LA MINERÍA DEL LITIO ESTÁ AGOTANDO RÁPIDAMENTE LAS RESERVAS DE AGUA DE SUDAMÉRICA
Científicos
de la ciudad de En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de
Massachusetts Amherst han descubierto que los suministros de agua dulce en el
llamado «triángulo de litio» en los países sudamericanos es 10 veces menor de
lo que se pensaba. Los
investigadores utilizaron un modelo a medida y descubrieron que el suministro
de agua dulce es 10 veces menor de lo que se pensaba, lo que pone en peligro
los ecosistemas locales y las poblaciones indígenas. «El Triángulo del Litio»
incluye Chile, Argentina y Bolivia, que representan más de la mitad de las
reservas mundiales de este metal. Los
investigadores afirman que los modelos actuales utilizados para estimar las
reservas de agua dulce disponibles y repercusiones medioambientales de la
extracción de litio en estos países, presentan importantes deficiencias. El
estudio, publicado en la revista Communications Earth & Environment,
subraya que los modelos actuales sobrestiman las reservas de agua disponibles
en más de un orden de magnitud. Se prevé que la demanda de litio se multiplique
por 40 en las próximas décadas, en un contexto de cambio a gran escala hacia
fuentes de energía renovables. Según
el autor principal del estudio, el catedrático de Ciencias Geofísicas David
Boutte, el litio es el metal más ligero que no puede permanecer en estado
sólido. У «Triángulo de litio» Este metal se encuentra principalmente en las
capas de ceniza volcánica, donde entra en contacto con el agua. Cuando
llueve o nieva, la humedad se filtra a través de estas capas, transferencia de
litio a las aguas subterráneas. Desde allí, fluye ladera abajo y se acumula en
cuencas desérticas llanas. Allí, el litio se acumula como parte de la salmuera,
que es más pesada que el agua dulce. Esto hace que entre en las bolsas de agua
superficiales, donde forma lagunas estratificadas que sirven de hogar a los
ecosistemas locales. Estas
lagunas suelen albergar especies vulnerables como los flamencos y también son
de gran importancia para la población local. Cualquier uso excesivo del agua
supone un riesgo de alterar el equilibrio ecológico. Según
el autor principal del estudio e investigador de la UMass Amherst Alexander
Kirshen, 28 cuencas hidrográficas diferentes de la «triángulo del litio». Estas
cuencas se encuentran en su mayoría en las zonas montañosas altas, muy áridas y
remotas de la cordillera de los Andes. El área total de explotación de litio en
Sudamérica es de 257.495 mil kilómetros cuadrados. En toda esta área, sólo hay
unos pocos sensores y estaciones de monitoreo que pueden rastrear factores como
el flujo y la precipitación. David
Boutte añade que la hidrología y el clima de la zona «El triángulo del litio»
es muy difícil de comprender. Por eso, en su estudio, los investigadores se
basaron en modelos hídricos mundiales para realizar la evaluación más precisa
de la disponibilidad de agua y las repercusiones medioambientales de la
extracción de litio en la región. Según
las dos Según los modelos de recursos hídricos mundiales utilizados, las
reservas de agua dulce que fluyen hacia las cuencas del triángulo «litio» son
de unos 90—230 mm anuales. Sin embargo, los investigadores llegaron a la
conclusión de que este modelo sería demasiado inexacto en su estudio. Por lo
tanto, construyeron su propio modelo, llamado Modelo de Disponibilidad de Agua
en la Cuenca Cerrada del Litio, o LiCBWA. «Estos
sistemas no reciben mucha agua dulce nueva. El consenso general es que la
cantidad de agua está sobreestimada en al menos un orden de magnitud. Y
descubrimos que todas menos una de las 28 cuencas de nuestro estudio debería
clasificarse como «con estrés hídrico crítico», incluso sin tener en cuenta las
necesidades actuales de suministro de agua, y mucho menos las futuras», —
explica David Boutte. Según
los investigadores, la cantidad real de agua dulce que fluye hacia las cuencas
«triángulo de litio», oscila entre 2 y 33 mm al año. Esto también depende de
cada cuenca individual, con una media de solo 11 mm al año para las 28 cuencas. Mientras
tanto, los métodos de extracción del litio también están cambiando. En lugar de
la evaporación de la salmuera de litio, cada vez se utiliza más la extracción
directa de este metal. En concreto, el 56% de las empresas mineras de litio
utilizan la extracción directa, que requiere aún más agua. Casi un tercio de
ellas utiliza 10 veces más agua que con el método de evaporación. ITC News de
Australia (https://acortar.link/JFGT7R)
“BOLIVIA
ES CASI COMO UNA VENEZUELA EN ALZA”, INDICA EXCANCILLER MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
MACKAY Internacionalista
asegura que la crisis en el país del altiplano se debe al empirismo de últimos
gobernantes, Evo Morales y Luis Arce. Expreso
de Perú (https://acortar.link/Vm2z5A) El
exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay opina que el
posible éxodo de bolivianos a nuestro país se trata de un acto que desnuda la
gravedad de la situación en Bolivia creada por Evo Morales y el presidente
Arce. “Los
dos han hecho una política ficticia en todo Bolivia, han engañado al pueblo
boliviano sucesivamente, primero como aliados y luego como rivales”, señaló. El
excanciller pensó que con la salida de Morales, Bolivia iba a progresar de la
mano de un especialista en economía. “Bolivia
es un país hermano, querido, con una larga tradición de integración
latinoamericana que no merece dos empíricos en el poder. Creíamos que Arce, por
ser economista, le iba a dar una suerte de resarcimiento económico a Bolivia y
eso no ha pasado”, agregó. Luego,
precisó que el ministerio de Relaciones Exteriores debe salir a defender
nuestras fronteras. “Creo
que es importante que la Cancillería peruana tome nota, y el Gobierno peruano
también, del control de fronteras y la soberanía del Estado. Ya tenemos
bastante con el contrabando que se viene produciendo de Bolivia hacia el Perú.
Nos corresponde a nosotros tomar las medidas de seguridad que debe sopesar un
espacio de zona de fronteras. La Cancillería peruana debería en el acto
coordinar para que nuestra cualidad y nuestra calidad impoluta de frontera se
respete y para eso hay que coordinar con el ministerio de Defensa y la
Policía”, comentó. También
señaló que esto es una consecuencia de la vulnerabilidad boliviana, pues la
gente en Bolivia no encuentra expectativas, no tiene alimentos ni combustibles. “Hoy
Bolivia es casi como una Venezuela en alza, donde todo se construye
artificialmente. Me da mucha pena por Bolivia, tierra hermana, amiga que
siempre me hace recordar a la Confederación Perú-Boliviana de la gran unidad
altiplano-peruana”, añadió. El
exministro calificó como empíricos los últimos mandatos en el país altiplánico. “Esto
que está pasando en Bolivia refleja el empirismo en el poder en ese país. No se
merece el pueblo boliviano lo que está viviendo. Evidentemente tenemos que
comprender a los bolivianos que salen de su país. Son vecinos que viven la
desilusión de un gobierno como el de Arce que no ha dado la talla y de un
sátrapa de América Latina, casi como Nicolás Maduro, que se llama Evo Morales”,
indicó. Finalmente,
Rodríguez Mackay hizo un llamado al gobierno de Dina Boluarte. “Tenemos que
tomar las precauciones que corresponden. Por lo menos, por el amor de Dios,
apliquemos políticas de fronteras para cuidar nuestra soberanía”, sentenció. CONTRABANDO
SIN CONTROL: LA RUTA ILEGAL ENTRE PERÚ Y BOLIVIA CERCA DEL LAGO TITICACA Un
pequeño pueblo en la frontera, sin oficinas de migración o puestos de aduanas,
se ha convertido en un punto clave para el intercambio de productos ilegales
como arroz, azúcar y combustibles Infobae
de Argentina (https://acortar.link/vcSneJ) En
la región fronteriza de Puno, el pueblo de Virupaya se ha convertido en un
punto crítico del contrabando entre Perú y Bolivia. Ubicada a tan solo 215
kilómetros de La Paz y cerca de las aguas del Lago Titicaca, esta comunidad
carece de un control estatal efectivo, lo que ha permitido que el contrabando
crezca sin restricciones. En lugar de contar con oficinas de migración o
puestos de aduanas, Virupaya es una zona desregulada por donde circulan
productos bolivianos de todo tipo, desde arroz, azúcar, aceite y fideos hasta
combustibles subsidiados, que llegan a Perú para ser vendidos en mercados
locales a precios mucho más bajos que los productos nacionales. Un
reportaje de Latina reveló que este comercio ilegal es facilitado por la falta
de controles en la frontera. Los productos bolivianos ingresan sin ningún tipo
de inspección oficial, siendo descargados en depósitos de apariencia doméstica
que operan como centros de acopio. A medida que los productos cruzan hacia el
lado peruano, son transferidos a camiones con matrícula peruana y luego
distribuidos en ciudades como Huancané, Juliaca y otros municipios cercanos. En
este punto de la ruta, la venta de productos es completamente irregular. Los
precios son considerablemente más bajos que en las tiendas oficiales, lo que
atrae a los comerciantes locales, pero también genera un grave daño para la
economía peruana, ya que los productores nacionales no pueden competir con
estos precios, perjudicando a las economías locales. El
vacío de control y sus efectos en la seguridad y economía La
situación en Virupaya está lejos de ser un simple problema comercial. La falta
de controles ha abierto la puerta a una economía paralela, donde los
contrabandistas no solo trafican productos de consumo, sino también mercancías
peligrosas. En este contexto, los contrabandistas operan sin temor a la
fiscalización. Los comerciantes en Virupaya pueden vender, por ejemplo,
gasolina y diésel, los cuales provienen de camiones cisterna bolivianos, y que
se revenden en Perú a un precio mucho más bajo que en los grifos oficiales.
Esta venta de combustible barato representa una ventaja económica para quienes
se benefician del contrabando, pero a la vez afecta gravemente la economía
formal y la regulación del mercado en ambos países. Los
productos alimenticios contrabandeados también son más baratos que en las
tiendas de Perú, lo que genera un atractivo para los consumidores. Sin embargo,
la calidad y la legalidad de estos productos no están garantizadas. En algunos
comercios informales, se puede encontrar arroz a 190 soles por quintal, un
precio significativamente inferior al de los mercados formales. Esta
competencia desleal afecta a los comerciantes peruanos y genera una distorsión
en el mercado local. Además,
la situación de violencia e inseguridad en la zona también es preocupante. La
ausencia del Estado en Virupaya ha permitido que los contrabandistas operen con
impunidad. Algunos informes indican que, en muchas ocasiones, las autoridades
no han intervenido a pesar de las denuncias y las evidencias de tráfico de
mercancías. Esto pone en evidencia que las economías ilegales no son solo un
problema económico, sino también una fuente de delitos asociados, como el
tráfico de drogas y el contrabando de armas, que amenazan la seguridad en la
región. Las historias de personas que intentan grabar el contrabando y que son
amenazadas con armas para que no documenten la actividad ilegal, son una clara
muestra de los riesgos que enfrentan quienes intentan denunciar estos hechos.
