Thursday, March 27, 2014

BOLIVIA REFUERZA LA DIPLOMACIA DEL MAR CON CAMBIOS EN CHILE Y PERÚ

Con el cambio de guardia en las legaciones bolivianas en Chile y Perú, además del próximo nombramiento de un embajador itinerante, el Gobierno refuerza su estrategia diplomática para promover la reintegración marítima.
El presidente Evo Morales decidió ayer en la reunión de gabinete cambiar al general Hugo de la Fuente, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por la historiadora y docente emérita de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Magdalena Cajías de la Vega, quien ya fue ministra de Educación (2007-2008).
Morales, en una declaración de prensa efectuada en el Palacio Quemado, afirmó que se trata de “reforzar el servicio exterior” y anticipó que similar criterio se aplicará en la Embajada de Bolivia en Perú, actualmente dirigida por Jorge Ledesma, dirigente del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). “Oportunamente comunicaremos (el nombre del nuevo embajador)”, afirmó Morales.
“Además, hemos decidido que habrá un embajador itinerante con el tema del mar (para que promocione) en todo el mundo”, dijo el Jefe de Estado, aunque no anticipó el nombre de la autoridad diplomática que elegirá. “Estamos en la etapa de cómo conseguir alguna personalidad, hombre o mujer, que nos pueda representar en el mundo con el tema único que es el tema del mar”, apuntó.
La decisión del Gobierno se dio en un momento en el que la agenda con Chile está congelada y las conversaciones oficiales con Perú quedaron a la espera de una reunión entre los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala. De acuerdo con expertos, historiadores y diplomáticos, la relación con ambas naciones vecinas es clave para que Bolivia pueda canalizar la demanda de reintegración marítima.
El expresidente Carlos Mesa en reiteradas ocasiones llamó al Gobierno a recuperar las relaciones políticas con Perú, país con el que además existe un Tratado de Mercado Común y el proyecto de integración Gran Mariscal de Santa Cruz que dio vida al convenio de Ilo, que establece facilidades portuarias, turísticas y de zona franca en una zona costera de 163 hectáreas por 99 años. No obstante, el convenio todavía debe ser ratificado por el Congreso del Perú.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Betty Tejada, dijo que pedirá la conformación de una comisión de legisladores que viaje a Lima para hacer “un acompañamiento protocolar” al proceso de ratificación del convenio de Ilo. Aclaró que la iniciativa no tiene el afán de hacer un seguimiento ni pretende inmiscuirse en los procedimientos soberanos que tiene el Legislativo del vecino país. El entendimiento de Ilo se firmó hace tres años.
La nueva cónsul de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías, anticipó ayer a La Razón que en breve se trasladará a Santiago para asumir funciones oficialmente. “Todo mi futuro trabajo en Chile será muy importante (...) Tengo muchos sentimientos positivos en la cabeza, proyección, posibilidades y desafíos con los cuales me siento muy comprometida”, aseguró.
Itinerante. El 17 de abril, el Gobierno presentará en La Haya (Holanda), ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la memoria histórica con la que se fundamentará el proceso legal planteado contra Chile para lograr una negociación formal sobre el reclamo de Bolivia de volver al Pacífico, un acceso que perdió tras la Guerra del Pacífico (1979-1883).
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo que este proceso legal será acompañado por la “estrategia” que anunció ayer el Jefe de Estado que incluye la designación de un embajador itinerante. “Eso nos servirá mucho más para mejorar las relaciones y trabajar el tema marítimo (...) el embajador que trabaje a nivel internacional, son estrategias que aseguran bilateralmente, internacionalmente el trabajo; esto es fortalecer”, remarcó. Bolivia nombró anteriormente embajadores itinerantes para promover acciones en la OEA.
Escenarios bilaterales y Globales
Embajadas
Bolivia envía una señal a Chile con el cambio en la legación. La apuesta es la apertura al diálogo integral. Cajías es la primera mujer que dirige el consulado boliviano.
Global
El embajador itinerante divulgará la demanda boliviana de acceder al mar con la perspectiva anticipada por el presidente Evo Morales, vinculada con la diplomacia de los pueblos.
La Haya
La memoria se presenta el 17 de abril.
Bachelet espera el ‘diálogo que corresponde’
EFE
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó ayer el deseo de “retomar la agenda de trabajo” con Bolivia, en alusión a los temas políticos, económicos y fronterizos que en 2006 acordaron discutir los dos gobiernos. “Esperamos tener el diálogo que corresponde y retomar la agenda de trabajo”, declaró a la prensa la Mandataria chilena durante la visita a unas obras viales.
El presidente Evo Morales expresó el domingo el deseo de que el gobierno de Bachelet pueda avanzar más allá de lo que en su momento hizo el dictador Augusto Pinochet, quien en 1975 propuso una salida territorial para la salida al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico, en 1879.
Al respecto, Bachelet recordó que en abril de 2013 el gobierno de Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para forzar una negociación que haga posible que Bolivia tenga un acceso al mar con soberanía.
“El Gobierno de Bolivia unilateralmente decidió llevar este punto a La Haya y, por lo tanto, será en ese lugar donde Chile represente los intereses del país”, precisó.  La postura de La Paz es que, con independencia de que Bolivia haya recurrido al alto tribunal de las Naciones Unidas, Chile y Bolivia pueden abordar este asunto dentro de la agenda bilateral.
Esta planteamiento fue defendido el martes por el vicepresidente, Álvaro García Linera, durante la visita privada de 24 horas que realizó a Chile para recibir un doctorado “honoris causa”. “La demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia no la vamos a sacar (...) paralelamente están abiertas las puertas a dialogar con el Gobierno de Chile absolutamente de todos los temas, incluida la salida soberana al océano Pacífico”, afirmó. (La Razón)





