AUMENTA EL TRÁMITE DE “DOBLE NACIONALIDAD” PARA BOLIVIA. CADA VEZ SON MÁS LOS ARGENTINOS QUE BUSCAN OBTENERLA PARA INGRESAR, TRANSITAR Y RESIDIR EN EL VECINO PAÍS.

Pese a las tensiones migratorias recientes entre Argentina y Bolivia por el cobro de la asistencia sanitaria en la provincia de Salta, una tendencia en el Consulado del vecino país en Jujuy da cuenta de un creciente aumento de gestiones de "doble nacionalidad" por parte de argentinos que son hijos de padres bolivianos. El cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamani, confirmó que la cifra supera el centenar de trámites.
Explicó que actualmente, y en especial en la provincia de Jujuy, viven muchos bolivianos que optaron por tomar la nacionalidad argentina, pagado impuestos, estudiado y están contribuyendo al desarrollo de la provincia y de la Argentina. "No obstante, los hijos de estos bolivianos nacionalizados argentinos buscan ahora, a la inversa, obtener la 'doble nacionalidad' para ingresar, transitar y residir en Bolivia como ciudadanos bolivianos y no como extranjeros", señaló.
El trámite se realiza en los consulados de Bolivia y, según la Constitución Política del Estado, los hijos de bolivianos tienen garantizada la nacionalidad de ese país. "Algunos expresan que quieren tener el documento para conocer Bolivia, la tierra de sus padres o abuelos. Muchos sueñan con bailar en el carnaval de Oruro o la entrada de la Virgen de Urkupiña", agregó Mamani.
También mencionó que hay una fuerte motivación económica. "En las consultas nos dicen que quieren ir a trabajar a Bolivia porque económicamente están complicados aquí y buscan otro ingreso en Bolivia", afirmó. Además, la doble nacionalidad les otorga el derecho a trabajar, a la atención médica y convalidar estudios en Bolivia. "Actualmente, Bolivia sigue siendo un país con una baja inflación anual, de casi 3%, sin aumentos en tarifas como nafta, luz y agua", destacó.
En cuanto a la identidad, Mamani explicó que muchos argentinos buscan la doble nacionalidad por un sentido de pertenencia y para conocer la cultura de sus ancestros. "La mayoría de los hijos de bolivianos que viven aquí, a sus 30 o 40 años, nunca han ido al pueblo de sus padres", añadió. Recordó que dentro de la migración boliviana en Jujuy, hay una descendencia importante de tarijeños y la segunda población es potosina; mientras en Buenos Aires la primera descendencia es de La Paz, la segunda de Cochabamba y la tercera de Potosí.
Para realizar el trámite es esencial contar con padres inscriptos en el Sistema de Registro Civil de Bolivia y presentar un certificado de nacimiento correctamente registrado, porque aseguró que muchos presentan certificados de nacimiento mal escritos, totalmente observados y bloqueados, y se complica. Recomendó contar con el certificado de nacimiento, que debe estar bien en Bolivia y si el padre está vivo y es mayor, no es necesario que estén presentes; si falleció, se presenta el certificado de defunción.
Por último, Mamani recordó que en el censo de 2010 se registraron casi 30.000 bolivianos en Jujuy, aunque aún no tienen datos oficiales recientes y se espera más información en el próximo censo de Bolivia.
Finalmente, el cónsul instó a participar de las actividades conmemorativas del aniversario del departamento de Tarija, que se celebra hoy, pero en la provincia se celebrará el viernes en Alto Comedero. Es que recordó la relación histórica entre Argentina y Bolivia marcada por la lucha por la independencia y los lazos socioculturales con próceres como Cornelio Saavedra, boliviano que encabezó el Virreinato del Río de La Plata, y se formó en la Universidad de Chuquisaca igual que otros patriotas argentinos. El Tribuno de Argentina (https://acortar.link/VGBECC)
 
 
 
 
 
MEDIOAMBIENTE. SALARES EN ALERTA ROJA: COMUNIDAD CIENTÍFICA CRÍTICA LA RECIÉN ANUNCIADA RED DE SALARES PROTEGIDOS
 
El saqueo del litio se hace inminente, ya que se anunciaron la cantidad de salares que serán explorados y explotados por parte de las empresas privadas nacionales e internacionales. La comunidad científica frente a este anuncio, critica la falta de criterios científicos para definir esta cuestión, la cual causa mucha preocupación por la posible destrucción de estos ecosistemas.
 
