¿DÓNDE ESTÁ MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ? LA PREGUNTA QUE BOLIVIA SE HACE 40 AÑOS DESPUÉS

Tras la recaptura de Froilán 'Killer' Molina, uno de sus verdugos, la familia del escritor, diputado y militante socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz no pierde las esperanzas de que algún exmilitar diga con certeza donde se encuentran los restos de uno de los intelectuales más destacados del país
Marcelo Quiroga Santa Cruz fue asesinado en 1980 por un comando del Ejército, en la inauguración de la breve pero sanguinaria dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Desde entonces, el cuerpo del escritor y político socialista no aparece, gracias al silencio de los militares cómplices que saben de su destino.
En las últimas horas la Policía volvió a detener a Killer Molina, quien estaba preso en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el asesinato de Quiroga. En 2020, durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria. Pero desde entonces nadie conocía su paradero.
Sputnik conversó con José Antonio Quiroga Trigo, sobrino de Marcelo, a quien acompañó en varios momentos de su vida, fundamentalmente en el exilio.
El 17 de julio de 1980, García Meza lideró un golpe de Estado para impedir que Hernán Siles Zuazo asumiera la presidencia constitucional. Ese día, un grupo de militares y civiles entraron a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), en la ciudad de La Paz, para asesinar a Quiroga Santa Cruz. Desde entonces, nadie sabe dónde está su cuerpo, tampoco del dirigente sindical y también diputado Carlos Flores Bedregal, quien lo acompañaba.
El sobrino de Marcelo relató que por el asesinato y desaparición de su tío se realizaron dos juicios: uno en 1984, que siete años después terminó con la condena de García Meza, quien falleció en 2018 en el Hospital Militar.
"En ningún momento las Fuerzas Armadas dejaron de reconocerlo como un exgeneral y de pagarle todos los meses su pensión", comentó. La lealtad de esta institución hacia sus integrantes caídos en desgracia se mantiene, según Quiroga Trigo.
García Meza fue condenado en 1991. En 1999 se inició un segundo juicio, que concluyó en 2010 con la condena a 30 años sin derecho a indulto del Killer Molina.
Quiroga Trigo comentó que la orden de captura contra el represor se emitió recién en 2013. Lo apresaron en 2016, estaba en su casa. Permaneció en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro hasta febrero de 2020, cuando durante el Gobierno Áñez accedió a prisión domiciliaria.
El 18 de febrero pasado, la Policía llegó al domicilio de Molina, en el barrio de Cota Cota, zona sur de la ciudad de La Paz. Y allí lo encontraron. Horas después, lo presentaron esposado ante la prensa, en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
"Me he callado bastante tiempo, voy a hablar las verdades. Tendríamos que charlar en otra ocasión", dijo Molina brevemente a la prensa en esa ocasión. Todo parece indicar que dará información sobre el cuerpo de Quiroga Santa Cruz, a cambio de mejores condiciones para cumplir su condena.
El Killer también mencionó que los restos del líder socialista no fueron enterrados, sino que fueron repartidos entre tres personas, cuyos nombres ya habría entregado el anciano represor a la justicia.
La decadencia de la justicia boliviana
En enero pasado, fue detenido el feminicida Richard Choque Flores, quien habría asesinado a tres mujeres y a un hombre, según las investigaciones de la Policía boliviana. Además, sería el culpable de 77 violaciones.
Estaba libre gracias a una cadena de corrupción existente en varios niveles de la justicia boliviana. El juez que lo liberó, Rafael Alcón, fue apresado por esta causa, así como otros funcionarios y médicos involucrados.
Este caso provocó que el Gobierno de Luis Arce conformara una comisión especial para revisar cada caso de criminales condenados y posteriormente liberados y beneficiados con la prisión domiciliaria, lo cual equivale a dejarlos libres, porque no hay funcionarios de la justicia dedicados a monitorear que tal figura se cumpla.
El juez Abraham Aguirre, quien había dado prisión domiciliaria al Killer en 2020 —además de varios violadores—, fue detenido el pasado martes 15. "Es la prueba de que el Estado boliviano no cumple con sus propias decisiones judiciales. Por el contrario, beneficia a quienes violaron derechos humanos con la prisión domiciliaria", dijo Quiroga Trigo, quien es director ejecutivo de la reconocida editorial Plural.
¿Quién era el 'Killer'?
Para la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la situación favorable para el exmilitar Molina se debe a sus contactos con las Fuerzas Armadas. "Durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) Froilán Molina fue jefe de seguridad de la esposa del entonces coronel Banzer".
Por ello, Quiroga Trigo lo describió como "un militar que ocupó una función de mucha confianza con Banzer y su esposa (Yolanda Prada). Luego del juicio, supimos que siempre fue protegido por la familia Banzer Prada".
En 1979, como diputado, Quiroga Santa Cruz inició un juicio por responsabilidades contra Banzer, por crímenes cometidos durante su dictadura. Desde entonces, según rumores castrenses, habría querido su cuerpo.
Durante décadas se había rumoreado que los restos de Quiroga Santa Cruz estaban enterrados en una estancia de Banzer en la Chiquitanía, región del departamento de Santa Cruz de donde era originario.
En 2010 la justicia boliviana lo buscó en el predio pero no lo encontró. Hasta hoy el círculo de silencio de los antiguos militares continúa cerrado. Con 41 años desaparecido ¿aún albergan en su familia la esperanza de encontrar su cuerpo?
"La esperanza no la hemos perdido nunca. Han pasado 40 años, hemos hecho 2 juicios, hemos recibido muchísima información. Pero desde que se terminaron los juicios, la tarea de continuar con la búsqueda de los restos quedó en manos de la Fiscalía", comentó Quiroga Trigo.
La mala relación con Morales
"Como familia, hemos enviado una carta a cada presidente de Bolivia desde el año 1984, cuando comenzó el primer juicio. Era una carta pidiendo colaboración del Gobierno en la búsqueda de los restos de Marcelo", dijo su sobrino.
Comentó que todos los presidentes, "incluyendo a Banzer cuando fue presidente constitucional (1997-2001), respondieron indicando que iban a hacer todo a su disposición para que se haga justicia. El único que no respondió a nuestra carta fue Evo Morales (2006-2019)".
En 2010, el Gobierno de Morales promulgó la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, contra la corrupción y por la investigación de fortunas. En ese momento, la familia se manifestó públicamente en contra de la utilización del nombre de su ser querido.
"Le cuento esto porque, por la afinidad ideológica, uno creería que el Gobierno de Morales hizo mucho por ayudar a que se esclarezca el caso. Pero fue exactamente lo contrario", dijo Quiroga Trigo.
En ese año, la familia obtuvo una orden judicial para la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas durante el periodo del asesinato de Marcelo. "Quien salió a decir públicamente que no existían esos archivos fue Morales, como capitán general de las Fuerzas Armadas, para proteger a la institución, para que no vayamos a buscar lo que había".
Los archivos fueron finalmente abiertos en 2017 por la Comisión de la Verdad, conformada "a insistencia de muchas familias de las víctimas".
"La comisión terminó su trabajo, porque tenía un plazo limitado para entregar su informe. Pero no hay un solo desaparecido al cual hayan encontrado a raíz de esta investigación. Fue un fracaso completo, en nuestra opinión", agregó.
¿Quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz?
Quiroga Trigo expresó que guarda muchos recuerdos de su tío. "La mayoría muy gratos, porque además de escritor y político fue un padre y tío muy próximo a su familia, muy cariñoso, con mucho sentido del humor".
José Antonio es sobrino de Marcelo tanto por el lado de su padre como el de su madre porque su tío y su padre se casaron con las hermanas Trigo.
Cuando fue derrocado Luis Adolfo Siles Salinas (1966-1969) Quiroga marchó al exilio, adonde lo acompañó su sobrino.
"Regrese el año 1977, clandestinamente con Marcelo. Lo acompañé desde México, todavía estaba la dictadura de Banzer". También lo siguió en la creación del Partido Socialista 1 (PS1). Recordó que colaboró con su tío en la edición del periodico Mañana el pueblo. En marzo de 1980 "me fui a estudiar a México. En julio de ese año lo asesinaron", dijo.
Las causas por las que Quiroga Santa Cruz luchó
A los 27 años, Quiroga Santa Cruz escribió Los deshabitados, uno de los libros más importantes de Bolivia, que recibió el premio William Faulkner en 1962. Otra vez marzo, su segunda novela, quedó inconclusa, pero fue publicada por su familia en 1990.
"Pudo quedarse haciendo carrera como escritor, le habría ido estupendamente bien. Pero dejó la literatura y se dedicó a algo que por razones de conciencia consideraba más importante: la lucha por dos o tres temas que lo obsesionaban", relató su sobrino.
Uno era la propiedad estatal de los recursos naturales de Bolivia, como el gas y el petróleo. Como diputado, promovió la nacionalización de los hidrocarburos en 1969, durante el Gobierno de Alfredo Ovando (1969-1970).
"Otro tema fue el cumplimiento de la Constitución, y la sanción a los que violan la Constitución, sobre todo en casos de derechos humanos", dijo Quiroga Trigo.
También fue notoria "su lucha por el socialismo. Él abrazó la ideología socialista marxista, y eso lo llevó a defender los intereses de los trabajadores".
Según su sobrino, "podría contar infinidad de anécdotas de la entereza que mostró en todos los aspectos de su vida. Fue un político y una persona excepcional. Fue un hombre de lealtad con sus principios como rara vez he visto en la política de Bolivia". Sputnik News de Rusia (https://bit.ly/3LSCJwa)
 
