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La
ira ciudadana por la sospecha de que el chavismo ha cometido un fraude en las
elecciones presidenciales del domingo se ha expendido por toda Venezuela. En
tres ciudades derribaron estatuas de Hugo Chávez a golpes de mazo. Los
manifestantes decapitaron una de las imágenes del comandante y arrastraron la
cabeza de bronce atada a una moto con una cadena, como hizo Aquiles con el
cadáver de Héctor en Troya. La gente aplaudía a su paso.
En
el país se viven horas de angustia. La oposición ha hecho público su conteo
propio basado en las actas que han recopilado, que da como vencedor a Edmundo
González con una diferencia muy amplia respecto a Nicolás Maduro: 6,2 millones
de votos frente a 2,7. La campaña de Edmundo, respaldada por la líder opositora
María Corina Machado, subió todos esos documentos a una página web para que
fueran cotejables. Esas actas desmontarían el relato oficial de que el
presidente de Venezuela ganó las presidenciales con un millón de votos a su
favor.
La
comunidad internacional desconfía abiertamente de los números que ha presentado
el chavismo. En primer lugar, porque el oficialismo no ha ofrecido los datos
concretos registrados en cada centro electoral. Y en segundo, al no haber
demostrado que el retraso en el anuncio del conteo se debió a un hackeo
proveniente de Macedonia del Norte, como denunció el fiscal general. Los países
preocupados por la situación venezolana -de Estados Unidos a la Unión Europea o
gigantes latinoamericanos como Brasil, Colombia y México- le exigen al Gobierno
de Maduro que haga un recuento transparente, de la mano de auditores
independientes, que despeje todas las dudas.
Hay
mucho en juego. El chavismo debería ser el primer interesado en que se conozca
la verdad de lo ocurrido esa noche, pues necesita de una victoria que le sea
reconocida internacionalmente y le abra de nuevo las puertas de los mercados y
las multilaterales. El chavismo no lo verbaliza, pero su condición de paria en
la escena mundial molesta a sus dirigentes. Le ocurre lo mismo con la prensa
extranjera, a la que ataca y desdeña constantemente y a la que, sin embargo,
lee con mucho detenimiento. Esta era una ocasión para salir de este aislamiento
con el que convive desde hace años, fuese con el actual presidente o con uno
nuevo que normalizase la vida política del país. De hecho, estas fueron las
principales razones para que se le pusiese fecha y se celebrasen estas
elecciones, acordadas después de más de un año de negociación a tres bandas
entre la oposición, el Gobierno y la Casa Blanca.
El
descontento por el resultado ha echado a la gente a las calles. Hordas de
jóvenes rodeaban el lunes por la noche el Palacio de Miraflores, la residencia
presidencial, en Caracas. La ciudad estaba tomada por las fuerzas de seguridad
chavistas. Las protestas empezaron en los balcones de las casas, a los que la
gente salió para gritar fraude y blandir cacerolas. Más tarde, se trasladó a
las avenidas, que fueron cortadas por jóvenes en motos que enarbolaban banderas
de Venezuela. Levantaron fogatas en mitad de la carretera y a la hoguera
echaron fotos y propaganda electoral de Maduro.
A
medida que pasaron las horas, la situación se fue crispando hasta derivar en
enfrentamientos con la policía. Foro Penal, una organización venezolana de
derechos humanos, habla ya de 46 manifestantes detenidos. Se ha confirmado la
muerte de al menos dos personas, y en redes sociales se muestran las de varias
más, aunque no han sido verificadas. Provea, una ONG, asegura que familiares de
25 estudiantes denuncian que han desaparecido después de que protestaran frente
a la Universidad de Nacional de Seguridad por haberse visto obligados por el
director a votar a Maduro. La organización detalla los nombres y apellidos de
algunos de los muchachos. Los colectivos, grupos callejeros chavistas expertos
en confrontaciones, se enfrentaron también a los manifestantes, con disparos de
bala en algunos casos.
Maduro
ha asegurado que tienen identificados a los que derribaron estatuas de Chávez,
que fue quien le nombró a él su sucesor poco antes de morir por un cáncer de
colon, en 2013. El presidente se ha instalado en la narrativa de que la
oposición, por contradictorio que parezca a simple vista, quería dar un golpe
de Estado en las urnas e instaurar un “Gobierno fascista”. “Nos declaramos en
vigilia y acción permanente para acabar con el golpe de Estado contra
Venezuela”, ha dicho. El papel de los militares también está siendo escrutado
en estas horas. Muchos se preguntaban si las fuerzas armadas avalarían un
fraude del chavismo, en caso de que se haya producido. Por ahora, la cúpula ha
demostrado lealtad en boca del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López,
quien aseguró que van a garantizar la paz de Venezuela y que no dejarán que se
perturbe la calma en el país después de “la demostración de civismo” que se
vivió el domingo. “Llamo nuevamente a la reflexión. No queremos que incautos
por allí comiencen a hacer el papel de tontos útiles para perturbar la paz de
este país”, dijo en un video difundido.
Los
próximos días serán vitales. Una parte de la comunidad internacional estaba
convencida de que el chavismo, por fin, sería capaz esta vez de aceptar una
derrota y volverse oposición, y desde ahí reconstruirse como movimiento después
del desgaste que ha sufrido estos años por la brutal crisis económica que ha
tenido que gestionar y las continuas violaciones a los derechos humanos que les
acusan de haber cometido. Ahora, pedir la fiscalización de las actas es una
manera de insistir en esa idea de la necesidad de un proceso de cambio en un
país que ahora mismo se gobierna de manera autoritaria. Por ahora, no parece
que haya una voluntad expresa del chavismo en hacer el conteo de forma
transparente. El resto del mundo empujará para que lo acepte. (EL PAIS DE
ESPAÑA)
VENEZUELA
RETIRA SU PERSONAL DIPLOMÁTICO DE SIETE PAÍSES DE LA REGIÓN, INCLUIDA ARGENTINA
La
medida afecta a las misiones diplomáticas venezolanas en Argentina, Chile,
Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sin pruebas, el
presidente Javier Milei había denunciado fraude en los comicios.
El
gobierno de Venezuela exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú,
Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de
sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus
"injerencistas acciones y declaraciones" sobre las presidenciales del
domingo. El Ejecutivo de Nicolás Maduro decidió "retirar todo el personal
diplomático de las misiones" en estos siete países latinoamericanos. La
medida es un reflejo del conflicto creciente entre el gobierno de Maduro y las
autoridades de estos países de América latina que manifestaron su desconfianza
con el resultado electoral.
El
presidente Javier Milei compartió este lunes un video en su cuenta de TikTok en
el que sin pruebas denunció fraude en las elecciones y declaró: "Los
leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el
socialismo". El domingo, cuando aún no se conocían los resultados
oficiales y ni siquiera existían bocas de urna, la canciller Diana Mondino
sorprendió a la comunidad diplomática llamando a Maduro a "reconocer su
derrota".
Firme
rechazo a las "acciones injerencistas"
El
gobierno de Maduro anunció que "Venezuela se reserva todas las acciones
legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho
inalienable a la autodeterminación" y planteó que "enfrentará todas
las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia" del país
caribeño.
En
su pronunciamiento, el Ejecutivo de Maduro expresó "su más firme rechazo
ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de
derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más
sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar
el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados
electorales".
El
Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó este lunes presidente a Maduro,
después de que anunciara el domingo por la noche que el dirigente chavista, en
el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51,2 por ciento de los votos,
mismo resultado que brindó cuando se habían escrutado el 80 por ciento de la
actas y a falta de más de dos millones de votos por contar. El opositor Edmundo
González Urrutia obtuvo el 44,2 por ciento de los sufragios.
Este
lunes los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda
preocupación por el desarrollo de las presidenciales. A su vez exigieron la
revisión completa de los resultados y pidieron una reunión urgente de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Los
ataques de Milei
El
presidente Javier Milei describió este lunes los resultados de los comicios del
domingo en Venezuela como una "estafa electoral" y desconoció el
anuncio del CNE de ese país. "No reconocemos el fraude, llamamos a la
comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de derecho en
Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra
patria están abiertas", agregó Milei.
El
mandatario argentino se refirió a las declaraciones de Maduro durante su
discurso del lunes por la madrugada, tras conocerse los primeros resultados
oficiales de los comicios, en el que se refirió a Milei como un "nazi
fascista", "vendepatria" y "bicho cobarde", además de
advertirle que no le "aguantaría un round". "Los insultos del
dictador Maduro para mí son halagos", replicó Milei en X.
El
gobierno argentino instruyó al encargado de negocios de su embajada en Caracas
"no participar del acto de proclamación de la candidatura oficialista
convocado por las autoridades venezolanas en el día de la fecha". Cabe
recordar que en la embajada argentina en Venezuela están refugiados desde hace
semanas seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.
