HISTORIA DE UNA INSTITUCION QUE PRESERVA LA ETICA DEL PERIODISMO BOLIVIANO. A 80 AÑOS DE LA LEY DE IMPRENTA

Noticias de Bolivia y el mundo, relativas al derecho martítimo boliviano, economía, geopolítica y diplomacia. Recopiladas diariamente, para fines sin fines de lucro: archivo y difusión. Esta sección es mantenida por Daniel Velasquez Espejo.



"CONEXIÓN CON BOLIVIA DEBE ESPERAR"

El ministro de Energía y Minas indicó que Bolivia no ha suscrito el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones que permita la interconexión eléctrica

El Comercio de Perú (www.elcomercioperu.com.pe)

Glodomiro Sánchez tiene confianza en que las tarifas eléctricas se van a reducir, al menos eso es lo que percibe luego de que empresas eléctricas le han adelantado su deseo de instalar plantas termoeléctricas a bajo costo en los siguientes meses. Aunque las señales le parecen ser positivas en el sector eléctrico, el clima no es del todo favorable en la minería. A los conflictos entre comunidades y empresas mineras se añade un polémico decreto supremo que permite a Doe Run modificar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual fue gestionado por su despacho. En ese sentido, el tema de los pasivos ambientales, incluidos aquellos pendientes por la empresa estatal Centromín, siguen siendo la piedra en el zapato de su gestión.
Hay preocupación por el tema de las tarifas eléctricas, sobre todo porque no se ven nuevas inversiones en el sector eléctrico. ¿Qué está haciendo su despacho sobre este tema?
Hay una preocupación de que las tarifas eléctricas se incrementen nuevamente en mayo, sobre todo por la propuesta presentada por las generadoras que, como es lógico, siempre pedirán un incremento. Sin embargo, tras haber modificado la Ley de Concesiones Eléctricas en diciembre, creemos que es inminente el ingreso de nuevas plantas térmicas, las que van a ayudar a reducir las tarifas. En el ministerio hemos recibido la solicitud formal de Egechilca, la que tiene bastante avanzado un proyecto de generación térmica utilizando el gas de Camisea. Además, está la conversión de la central térmica de Santa Rosa y Tractebel ha manifestado su interés en invertir en generación eléctrica utilizando gas. Creo que hay casos concretos en los que se va a generar suficiente potencia, que impactará de manera positiva en las tarifas eléctricas.
Si bien se ha culminado la interconexión con Ecuador, ¿por qué no ha empezado a operar?
Hasta el momento no ha habido pruebas de transferencia de energía, pese a que las obras físicas están concluidas. Lo que se está haciendo es preparar los acuerdos operativos, comerciales y normativos. Se ha previsto una reunión a fines de este mes con autoridades ecuatorianas para resolver estos temas.
¿La interconexión tendrá efecto positivo en las tarifas eléctricas?
Vamos a tener ingresos adicionales para atender la demanda, razón por la cual esto podría reflejarse en las tarifas. Sin embargo, el principal factor es que habrá complementariedad de los sistemas hídricos entre Ecuador y el Perú, con lo que vamos a garantizar parte del suministro eléctrico local.
¿Qué hay de la interconexión con Bolivia?
Bolivia no es firmante de la normativa 536 de la Comunidad Andina; por lo tanto, no existe en este momento la posibilidad de trabajar la interconexión con este país. Esperamos reanudar pronto conversaciones con el Ministerio de Energía de Bolivia, porque reconocemos que ese país produce grandes cantidades de energía eléctrica a bajo costo que sería beneficioso para el Perú.
De otro lado, queda pendiente el tema de Doe Run. ¿Se ha acogido al decreto supremo que permitirá la modificación de su PAMA?
Ellos aún no han hecho la solicitud formal, aunque han sostenido algunas conversaciones con la Dirección General de Minería y están definiendo los términos de referencia y el cronograma de ejecución.
¿Otras mineras como Southern Perú, que aún tiene su PAMA en ejecución, podría acogerse al decreto supremo?
Claro que sí. Sin embargo, habría que decir que la mayoría de las empresas mineras ya han concluido con sus PAMA respectivos. Hemos tenido conversaciones con ellos hace poco y han señalado que van a seguir con la ejecución del PAMA y han dicho que no tienen ningún problema para culminarlo. Southern tiene condiciones que son totalmente distintas a las de Doe Run, esta empresa ha tenido mayores ingresos por venta de cobre. Es muy difícil que en su caso puedan solicitar una ampliación del PAMA.
Si bien el Estado está exigiendo a las mineras privadas que cumplan con su PAMA, no está haciendo lo propio con una empresa estatal como Centromín.
Admito que el Estado debe dar el ejemplo, es cierto que Centromín no ha cumplido. Hemos tenido varias reuniones con ellos y nos han alcanzado estudios viables remediar los pasivos en Pasco y Junín. Pero lamentablemente se necesita inversión.
¿Centromín no dispone de recursos?
Efectivamente. A través del Fonafe estamos solicitando que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos para que se puedan cumplir las tareas para preservar y recuperar el medio ambiente.