 
 
 
 

AMÉRICA LATINA, LOS ECOSISTEMAS SE DESVANECEN EN EL TRIÁNGULO DEL LITIO
 
Bolivia, Argentina y Chile concentran el 63% de las reservas mundiales de este mineral esencial para la producción de baterías para el sector automotriz y tecnológico. Por eso les gustaría aumentar las extracciones. Pero hacerlo de forma sostenible, evitando nuevos conflictos sociales y daños ambientales, parece imposible.
 
Revista Left de Italia (https://bit.ly/352nRL1)
 
La emergencia climática y la euforia por un futuro de cero emisiones a menudo eclipsan un aspecto: la transformación energética requerirá la extracción y explotación de cantidades masivas de metales y minerales. Así lo confirma la Agencia Internacional de la Energía, que en el informe de 2021 afirmó que “la demanda de estos minerales crecerá rápidamente con la transición hacia las energías limpias”. En este proceso, el litio juega un papel fundamental tanto en la producción de baterías eléctricas para la automoción como en el sector tecnológico.
En comparación con hace diez años, la demanda de litio ha crecido un 30% y se estima que en 2040 alcance el 90%. El valor de mercado también ha aumentado enormemente, hasta el punto de que muchos lo han llamado "oro blanco" o "aceite blanco". Al igual que el petróleo, en América Latina se encuentran cantidades ingentes: el 63% de las reservas mundiales de este preciado recurso se encuentran en el “triángulo del litio”, o mejor dicho, entre Bolivia, Chile y Argentina; mientras que Perú y México poseen cerca de tres millones de toneladas. Se encuentra en lagos salados a más de 5.000 metros de altitud en ecosistemas únicos. Los gobiernos nacionales del Triángulo del Litio quieren actuar rápidamente para controlar la extracción y explotación, esperando, con los ingresos resultantes, superar la crisis económica agudizada por la pandemia.
En cuanto a Bolivia -que posee 21 millones de toneladas-, el proceso de extracción e industrialización del litio está encomendado a la empresa estatal Yacimientos de litio bolivianos desde hace más de diez años. Según el propio presidente, Luis Arce, entre los objetivos de la Agenda 2021-2025 en La Paz está el de introducir “una tecnología de extracción directa de litio que [permita] innovar y acelerar nuestra inclusión en la industria mundial del litio”. En materia de control, Arce está actuando diferente a Evo Morales: el nuevo presidente ha decidido promulgar una licitación para atraer empresas privadas, tanto bolivianas como no, a las que pueda encomendar contratos mineros. De momento se han elegido ocho empresas, procedentes de EEUU, China, Rusia y Argentina y que tendrán que realizar pruebas piloto a nivel tecnológico.
El próximo mes de abril, una comisión integrada por técnicos de la empresa estatal Yacimientos de litio bolivianos elegirá cuál de estas empresas se adjudicará el contrato. Sin embargo, una historia diferente para Argentina: con 14,8 toneladas de oro blanco disponibles, los derechos de exploración y explotación pertenecen a las provincias, no al gobierno central. Sin embargo, Alberto Fernández intentó...
 