Izquierda Diario de Chile (https://acortar.link/womSGK)
 
El saqueo de los recurso naturales no tiene límite y hoy el auge por el litio o “oro blanco” lo demuestra, podemos ver cómo las diferentes potencias económicas, como Estados Unidos, a través de Laura Richardson, la general a cargo del comando sur, dicen abiertamente que los ojos están puestos en los recursos naturales y elementos poco comunes en esos países, como lo es el triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina, donde nuestro país es quien tiene la mayor concentración de litio y el Gobierno de Boric a través de la Estrategia Nacional del Litio, dejo a disposición de exploración y explotación cerca de 26 salares a empresas privada como SQM y Albemarle, y 7 serán explotados por el estado de Chile.
Este escenario enciende la alerta roja para algunos científicos, ambientalistas y también para las comunidades del norte de chile, ya que que estos proyectos mineros del litio amenazan los ecosistemas de los salares, espacios de una biodiversidad única en el mundo, donde se suelen encontrar 3 de las 6 especies de flamencos que se pueden ver en el planeta, también la preocupación recae en el consumo excesivo de un recurso vital como el agua en el proceso de extracción del mineral alcalino, donde hoy en día, entre SQM y Albemarle consumen cerca de 63 mil millones de litros al año. Todo esto en medio de una crisis hídrica en chile, un ejemplo es la 4ta region de coquimbo que está quedando sin agua, lo podemos presenciar por la poca agua que le va quedando a los embalses, como el Puclaro en el valle del Elqui, que contiene un 4% de su capacidad, todo esto gracias al saqueo indiscriminado de empresas mineras y la sobreproducción de monocultivo.
Cabe destacar que en la actualidad el Gobierno Boric, se comprometió al momento de promulgar la ENL en proteger ciertos salares que sean de importancia, es por esto que hace poco el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático anunció la creación de la red de salares protegidos, el cual contempla la protección del 25% de la superficie de salares. Sin embargo, académicos, científicos y defensores ambientales alertan sobre la ausencia de criterios científicos para definir la explotación de los 26 salares que se anunciaron, de los que no se sabe cuales son, levantando varias críticas en organizaciones civiles y expertos. “Es complejo anunciar un número de salares sin saber cuales son y cuáles serán sus condiciones de explotación” Asegura Antonio Pulgar, abogado de la Universidad de Chile e investigador de FIMA una organización que trabaja en el acceso a la justicia ambiental.
Pulgar, también menciona que dentro de los criterios para los salares que se van proteger y aquellos que se van a explotar hay una diferencia preocupante, ya que todo indica que tomara menos tiempo en dar luz verde a la explotación de los 26 salares, ya que sólo regirán por “criterios de exclusión” referidos a la presencia de faenas mineras, de proyectos de empresas del Estado, cualquiera sea la etapa de desarrollo en la que se encuentren, y si es que los salares están en sitios fronterizos dado que algún país vecino podría estar desarrollando en ellos algún proyecto.
Podemos ver que la balanza siempre está a favor de quienes explotan los recursos naturales a costa del trabajo ajeno, sin importarles para nada los ecosistemas y comunidades que pertenecen a los diferentes territorios que serán explotados, encontrándonos en una constante alerta por la defensa del medioambiente, donde las nuevas generaciones ha sido unos de los principales críticos al capitalismo y impulsores de de movimientos en defensa del planeta. Frente a esta crítica situación que enfrentan los salares en chile, el aporte que pueden hacer los criterios científicos toman relevancia, pero es necesario acabar con la explotación y el sistema extractivista de una minoría capitalista, pero sabemos que eso se logrará de la lucha de las comunidades, trabajadores y sectores populares por la nacionalización de los recursos naturales y ponerlos bajo su propio control y gestión.
 
 
 

EL ORO DE LA DESTRUCCIÓN: UNA DÉCADA DE MINERÍA ILEGAL Y LAVADO
 
Un equipo de 18 periodistas de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –y sus socios El Espectador (Colombia); Sumaúma (Brasil), Vistazo (Ecuador) y El Deber (Bolivia)– revela que entre el 2014 y el 2023 cinco países andino amazónicos exportaron más de 3.000 toneladas de oro de alta pureza de origen no formal. Empresas de la India y Emiratos Árabes Unidos tienen como proveedores a empresas y representantes investigados o con vínculos con la minería ilegal.
 
