La 14ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó ayer el informe Examen Periódico Universal (EPU), del Estado Plurinacional de Bolivia, porque asumió 78 recomendaciones –de las 79 recibidas– y 10 compromisos voluntarios para su aplicación en cuatro años, entre los cuales se cuenta la erradicación del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, lucha contra la corrupción y otros.
El informe EPU sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, de los últimos cuatro años, fue elaborado por el Estado mediante un proceso de diálogo con organizaciones sociales y presentado a Naciones Unidas en noviembre de 2009. El 10 de febrero de 2010, la delegación boliviana conformada por la ministra de Justicia, Nilda Copa, y la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, defendió el informe en la 13ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Los países miembros destacaron la constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, los derechos económicos, sociales y culturales, las reformas del sistema judicial, la erradicación del analfabetismo, la enseñanza en idiomas aymara y quechua, la disminución de la deserción escolar y el aumento de los establecimientos de salud.
La Constitución Política del Estado reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, aunque todavía persiste la violencia sexual, maltrato infantil en unidades educativas del área rural y periurbana, y se busca la implementación de mecanismos para evitar la explotación infantil en la minería.
La Carta Magna establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación integral y permanente, y actualmente se ejecuta el Programa de Registro Único Nacional, Calificación y Carnetización de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de contar con datos oficiales sobre esta población.Bolivia avanzó en normativa y políticas públicas de género desde un enfoque integral, intersectorial e intercultural, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Hugo Montero, que encabezó la delegación boliviana, expresó: “La experiencia en la preparación, presentación y seguimiento del EPU ha sido y continúa siendo muy valiosa para el Gobierno y el pueblo, por el proceso ampliamente inclusivo y las 78 recomendaciones están siendo responsablemente tratadas en el Consejo Nacional de Derechos Humanos e implementadas de manera participativa”.
Las organizaciones sociales de Bolivia también elogiaron los avances en materia de derechos humanos.
El país recibe felicitaciones por logros importantes
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas felicitaron ayer a Bolivia porque puso en marcha diferentes mecanismos para proteger los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Durante la sesión desarrollada ayer intervinieron países como Cuba, Argelia, Venezuela, Malasia, Pakistán, Nicaragua, Estados Unidos; instituciones como la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Amnistía Internacional, Fundación Túpac Amaru, Fundación Canezas, Fundación Canadiense por la Población y el Desarrollo, entre otros.
Cuba, a través de su representante, expresó: “Es plausible que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, logre que la justicia social y la dignidad se conviertan en una realidad para todos los bolivianos, dando prioridad a las necesidades de las mayorías indígenas históricamente excluidas y marginadas. Bolivia avanza firme en la construcción de una sociedad basada en la implementación de una justicia social, la equidad y la armonía entre todos los pueblos y naciones que la componen, donde la discriminación y la exclusión no tengan lugar.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo: “Uno de los avances fueron las medidas gubernamentales para el reconocimiento, garantía y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, Bolivia fue el primer Estado en implementar como ley, y luego constitucionalizar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”.
Reconoció que el trabajo desarrollado con mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes son avances importantes impulsados desde el Gobierno.
COCHABAMBA, CUNA DE LA IRREVERENCIA
En América Latina todavía se puede comer pollo que se alimenta de grano natural, esta es la ventaja del Subdesarrollo, aunque suene a paradoja, hay pueblos que por estar en esas condiciones, aún están en estado puro, en estado natural.
Red Voltaire de Uruguay (www.voltairenet.org)
La ciudad de Cochabamba, es la capital del departamento de Cercado es la tercera ciudad en importancia económica de Bolivia, se encuentra en el centro del país, en el valle del mismo nombre en medio de la cordillera de los Andes.
Tiene una población aproximada de 1.197.072 habitantes, considerada como la capital de los valles de Bolivia, posee una tierra fértil y productiva Cochabamba, está rodeada por campos de cultivos y valiosos vestigios preincaicos e incaicos y conserva su semblante colonial.
En esta gran ciudad se realizó la Conferencia Mundial por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, del 19 al 22 de abril de este año, con una gran acogida en la comunidad internacional y local. Jorge Mancilla Torres, conocido periodista, poeta, humorista y político, actual embajador del Estado Plurnacional de Bolivia en México, opina que esta efervescencia es típica de Bolivia, ya que Cochabamba es la cuna del agua, “aquí se dio la guerra por el agua”, cuando se privatizó la riqueza de Bolivia, a pesar del fragor neoliberal, de la globalización; la empresa franco- suizo que compró la administración del agua en Cochabamba, que es la capital del Agua, del verde y del sol, fortín de los bolivianos; y pretendía vender el agua de la lluvia, de los ríos, más, la rebelión cochabambina fue extraordinaria, fue ejemplar y no se permitió tal atraco.
Mancilla Torres, cuenta que Cochabamba es considerada como el granero de Bolivia, desde la época de la colonia o antes, y mira a esta ciudad como la tierra de la “buena vida”, “es la vertiente del país”, dice, “es el ideal de los bolivianos de las alturas de Oruro, de la Paz, de Potosí, de 3.500 o 4.000 metros de altura, llegar a Cochabamba vivir y si es posible morir aquí. Para qué vivir en las ciudades de 3500, 4000 metros de altura, solo porque los españoles vinieron y fundaron esas ciudades, ahí está el oro, ahí está la plata, y el frío de la nieve, la violencia del clima, Cochabamba es el paraíso y meta final”. De origen humilde, este periodista, cuenta que su infancia y juventud las vivió entre las minas del señor Patiño, y el llamado rey del estaño; sin ser cochabambino, econoce la calidez de esta tierra y de su gente, además, cuna de grandes artistas como los Kjarkas.
A pesar de sus años, con firmeza menciona “de Cochabamba ahora sale la voz, no de protesta, sino de decisiones; la cumbre climática es un llamado para concientizarnos, el mundo se está cayendo, estamos en la etapa de la instrumentación, porque tanto veneno, tanta polución, tanto smog, tanta privatización, tantas cosas que ha hecho el capitalismo en nuestro planeta, es hora de decir ¡ya basta!; porque más vale activos hoy que radiactivos mañana”.
En el mundo se acuñó la frase Otro Mundo es Posible, y la cumbre de Cochabamba es un buen comienzo, es una demostración de que es posible un buen clima, de que es posible ver a los pollos, a los cerdos, a las vacas alimentarse con lo que deben y no con los químicos, no inflados, menciona.
Mancilla Torres defendió el discurso del presidente Evo Morales, pues el mundo reaccionario y la derecha le insultan porque, según ellos, atacó a los pollos y a los homosexuales, y no es tal cosa, dice él (Evo) se refirió a las transnacionales al pollo del MC Donald, al pollo inflado, pues vemos en los países desarrollados como se logra un pollo de varios kilos en cuestión de dos o tres semanas, “porque se los mete químicos, se les impide moverse”.
En América Latina todavía se puede comer pollo que se alimenta de grano natural, esta es la ventaja del subdesarrollo, aunque suene a paradoja, pues hay pueblos que por estar en esas condiciones, aún están en estado puro, en estado natural.
Jorge Mancilla Torres, también conocido como Cocomanto, enfrentó a través de la sátira a la dictadura fascista del Gral. Hugo Banzer que gobernó a Bolivia de 1971 a 1978. Este periodista sostiene que “el humor es la mejor forma de enfrentar a las “dicta-suaves, o dictaburlas”, como él califica a las dictaduras, a la vez que contribuye a sobrellevar las tiranías y sus sangrientas temporadas arrancando una sonrisa del pueblo reprimido”.
Cocomanto, reconoce al pueblo boliviano como humorístico por excelencia, “y mi trabajo sólo reflejaba ese sentir, a través de la fustigante “la Olla de Grillos” que se difundió en los periódicos o los programas radiales en los años 70. Debido a las represalias estuvo en calidad de exiliado desde 1971 en Perú. Desde 1980 viajó a México, donde decide radicarse y trabajar como periodista, durante estos años.
En 1987 escribió, tal vez, la primera poesía ambientalista, inspirada en el río más grande y de aguas cristalinas en la Paz, el Choqueyapo, sobre el cual se construyó la capital, luego de años de saqueo del oro y de contaminación; ahora ese río es un cadáver, es un basural.
Funeral del Río Choqueyapo Están enterrando el río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja, de óxido su corazón;, una corona de trapos y unas flores de papel, le han dejado al Choqueyapo la retama y el laurel; agua que no has de beber déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer.
JUECES CIUDADANOS JUZGARÁN A OPOSITOR BOLIVIANO
BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
Tres ciudadanos sin conocimientos de abogacía y dos jueces técnicos juzgarán al opositor boliviano Leopoldo Fernández, quien guarda reclusión en una cárcel de La Paz.
Fernández fue gobernador de la región de Pando hasta septiembre de 2008 cuando ocurrió una masacre de campesinos en medio de duros enfrentamientos entre oficialistas y opositores.
El gobierno del presidente Evo Morales acusó a Fernández de haber sido el autor de esa masacre y, por eso, lo destituyó del cargo, lo trasladó a La Paz y lo encarceló.
Un año y ocho meses después de esos hechos, este miércoles se constituyó el tribunal que lo juzgará y sentenciará.
Este tribunal está integrado por cinco jueces, de los cuales, tres son ciudadanos que fueron elegidos luego de un sorteo extraído de la base de datos de los habitantes de La Paz.
En primera instancia, se sortearon 12 personas, de las cuales, sólo acudieron ocho a la convocatoria de la justicia. De esas ocho, este miércoles se escogió a tres hombres que juzgarán a Fernández.
Sin conocimientos de abogacía
El presidente del tribunal, el juez técnico César Portocarrero, guardó en reserva los nombres de los seleccionados, pero informó que aceptaron el nombramiento y que son personas que no tienen conocimientos de abogacía, porque así lo establece la norma boliviana.
Tampoco puede ser juez ciudadano un funcionario del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni un miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
"La obligación de los jueces ciudadanos es asistir a las audiencias de forma obligatoria, deben dar su voto cuando amerita en forma pública, o cuando amerita en forma reservada, y dan su voto de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que ven y de acuerdo a lo que oyen; no necesitan conocer leyes", señaló Portocarrero.
La abogada de las víctimas de la masacre, Mary Carrasco, dijo que lo único que se espera de estos jueces es "un instinto de justicia", puesto que los dos jueces técnicos ya conocen las leyes.
Uno de los casos más polémicos
El juicio contra de Fernández empezará el 19 de junio y ni siquiera el presidente del tribunal tiene idea de hasta cuándo se prolongará.
Los jueces ciudadanos perciben una remuneración por su trabajo y sus empleadores deben darles el permiso necesario para asistir al juicio.
Estos jueces tienen ahora en sus manos uno de los casos más polémicos y sensibles de Bolivia, puesto que durante los hechos de septiembre de 2008 murieron 13 personas, la mayoría campesinos.
Precisamente por eso, la abogada Carrasco exigió a las autoridades las garantías necesarias para que se lleve adelante el proceso. Los opositores bolivianos consideran que Fernández es un perseguido político del gobierno de Morales y acusan a las autoridades de haber movilizado a los campesinos que luego morirían en los choques con los opositores.
PERÚ SE PRONUNCIARÁ SÓLO CUANDO EXISTA ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA
Vecindad. Precisión de Canciller García Belaúnde sobre demanda marítima del país altiplánico. Diplomático destaca también el inicio de una etapa “distinta y positiva” con Bolivia.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
Frente al pedido de Bolivia a Chile para establecer una hoja de ruta que resuelva la demanda marítima del país altiplánico, el canciller José Antonio García Belaunde dijo que el Perú reitera su posición de que se trata de un tema bilateral.
“Siempre hemos dicho que es un tema bilateral, y solo en caso de un acuerdo de salida al mar por Arica, pues en ese momento nos pronunciaremos”, precisó.
Perú no será obstáculo
Por su parte, el vicecanciller Néstor Popolizio sostuvo que el Perú “no será un obstáculo” para un eventual acuerdo entre Santiago y La Paz a fin de que Bolivia logre un acceso al mar.
“A lo largo del tiempo, Perú ha dado claras muestras de mantener un inalterable espíritu constructivo y de cabal comprensión a esta compleja situación”, recordó.
Mencionó que el Estado peruano sólo se pronunciará de ser el caso, conforme con lo establecido en el artículo primero del Protocolo Complementario del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929.
Nueva etapa
En tanto, García Belaunde precisó que, en el marco de la cumbre de la OEA en Lima, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Bolivia David Choquehuanca, junto a quien –indicó– avanzó en la identificación de algunos temas específicos que permitirán profundizar la integración.
“Hay una sensación de que entramos en una etapa distinta y positiva con Bolivia”, destacó.