La falta de control y la ausencia de una estrategia estatal efectiva en
Virupaya dejan a los ciudadanos vulnerables a estos peligros. Virupaya
no es un caso aislado. El fenómeno del contrabando afecta a toda la región
fronteriza, extendiéndose a otras zonas de Puno y más allá. La ausencia del
Estado en este territorio, como mencionan algunos testimonios de la zona, es un
factor determinante para la proliferación del contrabando. Los agentes de la
Policía Nacional de Perú han identificado múltiples pasos irregulares en la
frontera, pero la falta de presencia aduanera y migratoria ha hecho que estos
puntos se conviertan en rutas abiertas para los contrabandistas. La
situación también se ve agravada por las condiciones de pobreza que enfrentan
muchas personas en la zona, lo que hace que el contrabando se perciba como una
opción rentable para sobrevivir. La falta de empleo formal, sumada a la
ausencia de infraestructura adecuada, ha llevado a que muchas familias dependan
de este mercado informal para subsistir. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad
y criminalidad, donde las economías ilegales se han institucionalizado,
favoreciendo a ciertos actores a expensas de la legalidad y la estabilidad de
la economía local. CRISIS
EN BOLIVIA PROVOCARÍA ÉXODO: SIN ALIMENTOS NI COMBUSTIBLES EMIGRARÍAN A PERÚ Excanciller
Javier González-Olaechea indica que el Gobierno debe ver normativa para que
exista un buen filtro de los extranjeros que ingresan al Perú a fin de no
repetir el caso de Venezuela. Expreso
de Perú (https://acortar.link/E10v7z) La
crisis en Bolivia está cada día más insoportable. Los vecinos del altiplano
casi ya no tienen alimentos ni combustibles y a diario la crisis se agrava sin
que el gobierno de Luis Arce pueda encontrarle solución, por lo que una vez más
se aproximaría un estallido social. Esta
situación ha generado protestas en diversas regiones de Bolivia, lo cual
refleja el descontento popular, tanto es así que ayer se inició una huelga de
trabajadores de la salud y solo se atienden los servicios de emergencia. “Nos
estamos muriendo de hambre”, gritaban los bolivianos durante su última marcha
de protesta en La Paz y Sucre, principalmente. Es
por eso que si en agosto de este año, fecha en que se realizarán las
elecciones, no asume un nuevo mandatario que resuelva esta situación, se podría
provocar un éxodo cercano al millón de bolivianos cruzando las fronteras de
Perú, Paraguay y Chile, procurando una mejor calidad de vida tal como ha
sucedido en los últimos años con los ciudadanos venezolanos que se encuentran
radicando en el Perú. Alvaro
Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, declaró a un portal que esto
puede ser una realidad no necesariamente inmediata, sino en el año 2029 cuando
Bolivia ya no tenga nada que ofrecerle al mundo, ni gas. DESAGUADERO:
ALERTAN AFECTACIÓN EN PUNO POR LA CRISIS EN BOLIVIA En
la zona, la afluencia de personas se redujo de maneras significativa y, con
ello, también el dinamismo del comercio. Se reporta la escasez de productos
claves. Gestión
de Perú (https://acortar.link/LFKy0J) En
la frontera entre Perú y Bolivia, en la ciudad de Desaguadero, en la parte
nacional, se reportan que familias vienen siendo afectadas por la crisis
económica boliviana. Un
enlace de Canal N dio cuenta que en dicho lugar la afluencia se personas se
redujo de maneras significativa y, con ello, también el dinamismo del comercio.
Se reporta la escasez de productos claves. “[La
crisis en Bolivia] afecta porque ya no hay dólares, se redujo el stock de
combustibles y, con las movilizaciones, se agudiza la crisis”, comentó el
presidente de la multicomunal de Desaguadero, Pablo Sarmiento. La
situación en suelo boliviano también llevó a impulsar la migración hacia
territorio peruano. “Efectivamente, así es. Día a día, los hermanos bolivianos
ingresan a diferentes departamentos del Perú”, refirió. Una
comerciante dedicada al tipo de cambio también informó que el valor del
boliviano (moneda de Bolivia) retrocedió respecto al dólar y el sol peruano.
Esto generó la ausencia de dólares en la zona, ante la imposibilidad de
conseguirlo. El
tipo de cambio observado fue de S/ 0.303 por cada boliviano. Sarmiento, al
cambiar S/50 en una casa, obtuvo solo 165 bolivianos. El
vocero de la zona, además, informó que está prohibido el ingreso a Bolivia de
aceite, entre otros productos alimentarios básicos. El resguardo está a cargo
de personal militar. De
otro lado, Sarmiento solicitó declarar a Desaguadero en estado de emergencia
debido a la crisis que vive el sector agricultor y ganadero por las lluvias.
“[Las fuertes lluvias] nos han llevado a la quiebra”, subrayó. MÁS
DE 3 MIL EXTRANJEROS FUERON DETENIDOS POR LA POLICÍA AL INTENTAR INGRESAR
ILEGALMENTE A PERÚ DESDE BOLIVIA A TRAVÉS DEL LAGO TITICACA La
falta de combustible y el control militar en el país vecino impulsó a cientos
de ciudadanos a cruzar ilegalmente a nuestro país en busca de alimentos y
productos básicos Infobae
de Argentina (https://lc.cx/sFJwu-) En
los últimos días, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a aproximadamente 3
mil ciudadanos bolivianos que intentaban ingresar ilegalmente al país a través
del Lago Titicaca. La situación se intensificó en la frontera con Bolivia,
particularmente en Desaguadero, donde los controles migratorios han sido
reforzados para contener el flujo irregular de personas. Según informó el
noticiero 24 Horas, las autoridades peruanas vienen tomando medidas adicionales
para enfrentar este fenómeno. En
el puente internacional de Desaguadero, indicó que Migraciones ordenó un
aumento en los puestos de control con el fin de verificar el ingreso de
ciudadanos extranjeros. Asimismo, informó que una de las actividades más
comunes de los bolivianos en Perú es el comercio en ferias y mercados, desde
donde trasladan productos hacia Bolivia. La policía ha intensificado la
vigilancia en puntos clave del Lago Titicaca, ante la posibilidad de que grupos
de extranjeros intenten evadir los controles fronterizos mediante rutas no
autorizadas. El
control policial y migratorio opera con normalidad, aunque se anunció
operativos para reforzar los puestos de vigilancia. Debido a la crisis en
Bolivia, muchos ciudadanos buscan en Perú alternativas para adquirir productos
esenciales. Sin embargo, en la zona fronteriza, la situación se complicó por la
presencia de militares bolivianos, quienes restringen el ingreso de alimentos a
su país. Las
autoridades peruanas informaron que los controles migratorios seguirán
reforzándose. En el puente de Desaguadero, un equipo de 16 efectivos de la
Policía Nacional realiza controles de identidad y operativos rutinarios.
Además, se idéntifico que en la Isla de Amantaní, otro punto fronterizo en el
Lago Titicaca, los agentes han intervenido a un gran número de ciudadanos que
intentaban ingresar al país de manera irregular. Impacto
de la crisis en Bolivia El
contexto en Bolivia generó un aumento en los intentos de ingreso irregular a
Perú. La crisis de desabastecimiento de combustibles mantiene paralizados
sectores como el transporte y la producción agropecuaria. Según informes
oficiales, el país consume más de 7 millones de litros de diésel al día, pero
la producción local no cubre la demanda. Alrededor del 85% del diésel y el 56%
de la gasolina consumida en Bolivia es importado. No obstante, la falta de
dólares para financiar estas compras generó un colapso en el suministro,
derivando en largas filas en las estaciones de servicio y limitando la
operatividad del transporte. Las
restricciones de combustible impactó directamente en la economía boliviana,
afectando la distribución de bienes básicos y generando protestas en diversas
regiones. En el pasado, el gobierno boliviano ha recurrido a Perú, Chile y
Paraguay para abastecerse de diésel. Sin embargo, las importaciones no lograron
cubrir la demanda total del país. Contrabando
y economía informal en la frontera Virupaya,
la nueva ruta del contrabando Perú - Bolivia: comerciantes venden productos
bolivianos a peruanos La
crisis boliviana también ha fortalecido el comercio informal en la frontera con
Perú. En la región de Puno, el contrabando de productos esenciales se
intensificó. El pueblo de Virupaya, ubicado a 215 kilómetros de La Paz, se
conirtió en un punto clave para el tráfico de mercancías. Según un reportaje de
Latina, la falta de controles en esta zona permite que alimentos, combustibles
y otros productos sean trasladados sin restricción a territorio peruano. La
ausencia de oficinas de migración y aduanas en Virupaya facilita el comercio
ilegal. Los productos bolivianos son descargados en almacenes improvisados y
posteriormente transportados a ciudades como Juliaca y Huancané. Esta práctica
afecta la economía local, ya que los comerciantes peruanos no pueden competir
con los precios del contrabando. Las autoridades han identificado múltiples
rutas informales utilizadas para este comercio, pero la falta de
infraestructura y personal dificulta su control. El
contrabando también responde a la situación socioeconómica en la frontera. La
falta de empleo formal llevó a muchas personas a depender del comercio
irregular. En regiones como Puno, esta actividad es vista como una alternativa
viable ante la ausencia de oportunidades laborales. La
Policía Nacional ha intensificado la vigilancia en los pasos irregulares, pero
la extensión de la frontera y la demanda de productos en ambos países complican
la situación. A medida que la crisis en Bolivia continúa, las autoridades
peruanas se mantienen en alerta para evitar que el flujo de ingreso irregular
incremente la presión sobre los controles migratorios en la frontera sur del
país. ESTO
ES TODO LO QUE PUEDES COMPRAR CON 100 DÓLARES EN BOLIVIA, EN MEDIO DE CRISIS
POR ESCASEZ Y POSIBLE OLA MIGRATORIA La
crisis económica en Bolivia ha llevado a una drástica disminución del poder
adquisitivo de los ciudadanos, con inflación alta y escasez de divisas. La
República de Perú (https://acortar.link/QC3fiH) En
medio de una crisis económica en Bolivia que combina inflación alta, escasez de
divisas y combustibles, el poder adquisitivo de los bolivianos se ha visto
fuertemente afectado. Esta situación plantea una pregunta clave: ¿qué se puede
adquirir actualmente con 100 dólares en el país sureño? El
país atraviesa una de sus etapas económicas más críticas en más de una década.
La falta de dólares, el alza generalizada de precios y la presión sobre la
canasta básica configuran un escenario que, de acuerdo con expertos y datos
oficiales, podría derivar en una nueva ola migratoria. ¿Cuántos
bolivianos son 100 dólares en Bolivia actualmente? El
tipo de cambio oficial se mantiene en 6,96 bolivianos por dólar, según el Banco
Central de Bolivia. Esto significa que 100 dólares equivalen a 696 bolivianos
si se accede al mercado formal. Sin embargo, la falta de divisas ha impulsado
la aparición de un mercado paralelo, donde el dólar se cotiza a un precio más
elevado, aunque no existen cifras públicas verificadas sobre su valor exacto al
margen del sistema bancario. La
escasez de dólares también ha llevado a medidas extraordinarias. Por ejemplo,
la empresa estatal YPFB comenzó a usar criptomonedas para pagar importaciones
de combustibles, ante la imposibilidad de acceder a divisas suficientes en el
sistema tradicional. Esta medida refleja el nivel de presión que enfrenta el
país para sostener su funcionamiento económico básico. ¿Qué
se puede adquirir con 100 dólares en Bolivia? Con
696 bolivianos, el equivalente oficial de 100 dólares, una persona puede
acceder a ciertos productos básicos. Sin embargo, el valor real de esa suma ha
disminuido significativamente debido a la inflación. Según un análisis del
economista Fernando Romero —presidente del Colegio Departamental de Economistas
de Tarija—, Bolivia alcanzó en febrero de 2025 una inflación interanual del
13,22 %, la tercera más alta de Sudamérica. A continuación, algunos precios
estimados de alimentos y servicios esenciales: • Arroz: 1 quintal (46 kg) cuesta 60
bolivianos en ferias estatales • Pollo entero: disponible en ferias a
40 bolivianos por unidad • Carne de res: el precio al consumidor
es de 42 a 43 bolivianos por kilo, según declaró el viceministro de Defensa del
Consumidor, Jorge Silva • Papa y verduras: han registrado alzas
notables por la escasez de combustible, lo que encarece el transporte desde
zonas rurales Además,
el costo promedio de un pasaje en transporte público es de 2 bolivianos. Los
productos de higiene personal (papel higiénico, jabón, pasta dental) superan
los 40 bolivianos en total. Sin embargo, el acceso a combustibles como la
gasolina está restringido por el desabastecimiento, lo que ha generado filas de
hasta seis horas en algunas regiones. ¿La
situación económica podría impulsar una ola migratoria? El
deterioro económico no solo afecta el consumo interno, sino que también está
generando inquietud social. Aunque no se han reportado cifras oficiales sobre
un aumento masivo de salidas del país, medios especializados y analistas
advierten que podría iniciarse una ola migratoria, especialmente desde regiones
rurales afectadas por la falta de combustible y el alza del costo de vida. La
producción agrícola también enfrenta dificultades. En Santa Cruz, los
productores de soya alertaron sobre pérdidas significativas por la falta de
diésel para las cosechadoras, lo que agrava la situación económica del campo y
podría tener un impacto directo en el empleo rural y el abastecimiento de
alimentos básicos. BOLIVIA
LE DICE NO A PETROPERÚ: YPFB REVOCA ADJUDICACIÓN CON ESTATAL PERUANA Y ASIGNA
CONTRATO A BOTRADING En
medio de la crisis energética que daña al país altiplánico, una denuncia por
presuntos amaños de corrupción ha alcanzado a la empresa pública de
combustibles, cuyo presidente ha esgrimido que los recursos asignados para la
importación son insuficientes para satisfacer la demanda interna Infobae
de Argentina (https://lc.cx/gQHjMt) En
un contexto de crisis energética y escasez de combustibles en Bolivia,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido objeto de
controversia tras anular un contrato previamente adjudicado a Petroperú -un
habitual abastecedor del mercado boliviano- y reasignarlo a la empresa
Botrading SA con un incremento del 32% en los costos. Según documentos
obtenidos por el medio boliviano Brújula Digital, esta decisión ha generado un
sobrecosto de 97.000 dólares y ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia
en los procesos de contratación de la estatal petrolera. El
18 de septiembre de 2024, YPFB adjudicó a Petroperú un contrato para el
suministro de hidrocarburos líquidos a un precio de 149,35 dólares por metro
cúbico. Sin embargo, apenas ocho días después, el 26 de septiembre, la gerente
de contrataciones de YPFB, Cinthia Pedraza, emitió una resolución
administrativa que anulaba el proceso, argumentando errores en las
especificaciones técnicas de la invitación. Menos de un mes después, el
contrato fue reasignado a Botrading SA, esta vez a un precio de 198 dólares por
metro cúbico, lo que representa un aumento significativo en comparación con la
oferta inicial de Petroperú. YPFB,
Petroperú y Botrading: denuncias de sobreprecios La
empresa Botrading SA no es ajena a la polémica. Según reportó Brújula Digital,
en 2023 se revelaron presuntos sobreprecios en operaciones de importación de
crudo y diésel realizadas a través de esta compañía. En dos transacciones
específicas, YPFB habría pagado 6,47 millones de dólares adicionales debido a
que las adquisiciones se realizaron mediante Botrading en lugar de hacerlo
directamente. Estas denuncias han generado sospechas sobre posibles
irregularidades y corrupción en los procesos de contratación. El
diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, ha sido uno de los
principales críticos de la gestión de YPFB en este caso. Alarcón solicitó la
renuncia del presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, y propuso la
creación de una comisión legislativa para investigar las presuntas
irregularidades. Según el legislador, las explicaciones ofrecidas por Dorgathen
sobre la anulación del contrato con Petroperú y la posterior adjudicación a
Botrading han sido inconsistentes. Contradicciones
en las justificaciones de YPFB El presidente de YPFB, Armin Dorgathen,
declaró en el canal estatal BTV que la anulación del contrato con Petroperú se
debió a que la empresa no presentó los documentos necesarios a tiempo para
formalizar el acuerdo. Sin embargo, esta versión contradice la resolución
administrativa emitida por Cinthia Pedraza, la cual señala que la anulación se
realizó debido a errores en las especificaciones técnicas de la invitación, una
responsabilidad atribuida directamente a YPFB. Según
los documentos obtenidos por Brújula Digital, la resolución administrativa GCC
147/2024 establece que el proceso de contratación fue anulado “hasta el vicio
más antiguo, es decir, hasta la elaboración de las especificaciones técnicas”.
