Tuesday, January 10, 2017

LA BANDA BRASILEÑA PRIMER COMANDO CAPITAL SE EXPANDE. SE UBICA EN ÁREAS FRONTERIZAS CON PAÍSES VECINOS

La banda criminal brasileña Primer Comando Capital, además de ampliar su campo de acción por más áreas de Brasil, busca instalarse en regiones despobladas de la frontera con países vecinos donde no existe control del Estado, dice funcionario brasileño al diario Folha de São Paulo. 


El secretario de cooperación internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil, procurador Vladimir Aras, en una entrevista realizada por la periodista Leticia Casado y publicada ayer en el periódico Folha de São Paulo, dice que es natural ver que organizaciones criminales como PCC muden su campo de acción para el norte del Brasil, y afirma que la banda ya está establecida en el Nordeste, pero que se expande en el centro-oeste para buscar ubicarse en regiones de frontera con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia.
Esa situación estaría indicando que el interés de esa organización criminal es dominar el ciclo productivo de la cocaína, el refinado, los laboratorios e incluso la distribución para el consumidor final, sea localmente o en el extranjero, manifestó dicho procurador al diario Folha de São Paulo.
Expresó que el avance de la facción criminal hacia el norte brasileño, y tal como se evidencia en los enfrentamientos mortales que ocurren en presidios últimamente, indica que la banda tiene interés en dominar las rutas internacionales de la cadena de producción de la cocaína.
Vladimir Aras agregó que países vecinos a Brasil tienen sus propias organizaciones criminales a las cuales pueden asociarse el PCC y otras bandas o entrar en conflicto con ellas. Se podrá ver en los próximos años si existe asociación entre grandes grupos o guerra entre ellos.
El procurador refirió a Folha de São Paulo que la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abre un espacio para que el PCC ingrese a Colombia para realizar la producción y tráfico de drogas.
Asimismo, dijo que el método de avance territorial del PCC y formación de cartel, se realiza por medio de la absorción de bandas más pequeñas por medio del conflicto abierto y la disputa sangrienta, dentro y fuera de los presidios en Brasil.
Seguidamente, indicó que no es posible luchar contra el narcotráfico sin que las autoridades del Brasil coordinen acciones con sus colegas de los países vecinos, especialmente con las de los Estados donde se produce marihuana y cocaína, como lo son Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia. ABC de Paraguay (www.abc.com.py)




LAS CÁRCELES BRASILEÑAS SON VERDADERAS ESCUELAS DEL CRIMEN

La crisis penitenciaria se agrava con la presencia de 18 grupos delictivos que controlan las prisiones en el país. Una de las causas es el tráfico de drogas.

El Telégrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)
                                                                                   
Con la cuarta mayor población carcelaria del mundo, de unos 622.000 presos, la mayoría sin sentencia firme, Brasil exhibe el horror de su sistema de prisiones con masacres que en la última semana y hasta el domingo provocaron la muerte de un centenar de reclusos por enfrentamientos entre organizaciones que desde los presidios controlan el crimen organizado en las calles, incluso buscan ganar poder en las vecinas Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. “Las cárceles brasileñas son verdaderas escuelas del crimen.
Transforman a pequeños delincuentes en grandes monstruos del crimen”, indicó el juez Antonio Dantas de Oliveira, durante un fallo en el cual reclama a las autoridades penitenciarias de proveer agua potable para la población carcelaria. La situación del gigante sudamericano quedó en evidencia la semana pasada, con casi un centenar de muertos por peleas entre grupos rivales en las cárceles de Manaos (privatizada), fronterizo con Colombia, en la cárcel pública de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.
Las escenas incluyeron presos filmados con los celulares de sus verdugos mientras eran degollados y hasta hubo quien abrió el pecho de un fallecido para extraerle el corazón. La población carcelaria es la cuarta del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia. “Los responsables son los jueces y fiscales que siguen llevando gente a las cárceles sabiendo que están controladas por el crimen organizado”, dijo a EL TELÉGRAFO el titular de la Pastoral Carcelaria de Brasil, Valdir Silveira, quien hace 27 años denuncia la ausencia del Estado en el sistema penitenciario brasileño. Sindicatos de presos El martes 3, unos 60 presos murieron en centros penitenciarios de Manaos como producto de la guerra entre el Primer Comando de la Capital (PCC), y el Comando Rojo (CV), aliado al Frente del Norte (FDN).
El PCC, de Sao Paulo, y el CV, de Río de Janeiro, se disputan gran parte del país. El domingo último, autoridades del estado Amazonas informaron del hallazgo de tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en la cárcel Ansio Jobim, con lo que aumentó a 100 el número de asesinados en una semana. El PCC nació a inicios de este siglo en Sao Paulo como sindicato de los presos, luego de la conmoción causada en 1992 por el asesinato, a manos de la Policía, de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, un episodio por el cual no hay responsables sentenciados. Hubo juicios condenatorios que fueron anulados por instancias superiores.
Aparentemente, el PCC fue vengado por su acción en Manaos cuatro días después, en la cárcel de Roraima, en Boa Vista. “No somos un club, somos un grupo criminal y por eso debemos tener lealtad”, dice la carta enviada a los miembros del PCC en Roraima confiscada por las autoridades. Poder judicial no cumplió con su función El norte amazónico, la región más distante de los centros de poder y la más pobre del país junto con la zona nordeste, está en el ojo del debate nacional e internacional por la masacre en los presidios: ha quedado en evidencia que el poder judicial no cumplió con su función en la ejecución de penas para no sobreexponer a los presos sin sentencia.
Y también está la cuestión social, pues más de la mitad de los reos es de raza negra y pobre. Un ejemplo es que la mitad de los presos que fallecieron la semana pasada en las rebeliones estaba detenido por robo, mientras que apenas un cuarto lo está por homicidio o delitos más graves. “Tenemos al 41% de los detenidos sin condena. Lo más triste es que, cuando llegan al juicio, resulta que el 37% era inocente”, dijo el padre Silveira, de la pastoral carcelaria. 18 grupos controlan cárceles Según los especialistas, existen 18 grupos criminales que controlan el poder en los presidios.
La situación no es nueva y forma parte de la herencia de desigualdades de Brasil a lo largo de su historia. En las cárceles, incluso, las facciones mafiosas construyeron ‘favelas’ en los patios para enviar a los marginados de los pabellones. La crisis carcelaria ha puesto en evidencia, también, al gobierno de Michel Temer. Sin respuestas, apenas el anuncio de construcción de cinco nuevos penales de máxima seguridad, el presidente calificó como “accidente pavoroso” a la matanza, lo cual le causó una lluvia de críticas por esa definición.
El sábado pasado renunció el secretario de Juventud del Gobierno, Bruno Julio, quien afirmó que más presos deberían haber muerto y que sería necesaria “una masacre por semana”, supuestamente, para solucionar el problema de la superpoblación carcelaria”. Lo cierto es que no hay lugar mejor y más seguro en Brasil para comandar el crimen organizado que la cárcel. Lo hace el PCC hace una década y el Comando Rojo. Pero para los especialistas, estas disputas cuerpo a cuerpo en las prisiones son apenas peleas entre soldados, ya que los comandantes tienen planes superiores.
Dominio del tráfico de drogas En opinión del secretario de cooperación internacional de la Fiscalía General de Brasil, Vladimir Aras, el PCC -surgido del crimen en las calles de San Pablo y de extender protección social a los familiares de los presos- busca ampliar sus negocios en Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú para dominar el ciclo del tráfico internacional de drogas. Incluso, afirmó Vladimir Aras, la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país colombiano puede generar nuevos desocupados en la región amazónica que puedan ser cooptados para el narcotráfico de las organizaciones brasileñas. Según el fiscal, el PCC busca el monopolio del crimen organizado brasileño y tiene como objetivo dominar la cadena productiva del narcotráfico.
“Los países vecinos tienen sus propios grupos criminales que pueden asociarse a los nuestros o entrar en conflicto con ellos. Es el escenario para los próximos años: si habrá asociación o una guerra entre estos grupos”, dijo el fiscal Aras, quien está a favor de despenalizar la tenencia y el consumo de las drogas. “Es natural que veamos al PCC ir al norte amazónico del país, buscando regiones fronterizas con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia. El interés es dominar el ciclo productivo de la cocaína, de la producción a la distribución, sea el cliente Brasil, Europa o Estados Unidos. El avance se da porque en esas regiones las fronteras son más porosas, con poco control de ambos lados”, dijo el fiscal al diario Folha de Sao Paulo.
Para el especialista, estas organizaciones forman parte de otras que deben tener un mayor control sobre lavado de divisas para “descubrir quiénes se llevan la fortuna del narcotráfico”. En ese marco, el fiscal dijo que, en el caso de Colombia, la desactivación de las FARC, en virtud del acuerdo de paz, crea una preocupación lateral, como qué harán las personas desmovilizadas, los exguerrilleros. “La pregunta es si podrán de algún modo ser reclutados por las organizaciones criminales que operan en el norte de Brasil”.