BOLIVIA NO JUGARÁ EL MUNDIAL, PERO EVO MORALES ESTARÁ EN LA INAUGURACIÓN
El mandatario aceptó una invitación del Gobierno sudafricano para presenciar la ceremonia y el primer partido. "Van a estar cerca de 60 presidentes del mundo y aprovecharemos para tener reuniones bilaterales de interés para nuestro pueblos", sostuvo.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Evo Morales reveló su decisión de aceptar una invitación para asistir a la ceremonia y partido inaugurales del Mundial de Sudáfrica. "Acepté la invitación después de muchas dudas", dijo el gobernante, un apasionado del fútbol que lidera una larga campaña de Bolivia para que se le permita seguir jugando en la altura de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Aún con esa ventaja, la Selección boliviana tuvo un pobre desempeño en la última Eliminatoria Sudamericana para la Copa del Mundo, en el que terminó penúltima.
Morales anunció que partirá el miércoles y retornará a La Paz el domingo, previéndose que aproveche su estadía en Sudáfrica para reunirse no sólo con las autoridades de ese país sino también con otros jefes de Estado que acudirían al inicio del torneo mundial.
"Con Sudáfrica tenemos algo parecido", comentó Morales. Comparó la situación de los indígenas en su país con la lucha que lideró Nelson Mandela contra el Apartheid en el país africano. En la inauguración del Mundial "van a estar cerca de 60 presidentes del mundo y, a veces, en está clase de eventos aprovechamos para tener reuniones bilaterales de interés para nuestro pueblos", agregó el Jefe de Estado.
LEGALIZAN LA JUSTICIA INDÍGENA EN BOLIVIA
Actualidad de Brasil (www.actualidad.rt.com/actualidad)
El Congreso boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una Ley del Órgano Judicial que reglamenta la "justicia indígena", "originaria" o "comunitaria" consagrada en la Constitución. La ley da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia de forma autónoma y según sus propios usos y costumbres.
Actualmente, la justicia indígena es criticada por la oposición porque considera que se puede prestar para que delitos como el narcotráfico o el contrabando sean penalizados levemente. Se teme que las nuevas disposiciones puedan generar conflictos de competencia con las autoridades ya establecidas. Además, en su nombre fueron linchados cuatro policías en una comunidad andina hace dos semanas.
Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural y partidaria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, dijo a los medios que el principal cambio que se ha hecho al proyecto original fue la inclusión "de los principios básicos de esta justicia comunitaria, que respeta los derechos humanos y la vida".
Ayllón añadió que la "justicia originaria", ya consignada en la Constitución, "está siendo mal interpretada y utilizada de manera política", como en el caso del linchamiento de los policías en el departamento de Potosí por indígenas locales.
La nueva Constitución boliviana promulgada en 2009 define al país como un Estado plurinacional y otorga más poder a las 36 comunidades indígenas del país.
PERÚ Y BOLIVIA IMPLEMENTARÁN CENTRO DE CONTROL FRONTERIZO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Andina de Perú (www.andina.com.pe)
Las autoridades de Perú y Bolivia instalarán antes de fin de año un centro de control fronterizo destinado a detectar y neutralizar casos de trata de personas, informó el general Javier Sanguinetti, jefe de la XII Dirección Territorial Policial en Puno.
Señaló a la agencia Andina que se cuenta con el terreno en la localidad de Desaguadero y que la implementación de la infraestructura es un trabajo que coordinan las cancillerías de ambos países.
“La idea es contar con un centro binacional de atención en fronteras, que es un acuerdo entre las cancillerías de Bolivia y Perú, en el que se instalará una oficina que luchará contra la trata de personas”, manifestó.
En el centro binacional, cada país tendrá a sus instituciones migratorias y policiales para el control de personas, mercadería y vehículos.
“Además, vamos a sistematizar la información y tener una relación mucho más cercana con las autoridades bolivianas, lo que ayudará a un mejor control frente a dicho delito”, remarcó el oficial.
Recordó que en un encuentro con representantes de Bolivia, Chile, Brasil y Argentina, realizado a fines de mayo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, se ratificó el compromiso de trabajar en conjunto.
Al formar parte de la frontera con Bolivia, Puno constituye un lugar elegido con frecuencia por los traficantes de personas para introducirlos ilegalmente al país y después someterlos a explotación laboral y sexual. “En los controles muchas veces intentan pasar a Perú a menores y mujeres para llevarlas a localidades mineras como La Rinconada o Lunar de Oro, donde sufren explotación sexual. Incluso traen ancianos a quienes explotan en el trabajo en esas zonas”, refirió.
Opinión
DE LA PAZ A LA HAYA
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
Al final de los años 40, los países ribereños del Pacífico Sur empezaron a sufrir el acoso de grandes potencias extranjeras sobre sus riquezas pesqueras. No eran en ese tiempo las grandes flotas japonesas, chinas o europeas que hoy operan justo en el límite de las 200 millas marinas, sino la acción de buques balleneros que venían a esta zona a cazar cetáceos. Frente a dicha situación, Chile, Ecuador y Perú acordaron en agosto de l950 la "Declaración de Santiago", por medio de la cual crearon la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), cuyo objetivo era resguardar los recursos naturales del mar de los tres países. Nace allí la idea de fijar un límite marítimo de 200 millas, lo que en ese momento provocó el rechazo y hasta la hilaridad de las grandes potencias por la extensión que se daba a la protección pretendida. En 1979 Colombia se incorporó a CPPS.
Para obtener los objetivos buscados por la institución recién establecida era necesario determinar la frontera que tendría la zona creada y al mismo tiempo fijar los límites marítimos entre los países firmantes, como un medio, entre otras cosas, de delimitar exactamente las responsabilidades que cada cual tendría en el cumplimiento de los fines señalados en la Declaración de Santiago. En esta línea de pensamiento, Chile y Perú suscribieron dos Convenios, uno en l952 y otro en l954, que fijaron definitivamente el límite marítimo entre ambos, siguiendo la idea de la prolongación del paralelo del límite terrestre. Frente a lo anterior, resulta absolutamente lógico que hoy, ante la sorpresiva demanda de Lima ante la Corte de La Haya, Quito y Bogotá den su opinión, pues se está poniendo en dudas un sistema acordado bilateralmente entre dos miembros de la Comisión, el que ha dado garantías de continuidad a los límites marítimos y se ha transformado en base del cumplimiento de los fines buscados por la CPPS.
Por otra parte, el límite terrestre entre Chile y Perú fue definitivamente establecido por el Tratado suscrito en Lima en 1929 y su Protocolo Complementario, donde se estableció la denominada Línea Concordia, que corre en forma paralela al norte del ferrocarril de Arica a La Paz. En el artículo 2° del Protocolo Complementario aludido existe una cláusula por medio de la cual los Gobiernos de Chile y Perú no podrán "sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales". En otras palabras y de acuerdo al Tratado, Chile tiene una especie de "veto" sobre el territorio de la antigua provincia de Tacna, que por el norte llegaba hasta el río Sama, y que pasó a dominio del Perú, y a su vez éste tiene un "veto" similar en el territorio de la antigua provincia de Arica, que por el sur llegaba hasta el río y la quebrada de Camarones, y que pasó al dominio de Chile. Esta disposición fue la que llevó a Santiago a establecer conversaciones con Perú en 1975, cuando se pretendió otorgar un corredor a Bolivia al norte de Arica, como fruto del encuentro de Charaña entre los Presidentes de Chile y Bolivia.
De lo anterior se colige claramente que el Protocolo Complementario del Tratado de 1929 se refirió a "territorios" y a "ferrocarriles". En ninguna parte se habló de mar, por lo que la aceptación de la pretensión peruana ante la Corte significaría una modificación abierta a un Tratado reconocido como plenamente vigente por ambas partes. De aceptarse la tesis de Lima, si Chile quisiera, a través de un acuerdo directo con Bolivia, ceder a ésta una porción de mar situada frente al territorio comprendido entre la Línea Concordia y la Quebrada de Camarones, no podría hacerlo sin acuerdo previo del Perú. O sea, una pretendida negociación sólo marítima bilateral entre el Palacio Quemado y La Moneda se transformaría en trilateral, pues no se podría llevar a cabo sin la anuencia del Palacio Pizarro. Esta vulneración al Protocolo Complementario, que no es aceptada por Chile, no sólo debería preocupar a Santiago, sino también a La Paz, ya que crea artificialmente una dificultad adicional a sus intereses.
A su vez, existe vigente una Agenda de 13 puntos entre los Gobiernos de Chile y Bolivia, uno de los cuales es la situación mediterránea de este último. Para nadie es un secreto que La Paz pretende una salida soberana al Océano Pacífico con el reconocimiento expreso de sus derechos a las 200 millas marítimas que correspondan al territorio que obtenga. Sólo como un ejercicio, supongamos que Bolivia llega a una negociación con Chile por medio de la cual éste le concede, bajo cualquier forma jurídica, un territorio inmediatamente al sur de la quebrada de Camarones y el mar adyacente. Hoy, para hacer esto, Santiago no requiere consultar a Lima. Sin embargo, de aceptarse la tesis peruana expuesta ante la Corte, Bolivia debería entrar en una negociación adicional para obtener el consenso de Lima en la nueva parte del mar que aquélla pondría bajo la jurisdicción del Perú.
Por lo dicho, es que el Gobierno del Presidente Morales debería tomar nota de las dificultades de hecho y de derecho que la aceptación de la tesis peruana alegada en La Haya podrían significar para su pretensión de obtener una salida soberana al mar con el reconocimiento de las 200 millas adyacentes. Para La Paz no es intrascendente lo que pase en La Haya y así debería hacerlo presente.
Opinión
LA OTRA GUERRA: EL CAMPO DIPLOMÁTICO (I)
Numerosos fueron los intentos, por un lado, de lograr un acuerdo de definición de fronteras y, por otro, de evitar y, una vez desbocados los caballos apocalípticos, detener el derramamiento de sangre en la guerra por la posesión del Chaco Boreal. Todo fue en vano.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Luego de los intentos por definir las fronteras entre Bolivia y el Paraguay, y cuando la cuestión chaqueña fue agravándose, se realizaron varias conversaciones que tuvieron por escenario las capitales argentina y estadounidense, así como también el estamento supranacional de la Sociedad de las Naciones.
El 29 de junio de 1927 los gobiernos del Paraguay y Bolivia aprobaron un protocolo firmado por diplomáticos de ambos países y bajo el auspicio del argentino, de que no se modificarían los pactos vigentes hasta entonces, refiriéndose al statu quo de 1907.
No obstante estos convenios, llegaban hasta Asunción alarmantes noticias de preparativos bélicos por parte de Bolivia. Por su parte, el Gobierno paraguayo venía realizando, secretamente, preparativos armamentistas con miras a un cada vez más cercano enfrentamiento bélico.
La conferencia de Buenos Aires
El 29 de setiembre de 1927, se realizó en Buenos Aires una conferencia diplomática auspiciada por el Gobierno argentino. En esta conferencia el mediador argentino presentó una propuesta de tres puntos: 1- Que el Paraguay acepte ir derechamente al arbitraje en la cuestión fundamental; 2- Que los dos países desmilitaricen sus fortines, o retiren aquellos que están frente unos de otros, a cincuenta kilómetros, bajo la verificación de una comisión militar neutral y 3- Que se declare que los avances efectuados por uno y otro país han creado una situación de hecho, sin conferirles ningún derecho, y que podrán ser alegados ante el árbitro como fundamento de sus pretensiones.
Sobre estas bases, se reanudaron las conversaciones el 7 de mayo de 1928. En esta nueva ronda, ambos países reafirmaron sus respectivos derechos sobre el mismo territorio, con posiciones totalmente radicales, descartando la sugerencia argentina. La posición boliviana sostenía que la cuestión era un problema territorial sobre el mejor derecho al Chaco a ser arreglado dentro del Uti possidetis juris, en tanto que para el Paraguay, la cuestión caía dentro del Uti possidetis de facto. Por otra parte, lo que para Bolivia era una cuestión territorial (su derecho a todo el Chaco), para el Paraguay era una cuestión de indefinición de límites. En otras palabras. No se consiguió ningún arreglo y significó el final del periodo de negociaciones bilaterales en busca de una solución al diferendo.
La imposibilidad de un enfrentamiento de envergadura movió a los países vecinos a intervenir en la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión chaqueña.
La conferencia de Washington
Por iniciativa chilena la Conferencia Interamericana de Conciliación y Arbitraje y la Sociedad de las Naciones ofrecieron sus oficios, con la condición de que ambos países respetaran el Pacto de Ginebra.
En ese marco, el Paraguay y Bolivia suscribieron el 3 de enero de 1929 un acuerdo para la creación de una comisión que comenzó sus trabajos en Washington y, el 12 de setiembre de 1929, sancionó un acta conciliatoria, aceptada por las partes litigantes, aunque, si bien no solucionó el problema de fondo, por lo menos lo hizo con una cuestión específica, el caso del fortín Vanguardia. Por otra parte, presentó una propuesta para la solución del problema chaqueño: un acuerdo de arbitraje. El proyecto fue rechazado por ambas partes. Otras propuestas tuvieron la misma suerte.
