Wednesday, November 22, 2017

REPSOL Y SOCIOS INVERTIRÁN 900 MILLONES DE DÓLARES EN ÁREA BOLIVIANA IÑIGUAZU



El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, firmó un compromiso de inversión con representantes del consorcio que, además de Repsol, está integrado por la anglo-holandesa Shell, la anglo-argentina PAE y dos subsidiarias de la petrolera estatal de Bolivia.

El documento fue suscrito en un evento en Santa Cruz (este) al que asistieron el mandatario boliviano, Evo Morales; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y los ministros bolivianos de Exteriores, Fernando Huanacuni, y de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Morales resaltó que "se estima una inversión de 900 millones de dólares" y una producción de 6,5 millones de metros cúbicos diarios de gas en Iñiguazu, siempre y cuando "la exploración vaya bien".

El área tiene un potencial de tres billones de pies de cúbicos (TCF en el sistema anglosajón) de gas y si la exploración tiene éxito, se calcula que aportará una renta al Estado de 6.000 millones de dólares en los próximos años, según Morales.

En el evento se anunció que fueron definidos los términos del contrato de servicios bajo el cual se desarrollará la operación del bloque Iñiguazu, situado en el departamento sureño de Tarija y que cuenta con una extensión de 644 kilómetros cuadrados.

El presidente Morales resalto el trabajo, la "amistad" y la "confianza" construida en los últimos años con Repsol y se comprometió a que los procesos administrativos que restan para poner en marcha el acuerdo estén resueltos hasta fin de año.

"Saben aquí los bolivianos que Evo cumple y esperamos que Repsol cumpla después", añadió.

Por su parte, Brufau destacó que Iñiguazu es "un área muy promisoria" y "enormemente interesante".

"Repsol liderará este proyecto como operador, puesto que es una forma de trasladar las capacidades y experiencias desarrolladas en Caipipendi, en los campos de Margarita y Huacaya, en el subandino del sur boliviano", señaló.

Según el ejecutivo, el consorcio que se ha conformado para operar Iñiguazu "es más rico" que el que tienen Repsol, Shell y PAE en el bloque Caipipendi.

A juicio de Brufau, con la integración de las filiales de YPFB al trío de petroleras "se configura un grupo que es la crema de la crema del negocio de los hidrocarburos en Bolivia" y auguró un "grupo de éxito seguro".

Repsol tiene una participación de 15 % en el consorcio, Shell un porcentaje similar, PAE un 10 %, YPFB Andina tiene el 46,5 % y YPFB Chaco el 13,4 %, detalló la firma española en un comunicado.

"El compromiso de este grupo, de estas cinco compañías es único, es absoluto y estamos convencidos de que con un poquito de suerte y si la geología no nos engaña, pues podremos replicar un proyecto como el de Caipipendi, que tantos éxitos ha aportado a este país", concluyó el presidente de Repsol.

Antes de la firma del documento, Morales y Brufau sostuvieron una reunión privada en la que el gobernante obsequió al ejecutivo español su biografía y el "Libro del Mar", un documento que resume los argumentos históricos, diplomáticos y jurídicos de la centenaria reclamación marítima boliviana a Chile.

YPFB también firmó compromisos de inversión con la brasileña Petrobras y YPFB Chaco para la exploración y explotación de gas en las áreas San Telmo Norte y Astillero, también en Tarija.

En San Telmo, el compromiso de inversión asciende a 200 millones de dólares y se calcula que tendrá una producción de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En Astillero se proyecta invertir 489 millones de dólares y alcanzar una producción de 4,6 millones de metros cúbicos diarios de gas, indicó Morales.











BOLIVIA SUSCRIBE CONTRATOS POR US$1.582 MILLONES CON SEIS PETROLERAS INTERNACIONALES



Radio Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl)

                                                                                   

Bolivia suscribió compromisos de inversión con seis petroleras internacionales para exploración y explotación de hidrocarburos por unos US$1.582 millones, que hasta 2021 redituará una renta petrolera de unos 20.000 millones, informó este martes el presidente Evo Morales.

Con “la firma de esos tres contratos de exploración y explotación, se estima una inversión de US$1.582 millones y una renta petrolera que va estar sobre los 20.000 millones, una producción de 20 mil metros cúbicos diarios“, dijo Morales en un acto público.

El compromiso fue suscrito por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las petroleras Shell (angloholandesa), Repsol (España), PAE (Argentina), Petrobras (Brasil) y las subsidiarias de la estatal hidrocarburífera Chaco y Andina.

Los compromisos fueron firmados en el marco del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que se celebra en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este).

“Tenemos mucha confianza y mucha esperanza en las empresas que se comprometen a acelerar las inversiones y también nuestra obligación como Estado es cómo garantizar los estados transparentes en beneficio de Bolivia y también para que las empresas tengan derecho a tener utilidades”, señaló Morales.

Bolivia presentó previamente a las empresas un atlas sobre el potencial hidrocarburífero del país, en el que se priorizan 80 áreas de exploración para subasta internacional. En el inicio del evento se anunció que el sector petrolero internacional espera un aumento en el mercado del gas y una baja en el consumo de carbón y petróleo.

“El petróleo básicamente va a disminuir de 32% de la mezcla energética (global) a 29%, el gas va aumentar del 22% al 26% y el carbón también va a disminuir dramáticamente de 27% a 20%” hacia 2040, dijo durante la reunión el secretario General del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), el iraní Mohammad Hossein Adeli.

