Thursday, November 14, 2013

EVO MORALES, “EL GRAN JEFE INDIO LATINOAMERICANO”, VA A POR MÁS


La elección de Bolivia hace pocos días en la ONU como presidenta del Grupo de los 77+China, constituyó otra contundente victoria internacional del presidente Evo Morales, además de un nuevo y categórico revés para la maltrecha oposición en esa nación sudamericana.
Con su modestia y sencillez características, el bautizado como “Gran Jefe Indio Latinoamericano” ha echado por tierra de igual manera los intentos fanáticos y desesperados de Estados Unidos de evitar que el mandatario de la Pachamama (madre tierra) se convierta en un líder regional y mundial, como ha ocurrido en la práctica.
Washington no ha podido frenar el prestigio ganado por el máximo dirigente del ejecutivo boliviano, ni siquiera con su plan macabro del secuestro del avión de Morales, ejecutado en julio pasado, con la complicidad de cuatro gobiernos europeos.
Lejos de conseguir su propósito de restarle protagonismo, el régimen norteamericano de Barack Obama ha recibido uno y otro guantazo del “Gran Jefe Indio de la Patria Grande”, como lo denominó su similar de Venezuela, Nicolás Maduro.
La más reciente bofetada recibida por Estados Unidos fue la determinación por aclamación en la Asamblea General de Naciones Unidas de que Bolivia presida a partir de enero de 2014 el Grupo de los 77+China, integrado por 133 naciones, dos tercios de los Estados miembros de la ONU.
La elección de la Pachamama al frente de esa importante agrupación de concertación internacional y que coordina programas de cooperación, ocurrió a pocos meses de las elecciones generales bolivianas, previstas para octubre venidero, lo que sin duda alguna se traduce en un nuevo espaldarazo a Morales de cara a los referidos comicios.
Por el contrario, para la dividida y desprestigiada oposición tradicional en Bolivia, alentada y financiada desde siempre por Washington, el porrazo no pudo ser más duro en momentos en que apresura su campaña difamatoria con vista a la consulta popular del próximo año.
En menos de dos años, Morales ha logrado relevantes triunfos en el escenario internacional no solo para su país, sino también para la unidad de América Latina, que lo han convertido en un indiscutible referente mundial.
Sobresalen entre las conquistas del gobernante boliviano, el reconocimiento del acullico (mascado de la hoja de coca), y el haber conseguido que la ONU nombrara a 2013 “Año Internacional de la Quinua”, el cereal oro de los Incas, y a él como su embajador.
Otro destacado éxito de Morales y su pueblo fue la admisión por el Tribunal Internacional de La Haya de la demanda marítima interpuesta contra Chile por el derecho soberano de Bolivia a tener su anhelada salida al mar.
Los acontecimientos hablan por sí solos, y auguran que con su humildad pero al mismo tiempo perseverancia el “Gran Jefe Indio Latinoamericano” está llamado a consolidarse como una de las principales figuras de la Patria Grande con reputación planetaria, al igual que otros de sus homólogos de nuestra región que han dicho basta y han echado a andar. (www.rebelion.org)





SI BRASIL REALMENTE QUIERE LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA, LO MEJOR QUE PUEDE HACER ES PRESCINDIR DE EVO MORALES.

Ucho Info de Brasil (www.ucho.info)
                                   
Vecino Problemático - Si el gobierno brasileño realmente quiere luchar contra la delincuencia en el país , lo mejor que puede hacer es prescindir de Evo Morales el tratamiento debido . Eso es porque la violencia está directamente relacionada con el tráfico de drogas. El más impresionante es que la producción de cocaína en Bolivia y la delincuencia en Brasil creció de forma simultánea, sin que las autoridades de la Casa Presidencial se había preocupado por el tema en algún momento.
Este detalle era poco de miedo , ya que Bolivia produce actualmente cerca de 300 toneladas de cocaína al año, el país vecino ha enviado representantes a Brasil que son malabaristas de poder, porque después de todo, llevar hábitos de equipaje en al menos sospechosos.
Si el Palacio de Planalto prefiere cerrar los ojos a la realidad de los hechos es el problema de la presidenta Dilma Rousseff , pero no se puede ignorar un hecho revelado hace meses por el periodista Leandro Mazzini . Una vez, en Brasilia una valija diplomática fue interceptado por la policía federal perros rastreadores en el aeropuerto Juscelino Kubitschek . La bolsa estaba identificado como el compañero de alcoba hijo del embajador de Bolivia en Brasil , Jerjes Justiniano Talavera, quien se vio obligado a ir al aeropuerto para poner paños calientes .
En el aeropuerto de la capital de Brasil , después de salir de la residencia oficial de la representación diplomática , Talavera dio el famoso " carteirada " en un intento de salvar el portador diplomática y sobre todo el contenido que el sospechoso fue capturado por los perros de la policía agudo sentido del olfato.
Más grave es la conexión más allá de la sospecha de otro niño de la misma embajador Jerjes Talavera . El niño actúa como abogado penalista Ozzie Dorado , hermano del líder del PCCh , Max Dorado Muñoz , detenido en 2010 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladado a las prisiones federales Catanduvas , Paraná .
El papel del abogado Justiniano Atala Jerjes , hijo del embajador de Bolivia , deja el cabello de pie a las autoridades policiales brasileñas , es evidente que el hecho de presentar la documentación ( no llegó a la corte para que la solicitud de extradición - que es impar) permitió que el criminal Ozzie Dorado fue puesto en libertad por el abogado boliviano " competente e influyente ", antes de ser extraditado a Brasil se consumó.
Pero no sólo la exportación de cocaína y diplomáticos problemática viva Bolivia . No podemos dejar de mencionar los documentos de fraude , celebrada en la Universidad Nacional de Ecología , cuya escuela médica fue en el centro de la controversia rumorosa . Poseído por el embajador boliviano Xerxes Talavera, incluso fuimos al aeropuerto para guardar la valija diplomática , a la universidad fue el destino de la operación de la Policía Federal de Brasil , que se identificaron una banda de delincuentes estafar entradas no entrenados en el "más médicos".
Como ustedes saben, hoy en día no es que hay quejas en contra de la Universidad de embajador de Bolivia , principalmente por no utilizar los mecanismos de control eficaces que garanticen mínimamente decente título universitario.
Sin embargo , debido a que el tipo de doble comportamiento del presidente Evo Morales , que hace mucho tiempo se convirtió en un rehén de los productores de coca y los traficantes bolivianos . Si el gobierno de Evo preguntó Marcel Biato ser retirado de la embajada de Brasil en La Paz, a ser hostil al gobierno local, el Palacio Presidencial debe utilizar la misma regla para requerir el reemplazo del Embajador Talavera Jerjes , que en gran medida es un pozo problemas . Su vínculos espurios , camuflado por las trampas de la diplomacia , no consistentes con el hecho de que Brasil es el mayor socio económico de Bolivia , con las importaciones de EE.UU. $ 6000 millones al año sólo para el gas boliviano . Si lo son los valores añadidos de la cocaína que llega a Brasil , esta cuenta se incrementa con facilidad. (Traducción Google)