Nuevo intento
En 1931, la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje reiteró su ofrecimiento de mediar en la cuestión chaqueña. El ofrecimiento fue aceptado por el Paraguay, pero Bolivia propuso la elaboración de un pacto de no agresión. Poco después, un nuevo incidente entre fuerzas paraguayas y bolivianas por la posesión del fortín Masamaklay empeoró la, de por sí, ya grave situación.
El Gobierno paraguayo decidió dar largas al asunto, actualizando, en esos mismos momentos, la gestión para tratar un pacto de no agresión en Washington. La propuesta paraguaya consistió en el abandono por Bolivia de todas sus instalaciones y el retiro de todas sus guarniciones en el Chaco. Bolivia, por su parte, también exigió que el Paraguay renunciara a cualquier signo de soberanía en el Chaco (“Reducciones”, fortines militares, instalaciones industriales, colonias). Ambas posiciones, diametralmente opuestas, dificultaban cualquier arreglo transaccional inmediato, por lo que la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje suspendió sus intervenciones tendientes a encontrar una solución pacífica al espinoso diferendo. Poco después, el Gobierno rompió relaciones diplomáticas con él, en julio de 1931.
Ante el fracaso de todas las gestiones diplomáticas realizadas hasta entonces (tratados, protocolos, convenios, conferencias, etc.), la Sociedad de Naciones, único organismo supranacional existente entonces, realizó tibias y tardías gestiones para evitar la guerra
El Chaco en llamas
La retoma paraguaya de la laguna Pitiantuta ocasionó la represalia boliviana con el ataque de varios fortines y puestos militares paraguayos en el Chaco. Ello llevó a una intensificación de las gestiones diplomáticas para contener el conflicto en puertas, pero ya fue imposible evitar la guerra. Ambos países, desde este momento, se desangrarán a lo largo de tres terribles años en que solo hablarán las metrallas.
Los sucesos de Pitiantuta fueron utilizados por los gobiernos del Paraguay y de Bolivia según convenían a sus intereses. El Paraguay denunció la agresión boliviana del 15 de junio de 1932 en el seno de la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje y, negándose a investigaciones por parte de la Comisión, se retiró de la misma. Por su parte, Bolivia dio su versión alegando que fue ella la agredida. Retomada la laguna por los paraguayos, nuestro país cambió de actitud, llegando a comprometerse a no realizar “más acciones hostiles en contra de las fuerzas bolivianas”. Sin embargo, por su parte, esta vez fue Bolivia la que se retiró de la Comisión, negándose a una investigación de los hechos. Días después llevó adelante su plan de ataque a los fortines paraguayos.
Cuando el Primer Cuerpo de Ejército boliviano se aprestaba a proseguir su avance sobre los fortines Nanawa e Isla Po’i, el presidente Salamanca ordenó parar las operaciones porque se presentaba un “grave aspecto internacional” y convenía detener el avance, pero manteniéndose la disposición de continuarlo. Una de las principales razones fue la noticia de las naciones vecinas de ejercer una fuerte presión moral sobre Bolivia.
Efectivamente, la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje recurrió a los 19 países del continente representados ante el Gobierno de los Estados Unidos a suscribir el 3 de agosto de 1932 (alentado por el propósito de este país de introducir en América la doctrina del pacto Kellog-Brian, en el sentido de no reconocer como válidas las adquisiciones territoriales hechas por la fuerza), una Declaración solemne según la cual los países firmantes no reconocerán ninguna conquista obtenida por la fuerza y que, en consecuencia, Bolivia y el Paraguay debían someter inmediatamente su diferendo al arbitraje o a cualquier otro medio de mutuo consentimiento, además de retirar sus tropas de las posiciones que ocupaban hasta el 1 de junio. Uno y otro país aceptaron esta declaración, pero no hicieron nada al respecto, pues sus planes de movilización ya estaban en marcha.
Opinión
LA "JUSTICIA INDÍGENA": EL NUEVO DOLOR DE CABEZA DE EVO MORALES
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
La aprobación, la madrugada de ayer, de una ley que ampara la "justicia originaria" en Bolivia, sumada al linchamiento de 4 policías por una turba de indígenas que argumentaban su ancestral legislatura, ha hecho que las críticas y cuestionamientos vuelvan a golpear las puertas del presidencial Palacio Quemado.
La situación es compleja y plantea muchas interrogantes. ¿Hasta dónde permitir la aplicación de leyes consuetudinarias, de cientos de años de antigüedad? ¿Más aún si fue el propio Presidente Evo Morales quien se comprometió a impulsarlas?, y en específico, ¿cómo individualizar a los culpables de un linchamiento, que por definición es un acto colectivo?
"Se quiere establecer un conjunto de normas que recuperen la confianza del ciudadano respecto a las leyes, y que acepte esta nueva modalidad de justicia. Pero eso va a llevar muchos años, y tendrá muchas dificultades, pues hay una enorme desconfianza debido a los últimos hechos. La desconfianza no se va a resolver por la aprobación de una ley", dice Carlos Cordero, analista boliviano.
El detonante de esta situación es de terror. A fines de mayo, cuatro policías llegaron a Uncía, cerca de Potosí, buscando a unos ladrones. Ahí fueron atrapados por los pobladores, quienes los acusaban de "asesinos y ladrones".
Las autopsias a los cadáveres, recuperados recién el sábado pasado, confirmaron lo peor: los policías fueron torturados hasta la muerte. Luego fueron enterrados boca abajo para impedir que sus almas buscaran venganza. Es más, según informó ayer el diario La Prensa, uno de los agentes falleció mientras dos ministros de Evo Morales se encontraban en Uncía negociando la entrega de los cadáveres.
El episodio casi le cuesta un familiar al Presidente. El sábado, vecinos de Oruro agarraron a pedradas y estuvieron a punto de saquear la casa de Esther Morales, hermana de Evo, indignados por los linchamientos y la lentitud del gobierno.
"¡Muerte a Evo Morales!", gritaba la multitud que enterró el sábado a los policías. Para que les entregaran los cadáveres, los familiares se comprometieron a renunciar a la búsqueda de los culpables. Pero el lunes recapacitaron y acudieron a la justicia ordinaria, complicando aún más la situación.
Los expertos cuestionan que no hay límites claros entre la "justicia indígena" y la otra. La diputada opositora Elizabeth Reyes expresó su preocupación porque la ley no establece si la "justicia indígena" se aplicará en delitos como disputas por tierras, o también para asuntos delicados como narcotráfico, homicidio y contrabando de vehículos, que son los detectados en la zona donde fueron asesinados los policías, señaló a EFE.
En el oficialismo tienen sus argumentos. Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja (instancia que aprobó ayer la ley), dice que la "justicia comunitaria" busca la armonía en las comunidades, pero que no permite las violaciones a los derechos humanos, y esos casos deben ser fiscalizados por la ley ordinaria.
Prefiere no pronunciarse ante las críticas de mano blanda del gobierno para perseguir casos como los linchamientos.
"El Estado simplemente hace anuncios de búsqueda de justicia, pero con toda seguridad estos hechos no van a prosperar, y en la medida en que no hay una verdadera lucha contra la pobreza, estos lamentables actos de linchamiento pueden seguir produciéndose", dice Cordero.
Opinión
BOLIVIA: UN VALIOSO UNO POR CIENTO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Bolivia es objeto de una atención constante del gobierno norteamericano. Hace unos días estuvo en La Paz el señor Arturo Valenzuela, secretario de estado adjunto para América Latina, y conversó con nuestro canciller David Choquehuanca. Aunque nada tiene que ver una cosa con la otra, estuvo aquí cuando la mancha de petróleo provocada por la explosión de una instalación de la British Petroleum (BP) sigue aumentando y amenaza cruzar el Atlántico. Tampoco tiene que ver con el brutal asalto israelí a la flota humanitaria que llevaba víveres y medicinas a la Franja de Gaza. En fin, que la situación internacional no está para hornear galletas.
El señor Valenzuela inició, el domingo 30 de mayo, una visita anunciada por el Departamento de Estado como gira por Ecuador, Colombia y Perú, para tratar "asuntos de interés mutuo, como la cooperación en materia de seguridad, la inclusión social, la competitividad económica y la prosperidad inclusiva, la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos”. Llama la atención que no se haya mencionado a Bolivia y que su estadía en La Paz fuese conocida sólo cuando concluyó la visita.
Oficialmente se anunció que, las conversaciones han sido fructíferas y se avanzó un 99% en el entendimiento entre los gobiernos de los presidentes Evo Morales y Barak Obama. Realmente, es un avance importante, teniendo en cuenta las denuncias de injerencia en nuestros asuntos internos, la expulsión de la DEA, las advertencias contra USAID y varios otros asuntos que no se han dicho pero que involucran esa relación de sometimiento que tuvimos durante tantos años.
Seguramente que los avances no han ocurrido en materia de seguridad, pues Bolivia está amenazada por Estados Unidos, como lo están Venezuela, Ecuador y otros más, con la instalación de bases militares desde las que, el gobierno de Washington, se arroga la potestad de vigilar a nuestros países. Esta vigilancia no tiene el sentido formal de advertir que están ocurriendo hechos irregulares, sino de determinar qué medidas de fuerza debe llevar a cabo para impedir acciones de los movimientos sociales y de los gobiernos que militan en el proceso de cambio. Lo saben con claridad y mostrando las heridas frescas, países de Centroamérica. Lo saben también en Asia y el Medio Oriente y, según las ácidas declaraciones de la señora Clinton, también lo sabrán pronto en el Lejano Oriente.
El siguiente tema mencionado es inclusión social. Es realmente un apartado sobre el que podemos extendernos largamente y podría esperarse buenos resultados, siempre que haya buenas intenciones. Estados Unidos de Norteamérica tiene una larga historia que puede ser útil para mostrarnos los extremos a que puede llegar la exclusión, la discriminación y el racismo. También tenemos aquí una historia abundante en sucesos de ese tipo que llegan hasta ahora. Debemos avanzar en términos de igualdad, compartiendo criterios y experiencias.
Competitividad económica aparece en la agenda del señor Valenzuela, según el Departamento de Estado. Hasta donde ha sido posible plantearnos una relación económica con la potencia mundial, el término se refiere única y exclusivamente a la total apertura de los mercados nuestros a cambio de conceder franjas estrechas de exportación a Estados Unidos, bajo severas medidas de control. Todavía está fresca la memoria de aquel desplante de un embajador estadounidense en Bolivia cuando se denunció que el trigo que llegaba de su país era transgénico, que transgredía la ley boliviana que prohibía la importación de este tipo de productos. El comentario poco diplomático fue: eso come el pueblo norteamericano y eso vendemos. Al día siguiente, el gobierno boliviano de entonces emitió un decreto disponiendo una excepción para el trigo de Estados Unidos. Ese tipo de competitividad es la que hemos rechazado y rechazamos.
Prosperidad inclusiva. Frase encantadora que podría contraponerse a inclusión social. Durante decenas y decenas de años que, sumando, se hicieron siglos, nos han dicho que la prosperidad de unos, cuando llegue a niveles altos, comenzará a derramarse sobre el resto de los pueblos. Por eso, debemos hacer y seguir haciendo el esfuerzo de entregar nuestros recursos a fin de que ellos logren la prosperidad que nos incluirá algún día, situado en un lugar y momento imprecisos. La CEPAL ha inventado más de una decena de métodos, todos los cuales dicen aproximadamente lo mismo: ustedes, países en vías de desarrollo, produzcan más y más para satisfacer las necesidades de la prosperidad. Claro que, en las actuales circunstancias, el gobierno de Obama poco puede hablar de prosperidad.
Finalmente pone énfasis en gobernabilidad democrática y derechos humanos. Sobre lo primero, en Washington, debieran hacerse una crítica severa. Hay que recordar los escandalosos fraudes con los que se ungió presidente George W. Bush y la farsa electoral que costó cientos de millones de dólares por esa disputa interna entre Hillary Clinton y Barak Obama. Entonces hablaremos de derechos humanos. Diremos que es necesaria una revisión a fondo de los métodos carcelarios de Estados Unidos de Norteamérica que mantiene cárceles en Guantánamo e incluso algunos aliados europeos, donde permanecen presos árabes y personas de otras nacionalidades, sin acceso a las garantías legales.
Habrá que hablar también de Bolivia. Porque tenemos que pagar internamente una deuda muy grande. No se trata de prosperidad ni de competitividad, sino de las mínimas condiciones para vivir, condiciones de las que carece la mayoría de la población. Por supuesto que tenemos esa tarea por delante y sería oportuno y prometedor que uno o varios países que se enriquecieron con nuestros recursos, comprometieran su ayuda para lograr ese objetivo. Pero ya sabemos que la ayuda viene de los amigos, nunca de los negociantes ni de los explotadores.