¿QUÉ TAN JOVEN ES DEMASIADO JOVEN? BOLIVIA SE DEBATE LA LEY EL TRABAJO INFANTIL
                                                                                                                                                                           
La ley boliviana establece que la edad mínima para trabajar en 14 años, pero el Congreso está discutiendo cambios. ¿Le ayuda prohibición del trabajo infantil los niños de la pobreza o se les empuje en el trabajo más peligroso?

Christian Sciencia de USA (www.csmonitor.com/World)
                                              
El cementerio en la ciudad boliviana de Potosí es un laberinto, pero Juan Carlos Espinoza nunca pierde su forma. Subiendo una escalera de metal de longitud, el 13-años de edad, trabaja aquí después de la escuela, el pulido lápidas incrustadas en altas paredes de aproximadamente 0,70 dólares un trabajo.
Los niños trabajadores se ven a menudo como trabajadores no tienen voz , pero en Bolivia , miles de jóvenes de 6 a 17 años se han unido para exigir libres del abuso puestos de trabajo, y el reconocimiento legal de su derecho al trabajo.
Actualmente , el Congreso de Bolivia está revisando la legislación que afecta a los niños en general , incluyendo la edad legal para trabajar . Algunos jóvenes , como Juan Carlos , quien es miembro de la Unión Boliviana de la Persona Adolescente Trabajadora ( UNATSBO ) Infantil y , quieren ver los límites de edad disminuidas o eliminadas . En el centro del debate está la cuestión de si la prohibición del trabajo infantil en los países de bajos ingresos ofrece a los niños una manera de salir de la pobreza, o si perjudican todavía más pobres jóvenes empujándolos a trabajar aún más peligrosa y oculta.
"Esto me afecta ", dice Juan Carlos del debate sobre la edad mínima. Su madre murió hace años , y su padre le da poco apoyo. "Así es como puedo pagar por mis estudios - para todo. "
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Ilegal y omnipresente
El trabajo infantil es altamente visible en Bolivia . La gran mayoría de estos jóvenes trabajan de forma independiente o con sus familias , no en fábricas o empresas de gran escala. Ellos brillan los zapatos en las calles de la ciudad ocupada , trabajan bajo tierra en las minas en pequeña escala , y las ovejas del rebaño y llamas en el campo.
Actualmente la ley boliviana establece la edad mínima para trabajar a los 14 años , como lo hace (OIT ) sobre la edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo , de los cuales Bolivia es parte. Pero la ley rara vez se aplica : en un país de sólo 10 millones de personas , 800.000 niños que trabajan son o bien la edad mínima , o son de 14 a 17 años y haciendo trabajos considerados perjudiciales para su salud .
Hay poca aplicación de la ley para evitar que los niños lleven a cabo estas tareas.
En la actualidad, están en marcha varios programas diseñados para sacar a las familias de la pobreza en Bolivia , incluyendo un programa de transferencias monetarias condicionadas que recompensa los niños y sus familias para mantener a los niños en la escuela. La pobreza extrema está disminuyendo, pero muchos de muy pobre de Bolivia - una población de aproximadamente un millón de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día - están sin ningún tipo de red de seguridad.
Mientras que muchos niños dicen que trabajan para ayudar a sus familias empobrecidas sobrevivir , Lars Johansen, del Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil , dice que realmente arriesgan quedar atrapados en el mismo ciclo de bajos ingresos y con sus padres .
"Los niños más temprano empiecen a trabajar cuanto mayor es la probabilidad de que abandonen la educación y perpetúan la pobreza ", dice el señor Johansen. " Si usted va a luchar contra la pobreza somos de la firme opinión de que hay que luchar contra el trabajo infantil .... Si pones la edad mínima a los 14 años que no es la realidad hoy en día, pero al menos es un objetivo de luchar por . "
Juan Carlos dice que prohíbe el trabajo infantil hace que sea más difícil para los niños a obtener reparación por el abuso físico y verbal, y asegurarse de que se les paga . Eso, dice , es por eso que su sindicato, UNATSBO , propone una edad mínima para los trabajadores independientes , como lustrabotas , y una edad mínima de 12 para los niños que trabajan para un "jefe ", como en una panadería comercial.
Niños , uníos!
El presidente Evo Morales , quien cuando era niño pastoreaba llamas, recientemente expresó su simpatía por el movimiento . "De acuerdo con mi experiencia , el trabajo de las niñas , niños y adolescentes no debe ser eliminado, sino que también no debe ser forzado o explotación en el trabajo , un poco de trabajo por necesidad ", el presidente Morales dijo al diario estatal Cambio .
Organizaciones como UNATSBO proporcionan un lugar para los niños que trabajan para hacer sus tareas , aprender sobre sus derechos, y hablar a través de sus problemas en el hogar y en el trabajo. En los últimos meses , los niños trabajadores organizados han cumplido con los legisladores , que se celebró reuniones sindicales nacionales , y el 23 de diciembre incluso habló con el presidente. Pero a medida que se hacen más visibles en el debate sobre la edad mínima , algunos se preguntan si el activismo de estos niños está siendo manipulado por los adultos que tienen su propia agenda y puede preferir reglas laxas .
Jenny Miranda , líder nacional de UNATSBO , vende zapatos en los mercados locales . Ella es ahora de 17 años , desde que tenía seis años ha hecho de todo, desde la venta de dulces a la minería de oro en las montañas al noreste de la ciudad.
"La gente cree que estamos siendo manipulados , pero ese no es el caso", dice Jenny . " Tenemos reuniones , hablamos con los niños, y que participamos y definir lo que quieren.
Pero Ulises Carguani , también de 17 años, está de acuerdo. Comenzó acompañando a su madre a trabajar como un niño, y ahora trabaja en un café Internet en la ciudad de El Alto.
" Un niño no quiere estar trabajando , un niño quiere jugar y con amigos ", dice Ulises , quien dirige una pequeña organización de adolescentes llamada Manos Unidas por el Cambio , que cree que la edad mínima para trabajar no debe ser bajado .
Él dice que el gobierno debe evitar que los niños trabajan por necesidad económica mediante la generación de más empleos para sus padres que ofrecen salarios y beneficios decentes.
' Miles de personas ' La legislación propuesta - llamados los Niños , Niñas y Adolescentes Código - requeriría la creación de un censo nacional de niños trabajadores , dice el congresista Javier Zavaleta , quien dirige la red de parlamentarios sobre los niños y los adolescentes. El censo de entonces sería seguido por una serie de programas de bienestar social dirigida a los niños más necesitados y sus familias.
" Después del censo , el programa estatal ... responder con toda una batería de medidas para asegurarse de que un niño o una niña no tiene que trabajar por necesidad ", dice Zavaleta . " El Estado va a cubrir lo que no tienen , desde la vivienda hasta los zapatos , para que puedan ir a la escuela . "
Sr. Johansen de la OIT dice que los programas que ofrecen un amplio apoyo a las familias muy pobres se han reducido con éxito el trabajo infantil en lugares como México y Brasil , y tienen el potencial de hacer lo mismo en Bolivia .
Pero Jenny, el dirigente sindical joven , dudas niños que trabajan se encargará de que el nivel de ayuda del gobierno en el corto plazo . "No somos sólo una o 10 familias - estamos a miles de personas", dice Jenny .