El FPEG reúne a Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Bolivia, Venezuela, Rusia, Irán, Catar y Trinidad y Tobago, y como observadores a Holanda, Irak, Omán, Perú, Noruega, Kazajstán y Azerbaiyán.

Según el gobierno boliviano, el foro, que concluirá este viernes, está conformado por países que poseen entre el 60% y 70% de las reservas mundiales de gas natural.

Del encuentro también participan ejecutivos de la rusa Gazprom, la española Repsol, la francesa Total, la británica Shell y la argentina YPF.











TRABAJAR DESDE LOS 10 AÑOS ES BASTANTE NORMAL EN BOLIVIA



NPO Radio de Nueva Zelanda (www.nporadio1.nl)

                                                         

Bolivia es el único país del mundo que permite el trabajo infantil desde los 10 años. Esta polémica ley fue aprobada hace tres años y se reúne con la pierna dolorida de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Esa organización establece que los niños menores de 14 años no deberían trabajar. La ley, sin embargo, respondió a los aproximadamente 850,000 niños que trabajan en Bolivia, según muchos bolivianos, una realidad que debe ser reconocida. El reportero Sytske Jellema fue a investigar a De Ochtend.
Liceth Castro (18) todavía sabe exactamente cómo recordar la ruta que corrió como una niña de cinco años con sus dulces. Pasó de casa de huéspedes a casa de huéspedes, de plaza en plaza, a través de las concurridas calles de La Paz. Liceth estaba allí donde muchas personas lo estaban, porque eso significaba más ventas. Su madre no caminaba junto a ella, pero nunca estaba lejos. "A una edad temprana aprendí que no siempre tienes a tus padres cerca".

'Me quedo con mi hijo en el vecindario'

Liceth utilizó el dinero que ganó para pagar sus aranceles escolares. Uniforme, zapatos nuevos, lápices y cuadernos, todo fue puesto en el estudio. Ahora tiene 18 años, está en pie y va a la universidad. Ella ahora tiene 8 meses de embarazo. Liceth aún no está segura de si también dejará que su propio hijo trabaje. "Tal vez, tal vez pueda ayudar con mi trabajo, pero me mantendré cerca de él".

El trabajo infantil es legal en Bolivia, como el único país en el mundo. A partir de los 10 años los niños pueden trabajar, bajo supervisión y bajo la condición de que el niño también vaya a la escuela. Pero no hay control sobre los 850,000 niños que trabajan. Eso hizo que muchos niños trabajasen por las noches sin padres en el vecindario, a veces en lugares peligrosos y, a veces a expensas de su escuela.
Los niños son forzados a trabajar

Julia Valasco trabaja para la ONG ANNI, informa sobre el trabajo infantil en Bolivia. Según Valasco, no es realista erradicar el trabajo infantil, ya que la necesidad es demasiado alta para que los niños trabajen y así contribuir a los costos de la familia. "El estado falla: no existe una política para enfrentar la pobreza y eliminar la causa del trabajo infantil, y esa es la razón por la cual los niños se ven obligados a trabajar".

El propio Valasco también trabajó de niño. Solo si tiene esa experiencia, dice, ¿considera el trabajo infantil de manera diferente a lo que piensan muchas personas en Occidente? "Mantiene la imagen ideal del niño jugando, pero eso no es realista aquí en Bolivia".











NIÑA ABUSADA Y EMBARAZADA: EL AUTOR FUE UN TÍO QUE ES INIMPUTABLE



El cotejo de ADN dio positivo para el familiar, de 15 años, de la víctima, de 10. El joven quedó a cargo del OAL y luego regresó a Bolivia, su país de origen. En tanto, avanza la causa contra un primo que también habría violado a la pequeña.



El Sol de Argentina (www.elsol.com.ar)

                                         

A principios de agosto se conoció un caso de reiterados abusos a una menor de 10 años. La niña había quedado embarazada y las sospechas estaban centradas en su núcleo familiar. Mientras la víctima permanecía internada en el Hospital Notti, ya cursando su octavo mes de gestación, dos de sus parientes oriundos de Bolivia fueron detenidos.

Primero, un primo paterno de 23 años. Días después cayó un tío, hermano de la madre, de 15 años. Esa detención cambió el rumbo de la causa que está a cargo de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert. Es que, la misma se dividió en dos, ya que, al ser uno de los acusados menor e inimputable, se dio intervención a Liliana Curri, de la Fiscalía Penal de Menores.

Lo cierto es que ambos habían sido marcados por los familiares más cercanos de la víctima como autores de las vejaciones, por lo que uno de ellos sería el progenitor del bebé que esperaba la pequeña.

El parto por cesárea se desarrolló a principios de setiembre en el Hospital Regional Diego Paroissien, en Maipú. Tras el nacimiento, el pequeño –fue un varón– debió ser separado de madre biológica, pues iba a ser dado en adopción a una familia que se ofreció a recibirlo.

En el medio de esa situación se tomó una muestra genética del recién nacido. La misma serviría para realizar el cotejo de ADN que le permitiría a la Justicia conocer la identidad del abusador que dejó embarazada a la niña. Todo el proceso se realizó bajo un estricto secreto para proteger los derechos de la víctima y de la nueva familia que albergaría al bebé.

Fuentes judiciales confirmaron a El Sol que el cotejo de ADN dio positivo para el tío de la víctima, de 15 años.

Una vez que se comprobó que el menor había sido el progenitor, la pata de la causa que llevaba la Justicia de Familia y Minoridad se dio por finalizada, por tratarse de un chico inimputable.

