó autorización judicial
para allanar tanto el predio rural y los galpones como el domicilio del
propietario en Peyrano, medidas que fueron autorizadas por el juez de garantías
Carlos Villafuerte Ruzo, y realizadas el domingo 8 de junio pasado.
Secuestraron un croquis de un campo, dos celulares, una notebook y un DVR con
registros fílmicos.
La
fiscalía acusa a los pilotos de haber importado el día 3 de junio 30.500
dólares estadounidenses por lugares no habilitados, evitando el control de la
aduana, empleando un medio de transporte aéreo (aeronave tipo avión marca
Cessna) con matrícula adulterada, apartándose de las rutas autorizadas y
aterrizando en un lugar no habilitado para el tráfico de mercadería.
Los
hechos fueron calificados provisoriamente como contrabando de dinero en moneda
extranjera por transporte aéreo, conducción sin certificado de habilitación y
cruce clandestino de la frontera, falsificación, alteración o supresión de un
objeto registrado de acuerdo con la ley.
Los dos
aprehendidos contaban con antecedentes penales. Mikjail Z. R. había sido
detenido en una avioneta Cessna en 2021 en Bolivia tras el secuestro de 480
kilos de cocaína. En tanto que Milton Carlos A. E. había sido capturado en 2020
en México junto con otro piloto peruano como parte de una organización dedicada
al traslado de drogas a Estados Unidos.
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Otras
avionetas narcos
Mientras
la Justicia Federal investigaba el hallazgo de la avioneta abandonada en
Estación Díaz, la aparición de otra aeronave, en este caso incendiada, en un
campo próximo a la Ruta Provincial 32, en cercanías de El Socorro, en el
partido de Pergamino, volvió a poner en estado de alerta a las autoridades
federales que temen una intensificación del uso del corredor agrícola como vía
para vuelos narcos. La Fiscalía Federal de San Nicolás investiga si se trata de
un nuevo vuelo vinculado al narcotráfico en una región históricamente utilizada
para este tipo de operaciones ilícitas y si forman parte de la misma
estructura.
En 2022,
otra aeronave apareció siniestrada en un campo de la localidad de Pergamino,
desde la cual se determinó que arrojaban cargamentos de cocaína en zonas
rurales para abastecer puntos de venta en el conurbano bonaerense y la Capital
Federal. La investigación se originó a partir del hallazgo de una avioneta
siniestrada, abandonada y sin matrícula ni ocupantes, en mayo de 2022 en la
zona rural de El Socorro. Durante enero de ese año, en esa misma área, fueron
secuestrados aproximadamente 300 kilogramos de cocaína que habían sido
arrojados desde una aeronave. Poco después fueron encontrados otros 85 kilos de
cocaína empaquetada en un campo ubicado entre J. B. Molina y General Gelly,
sitio próximo al hallazgo de la avioneta siniestrada. Con el avance de la
pesquisa, la fiscalía determinó que la cocaína que venía en las aeronaves de la
organización luego era distribuida en distintos puntos ubicados en el Área
Metropolitana de Buenos Aires.
CHINA VA
POR EL ORO BLANCO ARGENTINO: LITIO, NEGOCIOS Y TENSIONES EN LA PUNA
NOVA
Bonaerense de Argentina (https://n9.cl/mr99n)
De la
mano de empresas chinas, en Argentina crece un modelo extractivo que consume
agua en zonas áridas y vulnera derechos indígenas.
Según el
sitio de noticias elarchivo.com ,el litio se ha convertido en uno de los
minerales más codiciados del siglo XXI, entre ellos por las grandes potencias:
Estados Unidos y China. Este metal alcalino, liviano y conductor, es esencial
para la fabricación de baterías de autos eléctricos y el almacenamiento de
energías renovables, pilares de la anhelada transición energética global.
En este
nuevo escenario, Argentina ocupa un lugar estratégico: forma parte del
"triángulo del litio", junto con Bolivia y Chile, región que
concentra más del 58% de los recursos mundiales del mineral. De ese triángulo,
la Puna argentina alberga uno de los proyectos más ambiciosos: el Salar de
Cauchari-Olaroz, en Jujuy.
Allí
opera EXAR, una empresa de capitales de China, canadienses y estatales
argentinos, que ya produce 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con
una vida útil proyectada de 40 años. La inversión inicial superó los 970
millones de dólares, y más del 60% de sus trabajadores son de Jujuy. Según su
propio discurso institucional, EXAR promueve una minería
"responsable", alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), y adhiere a programas de buenas prácticas ambientales y sociales.