EN MEDIO DE LA CRISIS DEL AGUA, BOLIVIA PLANEA "MEGA-REPRESAS" HIDROELÉCTRICAS

Radio FSRN News de EEUU (www.fsrn.org)

Bolivia ha estado en medio de una importante crisis de agua desde hace más de un año. Los residentes de la ciudad de La Paz están bajo estrictas reglas de racionamiento. Los glaciares se están derritiendo a un ritmo alarmante. Lo que alguna vez fue el segundo lago más grande del país se ha secado. Pero algunos argumentarían que un factor importante detrás de la crisis es un modelo económico que prioriza las necesidades de las industrias sedientas de recursos sobre las de los ciudadanos comunes.
Las operaciones mineras están consumiendo los ríos y ahora el gobierno tiene planes de construir las llamadas "mega-represas" en la región amazónica para generar energía hidroeléctrica para la exportación. Las comunidades indígenas en los caminos de las presas se están uniendo con ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil para detener los proyectos en sus propias pistas. Aldo Orellana López tiene más.
El gobierno boliviano ha reactivado un largo plan inactivo para convertir la región amazónica en un centro energético. El plan prevé la construcción de dos grandes represas hidroeléctricas en el río Beni y la infraestructura para exportar la energía generada a los países vecinos.
El presidente Evo Morales estima que el proyecto costaría alrededor de US $ 6.000 millones y, una vez operativo, traería más de US $ 1.000 millones al año. Pero las comunidades indígenas en la región del proyecto planeado dicen que no están dispuestas a pagar los costos humanos de las llamadas mega-represas. También advierten que el impacto ambiental sería asombroso, debido al papel de los ciclos del agua en el complejo ecosistema de la región amazónica.
"El Amazonas es una delicada eco-región que depende en gran medida de su equilibrio de agua, en el curso de sus ríos, en los lugares donde aquella piscina de agua. Estas son áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ", explica Sarela Paz, experta en reservas naturales protegidas. "Estas son también áreas protegidas por sus propias comunidades indígenas porque esas comunidades dependen del bienestar y el equilibrio de los ecosistemas dentro de esos territorios".
Según una evaluación de impacto ambiental, las dos presas inundarán un área más grande de la ciudad de La Paz, afectando a alrededor de 4.000 personas en 17 comunidades dentro y cerca de la zona de inundación.
Los indígenas T'simanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas rechazan rotundamente el proyecto, diciendo que nunca pasó por la consulta formal requerida por la constitución del país y los acuerdos internacionales.
Si bien Bolivia ya no es la segunda nación más pobre del hemisferio, la política económica del gobierno de Morales depende en gran medida de la extracción de recursos naturales, lo que ha causado repetidamente enfrentamientos con comunidades indígenas en áreas ricas en recursos.
"En este momento nosotros -como pueblos indígenas- estamos en modo de resistencia y exigimos que el gobierno boliviano traiga las políticas que ha adoptado de acuerdo con nuestras leyes actuales", dice Alex Villca, portavoz del Comité Coordinador de Defensa de la Amazonía. "Tenemos una constitución con múltiples artículos que respaldan y apoyan los derechos de los pueblos indígenas".
Otros han planteado preguntas sobre la viabilidad financiera del proyecto de la mega-presa. Algunos analistas advierten que el costo de construir dos presas y líneas de transmisión a países vecinos costará probablemente más de $ 6 mil millones.
Marco Gandarillas, director del Centro Boliviano de Información e Investigación - CEDIB - sostiene que es poco probable que el proyecto sea rentable debido a los altos costos ya la volatilidad del mercado energético.
"El gobierno boliviano cree que la era del gas ha pasado y que es probable que se descubran pocas reservas", según Gandarillas. "Ellos tienen pocas esperanzas de encontrar enormes reservas y se están concentrando en un plan muy agresivo para construir al menos 17 proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos con la intención de expandir las exportaciones de energía".
En noviembre pasado, los residentes de las comunidades indígenas cerca de los sitios previstos a lo largo del río Beni emitieron alertas sobre la llegada de equipo pesado de la empresa contratada por el gobierno para realizar los estudios finales para construir las presas. Inmediatamente comenzaron vigilias las veinticuatro horas en la zona y la compañía retiró su equipo semanas más tarde.
El gobierno todavía tiene que comentar sobre el incidente, pero ha dicho muchas veces que planea seguir adelante con el proyecto para construir las presas. (TRADICCION GOOGLE)