El Órgano Administrativo Local (OAL) quedó a cargo del adolescente, que regresó a su país de origen para que no vuelva a tener contacto con la víctima de las violaciones. Será el OAL el que deberá realizar un seguimiento para tomar los cuidados necesarios en caso de que, en algún momento, decida volver a nuestra provincia.

Por su parte, se mantiene la acusación en contra del primo de la pequeña que fue detenido en primer lugar.

La situación del primo acusado

La pesquisa que lidera la fiscal Cecilia Bignert sigue en pie, pese a que el ADN no correspondía al imputado.

Existen fuertes fundamentos para sostener la hipótesis de que el joven también abusó en diversas ocasiones de su prima.

Ayer se realizó una audiencia en el Segundo Juzgado de Garantías para solicitar una prórroga de la investigación. Bignert hizo el requerimiento para agregar un examen psiquiátrico al expediente.

Desde la defensa del acusado no hubo oposición, y, el juez Marcos Pereira dio lugar al pedido. La instrucción no se extenderá demasiado tiempo y la causa podría elevarse a juicio en los próximos meses, indicaron fuentes consultadas.

El hecho

Durante los primeros días de agosto, la niña de 10 años fue llevada por su madre al Centro de Salud Nº300 Dr. Arturo Oñativia, en La Favorita. La progenitora aseguraba que su hija padecía dolores abdominales.

Cuando una médica de turno le realizó un chequeo a la nena notó síntomas que indicaban que podía estar cursando un embarazo, por lo que la derivó al Hospital Notti.

Una vez allí, la mujer les comunicó a los médicos que su hija podía estar esperando un bebé. Los profesionales de la salud, primero, constataron que la niña estaba cursando un embarazo de 32 semanas (octavo mes) y quedó internada en observaciones.

Además, los galenos observaron que presentaba lesiones genitales, lo que indicaba que las vejaciones habían sido reiteradas. Esto se deduce porque las heridas que descubrieron los médicos correspondían a un hecho reciente y no al que había provocado que la pequeña quedara embarazada, indicaron fuentes consultadas.

Ante esto, la madre dijo a los especialistas que no estaba al tanto del embarazo ni de la situación de abuso que padecía.

En un principio se dio intervención a la Justicia, y, la Oficina Fiscal Nº2 –que tiene jurisdicción en la zona donde reside la víctima– comenzó a realizar las tareas pertinentes para iniciar la investigación. Luego, la causa quedó en la órbita de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.











LA NACIÓN Y UN GRUPO DE “BAGAYEROS” BUSCAN UN ACUERDO



Se elevaría el monto de la importación si es que pagan un impuesto especial



La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)

                                                                                             

El Ministerio de Seguridad nacional y una cooperativa de “bagayeros” de Orán, Salta, avanzarán hoy en un acuerdo sectorial, que implicaría una “flexibilización del régimen de importaciones” de productos desde Bermejo, Bolivia.

“Este convenio implicaría poder importar por cada integrante de la cooperativa U$S 12.000 mensuales. En la actualidad se permite hasta U$S 150. Esto fue propuesto por el propio Gobierno nacional”, remarcó Manuel Barrios, presidente de la “Nueva Cooperativa 15 de Abril”, que funciona en la localidad salteña, ubicada a más de 40 kilómetros del paso fronterizo.

El referente de los “bagayeros” dejó en claro que la posición de este sector es “acogerse a todas las disposiciones que presentó la Nación”. “De una u otra manera vamos a incorporarnos a la sociedad. Estamos de acuerdo con que hay que pagar impuestos. Así no nos sentiremos perseguidos, no seremos delincuentes ni nada por el estilo”, añadió.

A mediados de este año, los autodenominados trabajadores de frontera y las autoridades nacionales y de Salta habían acordado ingreso desde Bolivia hasta dos bagayos con mercadería por día, aunque luego se sostuvo el límite de U$S 150 por mes.

En ese pacto habían sido excluidos los bolseros, es decir, las personas que viajan a Bermejo desde Tucumán u otras provincias del norte en busca de mercadería, como ropa y juguetes. En esta oportunidad tampoco serán incorporados, pero se estima que podrán adquirir la mercadería a través de los “bagayeros” y, en prinicipio, podrían trasladarla sin problemes si es que cuentan con la documentación que avale la compra.

Días atrás, Luis Green, secretario de Fronteras, área que depende del Ministerio de Seguridad nacional, había destacado que era importante reforzar los controles, la seguridad y los patrullajes en las zonas de frontera para profundizar la lucha contra el contrabando. Pero también había remarcado que era necesario abordar el problema del comercio ilegal desde una perspectiva cultural, que involucre un análisis del contexto social de los “bagayeros”, entendiendo que la única solución es el trabajo formal, según informó la cartera nacional.











EVO MORALES, LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL TIPNIS



Rebelión de España (www.rebelion.org)

                                                                                               

Arturo D. Villanueva Imaña.- Vergüenza internacional. La comparecencia del gobierno de Evo Morales nada menos que ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se reunió en Bonn, Alemania, a inicios de este mes de noviembre de 2017, es resultado de su larga como tozuda intención de construir “quieran o no quieran” una carretera por medio del TIPNIS. La ironía es que se produce nada menos que paralelamente a la realización de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), que el mismo gobierno (en anteriores versiones), contribuyó a que se instalen y definan principios que ahora se vuelcan contra su propio accionar. Es decir, que no se puede argüir que se trate de un boicot o de algún acto de conspiración que el gobierno de Evo Morales suele utilizar como argumento para explicar estas embarazosas situaciones.