Falta uno por ciento para resolver las diferencias que hay entre Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica. Los temas que hemos descrito forman parte de ese uno por ciento de distancia entre la concepción que tenemos sobre relaciones diplomáticas y las que tiene Washington. Lo que no nos hemos preguntado todavía es: ¿a qué vino el señor Arturo Valenzuela?
LA INVISIBILIDAD, EL PEOR PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
ABC de España (www.abc.es)
La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas (NU), Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebra estos días en Toledo, y en el que participan niños de países como Perú y Bolivia.
Bajo el título general de «Un cambio real para un problema global», en el Congreso que organiza «Proyecto Solidario» al celebrarse el próximo día 12 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos señaló que debe rechazarse de plano que se considere «normal» en la mayor parte de los países «la violencia».
Ha señalado que, precisamente, esa «invisibilidad» hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean «los efectos negativos en el desarrollo del niño» para aprender y recibir una educación «de calidad» que le ayude a vivir y relacionarse «con adultos y amigos». El estudio de NU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para «llamar la atención sobre esta situación», que ha catalogado de «dramática», y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.
Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un «mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez», incluidas «las que parecen pequeñas», caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno. Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en el 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: «la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres», ha sostenido. La directora general de Acción Social y Cooperación de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, resaltó el apoyo que el Gobierno regional presta desde hace años a «Proyecto Solidario» en el marco de la política de Cooperación Internacional del desarrollo, y destacó que es un lujo la celebración de este congreso en la región.
LA INVISIBILIDAD, EL PEOR PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
ABC de España (www.abc.es)
La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas (NU), Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebra estos días en Toledo, y en el que participan niños de países como Perú y Bolivia.
Bajo el título general de «Un cambio real para un problema global», en el Congreso que organiza «Proyecto Solidario» al celebrarse el próximo día 12 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos señaló que debe rechazarse de plano que se considere «normal» en la mayor parte de los países «la violencia».
Ha señalado que, precisamente, esa «invisibilidad» hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean «los efectos negativos en el desarrollo del niño» para aprender y recibir una educación «de calidad» que le ayude a vivir y relacionarse «con adultos y amigos». El estudio de NU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para «llamar la atención sobre esta situación», que ha catalogado de «dramática», y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.
Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un «mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez», incluidas «las que parecen pequeñas», caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno.
Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en el 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: «la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres», ha sostenido. La directora general de Acción Social y Cooperación de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, resaltó el apoyo que el Gobierno regional presta desde hace años a «Proyecto Solidario» en el marco de la política de Cooperación Internacional del desarrollo, y destacó que es un lujo la celebración de este congreso en la región.
EL MUNDIAL, TODA UNA TENTACIÓN PARA LOS POLÍTICOS
Para los millones de aficionados de todo el planeta el Mundial representa la cumbre de la pasión futbolera, pero para muchos políticos significa otra cosa: una oportunidad para asociar su imagen a un equipo ganador o para distraer la atención de medidas impopulares, al estilo "pan y circo" del Imperio Romano.
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.es)
El "circo" de la máxima cita del deporte más popular del planeta aparece para los gobernantes como una salida para protegerlos de la ira de la población, incluso cuando se anuncia que habrá menos "pan" sobre la mesa.
El estreno de la selección española en Sudáfrica, el 16 de junio contra Suiza, coincidirá con el día en el que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará la reforma del mercado laboral. De no haber acuerdo entre sindicatos y patronal sobre el tema, el gobierno impondrá la reforma por decreto el mismo día en el que la selección española saltará por primera vez al campo en el Mundial de fútbol de Sudáfrica.
Al gobierno se le acusa en España de pretender que el primer partido del equipo de Vicente del Bosque sirva para reducir el impacto que ese decreto puede alcanzar en una opinión pública, pero la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la semana pasada que esa hipótesis "no es seria".
También en Alemania, la canciller Angela Merkel aprovechó la cercanía de Sudáfrica 2010 para poner en marcha el más drástico paquete de ahorro desde la II Guerra Mundial, basado en recortes de ayudas sociales y en el despido de por lo menos 10.000 funcionarios públicos hasta 2014.
El Mundial representa también una oportunidad para que los políticos asocien su imagen al deporte más popular del planeta. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió repartir entre las poblaciones pobres 1,2 millones de decodificadores -comprados por unos 410 millones de dólares- para captar la señal de sistema digital de dos emisoras públicas, una de las cuales, el Canal 7, transmitirá en directo todos los partidos del Mundial.
En Bolivia, sin embargo, el presidente Evo Morales vio fracasar un intento de obligar la transmisión de los partidos del Mundial por los canales de televisión abierta, a través del canal estatal Bolivia TV: "Ver el Mundial debería ser un derecho humano, y no es justo que sólo vea gente que tiene TV cable".
La "vidriera" del Mundial atraerá a Sudáfrica a por lo menos tres mandatarios latinoamericanos -el de México, Felipe Calderón, el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva-, y Morales.
La Presidencia mexicana confirmó el martes la presencia de Calderón en el partido inaugural entre Sudáfrica y México, el viernes en Johannesburgo, y agregó -quizás para evitar que se lo interpretara como un viaje recreativo- que el mandatario sostendrá una reunión con su par sudafricano Jacob Zuma para "construir una relación prioritaria para potenciar y dinamizar las diversas esferas de interés entre ambas naciones". Lula, a su vez, honró su fama de "hincha número uno" de Brasil: expresó públicamente su apoyo al trabajo del técnico Carlos Dunga, recibió la delegación en Brasilia antes del embarque a Sudáfrica y anunció que estará en Johannesburgo en el día de la final de la cita. Sin embargo, aseguró que ello no refleja una confianza desbordada en que la "verdeamarela" estará sobre la cancha para disputar su sexto título.
"Quiera Dios que la final sea (entre) Brasil y otro equipo. Pero tendré que quedarme para la final, independientemente de que esté o no Brasil, porque Brasil será el próximo país en realizar el Mundial. De todas formas, estoy esperanzado. Voy a asistir a todos los partidos", dijo.
La asociación entre presidentes y selecciones nacionales no siempre es ventajosa para los políticos. En el Mundial de Alemania 2006, el mismo Lula desató una polémica al preguntarle al entonces técnico de la "verdeamarela", Carlos Alberto Parreira, si sería cierto que el astro Ronaldo se había presentado con muchos kilos más que su peso ideal.
"Dicen que Ronaldo está gordo. ¿Es cierto?", indagó Lula, en una charla por videoconferencia con el entrenador. La pregunta generó una dura respuesta del "Fenómeno": "Uno no debe creer siempre en lo que se dice. También se dice que el presidente bebe demasiado, pero yo creo que debe ser mentira"
LA UNASUR CONSIGUIÓ LA UNANIMIDAD
Los diputados opositores centraron las críticas en la continuidad de Néstor Kirchner en la Cámara mientras ejerce la secretaría general de la Unasur. Sin embargo, todas las bancadas respaldaron la incorporación a la unión.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
La adhesión argentina a la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) quedó sancionada ayer con la aprobación por unanimidad en la Cámara baja, ya que contaba con la media sanción del Senado. Las intervenciones subrayaron el carácter estratégico del organismo y su rol como parte de la integración de los pueblos. El nivel de acuerdos fue tan alto que desde el Frente para la Victoria se pusieron contentos porque ni siquiera Elisa Carrió salió a criticarla. La oposición se limitó a plantear lo que se suponía: el cuestionamiento a Néstor Kirchner por su doble rol de diputado y secretario ejecutivo del organismo. Agustín Rossi defendió: es “un orgullo”, dijo sobre el ex presidente. Y agregó: será “una gestión de excelencia”.
Argentina es el sexto país de los doce de la Unasur que aprobó la adhesión al organismo. De acuerdo con la carta orgánica, por lo menos deben hacerlo otros tres países más. Hace año y medio, el proyecto fue ratificado por el Senado y treinta días atrás salió de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. Se esperaba que ayer corriera la misma suerte en Diputados. Terminó aprobado por 176 votos.
Alfredo Atanasof, del Peronismo Federal, se encontró con el proyecto cuando asumió en marzo la presidencia de la comisión de origen. En el medio, encontró otros dos pedidos más. Uno de declaración del Frente para la Victoria celebrando la designación de Kirchner en la presidencia de la Unasur y otro de iguales características, pero en contra de la designación, de un diputado de la Coalición Cívica. “Acordamos aprobar la adhesión por unanimidad y bajar los otros dos proyectos”, explicó una fuente de la comisión.
El debate empezó poco después de las 14.50. Todos los bloques manifestaron su acuerdo, pero la oposición criticó nuevamente a Kirchner por la decisión de no dejar su banca.
“Es importante seguir avanzando en este proceso de integración a partir de las semejanzas de los Estados”, enfatizó Ruperto Godoy, desde el FpV. El diputado sanjuanino reforzó además “la importancia de la solidaridad permanente de todos los países de la región en el tema Malvinas”. En ese sentido, el diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, explicó, poco más tarde, que el oficialismo subrayó los momentos más difíciles que atravesó la región y en las que el rol de la Unasur empezó a ser determinante. Uno de los casos mencionados fue la crisis de Evo Morales en Bolivia y también el conflicto entre Colombia y Ecuador.
Desde la oposición, Ricardo Alfonsín anticipó en el debate el respaldo de su bloque. Aun así sostuvo que “hay que completar el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la recuperación de la democracia para profundizar la integración del Mercosur”. En ese tono, Carlos Heller, de Nuevo Encuentro Popular y Social, pidió dejar de lado las diferencias. “Avanzamos hacia una aprobación unánime, algo que muchas veces se nos reclama sobre la necesidad de que, frente a temas centrales y políticas de Estado, dejemos de lado diferencias y veamos qué es lo fundamental”.
Uno de los más críticos fue el “margarito” Gerardo Milman: luego de apoyar la adhesión como parte “de la integración de los pueblos”, pidió como moción que los diputados, por elevación, hicieran un pedido de licencia ordinaria para Kirchner. “Como legisladores no podemos obligarlo a que renuncie o que pida licencia, pero sí podemos habilitar un mecanismo para hacerlo nosotros.” Landau repitió que no era incompatible la función de diputado de Kirchner con su cargo ejecutivo en la Unasur, porque eso debe determinarlo el organismo.
Desde Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse, dijo que si pudiera votaría “con las dos manos esta iniciativa” e instó a “todos los bloques y a todas las facciones a votar por unanimidad por la Unasur, sin dejar de lado nuestros pensamientos, pero sabiendo que nuestros países no tienen destino en forma aislada”.
EDITORIAL: ANUNCIOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
Durante una gira por el Norte Grande, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo relevantes anuncios en materia de lo que será el combate al flagelo de la droga bajo su mandato. El Mandatario ha dividido su exposición en los dos ejes fundamentales que deben guiar la acción estatal en este agudo problema de las sociedades contemporáneas: la represión a las organizaciones criminales y la recuperación de aquellas personas que han entrado al circuito de utilización. En Chile se estima que hay 625 mil personas en esta categoría, siendo el país el segundo consumidor de cocaína en América Latina y el primero en marihuana.
En el ámbito punitivo, Piñera ha insistido en la idea de fortalecer los mecanismos de control limítrofe de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta -recordó en este sentido que Bolivia y Perú producen 50% de la oferta mundial de coca-, para lo cual se aumentarán los recursos tecnológicos de las policías y la Armada, entes responsables de interceptar las líneas de abastecimiento de los “narcos”. Asimismo, ha garantizado que se legislará para dificultar las libertades provisionales de los acusados por tráfico.
En relación con el segundo campo, el Presidente ha informado del alza de 13 mil a 45 mil en los cupos de rehabilitación que provee Conace, lo que implica una significativa inyección financiera al sistema. Según cálculos técnicos, el costo mensual de cada proceso de recuperación vale 350 mil pesos.
Además, se planifica expandir uno de los mecanismos más novedosos -a ojos de los expertos- para reinserción de personas: los tribunales de drogas. En éstos, a quienes son primerizos en delitos no graves asociados al uso de estupefacientes se les suspende la pena a cambio de aceptar someterse a tratamiento de desintoxicación. La experiencia comparada muestra que este procedimiento es eficiente en sus resultados. De hecho, la Fundación Paz Ciudadana ha propuesto no sólo aumentar los cupos -hoy la experiencia es piloto-, sino extenderlo a reincidentes, asunto que ya demanda un examen más acucioso.
En su plataforma programática, la actual administración incorporó como uno de sus objetivos prioritarios la lucha contra el narcotráfico y, en términos generales, mejorar de manera cualitativa la seguridad ciudadana. Una de las razones que explica el triunfo de la Coalición por el Cambio es precisamente la promesa de reformular el combate al delito. Desde esta perspectiva, los anuncios del Jefe de Estado en el norte son consistentes con su visión del problema. Lo planteó con claridad en el complejo fronterizo de Chacalluta: en la evaluación del Ejecutivo, los “narcos” son delincuentes y los usuarios de drogas padecen de una enfermedad. Es a partir de esta lógica que se han diseñado las medidas penales y preventivas que se ejecutarán en los próximos meses.