INDÍGENAS APRENDEN A DEFENDERSE

De Alaska a la Patagonia, muchos de los países del continente, y en especial de América Latina, enfrentan una creciente situación de conflictos por problemas socioambientales que, sin embargo, representan también una oportunidad de cambio en el enfoque al desarrollo económico.

El Pueblo de México (www.elpueblo.com)

En los países latinoamericanos la situación ha llevado a que grupos empresariales, académicos e indígenas hayan coincidido recientemente en lo que definieron como “necesidad de reforzar los procesos de resolución de conflictos dentro de una cultura basada en el diálogo y la búsqueda de consensos para el beneficio común”.
Para Marianela Curi, directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano, y Mara Hernández, coordinadora de ProDiálogo, del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), es una oportunidad que debe aprovecharse.
Es tal vez el momento. Los conflictos por el uso de tierras indígenas son ancestrales, pero no es sino hasta hace pocos años que las sociedades, las culturas y los mecanismos políticos han comenzado a respetar y a buscar la manera de vincularse mejor con grupos hasta ahora marginados.
Durante una conversación con Excélsior, Curi y Hernández advirtieron que el tema de los reclamos indígenas por la explotación económica de sus tierras tradicionales será un tema presente por muchos años en la región.
Para especialistas que se reunieron en México hace una semanas, “la ejecución de proyectos de desarrollo que impliquen el uso sustentable de recursos naturales o el cambio en la tenencia de la tierra, ha generado más de un desacuerdo entre las partes involucradas, conflictos que requieren nuevas formas de resolución más allá del enfrentamiento”.
La realidad es que, por lo pronto, esos problemas se reflejan en confrontaciones como la de Chiapas, donde las comunidades indígenas zoques se declararon en contra de actividades de exploración y explotación mineral y petrolera, o en Dakota del Norte, donde la tribu sioux batalla contra un oleoducto.
Pero el problema bien podría presentarse en las tierras indígenas de la Amazonia ecuatoriana o brasileña, en regiones de Colombia o en las zonas indígenas de Guatemala.
Se trata de comunidades que en algunos casos con una nueva conciencia de su poder y sus derechos, o en otros con una larga práctica, demandan no sólo respeto a su medio ambiente y a sus sitios sagrados, sino el reconocimiento de la sociedad en que viven y mayor participación en las decisiones que
las afectan.
Los problemas en México y Estados Unidos no son únicos. Se dan también en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Perú, dijeron Curi y Hernández.
De acuerdo con las especialistas, la mayor parte de los países de la región será escenario de numerosos y frecuentes litigios y problemas sociales derivados de las demandas de respeto a los derechos de grupos sociales que, como los indígenas, han sido históricamente marginados.
De la violación de tierras sagradas de los mapuches en el cono sur a la invasión de tierras tribales en Estados Unidos, Curi y Hernández, colombiana y mexicana respectivamente, consideraron como preocupante el que haya una tendencia al “diálogo de sordos”, una en la que cada parte trata de imponer su punto de vista al otro.
Para ellas, en la región han surgido dos enfoques: el diálogo y la defensa de derechos por un lado, y paralelamente la confrontación, algo que sólo podría resolverse a partir de un enfoque efectivo que equilibre el poder entre las partes involucradas en los conflictos.
Pero es lo que consideraron como una oportunidad para buscar alternativas de desarrollo más inclusivas en las que la sociedad completa tenga participación.
El punto de partida, como dice Curi, directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano, es la convicción de que “la verdad no está en nosotros, sino entre nosotros”.
Para ellas, parte de la solución a la complicada problemática dejada por cientos de años de explotación o marginación está en la mayor participación de grupos sociales, y sobre todo en la continua construcción de puentes y de confianza entre las diversas partes de los diálogos de desarrollo.
Canadá y Estados Unidos, con todos sus problemas, son ejemplos útiles. Muchos problemas se resuelven con respeto a las sensibilidades y necesidades de los indigenas, aún cuando a veces como ahora en Dakota del Norte– haya incidentes violentos.
Pero en América Latina  el trabajo es complicado por siglos de desconfianza, la convicción de que “la otra parte” sólo quiere el propio beneficio, el discurso que puede delinear metas elevadas, pero tiene una ejecución pedestre –desde México, donde se festeja la herencia indígena hasta los países “bolivarianos” donde, se habla de “la madre tierra”– y la presencia de grupos criminales.
Pero en unos y otros, a final de cuentas, se explotan sin misericordia los recursos naturales.
De hecho, algunas escuelas universitarias de la región han comenzado a ofrecer cursos sobre resolución de conflictos. Y a decir de Curi y Hernández, es una carrera con futuro.