“SI NO RECIBIMOS EL DINERO, MATAREMOS A LOS DOS NIÑOS”

El País de España (www.politica.elpais.com)
                                       
“Ténganlo claro: si no recibimos el dinero, mataremos a los niños”. Eso dijo uno de los hombres que mantenían secuestrados en algún lugar de Bolivia a Manuel, de 11 años, y a su hermanito, de solo tres meses. El ultimátum finalizaba ayer, miércoles. Por suerte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la policía española lograron antes dar con el paradero de los chiquillos. Los liberaron en la ciudad de Santa Cruz y, a la vez, detuvieron a cuatro personas.
La historia comenzó cuando Noelia Magaña, la madre de los niños, fue convencida para que hiciese de mula (transportista) de un paquete con un kilo de cocaína. Noelia, que llegó a Bolivia hace tres años, vivía en una habitación alquilada en Santa Cruz de la Sierra y estaba pasando estrecheces económicas. Así que aceptó.
La mujer voló, vía Brasil, hasta el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Llevaba la droga escondida entre su ropa. Sorteó los controles aduaneros y después logró entregar la mercancía. Sin embargo, el pasado día 16 fue detenida en un control policial en Yecla (Murcia) por llevar encima 35 gramos de cocaína y 16.000 euros.
Al dar con sus huesos en la cárcel, Noelia dejó de cumplir las instrucciones de los narcotraficantes bolivianos. Estos le habían exigido que, una vez entregada la droga, debería mandarles a través de Western Union 20.000 euros en 10 entregas de 2.000 euros. Había hecho dos envíos de dinero, pero, al caer presa, no pudo hacer los demás.
Al no recibir el resto del dinero, los narcos creyeron que estaban siendo engañados por la mujer, por lo que decidieron secuestrar a sus hijos Manuel y Francisco para obligarla a efectuar el pago total. Los menores habían quedado al cuidado de Álex, un boliviano con el que Noelia había tenido relaciones y con el que había engendrado cuatro años atrás a una niña que convive con él.
Los secuestradores averiguaron que los chiquillos estaban en la casa de Álex y se los llevaron: el mayor quedó en poder de un tal Toni Dorado, mientras que Carlos Fernando Durán, el actual compañero sentimental de Noelia, se quedó con el menor, que lleva su apellido. El bebé y su hermano estuvieron desde entonces en casas separadas.
“Hace ocho días me enteré de que mi expareja Noelia había sido detenida. Fui a la comisaría y pregunté por mi hijo Manuel. Así supe que se había quedado en Bolivia. Durante los últimos años solo he hablado con él por teléfono o por Facebook”, explica el ecuatoriano Jorge C., que trabaja como instalador de gomaespuma en Murcia. En los días posteriores, Jorge empezaría a recibir angustiosas llamadas y mensajes de la familia de su expareja dándole cuenta de que el chiquillo estaba en poder de unos secuestradores.
Interpol-Madrid coordinó la operación de rescate con la Embajada de España en Bolivia. La Sección de Secuestros y Extorsiones de la policía envió a dos negociadores a Yecla, junto con el negociador de Murcia, para controlar el tráfico de llamadas entre los secuestradores y la familia. Otros dos agentes de secuestros volaron el pasado sábado a Bolivia.
En el curso de las negociaciones, los agentes exigieron a los raptores una “prueba de vida”. Y los raptores fueron y llevaron al pequeño Manuel a una tienda y le hicieron hablar por un teléfono público. Apenas pudo balbucear una frase: “Estoy bien”. Pero esa llamada fue la pista que condujo hasta los raptores, que en ese momento pactaron un rescate de 2.000 euros por los rehenes.
La policía de Santa Cruz liberó a los menores y arrestó a Toni Dorado Chaves, de 31 años; Zulema Fuentes Siles, de 36; Fernando Dorado Palacios, de 37, y Carlos Fernando Durán Dorado, de 35. Este último, compañero sentimental de Noelia, es el presunto “autor intelectual” del secuestro, según declaró el general Walter Willarpando, de la Policía Nacional de Bolivia.
Ayer, los agentes españoles desplazados al país andino estaban trabajando, junto con el juez español y la fiscalía de menores boliviana, para conseguir la repatriación de los niños a España.