Este argumento pone en duda la versión de Dorgathen y refuerza las críticas
sobre la falta de claridad en la gestión de la estatal petrolera. Crisis
energética en Bolivia y aumento de las importaciones La
controversia en torno a YPFB se produce en un momento crítico para Bolivia, que
enfrenta una severa escasez de combustibles. Esta situación ha provocado largas
filas en las estaciones de servicio, protestas de transportistas y medidas de
emergencia por parte del gobierno, como la reducción de horarios laborales y la
implementación de clases virtuales. Sin embargo, estas acciones han sido
calificadas como insuficientes por sindicatos y sectores de la oposición. El
aumento de la dependencia de las importaciones de hidrocarburos ha agravado la
crisis económica del país. Según datos oficiales, Bolivia destinó 1.500
millones de dólares a la importación de combustibles en 2019, cifra que se
incrementó a 3.300 millones en 2024. Se estima que en 2025 el país necesitará
aproximadamente 2.900 millones de dólares, equivalentes a 56 millones
semanales, para cubrir la demanda de diésel y gasolina. De
estatal a estatal: implicaciones políticas y económicas tras el destape de
Botrading El
caso de Botrading y la gestión de YPFB han generado un clima de inestabilidad
política y económica en Bolivia. Además de las denuncias de sobreprecios, el
medio argentino La Letra P reportó en 2023 que Botrading estaría vinculada a un
presunto esquema de corrupción que involucraría a la familia del presidente
Luis Arce y al grupo empresarial Valdivia, propietario del diario Los Tiempos
de Cochabamba. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas, han
contribuido a aumentar la presión sobre el gobierno y la estatal petrolera. El
diputado Carlos Alarcón ha señalado que las inconsistencias en las
declaraciones de Armin Dorgathen y la falta de transparencia en los procesos de
contratación de YPFB son motivos suficientes para exigir su destitución.
Asimismo, ha pedido que se investigue a fondo el vínculo entre YPFB y
Botrading, una empresa que inicialmente fue presentada como privada, pero que
posteriormente se confirmó como una entidad pública dependiente de la estatal
boliviana. EL
INCOMPRENSIBLE MINISTERIO DE BOLIVIA AL QUE ESPAÑA DESTINA DINERO PÚBLICO Pablo
Cambronero ha sido quien ha desvelado la realidad del dinero público que llega
a los 290.000 euros EDA
Tv News de España (https://acortar.link/zSg1GA) En
Bolivia, existe un ministerio con un nombre que no deja indiferente a nadie: el
Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Este organismo,
que ha generado polémica, recibe un flujo constante de fondos públicos
provenientes de España. Todo a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha
sido Pablo Cambronero quien ha destapado la cifra de ayudas que llegan desde
España a ese ministerio. En las imágenes que él mismo ha compartido se pueden
ver cuatro cantidades entre 2023 y 2024. La suma alcanza los 290.000 euros. La
AECID es el principal ente gestor de la cooperación española y canaliza
recursos destinados a promover el desarrollo en diferentes regiones del mundo.
Especialmente en América Latina. En
el caso de Bolivia, estos fondos tienen como objetivo apoyar proyectos
culturales, educativos y sociales. Sin embargo, la asignación de dinero a un
ministerio con una denominación tan peculiar ha despertado dudas y críticas. Una
polémica sobre por qué España destina dinero a ese Ministerio y ponen en duda
su verdadera utilidad y destino de estos recursos. El
Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia fue
creado con la intención de impulsar políticas que fortalezcan la identidad
indígena. También para que promuevan la igualdad de género. Bajo el concepto de
“descolonización”, busca reivindicar las tradiciones y valores ancestrales de
los pueblos originarios. Mientras
que la “despatriarcalización” se centra en eliminar estructuras de poder
basadas en la supremacía masculina. Si
bien estos objetivos pueden ser considerados loables por algunos sectores.
Otros critican que el ministerio funcione más como un instrumento ideológico
que como una entidad con impacto real en la sociedad boliviana. En ese sentido,
se cuestiona que los fondos españoles estén siendo utilizados para financiar
políticas. Unas
que podrían tener un sesgo ideológico en lugar de destinarse a áreas
prioritarias como la educación, la salud o el desarrollo económico. Desde
su creación, este ministerio ha impulsado diversas iniciativas. Entre ellas la
implementación de programas de revalorización de la cultura indígena, la
inclusión de nuevas narrativas históricas. Y también campañas para erradicar el
'machismo' en la sociedad boliviana. Sin
embargo, no está exento de polémicas. Algunos críticos argumentan que en lugar
de generar una verdadera inclusión, sus acciones pueden fomentar divisiones en
la sociedad. Por
otro lado, la AECID ha defendido su cooperación con Bolivia. Ha asegurado que
los fondos entregados buscan promover la diversidad cultural y la equidad de
género. Aun
así, la falta de transparencia en el uso de estos recursos sigue siendo un
punto de debate. Y más, cuando se trata de un país con múltiples necesidades
estructurales.
IRÁN
EXPANDE SU PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA CON UN ACUERDO MINERO DE TIERRAS RARAS
EN BOLIVIA Revista
Escenario Mundial (https://acortar.link/zxE3R3) Irán
y Bolivia han iniciado negociaciones para establecer un acuerdo de cooperación
en la exploración y explotación de tierras raras, un paso que fortalece la
presencia de Teherán en América Latina y refuerza sus lazos económicos en la
región. El anuncio fue realizado por el viceministro de Minerales Tecnológicos
de Bolivia, Ismael Charly Rodríguez, quien confirmó que las conversaciones
comenzaron el 13 de marzo durante una reunión con el embajador iraní Bahram
Sharabeddin y representantes de los sectores mineros de ambos países. El
acuerdo propuesto incluye investigación científica conjunta, cooperación
técnica e inversión iraní en proyectos mineros bolivianos. Bolivia ha
identificado dos principales yacimientos de tierras raras: uno en Palca,
Cochabamba, que abarca 16.000 hectáreas, y otro en Cerro Manomó, Santa Cruz,
con una extensión de 12.500 hectáreas. Estos depósitos contienen minerales
estratégicos como neodimio, europio y lantano, esenciales para tecnologías
avanzadas, incluidas las baterías de vehículos eléctricos y equipos médicos. El
mercado global de tierras raras supera los 10.000 millones de dólares, con
China controlando aproximadamente el 80% del suministro. Bolivia busca romper
con esta dependencia industrializando sus recursos en lugar de exportar
materias primas sin procesar. En este contexto, el apoyo tecnológico y
financiero de Irán podría ser clave para el desarrollo de la industria minera
boliviana. Por
su parte, Irán enfrenta severas sanciones occidentales y ha intensificado sus
alianzas económicas bajo el marco de la cooperación Sur-Sur. El acuerdo con
Bolivia no solo le permite diversificar sus relaciones comerciales, sino
también expandir su influencia en una región donde mantiene vínculos históricos
con gobiernos de orientación izquierdista. Según informó Rodríguez, la
delegación iraní propuso participar en proyectos mineros bolivianos mediante
inversión conjunta y ofreció cubrir los costos relacionados con la exploración
y el mapeo geológico, una tarea actualmente a cargo del Servicio Geológico
Minero (Sergeomín). Este
acuerdo también incluye la transferencia de tecnología y la posibilidad de
compensar los servicios iraníes con beneficios estratégicos para ambas
naciones. Sin embargo, el proceso ha generado críticas respecto a la falta de
transparencia en las negociaciones y las preocupaciones ambientales
relacionadas con la extracción de tierras raras, ya que su procesamiento
produce residuos tóxicos que Bolivia no está equipada para gestionar de manera
segura. Además
de los riesgos ambientales, existen inquietudes sobre las implicancias
geopolíticas de la colaboración con Irán. Figuras como la ministra de Seguridad
de Argentina, Patricia Bullrich, han expresado su preocupación por posibles
vínculos con la Fuerza Quds, una rama de élite del Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán, especialmente debido al incremento reciente de
ciudadanos iraníes en Bolivia. Estos antecedentes han generado alarma en
Estados Unidos y en otros países de la región que observan con cautela el
fortalecimiento de la relación entre La Paz y Teherán. La
relación entre Bolivia e Irán tiene raíces en el gobierno de Evo Morales, quien
estableció alianzas estratégicas con Teherán desde 2006. Aunque estos lazos se
enfriaron durante el gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), se
reactivaron con la llegada al poder de Luis Arce. En julio de 2023, ambos
países firmaron un acuerdo en Teherán que incluyó la venta de equipo militar y
el entrenamiento de personal boliviano, aunque los detalles específicos del
pacto no se han divulgado. CÓNSUL
HONORARIO DE VIETNAM EN BOLIVIA RESALTA VIGENCIA DE LA REUNIFICACIÓN NACIONAL El
30 de abril de 1975 es un momento histórico no solo del pueblo vietnamita, sino
también de todas las naciones emergentes del mundo, afirmó Miguel Ángel Pérez
Peña, cónsul honorario de Vietnam en Bolivia, en una entrevista concedida la
Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 50 aniversario de la
liberación de Sur y la reunificación nacional. Vietnam Plus News (https://acortar.link/ymYLCs) El
30 de abril de 1975 es un momento histórico no solo del pueblo vietnamita, sino
también de todas las naciones emergentes del mundo, afirmó Miguel Ángel Pérez
Peña, cónsul honorario de Vietnam en Bolivia, en una entrevista concedida la
Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 50 aniversario de la
liberación de Sur y la reunificación nacional. Reportero:
Para Usted, cuál es el significado histórico y contemporáneo de la victoria del
30 de abril de 1975 para Vietnam y para el movimiento revolucionario mundial? Miguel
Ángel Pérez Peña: El 30 de abril de 1975 es un momento histórico no solo del
pueblo vietnamita, sino también de todas las naciones emergentes del mundo,
porque abrió las puertas a la reunificación de un país que había sido dividido
por intereses externos y derrotó militarmente a la mayor potencia bélica de la
época. Es
a partir de la toma de Saigón por parte de los combatientes del Ejército de
Vietnam, que se consolidó la paz, después de una dolorosa guerra que tuvo un
alto costo en vidas humanas y dejó al país destrozado por los horrores de la
guerra. En
este contexto, la vitoria militar de Vietnam tuvo un impacto planetario en la
mentalidad de los jóvenes y la sociedad en su conjunto que entendieron que sí
existían posibilidades de vencer a la injusticia y el orden colonial. El
liderazgo tanto político como militar fue un elemento central que permitió al
pueblo de Vietnam mantenerse unido y movilizado para obtener sus objetivos
políticos y militares. Por esta razón, es que en la historia de la humanidad se
tiene un lugar reservado para el presidente Ho Chi Minh y para el General Vo
Nguyen Giap. Reportero:
¿Cómo evalúa Usted la transformación de Vietnam después de 50 años de
unificación?, ¿Cuáles son los factores que conforman el potencial y la posición
de Vietnam hoy? Miguel
Ángel Pérez Peña: Vietnam es hoy, un actor central en el concierto de las
naciones. Posee una economía vigorosa que ha venido creciendo pese a las