LA OEA PLANTEA CUATRO ESCENARIOS FRENTE AL PROBLEMA DE LAS DROGAS

A pedido de los presidentes de la región, el organismo internacional desarrolló modelos de estudio frente a potenciales alternativas; la peor opción es retirarse del combate ante el avance del narcotráfico

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                                   
El problema del narcotráfico es una preocupación central en cada vez más gobiernos americanos. Atrás quedaron los años en que países productores de cocaína -Colombia, Perú y Bolivia- y el mayor consumidor -Estados Unidos- apoyaban la guerra contra las drogas en esos territorios.
Las rutas empezaron a ser el eslabón comercial más redituable. Y la lucha por ese control logístico aumentó la violencia en casi toda la región. Por eso los presidentes pidieron en 2012 que la Organización de Estados Americanos (OEA) estudiase alternativas. Los mandatarios recibieron en agosto pasado documentos de cuatro posibles escenarios, que fueron presentados públicamente anteayer en la OEA.
Los equipos técnicos de esa organización entrevistaron a 75 personas en el continente para, a partir de las opiniones especializadas en diferentes campos, poder trazar potenciales resultados de cuatro posibles decisiones: el aumento de la presión contra la oferta, la regulación o legalización directa de alguna droga, la toma de conciencia por parte de la sociedad o la ruptura del orden internacional por parte de uno o varios países que se retiren de la lucha en forma aislada.
En la Argentina fueron entrevistados Rafael Bielsa, ex canciller y secretario de la Sedronar hasta marzo de este año; el juez federal Sergio Torres; el académico Juan Tokatlian, y Gabriela Touze, directora de la Fundación Intercambios.
Durante su presentación realizada anteayer en Washington, Paul Simons, secretario de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (Cicad), aseguró que esos escenarios "no son necesariamente pronósticos ni futuros preferidos, sino futuros posibles".
Y agregó: "El primero se llama Juntos, enfocado en definir el problema de las drogas como un problema de inseguridad, de instituciones débiles, tanto de fuerzas de seguridad como judiciales. La idea es fortalecerlas con más cooperación interna e internacional".
En la segunda alternativa, conocida como Caminos, "la respuesta es empezar a probar diferentes regímenes regulatorios", explicó Simons, según consignó la agencia EFE.
El tercer escenario, denominado Resiliencia, apunta a la toma de compromiso de la sociedad civil que, en conjunto con administraciones municipales, apuesta a un cambio comunitario, a la tarea de prevención y promoción de valores de vida que cambiarían la forma de relacionarse de las sociedades con las drogas. Es el diseño más ideal y utópico.
En el escenario final, llamado Ruptura, se plantea el desafío a la comunidad internacional lanzado por alguna nación que desista unilateralmente de colaborar en la lucha contra las drogas. Para Simons, es la alternativa que debe evitarse "a toda costa".
Si bien el informe de la OEA señala que no se tomará preferencia por ninguno de los escenarios en procura de presentar en todos los casos sus oportunidades y peligros, en el escrito las conclusiones son mejores frente a la opción de reforzar la cooperación internacional y sostener la lucha contra las drogas con mayor empeño. Mediante reformas legales, asistencia en la preparación policial y apoyo entre los países, ese escenario visualiza que en 2025 el comercio de drogas seguirá vigente, pero las naciones habrán recuperado el control de sus territorios y los niveles de violencia serán menores.
Al mencionar la regulación de marihuana como alternativa se llega a una conclusión intermedia, con mejoras en el gasto público, pero con similares conflictos que los actuales por el tráfico de cocaína, que en ningún caso se espera legalizar.
Más allá del bien común proclamado por el tercer escenario, frente a la cuarta alternativa, el país aislado se convertiría en un narco-Estado y quedaría al borde de la guerra militar en la región.
La Aduana sumará más escáneres
El director de la AFIP, Ricardo Echegaray, recordó ayer que la mercadería que circula por los pasos "habilitados" de frontera están a cargo de la Aduana y que "fuera" de ellos, el control le corresponde a "la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval". Según informó la agencia DyN, también reiteró que "el año próximo está presupuestada la incorporación de 15 escáneres más para el control en las fronteras", dijo el funcionario en un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Fideicomisos. Respecto del control de narcotráfico en la frontera, Echegaray añadió: "En la actualidad tenemos 21 equipos y para fin de año vamos a tener 24 escáneres".
Las diferentes opciones
¿Cómo se entiende el problema de las drogas?
Seguridad
Es parte de un problema mayor de inseguridad pública, con instituciones débiles e incapaces de controlar las consecuencias del narcotráfico, como el crimen organizado, la violencia y corrupción
Regulación
El problema es que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas a través de sanciones penales (especialmente, arrestos y encarcelamiento) están causando demasiado daño
Sociedad
El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción
Ruptura
Los países donde se producen las drogas (especialmente, cocaína) y aquellos por donde se hace el tránsito del contrabando de los estupefacientes están pagando costos insoportables y injustos
La respuesta que se debe intentar dar
Seguridad
Fortalecer las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos y una cooperación internacional mejorada
Regulación
Probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con lo relacionado con la marihuana
Sociedad
Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud pública, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, empresas y organizaciones no gubernamentales
Ruptura
Algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra las drogas o llegan a aceptar la producción y el tránsito de estupefacientes por su territorio. Eso se debe revertir
Retos para la puesta en práctica de la respuesta
Seguridad
Mejor seguridad ciudadana y mayor credibilidad en las instituciones estatales, lo que respalda el incremento en la recaudación impositiva; además, esto promueve una renovada alianza hemisférica
Regulación
Desarrollo de mejores políticas de drogas mediante una experimentación rigurosa; los recursos para el control de drogas y de consumidores se reasignan para la prevención y el tratamiento
Sociedad
Comunidades más inclusivas, menos violentas y más sanas que asumen un rol activo en la lucha contra las drogas y el crimen
Ruptura
Reducción de la violencia; mayor atención a las prioridades domésticas sobre las internacionales; liberación de recursos que actualmente se invierten en seguridad y en la ejecución de la ley
Desafíos que presenta la opción de respuesta
Seguridad
La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses; una cooperación internacional dispersa y vacilante; actividades criminales que se desplazan hacia lugares con instituciones más débiles
Regulación
La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses; una cooperación internacional dispersa y vacilante; actividades criminales que se desplazan hacia lugares con instituciones más débiles
Sociedad
Recursos y capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y de ONG para abordar los problemas; demoras antes de que la respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas
Regulación
La reducción en la aplicación de la ley permite la expansión de los mercados y ganancias de las drogas; cooptación de estados por parte de bandas criminales; conflictos por la violación de tratados internacionales