LA POLICÍA DETIENE EN MURCIA POR POSESIÓN DE DROGA A LA MADRE DE LOS NIÑOS LIBERADOS EN BOLIVIA
                                                                                                                 
Fueron secuestrados como garantía de pago por una deuda vinculada al narcotráfico
La actual pareja de la mujer se llevó a los pequeños al no recibir el dinero
La madre vivía con sus hijos en Bolivia y fue detenida en España con parte de la droga

El Mundo de España (www.elmundo.es/espana)
                                                  
La Policía Nacional, en una operación realizada junto a la policía boliviana bajo la coordinación de Interpol, ha liberado a dos niños, de 11 años y tres meses, que habían sido secuestrados en Bolivia como garantía de pago de una deuda vinculada al tráfico de cocaína contraída por su madre, que fue detenida por estos agentes en Yecla (Murcia) con parte de la droga y 16.000 euros que debía mandar a la organización.
Dos agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional se desplazaron a Bolivia para participar en el dispositivo de búsqueda junto a los agentes bolivianos. En total, tres personas han sido detenidas en la ciudad boliviana de Santa Cruz en relación con este secuestro.
La madre de estos pequeños, de 29 años y natural de Jumilla (Murcia), fue detenida el pasado 16 de marzo en un control rutinario de tráfico en Yecla, donde había residido durante bastantes años antes de su traslado a Bolivia. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva por un presunto delito contra la salud pública.
La detenida había sido captada en Bolivia por unos narcotraficantes para transportar y realizar la entrega de casi un kilo de cocaína en España. La mujer logró introducir la droga escondida entre sus ropas pero fue detenida en Yecla el día 16 con 35 gramos de coca y 16.000 euros en efectivo. Según la arrestada, ese dinero debía remitírselo a los traficantes en pagos de 2.000 euros, de los que ya había efectuado dos.
Los narcos se sintieron engañados
Los narcotraficantes, al no recibir el resto del dinero, creyeron que ésta les había engañado, por lo que decidieron secuestrar a sus hijos para obligarla a efectuar el pago total. Los menores, que vivían junto a su madre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), habían quedado bajo la custodia de un conocido pero la actual pareja de la mujer, también relacionado con la red de traficantes, se llevó a los pequeños como garantía de pago.
A partir de entonces, se sucedieron las llamadas y mensajes vía whatsapp a la abuela de los niños y madre de la arrestada, a los hermanos de la mujer y al padre biológico de uno de los menores, que actualmente reside en Yecla y que denunció inmediatamente los hechos.
La Policía Nacional activó el protocolo de secuestros internacional notificando los hechos a Interpol, quien coordinó el dispositivo junto al agregado de Interior de la Embajada de España en Bolivia.
La Sección de Secuestros y Extorsiones envió dos negociadores a Yecla, junto con el negociador territorial de la Jefatura de Murcia, para controlar el tráfico de llamadas entre los secuestradores y la familia. De forma simultánea, otros dos agentes se trasladaron a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para participar en el dispositivo de búsqueda.
Los investigadores lograron ubicar los domicilios de la persona que debía recibir el dinero, uno de los sujetos que estaba realizando las llamadas y la pareja de la mujer que se llevó a los pequeños. Los tres fueron detenidos, por lo que se procedió al rescate del niño y el bebé, que se encontraban secuestrados en distintas viviendas.
La operación ha sido realizada por la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Policía de Bolivia, y coordinada por Interpol.
Una menor secuestrada en la selva
A comienzos de este mismo mes, una niña marroquí de nueve años que vivía en L'Hospitalet de Llobregat fue rescatada por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tras pasar siete meses en la selva.
Ambos casos no están relacionados, según han precisado fuentes de la investigación.
La pequeña ha regresado a España pero ha ingresado en un centro de menores de la Generalitat catalana hasta que no quede aclarado el papel de sus padres en el caso.