MILLONARIA ESTAFA DE EMPRESA BOLIVIANA CONTRA CHILENOS

La Estrella de Norte de Chile (www.estrellanorte.cl)

Una deuda que asciende los 5 millones de dólares, mantiene la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros de Bolivia, con un grupo de trabajadores chilenos de Antofagasta y Arica, hace más de 20 años.
La cuantiosa suma corresponde a las indemizaciones que la empresa estatal boliviana, dedicada al traslado de productos, debía pagar a los empleados, luego que los directivos decidieran relegarlos de sus cargos, en 1980. Los 24 trabajadores chilenos, 9 de Antofagasta y 15 de Arica, prestaron servicios a la institución durante 15 años, como cuidadores de mercancías en tránsito en varias ciudades del vecino país y hasta hoy esperan una respuesta a la problemática que se encuentra en conocimiento de la cancillería chilena.
AFECTADOS
Desesperados, los trabajadores han solicitado ayuda a diversos abogados, parlamentarios y al ministerio de Relaciones Exteriores, pero todavía esperan una respuesta satisfactoria.
Nelson Díaz, uno de los empleados afectados, está más que cansado, tocando puertas y solicitando apoyo a esta situación. “Llevamos mucho tiempo esperando una respuesta, queremos que las autoridades actúen como deben”. A la petición de los empleados se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes están haciendo lo posible para ayudarlos.
Para el presidente provincial de la CUT, Roberto Sepúlveda, este es un caso que no se puede dejar pasar. “No es posible que en 20 años no haya una respuesta satisfactoria a las peticiones de estos chilenos. Muchos han muerto esperando la ayuda que se merecen”.
FALLOS
Hasta el año 1995, la causa tenía dos juicios terminados, uno en el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta y otro con fallo ratificado por la Corte Suprema. Este último, obligaba a la empresa boliviana a pagar las prestaciones y beneficios a los ex trabajadores demandantes. Aún así, ellos siguen esperando el cumplimiento de esta resolución y la ayuda que tanto necesitan.



GLACIARES SE DERRITEN CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com)