 
 
 
 
NACIONALIZACIÓN DEL LITIO ES CLAVE PARA EL FUTURO DE MÉXICO: BENEDITH
 
La Prensa de México (https://bit.ly/3sbJPUu)
 
En el marco de la discusión sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el especialista en energía Rodrigo Benedith, explicó cuál es el panorama del litio a nivel mundial.
“Cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, en 1938, nadie sabía que 40 años después íbamos a descubrir el yacimiento de Cantarell, uno de los más importantes a nivel mundial; al cual le debemos, hasta nuestros días, gran parte del andamiaje institucional, la infraestructura y los diversos subsidios y programas con los que cuenta el Estado mexicano”, detalló.
Por lo tanto, Benedith aseguró que hay elementos para pensar que la nacionalización del litio será de las mismas dimensiones.
El experto en política económica menciona que en América Latina existe una zona especial a la que llaman ‘el triángulo del litio’, entre Chile, Bolivia y Argentina, donde los mayores productores de litio a partir de roca en el mundo son Australia y China.
Además, Benedith señaló que Estados Unidos es un gran consumidor, con alrededor del 25% del litio mundial; sin embargo, tiene que importar el elemento desde Sudamérica.
Por otra parte, agregó que el mayor consumidor mundial es China, la gran fábrica manufacturera del mundo, cuyo principal socio es Australia.
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En este sentido, Benedith detalla que si el plan es cambiar de vehículos que utilizan combustibles fósiles a aquellos que usan energía eléctrica para movilizarse, considerando que una de las mayores industrias de maquila y alto valor en México es la automotriz, ¿qué tan conveniente sería que la producción de las baterías de estos vehículos fuera con litio mexicano? En pocas palabras: le darían muchísimo valor a nuestro litio en lugar de solamente cobrar una regalía por las hectáreas concesionadas a alguna minera.
Finalmente, el experto enfatizó la importancia de que México sea el dueño del activo; “especialmente si ese activo es el litio, es decir, la alternativa hasta ahora más viable para sustituir al petróleo”.
 
 
 
 
 
PREOCUPA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS LAS DIFICULTADES EN EL TRÁNSITO FRONTERIZO CON BOLIVIA
 
Un grupo de dirigentes empresarios de Tartagal y del Sur de Bolivia se reunieron con la senadora nacional Nora Giménez, a quien expresaron su preocupación por las dificultades en el tránsito fronterizo por el paso internacional Salvador Mazza-Pocitos.
 
Nuevo Diario de Salta, Argentina (https://bit.ly/3p8FBLM)
 
Está situación impacta tanto en la actividad económica como en el desarrollo del turismo, que tiene un enorme potencial en la región.
Los empresarios detallaron que, pese a la reapertura del paso internacional, no se habilitó el régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), que permitía a los vecinos de ambos lados de la frontera circular con fluidez. Por otra parte, y aunque Migraciones y Aduana funcionan las 24 horas, el puesto de control sanitario del puente internacional sólo lo hace de 8 a 16, limitando la circulación de turistas y viajeros.
Frente a estas restricciones, quienes necesitan transitar por la frontera eligen hacerlo por pasos ilegales o clandestinos. Los participantes de la reunión coincidieron en que, si bien es razonable el objetivo de lograr un mayor control sanitario, la realidad demuestra que el resultado logrado es exactamente el contrario. Destacaron además que estos problemas no ocurren en otros pasos habilitados, cómo La Quiaca - Villazón, en Jujuy; o entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, en Misiones.
A partir de esta información la senadora Giménez se comprometió a gestionar sendas reuniones con autoridades nacionales de Migraciones y Aduana. También anticipó que impulsará un encuentro con autoridades provinciales, en busca de destrabar la situación y devolver fluidez al tránsito fronterizo.
Participaron del encuentro Gabriela Martinich, presidenta de la Cámara de Turismo del Norte Salteño; Ana Rosa Muñoz, presidenta del Centro Empresario de Tartagal; Dante Galdeano, ex presidente de esa institución; Carlos Eckhardt, secretario adjunto del sector Turismo de CAME y vicepresidente de FEDECATUR (Federación de Cámaras de Turismo de la Argentina); y el empresario boliviano Edward Mejía Zárate, presidente de la Asociación de Hoteleros de Villa Montes (Bolivia).
 
 
 
 
 
LA CAMPAÑA “SER DONA AL SUD” DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT LLEGA A ONTINYENT
 
El alcalde de Ontinyent recibe la delegación de mujeres bolivianas provenientes de organizaciones sociales y de gobiernos municipales que participan en la edición de este año.
 
El Periódico de España (https://bit.ly/3M502D8)
 
El Alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acompañado por la primera teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Natàlia Enguix; y la regidora de Cooperación, Katty Ushiña, ha recibido en el Ayuntamiento de la ciudad a una delegación de mujeres bolivianas participantes del programa de de sensibilización “Ser dona al sud 2022” del Fons Valencià per la Solidaritat. Aquest programa, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pretende dar a conocer la realidad de las mujeres y la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista en los países del Sur, así como intercambiar conocimientos y experiencias con el municipalismo valenciano.
Durante la visita, el alcalde, las concejalas y las participantes en el programa han compartido experiencias, conocimientos y realidades en materia de políticas locales para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres y por la lucha contra la violencia de género. Por último, la comitiva boliviana ha podido conocer los espacios turísticos de la ciudad ontinyentina, así como visitar la exposición “Dones i Resistencia” en la Casa de los Barones de Santa Barbara. La delegación boliviana está formada por Janet Sánchez, Directora Ejecutiva del Centro Juana Azurduy; Beatriz Flores, Técnica del Centro Juana Azurduy; Mabel Befoya, Regidora de Culpina (Departamento de Chuquisaca); y Fidelia Risueño, Regidora de Villar del Arzobispo (Departamento de Chuquisaca). El testimonio de la delegación de Bolivia recorrerá más de 20 municipios de la Comunidad Valenciana, de las 3 provincias, entre el 21 de febrero y 8 de marzo.
El proyecto de cooperación internacional al desarrollo “Creando círculos de aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento de representantes políticas”
El proyecto de cooperación “Creando círculos de aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento de representantes políticas” del Fons Valencià per la Solidaritat, cofinanciado por la Consellería de Participación, Transparencia Cooperación y Calidad de Democrática de la Generalitat Valenciana y ejecutado con la colaboración del Centro Juana Azurduy -ONGD boliviana que contribuye desde hace más de tres décadas en el empoderamiento político, cultural, económico y social de mujeres de municipios de los países del Sur, así como en la lucha contra la violencia de género- está reforzando, con una incidencia elevada, el liderazgo de mujeres de Bolivia, Ecuador y El Salvador, además de estar impulsando y consolidando de manera firme políticas de igualdad y contra la violencia de género desde la participación política local y social en los países del Sur.
En concreto, las líneas de actuación de este proyecto -mediante el cual se están beneficiando de manera directa a 145 mujeres líderes de organizaciones políticas y sociales, y de manera indirecta todo el entorno social y territorial de estas mujeres- están centradas en el fortalecimiento de capacidades de las mujeres objetivo, el establecimiento de alianzas y estrategias para poner en el debate público la realidad del ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, y un intercambio de experiencias y conocimientos mediante un encuentro internacional de mujeres de Bolivia, Ecuador, El Salvador y la Comunidad Valenciana, así como el análisis de la realidad de la participación política de las mujeres en cada contexto geopolítico. El resultado de estas líneas de actuación será la creación de una agenda política común como estrategia que permita la realización de una red internacional permanente entre las participantes.
Para llegar a los diferentes objetivos se están realizando desde el inicio del proyecto diferentes actividades como, entre otras, procesos de formación política mediante talleres y capacitaciones; asistencia técnica y acompañamiento al funcionamiento orgánico y de gestión de organizaciones sociales de mujeres; acontecimientos para la elaboración de propuestas para la agenda política de mujeres con la participación de mujeres líderes de organizaciones sociales y representantes políticas; y un Encuentro Internacional de Mujeres en Acción Política, con representados políticas de Bolivia, Ecuador, El Salvador y la Comunitat Valenciana, el cual se realizó el noviembre pasado en la ciudad boliviana de Sucre. También, este proyecto -a causa del contexto pandémico- ha contado con sensibilización e información hacia las mujeres ante la prevención y mitigación de la COVID-19, así como se editará y se publicará la agenda política consensuada en el Encuentro Internacional. Por otro lado, mujeres líderes políticas de Bolivia y autoridades de la ONGD Centro Juana Azurduy están realizando la actual pasantía en la Comunitat Valenciana para fortalecer la red internacional de mujeres y compartir experiencias en clave local de consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género.
El Fons Valencià per la Solidaritat, la asociación por la cooperación internacional y la educación para el desarrollo de los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad Valenciana
El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 132 entidades locales valencianas socias (123 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en países en situaciones de emergencia. Asimismo, realiza proyectos de sensibilización hacia un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible entre la población de las entidades locales socias del Fons, y a la ciudadanía valenciana en general.
La relación entre los municipios del Sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.
 
 
 
 
 
UN PACTO SOCIAL “A LA BOLIVIANA” CON LOS COCALEROS
 
Rebelión de España (https://bit.ly/3p8yhja)
 
Mientras en Lima el Poder Ejecutivo y el Congreso llegaban a una aparente tregua en el enfrentamiento político de las últimas semanas, a 750 kilómetros de la capital, en Kimbiri, distrito de la región Cusco, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), sellaba un histótico acuerdo con los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras, anunció la ejecución del “pacto social ciudadano”, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo permitirá que los agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca, insumo usado en la elaboración de droga.  La nueva estrategia tiene como fin la erradicación concertada de sus siembras.
El funcionario propuso, además, un frente regional para convocar una mesa de cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional, que no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sinoincluir también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como Argentina y Brasil.
Por décadas las autoridades peruanas han venido anunciando metas cumplidas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, pero ese aparente éxito es la celebración de un fracaso, porque las siembras no han disminuido, incluso han aumentado en los últimos años con la resiembra y nuevas áreas de cocales. Y el narcotráfico ha avanzado.
«El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar», señaló Soberón. El 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos.
“La política de criminalización de los cocaleros ha fracasado, eso tiene que cambiar. Continuar una erradicación como hasta ahora sin verificar su sostenibilidad es una pérdida de plata y una generación de conflictos y de nuevos focos cocaleros. Hasta ahora no ha habido una sincronización entre la erradicación y un desarrollo alternativo para los agricultores, queremos tener esa sincronización”, dijo el titular de Devida.
Las cifras de sembradíos y de cocaína procesada difieren entre las oficials peruanas y las que maneja el gobierno de Estados Unidos. La cifra oficial peruana es de poco más de 61 mil hectáreas sembradas con hojas de coca, mientras Washington insiste que son – 88 mil hectáreas.
Unas150 mil familias campesinas viven de este producto en precarias condiciones y criminalizadas por sus sembradíos, entre 500 y 600 toneladas de cocaína producidas cada año, la violencia y la penetración del narcotráfico en la política, el empresariado y el sistema de justicia, factores que configuran un complejo y conflictivo escenario.
“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”, advierte Soberón. De la cocaína peruana que va para Europa, el 70 por ciento sale por puertos brasileños y el otro 30 por ciento, entre 100 y 130 toneladas anuales, por Buenos Aires y Montevideo.
 “Argentina es ahora parte del proceso de exportación extensiva de cocaína. La cocaína peruana llega a Buenos Aires a través de un corredor que va por Bolivia y el norte argentino”, dijo el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú.
Tres pasos
Según Soberón, el pacto consta de tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y con la población de esos lugares.
A cambio de una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar, el gobierno ofrece  a los agricultores un programa de desarrollo alternativo, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también transferencias financieras a los municipios locales.
Serán las comunidades las que se comprometerán a que los agricultores cumplan con el pacto social. Sólo si alguien no cumple, entra la policía. “La idea es reforzar las estructuras sociales de la sociedad rural en las zonas cocaleras para que ellas puedan manifestarse y tomar decisiones legítimas en sus ámbitos territoriales. Es el modelo boliviano del control social”, dijo Soberón..
El plan comenzará en la convulsionada zona del Vraem, una agreste región montañosa entre los Andes y la Amazonia donde predominan el narcotráfico y la violencia, donde se espera erradicar este año mil de las 27 mil héctareas de sembradíos de coca, ir subiendo esa cifra en los años siguientes, y extender este pacto a las otras regiones cocaleras del país.
Según los datos oficiales, las 61 mil hectáreas de cocales en el país producen unas 120 mil toneladas de hoja de coca al año, de las cuales 15 mil se destinan al consumo legal. Hay 5,9 millones de peruanos que consumen coca legalmente, entre el tradicional mascado y productos industrializados de hoja de coca, como harina, infusiones y otros.
Con las otras 105 mil toneladas de esta hoja se producen entre 500 y 600 toneladas de cocaína cada año, de las cuales se decomisan solamente unas 60 toneladas. En Colombia, de acuerdo a datos de Devida, la producción de cocaína es de unas 800 toneladas anuales, y en Bolivia de unas 60 toneladas.
Una política soberana
Soberón denunció un importante incremento de los vuelos clandestinos para sacar la cocaína del país y propuso retomar la interdicción aérea con el derribo de avionetas cargadas con droga, la que se detuvo en 2001 cuando en la Amazonia se derribó una avioneta de misioneros estadounidenses confundidos con narcos y todos sus ocupantes murieron.
“Estados Unidos no quiere la interdicción aérea letal por lo sucedido en 2001, pero nosotros opinamos que debemos retomar esas acciones. El Perú debe tomar sus propias decisiones”.
Perú recibe 120 millones de dólares anuales para la lucha antidrogas. “Tenemos que pasar por lo menos a mil 200 millones. De lo que recibimos, el 70 por ciento viene de EEUU y el 30 por ciento de Europa. Iniciaremos un proceso fuerte para lograr un aumento de la cooperación internacional, y con un frente regional tendremos una voz mucho más potente”, dijo.
Soberón señala que un resultado exitoso de la nueva estrategia que plantea sería “quitarle al narcotráfico” en los próximos tres años 25 mil toneladas anuales de hoja de coca de las 105 mil que ahora abastecen la producción de cocaína. “Si logramos eso me daré por satisfecho”, finalizó
Un punto clave del “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el gobierno de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Soberón dijo en reuni´pon con los cocalros que “Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”.
El congresista Guillermo Bermejo ya presentó un proyecto de ley que apunta a la industrialización de la coca, similar a la Ley General de la Coca, creada por Evo Morales durante su gestión como mandatario de Bolivia. Desde la derecha quieren bombardear el proyecto. El exministro del Interior Rubén Vargas (en 2020 durante el Gobierno de Francisco Sagasti) consideró que la campaña del gobierno según la cual el cocalero erradicará sus sembríos de forma voluntaria es un modelo que fracasó en el pasado. Añadió que “por tercera vez pretenden vendernos ‘agua arracimada’, pero esta no es inocua, favorecerá al narcotráfico que financia al terrorismo y genera crimen organizado en las ciudades”. El mismo verso de siempre.
 