LOS NIÑOS LIBERADOS EN BOLIVIA FUERON RAPTADOS POR LOS NARCOS QUE USARON A SU MADRE PARA METER DROGA

Una juez envía a prisión a los tres presuntos secuestradores de los críos, que utilizaron a los pequeños como garantía de pago de los 16.000 euros que tenía que abonar su madre. El caso se destapó tras el arresto en Yecla de la progenitora por llevar cocaína escondida en el coche

La Información de España (www.diarioinformacion.com)
                                                      
Una jueza boliviana ordenó prisión preventiva para los tres presuntos secuestradores de dos menores españoles en Bolivia, en un caso relacionado con el narcotráfico, según fuentes policiales. El comandante de la Policía del departamento de Santa Cruz dijo que la jueza decretó el martes por la noche la entrada en el penal de Palmasola de los bolivianos Carlos Durán Dorado, Fernando Dorado Palacios y Tony Dorado Chávez, que son primos.
Policías bolivianos y españoles liberaron el lunes en Bolivia a un niño de 11 años y a un bebé de tres meses que habían sido secuestrados durante una semana como garantía de pago de una deuda vinculada al tráfico de cocaína contraída por su madre.
La mujer había sido captada 0en Bolivia por unos narcotraficantes para transportar y realizar la entrega de casi un kilo de cocaína en España, según la Policía Nacional, que añade que logró introducir la droga escondida entre sus ropas, pero que fue detenida en Yecla el pasado 16 de marzo con 35 gramos de coca y 16.000 euros en efectivo. Según la arrestada, ese dinero debía remitírselo a los narcotraficantes en pagos de 2.000 euros, de los que ya había efectuado dos.
El niño de 11 años llegará hoy a España junto a los policías españoles que participaron en su liberación, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. El otro menor ha quedado a disposición de los servicios sociales de aquel país y, por ahora, no será repatriado a España porque tiene familia paterna allí.
Esta mujer, de 29 años y en prisión preventiva por un presunto delito contra la salud pública, fue sorprendida con 16.000 euros en un coche y, al no poder justificar su procedencia, la policía inspeccionó el turismo y encontró 35 gramos de cocaína. La detenida había sido captada en Bolivia por unos narcotraficantes para transportar y realizar la entrega de casi un kilo de cocaína en España. El dinero encontrado en el coche debía remitírselo a los narcotraficantes en pagos de 2.000 euros, de los que ya había efectuado dos. El secuestro lo perpetró, al parecer, la pareja sentimental de la mujer en colaboración con otros narcos porque creyeron que estaban siendo engañados al no haber recibido más entregas. En declaraciones a Onda Regional, Miguel Pérez, hermano de la detenida, dijo que su hermana fue engañada para traer la droga a España y que la operación policial se inició tras varias denuncias, al principio infructuosas, en la comisaría de Yecla. Contó también que el padre del bebé de tres meses, que está bajo la custodia de los servicios sociales bolivianos, es un taxista de ese país.
Dijo que él mismo había recibido por whatsapp amenazas de muerte hacia él y su mujer. La Policía informó de que los menores vivían junto a su madre en Santa Cruz de la Sierra y habían quedado bajo la custodia de un conocido cuando ella viajó a España. Los investigadores creen que la actual pareja de la mujer se llevó a los pequeños como garantía de pago de la droga traída a España.






La Verdad de España (www.laverdad.es/murcia)
                                     
Una historia de amor llevó a Noelia hasta Bolivia, a sus 26 años, junto con su hijo, de 11 años, fruto de una relación anterior en España. Una vez en Bolivia, esta jumillana tuvo otro hijo con su pareja aunque la relación se deterioró y Natalia tuvo que buscarse un sustento económico.
«No tenía dinero ni para comprar la leche para el bebé», explica su hermano, Miguel. En un país que no es el suyo, sin nadie a quien recurrir y con dos hijos a su cargo, a esta joven no le quedó otro remedio que luchar. Encontró un trabajo en un bar donde conoció a Carlos, un cliente con el que cogió la suficiente confianza como para pedirle ayuda económica. «Le pidió dinero y Carlos le dijo que a cambio tenía que ir a España a llevarle algo a unos amigos suyos», explica Miguel. «Ella asegura que no sabía que era droga».
Noelia llevaba algo más que ropa en el interior de la maleta con la que volvió a España. Un kilo de cocaína era parte del equipaje con el que aterrizó en Barajas, aunque no fue allí donde fue detenida. «Luego se fue unos días a Barcelona y, posteriormente, vino a Yecla», asegura. Poco después fue detenida e ingresó en prisión preventiva.