El caso ya había adquirido impacto mundial cuando se produjo la represión violenta de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas en Chaparina el año 2011, y ahora vuelve a poner ante los ojos del mundo una grave situación de vulneración de derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.

Semejante situación de envergadura mundial, que se ha visto forzada a trasponer los límites del ámbito nacional en vista de la gravedad de los derechos conculcados que se denuncia, ya no representa solo una bochornosa situación de vergüenza ante los ojos del mundo, sino que posiciona en la agenda internacional una causa y una lucha donde lo que se encuentra en juego es la vida misma (junto a los derechos de los pueblos indígenas conculcados), así como la forma de encarar el relacionamiento que se tiene con la naturaleza y el entorno ecológico y ambiental.

Tratándose de una instancia de jerarquía internacional que el propio gobierno de Evo Morales ayudó a constituir, y que además cuenta con un reconocido renombre mundial por la presencia de connotadas personalidades de intachable solvencia moral, intelectual y científica, dicha comparecencia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Naturaleza desdice cualquier sospecha de que se trate de algún tipo de conspiración, y además evidencia la más flagrante incongruencia entre el discurso y la práctica, nada menos que en un foro internacional donde el gobierno de Bolivia todavía tenía alguna reputación.

Es más, la demanda internacional emitida para que se adopten medidas precautorias y se declare la moratoria a la construcción de todas las obras en el TIPNIS (que incluye la carretera, los puentes y las actividades exploratorias de hidrocarburos), no solo tiene un fuerte peso ético y moral que debería ser acatado inmediatamente (si de veras se respeta los derechos de la naturaleza), sino que implica una poderosa llamada de atención para que cumpla y ponga en práctica aquellos principios de respeto, protección y relación armoniosa con la Madre Tierra y los derechos indígenas que el propio gobierno boliviano ayudó a instituir a nivel internacional.

La inmediatez o tardanza con la que el gobierno de Bolivia atienda la demanda para detener todas las obras en el TIPNIS, para que se pueda dar lugar a un clima propicio y favorable mientras se concluye con el proceso de investigación del Tribunal Internacional, estará en directa relación con su voluntad para demostrar que verdaderamente existe un mínimo de congruencia entre los principios que declara y sus prácticas gubernamentales, así como en la intención de demostrar que está dispuesto a acatar y respetar los derechos de la naturaleza que en el pasado ayudó a instituir.

Los alcances de la denuncia.

En vista de ello, interpretar el hecho como un triunfo meramente político sería una equivocación, porque entraña una gran vergüenza y desazón para el pueblo boliviano y los propios pueblos indígenas que se vieron traicionados por un gobierno que lo entendían como propio. Ambos habían fincado sus esperanzas y convicciones de que Bolivia podía encarar con solvencia la tarea de establecer una relación armónica con la naturaleza, al mismo tiempo de constituirse en un ejemplo y referente mundial en la construcción de una vía postcapitalista, sobre la base del respeto y cumplimiento de los derechos de la naturaleza que inclusive se insertaron en la Constitución Política del Estado.

Ahora el gobierno de Bolivia ya no se encuentra en aquella cómoda posición de constituirse en una punta de lanza (colonizada y sometida) al capitalismo y los intereses corporativos transnacionales, que le habían autoconvencido de abanderar un desarrollismo salvajemente extractivista como supuesta solución y respuesta a los problemas de pobreza y exclusión. No hay que olvidar que el gobierno lee equivocadamente la construcción de la carretera por medio del TIPNIS como si se tratase de un asunto vinculado al crecimiento, el progreso y un tipo de desarrollo occidental y capitalista; pero sin reconocer dos aspectos de fundamental importancia. Primero, que su tozuda intención de construir la carretera en el TIPNIS (que paralelamente también está asociada a megaproyectos como las represas del Bala-Chepete; Rositas, Tariquía, el tren bioceánico, etc.) están vinculadas a lo que se ha dado en llamar los encadenamientos transfronterizos, que implican la expansión y ampliación de las fronteras de explotación y extractivismo a nivel continental. Segundo, que dicha ceguera desarrollista también le ha orillado a rechazar explícitamente y no percibir el derecho que tienen a la autodeterminación, a la consulta, y sobre todo a decidir el tipo de desarrollo y la forma de vida, que los pueblos indígenas desean poner en práctica según su propia cosmovisión, el tipo de relacionamiento con el entorno y su propia cultura.

Ahora se enfrenta a un veredicto (y sentencia) mundial que establecerá si efectivamente cumple y garantiza aquellos derechos de la Madre Tierra que defendía y contribuyó a establecer como referente.

La encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista), ya no se reduce a la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el planeta. Es decir, trasciende aquel encapsulamiento que quiso ser infundido, de que el caso solo entrañaba un problema de vinculación territorial y desarrollo (en el sentido más prosaicamente entendido como crecimiento), cuando en realidad atañe al conjunto de la vida, el entorno socioambiental y los derechos de la naturaleza.

La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional, no solo visibiliza sus derechos conculcados, ni hace patente el grave riesgo de desaparición y etnocidio al que se encuentran en riesgo; sino que expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo.