 
 
 
 
CRISIS MIGRATORIA: GOBIERNO NO DESCARTA AMPLIAR ZANJA FRONTERIZA EN COLCHANE
 
“No descartamos la posibilidad de seguir ampliando esta zanja para poder seguir evitando el ingreso clandestino a Chile”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado
 
Publimetro de Chile (https://bit.ly/3sYfLuN)
 
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartó que tras las labores de mantención que se realizan en la frontera de Chile con Bolivia, en Colchane, se amplíe la zanja que divide a ambos países.
Según rescata T13, el secretario de Estado indicó que “estamos trabajando en una zanja que se construyó el año 2017, que tiene aproximadamente 600 metros de longitud y que en los primeros días hemos avanzado en una mantención de los primeros 150 metros”
“Esta zanja ha tenido distintas intervenciones de personas que quieren cruzar con algunos puentes o algunos sedimentos que han caído, lo que requiere de mantención para llevarla a los tres metros de profundidad”, añadió Delgado.
El titular de Interior aseguró que “una vez que terminemos con los 600 metros de mantención, no descartamos la posibilidad de seguir ampliando esta zanja para poder seguir evitando el ingreso clandestino a Chile”
INDH DE TARAPACÁ ABORDA PROCESO DE RECONDUCCIÓN DE MIGRANTES CON GENERAL A CARGO DE ZONA FRONTERIZA
La jefa regional de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena de Ferrari, se reunió con el jefe de la Defensa Nacional de Tamarugal, el general de brigada Marcos Jaque, con el objetivo de verificar cómo se está realizando la reconducción de migrantes y para contribuir a que considere una mirada de derechos humanos. Este proceso está contemplado en la nueva ley de Migraciones, que ahora se encuentra  totalmente vigente, una vez que se publicó su reglamento en el Diario Oficial.
El artículo 153 del este reglamento describe cómo funciona la reconducción. Una persona es reembarcada o reconducida a la frontera (de ahí su nombre) si es sorprendida por las autoridades cuando intenta ingresar eludiendo el control migratorio, sea por un paso no habilitado o no. Lo mismo rige para los que lo intentan ocupando documentos falsificados o que pertenezcan a otra persona. La reconducción tiene que ser ejecutada por la PDI.
Un problema relevante es que las autoridades de Bolivia no estaban recibiendo reconducidos. Debido a esta situación, varias personas están a la espera en un albergue de reconducción. En un recuento se estableció que el 18 de febrero, 48 de ellas fueron llevadas en bus de Colchane a una residencia sanitaria en Iquique, mientras se resuelve la situación en la frontera. Se trata mayoritariamente de familias.
En la zona fronteriza de Colchane el personal del INDH entrevistó a las familias migrantes para conocer las condiciones en que se encuentran. Como los más afectados son los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con la Defensoría de la Niñez se gestiona que se les brinden alimentos y materiales de protección para enfrentar las condiciones climáticas.
Además, en su visita a terreno los observadores del INDH detectaron que, al menos, trece personas se encuentran en un limbo jurídico, porque ingresaron cuando aún regía la antigua legislación. Seis de ellas recibieron tarjetas de extranjero infractor mientras que las otras siete esperaban la aplicación de la norma anterior, que no contempla el mecanismo de reconducción.
 
 
 
 
 
DOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN: LA PRIMERA PIEDRA EN EL ZAPATO DE BORIC
 
Las estadísticas muestran que el estado de excepción en la Macrozona Sur ha tenido efecto en  disminuir en 72% las usurpaciones y 45% los hechos de violencia. En el norte se cumple una semana bajo la medida y el balance de las autoridades es “positivo”. Desde norte y sur piden que se mantenga y ponen presión al próximo gobierno.
 