Venezuela
y Argentina ya habían tenido un encontronazo el domingo, cuando el viceministro
venezolano para América latina, Rander Peña, denunció que el Ejecutivo de
Milei, "en medio de su desespero, amenaza con invadir la embajada de
Venezuela en Argentina, constituyendo una violación a la Convención de
Viena". Peña respondió así a una publicación de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, quien el domingo por la tarde dijo estar frente a la
embajada "esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de
personas".
Escrutinio
bajo la lupa
El
canciller de Uruguay, Omar Paganini, aseguró que hay "falta de
transparencia" en los resultados de las elecciones en Venezuela y destacó
que el gobierno de su país ve la situación con preocupación. "Tiene pinta
de que son unos números que no tienen validez", apuntó Paganini en una
rueda de prensa en la que detalló que la suma de los resultados supera el 100
por ciento.
Por
su parte el presidente chileno, Gabriel Boric, subrayó la necesidad de que en
Venezuela se entregue la totalidad de las actas electorales. "Las
elecciones, y elecciones que generan tanta expectación como esta, tienen que
ser absolutamente transparentes y verificables por veedores internacionales no
dependientes ni partidarios del gobierno", afirmó el mandatario chileno
desde Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra realizando una visita oficial.
Boric
fue el primer mandatario internacional en alzar la voz ante la tardanza del
conteo de votos y, en un mensaje en la red X antes del primer boletín del CNE,
ya había advertido que ni la comunidad internacional ni Chile aceptarían unos
resultados que no fueran "transparentes", "oportunos" y
"reflejen íntegramente la voluntad expresada en las urnas".
Desde
que llegó al poder en marzo de 2022, Boric fue una de las voces más duras en la
región contra Maduro, una postura que lo diferencia de otros líderes
progresistas como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano
Gustavo Petro, quienes en el pasado mostraron una actitud más tolerante pero
que en los últimos días endurecieron el tono.
El
presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se adelantó al comunicado del gobierno
venezolano al anunciar que ponía en "suspenso" las relaciones
diplomáticas y retiraba su cuerpo diplomático en Venezuela "hasta que no
se realice una revisión completa de las actas". El gobierno de Perú se
declaró "en observación activa" ante los posibles "efectos
migratorios" del anuncio de la reelección de Maduro.
EL
INCIDENTE EN UN PUENTE FRONTERIZO EN SALTA PODRÍA DERIVAR EN OTRO FOCO DE
TENSIÓN ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
La
Cancillería trabaja para establecer si un grupo de policías bolivianos ingresó
a territorio argentino durante el desalojo de una protesta en el cruce Salvador
Mazza-Yacuiba
Infobae
de Argentina (https://acortar.link/0cbSsD)
Un
nuevo conflicto diplomático podría darse entre Argentina y Bolivia si se
termina comprobando que miembros de la policía boliviana ingresaron para
detener a dos médicos que participaban de una protesta en el puente fronterizo
Yacuiba-Salvador Mazza.
Los
hechos se produjeron este domingo cuando las fuerzas de seguridad del vecino
país dispersaron una manifestación de unos 150 trabajadores de salud que desde
hace una semana estaban sobre la traza del puente en reclamo de incrementar la
cantidad de personal en la región, una cuestión que no fue respondida por el
gobierno que encabeza Luis Arce.
La
polémica se desató porque en el desalojo de quienes protestaban la policía de
Bolivia habría ingresado al territorio salteño para apresar a dos médicos que
escapaban de los gases lacrimógenos y de los golpes de los uniformados, según
afirmaron algunos testigos.
En
la cancillería argentina todavía se encuentran trabajando para ver en qué
circunstancias se produjeron los incidentes. De confirmarse, esta situación
podría derivar en otro escenario de tensiones entre los gobiernos de Javier
Milei y de Arce, quienes ya tuvieron duros cruces cuando se denunció en La Paz
un intento de golpe de Estado el 26 de junio pasado cuando fuerzas militares
quisieron copar el Palacio Quemado, sede del gobierno.
“La
Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada
por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio, y confirmada como
fraudulenta en el día de la fecha”, señaló el comunicado oficial cuatro días
después de ese intento golpista del general Juan José Zúñiga. Esa definición
desde el área de comunicación de Milei provocó como respuesta del lado
boliviano el llamado a consultas de su embajador de Buenos Aires, Ramiro Tapia.
“Gracias
a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la
serenidad frente a los hechos denunciados”, señaló el Poder Ejecutivo argentino
que se había mantenido cauto durante el transcurso de los hechos. “El relato
difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto
socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante
controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las
Fuerzas Armadas”, se agregó en esa ocasión.
En
este nuevo caso, el bloqueo del paso fronterizo estaba ocasionando muchos
problemas ya que de ambos lados quedaron muchos vehículos varados y se impedía
la distribución de mercaderías. Y en la represión de la protesta incluso varias
mujeres resultaron heridas, de acuerdo a videos que se difundieron a través de
las redes sociales y algunos medios de comunicación.
Las
imágenes filmadas por testigos del desalojo del lugar muestran que un grupo de
manifestantes formó un cordón humano, que sostenía una larga bandera boliviana,
e intentaron resistirse al avance policial.
Algunos
integrantes del gobierno boliviano incluso atribuyeron las protestas a personas
vinculadas con el ex presidente Evo Morales, quien está distanciado de Arce. En
Yacuiba, durante la última semana, también se produjeron otras acciones
impulsadas por gremialistas que impidieron el normal abastecimiento de
combustible, entre otros inconvenientes. Esos desbloqueos recién se realizaron
el domingo, al mismo tiempo que se producía el desalojo en el puente de la
frontera.
“Hemos
encontrado ciertos indicios que demuestran un interés político de perjudicar a
la población para tratar de deslegitimar al Gobierno. Lamentablemente en el
municipio de Yacuiba existía un bloqueo de siete días donde no podían ingresar
cisternas al territorio nacional”, denunció el ministro de gobierno Eduardo Del
Castillo, quien apuntó contra el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, cercano a
Morales, como instigador de las manifestaciones.
INCIDENTE
INTERNACIONAL EN EL PUENTE ENTRE SALVADOR MAZZA Y YACUIBA
Efectivos
bolivianos ingresaron al país persiguiendo a manifestantes que cortaban el paso
entre ambos países por reclamos salariales. La Fiscalía Federal de Tartagal
interviene desde ayer por informes de la Gendarmería Nacional.
Página
12 de Argentina (https://acortar.link/qp8d7p)
La
Fiscalía Federal de Tartagal investiga el ingreso de un número indeterminado de
efectivos de la Policía del Estado Estado Plurinacional de Bolivia al
territorio argentino. El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 10 de la
mañana, cuando esa fuerzs de seguridad desalojaba a trabajadoras y trabajadores
de la salud del vecino país.
Las
y los manifestantes llevaban siete días cortando el puente internacional que
une a Pocitos, y Yacuiba, en Bolivia y con Salvador Mazza en Argentina, en
reclamo de mejoras salariales y la regularización de sus situaciones laborales.
La situación generó largas filas de camiones cargados con combustible que
esperaban cruzar el puente para abastecer a surtidores en la región del Chaco
en Bolivia.
Fuentes
del Ministerio Público fiscal federal informaron a Salta/12 que tomaron la
decisión de intervenir cuando llegaron informes remitidos por efectivos de la
Gendarmería Nacional apostados en el puente internacional. "El incidente
ocurrió en el sector ACI (Área de Control Integrado). Significa que (los
efectivos de la policía boliviana) estaban dentro de la Zona Primaria
Aduanera", explicó una fuente. De acuerdo al Código Aduanero, la
competencia originaria la tiene la Dirección General de Aduanas. Por esa razón,
el incidente protagonizado por la policía boliviana se transformó en un caso
con competencia federal, "específico y ajustado a circunstancias con
relevancia penal".
Ángel
Arias, periodista de NeoTV Yacuiba, precisó a Salta/12 que sólo una persona fue
detenida por la policía de ese país la mañana del domingo último. Si bien
videos posteados en redes sociales por medios locales de los dos lados de la
frontera documentaron cómo efectivos policiales capturaban a dos personas -un
hombre y una mujer- en territorio argentino, finalmente un grupo de mujeres
logró que la policía femenina de Bolivia liberara a la ciudadana retenida.
Recién ayer lunes fue liberado el ciudadano boliviano, cuya identidad se
mantuvo en reserva, mientras que la mujer permanecía en un hospital en Bolivia.