INDÍGENAS ANUNCIAN JUICIO EN CONTRA EL ESTADO BOLIVIANO POR CONSTRUCCIÓN DE REPRESA

Sputnik News de Rusia (www.sputniknews.com)
                                                          
Cerca de 18 comunidades indígenas impulsarán un juicio contra el Estado boliviano para evitar que se lleve adelante el proyecto hidroeléctrico en las regiones de Chepete y El Balael, declaró el representante de la mancomunidad de los pueblos Tacana, Chimán, Mosetén Lecos y Uchupiamonas, Alex Villca.
"En los próximos días una comisión de la mancomunidad se reunirá en la ciudad de La Paz con abogados constitucionalistas para interponer una acción popular contra el Estado por la vulneración de nuestros derechos", dijo el representante.
Explicó que además de la acción popular se interpondrá una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que el Gobierno boliviano persista en la construcción de la hidroeléctrica.
"Estamos en estado de emergencia y alerta permanente", advirtió Villca.
En julio de 2016 el presidente Evo Morales anunció el inicio de estudios para la construcción de la represa gigante en el estrecho de El Bala sobre el río Beni en el norte del departamento de La Paz. La mega obra demandaría una inversión de cerca de 6.000 millones de dólares y generaría al menos 3.000 megavatios. El anuncio fue rechazado por los representantes de los pueblos indígenas de la zona porque significaría la desaparición de las comunidades que están asentadas en la ribera de los ríos Beni y Quiquibey, según explicó Villca.
"La mancomunidad de comunidades indígenas ha rechazado de manera rotunda la construcción de la mega represa Chepete — El Bala, vamos a continuar con esta resistencia porque consideramos que este 2017 es un año clave para precautelar nuestros territorios", afirmó.
En noviembre de 2016 los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la represa protagonizaron una vigilia de 12 días en el estrecho de El Bala obligando a que la empresa contratada por el Gobierno para realizar estudios de factibilidad abandone la zona.
El Gobierno anunció que llevará adelante esta mega obra por considerarla estratégica para el desarrollo energético de La Paz y las principales autoridades han llamado a los pueblos a no dejarse engañar por la resistencia de "pequeños grupos", según declaró Morales citado por La Razón en noviembre del año pasado. La mancomunidad de pueblos indígenas del norte de La Paz ha pedido al Gobierno respeto a la Constitución Política del Estado y al Convenio 169 de la OIT.





PETROPAR INSTA A SECTOR PRIVADO A BAJAR PRECIOS

Atendiendo a que el sector privado que comercializa gas licuado de petróleo (GLP) manifiesta que accede a mejores precios en la compra del producto para introducirlo al país, Petropar les insta a “disminuir sus precios de venta al público y a acortar los excesivos márgenes de ganancia que hoy deja este negocio”, según un comunicado difundido ayer por la petrolera estatal.

Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)

La compañía expuso en un comunicado sus argumentaciones acerca del motivo por el que decidió adquirir GLP de la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por medio de la vía de la excepción, en una operación que fue criticada por algunos sectores.
lucro desmedido. Petropar habla de la existencia de un negocio para un selecto grupo de personas que “lucra desmedidamente a costas de los sectores más vulnerables de la sociedad”, refiriéndose a los márgenes que tiene el sector privado que opera en el negocio del gas en el país.
Como el reciente proceso licitatorio para la compra de gas de Bolivia se realizó por la vía de la excepción, Petropar explicó que fueron invitadas 3 empresas: YPF y Refinor de Argentina, por un lado, e YPFB de Bolivia.
De las 3 empresas, solo se presentó la firma YPFB. Por lo tanto, el procedimiento por vía de la excepción de ninguna manera significó un direccionamiento hacia un proveedor en particular, según alegaron autoridades de Petropar, ya que la excepción solo significó el “acortamiento de los plazos del procedimiento de compra”, sostuvo la petrolera estatal en el documento.
En defensa de la operación realizada, Petropar expuso que a pesar de la fluctuación del precio internacional del gas, se mantiene el precio de venta al público del GLP de manera estable en G. 5.000 por kilo, asegurando un margen positivo en cada venta realizada.





En compra a favor de ypfb eludió licitación internacional por “urgencia impostergable”
                                                                                
PETROPAR CONFIESA EN COMUNICADO QUE PAGÓ MUCHO MÁS CARO POR EL GAS

Petropar confesó que pagaron más caro por el premio a YPFB por el gas, de US$ 50 a US$ 70 por tonelada, muy por encima de los US$ 20 que paga el sector privado a proveedoras argentinas, en igual lapso de tiempo. Se contradicen para justificar la “urgencia impostergable” para burlar una licitación internacional y digitar la compra más cara del gas boliviano. Hablaron primero de rumor de “desabastecimiento” y ahora que los plazos “no cerraron”.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
                                                                    