Es decir, que la gran vitalidad de los procesos de resistencia social emergentes como el que plantean las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS, no radican en la fuerza, la capacidad de movilización de mucha gente, o la enorme cantidad de población que aglutina y representa (tal como nos ha querido acostumbrar la “lógica” corporativista gubernamental que se asienta en el clientelismo y la cooptación de diversos sectores sociales numérica y demográficamente amplios), sino en el incuestionable razonamiento, la justeza de la causa y la contundencia y autenticidad de la verdad que defienden y por la que luchan. El menosprecio o íntima convicción de que este movimiento de los pueblos indígenas podía ser fácilmente sometido, derrotado o cooptado (tal como ha sucedido con otros sectores como resultado de sus prácticas clientelares), no parece haber tomado en cuenta de que la fortaleza de las causas y las luchas, finalmente radica en la justeza y la razón de los argumentos, más allá de la presión numérica y poblacional que se pueda ejercer.

La dimensión y profundidad de lo que se encuentra en juego.

El nuevo plano internacional de la controversia sobre la construcción de la carretera por medio del TIPNIS, que el gobierno de Evo Morales ha pretendido llevar como si se tratase únicamente de un problema de vinculación territorial que responde a legítimas aspiraciones de desarrollo de dos departamentos; ahora muestra la verdadera dimensión y profundidad de lo que en verdad se juega. Es decir, que si lo que se quiere es un país altamente dependiente y colonizado por intereses extractivistas, antinacionales y de carácter transnacional; o más bien un país que decide vivir en armonía con la naturaleza, respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas y, un país finalmente, que hará prevalecer su decisión de construir una vía alternativa al capitalismo depredador y el neoliberalismo extractivista.

No está en juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como resultado de la expansión extractivista y desarrollista que abandera el gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los pueblos indígenas en este sentido, no se limita por tanto a una denuncia internacional, y ni siquiera al legítimo derecho que tienen de defenderse contra este nuevo tipo de agresión e intento de sometimiento y etnocidio. En realidad es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación al modelo desarrollista y extractivista vigente.

El gobierno de Bolivia tiene la palabra, y de la forma cómo responda y reaccione también definirá su propia identidad política, así como en gran medida el propio futuro del país.











MIGRANTES INTERPONDRÁN QUERELLA CONTRA FULVIO ROSSI: “HA TRASPASADO UN LÍMITE PELIGROSO”



La acción legal se basa en la Ley de Prensa y la Ley Zamudio que condenan a toda persona que haga un llamado o incite al odio, lo que según los querellantes habría realizado el desaforado senador durante su campaña.



Radio U de Chile (www.radio.uchile.cl)

                                                                                             

Comunidades migrantes de la región de Tarapacá presentarán este miércoles una querella en el Juzgado de Garantía de Iquique, invocando la Ley Zamudio en contra del senador independiente por la zona, Fulvio Rossi.

De acuerdo a lo informado por dirigentes de organizaciones migrantes de Bolivia, Colombia, Haití, Perú y Ecuador, quienes residen en la capital regional, la acción por ley antidiscriminación se origina en lo que ellos consideran una “falsa denuncia de ataque” formulada por el parlamentario el miércoles pasado, donde declaró públicamente que fue atacado por una persona de raza negra con acento colombiano.

El abogado representante de las comunidades, Matías Ramírez, indicó que el escrito se basa en infracciones a la ley de prensa, agravada por la denominada Ley Zamudio, enfatizando que en casi toda la campaña electoral, Fulvio Rossi se basó en la estigmatización y el odio racial.

“Se fundamenta en un delito específico de la Ley de Prensa, que condena a toda persona que haga un llamado o incite al odio, que tenga razón en grupos, por su raza o condición social y respecto de ese delito también lo amparamos en la Ley Zamudio, con la agravante creada por esta ley sobre las transgresiones que se cometan precisamente en base a un odio racial”, afirmó.

Al respecto, Ronald Montecinos, vocero de la comunidad boliviana en Iquique, indicó que las declaraciones de Rossi fueron ilegítimas y que sólo significaron la criminalización de los migrantes con fines electorales.

El dirigente advirtió que las organizaciones han expresado su preocupación por la creciente xenofobia observada entre los ciudadanos de la región de Tarapacá.

“Constantes declaraciones anti migrantes que ha hecho el ahora desaforado senador, desde hace un par de meses, cuando los bolivianos estaban detenidos aquí, hace un llamado similar, que la gente llega a actuar con xenofobia, con estigmatización que está creciendo cada día más, en los ciudadanos se refleja eso al ver a una persona de color, ya está causando ese estigma en la población misma”, argumentó.

Montecinos agregó que junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos llevarán adelante una serie de programas de trabajo en la región con el fin de revertir la estigmatización y el odio contra el migrante.

“Nosotros estamos trabajando en un proceso de desestigmatización del migrante, hacer ver el lado positivo, el aporte positivo de la migración en esta región que es bastante cosmopolita”, sostuvo

En tanto, para Giovanni Pereira, vocero de la comunidad ecuatoriana en la zona, el acto de denuncia manifestado por el senador Fulvio Rossi, “ha traspasado un límite peligroso para la convivencia entre chilenos y migrantes, lo que debe ser enfrentado con decisión por la justicia”.

Respecto de la investigación por la acusación de  ataque con arma corto punzante contra el senador, desde la propia Fiscalía indicaron que además de la revisión de cámaras de seguridad se están realizando diligencias paralelas, pero que se mantienen en secreto por orden del fiscal a cargo Gonzalo Guerrero.