LA DEA REDUCE A SÓLO UN AGENTE SU PRESENCIA EN LA ARGENTINA

El Clarin de Argentina (www.clarin.com/politica)
                                                               
La agencia antinarcóticos de EE.UU. (DEA) redujo su personal en la Argentina a un solo agente porque el “ministerio de Seguridad de la Nación desalienta ” las planes de cooperación con las policías provinciales fundamentalmente del NOA, revelaron a Clarín fuentes diplomáticas.
Hasta unos meses eran tres los agentes de la DEA en Argentina. Incluso antes del incidente del avión militar norteamericano del 2011 que fue requisado por el canciller Héctor Timerman, esa agencia tenía una oficina en Buenos Aires y otra en Salta. La limitación de la tarea de la principal fuerza antinarcóticos del mundo en intercambio de información, planes de capacitación y equipos, coincide con el último informe del departamento de Estado según el cual la falta de cooperación internacional “erosionó” la capacidad de interdicción de drogas de las fuerzas de seguridad nacionales.
El personal, los planes y el presupuesto destinado para la Argentina será redirigido a otros países de América del Sur de continuar esta situación, explicaron las fuentes.
Las restricciones a la DEA se conocen luego de que la Corte reclamó al Gobierno medidas urgentes para combatir el narcotráfico como la designación de más jueces y la construcción de cárceles y alcaidías, entre otras medidas.
Luego de la resolución de la Corte, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, dijo que el Gobierno hace “grandes esfuerzos” para combatir a los narcos pero puede ser que “no alcanza” (Ver página 7). Todo el Gobierno buscó ayer mostrarse activo con el tema. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, inspeccionó, por ejemplo, un radar del operativo “Escudo Norte” en Santiago del Estero contra los vuelos ilegales. Sin embargo, la oposición salió a criticar duro a la política K contra el narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, diputado nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy), lamentó que los legisladores oficialistas no hubieran dado quórum para la reunión del cuerpo que había sido convocada para ayer, donde se abordaría la convocatoria para la realización de una Audiencia Pública sobre el tema narcotráfico.
La cooperación entre el ministerio de Seguridad y la DEA estuvo suspendida un año por la crisis que provocó el canciller cuando en febrero del 2011 revisó la incautación de la carga de un avión militar de EE.UU. que había llegado con personal policial para entrenar a las fuerzas especiales de la Policía Federal. La requisa incluyó la valija con los códigos secretos de las comunicaciones de emergencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. La suspensión incluyó incluso la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional.
En junio del 2012, la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, reanudó la cooperación con la DEA pero a un nivel de operaciones limitadas, a pesar del incremento del desplazamiento de narcos colombianos y mexicanos hacia el país y de más contrabando de cocaína de Bolivia y marihuana desde Paraguay.
El informe del departamento de Estado difundido en febrero pasado, se señaló que la designación de Sergio Berni como viceministro de Seguridad en marzo del 2012 facilitó “una mayor cooperación” bilateral. En respuesta a pedidos de esa cartera, “los EE.UU. reanudaron el intercambio de información y ofrecen un número limitado de capacitación antinarcóticos y seminarios”. Pero “el ministerio de Seguridad de la Nación sigue desalentando la cooperación con los EE.UU. de las fuerzas de seguridad provinciales lo que limita los esfuerzos para mejorar las capacidades de lucha contra el narcotráfico provinciales”.
El informe de EE.UU. concluyó que el “lento” proceso de las reformas operacionales y reasignación de recursos nacionales, “junto con la reducción de la cooperación antinarcóticos con EE.UU. probablemente erosionó las capacidades de interdicción de droga de Argentina en el 2012” (Ver cifras).






La Iglesia señala que la situación se ha desbordado por la corrupción política. La Corte Suprema exige al Gobierno de Fernández medidas urgentes en la lucha contra la droga.

El País de España (www.internacional.elpais.com)
                                                             