dificultades que el mundo ha enfrentado, como la pandemia de la Covid-19. Además,
es hoy una puerta de entrada para el vasto mercado de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), un bloque económico constituido por 10 naciones
del sudeste asiático y que tiene más de 600 millones de personas y que es ahora
la sexta economía más grande del mundo. Su
economía diversificada y en expansión le ha permitido ser uno de los destinos
más importantes de la inversión extranjera directa, disminuir los índices de
pobreza y crecer permanentemente en su comercio exterior. Hoy
día, existen datos que enorgullecen no solo a Vietnam sino también a todos los
que admiramos este gran país. Por ejemplo, es el segundo mayor exportador de
café en el mundo, es uno de los mayores productores de teléfonos inteligentes a
nivel global. Las prendas de vestir como ropas y calzados son exportadas desde
Vietnam para casi todos los países del mundo. Reportero:
¿Se conocen en Bolivia sobre las luchas del pueblo vietnamita contra las
invasiones extranjeras? ¿Cómo fue el movimiento de solidaridad del pueblo
latinoamericano hacia Vietnam durante la pasada lucha del pueblo vietnamita
contra la invasión extranjera? Miguel
Ángel Pérez Peña: El pueblo de Bolivia y particularmente la juventud, al igual
que el resto de las naciones de Latinoamérica expresaron permanentemente su
solidaridad con las luchas del pueblo vietnamita, primero por obtener su
independencia y luego para condenar la agresión bélica que sufrió. Fueron
distintivas las acciones de los jóvenes estudiantes y universitarios de la
década de los años setenta por movilizarse en solidaridad con Vietnam y
reclamando el fin de la invasión. También,
el movimiento obrero organizado, fue otro actor importante para difundir en la
sociedad boliviana las acciones de solidaridad con la lucha del pueblo de
Vietnam. Es
importante recordar que al finalizar la década de los años sesenta ocurrieron
en Latinoamérica y Bolivia hechos de gran impacto social y político, como fue
el surgimiento de movimientos guerrilleros, que en el caso de Bolivia estuvo
liderado por el Che Guevara. Estos movimientos junto con las movilizaciones
contra las dictaduras militares que se habían instalado plenamente en casi
todos los países del continente para los años setenta, contribuyeron de manera
significativa a desarrollar acciones de solidaridad colectiva con la lucha del
pueblo vietnamita. Reportero:
¿Cómo valora Usted las perspectivas de las relaciones entre Vietnam y Bolivia? Miguel
Ángel Pérez Peña: En el año 1987 Bolivia y Vietnam establecieron relaciones
diplomáticas y desde esa fecha hasta el presente, las relaciones entre ambas
naciones han registrado un acercamiento sostenido. En
septiembre de 2012 ambos países suscribieron un acuerdo de exención de visados
para pasaportes diplomáticos y oficiales y establecieron un mecanismo de
consultas políticas, con el propósito de intercambiar criterios e identificar
áreas de cooperación mutua. Nuestros
dos países comparten muchas semejanzas en la historia y en la vía de desarrollo
nacional, así como en su política exterior, por lo que las relaciones entre los
dos países continuarán desarrollándose de forma estable. Existe
una alta expectativa que se incremente el comercio bilateral, tanto para los
productos bolivianos que son fundamentalmente derivados de la soya, cueros y
maderas, mientras que para Vietnam sus potenciales exportaciones hacia Bolivia
se sitúan en el área de productos electrónicos, calzados deportivos y productos
manufacturados. El
pasado 27 de enero de 2025, el embajador acreditado ante el Estado
Plurinacional de Bolivia, Dr. Bui Van Nghi presentó sus cartas credenciales al
presidente de la nación andina, Luis Arce Catacora. En
esta oportunidad, el diplomático manifestó que los vínculos de amistad y
cooperación tradicionales entre los dos países continuarán desarrollándose de
manera positiva, sobre todo en la diplomacia política y en la cooperación
comercial. ¿QUÉ
IMPIDE A BOLIVIA PROHIBIR EL MATRIMONIO INFANTIL? En
Bolivia, una norma que fijaría en 18 años sin excepciones la edad mínima para
matrimonios y uniones de hecho se ha trabado en el Senado. DW
de Alemania (https://lc.cx/Oyhjdu) Cada
año, 15 millones de niñas se casan o unen en el mundo antes de cumplir 18 años.
Seis millones de ellas son latinoamericanas. En Bolivia, "la situación es
alarmante", asegura a DW Miguel Becerra, asesor nacional de género de la
organización Plan International en el país. Desde
2014, se han registrado más de 6.000 matrimonios y uniones infantiles forzadas
en Bolivia que implican a adolescentes de 16 y 17 años, según datos de la
Defensoría del Pueblo y el Servicio de Registro Cívico (Serecí). Por
otra parte, un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer y Save the
Children en 2021, da cuenta de más de 32.000 adolescentes casadas o unidas
incluso antes de los 15 años. Subregistro,
invisibilización y naturalización La
mayoría de estas uniones involucran a adolescentes con hombres adultos que les
duplican o triplican la edad. Y aunque las cifras disminuyen por año, esto
habla más bien de una falta de registro, advierte a DW Nidya Pesántez,
representante de ONU Mujeres en Bolivia. El
vacío legal en torno a las uniones no registradas las "invisibiliza o,
peor aún, las naturaliza", confirma a DW la oficina de Save the Children
en Bolivia, que aboga por prohibirlas sin excepciones. El problema no es solo
la definición de la edad mínima, sino también la falta de regulación en torno a
las uniones de hecho con niñas y adolescentes, que constituyen "uniones
forzadas", insiste Save the Children. Un
proyecto de ley En
Bolivia, la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años, pero el Código de
las Familias (o Ley 603 de 2014) los avala a partir de los 16, previa
autorización de padres, tutores o incluso de las Defensorías de la Niñez. La
senadora Virginia Velasco, del oficialista MAS, quiere cambiar esto. Propone
elevar la edad mínima a 18 años sin excepciones y promover una estrategia de
prevención y difusión sobre los efectos negativos del matrimonio infantil. Si
lo logra, Bolivia se uniría a otros 15 países de América Latina y el Caribe que
han aprobado leyes similares en la última década. Sin
embargo, el proyecto de ley de Velasco enfrenta resistencia en el Senado.
"La norma no habla de prohibir, sino de no reconocer", precisa
Pesántez, de ONU Mujeres. Pero esto tendría implicaciones económicas: impediría
aplicar el derecho de familia a estas uniones e invalidaría razones financieras
(herencias, por ejemplo) por las que parte de las familias y la sociedad
boliviana las acepta, explica. ¿Por
qué se traba la propuesta? Las
uniones tempranas en Bolivia "están fuertemente arraigadas en normas
culturales y de género que históricamente han condicionado el rol de la mujer.
En muchas comunidades, las niñas son vistas como futuras esposas y madres, con
una responsabilidad centrada en el hogar y el cuidado familiar", explica
Becerra, de Plan International. Pesántez
describe un "alto nivel de machismo", que naturaliza que las
adolescentes pueden casarse si están "en edad de tener hijos". A eso
se suman uniones forzadas para ocultar abusos sexuales y embarazos
adolescentes, o para transferir la responsabilidad económica de la niña a otro
adulto, coinciden los expertos. Y mencionan casos documentados de niñas
cambiadas por bienes como ganado o terrenos. Además,
en el Senado boliviano se ha argumentado que casarse a los 16 años es un
derecho comparable al derecho al voto a los 16 años y al trabajo a los 14,
también vigentes en Bolivia. "Una mala comprensión de los derechos
humanos", porque un derecho humano debe contribuir al ejercicio de otros
derechos y no limitarlos, sostiene Pesántez. "El
problema es gravísimo", indica la representante de ONU Mujeres en Bolivia.
Y destaca dos factores esenciales para el sostenimiento y la profundización de
la violencia contra las mujeres: las uniones a temprana edad y los bajos
niveles de instrucción. Como una serpiente que se muerde la cola, "las
uniones a temprana edad son un elemento que impacta en los bajos niveles de
instrucción", resume. En
el Senado boliviano, se ha esgrimido también el ejemplo individual de una
senadora casada a temprana edad a la que le fue "bien". Pero, contra
esa autorreferencia, los datos muestran otra realidad: las adolescentes casadas
a temprana edad corren mayor riesgo de sufrir violencia y vivir en pobreza, con
menor acceso a la educación y a trabajos bien remunerados, asegura Pesántez. Legislar,
prevenir, educar "Existe
una falta de comprensión sobre el impacto real de los matrimonios infantiles,
lo que impide reconocer que esta práctica no es una cuestión cultural, sino una
forma de violencia que perpetúa ciclos de abuso, embarazos adolescentes y
limita el futuro de miles de niñas", observa Becerra, de Plan
International en Bolivia. Por
ahora, el debate de la nueva norma se ha retrasado en el Senado, para evitar su
inminente rechazo. Plan International participa, junto a otras organizaciones
de la sociedad civil, en mesas técnicas de trabajo con los legisladores, para
brindarles evidencias sobre "la gravedad del problema y la urgencia de
avanzar con medidas que protejan los derechos de niñas y adolescentes",
confirma su experto a DW. Entre
estas medidas, además del cambio legislativo, expertos y organizaciones
subrayan la necesidad de seguir trabajando con un enfoque integral que incluya
la investigación del tema, campañas de sensibilización para el cambio de
estereotipos, mecanismos de prevención,
atención y protección de víctimas, educación integral en sexualidad y hasta
recursos económicos en los presupuestos municipales para cerrar brechas de
género. "Una
sociedad que no vela por el bienestar pleno e integral de sus niños, niñas,
adolescentes", insiste la representante de ONU Mujeres en Bolivia,
"es una sociedad que no puede desarrollarse". CONFLICTUADOS
POR LA COCA Wola
Org. (https://acortar.link/unVG64) La
posibilidad de cambiar la clasificación de la hoja de coca en el sistema de
tratados de las Naciones Unidas sobre la fiscalización de drogas ha generado
controversia entre las comunidades indígenas de los tres principales países
productores y consumidores de coca: Bolivia, Colombia y Perú. Los partidarios
de la revisión de la coca, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está
llevando a cabo, consideran que el cambio sería una oportunidad para
reivindicar los derechos y tradiciones de los Pueblos Indígenas al poner fin a
la clasificación de la coca como estupefaciente de la Lista I, en virtud de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Sin
embargo, sobre la base de sus propias experiencias en los conflictos y las dificultades
que la expansión de la coca ha implicado en partes de la región
andino-amazónica, muchas comunidades indígenas tienen recelo con respecto a la
iniciativa de revisión de la coca y se muestran escépticos de que este cambio
pueda beneficiarlos. Algunos incluso consideran que el proceso de revisión de
la coca socavará aún más los derechos y la autonomía de los Pueblos Indígenas. En
esta edición de Crónicas de la Coca trataremos las causas profundas de las
opiniones divergentes con respecto a la coca y los motivos por los cuales hay
quienes opinan que el proceso de revisión de la coca es peligroso. Reconocer la
diversidad de experiencias históricas y contemporáneas con la coca en la región
andino-amazónica es fundamental para entender estas opiniones divergentes.