En esta misma línea hay que inscribir la idea de propiciar una modificación cultural y conductual en la población que erradique una cierta percepción permisiva -o comprensiva, si se prefiere- del uso de drogas, la que se ha construido sobre la apelación a las libertades ciudadanas vinculadas a la modernización de las sociedades.
La Constitución Política del Estado reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, aunque todavía persiste la violencia sexual, maltrato infantil en unidades educativas del área rural y periurbana, y se busca la implementación de mecanismos para evitar la explotación infantil en la minería.
La Carta Magna establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación integral y permanente, y actualmente se ejecuta el Programa de Registro Único Nacional, Calificación y Carnetización de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de contar con datos oficiales sobre esta población.Bolivia avanzó en normativa y políticas públicas de género desde un enfoque integral, intersectorial e intercultural, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Hugo Montero, que encabezó la delegación boliviana, expresó: “La experiencia en la preparación, presentación y seguimiento del EPU ha sido y continúa siendo muy valiosa para el Gobierno y el pueblo, por el proceso ampliamente inclusivo y las 78 recomendaciones están siendo responsablemente tratadas en el Consejo Nacional de Derechos Humanos e implementadas de manera participativa”.
Las organizaciones sociales de Bolivia también elogiaron los avances en materia de derechos humanos.
El país recibe felicitaciones por logros importantes
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas felicitaron ayer a Bolivia porque puso en marcha diferentes mecanismos para proteger los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Durante la sesión desarrollada ayer intervinieron países como Cuba, Argelia, Venezuela, Malasia, Pakistán, Nicaragua, Estados Unidos; instituciones como la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Amnistía Internacional, Fundación Túpac Amaru, Fundación Canezas, Fundación Canadiense por la Población y el Desarrollo, entre otros.
Cuba, a través de su representante, expresó: “Es plausible que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, logre que la justicia social y la dignidad se conviertan en una realidad para todos los bolivianos, dando prioridad a las necesidades de las mayorías indígenas históricamente excluidas y marginadas. Bolivia avanza firme en la construcción de una sociedad basada en la implementación de una justicia social, la equidad y la armonía entre todos los pueblos y naciones que la componen, donde la discriminación y la exclusión no tengan lugar.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo: “Uno de los avances fueron las medidas gubernamentales para el reconocimiento, garantía y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, Bolivia fue el primer Estado en implementar como ley, y luego constitucionalizar, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”.
Reconoció que el trabajo desarrollado con mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes son avances importantes impulsados desde el Gobierno.
COCHABAMBA, CUNA DE LA IRREVERENCIA
En América Latina todavía se puede comer pollo que se alimenta de grano natural, esta es la ventaja del Subdesarrollo, aunque suene a paradoja, hay pueblos que por estar en esas condiciones, aún están en estado puro, en estado natural.
Red Voltaire de Uruguay (www.voltairenet.org)
La ciudad de Cochabamba, es la capital del departamento de Cercado es la tercera ciudad en importancia económica de Bolivia, se encuentra en el centro del país, en el valle del mismo nombre en medio de la cordillera de los Andes.
Tiene una población aproximada de 1.197.072 habitantes, considerada como la capital de los valles de Bolivia, posee una tierra fértil y productiva Cochabamba, está rodeada por campos de cultivos y valiosos vestigios preincaicos e incaicos y conserva su semblante colonial.
En esta gran ciudad se realizó la Conferencia Mundial por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, del 19 al 22 de abril de este año, con una gran acogida en la comunidad internacional y local. Jorge Mancilla Torres, conocido periodista, poeta, humorista y político, actual embajador del Estado Plurnacional de Bolivia en México, opina que esta efervescencia es típica de Bolivia, ya que Cochabamba es la cuna del agua, “aquí se dio la guerra por el agua”, cuando se privatizó la riqueza de Bolivia, a pesar del fragor neoliberal, de la globalización; la empresa franco- suizo que compró la administración del agua en Cochabamba, que es la capital del Agua, del verde y del sol, fortín de los bolivianos; y pretendía vender el agua de la lluvia, de los ríos, más, la rebelión cochabambina fue extraordinaria, fue ejemplar y no se permitió tal atraco.
Mancilla Torres, cuenta que Cochabamba es considerada como el granero de Bolivia, desde la época de la colonia o antes, y mira a esta ciudad como la tierra de la “buena vida”, “es la vertiente del país”, dice, “es el ideal de los bolivianos de las alturas de Oruro, de la Paz, de Potosí, de 3.500 o 4.000 metros de altura, llegar a Cochabamba vivir y si es posible morir aquí. Para qué vivir en las ciudades de 3500, 4000 metros de altura, solo porque los españoles vinieron y fundaron esas ciudades, ahí está el oro, ahí está la plata, y el frío de la nieve, la violencia del clima, Cochabamba es el paraíso y meta final”. De origen humilde, este periodista, cuenta que su infancia y juventud las vivió entre las minas del señor Patiño, y el llamado rey del estaño; sin ser cochabambino, econoce la calidez de esta tierra y de su gente, además, cuna de grandes artistas como los Kjarkas.
A pesar de sus años, con firmeza menciona “de Cochabamba ahora sale la voz, no de protesta, sino de decisiones; la cumbre climática es un llamado para concientizarnos, el mundo se está cayendo, estamos en la etapa de la instrumentación, porque tanto veneno, tanta polución, tanto smog, tanta privatización, tantas cosas que ha hecho el capitalismo en nuestro planeta, es hora de decir ¡ya basta!; porque más vale activos hoy que radiactivos mañana”.
En el mundo se acuñó la frase Otro Mundo es Posible, y la cumbre de Cochabamba es un buen comienzo, es una demostración de que es posible un buen clima, de que es posible ver a los pollos, a los cerdos, a las vacas alimentarse con lo que deben y no con los químicos, no inflados, menciona.
Mancilla Torres defendió el discurso del presidente Evo Morales, pues el mundo reaccionario y la derecha le insultan porque, según ellos, atacó a los pollos y a los homosexuales, y no es tal cosa, dice él (Evo) se refirió a las transnacionales al pollo del MC Donald, al pollo inflado, pues vemos en los países desarrollados como se logra un pollo de varios kilos en cuestión de dos o tres semanas, “porque se los mete químicos, se les impide moverse”.
En América Latina todavía se puede comer pollo que se alimenta de grano natural, esta es la ventaja del subdesarrollo, aunque suene a paradoja, pues hay pueblos que por estar en esas condiciones, aún están en estado puro, en estado natural.
Jorge Mancilla Torres, también conocido como Cocomanto, enfrentó a través de la sátira a la dictadura fascista del Gral. Hugo Banzer que gobernó a Bolivia de 1971 a 1978. Este periodista sostiene que “el humor es la mejor forma de enfrentar a las “dicta-suaves, o dictaburlas”, como él califica a las dictaduras, a la vez que contribuye a sobrellevar las tiranías y sus sangrientas temporadas arrancando una sonrisa del pueblo reprimido”.
Cocomanto, reconoce al pueblo boliviano como humorístico por excelencia, “y mi trabajo sólo reflejaba ese sentir, a través de la fustigante “la Olla de Grillos” que se difundió en los periódicos o los programas radiales en los años 70. Debido a las represalias estuvo en calidad de exiliado desde 1971 en Perú. Desde 1980 viajó a México, donde decide radicarse y trabajar como periodista, durante estos años.
En 1987 escribió, tal vez, la primera poesía ambientalista, inspirada en el río más grande y de aguas cristalinas en la Paz, el Choqueyapo, sobre el cual se construyó la capital, luego de años de saqueo del oro y de contaminación; ahora ese río es un cadáver, es un basural.
Funeral del Río Choqueyapo Están enterrando el río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja, de óxido su corazón;, una corona de trapos y unas flores de papel, le han dejado al Choqueyapo la retama y el laurel; agua que no has de beber déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer.
JUECES CIUDADANOS JUZGARÁN A OPOSITOR BOLIVIANO
BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
Tres ciudadanos sin conocimientos de abogacía y dos jueces técnicos juzgarán al opositor boliviano Leopoldo Fernández, quien guarda reclusión en una cárcel de La Paz.
Fernández fue gobernador de la región de Pando hasta septiembre de 2008 cuando ocurrió una masacre de campesinos en medio de duros enfrentamientos entre oficialistas y opositores.
El gobierno del presidente Evo Morales acusó a Fernández de haber sido el autor de esa masacre y, por eso, lo destituyó del cargo, lo trasladó a La Paz y lo encarceló.
Un año y ocho meses después de esos hechos, este miércoles se constituyó el tribunal que lo juzgará y sentenciará.
Este tribunal está integrado por cinco jueces, de los cuales, tres son ciudadanos que fueron elegidos luego de un sorteo extraído de la base de datos de los habitantes de La Paz.
En primera instancia, se sortearon 12 personas, de las cuales, sólo acudieron ocho a la convocatoria de la justicia. De esas ocho, este miércoles se escogió a tres hombres que juzgarán a Fernández.
Sin conocimientos de abogacía
El presidente del tribunal, el juez técnico César Portocarrero, guardó en reserva los nombres de los seleccionados, pero informó que aceptaron el nombramiento y que son personas que no tienen conocimientos de abogacía, porque así lo establece la norma boliviana.
Tampoco puede ser juez ciudadano un funcionario del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni un miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
"La obligación de los jueces ciudadanos es asistir a las audiencias de forma obligatoria, deben dar su voto cuando amerita en forma pública, o cuando amerita en forma reservada, y dan su voto de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que ven y de acuerdo a lo que oyen; no necesitan conocer leyes", señaló Portocarrero.
La abogada de las víctimas de la masacre, Mary Carrasco, dijo que lo único que se espera de estos jueces es "un instinto de justicia", puesto que los dos jueces técnicos ya conocen las leyes.
Uno de los casos más polémicos
El juicio contra de Fernández empezará el 19 de junio y ni siquiera el presidente del tribunal tiene idea de hasta cuándo se prolongará.
Los jueces ciudadanos perciben una remuneración por su trabajo y sus empleadores deben darles el permiso necesario para asistir al juicio.
Estos jueces tienen ahora en sus manos uno de los casos más polémicos y sensibles de Bolivia, puesto que durante los hechos de septiembre de 2008 murieron 13 personas, la mayoría campesinos.
Precisamente por eso, la abogada Carrasco exigió a las autoridades las garantías necesarias para que se lleve adelante el proceso. Los opositores bolivianos consideran que Fernández es un perseguido político del gobierno de Morales y acusan a las autoridades de haber movilizado a los campesinos que luego morirían en los choques con los opositores.
PERÚ SE PRONUNCIARÁ SÓLO CUANDO EXISTA ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA
Vecindad. Precisión de Canciller García Belaúnde sobre demanda marítima del país altiplánico. Diplomático destaca también el inicio de una etapa “distinta y positiva” con Bolivia.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
Frente al pedido de Bolivia a Chile para establecer una hoja de ruta que resuelva la demanda marítima del país altiplánico, el canciller José Antonio García Belaunde dijo que el Perú reitera su posición de que se trata de un tema bilateral.
“Siempre hemos dicho que es un tema bilateral, y solo en caso de un acuerdo de salida al mar por Arica, pues en ese momento nos pronunciaremos”, precisó.
Perú no será obstáculo
Por su parte, el vicecanciller Néstor Popolizio sostuvo que el Perú “no será un obstáculo” para un eventual acuerdo entre Santiago y La Paz a fin de que Bolivia logre un acceso al mar.
“A lo largo del tiempo, Perú ha dado claras muestras de mantener un inalterable espíritu constructivo y de cabal comprensión a esta compleja situación”, recordó.
Mencionó que el Estado peruano sólo se pronunciará de ser el caso, conforme con lo establecido en el artículo primero del Protocolo Complementario del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929.
Nueva etapa
En tanto, García Belaunde precisó que, en el marco de la cumbre de la OEA en Lima, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Bolivia David Choquehuanca, junto a quien –indicó– avanzó en la identificación de algunos temas específicos que permitirán profundizar la integración.
“Hay una sensación de que entramos en una etapa distinta y positiva con Bolivia”, destacó.
BOLIVIA NO JUGARÁ EL MUNDIAL, PERO EVO MORALES ESTARÁ EN LA INAUGURACIÓN
El mandatario aceptó una invitación del Gobierno sudafricano para presenciar la ceremonia y el primer partido. "Van a estar cerca de 60 presidentes del mundo y aprovecharemos para tener reuniones bilaterales de interés para nuestro pueblos", sostuvo.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Evo Morales reveló su decisión de aceptar una invitación para asistir a la ceremonia y partido inaugurales del Mundial de Sudáfrica. "Acepté la invitación después de muchas dudas", dijo el gobernante, un apasionado del fútbol que lidera una larga campaña de Bolivia para que se le permita seguir jugando en la altura de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Aún con esa ventaja, la Selección boliviana tuvo un pobre desempeño en la última Eliminatoria Sudamericana para la Copa del Mundo, en el que terminó penúltima.