El Episcopado argentino publicó el viernes pasado un inaudito documento en el que solicitaba medidas urgentes contra el narcotráfico. El informe advierte de que Argentina “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”, muestra la “preocupación” por la “desprotección” de las fronteras, y “por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables”. Y lamenta que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas contra las drogas (Sedromar) “lleve tantos meses sin tener su responsable designado”.
Los obispos no se han quedado con pelos en la lengua: “Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”, señala el documento. Y más aún: “La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. Pero también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y ‘mira para otro lado”.
Grupos extranjeros
El gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, declaró que compartía la preocupación de la Iglesia. Más tarde, la Corte Suprema pidió al Gobierno medidas urgentes contra el narcotráfico. Una vez estudiados los informes presentados por los jueces de las provincias norteñas de Salta, Jujuy y Tucumán, donde se describe la “instalación de grupos extranjeros de gran magnitud”, la Corte reclama mayores medios para esas provincias, cuyos juzgados se encuentran desbordados por causas relacionadas con la droga.
Si antes era la presidenta, Cristina Fernández, quien echaba el problema sobre una justicia que permitía a los delincuentes entrar por una puerta y salir por la otra, ahora son los siete jueces de la Corte Suprema quienes señalan con el dedo al Gobierno. El responsable de Seguridad, Sergio Berni, admite que “la lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado”.
Hace tiempo que las mafias del narcotráfico comenzaron a corroer la estructura de un Estado. En abril del año pasado un sicario montado en moto siguió a un ciudadano de Colombia por uno de los barrios más adinerados de Buenos Aires y lo mató en plena calle, a las siete de la tarde, con tres balazos en la espalda y dos en la cabeza. Los periódicos hablaron de ajustes de cuenta entre narcos colombianos y el tema no salió de las páginas de sucesos. En octubre de 2012 fue detenido en Buenos Aires, Henry de Jesús López Londoño, uno de los mayores capos de Colombia. En abril de este año apareció en Buenos Aires otro colombiano asesinado con un tiro en la espalda, maniatado y dentro de una bolsa de basura.
En abril de 2012 renunciaba el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, por supuesta complicidad con el narcotráfico. El problema de las mafias infiltradas en las estructuras policiales parecía limitarse a Santa Fe. Pero al año siguiente, el pasado septiembre, presentaron su dimisión el ministro de Seguridad y el jefe de policías de la provincia de Córdoba, acusados también de complicidad con los narcos.
El pasado 13 de octubre, en plena campaña por las elecciones legislativas del 27 de octubre, cuatro hombres montados en dos motos dispararon 13 balazos contra la vivienda del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
Pero la mancha del narco no se detuvo en Córdoba y Santa Fe. El pasado 30 de octubre, los vecinos del municipio bonaerense de José León Suárez quemaron la comisaría del distrito después de que fuera asesinado en un tiroteo entre bandas de narcotraficantes un joven de 14 años. Los vecinos acusaban a la policía de connivencia con las mafias. Cada vez se va usando más el término de “narcopolicías”.





LOS SENADORES POR SALTA, EN ALERTA POR EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
                                      
Solo 24 horas después de que la Corte Suprema de la Nación haga una dura advertencia al Ejecutivo por el avance del narcotráfico en la frontera norte, los tres senadores nacionales por Salta salieron hoy a pedir acciones urgentes para frenar este flagelo, a denunciar la inacción estatal sobre el tema y a cuestionar las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había dicho ayer que las fronteras estaban “bien cuidadas”.
En diálogo con El Tribuno desde el Senado nacional, Juan Carlos Romero –quien hoy presentará junto a Sonia Escudero un pedido de informes sobre el control de los automóviles en el límite con Bolivia- sostuvo que “la frontera es una peatonal para el narcotráfico”. “No se puede aceptar que el secretario de Seguridad, que la vez pasada no se animó a caminar (la frontera) sino a sobrevolarla, diga que las fronteras están bien cuidadas. Es parte de un relato engañoso”, agregó el reelecto senador, quien denunció un “abandono de la Nación y la Provincia de Salta”.
En sintonía con esas declaraciones, la legisladora Sonia Escudero aseguró en Buenos Aires a este medio que los dichos de Berni fueron “una bofetada a todas las personas que desde hace tiempo estamos preocupadas por este desinterés marcado del Poder Ejecutivo Nacional”. La senadora nacional indicó que “hace dos años pedimos que en Salta se instale el juzgado federal de Tartagal y no se ha avanzado en el tema”. Y agregó: “Donde hay una ausencia del Estado nacional alguien ocupa ese espacio”.
Por su parte, el senador nacional por el Partido Renovador, Juan Agustín Pérez Alsina, también fue muy crítico de la situación actual. “No hay una política global contra el narcotráfico. No existe una política concreta sino esporádica. Acá le está faltando gestión no solo a la Nación sino también a la Provincia, teniendo en cuenta que Salta es un lugar de frontera”, afirmó el legislador ante una consulta de El Tribuno. Pérez Alsina dijo que “el retiro de los gendarmes a la Provincia de Buenos Aires por supuesto que afecta: hoy la Argentina debería tener una frontera mucho más segura porque después es mucho más difícil frenar el tema dentro del territorio”.





EN LA PROVINCIA, LOS NARCOS QUEDAN IMPUNES

Hoy de Argentina (www.diariohoy.net/politica)
                                                     