LA ONU DESTACA EL MAYOR RECONOCIMIENTO A DERECHOS INDÍGENAS, PERO FALTA POR HACER

El País de España (www.economia.elpais.com)
                                                                                       
Cada vez más Estados y empresas reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que deben consultarles para realizar proyectos en sus territorios, aunque todavía queda mucho por hacer en la práctica, afirmó hoy en Bolivia el relator especial de la ONU para los derechos del sector, James Anaya.
El alto funcionario se refirió al tema en una conferencia organizada por Naciones Unidas y la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz, la sede del Gobierno de Bolivia, país que Anaya visita por primera vez en su gestión, próxima a terminar.
"Lo que estamos viendo es cada vez más un reconocimiento de las empresas y de los Gobiernos de que deben respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas", dijo Anaya, al ser consultado sobre el "derecho a la consulta" de los indígenas.
Según Anaya, hay empresas trasnacionales petroleras y mineras que cuentan con políticas escritas sobre el respeto a derechos de las etnias y los inversores demandan cada vez más su aplicación.
"En mi trabajo de relator rara vez he escuchado a un Gobierno decir 'no tenemos que hacer caso de los derechos de los pueblos indígenas'. Eso no dicen los estados (...) Y rara vez las empresas trasnacionales dicen que pueden hacer lo que quieran", sostuvo.
Sin embargo, advirtió que una cosa es que lo digan y que los estados tengan una ley o reglamentos para hacer respetar los derechos, pero otra cosa es ver toda esa normativa en aplicación.
"Todavía vemos mucho por hacer. En mi trabajo como relator, más que ver éxitos en este sentido de respeto a los derechos humanos, he visto fracasos donde realmente no se han respetado", expresó.
Además, Anaya recomendó a los estados, empresas e indígenas dejar de hablar de forma abstracta para avanzar en concreto en la solución de los casos puntuales con buena fe de todas las partes.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los estados deben consultar a las etnias y obtener su consentimiento sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten.
Anaya reconoció que hay una desigualdad de poderes y capacidades en el contexto de consulta por lo que ha planteado "la obligación de los estados y las empresas de no aprovecharse de esa desigualdad".
En su criterio, el Estado debe proveer de técnicos y de especialistas independientes a los pueblos indígenas, pero éstos también tienen la responsabilidad de preparar su capacidad técnica para que las conversaciones busquen decisiones consensuadas.
Las organizaciones indígenas, agregó, deben asegurar internamente una plena participación en los procesos de consulta para tomar decisiones sin excluir, por ejemplo, a las mujeres.





LA ESPADA Y LA PARED. AMÉRICA LATINA, ENTRE EL EXTRACTIVISMO Y EL BUEN VIVIR

La Tercera de España (www.tercerainformacion.es)
                                                                       