Petropar defiende la “urgencia impostergable” como “argumento” para la compra por vía de la excepción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dice que realizaron el proceso por excepción porque los plazos programados para las nuevas licitaciones no cubrirían la demanda generada.
Sin embargo, en otro apartado del mismo comunicado, señala que ya en noviembre la dirección comercial solicita la nueva compra de gas, mucho tiempo antes que la primera excusa del “rumor” sobre el desabastecimiento que señaló a ABC Cardinal la semana pasada el presidente del ente, Eddie Jara, para justificar la compra acelerada y a mayor precio.
En otro punto refiere que supuestamente fueron “invitadas” otras empresas a cotizar precios del gas, pero sin anexar ningún documento al respecto, y citan a YPF y REFINOR de Argentina. Empero, fuentes internas de Petropar aseguraron a nuestro diario, que este proceso desde hace rato estuvo dirigido para favorecer a la boliviana, “por alguna extraña razón” y coincidentemente el gobierno pretende unirnos a ellos para la provisión del hidrocarburo y por un periodo prorrogable de 20 años, según un Acuerdo firmado entre los mandatarios de ambos países, en 2015, y que el Congreso se negó a ratificar. Incluso, las mismas fuentes internas de Petropar refieren que el pliego de bases y condiciones para la primera licitación convocada por Petropar fue elaborado por funcionarios de YPFB.
Petropar en su comunicado reconoce plenamente las cotizaciones publicadas por nuestro diario, y confiesa que pagó mucho más. Así, en el punto 4 refiere: “El premio ofertado por la firma YPFB en la primera licitación realizada por Petropar en el mes de octubre de 2016 fue de US$ 50.00 por tonelada. El premio en la segunda licitación, en diciembre de 2016, fue de US$ 70.00 por tonelada”. La estatal confirmó así que abonó un precio mayor por el gas, por vía de la excepción, y eludiendo otras ofertas más ventajosas para el país. Estos precios del premio pagados a Bolivia son muy superiores a los US$ 20 por tonelada que abonaron algunas firmas privadas de nuestro país a proveedoras argentinas, en fechas similares.
Petropar sostiene que tuvo “apuro” para comprar para no quedarse sin stock; sin embargo fuentes internas del ente aseguran que al momento de la solicitud de compra contaban con 756 toneladas (75% de las compras que hizo de la misma YPFB de 1.000 Ton.) por lo que no existía apuro.





BOLIVIA PLANTEA VENDER ENERGÍA AL PARAGUAY

Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
                                                    
Aunque parezca ilógico, dada la gran producción de energía que tiene Paraguay, el Gobierno boliviano plantea exportar 100 megavatios (MW) a nuestro país, principalmente al Chaco paraguayo, comentó Luis Sánchez, ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, informó Cambio, periódico del país vecino.
“Hay una oportunidad de vender energía a esta región (el Chaco paraguayo) de aproximadamente 80 a 100 megas (MW) y generar nuevos ingresos para el Estado Plurinacional de Bolivia. Están casi a 800 kilómetros estas regiones del Chaco y tienen problemas técnicos para transportar la energía y el costo”, remarcó el funcionario.
Sánchez explicó que Paraguay es uno de los mayores exportadores de energía del mundo, pero tiene algunas dificultades de provisión al territorio chaqueño, justamente en la frontera con Bolivia, donde existe mucho desarrollo en sectores como la agroindustria.
La ANDE y la boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realizarán un estudio de integración energética. Se prevé construir una línea de transmisión eléctrica hasta la frontera de ambas naciones, indicó.
Técnicos locales cuestionan que la ANDE esté viendo esta posibilidad, teniendo en cuenta la gran disponibilidad en el país y aducen que debe ser la estatal la que provea la energía en todo el territorio.





GRIPE AVIAR: BOLIVIA REFUERZA CONTROL EN FRONTERA CON CHILE Y PROHÍBE INGRESO DE AVES
                                                                                                                                                                                                 
El gobierno instruyó además reforzar la inspección de pasajeros, equipaje y carga procedentes de Chile.

La Tercera de Chile (www.latercera.com)
                                                          
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia decidió cerrar la frontera con Chile por los casos detectados de gripe aviar en Quilpué.
Según consignó La Razón, la resolución sostiene que “el gobierno de Bolivia prohíbe el ingreso de aves vivas de cualquier especie, huevos y otros productos y subproductos de origen avícola procedentes de Chile tras confirmarse un brote de influenza aviar en este país vecino, según reza la RA. 005/2017, esto para proteger el patrimonio productivo nacional”.
El instructivo del Senasag instruye además reforzar los controles en frontera e inspección de pasajeros, equipaje y carga procedentes de Chile en puestos de control internacional y e intermedio, e informar inmediatamente sobre cualquier decomiso y destrucción de aves que pudieran ser introducidos.





UNA EMPRESA CATALANA REFORMARÁ EN BOLIVIA UNA DE LAS CARRETERAS MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO

Camino a los Yungas, construida en 1930, acumula un siniestro historial de accidentes. Es la única vía en la que se permite circular por la izquierda para evitar caer en el abismo al cruzar con otro vehículo

ABC de España (www.abc.es)
                                                     
De manera más o menos exagerada, todo país tiene su particular "carretera de la muerte", aunque hay alguna que, por su historial de accidentes, copa de manera recurrente el ránking mundial de vías más peligrosas del planeta.
Una de estas, sin lugar a dudas, es la carretera de los Yungas, en el departamento de la Paz, en Bolivia, una vía escalofriante para cualquier conductor, y que se cobra cada año decenas de vidas en accidentes.
A 4.000 metros de altura, sin guardarraíles, con algunos tramos que apenas alcanzan los 3,5 metros de anchura, la también conocida como Camino a los Yungas será ahora reformada por la empresa catalana BAC Engineering Consultancy Group, que ha ganado el concurso organizado por el gobierno boliviano para diseñar la remodelación de la vía
Según informó la consejería de Empresa de la Generalitat, el proyecto, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene una duración de nueve meses y consiste en definir las obras que se tendrán que llevar a cabo para mejorar la vía en todos sus aspectos, especialmente la seguridad, a partir de una nueva definición de trazado, pavimentación y ampliación de la calzada.
BAC, que cuenta con 300 trabajadores, se interesó por este proyecto a raíz de una misión empresarial organizada en Bolivia en 2015 por la administración catalana.
Circular por la izquierda
Camino a los Yungas fue construida en la década de 193o por prisioneros paraguayos durante la conocida como la guerra del Chaco, y aunque parte de su trazado ha sido sustituido por una vía nueva y más segura que une La Paz con esta zona selvática, sigue siendo la única carretera que comunica varias poblaciones de la zona.
Mal asfaltada, con deficiente drenaje, en algunos tramos sin asfaltar y amenazada constantemente por desprendiemientos, Camino a los Yungas tiene un escalofriante trazado, la mayor parte del cual con un abismo a pocos centímetros de las ruedas de los vehículos que se atreven a transitar por ella. De hecho, es la única vía en la que está permitido circular por la izquierda, de modo que cuando se cruzan dos vehículos, el conductor que transita más cercano al abismo tenga mayor visibilidad. La espectacularidad de los paisajes ha hecho de esta vía un destino mundial para los cicloturistas.
La consultora BAC, que factura 15,5 millones de euros, cuenta con sedes en Bolivia, Argelia, Armenia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Qatar, Madrid y Barcelona.