"Según
el coordinador Regional de Yacuiba, Walter Portillo, durante el operativo
policial de la mañana del domingo, se produjo el arresto arbitrario del señor
R. A., sin que se hayan esclarecido las razones", informó ayer el portal
de noticias de Yacuiba que posteó la novedad en su red social cerca de las
10.30 de la noche. "Ante este hecho", continuó, "la Defensoría
del Pueblo (de Bolivia), en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, activó una intervención inmediata logrando su liberación, garantizando
así su derecho a la libertad personal". Sobre la mujer, la misma fuente
mencionó que "fue trasladada al Hospital Municipal Dr. Rubén Zelaya, de
Yacuiba, donde se le diagnosticó ansiedad e hipertensión. Su estado de salud es
estable".
El
incidente tuvo repercusión en Argentina porque los policías bolivianos que
desalojaron a las y los manifestantes, lo hizo a pedido del Ministerio de
Gobierno del vecino país. Fue por ese motivo, que el ministro Eduardo Del
Castillo brindó ayer una conferencia de prensa en La Paz y contextualizó el
episodio en el municipio de Yacuiba en la fuerte disputa entre el actual
presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales.
"Si
consideran que sus protestas son legítimas, vayan y bloqueen la Alcaldía (o) en
otras zonas del país. Por un grupo minúsculo de veinte o treinta personas no
vamos a seguir tolerando que se continúen generando perjuicios al país",
dijo Del Castillo. El funcionario culpó directamente a los profesionales de la
salud que reclamaron en el puente internacional de haber politizado la protesta
y ser parte del desabastecimiento de combustibles en la región del Chaco, en el
sur de Bolivia.
Ayer
los profesionales de la salud emitieron un comunicado de repudio al accionar de
la policía de Bolivia y se desligaron de una motivación política en su reclamo
salarial y por mejoras en las condiciones de trabajo. "Reclamamos por
ítems", dijo la médica Shirley Reynoso. Piden titularizaciones de médicos,
médicas y auxiliares. "Somos más de 150 y el sábado la Alcadía de Yacuiba
entregó solamente 15 ítems. Es una burla", agregó. "Somos médicos,
salvamos vidas, sin embargo, nos tratan como si fuéramos nada, nos están
pagando miserias", insistió.
Por
su parte, la Cancillería Argentina solamente informó que se encontraba
relevando información sobre el incidente antes de decidir actuar por vías
diplomáticas. "Por ahora no hay anuncios", dijo el periodista Raúl
Costes desde Salvador Mazza. "Es gravísimo lo que pasó, pero el gobierno
nacional parece estar más preocupado por la situación en Venezuela y no por lo
que ocurre en nuestra frontera", cuestionó.
POSIBLE
CONFLICTO DIPLOMÁTICO POR EL INGRESO DE POLICÍAS BOLIVIANOS A SUELO SALTEÑO
La
intromisión de la policía boliviana en territorio salteño durante el despeje de
manifestantes que cortaban el puente Internacional Salvador Mazza – San José de
Pocitos el domingo último, podría derivar en conflicto diplomático.
Nuevo
Diario de Salta, Argentina (https://acortar.link/wJu5qO)
Este
domingo, el periodista Raúl Costes, de la ciudad norteña que limita con
Bolivia, informó para Nuevo Diario que un grupo de trabajadores de la salud,
disconformes con el acuerdo alcanzado con el Gobierno boliviano tras un primer
despeje a las 5 de la mañana, regresó al puente con la intención de continuar
con el bloqueo, que ya llevaba siete días. El corte impedía el ingreso a
Bolivia de camiones cargados con combustible y mercadería.
Costes
informó que cerca de las 10 de la mañana los manifestantes al volver al puente
se apostaron del lado argentino con bandera boliviana.
“La
policía boliviana ingresa a lado argentino llegando a metros de migración
argentina. Los gendarmes miraban atónitos sin saber qué hacer ante la
intromisión de las fuerzas bolivianas. La gendarmería no debió permitir esa
acción”, remarcó el periodista.
“La
policía boliviana avanzó y detuvo a manifestantes en territorio argentino. Es
gravísimo lo que ocurrió”, agregó.
Los
testigos aseguran que la fuerza boliviana ingresó al territorio salteño para
apresar a dos médicos que escapaban de los gases lacrimógenos y de los golpes
de los uniformados.
Según
Infobae, en la cancillería argentina todavía analizan las circunstancias en las
que se produjeron los incidentes.
Cabe
recordar que ya hubo cruces entre el presidente Javier Milei y Luis Arce cuando
se denunció en La Paz un intento de golpe de Estado el 26 de junio pasado,
cuando fuerzas militares quisieron copar el Palacio Quemado, sede del gobierno.
El
bloqueo
Durante
casi siete días hasta que llegó el despeje del puente internacional, los
trabajadores del hospital de Yacuiba reclamaban la incorporación de ítems y el
pase a planta permanente.
La
medida de presión impedía el ingreso de los camiones con combustible para
proveer a la población boliviana que comenzaba a sufrir desabastecimiento
debido a que, por las condiciones de viento y marejada adversas en el puerto de
Arica, Chile, los buques que transportan combustible para Bolivia no pueden ser
descargados.
Pasadas
las 10 del domingo, los transportistas varados de ambos lados del puente
pudieron comenzar a circular hacia sus destinos.
REFORMA
AL PODER JUDICIAL: ¿CÓMO ES EN BOLIVIA Y EU EL VOTO ELECCIÓN DE PERSONAS
JUZGADORAS?
"Hay
distintos mecanismos de designación, lo que creo que es importante es mencionar
que en ningún país se hace una elección de voto popular de todas las personas
juzgadoras", dijo Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del
Observatorio de Designaciones.
MSV
Noticias de México (https://acortar.link/taWsQV)
En
entrevista para MVS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca
Vega, Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de
Designaciones, habló sobre el Poder Judicial: ¿Cómo han sido las experiencias
de Bolivia y Estados Unidos en la aplicación del voto para personas juzgadoras?
"Hay
distintos mecanismos de designación, lo que creo que es importante es mencionar
que en ningún país se hace una elección de voto popular de todas las personas
juzgadoras", dijo.
Comentó
que hay lagunas experiencias en la región, como en Estados Unidos y Bolivia, en
donde se hace la designación.
En
EU no se vota por ministros o jueces federales, sino que, en algunos estados,
los jueces locales tienen distintos métodos.
Explicó
que hay un proceso que tiene que ver con designaciones partidistas, ambos
partidos hacen listas y esas son las opciones que tienen los votantes.
Por
otro lado, hay designaciones en que las personas no deben de pertenecer a
ningún partido, mecanismo que se usa en algunos estados.
La
experta mencionó que hay otra fórmula, que les parce la más adecuada para a
independencia judicial, que no son esos mecanismos, sino un esquema de méritos,
a través de un proceso de especialización.
¿Cómo
es el sistema de elección de jueces en Bolivia?
Acerca
del caso de Bolivia, indicó que existen sólo 35 responsabilidades en altas
cortes, que son las que se llevan a votación a partir de la reforma que se hizo
a su constitución en 2009 y que se empezó a aplicar en 2011.
"Estamos
hablando de 35 cargos, de 35 responsabilidades y pensando, comparándola con la
propuesta presidencial, pues propone tan sólo a nivel federal que hay un
poquito más de mil 600 personas juzgadoras y las y los 9 ministros si es que se
reúsa el número, que se someta a un ejercicio de voto, eso sin tomar en cuenta
también los poco más de 5 mil jueces, juezas que hay en los estados",
expresó.
Itzel
Checa Gutiérrez afirmó que es un caso atípico y la propuesta no se lleva en
ninguna otra parte y hay distintos mecanismos en otros países, y estos son los
de voto popular.
VENEZUELA,
BOLIVIA, ARGENTINA Y ECUADOR, LOS PEORES RIESGO PAÍS DE LA REGIÓN
Ecuador
tiene el cuarto peor riesgo país de la región, después de Venezuela con un
indicador de 15.607 puntos. Bolivia está en segundo lugar con 2.119 puntos y
Argentina en tercero con 1.562 puntos.
EL
Universo de Ecuador (https://acortar.link/CisyXF)
El
riesgo país de Ecuador se mantiene alto y en una baja con cuentagotas. Al
cerrar la semana se ubicó en 1.296 puntos y en el transcurso de esos siete días
solo retrocedió 14 puntos. Los expertos ya han advertido que este indicador
–que mide el riesgo de no cumplir con sus obligaciones– estaría alto por un par
de años porque Ecuador entró a un largo periodo electoral al declararse la
muerte cruzada, pues se dio paso a elecciones presidenciales seguidas: en el
2023 y en el 2025.
Este
indicador afecta el acceso de capitales internacionales: si el riesgo país es
alto los recursos internacionales se encarecen y se vuelven restrictivos. La
tasa de interés es más alta. Y la falta de capitales impide un mayor desarrollo
de los países subdesarrollados.
En
el último año el riesgo país de Ecuador ha llegado a superar los 2.000 puntos
tras la crisis política que derivó en el cambio de presidente. Pero antes los
niveles más altos se dieron en la pandemia, en marzo del 2020 llegó a 3.245
puntos, y cuando el gobierno de Rafael Correa anunció la moratoria de la deuda
externa, entonces subió hasta 5.069 puntos el 22 de diciembre de 2008, de
acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador.