ANDRÉS ZALDÍVAR ES INDAGADO COMO IMPUTADO POR CASO DE TRÁFICO DE MIGRANTES Y COHECHO



La Tercera de Chile (www.latercera.com)

                                                                        

La Fiscalía Centro Norte investiga a un empresario por el ingreso de 32 ciudadanos chinos. Informe da cuenta de conversaciones telefónicas con el presidente del Senado.

“Entendemos (señor juez) que continuar con el monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar Larraín resulta fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”. Así, la Fiscalía Centro Norte solicitaba al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago seguir escuchando las conversaciones del presidente del Senado, dado que es indagado por sus vínculos con el empresario Alvaro Jofré Cabezas, quien ingresó con 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio.

Estos antecedentes están en un oficio, al que accedió La Tercera, enviado por el fiscal Marcelo Carrasco el 9 de noviembre, en el que piden extender la interceptación telefónica por otros 15 días. En éste se relata que el caso comenzó a ser investigado el 16 de junio tras una denuncia de la PDI. Se relata que los inmigrantes entraron con visa de turista y Jofré “manifiesta a las autoridades de control migratorio que son sus invitados y proveedores y que se alojarán en el Hotel Plaza San Francisco”, dice el documento.

La fiscalía relata que tras la primera interceptación del teléfono de Jofré, fue necesario ampliarla a otros números telefónicos a raíz del tenor de las conversaciones y porque “además, se jactaba de tener amistad con gente del gobierno. Así, el imputado tomó contacto con Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando el cargo de Primer Secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai”.

El fiscal Carrasco detalla que se estableció también que Jofré “se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”. Incluso, la fiscalía indica que Jofré fue visto el 26 de octubre saliendo del ex Congreso en Santiago, tal como lo había anunciado en sus conversaciones con otra de las imputadas. “Después de salir del Congreso se comunicó con Diego Rivera y le relató extensamente los detalles de su entrevista con el senador Zaldívar”.

Luego, el Ministerio Público, para argumentar su petición de extender la medida intrusiva, entregó una serie de escuchas. En ellas, el senador habla sobre una terna para jueces para el Tribunal oral de Talca y menciona que le envió un correo electrónico al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. Además, también hay un llamado del director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien relata a Zaldívar, según el informe de la fiscalía, una gestión que hizo respecto de un funcionario policial. Además, el fiscal planteó que extender la interceptación Jofré iba a viajar a China el 12 de noviembre, por lo que ese viaje podría tener como objetivo obtener las visas.

Reacciones

Al ser consultado, Alvaro Jofré señaló que “pertenezco a la agencia China Chile Connection, llevamos mucho tiempo en la gestión de inversionistas chinos que llegan a Chile. Han llegado a invertir desde un centro comercial hasta la exportación de cerezas y vinos”.

Consultado por qué pidió gestionar las visas a autoridades dijo que “cuando uno empieza a gestionar muchas visas, nosotros tenemos un problema de tiempo. A mí una empresa China va y me dice: Álvaro usted nos podría gestionar la visita de nuestra delegación a Chile porque queremos reunirnos con una empresa de los grupos de acero, por ejemplo, y yo les digo que ningún problema. Eso es algo que hacemos y cobramos por eso. Ellos nos envían la información a Chile y ellos la presentan en el consulado, donde yo tengo una petición desde julio a la fecha y me dicen que hay una investigación, un tema de tráfico de personas”.

En relación a las conversaciones con Zaldívar, dijo que “lo que hago es decir, senador quiero hacerle una consulta ¿a quién le puedo preguntar por las visas, quien es la persona idónea? Yo hice una consulta por Ley de Transparencia y me dan una respuesta estúpidamente correcta: ‘estamos en el tiempo para darle una respuesta’. ¿Usted cree que un empresario chino va a estar cinco meses esperando que le den las visas?”. Además, descartó las imputaciones de la fiscalía y rechazó haber cometido delito.

Respecto del correo enviado por el senador, el subsecretario Mena señaló que “yo no nombro ninguna terna. No recuerdo si me habrá sugerido algo en particular. A mí me pueden llamar para sugerirme algo o para recomendarme alguna persona o que efectivamente hay alguien que está en alguna terna y que tiene una buena evaluación, pero esa es un sugerencia”. Consultado si es que es regular que un senador le mande una terna y después lo llame, dijo que “no recuerdo el caso puntual. Ninguna designación del Ministerio de Justicia sale con mi firma (..) ni siquiera se nombró a la persona que recomendó Andrés Zaldívar”.

En tanto, Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería, manifestó que “esta persona (Jofré) tomó contacto conmigo invocando el conocimiento que tenía de un conocido mío (..) Me reuní con él, me planteó su tema y le dije que era una cuestión que yo no manejaba porque su problema no era jurídico sino que él estaba pidiendo gestiones específicas que no hacía en mi campo profesional para sacar las visas de los ciudadanos chinos. Yo no hago ese tipo de cosas y le recomendé judicializar su situación”.

En el documento se da cuenta de llamados realizados el 31 de octubre y el 6 de noviembre entre el senador DC Andrés Zaldívar, una persona identificada como secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, Juan Pablo Nadeau, y el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena.

Funcionario judicial

“Andrés Zaldívar recibe un llamado telefónico de un sujeto de sexo masculino, quien se identifica como ‘Juan Pablo Nadeau’, quien luego de saludar le manifiesta que le envió vía correo electrónico los datos de la terna, agregando que el oficio se fue al Ministerio (…) Zaldívar Larraín asiente y señala que verá el tema, a lo que Nadeau le explica que es la terna para Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, Zaldívar asiente (…) Nadeau le agradece su apoyo y ayuda (…) le señala a Zaldívar que puede contar con él para lo que necesite”.