Abordar las preocupaciones de los Pueblos Indígenas sobre el cambio de la
clasificación de la coca en el marco de los tratados de las Naciones Unidas
también es fundamental a fin de que, de lograrse, este resulte beneficioso para
el mayor número posible de comunidades indígenas. Bolivia,
Colombia y Perú adoptaron marcos y mecanismos jurídicos (limitados) para
proteger el cultivo y la comercialización de la coca dentro de sus territorios,
a fin de satisfacer la demanda local del uso tradicional de la coca, desafiando
las obligaciones de prohibir el uso de la coca de conformidad con el sistema de
tratados internacionales sobre estupefacientes. Estos marcos varían de un país
a otro, pero uno de sus objetivos es reconocer el valor cultural de la coca
para muchos de sus ciudadanos. Sin embargo, algunas de las críticas más duras
de los sistemas vigentes provienen de las propias comunidades indígenas, que a
menudo se sienten privadas de los beneficios que estos marcos limitados
deberían aportarles. También señalan los límites, a veces difusos, entre los
mercados nacionales lícitos e ilícitos, y se quejan de que sus comunidades
quedan desprotegidas ante los riesgos de la expansión del cultivo de coca para
la producción ilícita destinada a la exportación. Las deficiencias de los
sistemas actuales contribuyen a explicar por qué muchas comunidades no creen
que sus Gobiernos nacionales estén preparados para adoptar las medidas
necesarias con el fin de cumplir la promesa de liberar la coca y evitar los
peligros a los que temen. Cabe
destacar que no todos los habitantes nativos o Pueblos Indígenas de la cuenca
andino-amazónica utilizan coca o se identifican culturalmente con la planta. No
obstante, en el momento en que las Naciones Unidas adoptaron la decisión de
prohibir los usos tradicionales de la coca, había pruebas suficientes de su
extendido uso beneficioso y su importancia espiritual para los “indios”, el
término que se utilizaba comúnmente en aquel momento para referirse a las
etnias nativas que los poderes coloniales hallaron en la conquista. Pero las
Naciones Unidas decidieron ignorar estas pruebas y sellaron el destino de la
coca al clasificarla como un estupefaciente, junto con la cocaína. Sin embargo,
en la actualidad, los derechos de los Pueblos Indígenas son una cuestión
importante reconocida en grupos de trabajo y declaraciones de las Naciones
Unidas, como demuestra el reciente discurso del Relator Especial sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay: “Las políticas
internacionales de fiscalización de estupefacientes, como la Convención Única
de 1961, han tenido un efecto negativo en los derechos, la cultura, la ciencia
y las prácticas de los Pueblos Indígenas. Un ejemplo clave es la hoja de coca,
una planta sagrada para muchos Pueblos Indígenas que ha sido prohibida mediante
su clasificación en la Lista I de la Convención Única. Estas políticas
internacionales de fiscalización de drogas contradicen los derechos de los
Pueblos Indígenas a la autodeterminación, al uso de sus recursos naturales, su
cultura, agricultura y medicinas” .1 La
decisión injustificada e injusta de clasificar a la coca como estupefaciente
debería haberse corregido hace mucho tiempo. El proceso de revisión de la coca
podría ayudar a lograrlo. Eliminar la prohibición de la coca y la condena de
prácticas culturales andino-amazónicas milenarias ha sido desde hace mucho
tiempo un reclamo de los Pueblos Indígenas y los movimientos cocaleros,
especialmente de Perú y Bolivia. Esta lucha ahora ha culminado en el
procedimiento de revisión formal, liderado por el Vicepresidente de Bolivia,
David Choquehuanca, con el apoyo de Colombia. Al mismo tiempo, para lograr
progreso será necesario entender que la dinámica desatada por la
criminalización de la coca ha convertido a la coca en un presagio de
inseguridad y conflicto para muchos Pueblos Indígenas y comunidades nativas de
la región andino-amazónica. Invasión
de territorios y control de los mercados de coca lícitos e ilícitos A
pesar de la condición sagrada de la coca para algunos Pueblos Indígenas y de su
importancia en la identidad política de otros, la expansión del cultivo ilícito
de coca en territorios indígenas está planteando una grave amenaza a la
seguridad y autonomía de las comunidades que viven allí. Aunque no es un
fenómeno nuevo, la expansión de la frontera de la coca en tierras indígenas ha
aumentado en la región en los últimos decenios, provocando conflictos y
violencia entre sus habitantes. Estas
tierras están siendo invadidas y utilizadas, sin excepción, para el cultivo de
coca destinado a producir cocaína. Cada situación surge de una serie compleja
de factores: el deseo de obtener tierras y la búsqueda de subsistencia
económica de los campesinos y migrantes sin tierra, junto con las presiones de
las medidas de erradicación de la coca, que obligan a los productores a
cultivar en zonas muy remotas, ocultas de las autoridades. Es habitual que
organizaciones narcotraficantes se encarguen de organizar esas invasiones
territoriales con el fin de producir cocaína. Estas organizaciones suelen
actuar con la protección de funcionarios del orden locales u otros actores
armados. Homicidios, desapariciones, desplazamiento forzoso, amenazas de
violencia, violación, acaparamiento de tierras, deforestación y minería ilegal
son algunas de las atrocidades que soportan las comunidades nativas y que se
llevan a cabo con impunidad casi absoluta. De
hecho, los territorios indígenas afrontan muchas amenazas a su sostenibilidad e
incluso a su existencia, como consecuencia del apetito insaciable del modelo de
desarrollo económico extractivista dominante, que se basa en la explotación de
recursos del sur global, incluidos metales preciosos, petróleo y minerales,
madera, carne y cocaína. Las dinámicas de estas industrias extractivas suelen
confluir, aunque no están directamente vinculada entre sí. Por ejemplo, es habitual recibir información de invasiones
de cultivos de coca en relación con las amenazas planteadas por la minería
ilegal, que ocurren en muchas de las mismas zonas de la cuenca
andino-amazónica. Estos fenómenos tienen enormes impactos ambientales, pero no
siempre están directamente vinculados al cultivo de coca, ni son su principal
causa2. Estas
dinámicas también dejan entrever por qué muchas comunidades indígenas en la
región andino-amazónica perciben a la coca como una amenaza a sus medios de
subsistencia y a su seguridad, en lugar de un símbolo de su identidad y cultura
que vale la pena defender. En condiciones de prohibición, el papel de la coca
como materia prima para la extracción de cocaína ha tenido consecuencias
terribles para los Pueblos Indígenas cuyos territorios se convierten en zonas
de producción clave en la economía ilícita de la cocaína, sometiendo a las
comunidades a la violencia y coerción por parte de narcotraficantes, otros
grupos armados y las propias fuerzas de seguridad estatales. Al mismo tiempo,
en los limitados marcos existentes que permiten el cultivo de coca para
mercados locales legales, las luchas por el control político y económico de
estos mercados y la función de esos organismos estatales también suelen
provocar conflictos o turbulencia. Es
preciso reconocer estas realidades difíciles y a menudo brutales de lo que la
coca significa hoy para muchos Pueblos Indígenas -al igual que para muchos
afrodescendientes y otros productores de coca- a fin de poder aprovechar los
posibles beneficios de eliminar la hoja de coca de la lista de estupefacientes
de las Naciones Unidas. Entender estas realidades, y cómo se relacionan con la
dinámica más general de la economía de la cocaína ilícita, que ha prosperado en
condiciones de prohibición, puede contribuir a determinar los posibles logros y
limitaciones de eliminar la coca de la lista de estupefacientes y, cuál sería
la situación tras su eliminación. Ideas
falsas acerca de la eliminación de la coca de la lista de estupefacientes Una
declaración reciente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA), el organismo de fiscalización de drogas de Perú, en contra de
la posible eliminación de la coca de la lista de estupefacientes es una
ilustración útil de las ideas falsas sobre el proceso de revisión y sus
posibles resultados. Vale la pena examinar la postura de DEVIDA, ya que
caracteriza erróneamente lo que implicaría, de hecho, la eliminación de la coca
de la lista de estupefacientes y, a la vez, ignora el papel del marco
subyacente de políticas prohibicionistas en la creación y fomento sistemático
de la economía mundial de la cocaína ilícita. En una audiencia pública del
Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia celebrada en octubre de
2024, DEVIDA sostuvo que: “El retiro de la hoja de coca de la lista de
sustancias controladas se puede convertir en un incentivo perverso que impulsa
el incremento de su desvío a la producción de drogas cocaínicas, fortaleciendo
como hasta hoy la dinámica del narcotráfico y el crimen organizado
transnacional, con consiguiente perjuicio de poblaciones vulnerables y sus
territorios, mayor deforestación y consecuencias en seguridad y alimentaria,
sobre todo en pueblos originarios”3. Sin
embargo, el argumento de DEVIDA malinterpreta lo que significaría eliminar a la
coca de las listas de estupefacientes de la Convención de 1961, en cuanto a los
requisitos del tratado de las Naciones Unidas. La eliminación de la hoja de
coca de la Lista I significaría que la coca en sí ya no estaría clasificada
como un estupefaciente y podría producirse legalmente para abastecer a los
mercados nacional e internacional para la fabricación de productos de coca
naturales, como el té de coca, el mambe, bebidas energéticas a base de coca y
suplementos alimenticios. Sin embargo, aunque se elimine a la coca de las
listas de la Convención, esta seguirá estando sujeta a las disposiciones de sus
artículos específicos. La coca cultivada para abastecer a los mercados legales
con productos de coca naturales seguirá estando sujeta a las disposiciones de
la Convención Única (artículo 26) que exige licencias para los productores y la
fiscalización de organismos gubernamentales del comercio al por mayor, la
importación y la exportación. El cultivo o la comercialización de la hoja de
coca destinados a la producción de cocaína, o cualquier desvío del mercado
legal al mercado ilegal de coca seguirá siendo ilegal. Además, el artículo 3.1
de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 exige a las Partes que
adopten las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales:
“El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto
de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de
1961”. Si bien esta disposición ya no se aplicará al cultivo destinado a la
fabricación de productos naturales a partir de la hoja de coca -debido a que ya
no serían “estupefacientes” en este caso- seguirá en vigor para el cultivo
destinado a la producción de cocaína. La
afirmación de DEVIDA de que retirar a la hoja de coca de la lista de sustancias
controladas se puede convertir en un “incentivo perverso” para aumentar el
cultivo de coca destinado a la producción ilícita de cocaína no tiene en cuenta
la otra posibilidad: que surja un mercado legal sólido de coca natural, que
aumenten los incentivos para que los agricultores produzcan coca legalmente y,
de ese modo, se evite, o al menos limite, su exposición a las vicisitudes y
conflictos de la economía de la cocaína ilícita. La expansión de los mercados
de productos naturales derivados de la coca podrían brindar a los productores
de coca la oportunidad de aumentar sus ingresos y bienestar de manera legal,
una posibilidad que hoy existe únicamente a muy pequeña escala. El surgimiento
de mercados legales de productos naturales derivados de la coca de mayor
dimensión y magnitud y más fiables de los que existen en la actualidad
permitiría que los ingresos legales derivados de la coca contribuyan a
disminuir la dependencia de los cocaleros de la producción para los mercados
ilícitos. Para llevar esos mercados a buen término a mayor escala haría falta
legislación estatal más amplia. El mayor valor de esos mercados brindaría a los
Gobiernos y los productores incentivos para mejorar y fortalecer las medidas de
control administrativo. En
lugar de considerar que retirar a la coca de la lista de estupefacientes
aumentaría la producción de cocaína, como afirma DEVIDA, se debería tomar en
serio su potencial para generar fuentes de ingresos importantes, legales y
mayormente nuevas para los Pueblos Indígenas y otras comunidades que cultivan
coca en la región. Para ello será necesario poner en marcha mecanismos para
impedir que las élites empresariales desconectadas de las tradiciones y
realidades de los Pueblos Indígenas andino-amazónicos se apropien del comercio
internacional incipiente de productos naturales derivados de la coca. La
experiencia internacional del cannabis legalmente regulado hasta ahora
demuestra que esas protecciones no pueden darse por sentadas, sino que deben
crearse y aplicarse intencionalmente. El desafío que ello implica no ha de
subestimarse, pero los posibles beneficios de un comercio internacional de
productos naturales de coca legalmente regulado y debidamente protegido debería
incentivar a Gobiernos, productores y organismos internacionales a aprovechar
la oportunidad que puede surgir de retirar a la coca de la lista de
estupefacientes. La
oposición de DEVIDA a eliminar a la coca de la lista de estupefacientes tampoco
tiene en cuenta otro gran beneficio posible de un mercado de coca legal más
sólido en relación con el consumo de cocaína. Permitir el ingreso de un
estimulante más suave en el mercado internacional podría hacer que algunos
consumidores abandonen los productos concentrados más peligrosos que
caracterizan a los mercados ilegales de cocaína contemporáneos. Por
último, los temores expresados por DEVIDA no tienen en cuenta el hecho evidente
de que los mercados ilegales de cocaína han sido dinámicos, resilientes y
lucrativos durante decenios, a pesar de que la cocaína figura en la Lista I de
la Convención Única de 1961. La reciente expansión mundial de los mercados de
cocaína ilegal ha ocurrido dentro del marco consagrado en el régimen de
tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, un hecho que pone de
manifiesto las fallas sistémicas del enfoque prohibicionista. Ello no cambia el
motivo para retirar a la coca de la Lista I, sino que demuestra que el temor de
que ello generaría una economía de la cocaína descontrolada es infundado. En
las condiciones artificialmente lucrativas creadas por el régimen prohibicionista
de tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, los mercados de