Ahora
se alerta desde el Comité Empresarial Ecuatoriano que el riesgo país podría
subir más por la preocupación que existe en inversionistas y contratistas del
Estado ante un proyecto de ley propuesto desde las filas correístas y con apoyo
de esa bancada para ampliar las restricciones para el arbitraje internacional,
amparándose en los resultados de la consulta popular. Además, la Comisión de
Transparencia de la Asamblea que está a cargo y con mayoría correísta acaba de
aprobar un informe que recomienda al pleno declarar ilegítimo el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ecuador
tiene el cuarto peor riesgo país de la región, después de Venezuela que acudió
a las elecciones presidenciales este domingo con un indicador de 15.607 puntos.
Bolivia está en segundo lugar con 2.119 puntos y Argentina en tercero con 1.562
puntos, de acuerdo con datos del portal de información económica Invenómica.
ESCENARIO
DIFERENTE, MISMOS ACTORES
La
política boliviana sigue arraigada en una cultura autoritaria y conservadora,
sin una renovación visible ni en liderazgos ni en propuestas.
Mundiario
de España (https://acortar.link/eiRZxE)
Hace
cinco años, Bolivia vivía una intensa campaña electoral entre el Movimiento Al
Socialismo y Comunidad Ciudadana (y otros partidos más de menor relevancia).
Fue la campaña electoral más larga de la historia de Bolivia, ya que el país se
había electoralizado prematuramente en enero de 2019 (o tal vez incluso a fines
de 2018) con motivo de las elecciones primarias. Las elecciones generales de
octubre de 2019, como todos sabemos, resultaron fallidas por los sucesos que se
registraron a partir del cese del conteo rápido, así que todo ello devino que,
luego de las fiestas de fin de año, el ruedo proselitista entre los partidos se
retomara inmediatamente, hasta las nuevas elecciones de octubre de 2020, en las
que el MAS venció con el 55 por ciento de los votos. Fueron más de 20 meses,
casi dos años, de una campaña electoral reñida, tensa y desgastante.
Como
documenta la historiadora española Marta Irurozqui en su libro A bala, piedra y
palo: La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952, la
práctica del fraude ha sido una constante en la historia electoral de Bolivia,
algo así como una cultura casi institucionalizada; pero no menos constante o
habitual fue el impulso de desestabilizar gobiernos constitucionales o de dar
golpes de Estado. El caso de 2019 es particular y, a mi modo de ver —y como lo
he dicho ya varias veces de manera pública—, extremadamente complicado de
analizar. Objetivamente, había por un lado un gobierno autoritario y corrupto,
cuya gestión desde 2014 podía ser interpretada como inconstitucional, y por
otro lado fuerzas liberal-conservadoras de cuño republicano (entendido este
último adjetivo como “viejo régimen”) que tampoco parecían ser muy propensas a
entender o practicar una democracia moderna. El caso es que ambos grupos
colisionaron, y unos trataron de dar a entender que se estaba dando un golpe de
Estado y otros de convencer de que lo que estaba ocurriendo era una revolución
ciudadana, pero sin entender casi nadie que la línea divisoria que hay entre lo
que es un golpe y lo que es una revolución, politológicamente hablando, es
difusa o, mejor aún, que bien podrían haber ocurrido los dos fenómenos de
manera simultánea.
Hoy
el escenario es muy diferente: por un lado, los caudillos con mayores chances
de ganar en aquel 2019 están ya más desgastados; por otro, el partido
oficialista se ha fragmentado y, aunque en política todo puede ocurrir, no
parece tener esperanzas de reconciliación. A todo ello, hay que añadir la
crisis económica, que no estaba a la vista hace cinco años (al menos no para
los legos en economía), ya que la vaca de la bonanza malversada todavía daba de
comer a todos. Lo que en la actualidad parece seguir intacto es el carácter
autoritario y conservador de la sociedad y los partidos. En este aspecto, no
hubo ninguna transformación, y esto se debe a que la educación sigue siendo
tradicional y provecta. El MAS, con decenas de casos de corrupción en sus espaldas,
parece ya estar agotado, y los caudillos opositores (muchos de estos reciclados
de viejos partidos del neoliberalismo de los años 90 y principios de los 2000)
no parecen haber trabajado ni en partidos bien organizados ni en propuestas
serias, integrales y de largo aliento en estos cinco años. En el último tiempo,
se han articulado —sobre todo en el oriente— grupos autodenominados liberales,
que más parecen ser académicos que políticos; por ende, no participarán, al
menos no por lo pronto, en política.
Así,
se tiene un escenario muy diferente que el de 2019-2020, el cual sobre todo
demanda una nueva política económica, una que permita crear empleos, reducir
los impuestos y la llegada de la divisa estadounidense. Pero hasta el momento
no existen nuevas personas que puedan entrar en acción (o los viejos caudillos
no dejan que los nuevos actores políticos los sustituyan) ni, lo que es peor,
nuevas ideas o visiones de país. Este fenómeno es propio del caudillismo.
Cuando se es caudillo, no se tiene interés en fomentar nuevos cuadros, nuevos
liderazgos o nuevos horizontes ideológicos; lo que se quieres es ejercer el
poder hasta que el físico no dé más. Así pasó en el siglo XIX configuras como
Santa Cruz y en el XX con figuras como Saavedra, Paz Estenssoro o Banzer, entre
muchas otras. Hace poco, Biden, más allá de que guste o no como presidente o
político, dio un ejemplo de cómo se puede quebrar la cultura del caudillismo,
bajándose de la carrera electoral y proponiendo la figura de una nueva persona
para que lo suceda. Pero se necesita madurez, inteligencia y desprendimiento
para hacer eso, tres virtudes que escasean entre los políticos bolivianos.
BOLIVIA
INVESTIGA INTENTO DE GOLPE DE ESTADO QUE INVOLUCRA A MILITARES Y CIVILES
Latinoamerican
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La
Fiscalía de Bolivia ha formado una comisión especial para investigar a más de
30 militares y civiles presuntamente involucrados en el intento de golpe de
Estado contra el presidente Luis Arce el 26 de junio.
En
una medida decisiva para defender la democracia en Bolivia, la Fiscalía ha
establecido una comisión especial para investigar el presunto intento de golpe
contra el gobierno del presidente Luis Arce. Los acontecimientos del 26 de
junio han conmocionado a todo el país, lo que ha provocado una investigación
exhaustiva sobre más de 30 sospechosos militares y civiles. Encabezado por
Franklin Alborta, este organismo de investigación está compuesto por cuatro
fiscales dedicados encargados de desenredar la compleja red de levantamiento
armado y terrorismo que amenazaba la estabilidad de Bolivia.
Durante
una conferencia de prensa en La Paz, Alborta destacó la gravedad de la
situación y señaló que los resultados preliminares de la investigación ya han
implicado formalmente a más de 30 personas. Esta revelación subraya la
naturaleza extensa del intento de golpe, que ha dejado al país lidiando con
preguntas sobre los orígenes del complot y el alcance de la participación de
varios sectores.
Arrestos
y acciones inmediatas
La
policía boliviana actuó con rapidez y detuvo a varias figuras críticas
vinculadas al intento de golpe. Entre ellos se encuentra Vladimir Lupa
Salamanca, comandante de la unidad F10 en Cotapachi, Cochabamba. Identificado
como un francotirador, el arresto de Lupa subraya la gravedad de los cargos, ya
que enfrenta acusaciones de levantamiento armado y terrorismo. Su traslado a La
Paz para ser interrogado marca un paso significativo en la investigación.
El
viceministro del Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó a Efe la
detención de Lupa y destacó los esfuerzos coordinados para llevar a los
implicados ante la justicia. La policía también allanó dos unidades militares
en Cochabamba y confiscó computadoras y documentos que se esperaba que
sirvieran como pruebas cruciales. Estas acciones reflejan el compromiso de las
autoridades de descubrir todo el alcance de la conspiración y prevenir futuras
amenazas al orden democrático del país.
Las
secuelas del intento de golpe
En
el incidente del 26 de junio se desarrollaron escenas dramáticas cuando las
fuerzas militares, encabezadas por el ex comandante general Juan José Zúñiga,
intentaron derrocar al gobierno. Zúñiga, quien dirigió el golpe militar con la
intención de “cambiar el gabinete de gobierno” y “restaurar la democracia”, fue
rápidamente confrontado por el presidente Arce. En un tenso enfrentamiento en
el palacio presidencial, Arce ordenó a Zúñiga que retirara sus tropas, lo que
llevó a la eventual captura de Zúñiga y varios otros militares.
Zúñiga,
junto con otros dos exjefes militares, se encuentran en prisión preventiva.