Revista Vistazo de Ecuador (https://acortar.link/Q6eUcv)
 
La investigación Las rutas del oro sucio–realizada durante siete meses y que recorrió siete enclaves de la minería y el lavado de activos en la Amazonía– expone el mecanismo detrás del blanqueo del mineral: en Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador se usan papeles de mineros en proceso de formalización, artesanales, cooperativas o concesiones de fachada para lavar el oro ilegal. La fragilidad de la trazabilidad y los laxos procesos de debida diligencia permite que el oro ilegal entre fácilmente en la economía legal.
Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción aurífera oficial de origen conocido y sus exportaciones. En años recientes, la minería ilegal se ha expandido a la provincia amazónica del Napo, donde las fronteras de las actividades legales con las ilegales se hacen borrosas. Un proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas.
Perú
Una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico identificó que compañías de la India y Emiratos Árabes Unidos importan oro de proveedores investigados por las autoridades peruanas y con serios antecedentes que los vinculan a la minería ilegal de oro. A través del análisis de datos de 10 años de exportaciones, entrevistas de campo, viajes en el territorio amazónico y acceso a expedientes policiales y judiciales, se ha identificado la ruta que sigue el oro sospechoso. Una de las empresas más importantes de la India tiene a seis de sus proveedores con antecedentes vinculados a la extracción ilegal de oro.
Colombia
En Colombia, el 80% del oro exportado es ilegal. Una parte de ese mineral proviene de áreas protegidas del departamento de Guainía, muy cerca de la frontera con Venezuela y Brasil. Allí, al extremo este del país, confluyen actores armados, comunidades indígenas y empresas exportadoras de oro con investigaciones en la Fiscalía.
Brasil
Hay grupos vinculados a uno de los grupos criminales más grandes de Brasil –el Comando Vermelho– operando en los nuevos focos de la minería ilegal en la Amazonía. En medio de la explosión de las minas clandestina, el municipio de Itaituba, a orillas del río Tapajós, se ha convertido en la principal lavandería de oro ilegal de este país.
Bolivia
Durante los últimos años las cifras oficiales de producción de oro en Bolivia no cuadran con las cantidades que finalmente se exportan. Solo el año 2022 hay una diferencia de 10 toneladas de oro que no tienen un origen conocido. Mientras esto ocurre, las dragas se multiplican en los ríos de la Amazonía y el gobierno anuncia tres proyectos mineros grandes de cinco compañías de oro que operarían sobre los ríos Beni, Madre de Dios y Picosutu.
El crimen organizado se internacionaliza
La profesionalización de la delincuencia organizada se traslada a las mejoras tecnológicas de la minería ilegal en la Amazonía: usan energía solar y nuevas generaciones de motores con más potencia.
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica.
El oro ilegal circula entre los países sin mayor control por parte de las autoridades nacionales, que están registrando cada vez más una mayor presencia de grandes grupos de narcotraficantes en el negocio de la extracción del metal en la mayor selva tropical del mundo.
Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonía se concentran en los ríos: el Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, en el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de este oro va –según las cifras oficiales de producción– hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporados en la cadena formal y ser exportados; pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.
 
 
 
 
 
AÑOS DE RETRASO EN HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS: ELEGIR ENTRE MIGRAR O EJERCER TU PROFESIÓN
 
La plataforma ‘Homologantes Bolivianxs en España’ acaba de publicar el informe “Titulaciones en el limbo: el drama de solicitar homologación y/o equivalencias de títulos universitarios bolivianos en España”.
 
Gestión de Perú (https://acortar.link/L67qUz)
 