Morales anunció que partirá el miércoles y retornará a La Paz el domingo, previéndose que aproveche su estadía en Sudáfrica para reunirse no sólo con las autoridades de ese país sino también con otros jefes de Estado que acudirían al inicio del torneo mundial.
"Con Sudáfrica tenemos algo parecido", comentó Morales. Comparó la situación de los indígenas en su país con la lucha que lideró Nelson Mandela contra el Apartheid en el país africano. En la inauguración del Mundial "van a estar cerca de 60 presidentes del mundo y, a veces, en está clase de eventos aprovechamos para tener reuniones bilaterales de interés para nuestro pueblos", agregó el Jefe de Estado.
LEGALIZAN LA JUSTICIA INDÍGENA EN BOLIVIA
Actualidad de Brasil (www.actualidad.rt.com/actualidad)
El Congreso boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una Ley del Órgano Judicial que reglamenta la "justicia indígena", "originaria" o "comunitaria" consagrada en la Constitución. La ley da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia de forma autónoma y según sus propios usos y costumbres.
Actualmente, la justicia indígena es criticada por la oposición porque considera que se puede prestar para que delitos como el narcotráfico o el contrabando sean penalizados levemente. Se teme que las nuevas disposiciones puedan generar conflictos de competencia con las autoridades ya establecidas. Además, en su nombre fueron linchados cuatro policías en una comunidad andina hace dos semanas.
Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural y partidaria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, dijo a los medios que el principal cambio que se ha hecho al proyecto original fue la inclusión "de los principios básicos de esta justicia comunitaria, que respeta los derechos humanos y la vida".
Ayllón añadió que la "justicia originaria", ya consignada en la Constitución, "está siendo mal interpretada y utilizada de manera política", como en el caso del linchamiento de los policías en el departamento de Potosí por indígenas locales.
La nueva Constitución boliviana promulgada en 2009 define al país como un Estado plurinacional y otorga más poder a las 36 comunidades indígenas del país.
PERÚ Y BOLIVIA IMPLEMENTARÁN CENTRO DE CONTROL FRONTERIZO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Andina de Perú (www.andina.com.pe)
Las autoridades de Perú y Bolivia instalarán antes de fin de año un centro de control fronterizo destinado a detectar y neutralizar casos de trata de personas, informó el general Javier Sanguinetti, jefe de la XII Dirección Territorial Policial en Puno.
Señaló a la agencia Andina que se cuenta con el terreno en la localidad de Desaguadero y que la implementación de la infraestructura es un trabajo que coordinan las cancillerías de ambos países.
“La idea es contar con un centro binacional de atención en fronteras, que es un acuerdo entre las cancillerías de Bolivia y Perú, en el que se instalará una oficina que luchará contra la trata de personas”, manifestó.
En el centro binacional, cada país tendrá a sus instituciones migratorias y policiales para el control de personas, mercadería y vehículos.
“Además, vamos a sistematizar la información y tener una relación mucho más cercana con las autoridades bolivianas, lo que ayudará a un mejor control frente a dicho delito”, remarcó el oficial.
Recordó que en un encuentro con representantes de Bolivia, Chile, Brasil y Argentina, realizado a fines de mayo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, se ratificó el compromiso de trabajar en conjunto.
Al formar parte de la frontera con Bolivia, Puno constituye un lugar elegido con frecuencia por los traficantes de personas para introducirlos ilegalmente al país y después someterlos a explotación laboral y sexual. “En los controles muchas veces intentan pasar a Perú a menores y mujeres para llevarlas a localidades mineras como La Rinconada o Lunar de Oro, donde sufren explotación sexual. Incluso traen ancianos a quienes explotan en el trabajo en esas zonas”, refirió.
Opinión
DE LA PAZ A LA HAYA
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
Al final de los años 40, los países ribereños del Pacífico Sur empezaron a sufrir el acoso de grandes potencias extranjeras sobre sus riquezas pesqueras. No eran en ese tiempo las grandes flotas japonesas, chinas o europeas que hoy operan justo en el límite de las 200 millas marinas, sino la acción de buques balleneros que venían a esta zona a cazar cetáceos. Frente a dicha situación, Chile, Ecuador y Perú acordaron en agosto de l950 la "Declaración de Santiago", por medio de la cual crearon la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), cuyo objetivo era resguardar los recursos naturales del mar de los tres países. Nace allí la idea de fijar un límite marítimo de 200 millas, lo que en ese momento provocó el rechazo y hasta la hilaridad de las grandes potencias por la extensión que se daba a la protección pretendida. En 1979 Colombia se incorporó a CPPS.
Para obtener los objetivos buscados por la institución recién establecida era necesario determinar la frontera que tendría la zona creada y al mismo tiempo fijar los límites marítimos entre los países firmantes, como un medio, entre otras cosas, de delimitar exactamente las responsabilidades que cada cual tendría en el cumplimiento de los fines señalados en la Declaración de Santiago. En esta línea de pensamiento, Chile y Perú suscribieron dos Convenios, uno en l952 y otro en l954, que fijaron definitivamente el límite marítimo entre ambos, siguiendo la idea de la prolongación del paralelo del límite terrestre. Frente a lo anterior, resulta absolutamente lógico que hoy, ante la sorpresiva demanda de Lima ante la Corte de La Haya, Quito y Bogotá den su opinión, pues se está poniendo en dudas un sistema acordado bilateralmente entre dos miembros de la Comisión, el que ha dado garantías de continuidad a los límites marítimos y se ha transformado en base del cumplimiento de los fines buscados por la CPPS.
Por otra parte, el límite terrestre entre Chile y Perú fue definitivamente establecido por el Tratado suscrito en Lima en 1929 y su Protocolo Complementario, donde se estableció la denominada Línea Concordia, que corre en forma paralela al norte del ferrocarril de Arica a La Paz. En el artículo 2° del Protocolo Complementario aludido existe una cláusula por medio de la cual los Gobiernos de Chile y Perú no podrán "sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales". En otras palabras y de acuerdo al Tratado, Chile tiene una especie de "veto" sobre el territorio de la antigua provincia de Tacna, que por el norte llegaba hasta el río Sama, y que pasó a dominio del Perú, y a su vez éste tiene un "veto" similar en el territorio de la antigua provincia de Arica, que por el sur llegaba hasta el río y la quebrada de Camarones, y que pasó al dominio de Chile. Esta disposición fue la que llevó a Santiago a establecer conversaciones con Perú en 1975, cuando se pretendió otorgar un corredor a Bolivia al norte de Arica, como fruto del encuentro de Charaña entre los Presidentes de Chile y Bolivia.
De lo anterior se colige claramente que el Protocolo Complementario del Tratado de 1929 se refirió a "territorios" y a "ferrocarriles". En ninguna parte se habló de mar, por lo que la aceptación de la pretensión peruana ante la Corte significaría una modificación abierta a un Tratado reconocido como plenamente vigente por ambas partes. De aceptarse la tesis de Lima, si Chile quisiera, a través de un acuerdo directo con Bolivia, ceder a ésta una porción de mar situada frente al territorio comprendido entre la Línea Concordia y la Quebrada de Camarones, no podría hacerlo sin acuerdo previo del Perú. O sea, una pretendida negociación sólo marítima bilateral entre el Palacio Quemado y La Moneda se transformaría en trilateral, pues no se podría llevar a cabo sin la anuencia del Palacio Pizarro. Esta vulneración al Protocolo Complementario, que no es aceptada por Chile, no sólo debería preocupar a Santiago, sino también a La Paz, ya que crea artificialmente una dificultad adicional a sus intereses.
A su vez, existe vigente una Agenda de 13 puntos entre los Gobiernos de Chile y Bolivia, uno de los cuales es la situación mediterránea de este último. Para nadie es un secreto que La Paz pretende una salida soberana al Océano Pacífico con el reconocimiento expreso de sus derechos a las 200 millas marítimas que correspondan al territorio que obtenga. Sólo como un ejercicio, supongamos que Bolivia llega a una negociación con Chile por medio de la cual éste le concede, bajo cualquier forma jurídica, un territorio inmediatamente al sur de la quebrada de Camarones y el mar adyacente. Hoy, para hacer esto, Santiago no requiere consultar a Lima. Sin embargo, de aceptarse la tesis peruana expuesta ante la Corte, Bolivia debería entrar en una negociación adicional para obtener el consenso de Lima en la nueva parte del mar que aquélla pondría bajo la jurisdicción del Perú.
Por lo dicho, es que el Gobierno del Presidente Morales debería tomar nota de las dificultades de hecho y de derecho que la aceptación de la tesis peruana alegada en La Haya podrían significar para su pretensión de obtener una salida soberana al mar con el reconocimiento de las 200 millas adyacentes. Para La Paz no es intrascendente lo que pase en La Haya y así debería hacerlo presente.
Opinión
LA OTRA GUERRA: EL CAMPO DIPLOMÁTICO (I)
Numerosos fueron los intentos, por un lado, de lograr un acuerdo de definición de fronteras y, por otro, de evitar y, una vez desbocados los caballos apocalípticos, detener el derramamiento de sangre en la guerra por la posesión del Chaco Boreal. Todo fue en vano.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Luego de los intentos por definir las fronteras entre Bolivia y el Paraguay, y cuando la cuestión chaqueña fue agravándose, se realizaron varias conversaciones que tuvieron por escenario las capitales argentina y estadounidense, así como también el estamento supranacional de la Sociedad de las Naciones.
El 29 de junio de 1927 los gobiernos del Paraguay y Bolivia aprobaron un protocolo firmado por diplomáticos de ambos países y bajo el auspicio del argentino, de que no se modificarían los pactos vigentes hasta entonces, refiriéndose al statu quo de 1907.
No obstante estos convenios, llegaban hasta Asunción alarmantes noticias de preparativos bélicos por parte de Bolivia. Por su parte, el Gobierno paraguayo venía realizando, secretamente, preparativos armamentistas con miras a un cada vez más cercano enfrentamiento bélico.
La conferencia de Buenos Aires
El 29 de setiembre de 1927, se realizó en Buenos Aires una conferencia diplomática auspiciada por el Gobierno argentino. En esta conferencia el mediador argentino presentó una propuesta de tres puntos: 1- Que el Paraguay acepte ir derechamente al arbitraje en la cuestión fundamental; 2- Que los dos países desmilitaricen sus fortines, o retiren aquellos que están frente unos de otros, a cincuenta kilómetros, bajo la verificación de una comisión militar neutral y 3- Que se declare que los avances efectuados por uno y otro país han creado una situación de hecho, sin conferirles ningún derecho, y que podrán ser alegados ante el árbitro como fundamento de sus pretensiones.
Sobre estas bases, se reanudaron las conversaciones el 7 de mayo de 1928. En esta nueva ronda, ambos países reafirmaron sus respectivos derechos sobre el mismo territorio, con posiciones totalmente radicales, descartando la sugerencia argentina. La posición boliviana sostenía que la cuestión era un problema territorial sobre el mejor derecho al Chaco a ser arreglado dentro del Uti possidetis juris, en tanto que para el Paraguay, la cuestión caía dentro del Uti possidetis de facto. Por otra parte, lo que para Bolivia era una cuestión territorial (su derecho a todo el Chaco), para el Paraguay era una cuestión de indefinición de límites. En otras palabras. No se consiguió ningún arreglo y significó el final del periodo de negociaciones bilaterales en busca de una solución al diferendo.
La imposibilidad de un enfrentamiento de envergadura movió a los países vecinos a intervenir en la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión chaqueña.
La conferencia de Washington
Por iniciativa chilena la Conferencia Interamericana de Conciliación y Arbitraje y la Sociedad de las Naciones ofrecieron sus oficios, con la condición de que ambos países respetaran el Pacto de Ginebra.
En ese marco, el Paraguay y Bolivia suscribieron el 3 de enero de 1929 un acuerdo para la creación de una comisión que comenzó sus trabajos en Washington y, el 12 de setiembre de 1929, sancionó un acta conciliatoria, aceptada por las partes litigantes, aunque, si bien no solucionó el problema de fondo, por lo menos lo hizo con una cuestión específica, el caso del fortín Vanguardia. Por otra parte, presentó una propuesta para la solución del problema chaqueño: un acuerdo de arbitraje. El proyecto fue rechazado por ambas partes. Otras propuestas tuvieron la misma suerte.
Nuevo intento
En 1931, la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje reiteró su ofrecimiento de mediar en la cuestión chaqueña. El ofrecimiento fue aceptado por el Paraguay, pero Bolivia propuso la elaboración de un pacto de no agresión. Poco después, un nuevo incidente entre fuerzas paraguayas y bolivianas por la posesión del fortín Masamaklay empeoró la, de por sí, ya grave situación.