Llamada a Mena

El informe da cuenta de que ese mismo día, el 31 de octubre, llamó a la Subsecretaría de Justicia para contactar a (Nicolás)Mena, pero no estaba. El 6 de noviembre “Andrés Zaldívar recibe un llamado de ‘Nicolás’ (la PDI vinculó el número a Mena), a quien luego de saludar le indica que le envió a su e-mail personal una terna para que la revise, porque le avisó a la secretaria que este se lo iba a enviar. Nicolás responde que lo va a ver y además le pregunta cómo le ha ido y quién siente que está compitiendo con él, manifestando que él cree que sacará un 8% o un 10% en el Maule, luego se despiden y finaliza la llamada”.

Llamada del director de la PDI, Héctor Espinosa

También hay otra llamada del senador. Esta vez en relación con un efectivo policial. Esa llamada fue efectuada por un NN desde la Municipalidad de Río Claro. La otra la hizo al día siguiente el director general de la PDI, Héctor Espinosa.

5 de noviembre 

“Zaldívar recibe un llamado de un NN, quien le comenta si se recuerda que lo llamó por un niño policía, respondiéndole este que sí se recuerda y que habló con el Director de Investigaciones. El hombre le señala que se definió el viernes y por la información que le estaba llegando al policía, al día siguiente se definía y lo más probable es que le iban a dar de baja. Zaldívar indica que llamará al director, porque este le había dicho que se iba a preocupar especialmente (…) pidiéndole que le envíe los antecedentes por WhatsApp o por e-mail, porque él se lo envió al Director y no lo tiene registrado”.

6 de noviembre 

“Zaldívar recibe un llamado de Héctor Espinosa, Director de la PDI, a quien le comenta que estaba preocupado por la persona que le había hablado, un inspector de allá, a lo que Espinosa Valenzuela le responde que el inspector es de apellido Barramuño y le señala que éste se encontraba en Lista 3 y en la cuota anual de retiro, logrando solo sacarlo de la cuota anual de retiro, por lo que quedará condicional, solicitándole que no le cuente a nadie aún, porque lo van a notificar por la vía que corresponda. Además, le señala que la otra persona, que se quería ir a Cauquenes, está más complicado porque lo sancionaron, pero que de todas formas está cerca. Zaldívar Larraín le dice que al otro lo deje ahí no más, que no se preocupe”.











223.000 EUROS PARA COOPERACIÓN EN GUATEMALA, BOLIVIA, BURUNDI E INDIA



El Ayuntamiento de Alcobendas firma un convenio de colaboración para desarrollar 5 proyectos de tres ong’s y dos entidades humanitarias



Cadena Ser de España (www.cadenaser.com)

                                           

La solidaridad de los alcobendenses llegará a los proyectos de Bomberos Unidos Sin Fronteras, UNICEF, Manos Unidas, Cruz Roja Española y Fundación Vicente Ferrer. Una selección realizada por la Universidad Carlos III.

Dos de los proyectos beneficiarán a Guatemala, un país donde la pobreza alcanza a una gran parte de la población. Bomberos Unidos Sin Fronteras desarrollará la segunda fase para instalar una red de saneamiento en Panimache, de la que se beneficiarán unas 14.000 personas, tras la instalación de una planta potabilizadora. Mientras que UNICEF paliará la desnutrición crónica entre las poblaciones indígenas de Alta Verapaz, con un proyecto que tendrá a casi 8.000 personas como beneficiarios indirectos.

Alcobendas también subvenciona otro proyecto en América Latina, el de Manos Unidas en Bolivia, para la mejora de la producción y comercialización de productos agrícolas en el municipio de Aiquile, que supondrá un progreso para más de 5.500 personas.

Por su parte Cruz Roja Española recibirá ayuda para la mejora de la nutrición de las comunas de Mabanda y Makamba, en Burundi, con casi 5.000 personas afectadas por la desnutrición, es decir: dos de cada tres habitantes.

Asimismo, la ayuda a la cooperación de Alcobendas también alcanzará a la Fundación Vicente Ferrer, que continúa trabajando para mejorar el derecho a la vivienda y al saneamiento en las poblaciones rurales del estado de Andhra Pradesh, en India.











EL DAKAR 2018 APUESTA POR LA DIVERSIDAD EN PERÚ, BOLIVIA Y ARGENTINA



El Economista de España (www.ecodiario.eleconomista.es)

                                                                               

El rally Dakar, para celebrar sus 40 años en 2018, apuesta por distintos tipos de terreno y condiciones de carrera diversas, para su recorrido de más de 8.700 kilómetros entre Lima y Córdoba (6-20 enero), recorriendo Perú, Bolivia y Argentina, según los detalles del trazado presentados este miércoles en París.

Después de cinco años, la mítica prueba vuelve a Perú, antes de poner rumbo a Argentina previo paso por Bolivia, dos países bien conocidos por competidores y aficionados.

"Tenemos un recorrido excepcional con un tríptico andino que me gusta mucho porque vamos a tener tres geografías extremadamente diferentes, tres condiciones de carrera y climáticas también muy variadas", declaró a la AFP Etienne Lavigne, director de la carrera, que volverá a tener un ojo puesto en el cielo, después de que la meteorología provocara la anulación de casi la tercera parte de especiales en 2017.