Gabriela, Carmen y Emili son tres bolivianas residentes en España desde hace varios años, un país que las acogió pero donde no consiguen homologar sus títulos universitarios y por ello se han visto obligadas a trabajar “de todo”, también sin contrato, para poder mantenerse.
Las tres forman parte de la plataforma ‘Homologantes Bolivianxs en España’ que acaba de publicar el informe “Titulaciones en el limbo: el drama de solicitar homologación y/o equivalencias de títulos universitarios bolivianos en España” en el que recogen 16 casos de compatriotas que están su misma situación.
Gabriela Frías cuenta a EFE que el documento, que le han hecho llegar a la Embajada boliviana en Madrid para que, esperan, puedan remitirlo también al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español, quiere “visibilizar una realidad que si bien es global” y afecta a varias nacionalidades, se añade a “los prejuicios que hay sobre la sociedad boliviana” en España.
Frías lleva seis años en España, en los que no ha podido ejercer su profesión, la psicología, a pesar de haber hecho dos másters en territorio español y estar acabando el doctorado: “nada me sirve hasta que mi grado esté homologado o reconocido”.
Por ello, empezó a ir a manifestaciones y en ella conoció a Emili Yáñez, miembro también de ‘Homologantes Bolivianxs en España’ y licenciada en medicina en Bolivia.
En 2021 Emili se trasladó a España y comenzó a prepararse el examen de Médico Interno Residente (MIR) con el que los médicos españoles realizan su especialización, pero al que ella no ha podido aún presentarse por no tener el título homologado.
“No tuve respuesta durante dos años y entonces me notificaron que mi solicitud estaba incompleta y que la documentación no estaba correctamente legalizada”, explica a EFE Yáñez al tiempo que precisa que lo que descubrió después es que Bolivia no apostilla los documentos sino que añade una página extra al total, algo que no hacen todos los países, ya que hay diversos métodos.
El procedimiento de apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación de este, una Apostilla o anotación para certificar la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya.
Así, los documentos certificados por una Apostilla emitidos en un país firmante del Convenio (entre los que están Bolivia y España) deberán ser reconocidos en cualquier otro país firmante sin necesidad de otro tipo de autenticación.
A pesar de ello, ni Gabriela, ni Emili, ni tampoco Carmen han podido homologar sus títulos y siguen esperando a que les den una solución desde el ministerio español.
“A veces el ministerio requiere cosas que ya has presentado y una respuesta del ministerio son cuatro o seis meses, es muy complicado para nosotras a día de hoy y luego están los gestores y los abogados, que también sacan provecho cobrando por un servicio que una misma puede hacer, por eso creamos esta plataforma para evitar que la gente sea estafada”, señala Gabriela.
También le sucede a Carmen, otra boliviana cuyo título de veterinaria es cubano y llegó en 2011 a España para hacer un máster y con él regresar a su país, pero finalmente se quedó.
Ella comenzó el proceso de homologación en 2013 y en 2018 consiguió la “condicionada” que implicaba “sacarse de nuevo entre tres y cinco años de la carrera en facultades de veterinaria de universidades públicas españolas, prácticamente la carrera entera”.
Por ello, decidió dedicarse a la investigación y aparcar la veterinaria y la homologación, hasta que se topó con una manifestación donde conoció a sus dos compatriotas.
“Había que hacer algo porque así no podemos seguir, mis títulos de máster y doctorado hechos en España no me sirven para oposiciones, porque no tengo la licenciatura homologada; lo pagamos, yo saqué el doctorado con un concurso nacional, pero luego no nos sirve”, narra.
Y es que, según lamenta, “ahora mismo podría estar como plantilla fija y no con contratos temporales”: “He tenido que hacer otras cosas, como todos, de todo”.
 
 
 
 
 
LA POLICÍA TUCUMANA DESCUBRIÓ VARIAS MOTOS DE ALTA GAMA ROBADAS EN BUENOS AIRES, DESARMADAS, QUE IBAN RUMBO A BOLIVIA PARA SER CAMBIADAS POR COCAÍNA
 
Contexto de Argentina (https://acortar.link/vc5Pac)
 