cocaína ya han crecido de manera exponencial. Es posible que un mercado bien
regulado de productos de coca legales no haga gran mella en el mercado mundial
de cocaína, pero tampoco debería considerarse que contribuye a su crecimiento,
sino todo lo contrario. Resulta
irónico, entonces, que lo que DEVIDA llama temor de lo que ocurrirá si se
retira a la coca de la lista de estupefacientes es, de hecho, la realidad de
“que todo siga igual”, el statu quo de hoy en día ya genera la terrible
situación que afrontan los Pueblos Indígenas debido al alcance del comercio
mundial de cocaína impulsado por el marco normativo prohibicionista. Aunque retirar la coca de la lista de
estupefacientes en sí no cambiará la dinámica fundamental en la que se basa la
industria ilícita de la cocaína, cambiar el estatus de la coca en las listas de
los tratados sobre estupefacientes podría generar nuevas fuentes importantes de
medios de subsistencia legales basados en el reconocimiento de los usos
beneficiosos de la hoja de coca, que se han ocultado y negado durante mucho
tiempo en un contexto de criminalización y estigmatización injustas. Los
mercados de coca y de cocaína La
revisión tardía de las Naciones Unidas del estatus de la hoja de coca en el
régimen de tratados sobre estupefacientes ocurre en un momento en que el
cultivo de coca está aumentando para abastecer a un mercado mundial de cocaína
en auge y para compensar el aumento exponencial de las incautaciones de cocaína
a nivel mundial (véase el gráfico). El aumento del cultivo de coca ha
coincidido con la disminución de los precios que se paga a los productores, lo
cual ha provocado una disminución de los ingresos de subsistencia ya ínfimos de
familias que dependen de la coca como cultivo comercial. Mientras que los
traficantes de cocaína responden a la presión ejercida por las fuerzas del
orden mediante el aumento de la producción, el desarrollo de nuevas rutas y la
reafirmación del control de territorio estratégico, se está cultivando coca
fuera de las tierras andino-amazónicas habituales, y ahora su cultivo es
habitual en Honduras, Guatemala y México4. Colombia sigue siendo por lejos el
país con el mayor volumen de cultivo de coca y producción de cocaína, así como
un número récord de incautaciones de cocaína, mientras que el cultivo de coca
también está trascendiendo las fronteras colombianas y se ha extendido a
Venezuela y Ecuador. La
disminución de los precios pagados a los agricultores podría contribuir a
enlentecer y detener la expansión de la coca. Sin embargo, en muchos
territorios indígenas ya se están sintiendo los efectos adversos, especialmente
en las llanuras de las regiones de la cuenca amazónica en Perú, Bolivia y
Colombia. La mayoría de estas “invasiones” de coca son parte de la continua
ampliación de la frontera agrícola, mientras que otras han ocurrido en lo
profundo de la selva. Algunas tienen lugar en territorios indígenas donde la
coca es parte de la vida diaria, pero otras ocurren en lugares donde los
habitantes indígenas no son consumidores de coca. Los
tres países tienen una relación histórica con la coca que precede el nacimiento
del comercio internacional de cocaína. Como se describió anteriormente, aunque
la revisión que se está llevando a cabo provocara el retiro de la coca de la
lista de estupefacientes, la producción y el tráfico de cocaína seguirán siendo
actividades ilícitas. Conocer el modo en que los vínculos actuales entre la
coca y la cocaína generan conflicto y dificultades para muchas comunidades
indígenas es fundamental para entender el motivo por el cual algunas personas
se muestran reticentes a la revisión de la coca y su posible cambio de estatus
en los tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Al mismo tiempo,
la coca ocupa un lugar central en la espiritualidad y modos de vida de muchos
Pueblos Indígenas, que no consideran que la mercantilización de la hoja de coca
que supuestamente ocasionaría su retiro de la Lista I sea un aspecto
necesariamente positivo. Estas preocupaciones están relacionadas con la
importancia, mencionada anteriormente, de asegurar que existan mecanismos para
impedir que empresas o élites desconectadas de las tradiciones y realidades de
los Pueblos Indígenas andino-amazónicos acaparen el comercio de productos
naturales derivados de la coca. En términos más amplios, estas preocupaciones
subrayan que la revisión de la coca debe llevarse a cabo de conformidad con el
derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado
antes de adoptar toda medida legislativa o administrativa que los pueda
afectar. Como afirmó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay: “Es fundamental que las
políticas internacionales de fiscalización de drogas evolucionen de modo que
respeten los derechos internacionales de los Pueblos Indígenas, como los
establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas. También es necesario
asegurar la participación activa y la consulta de representantes de los Pueblos
Indígenas en estos procesos. Ello implica la consulta previa y el respeto del
derecho al uso de la hoja de coca de conformidad con su visión del mundo” .5 Conclusiones La
revisión de la clasificación de la hoja de coca en el sistema de tratados de
las Naciones Unidas sobre estupefacientes mediante el proceso de revisión
crítica de la OMS, actualmente en curso, no afectará el estatus de la coca
cultivada para producir cocaína ilícita, que los países siguen obligados a
fiscalizar. Aun así, a varios Pueblos Indígenas de las regiones
andino-amazónicas les preocupa que el retiro de la coca de la lista de
“estupefacientes” de las Naciones Unidas podría provocar un aumento de la
expansión problemática de la coca a otros territorios, socavando su autonomía y
provocando conflictos. En el anexo figuran ejemplos detallados de la invasión
de la coca ilegal en territorios indígenas6. Estas preocupaciones, sumadas a
las deficiencias de los marcos jurídicos nacionales y los conflictos por el
control de los mercados locales existentes, demuestran la falta de confianza de
los Pueblos Indígenas y las comunidades tradicionalmente productoras de coca en
el compromiso y la capacidad de sus Gobiernos de asegurar la protección de sus
tierras, culturas y medios de subsistencia. Las
promesas y los peligros del proceso de revisión de la coca se discutieron
extensamente en una serie de consultas comunitarias celebradas en Bolivia,
Colombia y Perú, convocadas por el TNI en colaboración con socios locales en
los últimos seis meses. También fueron un tema de debate importante en una
actividad recientemente celebrada en Perú sobre la “Sabiduría de la Hoja(enlace
externo)”, organizada por la McKenna Academy. Todas estas conversaciones han
servido de base para esta edición de las Crónicas de la Coca y de ellas pueden
extraerse varias lecciones importantes. En primer lugar, hay necesidad y gran
interés en obtener más información sobre el proceso de revisión de la OMS y sus
posibles resultados y consecuencias, y muchas personas destacaron la
importancia de celebrar un proceso de revisión inclusivo que ofrezca a los
Pueblos Indígenas y otras comunidades productoras de coca la oportunidad de
expresar sus opiniones. En segundo lugar, existen preocupaciones legítimas con
respecto a las invasiones ilegales de la coca en territorios indígenas y conflictos por el control de los mercados
nacionales de coca, que deben entenderse claramente y tenerse en cuenta. Y, en
tercer lugar, existe un interés común y una urgencia de explorar los mecanismos
de protección para contrarrestar los riesgos de una captura empresarial y
asegurar que los Pueblos Indígenas andino-amazónicos sean los beneficiarios
principales de un posible mercado internacional legal de coca en el futuro. Sin
duda, el restablecimiento del buen nombre de la coca y su accesibilidad como
una mercancía mundial debe beneficiar a quienes se han encargado de la
supervivencia de las plantas durante los últimos siglos y han defendido
incansablemente el valor intangible de la coca para la cultura y la identidad
de muchos pueblos de la región. La nueva realidad que puede surgir como
consecuencia del proceso de revisión en curso exigirá que los Gobiernos se
aseguren de que sus mecanismos de protección del mercado local y de los
derechos y territorios de los Pueblos Indígenas sean lo suficientemente
sólidos, habida cuenta de la posible apertura de un mercado internacional legal
de productos naturales derivados de la coca. Mejorar las protecciones jurídicas
nacionales del patrimonio cultural y los conocimientos indígenas, así como el
uso proactivo de mecanismos internacionales como el Protocolo de Nagoya del
Convenio sobre la Diversidad Biológica o las indicaciones geográficas, serán
fundamentales para obtener resultados óptimos y una participación equitativa en
los beneficios. Únicamente si se adoptan mecanismos de protección adecuados, la
apertura de mercados internacionales podrá servir como herramienta de
desarrollo prometedora y un modo de generar ingresos para los Pueblos Indígenas
andino-amazónicos y otras comunidades productoras de coca en la región. Conflictuados
sobre la coca (anexo) Invasiones
de coca en territorios indígenas Las
zonas donde se ha producido una mayor expansión del cultivo de la hoja de coca
en los últimos años son aquellas ubicadas a lo largo de las fronteras de los
tres principales países productores de coca en la región andina. En la llamada
triple frontera de Perú, Colombia y Brasil se está cultivando coca en las
cuencas de los ríos Putumayo y Yavari, y en el sur, en la frontera de Perú con
el estado de Acre (Brasil). También se está cultivando coca en las fronteras de
Bolivia con Perú y Brasil, y en las regiones fronterizas de Colombia con
Ecuador y Venezuela. Una explicación obvia es la necesidad y capacidad de las
organizaciones traficantes de cocaína de expandir su control territorial y
proteger sus operaciones de las fuerzas del orden y de sus rivales. Los
territorios se ven amenazados no solo por las invasiones de los cocaleros, sino
también por la presión de ampliar las tierras agrícolas, la minería y la
ganadería. Los Gobiernos no han podido impedirlo ni adoptar medidas para
proteger estos territorios, y los actores estatales suelen ser parcialmente
responsables de estos fenómenos. El
pueblo asháninca de Perú Según
el censo de la población realizado en 2017, alrededor de 6 millones de personas
en Perú se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario,
es decir, algo más de un cuarto de la población total. La gran mayoría se
considera quechua (5,2 millones) o aymara (550.000); el resto (250.000) son
habitantes originarios de la Amazonía, pertenecientes a los pueblos asháninco,
awajún y shipibo, entre otros. Los departamentos de la Amazonía central de
Perú, especialmente Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco y Madre de Dios, son
regiones donde grandes extensiones de cultivo de coca han aparecido
recientemente en comunidades indígenas. La
protección de estas tierras en la legislación peruana exige, en primer lugar,
reconocer las necesidades de las “comunidades nativas”, en virtud del Decreto
Ley N° 22175 de 1978 (principalmente pueblos indígenas amazónicos, pero también
comunidades mestizas y ribereñas), o de las “comunidades campesinas”, de
conformidad con la Ley N° 24656 de 1987 (principalmente comunidades quechua y
aymara), y, por consiguiente, se les debe conceder títulos de propiedad de
territorios comunales o territorio marcado. Según un estudio de Mongabay Latam,
hay muchas comunidades que no poseen títulos de propiedad ni reconocimiento, lo
cual hace más complicada la adopción de medidas de protección eficaces: tan
solo en Loreto hay 417 comunidades autoidentificadas como indígenas que no
tienen reconocimiento de las autoridades regionales para certificar su
existencia. Lo mismo ocurre en otras regiones de Perú: Ucayali tiene 122
comunidades no reconocidas oficialmente, Pasco tiene 85, Huánuco 13 y Madre de
Dios tiene 10. Ello suma un total de 647 comunidades indígenas no reconocidas
en cinco regiones de la Amazonía peruana7. El
órgano de control de drogas de Perú, DEVIDA, realizó un informe especial sobre
la expansión de la coca en territorios indígenas y comunidades originarias
(reconocidos) en 2020, en el que se señala que casi 10.000 hectáreas -el 16 por
ciento del cultivo total de coca del país- se situaba en estas áreas, un
aumento del 25 por ciento en comparación con 20188. El informe de DEVIDA no
distingue entre el grupos indígenas consumidores y no consumidores de coca,
pero demuestra que la comunidad asháninca es, por lejos, el Pueblo Indígena
amazónico más afectado en Perú, ya que contaba con 2.602 hectáreas de coca en
2020. Según el último informe de seguimiento de cultivos de coca de DEVIDA,
esta tendencia se mantiene: el territorio asháninca tenía alrededor de 5.629
hectáreas de coca en 2023, es decir que duplicó con creces el territorio
cultivado en comparación con 2020.9 El
pueblo asháninca ocupa una gran porción de la región de la Amazonía central
conocida como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde
cultiva coca en pequeñas parcelas para consumo propio, junto con otros cultivos
de subsistencia. Los territorios ashánincas fueron gravemente afectados por el
conflicto armado con Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, y
especialmente a partir de 2015 se han convertido en zonas críticas para los
colonizadores en busca de ingresos derivados de la coca, lo cual empuja la
frontera agrícola más hacia el este y hacia la cuenca amazónica. El Gobierno
ignoró durante años los llamamientos del pueblo asháninco de impedir que los
agricultores migrantes siguieran expandiendo el cultivo de coca. En 2019, el Gobierno
llevó a cabo operaciones de erradicación forzosa que pusieron de manifiesto las
divisiones internas dentro de la comunidad, dado que algunos miembros del
pueblo asháninca generaban ingresos para sus familias al arrendar sus tierras a
agricultores que llegaban de las zonas altoandinas. Los proyectos de desarrollo
alternativo no dieron resultados, y las últimas cifras demuestran que la
expansión constante de la coca continúa10. Otro
caso de aumento de la invasión de la coca en territorios indígenas se ha
producido recientemente en tierras kakataibo, que se extienden a lo largo de
los departamentos de Huánuco y Ucayali, en la frontera amazónica entre Perú y
Brasil. Varios dirigentes murieron en enfrentamientos con recién llegados que
están allí ilegalmente, y muchas comunidades viven con un miedo constante. A
menudo comienza con la tala ilegal y continúa con el cultivo de coca, la
construcción de instalaciones de elaboración de cocaína y pistas de aterrizaje.