Sin
embargo, detrás de esta fachada de sostenibilidad, se esconden profundas
contradicciones, múltiples denuncias y un modelo extractivo que pone en jaque a
las comunidades indígenas y a los ecosistemas altoandinos.
Cauchari-Olaroz:
el corazón geológico de la fiebre del litio
El
proyecto Cauchari-Olaroz se encuentra en el departamento de Susques, al oeste
de la provincia de Jujuy, en plena puna altoandina. Forma parte del Triángulo
del Litio —junto a regiones de Chile y Bolivia— que concentra más del 58% de
las reservas mundiales de este mineral. Dentro de Argentina, se lo considera
uno de los yacimientos más prometedores, con recursos estimados en más de 24
millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.
La zona
está ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, dentro de una cuenca
cerrada donde históricamente se formaron salares por la evaporación de agua en
condiciones áridas. Desde el punto de vista geológico, el salar de Cauchari se
asienta sobre una antigua cuenca sedimentaria de origen precámbrico, modelada
posteriormente por movimientos tectónicos andinos que dieron lugar a fracturas
y levantamientos. Estas formaciones geológicas permitieron el almacenamiento de
salmueras subterráneas ricas en litio, potasio y otros minerales.
El
funcionamiento hidrogeológico del salar es complejo. La cuenca recibe agua
superficial y subterránea de las montañas circundantes. El agua se filtra a
través del suelo, disolviendo sales en su recorrido. Luego, se acumula en el
centro de la cuenca formando una salmuera altamente concentrada. Se trata de un
sistema convectivo cerrado, donde el agua más densa (por la concentración de
sales) desciende al centro del salar mientras que el agua menos densa asciende
por los bordes, generando una dinámica circular.
Esta
celda convectiva es extremadamente sensible a cualquier alteración, y su
equilibrio puede romperse si se extrae más salmuera de la que el sistema puede
reponer naturalmente. Además, muchos de estos salares están superpuestos con
humedales altoandinos —como vegas, lagunas y bofedales— que actúan como
reservorios de agua dulce y sustentan una rica biodiversidad. La zona ha sido
reconocida como hábitat de especies protegidas como la vicuña, el suri
cordillerano y varias especies de chinchilla.
Aunque
desde 1981 el área de Cauchari-Olaroz fue declarada reserva provincial para la
conservación de fauna autóctona, la presión minera ha puesto en duda su
verdadero estatus de protección. Hoy, el mismo subsuelo que guarda estos
ecosistemas únicos es perforado a cientos de metros de profundidad para extraer
la salmuera con litio, dando lugar a un nuevo frente de conflicto entre el
desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y cultural.
La
extracción: sed de litio, sed de agua
El
proceso de obtención del litio en los salares del norte argentino implica
perforar el subsuelo para extraer salmuera rica en litio y otros minerales.
Luego, esta salmuera se almacena en gigantescos piletones para que el agua se
evapore y deje el litio concentrado. Este método tradicional, conocido como
evaporación solar, puede tardar entre 12 y 18 meses y requiere enormes
volúmenes de agua.
En el
caso de Cauchari-Olaroz, también se está desarrollando una nueva técnica físico-química
que acelera el proceso a menos de 8 horas y permite una mayor recuperación del
litio. Aunque esta tecnología se presenta como más eficiente y amigable con el
ambiente, aún está lejos de reemplazar completamente el método evaporativo, que
sigue siendo el más extendido.
Las
consecuencias de esta explotación no son menores. En una región extremadamente
árida, donde las lluvias son escasas y los ecosistemas frágiles, la extracción
intensiva de agua salada altera los ciclos hídricos, saliniza fuentes de agua
dulce y pone en riesgo los humedales altoandinos, fundamentales para la
biodiversidad local y la supervivencia de las comunidades.
Una
estimación reciente calculó que se necesitan alrededor de 584.000 litros de
agua por cada tonelada de litio extraído. En otras palabras, la fiebre del oro
blanco avanza al ritmo del vaciamiento de las reservas hídricas de la Puna.
Comunidades
que resisten
Las
comunidades indígenas de Jujuy vienen denunciando desde hace más de una década
los impactos de la minería del litio en sus territorios ancestrales. La mayoría
de los salares están dentro de tierras reconocidas constitucionalmente como
propiedad comunitaria de los pueblos originarios, pero eso no ha impedido que
los proyectos avancen sin cumplir los estándares internacionales de consulta
previa, libre e informada.