GLACIAR CHACALTAYA, Bolivia - Por donde se los mire los glaciares más importantes de América del Sur se están derritiendo, y el manto blanco que cubre la Cordillera de los Andes está desapareciendo aún con mayor velocidad. "Miren. Pueden verlo. El Chacaltaya se ha partido en dos", expresó el científico Edson Ramírez mientras dirigía un grupo de turistas hacia lo hace tiempo fue una cumbre cubierta de hielo en la cordillera boliviana.
Debajo de los cúmulos de nubes se expande a más de tres kilómetros de altura La Paz, una ciudad en crecimiento que sobrevive con el agua que cae por las laderas de estas montañas sin árboles.
El Chacaltaya, una reserva de esas aguas congeladas, desaparecerá en el término de siete a ocho años, advirtió Ramírez, glaciólogo o experto en hielos.
"Algunos glaciares pequeños como éste ya han desaparecido", manifestó el científico boliviano. "En los próximos diez años muchos más lo harán".
Y la desaparición trascenderá la frontera de Bolivia.
Desde Alaska, en el norte, hasta el Parque Nacional de Glaciares de Montana, y los grandes bloques de hielo de la Patagonia, en el punto más austral de este continente, hasta los "ríos de hielo" que han configurado los paisajes desde la prehistoria, se están derritiendo, achicando, retrocediendo.
En el este del Africa, las históricas nieves del Monte Kilimanjaro están desapareciendo. En los picos nevados de los Alpes y los Himalayas de Europa y Asia, el cambio ha sido impresionante.
Desde América del Sur hasta Asia, los glaciares amenazan desbordarse y sumergir bajo el agua poblaciones enteras.
En los últimos años los satélites espaciales han ayudado a medir la tendencia climática global, pero científicos como Rajendra K. Pachauri, nativo del norte de la India, hace tiempo que han observado el fenómeno desde tierra.
"Lo sé por observarlo", manifestó Pachauri a un periodista en la conferencia internacional sobre cambio climático realizada en Argentina.
"Si usted va a los picos del Himalaya, la velocidad a la que los glaciares están retrocediendo es alarmante. Y éste no es un ejemplo aislado. He visto fotografías del Monte Kilimanjaro de hace 50 años y ahora. La evidencia es notable", explicó.
Una evidencia "abundante" indica que el calentamiento global está haciendo que los glaciares se derritan en todo el mundo, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, una red de científicos liderados por Pachauri, respaldada por la ONU.
Las temperaturas globales se incrementaron poco más de medio grado centígrado (0,55) en el siglo XX.
Expertos franceses y otros científicos que trabajan con Ramírez en la Universidad San Andrés de La Paz estiman que los Andes bolivianos se están calentando incluso más rápido, actualmente a poco menos de medio grado (0,3) por década.
El calentamiento global continuará mientras los "gases invernadero" _principalmente el anhídrido carbónico proveniente de la quema de combustibles fósiles_ se acumulen en la atmósfera, dijeron el panel de las Naciones Unidas y otras organizaciones científicas.
El Protocolo de Kioto establece un recorte de esas emisiones, pero las reducciones son pequeñas y Estados Unidos _el mayor emisor_ no se ha adherido por considerar que es perjudicial para la economía estadounidense.
El pacto entrará en efecto el 16 de febrero, pero el impacto del cambio climático ya es evidente.
Un estudio internacional concluyó en noviembre que las temperaturas universales se han elevado unos 4 grados centígrados en los últimos 50 años en el Artico, donde la capa subalterna de hielo se está derritiendo, al igual que el mar helado.
El océano está ganando tierra a las islas del Pacífico, los mares se expanden a medida que se calientan y que reciben agua de la capa de hielo de Groenlandia y otras fuentes.
Esas fuentes incluyen por lo menos un río nuevo caudaloso de aguas derretidas en el oeste de China, donde miles de glaciares del Himalaya y otras cadenas montañosas están cediendo.
En los Alpes italianos, el 10% del hielo se derritió con la ola de calor que castigó Europa en el 2003, y los expertos temen que desaparezca en unos 20 a 30 años.
Esta situación alimentará a su vez los océanos y terminaría amenazando los suministros de agua potable, la agricultura y la electricidad de la tierra.
En Perú _país que cuenta con vastas capas de hielo andino y glaciares_ el 70% de la electricidad es extraída de represas hidroeléctricas, pero las autoridades temen que gran parte pueda desaparecer en una década.
Mientras tanto, el agua derretida está creando nuevos lagos al pie de las montañas que amenazan desbordarse y devastar las poblaciones vecinas.
Aquí, en la empobrecida Bolivia, el gobierno casi no ha comenzado a efectuar planes por el cambio climático.
A una hora en automóvil desde La Paz, el Chacaltaya fue la cumbre más alta para practicar esquí en todo el mundo. Pero nadie hace deporte en sus laderas nevadas desde 1998. Al derretirse, el glaciar ha quedado dividido en dos.
Cubre un área de menos de seis hectáreas, con capas de hielo de no más de ocho metros de profundidad. Ramírez dijo que perdió las dos terceras partes de su masa sólo en la década de 1990, y que ahora probablemente sólo tenga el 2% del tamaño que tuvo en algún momento.
El Chacaltaya y otros glaciares andinos han reducido su tamaño desde el siglo XVIII, cuando terminó en el área la llamada "Pequeña edad de hielo", pero la velocidad de su deterioro se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas, derritiéndose tres veces más rápido desde la década de 1980 que a mediados del siglo XX.
Aunque el aumento de la temperatura es uno de los factores subyacentes, los especialistas en glaciares descubrieron un ciclo más complejo: el calentamiento del Océano Pacífico ha hecho que el fenómeno climático de la Corriente del Niño sea más frecuente y poderoso, reduciendo las precipitaciones y derritiendo glaciares. Las rocas que quedan expuestas actúan ahora como un horno, y alientan aún más la fundición del hielo.
"Es una situación global", dijo Lonnie Thompson, uno de los glaciólogos más prominentes.
"Lo que vemos en los Andes está sucediendo en el Kilimanjaro y en los Himalayas. Recientemente estuvimos en el sudeste de Alaska, y 1.987 de los 2.000 glaciares se están derritiendo allí", manifestó el científico de la Universidad Estatal de Ohio en entrevista telefónica desde Columbus.
"Es una historia muy convincente", sostuvo. Los glaciares _"torres de agua de todo el mundo_ son las señales más visibles de que estamos en la primera fase del calentamiento global, dijo Thompson.



GAS: BOLIVIA Y ARGENTINA RETOMAN NEGOCIACIONES

La Segunda de Chile (www.lasegunda.com)

Con dos semanas de demora, el recién ratificado ministro de Hidrocarburos de Bolivia llegará hoy a Buenos Aires para discutir con su par de Planificación argentino, Julio de Vido, y con el secretario de Energía, Daniel Cameron, el horizonte futuro de la exportación de gas del país andino a Argentina.
Junto al ministro Torres - publica hoy El Cronista de Buenos Aires- llegará Carlos D'Arlach, que acaba de ser nombrado titular de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en reemplazo de Jaime Barrenechea. Torres trae en su agenda dos temas excluyentes: la provisión de 20 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano para el futuro Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA) "y la aplicación de un esquema de emergencia para que Argentina vuelva a exportar gasoil a Bolivia", confirmó una fuente oficial desde La Paz.
La crisis que sacudió al gabinete de Carlos Mesa la semana pasada, que supuso el reemplazo de ocho de sus quince ministros y la creación de una nueva cartera, oscurece la suerte del GNA, que ya tiene todos sus plazos vencidos. "Hasta enero pensábamos que podría estar operativo para 2007, con un año de retraso respecto al plan original. Pero, para lograr eso, debería iniciarse la construcción en julio de 2005. Y el actual cuadro de inestabilidad política en Bolivia, sumado a la demora en el debate de la Ley de Hidrocarburos, nos aleja de esos tiempos. Tal como están las cosas, el GNA sólo estará listo para operar en 2008", apunta una fuente local, conocedora de las negociaciones y plazos del proyecto.