Las primeras invasiones comenzaron ya en 2000, pero se han acelerado desde
2017. Las autoridades locales son acusadas de facilitar la colonización dentro
del territorio kakataibo y allí también algunos líderes permitieron el ingreso
de personas externas que explotaron otros recursos locales, como plantaciones
bananeras11. El
Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en Bolivia La
vastas regiones amazónicas de Bolivia -que abarcan más del 40 por ciento del
país y se extienden en partes de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba,
La Paz y Santa Cruz- están habitadas por más de 30 pueblos indígenas12. A
diferencia de los Pueblos Indígenas aymara y quechua de las sierras -que en
conjunto representan alrededor del 90 por ciento de la población indígena de
Bolivia- muchos de los habitantes indígenas de las llanuras amazónicas no
tienen una historia común de prácticas de coca tradicionales. Las
invasiones de las tierras nativas de los pueblos chimané, yuracaré y
mojeño-trinitario se remontan a la década de 1970, antes de la designación
formal en 1990 de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). EN 2009, el TIPNIS, que
consistía en más de un millón de hectáreas y albergaba a alrededor de 14.000
habitantes originarios, fue otorgado a las autoridades indígenas, mientras que
aproximadamente 124.000 hectáreas fueron cedidas a colonizadores agrarios, en
su mayoría en la sección del “Polígono 7”, en el sur del parque. Estas
decisiones marcaron el comienzo del aumento de las tensiones y conflictos por
la tierra y el uso de la tierra, los derechos indígenas y el extractivismo. El
territorio está junto a Chapare, la región donde se comenzó a cultivar coca en
la década de 1970 durante el auge de la cocaína, y donde surgió una nueva
fuerza política, el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de Evo
Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. Muchos nuevos
habitantes del Polígono 7 son cocaleros que migraron de Chapare. En
2011 las tensiones en torno a los planes de construir una carretera que
atravesara la reserva indígena en la llanura, en la frontera entre los
departamentos de Beni y Cochabamba, suscitó controversia y resistencia al
programa extractivista del Gobierno del MAS. Una amplia coalición de
ambientalistas, organizaciones indígenas y de otra índole lograron detener
durante un tiempo los planes de construcción, pero en 2017 el Gobierno aprobó
una ley para permitirla. El objetivo de la carretera es abrir acceso a los
bosques para la tala y la minería y vincularlos con las regiones de llanuras
relativamente vírgenes en la frontera con Brasil. Los planes para la
construcción de la carretera también fracturaron la alianza entre los pueblos
indígenas de la llanura y de la sierra, debido a que compiten por acceso a las
mismas tierras13. La construcción de la carretera ha avanzado, se han
construido algunos puentes y el proyecto sigue siendo fuente de conflictos con
las comunidades indígenas. Mientras
tanto, ha continuado la apropiación de tierras indígenas para explotar madera y
para la agricultura de corta y quema, seguida de la ocupación por productores
organizados que cultivan coca, conocidos como interculturales. En 2016, el
proyecto de seguimiento de cultivos de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) realizó la última medición de coca en la zona del
Polígono 7 del TIPNIS. En ese entonces, la UNODC estimó un aumento del 43 por
ciento de la tierra cultivada con coca, en comparación con 2015, un incremento
tres veces mayor que el promedio nacional. Ni Morales ni los Gobiernos
posteriores han intentado limitar estas expansiones. En 2023, las autoridades
indígenas denunciaron los “constantes avasallamientos y atropellos” perpetrados
por colonizadores en más de 10 comunidades del Polígono 714. En 2024, Hernán
Suárez Parada del Consejo Indígena del Sur (Conisur), el consejo local del
TIPNIS en Cochabamba, explicó en una entrevista: “Los proyectos (del Gobierno)
no benefician directamente a los pueblos indígenas, sino principalmente a los
productores de coca que chaquean más allá de la línea roja del TIPNIS para
extender sus cultivos de coca”. Informó que hace poco hubo un enfrentamiento
entre productores de coca y erradicadores que tenían que entrar al Parque
Nacional Isiboro Securé. Al respecto
Suárez indicó que “no solamente se tendría que reducir la producción de coca en
los parques sino también dentro del CONISUR TIPNIS donde los cocaleros quieren
tener más tierras y los verdaderos indígenas son contratados como peones”15. El
conflicto con respecto a la construcción de la carretera del TIPNIS provocó
divisiones entre los Pueblos Indígenas con respecto a los Gobiernos del MAS. La
disputa del TIPNIS también puso al descubierto los diferentes conceptos de lo
que significa la condición de indígena, y se produjeron conflictos de intereses
entre productores con títulos de tierra individuales (interculturales que
migraron de sus tierras ancestrales a otras partes del país) y aquellos para
quienes la tierra sigue siendo de propiedad y gestión colectivas como una clave
de la identidad indígena. Integrantes de ambos grupos se autoidentifican como
“indígenas”, pero tienen actitudes diferentes con respecto a la tierra y su
significado16. Para los Pueblos Indígenas de la sierra de Bolivia, de origen
aymara y quechua, la coca tiene una enorme importancia cultural, mientras que
para muchos Pueblos Indígenas de la llanura, la coca ha pasado a significar una
posible amenaza a sus tierras y autonomía. En zonas donde compiten por la misma
tierra, esto ha generado conflictos que no tienen fácil resolución. Territorios
de los Pueblos Indígenas y coca en Colombia Los
Pueblos Indígenas de Colombia abarcan 115 comunidades reconocidas que
comprenden alrededor de 2 millones de personas, según el censo del país de
2018, apenas el 4 por ciento de la población total17. La coca se cultiva en 88
de las 320 reservas indígenas reconocidas oficialmente18. La presencia de
grupos armados ilegales, vinculados con diferentes actividades ilícitas,
incluido el tráfico de cocaína, está provocando mucha inseguridad y socava la
autogobernanza indígena. Además de las luchas para defender sus tierras de
invasiones de grupos rebeldes y bandas criminales, las comunidades indígenas
afrontan programas de minería y extracción de petróleo y gas promocionadas por
el Gobierno. Debido a los cientos de concesiones otorgadas en territorios
ancestrales, los Pueblos Indígenas suelen hallarse en la primera línea de
violencia y violaciones de derechos de la tierra, y los activistas son víctimas
frecuentes de acoso, intimidación y asesinatos19. Colombia
tiene la mayor incidencia de incursiones de coca en tierras indígenas y una
larga historia de violaciones de derechos humanos contra dirigentes indígenas.
Colombia es además el principal productor de cocaína del mundo, y el vínculo
entre la planta y el comercio ilegal de cocaína ha creado un gran estigma que
eclipsa su importancia cultural e histórica, que solo ha comenzado a cambiar
recientemente20. Como consecuencia de ese estigma, tan solo un número
relativamente pequeño de comunidades indígenas de Colombia veneran la coca y su
uso diario con fines ceremoniales o medicinales para sostener la salud física y
mental de sus comunidades. Los
pueblos de la Sierra Nevada en el norte del país (arhauco, aiwa, kogi) son muy
conocidos por su uso ancestral de la coca. El pueblo nasa es por lejos el grupo
indígena más numeroso en Colombia que tiene un fuerte patrimonio vinculado con
la coca. La coca sigue siendo fundamental para la cosmovisión de los nasa,
incluso cuando el cultivo de coca para el comercio de cocaína ha proliferado en
su territorio. A pesar de los acuerdos de paz de Colombia, el pueblo nasa sigue
sufriendo violencia constante, especialmente en el departamento de Cauca, donde
vive la mayoría de su población. Se
sabe bastante menos de las tradiciones y prácticas relacionadas con la coca de
los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, que durante decenios han tenido
que soportar la expansión de las plantaciones de coca en sus territorios21.
Varios Pueblos Indígenas que siempre han tenido relación con la coca han apenas
logrado sobrevivir, como los nukak-makú, guyabero, sikuani y tukano. Estos
defensores ancestrales de la coca, que se han visto envueltos en violencia
relacionada con la tierra y el acaparamiento de recursos y han sido desplazados
por conflictos por el control territorial, han perdido prácticamente todas sus
tierras y comunidad debido a los estragos provocados por los conflictos
internos, el tráfico de cocaína y las operaciones de fiscalización de drogas.
Los pueblos amazónicos huitoto y bora, que viven en el departamento de
Putumayo, en la frontera con Perú, han afrontado olas de explotación desde el
auge de la plantación de caucho a comienzos del siglo XX, pero han mantenido su
tradición ancestral de utilizar mambe y hojas de coca molidas, en sus
encuentros y reuniones. BOLIVIA
BUSCA ESTABILIZAR SU CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA CON LA REANUDACIÓN DE SESIONES
LEGISLATIVAS Revolución
News (https://acortar.link/OBtEQI) La
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia retomó sus actividades luego del
acuerdo entre el presidente Luis Arce y sectores de la oposición. Este pacto
busca garantizar la gobernabilidad y la realización de las elecciones generales
de agosto. Aunque hubo avances en algunos proyectos, el Gobierno continúa
enfrentando obstáculos en la negociación con los diferentes sectores políticos. Durante
la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó la creación del Sistema de
Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP) para las próximas
elecciones. Sin embargo, el debate se suspendió antes de tratar proyectos
relacionados con financiamiento extranjero por más de 300 millones de dólares.
En el Senado, la falta de quorum impidió continuar con la discusión de esta
iniciativa. El
acuerdo del 18 de marzo permitió a Arce conseguir cierto respaldo de la
oposición para mantener la estabilidad hasta las elecciones del 17 de agosto.
No obstante, las diferencias internas y externas persisten. En 2022, el
Movimiento Al Socialismo (MAS) se fracturó, dividiendo a los partidarios de
Arce y a los seguidores del expresidente Evo Morales. Esta división, junto con
la oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, ha obstaculizado el
tratamiento de proyectos clave. Impacto
económico y falta de financiamiento El
bloqueo legislativo ha frenado el ingreso de más de 3.000 millones de dólares
en créditos internacionales destinados a proyectos productivos, como las
plantas de litio en Potosí. Esta situación ha agravado la escasez de
combustible y generado una crisis económica debido a la falta de divisas para
importaciones. El
analista Carlos Saavedra advirtió que el Gobierno de Arce enfrenta el desafío
de lograr avances graduales antes de las elecciones. Subrayó la necesidad de
construir consensos políticos y resolver la incertidumbre económica. Condiciones
del ‘evismo’ y tensiones políticas Antes
de reanudar las sesiones, el sector leal a Evo Morales exigió un informe sobre
el uso de 40 créditos previamente aprobados. Aunque no detallaron el monto
total, esta condición refleja la tensión continua entre ambos sectores del MAS. Saavedra
señaló que el objetivo del ‘evismo’ y otros sectores opositores de generar
asfixia económica puede resultar contraproducente, pues una crisis prolongada
afectaría también a un futuro gobierno. Asimismo, advirtió que una falta de
acceso a créditos internacionales podría conducir a un default financiero. Crítica
a la gestión de los recursos energéticos Durante
un encuentro con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Arce culpó a la administración de
Morales por no haber invertido en la exploración de nuevos yacimientos de gas.