Esta medida tiene como objetivo garantizar la integridad de la investigación y
al mismo tiempo garantizar que los responsables rindan cuentas. La Fiscalía
también ha impuesto medidas preventivas a otros sospechosos, con siete
militares puestos en prisión preventiva y once bajo arresto domiciliario.
Participación
civil e implicaciones más amplias
La
investigación ha revelado que el complot para derrocar al gobierno no se
limitaba al personal militar. También se están investigando a varios civiles y
la Fiscalía tiene previsto citarlos para interrogarlos. Esto amplía el alcance
de la investigación, destacando el posible apoyo civil al intento de golpe y
planteando preocupaciones sobre la dinámica política subyacente dentro de
Bolivia.
Alborta
ha afirmado que se está procesando y analizando mucha información para
construir un caso integral contra todos los involucrados. El objetivo es reunir
un relato detallado de los acontecimientos que precedieron y durante el intento
de golpe, garantizando que se haga justicia y se mitiguen amenazas similares en
el futuro.
El
intento de golpe en Bolivia resuena profundamente en el contexto
latinoamericano más amplio, donde varios países han enfrentado desafíos a sus
instituciones democráticas en los últimos años. La región ha visto un
resurgimiento de la inestabilidad política, con varias facciones intentando
tomar el poder por medios no democráticos. La rápida respuesta de Bolivia a los
acontecimientos del 26 de junio subraya la importancia de mantener la
vigilancia y defender los principios democráticos frente a tales amenazas.
A
medida que Bolivia avanza, la atención se mantiene en garantizar una
investigación transparente y exhaustiva. Los esfuerzos de la Fiscalía para
interactuar con las comunidades locales y brindar actualizaciones sobre el caso
son cruciales para fomentar la confianza pública y demostrar un compromiso con
la justicia. Estas acciones abordan la crisis inmediata y sientan un precedente
para enfrentar futuros desafíos a la democracia boliviana.
Defender
la democracia en tiempos turbulentos
La
investigación sobre el intento de golpe de Estado contra el gobierno del
presidente Luis Arce marca un momento crucial para Bolivia. La determinación
del país de buscar justicia y mantener la integridad democrática es evidente en
las acciones integrales tomadas por la Fiscalía y los organismos encargados de
hacer cumplir la ley. Al responsabilizar a los responsables, Bolivia envía un
mensaje claro de que no se tolerarán los intentos de socavar su democracia.
A
medida que avanza la investigación, la comunidad internacional debe apoyar los
esfuerzos de Bolivia para fortalecer sus instituciones democráticas. Las
lecciones aprendidas de este incidente pueden guiar a otras naciones que
enfrentan amenazas similares, enfatizando la importancia de la vigilancia, la
transparencia y el cumplimiento del estado de derecho. En estos tiempos
turbulentos, la determinación de Bolivia de defender la democracia es un faro
de resiliencia y esperanza para la región.
BOLIVIA:
ENTRE LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR EXPLORANDO Y LA ESPERANZA DE MAYAYA
El
descubrimiento del pozo Mayaya renovó las expectativas en Bolivia. Las
oportunidades de exploración de gas que le quedan a la industria.
Más
Energía de Argentina (https://acortar.link/TPUIxm)
Bolivia
anunció el descubrimiento de Mayaya y generó grandes expectativas en la
industria hidrocarburífera. YPFB adelantó que el proyecto podría convertirse en
el tercer bloque productor del país. Las proyecciones marcan que el pozo Mayaya
Centro X1 tendría un potencial de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus
siglas en inglés) de gas.
En
este marco, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que se trata del mayor
descubrimiento en el país desde 2005 y que la economía del país está en proceso
de recuperación.
“Este
campo reaviva nuevamente el espíritu en todo el país de que la economía está en
franco proceso de recuperación. 1,7 TCF no lo hace un campo pequeño, es desde
2005 el descubrimiento más grande que estamos haciendo”, afirmó el mandatario
boliviano.
Seguir
explorando
Álvaro
Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latín América, celebró el
descubrimiento de Mayaya, pero consideró que hay que seguir explorando para
evitar que aumenten las importaciones de energía.
“Hay
buenos indicios de que es una zona potencial productora de hidrocarburos en
Bolivia. Se han hecho las detecciones iniciales. Sin embargo, creo que faltan
algunas pruebas geológicas concluyentes para ver cuánto de reserva se tiene y
cuánto de producción se puede producir adicionalmente”, afirmó el especialista
en diálogo con +e.
“Todavía
es muy prematuro para cantar cuánto de reserva tiene y cuánto de producción se
podría tener. Pero sin duda, es una nueva área potencial en Bolivia”, agregó.
Para
Ríos Roca es importante que el país andino tome conciencia del impacto de ser
un importador de energía. “Bolivia no puede quedar importando todas sus
necesidades energéticas. La exploración debe continuar en Bolivia porque
importando todo le sale muy duro para su economía y para los dólares que
necesita el país”, subrayó.
El
potencial de Mayaya
En
tanto, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó que se avanza con los
trabajos de topografía para trasladar los hidrocarburos hasta la estación de
Sica Sica.
“Ya
estamos trabajando en la topografía para ver cómo evacuar el hidrocarburo que
saldría desde Mayaya hasta Sica Sica que sería la evacuación primera que
tendríamos del hidrocarburo, ya estamos haciendo las primeras obras
topográficas para ver cómo se va a evacuar el producto”, informó en su visita
al pozo.
De
acuerdo con el plan, se tiene previsto perforar dos pozos de delimitación: el
X2 y el X3, pero también se desarrollarán los trabajos para poder evacuar los
hidrocarburos producidos.
Dorgathen
estimó de tres a cuatro años para realizar la infraestructura que permita
evacuar los hidrocarburos desde Mayaya hasta Sica Sica. Además, se realizará el
diseño de un ducto para este propósito.
Afirmó
que los trabajos correrán por cuenta de la petrolera estatal ya que fue la
quien realizó el 100% de la inversión para la exploración del pozo Mayaya
Centro-X1.
“Una
vez que se ha descubierto el pozo se tienen que hacer las inversiones
necesarias. Todo lo que significa esas inversiones podrían superar los 1.300
(millones) a 1.500 millones de dólares de inversión”, dijo el ministro de
Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina.
En
contrapartida, afirmó que la explotación de ese pozo hidrocarburífero generará
una renta petrolera aproximada de 6.000 millones de dólares.
Asimismo,
el funcionario anunció que se desarrollarán tres pozos delimitadores y la
construcción del ducto de interconexión para la producción de hasta 10 millones
de metros cúbicos (MMm3) de gas natural y de 500 a 1.000 barriles de petróleo
por día. Lo que se traducirá en ingresos de aproximadamente de 6.800 millones
de dólares “en la vida total de este proyecto”.
El
marco regulatorio de Bolivia
Ríos
Roca describió las oportunidades de exploración que le quedan a Bolivia. “En el
subandino sur, que es donde tradicionalmente se ha sacado el gas, existen, yo
diría, 15 o 20 prospectos adicionales que hay que perforar. Y en el subandino
norte, donde está el pozo Mayaya, hay muchos prospectos que se pueden
visualizar, pero que hay que explorar”, aseveró.
Asimismo,
el exministro de Hidrocarburos del país andino manifestó que Bolivia debe
cambiar las reglas de juego y avanzar hacia un marco jurídico más atractivo
para las inversiones extranjeras. “El que tenemos es muy duro, muy cerrado a la
inversión extranjera, y no causa los suficientes incentivos para que empresas
internacionales exploren en Bolivia”, evaluó.
A
UN AÑO DE QUE LA POLICÍA BOLIVIANA LE PISARA LOS TALONES A MARSET: ¿QUÉ PASÓ
DESDE ENTONCES Y DÓNDE SE CREE QUE ESTÁ EL NARCOTRAFICANTE?
Teledoce
de Uruguay (https://acortar.link/TWdVmz)
El
29 de julio de 2023, Marset supo que allanarían su mansión en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, y escapó con su familia utilizando varios autos y dejando un
arsenal en el camino.
Hace
un año, el narcotraficante Sebastián Marset eludía a la Policía boliviana
cuando allanaron su mansión en Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces su
paradero es desconocido aunque varios de sus familiares se entregaron a la
Justicia y la principal hipótesis es que él se esconde en Dubái.
El
29 de julio de 2023, Marset supo que allanarían su mansión en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, y escapó con su familia utilizando varios autos y dejando un
arsenal en el camino.
A
un año de aquel operativo fallido, y luego de que varios de sus colaboradores
sean detenidos, el narcotraficante uruguayo sigue prófugo, aunque la reciente
detención de su esposa en España apunta a que podría estar escondiéndose en
Dubái.
Marset se había instalado en la ciudad
boliviana haciéndose pasar por jugador de fútbol tras huir de la Justicia
paraguaya, que lo busca por el envío de 16 toneladas de cocaína a Europa.