Bolivia se convirtió en el nuevo destino de las motos de alta gama que se roban en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de apoderarse de esos vehículos, los delincuentes los desarman y mandan las partes por encomiendas a Jujuy y Salta, a ciudades linderas con Bolivia.
Una investigación expuso que una organización criminal demoró solo 96 horas en completar todos los pasos de ese proceso delictivo, esto es, robar una moto de alta gama en el conurbano, desarmarla, embalar las partes, despachar la encomienda y cambiar ese material por cocaína en la frontera.
El 22 de marzo pasado a un vecino de Lanús Oeste le robaron a mano armada su KTM Adventure 390. El dueño del vehículo radicó la denuncia en la seccional 1ª de ese distrito. Todavía no se había iniciado el proceso administrativo en la compañía de seguros cuando un grupo de efectivos de la policía de Tucumán, durante un control de cargas, revisó el camión de una empresa de transporte en el límite con Salta y encontró una moto desarmada en varias encomiendas, según destaca La Nación.
El número del cuadro de la moto correspondía a la KTM Adventure 390 que había sido robada en Lanús y tenía pedido de secuestro ordenado por una fiscalía del mencionado Departamento Judicial. En cuatro días, la moto había sido desguazada, colocada en cajas, despachada en un transporte que tenía como destino Jujuy. Los integrantes de la banda habían dividido la KTM en seis bultos.
Además de la mencionada KTM, los efectivos de la policía tucumana hallaron una moto de la misma marca, pero 250 Adventure, que había sido robada el 14 de marzo en la localidad de Tapiales, en La Matanza, y una Husqvarna, dos Yamaha y tres Honda, sustraídas en territorio porteño.
El procedimiento que terminó con el hallazgo de la KTM se concretó el 26 de marzo pasado en el puesto de la policía de Tucumán, instalado en el límite entre dicha provincia y Salta, en la localidad de 7 de Abril. Allí, los efectivos de la fuerza de seguridad tucumana detuvieron a un camión de una empresa de correo privado. Al revisar la carga, hallaron dichos bultos con las partes de una moto.
Cuando cotejaron los números de motor y del cuadro con la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) y la oficina de Verificación de Dominio, se estableció que la moto había sido robada en Lanús.
Ante el hallazgo de la KTM, valuada en US$14.000, robada en territorio bonaerense y, debido a que el rótulo de la encomienda tenía una dirección en Jujuy, los efectivos de la policía tucumana alertaron al Juzgado Federal N° 2 de dicha provincia, porque se trataba de un delito interjurisdiccional.
Esta KTM fue una de las 30.617 motos que se robaron en la Argentina en un lapso de un año, según las últimas cifras oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En este caso, el territorio tucumano era un punto de paso. De no haber sido por la intervención de la policía de Tucumán que interceptó el camión, la moto robada en el Gran Buenos Aires hubiera sido recibida por la otra célula de la banda que opera en Jujuy, que se hubiera encargado de armarla o de cruzarla en partes hasta Bolivia donde la cambiarían por cocaína que haría el camino inverso para su venta en el conurbano.
Para la organización criminal que se dedica a esta modalidad delictiva, el tiempo es clave. La banda opera con el margen que transcurre entre que los dueños de las motos robadas radican las denuncias y la Justicia y las policías cargan los pedidos de secuestro en la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.
Cuatro días antes, durante la fase 7 del Operativo Lapacho, tal como se denominó a una serie de procedimientos de saturación y control encarados por la policía de Tucumán en los distintos puestos situados en los cruces con provincias vecinas, los efectivos del destacamento 7 de Abril secuestraron 40 bultos con partes de motos.
Durante la revisión de los cuadros y motores, los investigadores comprobaron que correspondían a motos que habían sido robadas entre el 5 y el 14 de marzo en territorio porteño, en Tapiales, partido de La Matanza y Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Según fuentes de la policía tucumana, las motos desarmadas fueron valuadas en US$92.000. A partir de la investigación encarada por los detectives tucumanos se estableció que la organización criminal operaba en forma celular.
La banda era comandada por un organizador que contaba con la colaboración de un delincuente que se encargaba de conseguir a los gatilleros que robaban las motos a mano armada. Los vehículos se llevaban a un taller, en el que otra parte de la organización las desarmaba y vaciaba los líquidos hidráulicos, el aceite y el refrigerante. Luego, las partes se embalaban y se despachaban como encomiendas en los camiones de los correos privados, con destino a La Quiaca, en Jujuy, o Salvador Mazza, en Salta.
Desde allí, los otros integrantes de la banda pasaban las motos de alta gama robadas en la región metropolitana a Bolivia, donde las cambiaban por cocaína. En la frontera, el kilo del mencionado estupefaciente cuesta US$2500; pero el valor se duplica en territorio bonaerense.
La ganancia de la banda dedicada al robo de motos, que combinó esa modalidad con el narcotráfico, se multiplica a partir de los cortes y mezclas que se realizan para estirar la droga. Las dosis que se venden a través de los distintos búnkeres, kioscos o pases tienen un 15% de pureza, en el mejor de los casos, según explicaron investigadores que siguen a las bandas de narcomenudeo.
Debido a que los conductores de los dos camiones en los que se transportaban las encomiendas con las partes de las motos robadas no tenían ninguna vinculación con la banda, desde el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán se dispuso que sean liberados.
Los responsables de la fuerza de seguridad tucumana, en tanto, alertaron a los responsables de las policías porteña y bonaerense sobre la nueva modalidad delictiva y los domicilios de los destinatarios de los bultos, en La Quiaca y en Salvador Mazza.
Salvador Mazza, lindera con Yacuiba, en Bolivia, tiene una ubicación estratégica en la ruta de la cocaína. Hace cinco años se había detectado un sistema de trueques que funcionaba de manera aceitada entre los contrabandistas: granos argentinos por droga boliviana.
La zona de intercambio estaba ubicada en un lugar conocido como El Cañaveral, a un par de kilómetros del paso internacional, donde la distancia entre un país y el otro se reduce a apenas treinta metros. En dicho sector, las casas fueron construidas en la frontera misma y contaban con portones para facilitar el recorrido de esa corta distancia para los paseros que, con carretillas, llevaban los granos desde el lado argentino y regresaban con cocaína desde Bolivia.
Ahora el material de intercambio también incluye motos de alta gama robadas en la región metropolitana.
 