ORDENAN OTRAS DETENCIONES EN EL CASO TRÁFICO DE DROGAS A BOLIVIA

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
                                                                
A raíz de la dudosa y extraña inhibición de los jueces de Filadelfia, Chaco, Juan Carlos Olmedo y Marisol Fernández, el expediente recorrió cientos de kilómetros hasta llegar a Villa Hayes, donde los magistrados de sentencia Christian Bernal (Presidente), Sonia Villalba y Blas Cabriza, aceptaron juzgar a los procesados en la causa caratulada “Carlos Antonio Duarte Mendoza s/ Introducción, posesión y tráfico de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas -marihuana”. Se trata de un caso en el que se investiga el decomiso de unos 1.000 kilos de marihuana que estaban para ser traficadas a Bolivia en diciembre del 2009 y que fueron decomisadas por la Senad en alto Chaco.
El presidente del colegiado, Christian Bernal, firmó además la detención de Jorge Amado Morínigo Vera y Leonor Gonzaga Benítez, quienes aparecen acusados de participar dentro del operativo del tráfico de esta sustancia. Igualmente, se han remitido los oficios a la comandancia de la Policía Nacional para que pueda iniciar la búsqueda de los dos imputados. Ambos se encuentran prófugos de la justicia actualmente. Este caso ya tuvo un primer juicio, en el cual, Morínigo y Gonzaga fueron absueltos de culpa y pena. Sin embargo, dicha sentencia se anuló por pedido de la Fiscalía y ahora ambos deberán enfrentar un nuevo juicio oral.
Además de los dos citados más arriba, también estarán sentados en el banquillos de los acusados Carlos Antonio Duarte Mendoza, Hugo Javier Duarte Cabral, quienes también forman parte de este “equipo” que fue detenido con la droga.
Este caso estuvo a punto de quedar impune debido a las diversas inhibiciones de los jueces del Chaco. Finalmente, el tribunal de sentencia fijó para los días 13,14 y 15 de febrero el juicio oral para los cuatro acusados. En la audiencia oral se discutirá la responsabilidad de cada uno de los que están procesados y la misma se desarrollará en la sala de juicio orales del Poder Judicial de Villa Hayes, ubicado en el edificio Bohemio. El juicio debe iniciarse a las 08:30 según la resolución del tribunal de sentencia.
Corte sospecha inhibición irregular
La Corte Suprema de Justicia sospecha que la inhibición de un juicio por narcotráfico de los jueces Olmedo y Fernández sería irregular y es por ello que ordenó de inmediato la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional en la causa. La decisión de iniciar la investigación fue firmada por la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa. En este caso ya se había apartado el magistrado Fidelino Aquino, quien alegó que fue defensor de los acusados, cuando el mismo se desempeñaba como defensor público en el 2012.
El juez Olmedo no supo cómo explicar su inhibición ni tampoco el motivo del porqué fijó primeramente para los días 29 y 30 de diciembre del 2016 la realización del juicio oral para los cuatro acusados. En su defensa, el magistrado dijo que se apartó del proceso penal porque ya había integrado el tribunal de sentencia como miembro suplente. Según fuentes judiciales, el juez Olmedo tuvo el expediente judicial en su poder durante varios días y luego tomó la sorpresiva determinación de inhibirse del caso sin mayores fundamentos.
A su vez, la jueza Marisol Fernández, fundó su inhibición del juicio expresando que ella no es del fuero, por lo tanto no corresponde que integre el colegiado para el citado caso. Asimismo el juez Aquino se excusó señalando que fue defensor público en el año 2012 y en tal función asistió jurídicamente a los acusados.
Llamativa absolución
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Arsenio Yuruhan, Francisco Núñez y Eduardo Medina de Filadelfia habían absuelto de culpa y pena a los acusados Jorge Amado Morínigo y Leonor Gonzaga Benítez, mientras que condenó a Carlos Antonio Duarte Mendoza, a 8 años y a Hugo Javier Duarte a 7 años de cárcel.
El fiscal Andrés Arriola apeló la resolución del colegiado y la cámara de apelaciones conformada por Ricardo Medina, Leonardo Páez y Teresa Gauto finalmente anuló la decisión de los jueces de sentencia y ordenó que se haga un nuevo juicio para los cuatro procesados.
El procedimiento para la incautación de los casi 1.000 kilos se llevó a cabo en diciembre del 2012 en Mariscal Estigarribia, Chaco. Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron detener dos camiones que transportaban postes de eucaliptos y dentro de la misma se encontró la droga.