Varios
de sus familiares quedaron en la mira, aunque algunos de ellos se entregaron en
los últimos meses como parte de una estrategia legal.
En
octubre de 2023 se entregó un cuñado de Marset, esposo de la hermana del
narcotraficante. El joven de 28 años estaba prófugo tras escapar de la cárcel
de San José donde cumplía pena por homicidio.
Su
medio hermano, Diego Alba Marset, fue detenido a fines de 2023 en Brasil, en la
ciudad de Foz de Iguazú. Como tenía nacionalidad brasileña, ese país no lo
podía extraditar y actualmente se encuentra bajo investigación, pero libre.
En
tanto, el 17 de julio fue capturada en España la esposa de Marset y madre de
sus hijos, Ginanina García Troche, cuando llegaba al aeropuerto de Barajas, en
un vuelo proveniente de Dubái. Ahora se encuentra detenida a la espera de
extradición con destino a Paraguay.
Desde mayo la Policía uruguaya había alertado
de la posible presencia del narco en esa ciudad de Emiratos Árabes, luego de
que hiciera los trámites para inscribir a sus hijos en colegios de ese lugar.
Mientras
tanto, Bolivia declaró a Marset en rebeldía y ordenó la incautación de todos
sus bienes.
La
principal hipótesis de las Policías de Bolivia, Paraguay y Uruguay es que
Marset se oculta en Emiratos Árabes, y así se lo hicieron saber al país
asiático en el que el narco se siente protegido.
BOLIVIA.
LA AGENDA OCULTA
Kaos
en la Red (https://acortar.link/W9Fto3)
Desde
hace un par de años, la agenda política del país tiene, como principal
protagonista a la disputa interna del MAS. Independientemente de los
personajes. Este sujeto colectivo -el MAS- que ha sido producto de una larga
acumulación de fuerza y pensamiento, actúa como una espesa niebla que impide
ver el contexto regional y mundial que se debate en la guerra geopolítica entre
las antiguas potencias emergentes de la segunda guerra mundial y hoy con un
nuevo actor como es la China.
La
política, como herencia colonial, ha determinado una mentalidad de dependencia
de los “caudillos” como fueron Pizarro y Almagro que se disputaron el poder en
estas tierras. Los incontables golpes militares y el poder de las roscas
oligárquicas regionales, han definido la forma y contenido de nuestro devenir
político. Este sombrío panorama ha sido alterado con la creación del
Instrumento Político “brazo político” de la CSUTCB primero y después de las
tres organizaciones nacionales que agrupan a la mayoría de pueblos originarios,
este “Instrumento” ha hecho posible que la política tradicional sea desplazada
del gobierno y se dedique a la permanente conspiración contra un “gobierno de
indios”, ¿pero realmente gobernaban los indios?
El
Instrumento Político fue cooptada por la vieja izquierda boliviana, que en su
dogmática interpretación del marxismo cercenó la posibilidad de un proceso
creativo de ideas y prácticas para consolidar el Estado Plurinacional que es el
horizonte histórico propuesto por los pueblos originarios. La izquierda
boliviana tiene un desafío histórico, que partiendo de la autocrítica pueda ser
la alternativa real de cambio en el país.
El
golpe de Estado del año 2019, coronó las intenciones de la oligarquía de poner
fin al “gobierno de indios” sin importarle los logros económico-sociales que el
pueblo había impulsado. Poco duró esta euforia reaccionaria y el MAS retornó al
gobierno, pero con un rostro más cercano a la clase media, y con una presencia
secundaria (en la Vicepresidencia) que prácticamente anuló la imagen del
contenido indígena del proceso iniciado el año 2005. Entonces la relación
gobierno-pueblos originarios fue mediado por la peor práctica: el clientelismo
corrupto, que hasta hoy mantiene dividida las bases mismas del movimiento de
pueblos originarios, quitando toda posibilidad de un triunfo electoral al MAS;
este clientelismo, en las organizaciones del movimiento de pueblos originarios,
es alimentado por la escasa posibilidad de realización como productores, por la
falta de apoyo constante y estructural a la economía campesina y por otra parte
la falta de un proceso sostenido de pleno empleo, donde el actor principal es
el Estado, pese a los voceros de una economía de capitalismo salvaje.
Todo
este proceso tiene un telón de fondo y es la eterna política de EEUU, para
acabar con las democracias populares y sus representantes, la historia del
pensamiento hegemónico de EEUU tiene en su haber las muertes de innumerables
patriotas a lo largo de los 5 continentes, Amílcar Cabral, Jacobo Árbenz,
Salvador Allende, Ernesto Guevara, Gualberto Villarroel, Thomas Sankara,
Patrice Lumumba, por citar algunos nombres; y en Bolivia, EEUU tiene un
especial interés por el tema de los recursos naturales, como el litio y las
denominadas tierras raras. Este aspecto, que debería ser central en el debate
político, ha sido soslayado y nos encontramos rodeados por la espesa niebla
fabricada por los medios de comunicación y sus actores principales que no
pueden ser llamados periodistas, sino voceros de ese enorme poder imperial.
La
clase media boliviana, de raíz colonial, ha tenido sus momentos de radicalidad
por el grado de conciencia desarrollada a la luz de un profundo desafío como
fue la muerte del Che Guevara en territorio boliviano, muchas generaciones de
jóvenes, especialmente estudiantes convirtieron las universidades públicas en
centros de dinámica ideológica que se irradiaba en toda la sociedad, de ahí
surgieron los pactos minero-estudiantil, estudiantil-campesino; toda esa
energía se fue diluyendo en los filtros de los partidos políticos, que hasta
hoy piensan en su vigencia política sin interesarse en el verdadero proceso
político de liberación que es la lucha permanente contra las políticas
imperiales y sus representantes criollos. El neoliberalismo ha servido para acentuar
la despolitización de la sociedad y mantener el discurso “técnico” de la
administración del gobierno, de ahí que las universidades han puesto al mercado
ingenieros, economistas, administradores de empresas con esa mentalidad,
despojados de la necesaria conciencia crítica de nuestra realidad
socioeconómica. En este entramado de cooptación de las conciencias han caído
muchos hijos de proletarios mineros, de fabriles, de campesinos e indígenas,
que hoy se vuelcan contra sus propios padres que hicieron posible su acceso a
los estudios superiores.
El
MAS, convertido en un tradicional partido político ha dejado la formación de
pensamiento crítico y con ello ha generado una debilidad ideológica que es
evidente a la hora de escuchar a los parlamentarios y sus debates domésticos de
muy baja autoestima.
Estamos
en un peligroso momento de perder la poca lucidez que queda respecto de nuestro
posicionamiento como esperanza de todo el continente para frenar el avance
imperialista que ya nos rodea y de manera agresiva, trata de imponerse en
varias regiones del país.
La
generación de una conciencia crítica, basada en los principios del vivir bien y
del marxismo histórico, es una tarea vital, separando el trigo generador de
vida, de la paja inútil que hoy representa la disputa de un liderazgo político
en medio de una sociedad desesperanzada y atrapada por la incertidumbre,
generada por los medios de comunicación y por la actitud de voceros políticos
empeñados en ser cómplices de retornar a la política tradicional dictada desde
la embajada de EEUU, el escenario electoral que hoy tenemos nos ha demostrado
la miseria de los mecanismos estatales como la justicia, la democracia, el
parlamento, las FFAA, la policía, etc, estos son los temas que deben centrar el
debate político, si efectivamente nos consideramos “revolucionarios y
revolucionarias”.
EL
ÁREA PROTEGIDA MÁS JOVEN DE BOLIVIA ENFRENTA EL PELIGRO DE LA MINERÍA Y LA TALA
DE ÁRBOLES
El
Gran Manupare se creó en enero de 2024 y se ubica en el departamento de Pando,
al norte de Bolivia. Su territorio abarca 452 639 hectáreas. La minería está
presente en el río Madre de Dios y amenaza con entrar al área protegida, ya que
el afluente es su límite natural en la parte norte. La tala de árboles es otra
de las amenazas latentes y los expertos consideran que podría ingresar al Gran
Manupare.
Revista
Mongabay de Indonesia (https://acortar.link/mE4ZDm)
El
Área Natural de Manejo Integrado Gran Manupare es la más reciente área
protegida de Bolivia. Tiene una categoría municipal pero su territorio abarca
452 639 hectáreas del municipio de Sena, en el departamento de Pando. Esta
reserva es un refugio para especies en peligro de extinción como la nutria
gigante (Pteronura brasiliensis) y el jaguar (Panthera onca).
El
Gran Manupare nació en enero de 2024. Limbert Torres, presidente del Concejo
Municipal de Sena, explica que la creación del área protegida se basó en un
estudio exhaustivo realizado por diferentes entidades, como la Alcaldía de
Sena, el Centro de Investigación del Campesinado (CIPCA) y el equipo técnico de
Conservación Internacional Bolivia, con apoyo financiero de diversas
organizaciones internacionales.