 
 
 
 
INCAUTAN CIGARRILLOS Y ROPA DE CONTRABANDO VALORIZADOS EN 3 MILLONES DE SOLES
 
Productos ilegales eran transportados en camiones de carga desde la frontera con Bolivia.
 
Perú 21 (https://acortar.link/PA5onp)
 
La Policía luchando contra las mafias de contrabandistas y logró incautar mercadería de contrabando consistente en cigarrillos, prendas de vestir de segundo uso, y útiles de aseo que ingresaron ilegalmente al país por un monto superior a los 3 millones de soles.
En una de las intervenciones, personal de la Policía Fiscal intervino el tráiler con placa DMM-905 y DBC-975 que había llegado procedente de Puno. En su interior se encontraron decenas de costales con ropa de segundo uso, así como 63 cajas de cigarrillos de fabricación paraguaya y que no tenían documentos que acrediten su legal procedencia.
De otro lado, cerca de medio millón de cigarrillos, así como gran cantidad de productos de aseo personal fueron incautados como parte del operativo denominado Tornado VII. Los productos eran trasladados en el camión de la empresa de transportes Multiservicios Solano SAC, con placas ATH-916 y A/J-998, que se trasladaba desde Arequipa hacia Lima.
INCAUTAN CIGARRILLOS
De otro lado, camuflados en un cargamento de frutas, la Policía encontró más de 100 mil cigarrillos que ingresaron ilegalmente al país, para ser distribuidos no solo en negocios de la capital, sino también del interior del país.
Agentes de la Policía Fiscal, producto de un paciente trabajo de inteligencia, intervinieron el camión placa VOR-723 perteneciente a la empresa de transportes de carga Sayaic EIRL, que acababa de llegar al Mercado Mayorista de Frutas trasladando un cargamento de frutas.
Tras revisar su interior se encontró ocultos en una caleta 9 cajas de cartón conteniendo cigarrillos de procedencia extranjera que no tenían documentos de su ingreso legal al país. En total se incautó 90 mil cigarrillos de fabricación paraguaya y fabricados sin ningún control sanitario.Las autoridades comunicaron a la 3ra Fiscalía Penal de Lima para el inicio de las investigaciones.
De la misma forma, la Policía Fiscal decomisó cerca de 200 mil cigarrillos tras intervenir el stand 221 de la galería La Colmena, ubicada en la Av. La Colmena 884, Cercado de Lima. Se trata de uno de los principales puntos, desde donde se distribuye cigarrillos ilegales a mercados de la capital.
Mientras que detectives del Depincri Bellavista, en un operativo por combatir los delitos aduaneros y proteger la salud de los usuarios, incautó miles de cigarrillos vencidos y falsificados en el stand 100 y 110 del mercado Señor de los Milagros, de Ventanilla. Los encargados alegaron que compraron los productos en Mesa Redonda, pero no contaban con documentos que acrediten el ingreso legal de los cigarrillos al país.
Finalmente, en el distrito de Los Olivos, personal de fiscalización de la comuna intervino las bodegas de la calle Los Olivos N° 54, Los Jazmines de Naranjal y la calle Aquia Mz D lote 13. Producto de la operación se encontraron cientos de cigarrillos que en algunos casos estaban vencidos, y en otros sus cajetillas no tenían las advertencias sanitarias ni los documentos que avalen su ingreso legal al país.
Las autoridades informaron que todos los productos incautados fueron fabricados en Paraguay e ingresaron al país a través de la frontera con Bolivia por organizaciones criminales de contrabandistas que utilizan a pequeños negocios para distribuir la mercadería ilícita.
 