El Gobierno paraguayo decidió dar largas al asunto, actualizando, en esos mismos momentos, la gestión para tratar un pacto de no agresión en Washington. La propuesta paraguaya consistió en el abandono por Bolivia de todas sus instalaciones y el retiro de todas sus guarniciones en el Chaco. Bolivia, por su parte, también exigió que el Paraguay renunciara a cualquier signo de soberanía en el Chaco (“Reducciones”, fortines militares, instalaciones industriales, colonias). Ambas posiciones, diametralmente opuestas, dificultaban cualquier arreglo transaccional inmediato, por lo que la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje suspendió sus intervenciones tendientes a encontrar una solución pacífica al espinoso diferendo. Poco después, el Gobierno rompió relaciones diplomáticas con él, en julio de 1931.
Ante el fracaso de todas las gestiones diplomáticas realizadas hasta entonces (tratados, protocolos, convenios, conferencias, etc.), la Sociedad de Naciones, único organismo supranacional existente entonces, realizó tibias y tardías gestiones para evitar la guerra
El Chaco en llamas
La retoma paraguaya de la laguna Pitiantuta ocasionó la represalia boliviana con el ataque de varios fortines y puestos militares paraguayos en el Chaco. Ello llevó a una intensificación de las gestiones diplomáticas para contener el conflicto en puertas, pero ya fue imposible evitar la guerra. Ambos países, desde este momento, se desangrarán a lo largo de tres terribles años en que solo hablarán las metrallas.
Los sucesos de Pitiantuta fueron utilizados por los gobiernos del Paraguay y de Bolivia según convenían a sus intereses. El Paraguay denunció la agresión boliviana del 15 de junio de 1932 en el seno de la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje y, negándose a investigaciones por parte de la Comisión, se retiró de la misma. Por su parte, Bolivia dio su versión alegando que fue ella la agredida. Retomada la laguna por los paraguayos, nuestro país cambió de actitud, llegando a comprometerse a no realizar “más acciones hostiles en contra de las fuerzas bolivianas”. Sin embargo, por su parte, esta vez fue Bolivia la que se retiró de la Comisión, negándose a una investigación de los hechos. Días después llevó adelante su plan de ataque a los fortines paraguayos.
Cuando el Primer Cuerpo de Ejército boliviano se aprestaba a proseguir su avance sobre los fortines Nanawa e Isla Po’i, el presidente Salamanca ordenó parar las operaciones porque se presentaba un “grave aspecto internacional” y convenía detener el avance, pero manteniéndose la disposición de continuarlo. Una de las principales razones fue la noticia de las naciones vecinas de ejercer una fuerte presión moral sobre Bolivia.
Efectivamente, la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje recurrió a los 19 países del continente representados ante el Gobierno de los Estados Unidos a suscribir el 3 de agosto de 1932 (alentado por el propósito de este país de introducir en América la doctrina del pacto Kellog-Brian, en el sentido de no reconocer como válidas las adquisiciones territoriales hechas por la fuerza), una Declaración solemne según la cual los países firmantes no reconocerán ninguna conquista obtenida por la fuerza y que, en consecuencia, Bolivia y el Paraguay debían someter inmediatamente su diferendo al arbitraje o a cualquier otro medio de mutuo consentimiento, además de retirar sus tropas de las posiciones que ocupaban hasta el 1 de junio. Uno y otro país aceptaron esta declaración, pero no hicieron nada al respecto, pues sus planes de movilización ya estaban en marcha.
Opinión
LA "JUSTICIA INDÍGENA": EL NUEVO DOLOR DE CABEZA DE EVO MORALES
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
La aprobación, la madrugada de ayer, de una ley que ampara la "justicia originaria" en Bolivia, sumada al linchamiento de 4 policías por una turba de indígenas que argumentaban su ancestral legislatura, ha hecho que las críticas y cuestionamientos vuelvan a golpear las puertas del presidencial Palacio Quemado.
La situación es compleja y plantea muchas interrogantes. ¿Hasta dónde permitir la aplicación de leyes consuetudinarias, de cientos de años de antigüedad? ¿Más aún si fue el propio Presidente Evo Morales quien se comprometió a impulsarlas?, y en específico, ¿cómo individualizar a los culpables de un linchamiento, que por definición es un acto colectivo?
"Se quiere establecer un conjunto de normas que recuperen la confianza del ciudadano respecto a las leyes, y que acepte esta nueva modalidad de justicia. Pero eso va a llevar muchos años, y tendrá muchas dificultades, pues hay una enorme desconfianza debido a los últimos hechos. La desconfianza no se va a resolver por la aprobación de una ley", dice Carlos Cordero, analista boliviano.
El detonante de esta situación es de terror. A fines de mayo, cuatro policías llegaron a Uncía, cerca de Potosí, buscando a unos ladrones. Ahí fueron atrapados por los pobladores, quienes los acusaban de "asesinos y ladrones".
Las autopsias a los cadáveres, recuperados recién el sábado pasado, confirmaron lo peor: los policías fueron torturados hasta la muerte. Luego fueron enterrados boca abajo para impedir que sus almas buscaran venganza. Es más, según informó ayer el diario La Prensa, uno de los agentes falleció mientras dos ministros de Evo Morales se encontraban en Uncía negociando la entrega de los cadáveres.
El episodio casi le cuesta un familiar al Presidente. El sábado, vecinos de Oruro agarraron a pedradas y estuvieron a punto de saquear la casa de Esther Morales, hermana de Evo, indignados por los linchamientos y la lentitud del gobierno.
"¡Muerte a Evo Morales!", gritaba la multitud que enterró el sábado a los policías. Para que les entregaran los cadáveres, los familiares se comprometieron a renunciar a la búsqueda de los culpables. Pero el lunes recapacitaron y acudieron a la justicia ordinaria, complicando aún más la situación.
Los expertos cuestionan que no hay límites claros entre la "justicia indígena" y la otra. La diputada opositora Elizabeth Reyes expresó su preocupación porque la ley no establece si la "justicia indígena" se aplicará en delitos como disputas por tierras, o también para asuntos delicados como narcotráfico, homicidio y contrabando de vehículos, que son los detectados en la zona donde fueron asesinados los policías, señaló a EFE.
En el oficialismo tienen sus argumentos. Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja (instancia que aprobó ayer la ley), dice que la "justicia comunitaria" busca la armonía en las comunidades, pero que no permite las violaciones a los derechos humanos, y esos casos deben ser fiscalizados por la ley ordinaria.
Prefiere no pronunciarse ante las críticas de mano blanda del gobierno para perseguir casos como los linchamientos.
"El Estado simplemente hace anuncios de búsqueda de justicia, pero con toda seguridad estos hechos no van a prosperar, y en la medida en que no hay una verdadera lucha contra la pobreza, estos lamentables actos de linchamiento pueden seguir produciéndose", dice Cordero.
Opinión
BOLIVIA: UN VALIOSO UNO POR CIENTO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Bolivia es objeto de una atención constante del gobierno norteamericano. Hace unos días estuvo en La Paz el señor Arturo Valenzuela, secretario de estado adjunto para América Latina, y conversó con nuestro canciller David Choquehuanca. Aunque nada tiene que ver una cosa con la otra, estuvo aquí cuando la mancha de petróleo provocada por la explosión de una instalación de la British Petroleum (BP) sigue aumentando y amenaza cruzar el Atlántico. Tampoco tiene que ver con el brutal asalto israelí a la flota humanitaria que llevaba víveres y medicinas a la Franja de Gaza. En fin, que la situación internacional no está para hornear galletas.
El señor Valenzuela inició, el domingo 30 de mayo, una visita anunciada por el Departamento de Estado como gira por Ecuador, Colombia y Perú, para tratar "asuntos de interés mutuo, como la cooperación en materia de seguridad, la inclusión social, la competitividad económica y la prosperidad inclusiva, la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos”. Llama la atención que no se haya mencionado a Bolivia y que su estadía en La Paz fuese conocida sólo cuando concluyó la visita.
Oficialmente se anunció que, las conversaciones han sido fructíferas y se avanzó un 99% en el entendimiento entre los gobiernos de los presidentes Evo Morales y Barak Obama. Realmente, es un avance importante, teniendo en cuenta las denuncias de injerencia en nuestros asuntos internos, la expulsión de la DEA, las advertencias contra USAID y varios otros asuntos que no se han dicho pero que involucran esa relación de sometimiento que tuvimos durante tantos años.
Seguramente que los avances no han ocurrido en materia de seguridad, pues Bolivia está amenazada por Estados Unidos, como lo están Venezuela, Ecuador y otros más, con la instalación de bases militares desde las que, el gobierno de Washington, se arroga la potestad de vigilar a nuestros países. Esta vigilancia no tiene el sentido formal de advertir que están ocurriendo hechos irregulares, sino de determinar qué medidas de fuerza debe llevar a cabo para impedir acciones de los movimientos sociales y de los gobiernos que militan en el proceso de cambio. Lo saben con claridad y mostrando las heridas frescas, países de Centroamérica. Lo saben también en Asia y el Medio Oriente y, según las ácidas declaraciones de la señora Clinton, también lo sabrán pronto en el Lejano Oriente.
El siguiente tema mencionado es inclusión social. Es realmente un apartado sobre el que podemos extendernos largamente y podría esperarse buenos resultados, siempre que haya buenas intenciones. Estados Unidos de Norteamérica tiene una larga historia que puede ser útil para mostrarnos los extremos a que puede llegar la exclusión, la discriminación y el racismo. También tenemos aquí una historia abundante en sucesos de ese tipo que llegan hasta ahora. Debemos avanzar en términos de igualdad, compartiendo criterios y experiencias.
Competitividad económica aparece en la agenda del señor Valenzuela, según el Departamento de Estado. Hasta donde ha sido posible plantearnos una relación económica con la potencia mundial, el término se refiere única y exclusivamente a la total apertura de los mercados nuestros a cambio de conceder franjas estrechas de exportación a Estados Unidos, bajo severas medidas de control. Todavía está fresca la memoria de aquel desplante de un embajador estadounidense en Bolivia cuando se denunció que el trigo que llegaba de su país era transgénico, que transgredía la ley boliviana que prohibía la importación de este tipo de productos. El comentario poco diplomático fue: eso come el pueblo norteamericano y eso vendemos. Al día siguiente, el gobierno boliviano de entonces emitió un decreto disponiendo una excepción para el trigo de Estados Unidos. Ese tipo de competitividad es la que hemos rechazado y rechazamos.
Prosperidad inclusiva. Frase encantadora que podría contraponerse a inclusión social. Durante decenas y decenas de años que, sumando, se hicieron siglos, nos han dicho que la prosperidad de unos, cuando llegue a niveles altos, comenzará a derramarse sobre el resto de los pueblos. Por eso, debemos hacer y seguir haciendo el esfuerzo de entregar nuestros recursos a fin de que ellos logren la prosperidad que nos incluirá algún día, situado en un lugar y momento imprecisos. La CEPAL ha inventado más de una decena de métodos, todos los cuales dicen aproximadamente lo mismo: ustedes, países en vías de desarrollo, produzcan más y más para satisfacer las necesidades de la prosperidad. Claro que, en las actuales circunstancias, el gobierno de Obama poco puede hablar de prosperidad.
Finalmente pone énfasis en gobernabilidad democrática y derechos humanos. Sobre lo primero, en Washington, debieran hacerse una crítica severa. Hay que recordar los escandalosos fraudes con los que se ungió presidente George W. Bush y la farsa electoral que costó cientos de millones de dólares por esa disputa interna entre Hillary Clinton y Barak Obama. Entonces hablaremos de derechos humanos. Diremos que es necesaria una revisión a fondo de los métodos carcelarios de Estados Unidos de Norteamérica que mantiene cárceles en Guantánamo e incluso algunos aliados europeos, donde permanecen presos árabes y personas de otras nacionalidades, sin acceso a las garantías legales.
Habrá que hablar también de Bolivia. Porque tenemos que pagar internamente una deuda muy grande. No se trata de prosperidad ni de competitividad, sino de las mínimas condiciones para vivir, condiciones de las que carece la mayoría de la población. Por supuesto que tenemos esa tarea por delante y sería oportuno y prometedor que uno o varios países que se enriquecieron con nuestros recursos, comprometieran su ayuda para lograr ese objetivo. Pero ya sabemos que la ayuda viene de los amigos, nunca de los negociantes ni de los explotadores.
Falta uno por ciento para resolver las diferencias que hay entre Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica. Los temas que hemos descrito forman parte de ese uno por ciento de distancia entre la concepción que tenemos sobre relaciones diplomáticas y las que tiene Washington. Lo que no nos hemos preguntado todavía es: ¿a qué vino el señor Arturo Valenzuela?
LA INVISIBILIDAD, EL PEOR PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
ABC de España (www.abc.es)
La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas (NU), Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebra estos días en Toledo, y en el que participan niños de países como Perú y Bolivia.