Opinión:

DESDE WASHINGTON: UNA PRIVATIZACIÓN EN BOLIVIA

La Opinión de Estados Unidos (www.laopinion.com)

En un día normal uno puede llegar de la capital boliviana, La Paz, a su Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 35 minutos. En un día menos normal —de los cuales han habido muchos últimamente— tal vez no llegue nunca. Entre La Paz y el aeropuerto está El Alto, la ciudad del altiplano andino con un descontrolado crecimiento de población que supera los 800 mil habitantes, en su mayoría pobres. El Alto es un caldero de aflicción y desconfianza, simbólico de la frustración que parece encontrarse en casi toda Bolivia. Y cuando esas frustraciones bullen, los alteños forman barricadas de piedras y neumáticos encendidos en la vía que conduce al aeropuerto, aislando de ese modo a la capital del resto del mundo.
En medio de todo esto se encuentra José Luis Paredes, el alcalde de El Alto recientemente reelegido y en su momento también agitador de multitudes. Esta semana estuvo en Washington con la misión de buscar inversión y apoyo para su ciudad, donde tres de cada cuatro residentes en edad de trabajar no tienen un trabajo formal. A pequeña escala, Paredes está tratando de hacer lo que todo su país necesita: tender un puente entre la necesidad indudable de dinero extranjero y las demandas y preocupaciones básicas de los bolivianos.
No es precisamente un trabajo fácil, ni siquiera en un tema tan esencial como el agua. A comienzos de los 90, Bolivia tenía el peor servicio de agua y alcantarillado de América Latina. La compañía de agua municipal de La Paz, encargada de suministrar el servicio a El Alto, era el ejemplo perfecto de “una empresa de servicio público politizada, con personal excesivo e incompetente”, según el Banco Mundial.
En 1997, cuando Bolivia estaba convirtiéndose en el modelo de las reformas neoliberales en América Latina, el gobierno privatizó la empresa y otorgó un contrato por 30 años a Aguas del Illimani, una compañía controlada por Suez Lyonnaise des Eaux de Francia. Aguas del Illimani se comprometió a lograr la mayor expansión de la red de agua en El Alto y por varios años la inversión creció y el servicio de agua mejoró.
El mes pasado, manifestantes en El Alto cerraron nuevamente la vía al aeropuerto. Según Paredes, la gente de El Alto estaba hastiada con los elevados costos de conexión (460 dólares en una ciudad donde el ingreso anual promedio es 600 dólares), el incumplimiento en la expansión del servicio y el rechazo a hacer mayores inversiones en infraestructura. La protesta forzó al presidente Carlos Mesa a cancelar el contrato.
La privatización promete mayor eficiencia y reduce costos. En ese sentido, Aguas del Illimani tuvo bastante éxito. Pero para los líderes nacionalistas e indígenas que celebraron la revocación del contrato, la posibilidad de que el servicio de agua empeore en el futuro no es nada comparado con lo que perciben como una continua renuncia a más poder —y a más recursos naturales— para dárselos a otros, particularmente extranjeros.
Hace apenas 15 meses, los manifestantes de El Alto forzaron al predecesor de Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar. Sánchez de Lozada veía correctamente los inmensos beneficios que obtendría Bolivia si exportara gas natural a México y Estados Unidos. Pero cometió los tres pecados bolivianos: escogió exportarlo por Chile —el enemigo acérrimo de Bolivia—, negoció con multinacionales y fracasó en convencer a la mayoría en su país de que tenían más que ganar que perder.
El Alto no tiene gas natural, pero Paredes está enfrentando las mismas fuerzas sociales que Sánchez de Lozada no pudo manejar. Está plenamente consciente de que sus esperanzas de volver a ver un inversionista extranjero en su ciudad dependerán de una resolución “decorosa” al tema del agua. Puede terminar repitiendo algunos de los errores que cometió Sánchez de Lozada o puede considerar un modelo que ya funcionó bien en su país.
Hace 25 años, los residentes de la ahora rica ciudad de Santa Cruz cambiaron la empresa de agua pública por una cooperativa de agua que debía ser manejada con la eficiencia de una empresa privada pero con la meta de servir en vez de producir ganancias. Hoy la compañía, cuyos dueños son los mismos usuarios, se enorgullece de tener una de las mejor manejadas empresas de servicio público de América Latina.
La comunidad que representa Paredes tiene las mismas necesidades pero no los mismos recursos económicos. Paredes vino a Washington para buscar apoyo de quienes sí los tienen, la Administración Bush, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta es si la Administración y las instituciones financieras están listas para aceptar que la privatización agresiva —el modelo que ha sido la doctrina de Washington— no ha sido una panacea en Bolivia y, de hecho, ha fracasado.