 
 
 
 
“UNA VERGÜENZA NACIONAL”: EL TRISTE DATO QUE EXHIBE LA ARGENTINA SOBRE LA PRINCIPAL ENFERMEDAD ENDÉMICA DEL PAÍS
 
La Nación de Argentina (https://acortar.link/HPvHZL)
 
La Argentina es el único país de la región, junto con Bolivia, que no logró controlar la transmisión vectorial (por la picadura de vinchuca) de la enfermedad de Chagas. Sí lo han conseguido países con sistemas de salud más precarios, como Paraguay, y también Chile, Uruguay y Brasil, a excepción de la vasta zona amazónica.
Esta es una de las conclusiones más desalentadoras del documental “Chagas, orquesta invisible”, que, con guión y dirección de Lucas Martelli, traza un panorama actual sobre la que sigue siendo la principal endemia del país. Se estrenó en Buenos Aires y actualmente recorre provincias; desde el 22 hasta el 27 de este mes, se proyectará en Jujuy. Se puede ver también on demand (https://cafecito.app/chagas). Hoy, 14 de abril, es el Día Mundial del Chagas (https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-enfermedad-chagas-2024).
Héctor Freilij, pediatra e infectólogo, participa del documental como excoordinador del Programa Nacional de Chagas, cargo que ocupó entre 2008 y 2011. “Para que un país, región, provincia o departamento alcance el control vectorial y logre la certificación por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se deben cumplir ciertos requisitos –explica–. Por ejemplo, menos del 1% de los hogares con vectores domiciliarios y peridomiciliarios (las vinchucas o Triatoma infestans) y que un estudio serológico en menores de 5 años muestre un resultado estadísticamente significativo de ausencia de la infección. Esta certificación debería renovarse cada 5 años”.
La enfermedad de Chagas, advierte Freilij, nunca se va a erradicar porque es imposible terminar con la vinchuca, que sigue viviendo en ambientes silvestres. Por eso es crucial evitar que se instale en los ambientes domiciliarios y peridomiciliarios. La vinchuca no se enferma, pero transmite la infección: es hematófaga (se alimenta de sangre) y al picar a una persona o animal infectado adquiere el Trypanosoma cruzi (parásito que produce el Chagas), que viaja por el sistema digestivo del insecto. Cuando la vinchuca vuelve a picar a alguien no contagiado, defeca sobre la lesión y cuando la persona se rasca ingresa el parásito a su organismo.
Esta es la vía vectorial de transmisión, pero también existe la vía vertical o transplacentaria (de madre a hijo, la más frecuente hoy) y a través de las transfusiones de sangre, que se realiza bajo controles muy estrictos. Existe también la vía oral: en nuestro país es una rareza, pero ocurre en Brasil, especialmente a través de los jugos de frutas, como el açai, que pueden estar contaminados con el parásito.
Ricardo Hernández, bioquímico, que hasta diciembre de 2023 estuvo el frente del Programa Nacional de Chagas (hoy acéfalo), explica que menos Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y la Capital todas las provincias argentinas tienen presencia del vector. “Hay diez que sí alcanzaron el control vectorial y están certificadas por OPS: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán y Jujuy. Pero a partir de la pandemia gran parte del recurso humano, que es imprescindible para mantener el control, fue destinado al Covid-19 y recién hace poco ha podido ser retomado. No vigilar es tirar todo el esfuerzo hecho en años”.
Hernández añade: “No todas las provincias tienen la misma situación. Santiago del Estero, Chaco, Formosa y San Juan son las que más problemas tienen, pero Santiago por primera vez en su historia está cerrando ciclos de rociado y vigilancia en todos los departamentos. Para certificar hay que lograr valores avalados internacionalmente. La infestación de las viviendas se redujo allí al 30% y no existen casos agudos vectoriales, pero no se puede certificar porque la norma requiere menos del 1% de infestación”.
De rural a urbano
Jaime Altcheh, jefe de Parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires, señala que “el problema no se va a resolver controlando solo a la vinchuca. Por migraciones, la mayor cantidad de infectados actualmente vive en ciudades y la enfermedad debería ser considerada principalmente urbana. La mayor parte de los nuevos infectados son por vía transplacentaria”.