Bajo el título general de «Un cambio real para un problema global», en el Congreso que organiza «Proyecto Solidario» al celebrarse el próximo día 12 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos señaló que debe rechazarse de plano que se considere «normal» en la mayor parte de los países «la violencia».
Ha señalado que, precisamente, esa «invisibilidad» hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean «los efectos negativos en el desarrollo del niño» para aprender y recibir una educación «de calidad» que le ayude a vivir y relacionarse «con adultos y amigos». El estudio de NU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para «llamar la atención sobre esta situación», que ha catalogado de «dramática», y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.
Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un «mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez», incluidas «las que parecen pequeñas», caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno. Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en el 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: «la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres», ha sostenido. La directora general de Acción Social y Cooperación de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, resaltó el apoyo que el Gobierno regional presta desde hace años a «Proyecto Solidario» en el marco de la política de Cooperación Internacional del desarrollo, y destacó que es un lujo la celebración de este congreso en la región.
LA INVISIBILIDAD, EL PEOR PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
ABC de España (www.abc.es)
La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas (NU), Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebra estos días en Toledo, y en el que participan niños de países como Perú y Bolivia.
Bajo el título general de «Un cambio real para un problema global», en el Congreso que organiza «Proyecto Solidario» al celebrarse el próximo día 12 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos señaló que debe rechazarse de plano que se considere «normal» en la mayor parte de los países «la violencia».
Ha señalado que, precisamente, esa «invisibilidad» hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean «los efectos negativos en el desarrollo del niño» para aprender y recibir una educación «de calidad» que le ayude a vivir y relacionarse «con adultos y amigos». El estudio de NU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para «llamar la atención sobre esta situación», que ha catalogado de «dramática», y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.
Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un «mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez», incluidas «las que parecen pequeñas», caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno.
Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en el 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: «la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres», ha sostenido. La directora general de Acción Social y Cooperación de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, resaltó el apoyo que el Gobierno regional presta desde hace años a «Proyecto Solidario» en el marco de la política de Cooperación Internacional del desarrollo, y destacó que es un lujo la celebración de este congreso en la región.
EL MUNDIAL, TODA UNA TENTACIÓN PARA LOS POLÍTICOS
Para los millones de aficionados de todo el planeta el Mundial representa la cumbre de la pasión futbolera, pero para muchos políticos significa otra cosa: una oportunidad para asociar su imagen a un equipo ganador o para distraer la atención de medidas impopulares, al estilo "pan y circo" del Imperio Romano.
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.es)
El "circo" de la máxima cita del deporte más popular del planeta aparece para los gobernantes como una salida para protegerlos de la ira de la población, incluso cuando se anuncia que habrá menos "pan" sobre la mesa.
El estreno de la selección española en Sudáfrica, el 16 de junio contra Suiza, coincidirá con el día en el que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará la reforma del mercado laboral. De no haber acuerdo entre sindicatos y patronal sobre el tema, el gobierno impondrá la reforma por decreto el mismo día en el que la selección española saltará por primera vez al campo en el Mundial de fútbol de Sudáfrica.
Al gobierno se le acusa en España de pretender que el primer partido del equipo de Vicente del Bosque sirva para reducir el impacto que ese decreto puede alcanzar en una opinión pública, pero la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la semana pasada que esa hipótesis "no es seria".
También en Alemania, la canciller Angela Merkel aprovechó la cercanía de Sudáfrica 2010 para poner en marcha el más drástico paquete de ahorro desde la II Guerra Mundial, basado en recortes de ayudas sociales y en el despido de por lo menos 10.000 funcionarios públicos hasta 2014.
El Mundial representa también una oportunidad para que los políticos asocien su imagen al deporte más popular del planeta. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió repartir entre las poblaciones pobres 1,2 millones de decodificadores -comprados por unos 410 millones de dólares- para captar la señal de sistema digital de dos emisoras públicas, una de las cuales, el Canal 7, transmitirá en directo todos los partidos del Mundial.
En Bolivia, sin embargo, el presidente Evo Morales vio fracasar un intento de obligar la transmisión de los partidos del Mundial por los canales de televisión abierta, a través del canal estatal Bolivia TV: "Ver el Mundial debería ser un derecho humano, y no es justo que sólo vea gente que tiene TV cable".
La "vidriera" del Mundial atraerá a Sudáfrica a por lo menos tres mandatarios latinoamericanos -el de México, Felipe Calderón, el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva-, y Morales.
La Presidencia mexicana confirmó el martes la presencia de Calderón en el partido inaugural entre Sudáfrica y México, el viernes en Johannesburgo, y agregó -quizás para evitar que se lo interpretara como un viaje recreativo- que el mandatario sostendrá una reunión con su par sudafricano Jacob Zuma para "construir una relación prioritaria para potenciar y dinamizar las diversas esferas de interés entre ambas naciones". Lula, a su vez, honró su fama de "hincha número uno" de Brasil: expresó públicamente su apoyo al trabajo del técnico Carlos Dunga, recibió la delegación en Brasilia antes del embarque a Sudáfrica y anunció que estará en Johannesburgo en el día de la final de la cita. Sin embargo, aseguró que ello no refleja una confianza desbordada en que la "verdeamarela" estará sobre la cancha para disputar su sexto título.
"Quiera Dios que la final sea (entre) Brasil y otro equipo. Pero tendré que quedarme para la final, independientemente de que esté o no Brasil, porque Brasil será el próximo país en realizar el Mundial. De todas formas, estoy esperanzado. Voy a asistir a todos los partidos", dijo.
La asociación entre presidentes y selecciones nacionales no siempre es ventajosa para los políticos. En el Mundial de Alemania 2006, el mismo Lula desató una polémica al preguntarle al entonces técnico de la "verdeamarela", Carlos Alberto Parreira, si sería cierto que el astro Ronaldo se había presentado con muchos kilos más que su peso ideal.
"Dicen que Ronaldo está gordo. ¿Es cierto?", indagó Lula, en una charla por videoconferencia con el entrenador. La pregunta generó una dura respuesta del "Fenómeno": "Uno no debe creer siempre en lo que se dice. También se dice que el presidente bebe demasiado, pero yo creo que debe ser mentira"
LA UNASUR CONSIGUIÓ LA UNANIMIDAD
Los diputados opositores centraron las críticas en la continuidad de Néstor Kirchner en la Cámara mientras ejerce la secretaría general de la Unasur. Sin embargo, todas las bancadas respaldaron la incorporación a la unión.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
La adhesión argentina a la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) quedó sancionada ayer con la aprobación por unanimidad en la Cámara baja, ya que contaba con la media sanción del Senado. Las intervenciones subrayaron el carácter estratégico del organismo y su rol como parte de la integración de los pueblos. El nivel de acuerdos fue tan alto que desde el Frente para la Victoria se pusieron contentos porque ni siquiera Elisa Carrió salió a criticarla. La oposición se limitó a plantear lo que se suponía: el cuestionamiento a Néstor Kirchner por su doble rol de diputado y secretario ejecutivo del organismo. Agustín Rossi defendió: es “un orgullo”, dijo sobre el ex presidente. Y agregó: será “una gestión de excelencia”.
Argentina es el sexto país de los doce de la Unasur que aprobó la adhesión al organismo. De acuerdo con la carta orgánica, por lo menos deben hacerlo otros tres países más. Hace año y medio, el proyecto fue ratificado por el Senado y treinta días atrás salió de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. Se esperaba que ayer corriera la misma suerte en Diputados. Terminó aprobado por 176 votos.
Alfredo Atanasof, del Peronismo Federal, se encontró con el proyecto cuando asumió en marzo la presidencia de la comisión de origen. En el medio, encontró otros dos pedidos más. Uno de declaración del Frente para la Victoria celebrando la designación de Kirchner en la presidencia de la Unasur y otro de iguales características, pero en contra de la designación, de un diputado de la Coalición Cívica. “Acordamos aprobar la adhesión por unanimidad y bajar los otros dos proyectos”, explicó una fuente de la comisión.
El debate empezó poco después de las 14.50. Todos los bloques manifestaron su acuerdo, pero la oposición criticó nuevamente a Kirchner por la decisión de no dejar su banca.
“Es importante seguir avanzando en este proceso de integración a partir de las semejanzas de los Estados”, enfatizó Ruperto Godoy, desde el FpV. El diputado sanjuanino reforzó además “la importancia de la solidaridad permanente de todos los países de la región en el tema Malvinas”. En ese sentido, el diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, explicó, poco más tarde, que el oficialismo subrayó los momentos más difíciles que atravesó la región y en las que el rol de la Unasur empezó a ser determinante. Uno de los casos mencionados fue la crisis de Evo Morales en Bolivia y también el conflicto entre Colombia y Ecuador.
Desde la oposición, Ricardo Alfonsín anticipó en el debate el respaldo de su bloque. Aun así sostuvo que “hay que completar el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la recuperación de la democracia para profundizar la integración del Mercosur”. En ese tono, Carlos Heller, de Nuevo Encuentro Popular y Social, pidió dejar de lado las diferencias. “Avanzamos hacia una aprobación unánime, algo que muchas veces se nos reclama sobre la necesidad de que, frente a temas centrales y políticas de Estado, dejemos de lado diferencias y veamos qué es lo fundamental”.
Uno de los más críticos fue el “margarito” Gerardo Milman: luego de apoyar la adhesión como parte “de la integración de los pueblos”, pidió como moción que los diputados, por elevación, hicieran un pedido de licencia ordinaria para Kirchner. “Como legisladores no podemos obligarlo a que renuncie o que pida licencia, pero sí podemos habilitar un mecanismo para hacerlo nosotros.” Landau repitió que no era incompatible la función de diputado de Kirchner con su cargo ejecutivo en la Unasur, porque eso debe determinarlo el organismo.
Desde Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse, dijo que si pudiera votaría “con las dos manos esta iniciativa” e instó a “todos los bloques y a todas las facciones a votar por unanimidad por la Unasur, sin dejar de lado nuestros pensamientos, pero sabiendo que nuestros países no tienen destino en forma aislada”.
EDITORIAL: ANUNCIOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
Durante una gira por el Norte Grande, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo relevantes anuncios en materia de lo que será el combate al flagelo de la droga bajo su mandato. El Mandatario ha dividido su exposición en los dos ejes fundamentales que deben guiar la acción estatal en este agudo problema de las sociedades contemporáneas: la represión a las organizaciones criminales y la recuperación de aquellas personas que han entrado al circuito de utilización. En Chile se estima que hay 625 mil personas en esta categoría, siendo el país el segundo consumidor de cocaína en América Latina y el primero en marihuana.
En el ámbito punitivo, Piñera ha insistido en la idea de fortalecer los mecanismos de control limítrofe de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta -recordó en este sentido que Bolivia y Perú producen 50% de la oferta mundial de coca-, para lo cual se aumentarán los recursos tecnológicos de las policías y la Armada, entes responsables de interceptar las líneas de abastecimiento de los “narcos”. Asimismo, ha garantizado que se legislará para dificultar las libertades provisionales de los acusados por tráfico.
En relación con el segundo campo, el Presidente ha informado del alza de 13 mil a 45 mil en los cupos de rehabilitación que provee Conace, lo que implica una significativa inyección financiera al sistema. Según cálculos técnicos, el costo mensual de cada proceso de recuperación vale 350 mil pesos.
Además, se planifica expandir uno de los mecanismos más novedosos -a ojos de los expertos- para reinserción de personas: los tribunales de drogas. En éstos, a quienes son primerizos en delitos no graves asociados al uso de estupefacientes se les suspende la pena a cambio de aceptar someterse a tratamiento de desintoxicación. La experiencia comparada muestra que este procedimiento es eficiente en sus resultados. De hecho, la Fundación Paz Ciudadana ha propuesto no sólo aumentar los cupos -hoy la experiencia es piloto-, sino extenderlo a reincidentes, asunto que ya demanda un examen más acucioso.
En su plataforma programática, la actual administración incorporó como uno de sus objetivos prioritarios la lucha contra el narcotráfico y, en términos generales, mejorar de manera cualitativa la seguridad ciudadana. Una de las razones que explica el triunfo de la Coalición por el Cambio es precisamente la promesa de reformular el combate al delito. Desde esta perspectiva, los anuncios del Jefe de Estado en el norte son consistentes con su visión del problema. Lo planteó con claridad en el complejo fronterizo de Chacalluta: en la evaluación del Ejecutivo, los “narcos” son delincuentes y los usuarios de drogas padecen de una enfermedad. Es a partir de esta lógica que se han diseñado las medidas penales y preventivas que se ejecutarán en los próximos meses.
En esta misma línea hay que inscribir la idea de propiciar una modificación cultural y conductual en la población que erradique una cierta percepción permisiva -o comprensiva, si se prefiere- del uso de drogas, la que se ha construido sobre la apelación a las libertades ciudadanas vinculadas a la modernización de las sociedades.
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