Sin
embargo, en sus escasos siete meses de creación, ya le hace frente a dos
fuertes amenazas: la minería aluvial de oro y la tala de árboles. Su límite
natural (al norte) es el imponente río Madre de Dios, que nace en Perú y pasa
por toda la Amazonía boliviana. En ese afluente hay varias denuncias de
extracción ilegal de oro y los comuneros luchan para evitar el ingreso de los
mineros.
El
alcalde del municipio, Jaime Aguirre, en contacto con Mongabay Latam, explica
que esta nueva área protegida municipal tiene “riesgos altos” y que,
precisamente, uno de ellos es la minería aurífera. Aguirre relata que cuando se
creó la reserva, una cooperativa minera tenía la mitad de sus operaciones
dentro del área protegida y que hace sólo un mes y medio lograron expulsarla de
la zona.
“Se
está haciendo mucho control. Había un área donde se estaba haciendo minería,
sacando oro, pero esta concesión empezó a operar antes de la aprobación de la
ley que creó el área protegida. Ahora, se logró sacar a la concesión (minera).
Pero igual hay que seguir controlando, tomando en cuenta que en los alrededores
del área protegida hay explotación minera vigente”, relata el alcalde.
El
apetito voraz de la minería
Según
datos de Conservación Internacional (CI), el 91% de los bosques del Gran
Manupare son considerados de alta integridad y en estos se resguardan 9.2
millones de toneladas de carbono. La economía principal de las 42 comunidades
que viven dentro del área protegida se basa en trabajos en el bosque como la
recolección de castaña o la producción de asaí.
CI
destaca que el Gran Manupare es pieza clave en la construcción de un mosaico de
conservación que permite el flujo poblacional de las especies dentro del bosque
amazónico.
Es
por eso que el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Alejandro Santos,
incluye al Gran Manupare —y a todas las áreas protegidas bolivianas— dentro del
plan de prohibición de minería ilegal y de negación de contratos mineros. “Lo
único que estamos haciendo es actuar en base a lo que dice la normativa vigente
y para aquellos que hagan caso omiso a esta exhortación coordinaremos las
acciones pertinentes (como la cancelación de licencia de funcionamiento de
cooperativas mineras). Vamos a cumplir la ley, reiteramos de manera
categórica”, afirma Santos.
A
pesar de las declaraciones del ministro, lo cierto es que las aguas de los ríos
de la Amazonía boliviana cada vez están más turbias. La actividad minera está
destruyendo los 11 afluentes de la cuenca amazónica por la contaminación
causada por el uso del mercurio y el movimiento de tierras. Solo en el río
Madre de Dios, en 2023, se detectaron 546 dragas que operaban extrayendo oro,
según la Gobernación de Pando. De esa cifra, el 50 % lo hacía de manera ilegal.
A la fecha, la gobernación cree que esas dragas han aumentado y que están en la
parte norte del Gran Manupare.
“En
Pando la situación es preocupante. La actividad minera está creciendo sin
control y si no se pone freno, esto puede ingresar a reservas, si es que no lo
ha hecho aún”, dice Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para
el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), una institución de investigaciones
sociales en Bolivia, que desde el 2022 ha advertido que en el río Madre de Dios
existe un crecimiento de actividad minera no sólo ilegal sino legal. Esta
extracción de oro está justo en el límite del Gran Manupare.
Zaconeta
le asegura a Mongabay Latam que en el municipio de El Sena, la actividad minera
del oro se duplicó en ocho años. El Cedla trabaja actualmente en un informe que
mostrará los resultados de esa expansión del oro en Pando.
“Hay
seis zonas (en Bolivia) donde la actividad minera legal del oro creció mucho.
Una de ellas está en el municipio de El Sena. En esa zona se duplicó la
extracción de oro en los últimos años, y está cerca de la nueva área protegida
(Gran Manupare). Es alarmante ver el crecimiento de la mancha roja de la
minería aurífera en la parte norte de la Amazonía boliviana”, lamenta el
investigador.
Durante
la última década, la minería ilegal se extendió a los ríos amazónicos de
Bolivia y el río Madre de Dios es un caso alarmante, ya que la extracción de
oro en ese afluente avanza con dragas sobre áreas protegidas y comunidades
indígenas, como el Parque Nacional Madidi, en La Paz, y la reserva Manuripi, en
Pando. Estas embarcaciones no tienen licencia para operar, pero igual lo hacen,
botando mercurio en las corrientes de agua y en los cuerpos de los habitantes
indígenas que se alimentan de los pescados envenenados, según confirmó un
estudiorealizado en 2022 por la Universidad de Cartagena de Colombia en
colaboración con el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
De
acuerdo con los resultados de este estudio, en el río Madre de Dios los
indicadores de contaminación por mercurio oscilan en promedio entre dos y ocho
partes por millón, pero un caso, el de una joven mujer cocinera de la comunidad
El Tigre, en La Paz, llega hasta 114 ppm.
La
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), como respuesta a una iniciativa de la
Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), también realizó un estudio
sobre contaminación por mercurio en la cuenca del río Beni. Se determinó que el
74,5 % de las personas tienen elevados niveles de mercurio, sobrepasando el
límite permitido de una parte por millón (ppm) en el cabello.
Las
cifras del oro no cuadran
A
Zaconeta le preocupa mucho la producción informal del oro en Bolivia, sobre
todo en el río Madre de Dios. Según dice, la producción de oro en el país pasó
de 13,4 toneladas en 2013 a 53 toneladas en 2022 y, aunque las exportaciones en
2022 superaron a las de hidrocarburos, el Estado boliviano recaudó más por el
gas que por el oro, lo cual, para él, se debe a las diferencias tributarias que
se aplican a las cooperativas mineras.
El
investigador asegura que la producción de oro no deja buenas recaudaciones en
Bolivia y pone como ejemplo que en 2022 el valor de producción alcanzó 3073
millones de dólares, pero sólo dejó 63 millones de dólares de regalías. En 2023
la situación fue similar: el valor de producción fue de 2487 millones de
dólares por 46,3 toneladas de oro explotados, pero el Estado boliviano se quedó
sólo con 60 millones de dólares.
Zaconeta
está seguro de que esas grandes cifras en ganancias hacen que las cooperativas
mineras quieran ingresar a áreas protegidas, como el Gran Manupare. Es sabido
que en el río del mismo nombre existen áreas que son apetecidas por los mineros
auríferos.
Según
el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en Pando el oro ocupó en 2023 el
primer lugar en ventas, con 359 kilos de oro en bruto vendidos al exterior por
un valor de 19,1 millones de dólares, mientras que el segundo producto fueron
las nueces frescas o secas, que llegaron a 2,2 millones de kilos producidos y
vendidos por un valor de 11,9 millones de dólares.
El
senador Fernando Vaca, que representa al vecino departamento de Beni, exigió en
el 2023 al Ministerio de Minería y Metalurgia que brinde información sobre
cuántos permisos mineros se dieron en los ríos amazónicos de Pando, incluido el
Manupare, que es parte de la nueva área protegida. Según el legislador, el
Gobierno no entregó ningún derecho minero en estos ríos y solo hay autorización
en los ríos Beni y Madre de Dios.
“De
todos los ríos mencionados en mi petición, el Ministerio de Minería sólo
menciona que hay permisos en el río Beni y Madre de Dios. En ninguno de los
otros ríos se indica que haya contratos. Sin embargo, vos le preguntas a
comunarios de allí y te dirán que todo el mundo hace minería, que hay balsas y
dragas ya trabajando y los únicos que no saben son los de la AJAM (Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera)”, dice el legislador.
Temor
por la tala de árboles
El
senador Vaca también se refirió a la tala de árboles que azota a los bosques de
Pando. Según dice, esa actividad no ha llegado al Gran Manupare, pero si no se
toman acciones de control, los madereros pueden entrar, ya que en esta reserva
hay una gran cantidad de árboles de mara, una especie bastante apetecida.
Son
conocidos como los “piratas de la madera”. Estas estructuras delictivas de tala
ilegal de árboles operan en todos los países amazónicos y tienen conexiones.
Desde Bolivia sacan la madera de cinco departamentos: La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Beni y Pando. Por lo general, el mercado está en algunos países de
Europa, Estados Unidos y China.
Pando
alberga casi el 30 % de los bosques amazónicos de Bolivia. Su importancia,
además de cobijar a las poblaciones más importantes de castaña (Berthollethia
excelsa), también se centra en la producción de oxígeno, la provisión de agua y
la estabilidad climática que brinda.