Organizaciones
como el Colectivo Apacheta y comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc
exigen que se respete su derecho a decidir sobre el uso de sus territorios.
Denuncian que las consultas realizadas por el gobierno provincial fueron
meramente formales, sin participación real, y que las decisiones se tomaron a
espaldas de los habitantes de la región.
"Nos
dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos
animales y menos vida", expresan desde las comunidades. Su rechazo no es
solo ambiental, sino también cultural y económico: la minería amenaza con
desplazar modos de vida ancestrales basados en la agricultura, la ganadería y
la recolección de sal.
El rol
del Estado: entre socio y cómplice
En
Argentina, la regulación del litio está incluida en el marco general de la
legislación minera, diseñado en los años noventa con una lógica liberal que
prioriza la atracción de inversiones. Las provincias son las propietarias del
recurso, pero la ley nacional de inversiones mineras limita las regalías que
pueden cobrar a un 3%. Esto, sumado a beneficios fiscales y estabilidad
tributaria por 30 años, hace del país un paraíso para los capitales
extranjeros.
Jujuy,
además, participa como socia en los proyectos a través de JEMSE (Jujuy Energía
y Minería Sociedad del Estado), con una participación minoritaria que le
permite avalar las explotaciones sin mucho poder de decisión. Esta situación
genera un doble conflicto de intereses: el Estado provincial es a la vez
promotor, socio y regulador de la actividad minera.
Especialistas
advierten que los estudios de impacto ambiental, obligatorios por ley, no son
suficientemente rigurosos ni actualizados, y que no existe una evaluación del
impacto acumulativo de los múltiples proyectos en curso. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación ordenó recientemente a las provincias de Jujuy y Salta
brindar información detallada sobre las autorizaciones y estudios realizados,
reconociendo que el marco de control actual es insuficiente.
China,
el gran comprador
La
presencia china en la minería del litio no es casual. El gigante asiático
lidera la fabricación de baterías de vehículos eléctricos a nivel mundial, y
aunque produce parte del litio que necesita, no alcanza a cubrir su demanda
interna. Por eso, desde hace años, sus empresas estatales y privadas han
avanzado en la adquisición de minas y participación accionaria en proyectos de
todo el mundo, especialmente en América del Sur y África.
En
Argentina, compañías como Ganfeng Lithium, Zijin Mining Group y Tsingshan
Holding Group controlan o participan en varios proyectos en Jujuy, Salta y
Catamarca. En 2023, China fue el principal destino de las exportaciones de
litio del país, concentrando el 38% del total. A su vez, es el origen de más
del 50% de las inversiones en minería.
Los
acuerdos de financiamiento suelen incluir la condición de que el litio extraído
se exporte a China, lo que limita la posibilidad de desarrollar una industria
local de valor agregado. En palabras de un experto en economía minera, “seguimos
exportando materia prima barata y comprando tecnología cara”.
Transición
energética, ¿Para quién?
El litio
es presentado como el motor de una transición energética verde, destinada a
combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles
fósiles. Sin embargo, el modo en que se está extrayendo en el norte argentino
contradice buena parte de estos objetivos. Como advierten especialistas en
políticas ambientales, “no se puede hablar de energía limpia si se basa en
métodos extractivos que generan pasivos ambientales, consumen agua escasa y
desplazan comunidades”. Desde la academia y la sociedad civil, se reclama una
transición justa, que incluya a los territorios donde se extrae el litio,
respete los derechos humanos y promueva una industrialización sustentable.
Existen
alternativas. Científicos del Conicet y universidades públicas están
desarrollando métodos de extracción directa que reducen el uso de agua y
minimizan el impacto ambiental. Pero estas tecnologías aún no se aplican a
escala industrial, en parte por falta de inversión estatal y por el dominio de
las grandes multinacionales sobre el proceso productivo.
Mientras
las baterías de litio prometen alimentar el mundo del mañana, hoy ese mismo
litio se extrae en condiciones que reproducen desigualdades, deterioran
ecosistemas únicos y refuerzan la dependencia económica. Los salares de Jujuy,
Salta y Catamarca no solo concentran riqueza mineral, sino también saberes
ancestrales y formas de vida que están siendo puestas en riesgo. Como dicen las
comunidades: “No nos oponemos al desarrollo, pero queremos decidir cómo y con
qué condiciones”.