Altcheh, que es vicedirector del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas (Imipp), Conicet-GCBA, añade que nacen entre 1000 y 1200 niños infectados por año. “La tasa de la transmisión congénita oscila entre el 3% y el 7% –puntualiza–. Pero si se hace un diagnóstico y tratamiento adecuados, la enfermedad se cura. Por eso decimos que un adulto infectado es un niño no tratado. En los últimos años, además, hemos desarrollado medicamentos con formulaciones pediátricas. Sin embargo, pocos reciben tratamiento por déficit en diagnóstico y seguimiento”.
El pediatra del Gutiérrez enfatiza que, según cifras de la OPS, se testean no más del 50% de las gestantes en el país. “En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es de alrededor del 90% –afirma–. Con nuestro grupo de investigación tratamos niñas positivas que crecían y quedaban embarazadas y ninguna de ellas transmitió la infección a sus hijos. Eso demuestra que diagnosticando y tratando a niñas y mujeres en edad fértil se evita la transmisión transplacentaria”.
Números poco claros
Hernández afirma que “un ‘debe’ de la gestión –no solo de la última [la de Alberto Fernández], sino desde hace mucho tiempo– es tener informes oficiales sobre el Chagas en la Argentina. En 2022 se testearon 250.000 personas gestantes, contando sector público y privado, en todas las provincias. En el ‘98 teníamos un 12% de embarazadas positivas y ahora el 1,7%. Sobre la base del número de embarazadas, podría hacerse una proyección hacia la población general de 900.000 a un millón de infectados”, describe.
Juan Paul Flores, médico cardiólogo al frente del Consultorio Integral del Paciente Chagásico del Ministerio de Salud de Jujuy, afirma que las estadísticas no son fiables. “Hay entre 1,5 y 1,7 millones de personas con Chagas en el país -puntualiza-. Lo sé porque hago trabajo de campo. Y en Chaco, Formosa, Santiago del Estero hay mucha infección transmitida por la vinchuca. Las estadísticas que dan los ministerios y otras instituciones no son tan ciertas”.
Jujuy es la única provincia que alcanzó la recertificación del control de la transmisión vectorial dos veces: una en 2000 y otra, en 2011. “Pero en pandemia [de Covid] se interrumpió, por eso cuando hablamos de recertificación habría que tomarlo con pinzas. Salta, por ejemplo, tiene mucha transmisión vertical y limita con Jujuy. ¿Del lado jujeño no hay vinchucas en las casas? Eso no se puede decir. Sin embargo, la existencia del carnet sanitario en Jujuy, que incluye la detección del Chagas y se solicita para ingresar a cualquier trabajo, público o privado, para la escuela o entre las embarazadas, permite un mejor monitoreo”.
Como expresidente del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología (FCA), Flores coordinó un grupo de especialistas que recorrían Jujuy, Chaco y Formosa para controles cardíacos en alrededor 5.000 pacientes chagásicos. Al menos un 30% de los pacientes con Chagas desarrollan daños en sus órganos; en nuestro medio, principalmente la miocardiopatía chagásica, que puede ser mortal. “Pero esto ya no lo podemos hacer más porque lo pagábamos de nuestro bolsillo y hoy es imposible”, se lamenta.
Indiferencia, el peor de los males
¿Por qué nuestro país no fue certificado por OPS en el control de la transmisión vectorial del Chagas? “Son decisiones políticas, e influye mucho la federalización, porque cada provincia toma sus propias decisiones –asegura Freilij–. Cuando coordinaba el Programa Nacional, había muy pocos fumigadores de viviendas. Desde el Ministerio queríamos sumar más y les íbamos a pagar a través de una tarjeta. Necesitábamos que cada provincia nos enviara los nombres de estas personas. Pero una de las provincias más complicadas no los enviaba. Fuimos a ver al ministro, personalmente. Me dijo: ‘Vea, doctor, no nos metamos con el Chagas que es un problema muy grande, y mejor vayamos a almorzar”.
Un aspecto fundamental del problema, añade Freilij, es el silencio de los pacientes, que no reclaman. “Muchos ni saben que están enfermos. Se mueren trabajando. Son poblaciones muy vulnerables y no toman conciencia. Sino reclaman, a los gobiernos les resulta cómodo no hacer”.
“Lo dije cuando estaba a cargo del Programa Nacional –admite Hernández–. Que la Argentina no haya controlado esta endemia es una vergüenza nacional, en particular debería darles vergüenza a los dirigentes. Tenemos el conocimiento y los expertos, faltan la decisión política y los recursos”.
¿Y por qué el documental de Lucas Martelli alude al Chagas como una orquesta invisible? La figura viene a cuenta de la doble actividad de Freilij, que además de pediatra e infectólogo es músico y ha dirigido varias orquestas y coros. “Para controlar el Chagas –dice– tendríamos que hacer funcionar los distintos niveles de intervención y que suenen como una orquesta invisible”.