El Líbero de Chile (https://bit.ly/3vqPqIX)
 
Hoy se vota, en una sesión extraordinaria del Congreso, una nueva prórroga al estado de excepción para las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco por la violencia rural que afecta al sector. De concretarse esta sería su décima extensión, mientras que en el norte también se encuentran bajo esta normativa las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa desde el 15 de febrero.
El próximo 11 de marzo el presidente electo Gabriel Boric recibirá al país con ocho provincias en Estado de Excepción -una medida que en el caso de la Macrozona Sur, de ser aprobada hoy, regiría hasta ese día- aunque inicialmente el próximo Jefe de Estado, y su equipo de gabinete, se negó rotundamente a prolongar los estados de excepción en su período de gobierno, este lunes tras un encuentro con el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, la futura titular de esa cartera, Izkia Siches, dio luces sobre un cambio de opinión.
“Hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio poder ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción, eventuales correcciones o mejoras”, dijo Siches en alusión a la zona norte.
Quienes hacen vida en las ocho provincias en estado de excepción agradecen la implementación en ambas zonas. Unos por la crisis migratoria que ha causado estragos en la seguridad pública. Mientras que en el sur distintas organizaciones, como la Multigremial de la Araucanía no dudan en decir que 2021 fue “el año más grave” del conflicto.
“Es una buena noticia para toda la zona fronteriza de la macrozona norte, principalmente porque esto se va a adicionar al decreto 265 que ha permitido disponer capacidad de logística de las Fuerzas Armadas sobre todo para el combate del narcotráfico, el crimen organizado, en la frontera”, sostiene el delegado presidencial de Iquique, Daniel Agusto.
En tanto, el presidente Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez enfatiza en que “en La Araucanía necesitamos reforzar la política de seguridad, no desmantelarla. Los pocos avances que se han logrado son vitales mantenerlos para el futuro de la región, en paz, con diálogo y soluciones sin miedo”.
El despliegue en el norte
Hace una semana el propio presidente Sebastián Piñera explicó el despliegue que se esperaba en las cuatro provincias del norte por el estado de emergencia y anunció el incremento en 100 del número de carabineros que están en la protección de la frontera y el despliegue de 672 efectivos de las Fuerzas Armadas también destinados a la protección de las fronteras. El Mandatario anunció, además, mayor dotación en equipamiento y tecnología, patrullajes y controles conjuntos, la instalación de nuevos puestos de observación, uso de drones, helicópteros con cámaras de visión nocturna y térmicas.
A ocho días de la entrada en vigencia del Estado de Excepción en el norte ya ha comenzado el despliegue de militares en el sector. Según describe el jefe de zona de Tarapacá, Marcos Jaque, el balance es positivo y va por “buen camino” y añade que “se evalúa principalmente con los movimientos, los reconducidos, el estado que ocurre aquí en Colchane específicamente de la tranquilidad del pueblo que también lo aprecia. Se ve una tranquilidad distinta que hace dos o tres semanas”.
Al mismo tiempo, respecto al despliegue y a la actividad militar explica: “Los puestos que hay de observación en la frontera son los adecuados, estos puestos son 24 horas, existen patrullajes móviles en la zona, check points en los distintos lugares que sabemos son de paso para los buses que lucran esto, con ese estudio y estrategia hemos ido minimizando la llegada de buses pirata hacia la localidad de Iquique”.
Adicionalmente, el personal militar ha avanzado en las obras de limpieza y despeje de la zanja que se encuentra en la zona. Y es que, según describe, “producto del invierno altiplánico la zanja se ha ido derrumbando, han aparecido puntos que son para el uso del narcotráfico y principalmente queremos evitar la entrada de extranjeros a la comuna de Colchane y también al país”, enfatiza el general Jaque.
Para el alcalde de Colchane, Javier García, la actividad ha sido de gran ayuda, ya que “todas las barreras físicas contribuyen a la labor que puede realizar Carabineros en la frontera para controlar el ingreso indiscriminado de migrantes”.
Según fuentes cercanas al Servicio Nacional de Migraciones, el año pasado hubo en promedio 2.000 ingresos clandestinos al mes, siendo el período más “crítico” el mes de octubre de 2021, con alrededor de 10.000 ingresos ilegales. Esto, acusan, se debió principalmente a la propuesta del, en ese entonces, candidato Gabriel Boric.
Para ese momento Boric incluía en su programa de gobierno que “el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida”, medida que durante la campaña fue eliminada.
Cuando recién comenzó la implementación del estado de emergencia en estas provincias, el alcalde de Colchane denunció que para ese momento estaban ingresando 500 personas diarias por pasos ilegales. A una semana de la implementación aún no se sabe cuantitativamente el efecto pues las fuerzas de seguridad aún no liberan las cifras, aunque, por ejemplo, datos extraoficiales hablan de 300 ingresos diarios por Iquique.
“El Ejército, Carabineros y la PDI manejan las cifras exactas de acuerdo a los procedimientos que ellos aplican. Eso es lo que se oficializa en términos de cifras, entonces hay que ser cuidadoso en los números que se dan y no ser irresponsables”, subraya el delegado presidencial de Iquique, Daniel Agusto.
No obstante, hace un balance positivo de esta primera semana ya que ha permitido desplegar más apoyo a Carabineros, PDI y militares para “efectos de propender un mayor resguardo de la frontera, creo que hemos podido generar una mayor cobertura sobre todo en los pasos no habilitados a través de ciertas capacidades tecnológicas que tiene el Ejército que han servido bastante para detectar, por ejemplo, pasos en la noche a través de visores nocturnos, cámaras térmicas, visores infrarrojo y han sido herramientas muy importantes para detectar este tránsito e ingreso de migrantes ilegales”.
La iniciativa, explica el delegado, también incluye la dotación de “recursos tecnológicos, visores infrarrojos, cámaras térmicas, vuelos no tripulados que van a ayudar en el trabajo de fiscalización nocturna de la frontera”. Mientras que en el ámbito territorial la medida constitucional, sumada al decreto 265, permitirán “un proceso de fiscalización más integral, con más presencia y con más facultades para el control de las Fuerzas Armadas en coordinación directa con Carabineros y Policía de Investigaciones”. Con esto, se espera que junto a solucionar la crisis migratoria de la zona, se pueda avanzar, de forma paralela, “en combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el tráfico de armas en la frontera”.
Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, apunta a que se ha visto un incremento significativo de personal militar como también de Carabineros, junto con un “alza en los controles de vehículos sobre todo en los irregulares que no tienen los permisos del Ministerio de Transporte. Sin embargo, continuamos viendo como grupos de migrantes siguen ingresando a nuestra comuna. Además, los ciudadanos venezolanos que son reconducidos a la frontera nos tienen muy preocupados porque Bolivia solo estaría recibiendo a ciudadanos bolivianos reconducidos lo cual nos deja una situación muy compleja”.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señala que ya con la entrada en vigencia de la Ley de Migración y la aprobación del reglamento se ha avanzado en la reconducción de migrantes. “También los dirigentes me han ido informando del accionar y la presencia de Carabineros en las carreteras, por lo menos eso va dejando tranquilo porque se va cumpliendo con la misión de tener un control mucho más seguro y permanente en carreteras que evite futuros conflictos con los camioneros”, explica.