OPINION: LA CRISIS NACIONAL EN BOLIVIA

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

Bolivia está atravesando por uno de los momentos más complejos de su vida política en las últimas décadas. Se trata de una crisis que va más allá del ámbito presidencial y partidario, ya que surge de la movilización extraparlamentaria de actores socio-políticos que ponen en cuestión no sólo los componentes básicos de las reformas estatales de corte "neoliberal" implementadas en los últimos 19 años (privatización de las empresas públicas, economía abierta, gobernabilidad partidaria), sino también dos componentes estructurales de larga duración del Estado republicano como son, por una parte, la exclusión de las mayorías indígenas del país (62% de la población total), y el carácter centralista de la administración gubernamental, por otra.
Esto está llevando a una polarización extrema de la vida política del país entre quienes propugnan desmontar las reformas de libre mercado y ampliar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y quienes buscan preservar la orientación liberal de la economía, pero a la vez llevar adelante procesos de descentralización del Estado como manera de armar un blindaje regional de los departamentos más prósperos frente al ascenso nacionalizador de las regiones mas deprimidas e indígenas.
El polo renovador y nacionalizador está conformado por un bloque indígena-popular, compuesto por múltiples movimientos sociales indígenas y urbano-populares con amplia capacidad de movilización en el altiplano y los valles, y cuya cabeza más visible es el partido político MAS del líder campesino Evo Morales. Este se ha convertido en la principal fuerza política del país. El otro polo ordenador del campo político es el empresariado del departamento de Santa Cruz, que tiene el papel más dinámico, modernizador y ascendente de la actividad económica nacional, y en torno al cual se han articulado los partidos que implementaron las reformas liberales, el sector petrolero internacional y amplios segmentos sociales populares de la región entusiasmados por los beneficios de una autonomía político-administrativa del Estado.
Esto significa que la polaridad política tiene tres componentes simultáneos que le dan cuerpo: una base étnico-cultural (indígenas/mestizos), una base clasista (trabajadores/empresarios) y una base regional (occidente/oriente). Esto está ocasionando una disociación entre el poderío económico de "oriente", con amplia fuerza política regional, y la potencia política de los movimientos sociales en "occidente" y, con ello, una incertidumbre geográfica del poder estatal. De esta manera, las luchas regionales de las últimas semanas, que incluyeron reclamos de autonomía departamental, están expresando una pugna política abierta simultáneamente contra la actual forma estatal (que ha perdido legitimidad histórica) y contra el gobierno presidido por Carlos Mesa que, propugnando un tipo de "reformismo neoliberal" equidistante entre los extremos, busca navegar entre ambas presiones, pero sin lograr contentar ni a una ni a la otra de las polaridades.
De esta manera, se da el hecho paradójico de un Presidente que posee los mayores índices de popularidad en las encuestas, pero que políticamente se halla aislado y asediado por la presión parlamentaria, en la que el Mandatario no cuenta con apoyo partidario y de los movimientos sociales y regionales, en los que tampoco tiene algún liderazgo.
Ante este panorama de ausencia de una clara hegemonía nacional o "empate catastrófico" de las posiciones, una de las propuestas que más consenso nacional tiene es que la inestabilidad política sea resuelta mediante un "armisticio" o pacto social de largo aliento, vía la realización de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el temor del bloque cívico-empresarial de Santa Cruz de aparecer como minoría en ese escenario, le ha llevado a plantear la realización de un referéndum sobre autonomías departamentales como paso previo a la Constituyente, lo que a su vez ha sido rechazado por los sectores sociales de occidente, incrementándose la incertidumbre política del país. A futuro, sólo una articulación de intereses básicos de ambas polaridades antes de la Constituyente, y en ella, podrá superar este desencuentro social.



Editorial:

INCIDENTE PORTUARIO

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Arica vio alteradas sus actividades portuarias el primer día de febrero, pero ellas retornaron rápidamente a la normalidad. El incidente se produjo cuando un grupo de antiguos trabajadores del puerto, molestos por no haber recibido aún los beneficios pactados con el Gobierno cuando aceptaron marginarse del trabajo eventual que cumplían en el puerto, intentaron bloquear la entrada de los estibadores que debían atender las labores de embarque de mineral en una nave que se encontraba en el terminal marítimo.
La oportuna intervención de la Cámara Marítima de Chile y de la Sociedad de Fomento Fabril permitió destrabar los engranajes de la burocracia estatal, haciendo posible el envío parcial de los recursos del Ministerio de Hacienda para atender la red de protección social de los trabajadores que pactaron su alejamiento. Ésta ha sido una petición recurrente en todos los puertos que se han privatizado. El ministro Insulza, entonces Secretario General de Gobierno, la acordó en el puerto de Valparaíso, en 1999.
Así, el problema del puerto de Arica está solucionado por el momento, y el terminal está trabajando en forma normal. Sin embargo, el incidente registrado mueve a recordar las promesas a sectores laborales que los gobiernos suelen formular, a veces con fines electorales, sin considerar los antecedentes que hacen ver los organismos empresariales pertinentes. Al producirse la primera privatización de las labores portuarias -en Valparaíso, en 1999-, la Cámara Marítima de Chile representó con insistencia que no podía aceptarse como legítima la pretensión de ciertos trabajadores eventuales, en especial de aquellos de paso fugaz en la actividad, de ser "propietarios" de la labor que realizaban. Recordó que eso constituiría un retroceso: volver al viejo sistema del "medio pollo" e, incluso, del "cuarto de pollo" que imperó en las actividades portuarias hasta 1981. No fue escuchada, y el entonces Secretario General de Gobierno cedió a la presión de los sindicatos, otorgando a los trabajadores eventuales un reconocimiento poco definido. Ese primer acuerdo laboral portuario ha sido modelo para todos los subsiguientes procesos de privatización portuaria en el país, y también la causa de prácticamente todos los conflictos portuarios que se han producido desde entonces en Chile, por la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Servicio de Cooperación Técnica.
En todo caso, es de recordar la condición de Arica como puerto de tránsito de las mercaderías bolivianas. La Paz objetó el proceso de privatización del terminal marítimo realizado el año pasado, señalando que no respetaba los términos del Tratado de Paz y Amistad de 1904, lo que la cancillería chilena desvirtuó. La Paz insistió y anunció que llamaría a licitación en Bolivia para atención de las cargas bolivianas. Los sectores navieros chilenos recordaron que eran privados los dueños de las cargas que fluían desde y hacia el Pacífico, y que serían sus dueños quienes decidirían cómo importar o exportar sus productos. De hecho, eso está ocurriendo, como lo comprueba el embarque de minerales boliviano en el "Sea Crane", que pudo haber sido entorpecido por los enfrentamientos de portuarios en Arica, el 1 de febrero. Por eso, no obstante el positivo desenlace de este incidente, todos los sectores deben cobrar cabal conciencia de las repercusiones internacionales que una eventual paralización de ese puerto puede tener.



MENORES RESERVAS EN ARGENTINA COMPLICAN ENVÍOS DE GAS A CHILE

El país vecino enfrenta un aumento del consumo interno, menores reservas comprobadas e inversiones insuficientes.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

BUENOS AIRES.- Aunque parezca cosa del siglo XIX, Argentina resolvió la parte central de su crisis energética de 2004 cortando drásticamente sus exportaciones de gas natural a Chile y consiguiendo de Venezuela más de US$ 200 millones en fuel oil (combustible con el que reemplazó el gas en algunas centrales) a cambio de... vacas. Novecientas de ellas hace unos días se embarcaron rumbo al país gobernado por Hugo Chávez.
El acuerdo, que -además de ganado- incluye ascensores, fármacos y otros elementos, para algunos fue una solución "creativa". Para otros, nada más que una "curita" con la que se tapó una hemorragia creciente. Porque se sabe que Argentina tiene vacas en abundancia, pero ¿dispone de gas suficiente para autoabastecerse y exportarlo?
Para el economista Carlos Melconián, el foco no está en cuánto gas tiene Argentina bajo tierra, sino en que el Gobierno, "en términos de incentivos, está buscando más de un objetivo" a la vez en esa área. Objetivos que no son compatibles entre sí.
A su juicio, el acuerdo con Venezuela es un ejemplo de ello: "Fiscalmente, el combustible lo terminó pagando el Estado argentino, pero las vacas no sé de quiénes son. En este tema hay un enredo conceptual grande". Según él, lo anterior se debe a "que el Gobierno no tiene muy claro qué quiere en términos de servicios públicos". Si de gas se trata, las señales serían contradictorias. Como resultado, el Gobierno aparece desincentivando la explotación de gas destinado a la exportación.
La razón de ello es la fuerte caída del horizonte de autoabastecimiento del citado combustible. En 1988 Argentina estimaba que tenía gas para 34 años. En 2001 la cifra había descendido a 17, en 2002 a 14,5 y el año pasado se dijo que ya era para 12 años.
El problema es que el consumo interno argentino crece rápidamente. Sólo en el uso de gas para vehículos, el parque automotor consume alrededor de 4 mil millones de m3 anuales. Mientras, las cifras de producción apuntan a entre 45 y 50 mil millones de m3 anuales. En 2004 la extracción creció en un 21,1%, pero la producción se estancó en el segundo semestre.
Sequía
Para Dante Sica, economista y director de la consultora Centro de Estudios Bonaerenses, "la disminución de las reservas está dada por la falta de inversión". Esto se debe a "que el Gobierno tiene una política de contingencia que es la de no resolver el marco jurídico de las empresas privatizadas".
La situación de suministro no es crítica en vistas al próximo invierno, pero podría complicarse en 2006, ya que se observan "los primeros síntomas de que la generación de electricidad va a ser un problema".
Pero si hubiera inversionistas, y sólo con las reservas argentinas, ¿alcanzaría el gas para abastecer a Chile a mediano plazo? "No", responde Dante Sica.