Durante los últimos años han florecido en distintos países de América Latina procesos de transformación que, desde las instituciones, vienen a romper con décadas de políticas neoliberales y parecen abrir la puerta a modelos más justos en lo económico y más respetuosos con la diversidad cultural y el medio ambiente. En este camino, los Gobiernos se encuentran con la tarea de afrontar el extraordinario peso que sigue teniendo el extractivismo en la economía, como principal fuente de ingresos, pero también como causante de conflictos sociales crecientes.
Al acercarse a la realidad latinoamericana actual, resulta complicado abstraerse de dos dinámicas contradictorias, que colisionan en este espacio-tiempo y que nos obligan a posicionarnos. Por un lado persiste -con mayor o menor fuerza, dependiendo del país del que hablemos- una férrea oposición desde las oligarquías tradicionales y los poderes fácticos neoliberales a los procesos de transformación abiertos en diferentes Estados. Y por otro, se van dibujando, cada vez con mayor nitidez, posturas críticas hacia dichos procesos nacidas en el seno de los mismos movimientos sociales que fueron la base popular y el nutriente teórico y práctico fundamental para que este ciclo de cambios fuese posible.
Si bien la primera dinámica exige de nuestra atención urgente -merece la pena recordar los recientes golpes de Estado en Honduras y Paraguay, así como los persistentes intentos de desestabilización en Venezuela-, resulta de especial interés abordar, de una manera razonada y huyendo de dogmatismos estériles, las críticas lanzadas desde los sectores populares. Y entre ellas, por lo que representan en cuanto a la construcción de propuestas realmente subversivas y trascendentes al capitalismo, cabe detenerse en las demandas que nacen desde los pueblos indígenas.
Nuevos paradigmas, más allá del discurso
Los actuales textos constitucionales de países como Ecuador y Bolivia -por poner los dos ejemplos que más han avanzado en el reconocimiento legal de los nuevos paradigmas políticos, económicos y sociales- incluyen entre sus preceptos el Buen Vivir como modelo al que se aspira en el marco de unas realidades estatales plurinacionales en construcción. Ambos textos fueron elaborados gracias al aporte decidido y determinante de los movimientos indígenas, que no sólo mostraron su apoyo político e hicieron contribuciones teóricas fundamentales, sino que defendieron el proceso constituyente en las calles, poniendo en juego y dejándose por el camino las vidas de decenas de militantes.
marcha bolivia boerries nehe ccEs la movilización de los pueblos, y no los acuerdos tomados por las élites, la causa primera de los innegables y remarcables avances que se han dado en los últimos años en la lucha contra la pobreza en todo el subcontinenteEs cierto que la normativa no termina por cubrir todas las expectativas planteadas desde los pueblos y que, mucho menos, supone un armazón terminado de ese Estado que tendría que venir a superar al modelo colonial, capitalista y patriarcal. Pero también es verdad que establecen algunas líneas maestras que, de ser profundizadas, podrían llegar a transformar de manera radical la realidad excluyente que persiste en América Latina.
En todos y cada uno de estos Estados en proceso de transformación -desde Argentina hasta Nicaragua- podemos encontrar intentos más o menos sinceros por llevar hasta las últimas consecuencias este camino de cambio y por lograr efectivamente una transformación profunda de las estructuras de explotación. Todos estos pasos se dieron siempre como consecuencia de la presión o del acompañamiento de los movimientos populares. Es más, podemos asegurar que es la movilización de los pueblos, y no los acuerdos tomados por las élites, la causa primera de los innegables y remarcables avances que se han dado en los últimos años en la lucha contra la pobreza en todo el subcontinente.
Sin embargo, es precisamente en este punto -la mejora de las condiciones sociales de la población-, que bien podría ser un espacio de encuentro entre las diferentes corrientes que participan en los procesos de cambio, donde encontramos las principales controversias. Exagerando las posturas, por un lado encontramos la posición institucional de gobiernos y administraciones públicas, que sitúan en las rentas petroleras y mineras el motor económico que posibilita las mejoras en los niveles de vida de las mayorías. Y por otro, a los pueblos indígenas y a una parte importante de los movimientos ambientalistas y campesinos, que señalan la incongruencia existente entre el discurso del Buen Vivir y de los derechos de la Madre Tierra, frente a una práctica política que da continuidad al modelo extractivista.
La pregunta es ¿el modelo propuesto por estos Gobiernos es una mera extensión del abanderado por los denostados Estados neoliberales del pasado, o estamos ante una nueva propuesta que pone los beneficios de la actividad extractiva al servicio del proceso de transformación?
Los límites del neo-extractivismo
Analizar el extractivismo desde un prisma exclusivamente económico nos daría una visión incompleta y sesgada del fenómeno. Los grandes proyectos mineros han sido y continúan siendo la piedra angular del sistema de exclusión y despojo territorial en el que asentó primero la Colonia y después los estados racistas surgidos de la independencia. En su nombre se cometieron las mayores atrocidades que ha vivido el continente, desde el exterminio de las sociedades originarias en el siglo XVI hasta el intento de genocidio que sufrieronlos pueblos supervivientes, como el mapuche en el siglo XIX o los mayas a finales del siglo XX. Con la excusa del progreso se selló la dependencia económica latinoamericana, asentada en la posición de la región como productora de materias primas a escala global, y se levantó el sistema colonial, capitalista y patriarcal que aún persiste. Extractivismo no es, pues, un término neutro, sino una construcción que guarda un profundo significado simbólico e histórico. desaljo Quinich polochicEn nombre del extractivismo se cometieron las mayores atrocidades que ha vivido el continente, desde el exterminio de las sociedades originarias en el siglo XVI hasta el intento de genocidio que sufrieron los pueblos supervivientes
Siendo conocedores de este punto de partida, los actuales Gobiernos progresistas se han esforzado por construir -con éxito dispar- un discurso alternativo al tradicional. Surge así el imaginario de lo que se conoce como neo-extractivismo, propuesta que abogaría por seguir aprovechando los recursos naturales para financiar las necesidades sociales de las poblaciones, remarcando el carácter transicional del modelo, garantizando un mayor respeto por los valores ambientales y asegurando el reparto de las rentas obtenidas en base a una mayor presencia del Estado, como una poderosa herramienta de redistribución de la riqueza.
Dos fracasos recientes se encargan de mostrar las debilidades del discurso. Por un lado, el caso de la explotación petrolera en el territorio mapuche de Neuquén (Estado argentino): el Gobierno optó por expropiar la empresa YPF a la transnacional de origen español Repsol, retomándose el control público de la misma y por tanto, de sus operaciones. Entre ellas, las que se llevan a cabo sin consentimiento en diferentes comunidades mapuche. Tras un periodo de carencia que parecía abrir un nuevo escenario, YPF alcanzó un pacto con Chevron para reabrir explotación de los yacimientos expropiados. De esta manera se ha permitido la entrada de una de las compañías petroleras más dañinas del mundo, prófuga de la justicia ecuatoriana por los destrozos causados en la Amazonía, la cual empleará además el fracking para extraer el petróleo neuquino.
Por otro lado, lo sucedido con la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador. Esta iniciativa pretendía que se constituyese un fondo internacional que gestionaría el Estado ecuatoriano, a cambio de dejar intacto el Parque Nacional del Yasuní, donde habitan numerosos pueblos indígenas, entre ellos, algunos en aislamiento voluntario. Tras meses de tímidas gestiones y llamados gubernamentales, se terminó por abandonar la propuesta por parte del Gobierno, tras constatar los insuficientes apoyos recabados.
Se evidencia así la persistencia de algunas de las debilidades que el neo-extractivismo pretendía resolver: ni se garantiza un menor impacto ambiental, ni se limita el poder de los sujetos privados transnacionales, ni se toman en cuenta las decisiones tomadas por los pueblos que habitan en los territorios afectados.
El recurso de la represión
Pero aún más grave es la constatación de que los tics represivos que caracterizaban al extractivismo tradicional permanecen, y lo hacen en forma de criminalización y ataques contra los colectivos que se oponen a los grandes proyectos de infraestructuras, mineros o de producción energética. Entre ellos, muy especialmente, las expresiones de resistencia indígena que nacen -como siempre lo hicieron- en las comunidades que sufren el despojo territorial causado por estas formas de progreso.
represion tipnis2Aún más grave es la constatación de que los tics represivos que caracterizaban al extractivismo tradicional permanecen, y lo hacen en forma de criminalización y ataques contra los colectivos que se oponen a los grandes proyectos de infraestructuras, mineros o de producción energéticaEn Ecuador siguen su curso al menos 40 procesos judiciales en contra de dirigentes de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (CONAIE), por delitos de terrorismo, sabotaje y obstrucción de vías, entre otros. Y en Bolivia continúa abierta la dolorosa herida de la represión policial en Chaparina, desatada contra las personas participantes en la VII Marcha Indígena de los Pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana, en 2011, como expresión de la oposición de diferentes colectivos a la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Es justo señalar que el nivel de violencia institucional es incomparablemente menor que el practicado por los anteriores gobiernos neoliberales -basta recordar la cruenta represión desatada en Bolivia durante las guerras del gas y del agua de principios de la década pasada- y también que está a años luz del terror que padecen decenas de comunidades indígenas de Guatemala o de Colombia, cuyos principales dirigentes son amenazados, detenidos o asesinados de una forma tristemente cotidiana. No obstante, parece clara la incongruencia de estas respuestas en el marco de un modelo que debería tender hacia el Buen Vivir, es decir, hacia la armonía y el equilibrio entre las diferentes comunidades humanas, y entre éstas y la Naturaleza.
En la encrucijada
En este escenario, las posibilidades de encontrar puntos de encuentro entre los sectores enfrentados, que propicien espacios de acuerdo y diálogo, parecen remotas. La brecha abierta entre gobiernos -arropados, no se olvide, por un notorio apoyo electoral y por diversas expresiones sociales organizadas, incluyendo parte del movimiento indígena- y colectivos opositores, parece crecer a diario, como consecuencia de posturas cada vez más cerradas de una y otra parte. Situación que es bien vista, e incluso alentada, por sectores ajenos al proceso, los cuales no dudan en aprovechar cada paso en falso para tratar de truncar unas posibilidades de transformación que siguen abiertas.marcha bolivia boerries nehe2 ccLos pueblos indígenas están en una encrucijada extremadamente compleja, de cuya resolución puede depender nada menos que las posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al sistema impuesto por la globalización
Los pueblos indígenas se sitúan así en una disyuntiva que se está resolviendo de manera diferente en cada caso. O bien optan por participar en el proceso, tratando de reducir sus contradicciones, de vencer las reminiscencias coloniales, capitalistas y patriarcales que siguen arrastrando las instituciones y de conducirlo hacia un horizonte de radicalidad democrática, pero aceptando también el riesgo de ser cooptados y asumiendo el compromiso de reducir el nivel de la crítica. O bien eligen situarse al margen del proceso, ora confrontando sus expresiones más nocivas, ora construyendo otros escenarios en base a la autonomía indígena, siendo conscientes de que este posicionamiento puede debilitar los esfuerzos institucionales de cambio e incluso, en ocasiones, facilitar el camino a los intereses espurios de la oligarquía y del capital transnacional.
Una encrucijada extremadamente compleja, de cuya resolución puede depender nada menos que las posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al sistema impuesto por la globalización.