Entre
los años 2000 y 2018 se deforestaron 200 699 hectáreas, lo que representa el
3,1 % de la superficie del departamento y el 3 % del total general deforestado
en Bolivia. De acuerdo con datos de Global Forest Watch (GFW), para 2020 la
deforestación acumulada se incrementó a 224 669 hectáreas, lo que representa el
3,5 % del área del departamento. Pando por ahora presenta niveles bajos de
pérdida de bosque, pero el temor es que esto cambie pronto.
Por
ahora, el alcalde Aguirre está atento para que los “piratas de la madera” no
lleguen al Gran Manupare. “Los árboles son lo que más cuidamos en nuestra
reserva. Es nuestro bosque y lo debemos respetar”, dice.
ESTUDIANTES
DE PERÚ Y BOLIVIA FINALIZARON PROGRAMA DE BECAS EN EL PUERTO DE ARICA
Se
trató de 22 universitarios quienes, durante una semana, aprovecharon de conocer
la operatividad y logística portuaria en terreno.
Arica
al Día (https://acortar.link/ncmN1u)
Veintidós
estudiantes de carreras ligadas al comercio exterior y logística de
universidades del Perú y Bolivia finalizaron una nueva versión del Programa
Becas que impulsa la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el Terminal Puerto Arica
(TPA).
Durante
una semana, los y las jóvenes participaron de charlas y visitas al puerto
local, conociendo así, su operatividad, los procesos que se llevan a cabo en la
terminal y las principales características de la institución.
Jorge
Cáceres, gerente general de EPA, destacó que a través de este programa, “los
futuros profesionales pueden aprender en terreno la importancia que tiene el
trabajo portuario para el comercio de sus países. Asimismo, la iniciativa Becas
Puerto Arica nos permite seguir avanzando en la integración entre estos tres
países”.
Agregó
que estas jornadas que forman parte del programa de becados, se retomaron
después de su suspensión en el 2019. “Los estudiantes conocieron durante una
semana la operación completa de lo que hacemos en el puerto y esto es
relevante, porque así mostramos los puntos de encuentro con Perú y Bolivia, así
como las potencialidades que tiene el puerto para el comercio exterior. Este es
un puerto que está destinado a la integración regional”.
Por
otro lado, Camilo Jobet, gerente general de TPA, agregó que “la faena portuaria
tiene una serie de particularidades que se comprenden mucho mejor en el terreno
mismo. Esperamos que estos días en la terminal hayan sido una experiencia
enriquecedora para los 22 alumnos y el primer acercamiento a un futuro
profesional en el comercio y la logística”.
Con
la finalización del programa, las y los becados obtuvieron un certificado que
acredita su participación en el programa, equivalente a un valor curricular de
32 horas.
Experiencia
enriquecedora
Para
Carlos Matías González, de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, se trató de una semana fructífera, en la que gracias a las visitas a
terreno pudo conocer aspectos de la operación portuaria que no conocía. “Ha
sido una oportunidad muy interesante para mí y para muchos futuros licenciados.
Si necesito resumir todo en pocas palabras, yo creo que destacaría la
excelencia operacional, ya que esta organización se rige en base a la
excelencia operacional en todos sus procesos”.
Diana
Victoria, de la Universidad La Salle de Arequipa, Perú, comentó que, si bien ya
conocía Arica, nunca había visitado el puerto. “Me llevo una experiencia muy
grata, enriquecedora como parte de este proyecto de integración. Me encantó
interactuar con mis compañeros y sobre todo conocer desde un punto de vista más
histórico y empresarial, el tema del puerto, que posee la finalidad de servir a
la comunidad y brindar una excelencia de operatividad. Realmente es muy grato
ver a las personas entusiasmadas por generar un buen trabajo, enriquecerse cada
día, proporcionar información, la amabilidad que tuvieron cada uno de ellos al
momento de compartir sus experiencias y conocimientos para con nosotros hace
que tengamos muchas ganas de poder emplear este tipo de conocimientos en
nuestras ciudades de origen”, finalizó.
MANOS
UNIDAS LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS EN BOLIVIA
La
organización lleva más de dos décadas luchando contra la esclavitud del siglo
XXI
Esglesia
de Barcelona, España (https://acortar.link/5dY03m)
La
Trata de personas, que son vendidas como mercancía por redes criminales para la
explotación laboral, sexual y el tráfico de órganos, es el tercer delito más
lucrativo del mundo.
Se
estima que más del 90% de las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres,
niñas y adolescentes. Las redes sociales, falsas atractivas ofertas laborales y
los secuestros son los principales medios de captación.
Es
el caso de Rosa, una niña boliviana, que a los 11 años fue víctima de esta
cruel actividad. “Yo pensaba que iba a limpiar”, relata. No obstante, Shirley,
la persona que la empleaba como niñera, la obligó a ejercer de trabajadora
sexual. “Me sentía medio sucia, cochina”, recuerda sin olvidar los malos tratos
a los que fue sometida.
Bolivia,
un país de origen y destino para la trata de personas se encuentra en el nivel
2 de la Lista de Vigilancia de países observados en la lucha contra trata de
personas. Esto significa que tienen un número estimado de víctimas que es
significativo o que va en aumento, y que no se están tomando acciones
proporcionales a ello, o no se tiene evidencia suficiente de los esfuerzos para
los años anteriores.
Poniendo
freno a la esclavitud del siglo XXI
Para
luchar contra esta lacra, el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer
(Cecasem), que cuenta con más de dos décadas trabajando en esta problemática,
creó el Observatorio de Trata de Personas en 2011.
“Los
objetivos son la visibilización de la situación de la trata de personas, la
incidencia en la mejora de las políticas públicas así como la generación de
transformaciones sociales y la promoción de espacios de información, formación
y servicio a la comunidad”, explica Patricia Bustamente, Directora Ejectuiva de
Cecasem.
Durante
estos 24 años, más de 10.00 personas han participado en acciones preventivas de
sensibilización y formaciones dirigidas a niños y niñas, adolescentes, jóvenes,
población campesina e indígena, fiscales de materias, fuerzas armadas e
instituciones a nivel nacional y subnacional.
Por
otro lado, a nivel legal, se han logrado ciertos avances como la inclusión, por
primera vez, de la trata de personas expresamente, en la Constitución Política
del Estado. Asimismo, la organización ha participado en la redacción de la Ley
263, Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas mejorarando así los
primeros pasos dados en esta materia con las aprobaciones de las leyes 3160,
Contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes (2005) y la Ley 3325, Trata y
Tráfico de Personas y Otros Delitos Relacionados (2006).
Igualmente,
Cecasem ha participado en la elaboración del Protocolo Único de Atención a
Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, la creación de las Divisiones de Trata
y Tráfico de Personas cómo unidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC) de la Policía Boliviana y la designación de fiscales para
desarrollar formación especializada en materia de trata de personas y delitos
conexos.
A
nivel municipal, en 2012, la organización, junto con el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz elaboró la primera política municipal de control de salida
de niños, niñas y adolescentes al interior del país. “Se evidenció un vacío
legal relacionado con el control de traslado de menores de edad al interior del
país, ya que la ley solo regulaba la salida al exterior. Esta política fue
aplicada a nivel nacional en todas las terminales del país (2012 a 2014)”,
recuerda Bustamante recalcando que esta política se incorporó en la Ley 548,
Código Niña, Niño y Adolescente el 2015 hace una década.
Por
otro lado, desde la organización también se han facilitado materiales, equipos,
recursos, kits de emergencia a las víctimas, así como entrega de fondos para el
retorno, apoyo a los familiares de personas desparecidas y generación de
alternativas económicas para los jóvenes.
Manos
Unidas contribuye a reducir el riesgo
Manos
Unidas colabora con Cecasem desde hace más de 17 años en la prevención de la
trata de personas ya que la falta de acceso al agua había incrementado el
riesgo de explotación infantil a través del padrinazgo.
“Inicialmente,
Manos Unidas se asoció con Cecasem para mejorar el sistema de riego en
comunidades rurales de La Paz. Este proyecto tenía como objetivo primordial
aumentar la seguridad alimentaria en la región”, recuerda la directora de la
organización.
Con
la instalación de más de 50 hectáreas de sistemas de riego se ha reducido esta
vulnerabilidad al minimizar las distancias que los niños, niñas y adolescentes
deben recorrer en busca de agua, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el
impulso de iniciativas económicas locales debido al aumento en la producción
agrícola de las comunidades beneficiadas.
“Además,
se han promovido iniciativas económicas en el municipio de Sorata y se ha
fortalecido la Asociación de Productores Ecológicos de Cacao Borjano (ASPECABO)
en San Borja contribuyendo así al desarrollo sostenible en diferentes regiones
de Bolivia”, subraya Bustamante.
A
nivel mundial, Manos Unidas ha destinado más de tres millones de euros a 41
proyectos para combatir la trata, el tráfico de personas y el trabajo infantil
en los últimos tres años beneficiando a cerca de 65.000 personas.
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