Se esperan más de 525 competidores, que tomarán la salida en una larga secuencia de recorrido sobre arena en Perú, como guiño al primer Dakar, que unió París con la capital de Senegal pasando por el Sahara en 1978. Lavigne destacó que el recorrido ideado para este 2018 permite ir "al corazón del ADN del Dakar, el desierto".

El número de vehículos inscritos es de 337 (190 motos/quads, 105 autos, 42 camiones), con representación de 54 nacionalides, con Francia como país con más competidores, seguido de Argentina.

Tras la salida, el recorrido diseñado para 2018 incluye dos trazados alrededor de las ciudades de Pisco y San Juan de Marcona, antes de dirigirse al sur, hacia Arequipa, desde donde los competidores se dirigirán a La Paz por el lago Titicaca.

Después de un paso rápido por Bolivia -dos etapas completas de las catorce-, la caravana serpenteará por las montañas en Argentina. La especial del jueves 18 de enero, la más larga (522 km cronometrados) entre Fiambalá/Chilecito y San Juan, se presenta especialmente decisiva para los aspirantes al título, antes de la llegada a Córdoba.

Entre los favoritos en la categoría de coches destacan nombres como el francés Sebastien Loeb, segundo el año pasado y nueve veces campeón del Mundial de rallies (WRC), pero que todavía no logró su primera corona en el Dakar. Frente a él estarán otros pesos pesados de la competición, como los españoles Carlos Sainz y Nani Roma o los también franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.











ASÍ SE HAN LIBRADO DE LA EXTINCIÓN TRES ESPECIES DE AVES



El trabajo de los habitantes de las áreas donde sobreviven el guacamayo barbazul (Bolivia), el loro orejiamarillo (Colombia) y el guacamayo de Lear (Brasil) está fructificando



ABC de España (www.abc.es)



El programa de recuperación del guacamayo barbazul llevado a cabo por Loro Parque Fundación en Bolivia ha permitido no solo recuperar la especie, que se encontraba en peligro de extinción, sino también crear para los habitantes de la zona un negocio de fabricación de plumas artificiales. La recuperación de esta ave forma parte del programa que desde el año 1994 desarrolla Loro Parque Fundación y con el que se ha conseguido recuperar nueve especies que estaban en peligro de extinción.

El director científico de la Fundación, Rafael Zamora, señala que durante estos años se han invertido 17 millones de dólares en la conservación de especies y entre las que se ha conseguido salvar de la extinción se encuentra el guacamayo barbazul, que vive en un

hábitat muy especial, en El Beni, de amplias llanuras de vegetación y barro que se inundan durante gran parte del año.

La especie estaba amenazada porque sus coloridas plumas se utilizaban para los tocados que se lucían en la danza de los macheteros, tradicional en la zona, y que precisaban para su elaboración las plumas de unos diez guacamayos.

Zamora explica que junto con la ONG local se consiguió convencer a los habitantes de la zona de que el guacamayo estaba en peligro de extinción y a través de talleres formativos, se les enseñó cómo hacer los tocados con telas y plumas artificiales. Los pobladores de la zona se han involucrado en la conservación de «la paraba», tal y como denominan a este guacamayo, de tal forma, señala Zamora, que se hacen concursos de tocados artificiales y se utilizan para la moda.

Se ha pasado de unos 50 ejemplares de guacamayo barbazul en 1995 a más de 300 en la actualidad, afirma el director científico de la Fundación, quien recuerda que en este proyecto se han invertido 1,5 millones de dólares.

América del Sur

Zamora cita también al loro orejiamarillo de Colombia como otra de las especies recuperadas y recuerda que de menos de cien ejemplares cuando se comenzó a trabajar en la zona en 1998, se ha pasado a más de 3.700 en la actualidad.

Explica que en la mayoría de los casos Loro Parque Fundación trabaja con una ONG local y se intenta involucrar a la población en la conservación del ave amenazada, tal y como ocurrió con este

loro, cuyo hábitat es un tipo de palmera cuyas ramas eran utilizadas por la población local para, entre otros fines, ser usadas el domingo de Ramos. La intermediación de los párrocos locales e incluso del Vaticano permitió convencer a los habitantes de esa zona de Colombia del uso de ramas alternativas e incluso utilizar a la especie como reclamo turístico.

El guacamayo de Lear, de Brasil, es otra de las nueve especies que se han conseguido librar de la extinción y, en este caso, explica Zamora, se trata un ave que vive en un bosque arrasado por el sol, en el que muchas especies no logran sobrevivir.

La pobreza extrema de la zona hacía que los huevos, e incluso el propio loro, que cría en rocas, formara parte de la dieta, pero en esta ocasión, añade el representante de la Fundación, también se convenció a la población local de que desistiera de esta caza. El trabajo realizado por las ONG locales y los biólogos han permitido salvar a esta especie de su desaparición, indica.
El Gobierno brasileño encargó asimismo a la Fundación la reproducción del guacamayo de Lear y envió a Tenerife dos parejas de esta especie. Zamora indica que llegaron a finales de 2006 y seis meses después ya comenzaron a reproducirse gracias a que se pudo reproducir su hábitat al tener la instalación tinerfeña todo lo necesario, además de un tipo de palmera de la que se alimenta esta ave. En la actualidad, se han logrado 32 ejemplares y su recuperación ha sido un éxito a nivel mundial, afirma Zamora.

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