Sin embargo, lamenta la falta de comunicación con el Ejecutivo que no informó directamente a los líderes regionales en qué consistiría el despliegue militar y que, dijo, “se enteraron por la prensa”. “Tiene que trabajar con las autoridades locales y territoriales, podría informarnos mejor sobre la instalación de esto”, agrega.
En todo caso, enfatiza en la característica de excepción que tiene la medida, ya que según explicó: “Tiene que ser una señal potente de dar más seguridad, pero no puede transformarse en una normalidad y para eso tenemos que trabajar en conjunto, visualizar un modo de actuar en donde brindemos mayor seguridad a los vecinos y vecinas y donde se regularice esto. Y una vez que eso ocurra, que vuelva el Estado de Derecho puesto que debieran ser nuestras policías las que den esta certeza de seguridad”.
Lo que se iría en el sur
En caso de que el presidente electo decidiera levantar la medida constitucional, los cerca de 2.600 efectivos -entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas- desplegados en la zona se retirarían del sector, es decir que los más de 5.000 miembros de las policías que se encuentran en la zona, se reducirían a la mitad según aseguran fuentes fuera de micrófono pertenecientes a la estrategia en terreno.
Son precisamente estos efectivos adicionales los que han colaborado con apoyo de transporte, logístico, de vigilancia y tecnológico en los procesos policiales contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en las cuatro provincias de la zona sur. En esta línea, el levantamiento de la medida no permitiría que se continúen realizando este tipo de labores.
Fuentes cercanas a la delegación del ministerio de interior para La Araucanía apuntan a que si bien no cuentan con una proyección concreta de cuánto podrían subir los casos de violencia rural, son precisamente las labores que están cumpliendo hoy las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías lo que significa una mayor cantidad de patrullajes mixtos.
“Hay una cifra desconocida que es la cantidad de eventos que dejan de ocurrir precisamente por la presencia militar y eso indudablemente se ven afectados. No podemos hacer una proyección completa de lo que va a ocurrir porque no somos magos, pero sin duda que a menor presencia, mayor existencia de acciones violentas”, explican.
Ahora bien, enfatizan en que el estado de excepción sí ha funcionado según reportan los últimos informes. Por ejemplo, según el último informe de la Coordinación de la Macrozona Sur desde que entró en vigencia el estado de excepción el 12 de octubre hasta el 10 de febrero “la acción conjunta de las FF.AA. y policías ha permitido reducir en 45% los hechos violencia bajando de 5,5 diarios antes a 3 diarios desde su vigencia; en 72% las usurpaciones de terreno y en 10% los atentados incendiarios”.
Al mismo tiempo, se han realizado más de 63 mil controles y más de 5.800 operativos militares mixtos y patrullajes que resultaron con 160 personas detenidas, 43 de ellas solamente en lo que va del año.
Tras el doble homicidio registrado el domingo en un predio forestal de Carahue, en La Araucanía, el  coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, aseguró: “Es el mismo sector donde en octubre pasado la Weichan Auka Mapu, grupo terrorista, se adjudicó un grave atentando incendiario”, por lo que “esto no hace más que ratificar la necesidad del Estado de Emergencia y de poner todas las herramientas del Gobierno a disposición de las familias mapuches y no mapuches para darles mayor seguridad”.
“Levantar el Estado de Emergencia implica una reducción muy significativa del personal destinado o prevenir y contener los delitos que ocurren en las regiones del sur, son del orden de 2.000 efectivos, esto significaría mayores facilidades para el movimiento de grupos delictuales, mayor facilidad para mover mercancías robadas , como madera y otras, para mover y cultivar drogas”, explica el presidente Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.
Al mismo tiempo, dice el presidente de la Multigremial, implicaría “un aumento de los delitos que bajaron significativamente durante este periodo, como las usurpaciones y agresiones, implicaría mayor impunidad. Además, implica mayores riesgos para las policías, los funcionarios públicos de diferentes servicios y para las personas en general”.
La difícil misión del orden público: la primera piedra de Boric
Las demandas para mantener el estado de excepción llegan desde el norte y desde el sur. Por un lado, el presidente Multigremial de La Araucanía hace un llamado al presidente electo: “Le pedimos al gobierno entrante que evalué su decisión y escuche la voz de quienes vivimos en regiones. Más de 140 mil personas votamos por mantener el estado de excepción en la Consulta Araucanía. Todos queremos diálogo, todos queremos soluciones, pero con seguridad. Nadie puede dialogar cuando tiene miedo”.
Por otro, el delegado de Iquique calificó de “lamentable” la eventual decisión de levantar la medida. Según describe que tanto en el norte como en el sur se necesita de “mayor seguridad y también de que efectivamente contingente de Fuerzas Armadas pueda ayudar en las tareas de las policías. Entonces yo esperaría que aquí en la Macrozona Norte se respete también el Estado de Excepción constitucional y no solo se respete, le pediría al próximo gobierno que lo fortalezca”.
Esta decisión podría ser una de las primeras complicaciones para el próximo gobierno: la seguridad pública. Según describe el académico de la Universidad Central y analista político, Marco Moreno, “todo hace pensar que probablemente las condiciones del entorno y el contexto obliguen al gobierno a repensar esa decisión de no continuar con el estado de excepción en la macrozona sur y lo que podría para también en el norte del país”.
Añade que al tratarse de una situación “dinámica” el próximo gobierno debería “adecuar sus ideas a las situaciones del entorno y el contexto, más allá de las posiciones doctrinarias. Aquí hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el bien común y eso muchas veces obliga a los gobiernos a cambiar sus convicciones por decisiones que tienen que ver cuestiones más bien de orden práctico”.
Y aunque, en un principio, no fue parte de la prioridad de Boric casi obligatoriamente la seguridad pública se instaló en la agenda del comando del frenteamplista. “Son temas que van a tomar el control de la agenda los primeros días de la instalación del gobierno, la agenda va a estar fuertemente influida por los temas de orden público, ya sabíamos que eso iba a ser una cuestión central en los problemas que iba a tener que enfrentar el gobierno, lo que pasa es que los últimos días se ha recrudecido”, describe Moreno.
Ahora bien, el peso caerá no solamente en los hombros del presidente electo, sino que también de su ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, que deberá encaminar la solución de la crisis de violencia y migratoria que enfrenta el país. “Va a tener que poner ese capital político a disposición de resolver el problema o de intentar de alguna manera más que resolver a encausarlo porque no lo van a poder resolver en pocos días”, afirma Moreno.
 