El desenfrenado avance del narcotráfico en la Argentina, llevó a que dos de las instituciones más importantes del país, como la Iglesia Católica y la Corte Suprema de Justicia, realizarán severos llamados de atención a un gobierno que sigue mirando para otro lado, ya sea por la clara impericia que manifiesta para encarar la problemática o por los oscuros intereses enquistados en el seno de la gestión K.
Uno de los factores que contribuyen a que los carteles de la droga se hayan instalado en la Argentina es que, en nuestro país, tienen una marcada impunidad para desarrollar sus actividades. Una clara muestra de ello que es que el accionar judicial, contra este negocio ilegal y sangriento, es cada vez más reducido. 
Los números hablan por si solos. Según las últimas estadísticas disponibles de la Justicia Bonaerense, a las que tuvo acceso nuestro diario, en 2012 se 
realizaron 32.109 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) por violación a ley de Estupefacientes, mientras que en 2011 se habían instruido unas 40.482.  Es decir, en un año, hubo una reducción de 8373 procesos judiciales. 
Algún despistado puede pensar que esto significa que hay menor una presencia del narcotráfico en el interior bonaerense. La realidad, indica, todo lo contrario. Lo que está ocurriendo  es que hay numerosos juzgados que están vacantes (ver aparte), y ello lleva a que no se pueda avanzar con las investigaciones. Pero lo más grave es que lo que se está registrando también es producto de un sistema, diseñado para garantizar la impunidad, que fue orquestado por el kirchnerismo con la denominada Ley de Desfederalización de aquellos delitos relacionados con estupefacientes.
Esta norma, sancionada por el congreso nacional en 2005, a la que adhirió la Provincia durante el gobierno de Felipe Solá, significó las trasferencias de las causas relacionadas con el narcotráfico, consideradas menores, como la comercialización al menudeo.  Supuestamente, la fabricación o la distribución a gran escala de drogas siguieron siendo de competencia federal.
Ahora bien, la trampa de la ley es que es que no establece ningún parámetro para decidir a partir de qué cantidad de droga se debe considerar que se está en un caso de comercialización o de tenencia. Esta indefinición juega un papel muy importante a la hora de determinar si tiene o no que ser competencia de la Justicia Federal o local.
Analicemos, por ejemplo, el caso hipotético de que se secuestra una cantidad de droga exigua. Comienza la investigación y a partir de la confesión del propio detenido, se llega al vendedor, a partir del cual se encuentra una red de narcotraficantes. El juez local puede, entonces, declararse incompetente, por lo que la causa tendría que pasar a la justicia federal. ¿Pero qué pasa si el juez federal expresa que para él tampoco es un supuesto de narcotráfico y rechaza la competencia? La discusión de la competencia debe pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia, donde pasarán años hasta que se dilucide la cuestión.
Los resultados, entonces, están a la vista y por eso prácticamente no se realizan juicios orales contra narcotraficantes. A lo sumo, solamente, queda algún que otro perejil tras las rejas, ningún pez gordo. 
El Departamento Judicial de La Plata es una clara muestra de ello. Concretamente, en el año 2012, se instruyeron 1777 instrucciones penales preparatorias por violación a la Ley de Estupefacientes, que representa tan sólo el 3,31% de todos los procesos penales. Ahora bien, del total de causas relacionadas con drogas, tal solo unas pocas, a lo sumo una decena, llegarán con suerte a juicio (hace algunos meses, un magistrado le confió a Hoy que en su tribunal, en todo un año, se hizo apenas un juicio contra un vendedor de drogas). Es tal el desinterés, que en la Justicia Penal platense ni siquiera existe una ayudantía fiscal especializada en este tipo de ilícitos.
Lo perverso de este sistema lleva a que no se realicen investigaciones serias, que apunten a combatir el flagelo de raíz, mientras que la enorme mayoría de los procesos que se inician al poco tiempo terminan quedando en la nebulosa judicial, en el limbo de los planteos de competencia, que llevarán a que los narcos atrapados nunca sean castigados. Y los mercaderes de la muerte va­yan copando cada vez más territorios. 
“La situación no da para más”
El juez federal de Salta Miguel Medina alertó ayer que la situación en el norte del país para la lucha contra el narcotráfico "no" da para "más" porque las "estructuras son muy escasas, y sostuvo que "es una leyenda urbana" cuando se dice que Argentina es un país de tránsito de droga, ya que "hay cada vez más consumidores".
De esta manera, Medina se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ayer le pidió al Gobierno nacional y al Consejo de la Magistratura que "arbitren de modo urgente" las sugerencias realizadas por jueces federales para luchar contra el narcotráfico.
"Lo de la Corte lo recibo positivamente como un aporte muy importante para que entre todos podamos encontrar soluciones a este gravísimo problema que tenemos en el norte", respecto al tráfico de drogas, destacó el magistrado.
Medina detalló: "Acá en el norte estamos en el mínimo de las posibilidades, de 0 a 10, estaríamos en 4,5 o 5 puntos como máximo. No podemos más, porque nuestras capacidades son muy escasas y nuestra capacidad de detenidos es peor todavía".
Al respecto, Medina comentó que el caso más grave se da en el juzgado federal de la ciudad salteña de Orán, ubicada en la zona fronteriza."Está absolutamente desbordado, tiene una incapacidad de personal crónico, dificultades edilicias y logísticas para trabajar dignamente y también existe el problema de alojamiento de detenidos", remarcó Medina respecto al juzgado de Orán.
"La pasta base se la importa vía Bolivia y la marihuana desde Paraguay, y si bien acá no se produce la droga, va aumentando el consumo", añadió Medina.
El juez advirtió que "la ilegalidad se va haciendo una regla y  cada vez tiende a crecer un poco más".