HISTORIA DE UNA INSTITUCION QUE PRESERVA LA ETICA DEL PERIODISMO BOLIVIANO

A 80 AÑOS DE LA LEY DE IMPRENTA

Se fue formando al calor de las pugnas ideológicas que, en el siglo 19, protagonizaron los demócratas liberales y los conservadores autoritarios, forjando la singular ética combativa y humanista de los periodistas bolivianos.

Argen Press de Argentina (www.argenpress.info)

El 19 de enero de 1925, hace exactamente 80 años, el presidente Bautista Saavedra promulgó la Ley de Imprenta, institución jurídica que nació tras un intenso debate nacional prolongado desde 1826, cuando el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de la República, aplicó la Constitución Bolivariana introduciendo la penalización del llamado 'abuso de la libertad de imprenta'.
La necesidad de penalizar los excesos delictuosos del periodismo y otras formas literarias (entonces circunscritas sólo a la tecnología de imprenta o prensa) de difundir ideas y propalar información -respetando a la vez la libertad de expresión en un marco constitucional- es un dilema tan antiguo como el Estado mismo y fue resuelto desde la doctrina democrático-liberal ya en los albores de la naciente Bolivia.
La Ley de Imprenta es un desprendimiento del Código Penal (de hecho es una ley penal, no ordinaria, para castigar la calumnia y la difamación en el trabajo periodístico) que confluyó hacia preceptos libertarios (para garantizar la libre expresión y el derecho a la información) en un ámbito de jurisdicción especial centrada en los Jurados de Imprenta. Fue así cómo confluyeron sabiamente el Derecho Penal y el Derecho Constitucional, las dos vertientes de la Ley de Imprenta, creando un escenario donde las esferas privada y pública están claramente delimitadas. Esta Ley protege el honor y la privacidad de los ciudadanos comunes y castiga severamente a quienes, haciendo abuso de su pluma, hacen escarnio de esos derechos fundamentales de las personas (el honor y la privacidad); pero a la vez garantiza la labor de los periodistas honestos en la tarea de fiscalizar el interés colectivo y luchar contra potentados y gobernantes corruptos.
Una institución histórica
Aquel equilibrio entre lo Penal y lo Constitucional atravesó un proceso de intensa pugna entre las fuerzas del recurrente autoritarismo y de la esporádica democracia. La Ley de Imprenta es fruto de los avances y retrocesos en la correlación de ambas fuerzas que marcaron y marcan aún el devenir histórico de Bolivia. Veamos esta breve cronología:
1826: Sucre impone una Ley calificando los 'abusos de la libertad de imprenta' y sancionando a los infractores con penas de destierro y cárcel.
1834: El Código Penal adoptado por el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz flexibiliza las penalidades de Sucre y sienta las bases coercitivas de la actual Ley de Imprenta instituyendo la tipificación del 'delito de imprenta'. Establece sanciones pecuniarias y corporales para quienes incurran en ese delito abusando de la prensa; define la individualización de las penas en los autores que firmen los escritos y prevé la responsabilidad subsidiaria de editores e impresores en caso de anónimo. Este mismo Código Penal garantiza la libertad constitucional de escritores y periodistas para criticar y denunciar las injusticias sociales y los malos actos del gobierno; y en su artículo 477 garantiza el secreto del anónimo como un derecho inviolable que será consagrado por la futura Ley de Imprenta.
1851: El gobierno de Belzu contribuye en esta legislación dictando un Decreto Supremo que otorga plenos derechos de imprenta a escritores y periodistas para fiscalizar los actos políticos y administrativos de los funcionarios públicos. El decreto de Belzu exigía que los gobernantes acusados por la prensa inicien juicio a sus acusadores para vindicarse, en un plazo perentorio de cuatro meses, y en caso de no hacerlo al cabo de ese plazo las acusaciones se tomarían como hechos probados con la inmediata destitución del funcionario denunciado. En la futura Ley de Imprenta este gran avance se limitará a una simple prescripción (fenecimiento del caso) a los cuatro meses tras publicada la denuncia.
1855: El presidente Córdova, seguidor de Belzu, emite un Decreto obligando a que las acusaciones de prensa contra personas particulares (que no ejercieran función pública) lleven firma responsable de su autor, siendo responsable de la omisión el editor o impresor. El anónimo, como fuente y autoría, es admitido sólo en caso de denuncias contra funcionarios públicos.
1858: La dictadura de Linares anula los decretos de Belzu y Córdova prohibiendo terminantemente, mediante otro Decreto, la fiscalización de los actos administrativos así como la discusión impresa de cuestiones políticas 'y toda publicación que comprometa el orden público'. Durante el gobierno de Linares era delito escribir y publicar en contra de cualquier funcionario público.
1861: La Asamblea Constituyente reunida durante el gobierno de José María Achá, derogando el decreto de Linares, profundiza y perfecciona el proceso jurisdiccional del derecho de imprenta mediante la Ley de Bases que instituye los Jurados de Imprenta, paralelos a los tribunales ordinarios, para formar una jurisdicción especial donde serán procesados escritores y periodistas. La Ley de Bases de 1861 sienta los fundamentos definitivos de la futura Ley de Imprenta al delimitar los derechos privados de los ciudadanos comunes frente a las atribuciones de los escritores y periodistas para denunciar actos anómalos de gerentes y gobernantes en el ejercicio de sus funciones.