POLO DE CONOCIMIENTO MINERO EN LA QUIACA

Desde febrero se dictarán tres tecnicaturas absolutamente complementarias y que son una apuesta al futuro regional.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
                              
La Quiaca fue en el pasado reciente, y puede llegar a ser nuevamente, un importante centro minero. En la región abundan los yacimientos metalíferos, no metalíferos y de variadas rocas de aplicación.
El territorio forma parte de la prolongación de las ricas fajas metalíferas que vienen desde Bolivia. En el norte jujeño convergen fajas auríferas, estanníferas, argentíferas, plumbíferas, zincíferas, antimoníferas y polimetálicas, entre otras. Muchas de las vetas y filones que conforman estas fajas se encuentran atravesando las viejas rocas marinas del periodo Ordovícico. La densidad de yacimientos vetiformes en esa región de Bolivia y Argentina hizo que el doctor Ricardo J. Sureda, de la Universidad Nacional de Salta, propusiera en 1988 el nombre de "Provincia Metalogénica Quiaqueña", para englobar precisamente a todos esos depósitos minerales. Pero además se encuentran en su territorio baritina, caolín, manganeso, ónix, travertinos, granitos, calizas, arenas especiales, arcillas, cuarzo y un sinfín de otras sustancias minerales.
La Quiaca es una ciudad del departamento de Yavi. Yavi es conocido por su singular belleza paisajística, por sus gestas históricas, por su afamada iglesia, por la casa del Marqués donde se encuentra una rica biblioteca y un interesante museo (con un ala dedicada a la historia de la minería) y por haber sido parte del camino de postas en la época colonial.
Pero además en Yavi hay cerros enteros de calizas, como los de la serranía de los Siete Hermanos, donde hay formaciones símiles del travertino y mármol. Y también hay unos granitos que pueden cortarse y pulirse dando un buen lustre y acabado. Precisamente el importante monumento a Sarmiento que se levanta en La Quiaca está construido de mármoles y granitos de la región.
La mayor parte de los yacimientos metalíferos se explotaron en el periodo de entreguerras del siglo XX. Entre ellos muchas de las minas de plomo y zinc. Hay una larga y rica historia de mineros bolivianos, expertos en explotaciones subterráneas, que llegaron a las minas jujeñas a trabajar y luego se afincaron formando familias. Ellos trajeron gran parte de la cosmovisión que tiene que ver con el mundo de los socavones, sus mitos y leyendas, entre los que destacan el Tío o diablo de las minas, el Ukako, las ofrendas y los ritos. Un mundo que para entonces era de hombres adentro de las labores profundas y de mujeres afuera cumpliendo el rol de las palliris. Algo que habría de cambiar en las últimas décadas ya que ahora la mujer se ha igualado y trabaja en las minas modernas a la par de los hombres.
Los hijos pródigos
La actividad generaba riqueza para todos, los mineros y sus familias, los proveedores de cualquier clase de insumos y mercaderías, los transportistas, y en fin los que estaban ligados directa o indirectamente con la actividad. La caída del precio de los metales hizo que la mayoría de los yacimientos dejaran de ser rentables y cancelaron sus operaciones. Muchos de los mineros regresaron a Bolivia, otros cambiaron de actividad por la de comerciantes en el área de frontera y finalmente otros buscaron nuevos horizontes especialmente en el sur del país. Se calcula que unos 3.000 mineros jujeños trabajan en minas de la Patagonia, entre ellas el carbón de Río Turbio y muchas otras. Son aquellos mineros que esperan ansiosamente la reactivación de la actividad en su propia tierra para poder volver con sus familias.
Por ello no deja de ser auspicioso el trabajo que viene realizando el intendente de La Quiaca, Dr. Miguel Ángel Tito. Además de sus múltiples actividades como administrador del municipio, está llevando adelante una intensa tarea para proveer a La Quiaca de los más modernos servicios en comunicaciones, energía, infraestructura, red caminera, agua y otros. Así La Quiaca cuenta hoy con gasoducto propio, internet de alta velocidad, telefonía celular 4G, hotel de turismo y otros servicios que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos.
Escuelas indispensables
En este marco, Tito apuesta fuertemente por la educación. En tal sentido logró habilitar con fondos propios y apoyo gubernamental, provincial y nacional, la instalación de una sede de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo", dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Visto de otra manera una sede universitaria en La Quiaca. Allí se darán tecnicaturas en tres áreas diferentes pero a su vez absolutamente complementarias: Minería, Química e Informática. Las tecnicaturas tendrán una duración de tres años y se otorgarán los títulos de Técnico Minero, Técnico Químico y Técnico en Informática. Para ello se construyó un moderno edificio al lado del Hotel de Turismo, con todas las comodidades de aulas grandes y cómodas, bien iluminadas y calefaccionadas, con baños de primera para mujeres y varones, espacio para administración, entre otras dependencias. Pero además se recuperaron las viejas instalaciones abandonadas de la Estación del Ferrocarril que se adaptaron para laboratorios.
La actividad minera moderna requiere de conocimientos específicos no sólo en lo relativo a los yacimientos y su explotación, sino también en los procesos químicos y metalúrgicos para el procesamiento de los minerales y en la aplicación de herramientas informáticas en todas las etapas. De allí que la sinergia planteada entre las tres áreas de conocimiento sea importante para llevar adelante una actividad minera innovadora, con un fuerte basamento en la seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente. La tecnicatura en minas contará con un plan de estudios de 38 materias, con un promedio de 12 asignaturas por año, entre las que destacan los contenidos geológicos, mineralógicos, petrológicos, petrográficos, informática aplicada a la minería, física y químicas aplicadas, inglés técnico, topografía, sistemas de explotación, maquinarias, procesamiento de minerales, legislación y evaluación de impacto ambiental, entre otras.
El periodo lectivo comenzará en febrero de 2017 y en tres años egresarán los primeros técnicos profesionales. La Quiaca es una ciudad que luce orgullosa sus plazas y monumentos. Se encuentran numerosos bustos y estatuas de hombres ilustres, quiaqueños y de los héroes de la patria. Precisamente en el cruce de dos rutas emblemáticas como son la 9 y la 40, en plena ciudad de La Quiaca, se levanta el monumento al minero que el actual intendente está remodelando como homenaje a todos los que trabajaron en esas duras faenas. Y como un símbolo para quienes comienzan sus estudios en la nueva sede universitaria quiaqueña. En este sentido visitamos al intendente para brindarle apoyo académico específico junto a los ingenieros Nilo Carrión, presidente de la Cámara Minera de Jujuy y el Ing. Jorge Bragantini.
Una figura señera
La escuela de minas que lleva el nombre del doctor Horacio Carrillo (1887-1955), lo hace en homenaje a quién fuera un importante político jujeño, de extracción radical, gobernador de la provincia entre 1918 y 1921, abogado, docente, impulsor de las industrias azucarera y minera, embajador en Cuba, República Dominicana, Panamá y Bolivia. Su permanencia como embajador en Bolivia durante diez años le permitió trabajar arduamente en la resolución de la cuestión limítrofe con nuestro país. Por su desempeño en la Comisión Mixta Internacional de Asuntos Argentino-Bolivianos fue premiado con el título de Doctor honoris causa por la Universidad de Chuquisaca y la Gran Cruz del Cóndor de los Andes. Como escritor se destacó en obras como Jujuy y su bandera (1920), El ferrocarril al Oriente boliviano (1922), Los límites con Bolivia (1925), La quinua (1927), Páginas de Bolivia (1928), así como Tres novelas jujeñas, Los fueros de la prensa y Humahuaca. Fue además corresponsal del diario La Nación en La Paz. La nueva escuela de minas de La Quiaca está llamada a ser un polo de integración argentino-boliviano como alguna vez lo soñara el visionario prohombre jujeño Dr. Horacio Carrillo.