EL ESPAL INICIA SUS ACTIVIDADES PARALELAS CON LA MUESTRA ‘BOLIVIA’

El Diario de España (www.eldiario.es)
                                                      
El XXIV Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, ESPAL, inicia este miércoles su programa de actividades paralelas con la exposición de fotografías Bolivia, de Borja Suárez, para la Ong Solidaridad Médica. La muestra, que se inaugura a las 20.30 horas en la sala Felo Monzón del Ateneo Municipal de Vecindario, estará abierta al público hasta el día 11 de abril.
La serie de 40 imágenes que componen Bolivia es el resultado de la colaboración del fotógrafo y reportero de prensa del municipio con la Ong Solidaridad Médica España y el trabajo que realiza dando atención sanitaria y ayuda humanitaria en comunidades indígenas Tsimanes, que viven adentrados en la selva boliviana. Muchas de esas fotografías son parte del calendario solidario de 2014 para recaudar fondos para esta asociación solidaria.
Borja Suárez explica que "son imágenes tomadas durante los 26 días que permanecí junto a otros cooperantes en estas comunidades indígenas que habitan de forma dispersa al norte de Bolivia, y a las que había que llegar por interminables caminos de tierra o el cauce de ríos", y añade que "además de mostrar el trabajo que desarrollan los miembros de Solidaridad Médica pude recoger imágenes de la realidad y el día a día de estas comunidades, castigadas por la pobreza y la falta de recursos".
El comisario de la muestra, Nono Castro, afirma que "este trabajo de Borja Suárez Melián nos lleva a ese viaje necesario para el conocimiento de realidades lejanas en la distancia, pero cerca de los corazones de aquellos que abogan por una sociedad donde las exclusiones desaparezcan, sean de la índole que sea, sobre todo la exclusión de los pueblos por ni siquiera darles la visibilidad de la existencia".
Charlas, exposiciones colectivas, cine, mesas redondas y conciertos son otras de las actividades que conforman el programa del XXIV Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, que se celebra en el municipio del 21 al 27 de abril.

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