EN APENAS SIETE AÑOS AUMENTARON UN 84% LAS CAUSAS POR DROGAS EN SALTA Y JUJUY

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

Gran repercusión tuvo el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del martes al Gobierno, en el que todos los integrantes del máximo tribunal exigieron “medidas urgentes contra el narcotráfico en el NOA”. Los jueces de la Corte llegaron a esa conclusión después de estudiar los informes elaborados por actores de la Justicia en el norte argentino. El Tribuno tuvo acceso al documento sobre el narcotráfico que alarmó a los jueces de la Corte, que entre otras cosas señala que “el crecimiento de la actividad (tráfico de estupefacientes) en esta jurisdicción merece una atención distinta a la de otras del país”. Según el documento,la preocupación está en “evitar perder el control estatal sobre las situaciones que acucian a la sociedad”. Es decir, el tráfico de drogas creció en el norte y los jueces tienen miedo de que el Estado termine sin poder controlar la situación. Para que esto no suceda, la Justicia en el NOA pidió acciones inmediatas a la Corte Suprema, que le reclamó al Gobierno actuar urgentemente.
Es que la Justicia Federal de Salta y Jujuy recibió más de 19.000 causas el año pasado, un 101% más que en 2005. Desde ese año creció un 84 por ciento la cantidad de casos vinculados al narcotráfico que deben resolver los jueces. Los datos forman parte del contundente informe que mandó la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema para reclamar más recursos y prevención.
La Cámara Federal es el tercer tribunal del interior que más expedientes penales recibe por año según revela el documento, que expone la realidad de un sistema judicial y carcelario desbordado por el avance del delito organizado.
En los últimos años no solo aumentaron las causas de narcotráfico. También se duplicó el total de casos que ingresan a los juzgados por hechos que pueden estar relacionados con el crecimiento de la violencia en la región.
El texto que se envió a la Corte Suprema remarca la desprotección de los límites con Bolivia. “En el caso de nuestra jurisdicción NOA, su extensa frontera es la gran puerta de entrada para la gran mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas) que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país”, advierte el informe.
Los jueces de la Cámara Federal piden que se cree un “gabinete criminológico para el seguimiento, control y verificación en los casos de narcotráfico y trata de personas”. También demandan abrir dos centros de internación para personas con adicción.
“El incremento y diversidad de fuerzas que actúen correlacionadamente darían mayor presencia federal, control y seguridad en el área, además de prevenir los conflictos que se avizoran a corto plazo, ante la presencia de miles de personas que se están radicando en la zona, dedicadas al tráfico de estupefacientes”, dice el texto firmado por Jorge Luis Villada y Roberto Loutaif Ranea, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones.
De acuerdo a datos que pudo confirmar El Tribuno, solo el Juzgado Federal de Orán tenía hasta junio 6.755 procesos penales en trámite. Actualmente hay 280 presos a disposición de ese juzgado en comisarías. Otras 200 personas permanecen detenidas por causas que se tramitan en los dos juzgados federales de Salta.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta está compuesta por una única sala de tres jueces, mientras otras tienen dos salas, pese a que es una de los que más investigaciones abiertas tiene. En ese contexto surgió el pedido que alarmó a la Corte Suprema.
Lo que exige la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió el martes de manera oficial al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten medidas “urgentes” para combatir el narcotráfico en el norte del país.
El máximo tribunal reclamó que arbitren de inmediato las medidas sugeridas por jueces federales de Salta, Tucumán y Jujuy debido a “la grave problemática” que denuncian vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en la zona.
Ya el pasado 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación para solicitarles que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, “sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”, informó el máximo tribunal.
Momentos antes del alarmante llamado de la Corte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, había defendido en los medios nacionales las políticas del Gobierno en la lucha contra al narcotráfico.
“Las fronteras están bien cuidadas... El combate contra el narcotráfico es activo, bastante eficiente y frontal”, había declarado Berni antes de que se conociera el duro informe de la Corte Suprema.
Si el secretario estuviera en lo cierto, entonces la Argentina no sería, según la ONU, el tercer puerto proveedor de cocaína desde 2013.
El reclamo
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta recordó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la instalación de siete radares de fabricación nacional y la remodelación de otros 20 radares civiles en 2011.
“Resulta conveniente la pronta y total implementación de estas acciones anunciadas, en una frontera que está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía”, señala el informe que redactó el Tribunal. También se solicita un escáner para cada paso fronterizo.
Los pedidos
Los jueces federales de Salta demandaron mayor presencia de los organismos de control en la región. El texto que remitieron a la Corte Suprema pide: “Gestionar ante otros organismos nacionales la reinstalación (Policía Federal Argentina) o bien la instalación (Policía de Seguridad Aeroportuaria) de destacamentos en las ciudades de Salvador Mazza, General Mosconi, Orán y Tartagal”. También requiere más personal de AFIP, DGI y Migraciones en la zona de frontera.
Más edificios
El informe que envió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema pide más infraestructura. “Se sugiere la construcción de un edificio federal único en Jujuy en los terrenos que ya acordaron el Consejo de la Magistratura y el Superior Gobierno de la Provincia de Jujuy. También la eventual construcción de un edificio federal único en Salta Capital para los tres juzgados federales, dos tribunales orales, dos salas de cámara, la alcaidía y archivo en general (en las proximidades del Estadio Delmi)”, dice el documento.
Sin recursos, ante millones del narco
“Los narcos andan en un Audi o en un Mercedes Benz con una velocidad de 240 kilómetros por hora y los están corriendo con una camioneta F100 que va a 120, como mucho”. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, describió, de esa forma, el déficit de recursos de las fuerzas de seguridad para combatir a grupos organizados, que mueven millones de dólares.
El magistrado no solo apuntó a la radarización y a poner en marcha el Escudo Norte, sino a la postergada necesidad de crear el juzgado de Tartagal, el Tribunal Oral II en Salta y la Segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones. Entre las urgencias, incluyó una alcaidía y una cárcel cercana a la frontera.
Villada precisó que en Salta hay solo 120 miembros de la Policía Federal y 70 en Jujuy. “Necesitas entre 40 o 50 efectivos para cada juzgado”. Como estrategia para frenar el narcotráfico, consideró que más cuerpos judiciales “respaldarán el accionar de las fuerzas de seguridad”.
Teniendo en cuenta los vínculos culturales y comerciales entre Salta y Bolivia, Villada instó a las autoridades de los dos países a desarrollar un plan integral contra el delito. Agregó que entre 2005 y 2012 las causas por narcotráfico crecieron un 84%.
Juzgados y cárceles, desbordados
El juez federal Miguel Medina remarcó ayer que la lucha contra el narcotráfico reclama “más recursos, estructuras y presencia de fuerzas de seguridad” en el norte del país. Tras insistir en que los juzgados federales de Salta y Jujuy “están abarrotados” de causas relacionadas con el tráfico de drogas, el magistrado hizo votos para que el nuevo llamamiento de la Corte Suprema sea atendido con las medidas urgentes que se piden con insistencia.
Medina hizo notar que también el sistema carcelario de la región “está desbordado” en su capacidad.
El juez federal 2 de Salta advirtió que la situación de Orán supera todo lo imaginable por su cercanía con la frontera. Pese a todas las dificultades y limitaciones, el Juzgado Federal a cargo del doctor Raúl Reynoso cumple una tarea formidable, subrayó Medina, tras señalar que, a junio de 2013, se tramitaban 6.755 causas penales en el juzgado norteño, que estos días tiene 280 detenidos alojados en comisarías y otras dependencias inadecuadas.
La cifra es más que significativa, si se considera que los dos juzgados federales de Salta tienen alrededor de 200 personas detenidas en causas vinculadas con el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos de frontera.
Solo 4 agentes para inteligencia
“La dotación de la Dirección de la Policía Federal dedicada a hacer inteligencia en caso de drogas y crimen organizado solo tiene cuatro agentes, lo que obliga a los jueces a requerir la colaboración de la Policía provincial”, advirtieron los jueces federales tucumanos Daniel Bejas y Fernando Poviña, en el reporte que elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de octubre.
En ese informe, con el que acompañaron la presentación que realizara al máximo tribunal del país la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los magistrados de la vecina provincia insistieron en la importancia de poner en funcionamiento un tercer juzgado, recientemente aprobado por una ley, para agilizar las causas abiertas en esa jurisdicción . En igual sentido, los jueces Bejas y Poviña consideraron indispensable la incorporación de personal para las tareas administrativas, atento al crecimiento de los delitos federales.
Los jueces federales de Tucumán, asimismo, sugirieron como prioritaria la construcción de una unidad penitenciaria nacional. Resaltaron, al respecto, que las unidades penitenciarias más cercanas se encuentran en Pintos (Santiago del Estero) y General Gemes (Salta). Esto obliga, también en esa jurisdicción, a alojar presos federales en centros de detención provincial.