EL IMPACTO DEL PETRÓLEO

La mejora en el precio del crudo volvió insostenible el subsidio a los combustibles

El País de España (www.internacional.elpais.com)

El 10 de diciembre pasado, en Viena, se tomó una decisión de alcance global. Los miembros de la OPEP, a los que se sumaron otros 12 países productores de hidrocarburos, resolvieron reducir la oferta de crudo. El recorte podría alcanzar un millón y medio de barriles diarios. El efecto de esa restricción ya se percibe. Los futuros del petróleo comenzaron a subir: el promedio para el año es hoy de 56,29 dólares el barril. El precio actual es casi un 8% más caro que hace 30 días. Y un 70% más que un año atrás.
Las consecuencias de estas modificaciones comenzaron a sentirse en la región. El gobierno de México, que participó de la reunión de Viena, al principio festejó. El aumento en el valor del petróleo mejoraría la situación de la castigada Pemex. La empresa, que es controlada por el Estado, tuvo una caída dramática en sus ingresos, que la obligó a reducir la producción. La de 2016 fue, con 2.145.000 barriles diarios, 5% menor que la de 2015, y la más baja de los últimos 35 años. Esta crisis castiga a la tesorería mexicana. No sólo porque recibe del negocio petrolero el 33% de sus ingresos. Además, la obliga a realizar caudalosos aportes patrimoniales para sostener las finanzas de la compañía.
Al mismo tiempo que la mejora en el precio del crudo da un respiro a Pemex, volvió insostenible el subsidio a los combustibles. El 50% de los que consumen los mexicanos es importado, y hay que adquirirlo con un peso que se estuvo devaluando a lo largo de 2016, sobre todo después del triunfo de Donald Trump. En este contexto, el precio de la gasolina fue ajustado en un 20%. Y produjo un estallido de furia de los consumidores.
Ocurrió algo previsible. El Caracazo de 1989, que arrastró al gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, se desató por un encarecimiento drástico del precio de la gasolina. En aquel caso fue del 100%. En diciembre de 2010, Evo Morales sufrió en Bolivia una rebelión que, como en México, se llamó gasolinazo, porque retiró una subvención a los combustibles, que aumentaron un 83%. Si se quiere buscar el punto de partida de la caída de Dilma Rousseff en Brasil, hay que ir a las manifestaciones ocurridas en San Pablo, a mediados de 2013, por el aumento del precio del transporte.
Pérez, Morales, Dilma, fueron precursores del mexicano Enrique Peña Nieto. El precio de la gasolina no afecta tanto a los automovilistas como a quienes utilizan el transporte público. Las protestas, asociadas en muchos casos al desabastecimiento, dejaron en México unos 1.500 detenidos y cantidad de comercios dañados. Lluvia ácida para un presidente cuya popularidad no alcanza el 25%.
Lo que trajo angustia a México arranca una sonrisa a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia que, como Colombia y Perú, exportan hidrocarburos. Nicolás Maduro logra una bocanada de oxígeno en medio de una crisis que ya parece crónica. Asfixiada la economía por la falta de reservas internacionales, los mejores ingresos petroleros alientan especulaciones: ¿habrá un régimen cambiario desdoblado, a la cubana, para fines de febrero? Excentricidades para corregir excentricidades: el bolívar se depreció más de 100% entre noviembre y diciembre.
En Brasil también festejan: con un crudo que se aprecia, se facilita el salvataje de Petrobras. En la primera semana del año la empresa subió el precio del diésel y de las gasolinas. La tendencia a eliminar el subsidio a los consumidores de combustibles se afianzó a partir de octubre. Es parte de una política general, que incluye la venta de activos de la petrolera estatal en toda la región. Petrobras ya realizó una operación por 892 millones de dólares, algo controvertida, con el grupo Pampa Energía, en la Argentina. Y transfirió una distribuidora en Chile, por 470 millones de dólares, al grupo Southern Cross. Petrobras anunció, además, el despido de 6.300 empleados. El ajuste permitió que la acción de la empresa, sacudida por la tormenta judicial de la operación Lava Jato, se recuperara alrededor del 100% durante el año pasado.
Para la Argentina de Mauricio Macri el cambio en los precios de los hidrocarburos es, en cambio, desafiante. El país importa el 13% de la energía que consume. Una parte importantísima de ese consumo está subsidiada. De modo que, al encarecerse el petróleo, aumenta el gasto público. Un problema delicado para un país en el cual el Estado, en la escala nacional, provincial y municipal, representa el 47% del PIB. Uno de los objetivos principales de Macri, sobre todo desde la reciente incorporación de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, es reducir el déficit fiscal. Si se encarecen los combustibles y se pretende equilibrar las cuentas públicas, a Macri no le queda otro remedio: deberá eliminar los subsidios más de lo previsto. Dicho de otro modo, aumentar las tarifas del gas, la electricidad y el transporte. Una noticia amarga para un año electoral.

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