 
 
 
 
 
DIEGO GARCÍA-SAYÁN: "EN BOLIVIA, LA JUSTICIA ESTÁ LEJOS DE LA GENTE"
 
"Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí", dijo el relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados.
 
DW de Alemania (https://bit.ly/3BH8dke)
 
El experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó este martes (22.02.2022) el sistema judicial de Bolivia tras visitar el país durante una semana invitado por el Gobierno del izquierdista Luis Arce.
"En Bolivia, la Justicia está lejos de la gente", aseguró en conferencia de prensa el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán. El funcionario, expolítico peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la Justicia responda a dramas cotidianos".
"He constatado con preocupación que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la Justicia", manifestó García-Sayán en La Paz. También, llamó la atención sobre el hecho de que durante la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres en Bolivia, como en otros países, y que eso también significó que "muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad".
García-Sayán mantuvo reuniones con funcionarios judiciales, liderazgos políticos y organizaciones de la sociedad civil. La visita ocurrió en medio de críticas a la Justicia boliviana luego del descubrimiento de una red de jueces que liberaba a asesinos y violadores por dinero. "Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí", afirmó.
Además, el experto llegó días después del inicio del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020). En prisión preventiva desde marzo de 2021, la derechista se define como "presa política" e inició una huelga de hambre el 9 de febrero por esa razón. Se la acusa de haber participado en un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019), que renunció en medio de protestas multitudinarias por un presunto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
García-Sayán criticó las "dificultades" para la hospitalización de la exmandataria, que el 18 de febrero no pudo ser trasladada pese a una orden judicial debido a una manifestación en las puertas de la cárcel. "El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud", recordó.
Por otra parte, el relator se reunió con familiares de víctimas de represión durante las primeras semanas del Gobierno interino de Áñez, en noviembre de 2019, y aseveró que "pasados más de dos años son escasos los resultados" de la investigación.
El informe detallado de la misión se presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
 
 
 
 
 
UN CUADRO DE PEDRO SÁNCHEZ CON DICTADORES DE IZQUIERDAS Y EL RETORNO DE FRANCO, PROTAGONISTAS DE ARCO
 
La pieza de Sánchez se titula  'Mis líderes favoritos de la extrema izquierda' muestra la cabeza de un Pedro Sánchez con una ligera sonrisa, con nombres a derecha e izquierda: Evo Morales, Hugo Chávez, Pol Pot o Fidel Castro, entre otros. El precio de la obra es de 16.000 euros.
 
Nius Diario de España (https://bit.ly/3seon1u)
 
ARCO y polémica suelen ir de la mano. La nueva edición de ARCO albergará una obra con un dibujo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rodeado de nombres de dirigentes "de la extrema izquierda" como Lenin, Stalin o Mao Zedong.
En la exposición también hay una pieza con el dictador Franco con una diana pintada en su cara.
El autor del retrato de Sánchez es el artista finlandés -afincado en España desde hace años-Riiko Sakkinen, que ya ha acaparado la atención en anteriores ediciones de la feria de arte. Sakkinen afirma que la pieza forma parte de una trilogía que empezó con un retrato del rey emérito en el año 2019 y otro de Franco en 2020 acompañado del título 'Franco no fue tan malo como dicen'.
La pieza de Sánchez se titula  'Mis líderes favoritos de la extrema izquierda' muestra la cabeza de un Pedro Sánchez con una ligera sonrisa, con nombres a derecha e izquierda: Evo Morales, Hugo Chávez, Pol Pot o Fidel Castro, entre otros. El precio de la obra es de 16.000 euros.
"Esta obra fue creada cuando Sánchez formaba Gobierno y la derecha amenazaba con que iba a llegar un régimen comunista. Todos pensaban que este Gobierno iba a cambiar algo, pero ya ves, es una decepción porque no ha sido para mí suficientemente de izquierdas", ha señalado el artista, quien compara a la política española con "los Lacasitos". "Por fuera tiene muchos colorines pero por dentro todo es marrón", ha ironizado.
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No es su única pieza con contenido político que trae a ARCO, ya que en el stand cuelgan también casi una decena de bufandas con la bandera de España --y leyendas como las de 'Caballero legionario' acompañadas de una imagen de Millán Astray-- bajo el título 'Esto es España'. El precio de la obra es de 14.000 euros y el artista ha explicado que son bufandas "que puedes encontrar en puestos a la salida del Bernabéu: esto es realismo y se muestra el mundo como es".
Una última pieza incluida en una serie de pequeños dibujos ,'Todos somos Reyes en exilio', incluye la imagen del rey Emérito afirmando que "ahora es un fugitivo". Además, lo acompaña de una frase del escritor Chesterton que el propio artista seleccionó "tras buscar frases en Google sobre reyes en el exilio". El dibujo cuesta 2.200 euros.
Franco con una diana en la cara
La galería José de la Mano, que el año pasado fue la estrella mediática gracias a su 'Guernica' de Ibarrola, recupera obra de artistas vascos significativos en esta edición y, entre ellos, la de Ramón Bilbao, quien en el año 1975, coincidiendo con los últimos fusilados por el Régimen franquista, inició una serie de cuadros para mostrar esta situación política.
Uno de ellos es un dibujo de la cara de Franco con una cruz superpuesta , el precio es de 12.000 euros. Pero también están las piezas del mismo artista de un grupo de personas tanto fusiladas como indultadas,esta pieza alcanza los 25.000 euros, y también de ministros o personas relevantes durante la dictadura española, como Santiago Carrillo o el cardenal Tarancón ,12.000 euros.
Un "artístico" vídeo de una operación de vagina
Otra de las obras que ha llamado la atención en los días previos es la de la artista peruana Winnye Minerva, quien grabó una operación quirúrgica para una 'oclusión parcial' de su vagina y ha decidido vender este documento junto a una pintura de grandes dimensiones por un precio que estará en torno a los 15.000 euros.
"No tenía conexión con mi vagina ni identificaba mi género con ella, así que hice esta operación que ha tapado tres cuartas partes de mi órgano y únicamente está el orificio para la menstruación", ha explicado  la artista limeña, quien en un principio había grabado la intervención, le costó encontrar cirujano, según ha señalado, para "registro personal". La pieza está en el stand de Ginsberg dentro de la sección Opening by Allianz para nuevos creadores.