EL 42% DE LA COCA BOLIVIANA SE TRANSFORMA EN COCAÍNA

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

Mientras en la Argentina crece el debate por la lucha contra el narcotráfico, ayer se supo que en la vecina república de Bolivia el consumo lícito de las hojas de coca requiere de 14.705 hectáreas, lo que representa el 58% de lo que se cultiva en el país, según estudios presentados ayer por el Gobierno y cuya difusión había reclamado la Unión Europea (UE).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó un conjunto de estudios en una conferencia de prensa tras haberlos hecho conocer el martes a la noche al presidente Evo Morales y a los sindicatos productores de coca del país en una reunión en el Palacio de Gobierno.
Según las investigaciones, el consumo de la planta en hogares, establecimientos económicos y el comercio fronterizo requiere de 14.705 hectáreas de cultivos para atender una demanda lícita de 20.690 toneladas por año.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó este año que Bolivia tenía 25.300 hectáreas de coca en 2012, con una producción de alrededor 45.000 toneladas anuales. Esa superficie en suelo boliviano equivale al 17,7% del área cultivada en los tres países andinos (Bolivia, Perú y Colombia), los mayores productores de coca y cocaína.
Aunque la producción de coca disminuyó en los últimos años y aumentó la confiscación de cocaína, el Gobierno afronta un creciente narcotráfico, según diversos estudios.
La ley de sustancias controladas de Bolivia solo permite 12.000 hectáreas para usos lícitos, principalmente para respetar el hábito de masticación de la planta (pijcheo o acullicu) practicado por los indígenas, campesinos, mineros y transportistas.
Según el estudio presentado por Romero, la población calculada de bolivianos que requiere coca para usos legales es de poco más de tres millones de personas. Es decir que tres de cada diez bolivianos le dan un uso tradicional y habitual lícito al arbusto: mastican hojas secas de coca, toman infusiones o la usan en medicinas caseras y prácticas culturales.
La UE entregó al Gobierno de Bolivia un aporte de 900.000 euros para la realización de ocho estudios que fueron concluidos en 2010, pero que nunca se difundieron, pese a los reclamos europeos.
El Gobierno argumentó que esos estudios debían ser complementados por otros cuatro para tener un panorama integral.
En este país hay cultivos legales para atender la tradición del “acullicu”, usos medicinales e industriales, pero también hay otros desviados a la fabricación de la cocaína.
El representante de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, ha señalado ya que los estudios son “imprescindibles” para analizar las estrategias del Gobierno y de la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico en el territorio boliviano.
Pese a su condición de mandatario del país, Morales mantiene desde 1996 el cargo de presidente de la federación de cocaleros de la región del Chapare (centro del país), aunque varias veces ha explicado que en la actualidad se trata de una designación simbólica.
El mandatario impulsó una campaña internacional que no encontró apoyo para que las Naciones Unidas retiraran de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 la prohibición de masticar coca. Tampoco avanzó en la industrialización de la planta.
Los cocaleros han pedido varias veces a Morales que el límite legal de las plantaciones de coca se incremente de 12.000 a 20.000 hectáreas, para lo que sería necesario una modificación de la ley de sustancias controladas.





BOLIVIA CULTIVA MUCHA MÁS COCA DE LA QUE CONSUME: UE

Milenio de México (www.milenio.com)

Un estudio sobre el uso de la coca en Bolivia difundido hoy  concluye que el país necesitaría no más de 14,705 hectáreas para abastecer el consumo legal de la hoja de la planta, aunque los cultivos superan las 25 mil hectáreas, excedente que se presume utiliza el narcotráfico. El Estudio Integral sobre Consumo de Hoja de Coca, financiado por la Unión Europea (UE), refleja que en Bolivia existe una demanda anual de 20,690 toneladas para la comercialización y distintos usos legales.
"Aplicando la fórmula econométrica de rendimiento de 1.407 toneladas por hectárea por año, nos da una superficie proyectada de 14.705 hectáreas, como una cifra que nos da una referencia acerca de la superficie necesaria para el consumo tradicional", dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa.
Según la oficina de control de drogas de la ONU, en Bolivia hay 25,300 hectáreas plantadas de hoja de coca, lo que reflejaría un excedente de más de diez mil hectáreas ilegales, que se presume destinados a la fabricación de cocaína y sujetas a erradicación por parte de los programas que lleva adelante el gobierno boliviano.
El gobierno boliviano entregó el informe de manera reservada la noche del martes a dirigentes de la región de Yungas --en las estribaciones cordilleranas en el departamento de La Paz-- y Chapare --en los valles de Cochabamba (centro)-- que concentran más del 95% de los cultivos de coca existentes. El ministro Romero señaló que tras conocerse el informe, el Poder Ejecutivo boliviano "tomará decisiones políticas" sobre los cultivos, aunque aclaró que el estudio "no es vinculante".
Una ley de la década de 1980 establece que se consideran cultivos legales los existentes hasta un límite de doce mil hectáreas. El gobierno de Evo Morales abrió varias veces la posibilidad de llevar ese límite a un máximo de 20 mil hectáreas, como piden los cocaleros. Morales se formó políticamente como dirigente de los cocaleros y ejerce aún el cargo de "presidente" de las seis federaciones del sector.
El dirigente de Chapare (centro) y senador Julio Salazar aclaró tras recibir el reporte que "hay que seguir haciendo estudios, por ejemplo en temas de exportación e industrialización y ver qué derivados exportamos". Bolivia busca mercados externos para la coca, como por ejemplo los países del ALBA, y emprende la construcción de fábricas para industrializar la coca con fines legales, principalmente para infusión.
"En cifras globales, la encuesta determinó que al menos tres de cada diez bolivianos y bolivianas consume hoja de coca de manera habitual y tradicional", señala el informe del Ministerio de Gobierno (Interior) entregado a la AFP. "La población estimada de consumidores para el año 2012 es de 3'082,464" personas, de un total de 10'027,000 habitantes en Bolivia, de acuerdo con datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas.
El informe fue realizado por consultores contratados por el gubernamental Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, una instancia que agrupa a varios ministerios, con financiamiento de 1.5 millones de dólares de la UE. Bolivia permite el consumo legal de la hoja de coca para infusión, mascado y rituales religiosos y lleva adelante iniciativas para evitar que el plantío sea destinado a la fabricación de cocaína.
Los programas de erradicación de los cultivos de coca considerados para destino del narcotráfico han tenido pocos resultados desde la década de 1980, pues los campesinos cambian de zonas y siguen sembrando la planta en otros sitios. Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Perú y Colombia, según la ONU.