Aseguró que la falta de previsión ha contribuido a la actual escasez de
combustibles. Por
su parte, la investigadora Licy Tejada destacó que Bolivia enfrenta el fin de
un ciclo de bonanza económica, agravado por la reducción de reservas monetarias
internacionales. A pesar de que el combustible es subsidiado, el elevado costo
de esta medida, que supera los 3.000 millones de dólares anuales, complica aún
más la situación fiscal del país. Futuro
político y el dilema de la repostulación Referentes
opositores instaron a Arce a desistir de una posible candidatura para un
segundo mandato. Sin embargo, el presidente no ha oficializado sus intenciones.
El MAS celebrará un congreso a finales de marzo, donde podría definirse el
panorama electoral. Según
Saavedra, una eventual candidatura de Arce podría fragmentar el voto de la
izquierda, considerando también una posible postulación de Morales o del
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. En
un contexto de incertidumbre y polarización, el gobierno de Arce enfrenta el
desafío de mantener la estabilidad política y económica, mientras busca
consolidar su posición rumbo a las elecciones de agosto. TERMINAL
DE SICA SICA EN ARICA RECIBE CARGA PETROLERA QUE SERÁ DESTINADA A BOLIVIA Vilas
Radio de Chile (https://acortar.link/JPTsRT) En
medio de la crisis por la falta de combustible para el país altiplánico
Bolivia, es que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), ha recepcionado la llegada de dos buques con gasolina y diésel; uno el
pasado lunes 24, y el segundo este miércoles 26 de marzo. La llegada ha sido en
el terminal Sica Sica, ubicado en la ciudad de
Arica. De
la mano, cabe señalar que, asimismo, se programó la llegada de otros para abril
y mayo, con lo que se prevé garantizar el flujo de combustibles para el mercado
boliviano, según afirmó el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen. “Para
lo que es el punto de Arica, que es lo que normalmente hacen los cálculos,
tenemos 2 buques llegando: uno el 24 de marzo, otro el 26 de marzo, uno de
diésel otro de gasolina y así continuamente para el mes de abril también
tenemos contratados dos buques”, explicó Dorgathen en contacto con Bolivia Tv. El
titular de la estatal petrolera boliviana programó el arribo de combustibles a
la terminal chilena con dos meses de anticipación, tomando en cuenta que son
entre 30 y 45 días en el que un navío navega desde el punto de origen hasta
Arica. “Entonces,
en febrero hemos pedido los buques para que lleguen en abril. Los buques que
estamos pidiendo hoy van a llegar en mayo. Entonces ya las programaciones ya
las vamos haciendo con tiempo”, afirmó Dorgathen. En
esta línea, el presidente de YPFB reiteró que el abastecimiento de combustible
está garantizado, ya que es un punto de importación “más fuerte”, ya que
mediante esa zona ingresan 4.300.000 litros; o sea, casi el 50% del
abastecimiento que necesita Bolivia. Dorgathen
indicó que, -en función de la disponibilidad de divisas-, se va pagando por el
combustible en los otros puntos de importación como, por ejemplo, Paraguay y
Argentina. BAJA
EN LA CONGESTIÓN POR FALTA DE COMBUSTIBLE El
titular de YPFB informó también que, en los últimos 4 días, la estatal
petrolera despachó combustibles por encima del 100% en promedio, lo que habría
comenzado a mostrar una regularización y descenso en las filas. “Ya
podemos ver en las estaciones de servicio que las filas de gasolina
especialmente ya son mucho menores y las filas de diésel las vamos reduciendo
paulatinamente”, concluyó el ejecutivo de YPFB. CRISIS
DEL “VIVIR BIEN” EN BOLIVIA: RAFAEL BAUTISTA DENUNCIA LA TRAICIÓN AL PROYECTO
PLURINACIONAL Resumen
Latinoamericano Org. (https://lc.cx/j5UcJ8) El
concepto del «Vivir Bien», promovido como el pilar filosófico del Estado
Plurinacional de Bolivia, ha sido vacío de contenido y desvirtuado, según el
reconocido filósofo boliviano Rafael Bautista. Durante su ponencia en la
Escuela de Liderazgo del «Vivir Bien», organizada por la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional (EGPP), Bautista lanzó una dura crítica al Gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de traicionar los principios
descoloniales y convertir el «Vivir Bien» en una mera retórica sin impacto real
en las políticas públicas. El
«Vivir Bien», secuestrado por el modelo neoliberal De
acuerdo con Bautista, el MAS ha administrado el país con estructuras coloniales
y neoliberales en lugar de transformarlas, manteniendo un modelo basado en el
extractivismo y el crecimiento económico sin equidad social. A continuación,
algunos de los puntos clave de su análisis: 1.
Administración colonial en lugar de transformación El
MAS, en lugar de desmontar el Estado heredado, optó por administrar las mismas
estructuras de poder, perpetuando la desigualdad y la dependencia económica de
la explotación de recursos naturales. 2.
De ideal revolucionario a retórica vacía El
«Vivir Bien» pasó de ser un ideal transformador a un simple eslogan, sin
reflejo en políticas concretas. Se priorizó un modelo de desarrollo basado en
el crecimiento económico y no en la armonía con la naturaleza y el bienestar
colectivo. 3.
Corrupción sistémica y descomposición política La
ausencia de un horizonte político claro ha generado una corrupción endémica
dentro del partido de gobierno. Según Bautista, la política en Bolivia se ha
convertido en un mecanismo de ascenso social y enriquecimiento ilícito,
traicionando los valores del proceso de cambio. 4.
Fragmentación del MAS y pérdida de gobernabilidad La
disputa de poder entre «evistas» y «arcistas» ha fracturado el partido
gobernante, debilitando su liderazgo y poniendo en riesgo la estabilidad del
Estado Plurinacional. 5.
Ruptura con las organizaciones sociales e indígenas El
MAS ha ignorado y reprimido a los pueblos indígenas y organizaciones sociales
que lo llevaron al poder, marcando una profunda desconexión con las bases que
inicialmente respaldaron el proyecto plurinacional. 6.
Fracaso en la formación de una nueva burocracia Las
instituciones estatales, como la EGPP, no lograron formar cuadros políticos
comprometidos con el «Vivir Bien». En su lugar, se perpetuaron las mismas
estructuras administrativas coloniales y neoliberales, sin un verdadero cambio
en la gestión pública. 7.
Oportunidad histórica desperdiciada Bolivia
tenía el potencial de convertirse en un modelo de desarrollo basado en el
«Vivir Bien», pero la corrupción y la falta de visión transformadora han
dilapidado esa posibilidad. El
MAS bajo la lupa: Puntos críticos según Rafael Bautista «Vivir Bien», convertido en discurso vacío
Continuidad del modelo colonial y neoliberal Corrupción estructural y uso de la política
para el beneficio personal Luchas internas que debilitan el proyecto
plurinacional Abandono de las demandas de las comunidades indígenas y populares
Fracaso en la formación de cuadros políticos con visión transformadora
Desperdicio de una oportunidad histórica para Bolivia ¿Hacia
un colapso del Estado Plurinacional? Bautista
advierte que, si el Gobierno no retoma el verdadero significado del «Vivir
Bien» y avanza hacia la descolonización, el Estado Plurinacional podría
colapsar, sumido en la corrupción, la fragmentación política y la falta de un
rumbo claro. Para
el filósofo, Bolivia necesita reconstruir un proyecto político basado en las
aspiraciones de los pueblos indígenas y de las mayorías populares, lejos de las
lógicas de poder que han secuestrado el «Vivir Bien». «Si
no recuperamos el horizonte político de transformación, la estructura
plurinacional será solo un cascarón vacío», enfatizó Bautista. ¿Es
posible rescatar el «Vivir Bien»? La
crítica de Rafael Bautista pone en evidencia la profunda crisis del proyecto
plurinacional en Bolivia. Con un partido gobernante fracturado, corrupción
estructural y un modelo económico basado en el extractivismo, el país enfrenta
un momento crucial. La
pregunta ahora es si el MAS está dispuesto a rectificar y retomar el camino del
«Vivir Bien», o si, por el contrario, seguirá administrando un sistema que ha
demostrado ser insostenible. Lo que está en juego, según Bautista, no es solo
un modelo político, sino el futuro mismo del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Presidente Sebastián Piñera debe admitir ante la comunidad internacional que su país, Chile, robó a Bolivia 400 km de costa, 120.000 km cuadrados de territorio y riquezas naturales como el cobre de Chuquicamata, el salitre y el litio de los salares de Atacama. Gracias a este hurto, su gobierno puede pagar el salario de sus trabajadores.
ESTADISTICAS DEL BLOG
AMIGOS QUE RESPALDAN LA DEMANDA MARÍTIMA DE BOLIVIA
Bolivia es el único país mediterráneo en América del Sur sin comunicaciones marítimas con el exterior continental. La pérdida de la costa marítima como resultado de la invasión chilena a Antofagasta y Calama, significó para Bolivia la baja y deterioro de su economía global. Esa amputación territorial establecida por Chile cortó abruptamente la posibilidad a Bolivia de desarrollarse y articularse al mercado mundial al no contar con su antiguo puerto de Cobija que Simón Bolívar lo designara como límite con Chile.. A raíz de la invasión chilena a Antofagasta y Calama, Chile se apoderó de 120.000 km. cuadrados y 400 kilómetros de costa.
SILALA, MANANTIAL BOLIVIANO
Las aguas del Silala son propiedad de Bolivia; no de otra nación y no es un río de curso sucesivo sino un manantial que nace en el territorio boliviano. Las aguas del Silala se encuentran en el cantón Quetena Chico de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. Hace 119 años, Chile aprovecha las aguas de los manantiales del Silala a través de ductos.
16 DE JULIO DE 1809, LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDEPENDENTISTA DEL CONTINENTE
La Paz conmemora 200 años de la Revolución del 16 de Julio de 1809, protagonizada por un grupo de protomártires, encabezado por Pedro Domingo Murillo, que dio inicio a la gesta libertaria que culminaría, después de 16 años de lucha,con la liberación del Alto Perú del yugo español y con la creación de la República Bolívar, más tarde denominada Bolivia. La Revolución del 16 de Julio 1809 fue el primer grito libertario de América que dio inicio a la Guerra de la Independencia.
DATOS DE BOLIVIA
Bolivia es un país situado en el centro-oeste de América del Sur. Su nombre oficial es Estado Plurinacional de Bolivia y su capital oficial y sede del poder judicial es Sucre y la sede del gobierno (poder ejecutivo y legislativo) es La Paz. Hasta el 2009 tuvo el nombre oficial de República de Bolivia. El territorio boliviano limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y el Perú. Comprende parte importante tanto de la Cordillera de los Andes y su Altiplano como de la Selva Amazónica y del Gran Chaco, lo que le permite estar categorizado como país megadiverso. Es también el octavo más extenso en el continente americano y el vigésimo séptimo a nivel mundial. Bolivia se halla situada en el centro de América del Sur, con una extensión territorial de 1.098.581 kms. cuadrados. Bolivia es un país multi-étnico y pluricultural con una población de casi 10 millones de habitantes distribuidos en tres eco-regiones – altiplano, valle y llanos. ¡¡¡BOLIVIA MAS QUE UN PAIS UN PARAISO…!!!
BOLIVIA TIENE LAS MAYORES RESERVAS DE LITIO DEL PLANETA
El salar de Uyuni es, con sus 12.000 kilómetros cuadrados, el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura en el Departamento de Potosí, en el Altiplano de Bolivia, sobre la Cordillera de los Andes. El Salar de Uyuni es la mayor reserva mundial de litio, una materia prima que será fundamental para la producción de baterías destinadas a abastecer los nuevos modelos de autos híbridos y los futuros vehículos totalmente eléctricos. “Bolivia puede convertirse en la Arabia Saudí del litio para las baterías eléctricas”, afirmó Jerome Clayton Glenn, director del Proyecto Millennium de Naciones Unidas. Bolivia espera inversiones para explotar este energético del futuro.
LA DIABLADA ES BOLIVIANA, COMO EL PISCO ES PERUANO
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*La Diablada , según la tradición , como un hecho material con profunda
inspiración religiosa , parte del descubrimiento de la imagen milagrosa de
la Virg...
DINAMARCA COMIENZA A CULTIVAR QUINUA
-
*Usted no pensaría que un cultivo que crece a gran altitud en las montañas
de Bolivia podría ser cultivada en el plano del suelo del nivel del mar en
Din...
Científicos
de la ciudad de En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de
Massachusetts Amherst han descubierto que los suministros de agua dulce en el
llamado «triángulo de litio» en los países sudamericanos es 10 veces menor de
lo que se pensaba.
“BOLIVIA
ES CASI COMO UNA VENEZUELA EN ALZA”, INDICA EXCANCILLER MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
MACKAY
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