Esta Ley establece que las personas particulares denigradas públicamente (e incluso funcionarios públicos por hechos relativos a su vida privada) podrán enjuiciar a sus detractores mediante la vía ordinaria del Código Penal; y los jurados especiales de Imprenta sólo conocerán quejas de funcionarios públicos o gerentes de sociedades anónimas por hechos estrictamente relativos al ejercicio de sus cargos. En ese marco, la Ley de Bases también ratifica que el secreto del anónimo es inviolable.
1881: El presidente Narciso Campero impone un retroceso en la Ley de Bases dictando un Decreto que exige a los impresores y talleres gráficos contar con un garante personal o fiador muy solvente, que será sujeto de juicio y sanción por la vía ordinaria en caso de libelo contra miembros del gobierno.
1888: En el contexto de la acérrima confrontación entre liberales y conservadores, el gobierno de Aniceto Arce, buscando acallar a la prensa opositora del liberalismo, suprime los Jurados de Imprenta y dispone la detención preventiva de escritores y periodistas al momento de iniciárseles procesos por la vía ordinaria.
1900: Tras la Revolución Federal, el presidente José Manuel Pando promovió la restitución de la Ley de Bases de 1861 mediante un Reglamento de Imprenta que, entre otros aspectos, reactualiza la vigencia de los Jurados de Imprenta como parte consustancial de la democracia municipal.
1918: El Partido Radical a través del gobierno de Gutiérrez Guerra deja sin efecto el Reglamento de Imprenta del 900, los Jurados de Imprenta vuelven a ser proscritos por considerárselos 'impracticables', y a través de un Decreto permite que los funcionarios gubernamentales acusados por la prensa de corrupción y negligencia enjuicien a sus detractores por la vía ordinaria. Esta disposición conocida como la 'Ley del Candado' también elimina el principio de individualización de la responsabilidad del escritor o periodista, co-imputando automáticamente a editores e impresores, lo cual impidió el libre ejercicio literario y periodístico.
1920: El gobierno republicano de Bautista Saavedra emite un Decreto Supremo restituyendo el Reglamento de Imprenta de 1900 (y por tanto la Ley de Bases de 1861) y devuelve vigencia a los Jurados de Imprenta que deben ser constituidos por 40 ciudadanos notables de la comunidad, convocados por el Concejo Municipal de cada Comuna, para instalarse con 12 miembros depurados y sorteados en cada caso a ser procesado, bajo la presidencia de un Juez de Partido en lo Penal.
1925: El Decreto del 17 de julio de 1920 es elevado a rango de Ley por iniciativa de los congresales José Quintín Mendoza, David Alvéstegui, León Manuel Loza, Bernardo Navajas Trigo y Felix Capriles. Es la que conocemos hoy como Ley de Imprenta.
Hacia la Constituyente
Como acabamos de constatar, la Ley de Imprenta promulgada el 19 de enero de 1925 es más 'antigua' de lo que se supone, tanto como el Código Penal, el Código Civil o la propia Constitución Política del Estado. Al igual que aquellas instituciones jurídicas, la Ley de Imprenta tuvo una evolución intensa desde la fundación de la República particularmente en el siglo IXX, al fragor de una tensión ideológica permanente entre demócratas liberales y autoritarios conservadores. En el siglo XX, los códigos Penal y Civil -y la propia Constitución- fueron varias veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de Imprenta no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una desactualización en su forma aunque permanece vigorosa y sabia en su espíritu. Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de dictaduras partidarias y castrenses, y finalmente el neoliberalismo autoritario con su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas que impidieron que esta importante Ley se modernice y se enriquezca con el advenimiento de la radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e información, además de la imprenta. Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 enriqueciéndose en el Poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva de los Jurados de Imprenta. A partir de 1951 los concejos municipales dejaron de funcionar durante más de 35 años, confinando a la Ley de Imprenta a un estancamiento formal que a los regímenes neoliberales no les interesó superar.
La próxima Asamblea Constituyente, que se supone profundizará la democracia fortaleciendo las instituciones jurídicas y ciudadanas, tendría que asumir la impostergable tarea de actualizar la letra de la Ley de Imprenta poniéndola a altura del siglo XXI, sin dañar su espíritu libertario, articulándola de mejor manera con otras normas vigentes y concomitantes como la Ley de Funcionario Público, la Ley de Partidos (que da a los políticos rango de servidores públicos) y el propio Código Penal, el cual desde las reformas de Banzer desconoce la existencia institucional de la jurisdicción de Imprenta que acaba de cumplir 80 años. No debemos olvidar que la Ley de Imprenta es recíproca con el Código Penal al derivar ciertos casos a la vía ordinaria, de hecho los Jurados de Imprenta son presididos por un Juez de Partido en lo Penal; pero el Código se resiste a reconocer esta jurisdicción especial. La Constituyente debería resolver esta crisis de reciprocidad.