SFEIR Y CONTROLES FRONTERIZOS PERÚ-CHILE-BOLIVIA: "ESTOY DE ACUERDO CON AUMENTAR LA EFICIENCIA"
                                                                          
Alfredo Sfeir, candidato presidencial del Partido Ecologista Verde, no descartó que en su gobierno sea posible unificar tramitación en las fronteras que colinda Arica y Parinacota.

El Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl)

En la recta final de las elecciones presidenciales, conversamos con Alfredo Sfeir Younis (@Sfeir2014)  sobre integración territorial, además calificó al 2013 como el "año de la ciudadanía", donde Arica y Parinacota ha sido protagonista en las movilizaciones en defensa del medioambiente. 
En su eventual gobierno ¿sería partidario de unificar los controles fronterizos de Chacalluta, Perú, y  Chungará, Bolivia?
"Es importante estabecer la pregunta en el contexto de la integración territorial y la importancia de entender que sobre esta zona esta la soberanía territorial. Esto demanda una serie de temas. Tiene que ver con el uso de los recursos, con la integracion del capital humano, migración.
(...) Naturalmente todo lo que aumente la eficiencia tiene que ir con la seguridad y también con políticas mutuas, estoy de acuerdo con aumentar la eficiencia de los puntos fronterizos que tiene que ir acompañado de políticas migratorias". 
Arica y Parinacota es una de las regiones con mayor cantidad de candidatos inscritos para la elección de Consejer@s regionales, ¿usted cree que se debe a una excesiva vocación de servicio público, consecuencia de la crisis política local o interés de los partidos “controlar” el financiamiento regional? 
"Me llamo la atención que hubieran tantos candidados en la papeleta, yo diria que naturalmente debe haber un impacto de la desconfianza que crean los gobierno locales. Nosotros pensamos que es esencial fortalecer los procesos democráticos, y los consejeros regionales son parte de eso.
Es muy impresionante preguntarle a la gente en Arica cuáles son sus problemas y coinciden la contaminación del agua, del aire, transgénicos, vivienda social. Este año lo llamaría "el año de la ciudadanía" en que aparece la ciudadanía activa.
Los Cores que sean electos realmente que sean los mejores para dar solución a los grandes temas de arica, una vez que se resuelva lo de La Haya, Arica y Parinacota jugaran un papel extraordinariamente importante (...) Sobre los hombros de ustedes está la soberanía territorial".





BOLIVIA ACERCA RELACIONES CON PARÍS
                                                                                                                                      
El ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, se reunió el miércoles con su homólogo francés, Laurent Fabius, para perfilar futuros acuerdos y estrechar las relaciones bilaterales, tras la polémica desatada en julio por la denegación del tránsito aéreo al avión del presidente de Bolivia, Evo Morales.

La Voz de Rusia (www.spanish.ruvr.ru/news)
                                                     
El incidente se produjo el 2 de julio, cuando el avión de Morales, procedente de Moscú, tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Viena después de que Portugal, Francia e Italia le impidieran aterrizar o sobrevolar sus territorios, ante la sospecha de que pudiera transportar a bordo al ex analista de la CIA Edward Snowden, buscado por EEUU. 
"Francia y Bolivia queremos construir buenas relaciones, trabajar para que podamos ser socios. Eso es de lo que hemos conversado", dijo el canciller en un breve encuentro con la prensa en la embajada boliviana. 
Choquehuanca recordó que Morales ya había subrayado que "no es bueno abrigar odios ni rencores", y subrayó que su reunión con Fabius, en la que dijo haber encontrado "comprensión, voluntad de diálogo, de ser verdaderos socios", tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales. 
Esta cita sucede a la visita a Francia de Morales los pasados 12 y 13 de marzo y a la reunión que mantuvo con el presidente francés, François Hollande, el 24 de septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 
"Es bien importante para nosotros la recuperación de nuestros códigos, valores y principios, y uno de los que tenemos (...) es el que siempre tenemos que dialogar, comunicarnos, porque todos los humanos somos hermanos", indicó en la capital de Francia. 
Choquehuanca, que llegó ayer a París y volverá mañana a La Paz, detalló que durante la reunión se abordó la manera de cooperar en materia de formación, energía, aeronáutica, turismo y lucha conjunta contra el crimen organizado. 
"Queremos que profesionales bolivianos vengan a Francia a especializarse en diferentes temas", afirmó el ministro, precisando que en el primer trimestre del próximo año se identificarán las acciones concretas en las que se va a trabajar. 
Bolivia, según recalcó, es un país "altamente rico en recursos naturales" y tiene un potencial "enorme" en los campos citados, pero está empezando a industrializarse y necesita recursos humanos "altamente cualificados" para llevar adelante los proyectos. 
Choquehuanca se mostró satisfecho de haber encontrado en París la voluntad de trabajar "como socios, como hermanos", y quiso dejar claro que las buenas relaciones con Francia no son excluyentes, porque Bolivia aspira a construir "buenas relaciones con todos los países del mundo".





PARLAMENTO ANDINO ORGANIZA FORO SOBRE FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINA

RPP de Perú (www.rpp.com.pe)
                                         
El despacho de la parlamentaria andina, Hilaria Supa Huamán, organiza para este jueves 14 de noviembre el  “Foro  Feminicidio: Aportes para una estrategia regional”. Contará con la participación de las parlamentarias andinas, representantes del Ministerio  de la Mujer y expertas de la sociedad civil.
El evento busca elaborar una estrategia común en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El foro se realizará en el local de la Comunidad Andina (CAN) de nueve de la mañana a la una de la tarde.
Por Bolivia, asistirán la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Asunta Tejada;  la diputadas Marianela Paco; entre otras. Por Ecuador, estarán las parlamentarias andinas Silvia Salgado  y Cecilia Castro; y por Colombia, la parlamentaria andina Gloria Flórez.
Como representantes de la sociedad civil, participarán como expositoras Giña Yañez, especialista en derechos de la mujer quien abordará el tema “La ruta crítica del feminicidio”.
Asimismo, se presentará Silvia Toledo, de Amnistía Internacional para disertar sobre la experiencia de la campaña “Ni una muerte más”. Por último, Liz Meléndez,  del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

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