SUDAMÉRICA: EN EL TRIÁNGULO DEL LITIO, LA CARRERA POR LOS MINERALES DE TRANSICIÓN PONE EN PELIGRO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Un nuevo análisis regional advierte que Estados y empresas están incumpliendo obligaciones en derechos humanos en el triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile). El estudio alerta por impactos ambientales, falta de consulta a pueblos indígenas y criminalización de defensores, y llama a una transición energética justa. 

A medida que aumenta la demanda mundial de litio, Argentina, Bolivia y Chile intensifican sus esfuerzos para explotar sus vastas reservas con fines económicos. Sin embargo, un nuevo análisis advierte que tanto los Estados como las empresas que operan en la región están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Es urgente abandonar los combustibles fósiles y transformar nuestro modelo energético, pero no a costa de las personas y el medio ambiente. El triángulo del litio se ha convertido en un símbolo de los enormes riesgos que plantea la carrera por los minerales de transición y de los impactos de las políticas que marginan las voces de las comunidades más afectadas y no garantizan la rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Sacha Feierabend, Investigador sénior en empresas y derechos humanos de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El estudio ofrece un amplio panorama transregional de los problemas y abusos en el triángulo del litio. También advierte sobre los principales riesgos de que se agraven las violaciones a los que estarían expuestas las comunidades, a menudo excluidas y no consultadas en estos procesos, como consecuencia del rápido desarrollo de los proyectos sin marcos normativos adecuados.
El informe ha sido elaborado por el Observatorio Ciudadano (Chile), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), el Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y la FIDH.
Amenazas al medio ambiente, a las comunidades indígenas y a las personas defensoras
Empresas privadas y estatales, incluidas empresas transnacionales de países externos al triángulo, se han instalado en una región que concentra el 50 % de los yacimientos de litio identificados en el mundo. Como explica el estudio, la carrera por asegurar los minerales para las energías renovables y las baterías de los vehículos eléctricos, especialmente para los mercados de la Unión Europea, China y Estados Unidos, amenaza con agravar la presión sobre las comunidades indígenas y la naturaleza.
Un proceso de extracción con alto consumo de agua ha comprometido recursos vitales en una zona extremadamente árida y especialmente vulnerable al cambio climático. El agua rica en litio se bombea hacia grandes piscinas de evaporación y se deja secar bajo el sol y el viento. Esto ha provocado la desaparición gradual de humedales y está agotando el agua que las comunidades necesitan desesperadamente para la agricultura y su subsistencia.
Los Estados y las empresas tampoco están adoptando las medidas necesarias para garantizar los derechos de las comunidades a la participación y la consulta. Los salares han estado históricamente habitados por Pueblos Indígenas. La presión ejercida sobre ellos para la extracción de litio ha tenido un impacto negativo no solo en sus derechos sobre la tierra, sino también otros derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en el contexto de las actividades extractivas en sus tierras y territorios.
“A pesar de las obligaciones que Argentina, Bolivia y Chile aceptaron al suscribir el Convenio N°169 de la OIT y otros instrumentos internacionales aplicables a los Pueblos Indígenas, los proyectos desarrollados en los salares del altiplano andino no han sido revisados con las comunidades para obtener su consentimiento. Las comunidades no han participado en los beneficios generados por esta industria, ni han sido indemnizadas por los daños causados a los ecosistemas de los que se extrae el litio. Todo ello tiene graves consecuencias para sus vidas”, afirmó José Aylwin, Coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.
Además, los gobiernos han recurrido a legislación que debilita la libertad de asociación para fomentar el desarrollo de la industria. Las personas defensoras del medio ambiente enfrentan represión violenta y hostigamiento por denunciar la falta de consulta, información y compensación, especialmente en Argentina y Bolivia. Un ejemplo preocupante: cientos de personas resultaron heridas y al menos 90 detenidas durante las protestas contra la reforma constitucional en la provincia argentina de Jujuy. Muchas de ellas se enfrentan a procedimientos judiciales por delitos graves o leves.
“La criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos ha empeorado en los últimos meses. El gobierno nacional de Argentina ha tomado una serie de decisiones destinadas a garantizar las mejores condiciones posibles para las industrias extractivas en el país, a cualquier precio. Esto incluye poner a disposición de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a las organizaciones medioambientales y crear una unidad de seguridad específica para intervenir en los conflictos que afecten a los procesos productivos”, afirmó Manuel Tufró, Director de Justicia y Seguridad del CELS.
“Los Estados y las empresas deben asumir su responsabilidad de remediar los impactos adversos del desarrollo minero en los derechos humanos y el medio ambiente, y de prevenir cualquier impacto que pueda ocurrir en el futuro a medida que aumenta la minería. Ambos deben garantizar que la urgente transición energética sea verdaderamente justa y equitativa para todos y todas y no genere más injusticias y violaciones para los territorios indígenas y las poblaciones locales”, afirmó Manuel Olivera Andrade, Investigador y Profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.
Este primer estudio se basa en un proceso de documentación liderado por comunidades indígenas y locales de los tres países, establecido en colaboración con las cuatro organizaciones. Los resultados de la investigación se incorporarán a tres informes nacionales sobre abusos emergentes, que se publicarán en 2026. El Ciudadano e Chile (https://n9.cl/agnx5)
 
 
 
 
 
LITIO EN BRASIL: EL VALLE DEL JEQUITINHONHA SE CONVIERTE EN CENTRO ESTRATÉGICO GLOBAL
 
Inversiones extranjeras reactivan una de las regiones más pobres de Brasil por auge del ‘oro blanco’
 
Portal Montevideo de Uruguay (https://n9.cl/m7fl9)
 
El Valle del Jequitinhonha, en el sureste de Brasil, está dejando atrás décadas de pobreza y aislamiento para convertirse en un punto neurálgico del mercado mundial del litio, clave para la transición energética global. El auge se aceleró desde 2022, tras un decreto que liberó las exportaciones del mineral, atrayendo inversiones extranjeras por más de 1.165 millones de dólares.
Cinco grandes proyectos mineros, mayoritariamente controlados por capital foráneo —de Canadá, Estados Unidos y Australia—, ya están en marcha o en etapa avanzada. Con solo dos empresas operando, la producción de litio en forma de espodumeno se multiplicó por 20 en dos años, alcanzando 320.000 toneladas anuales.
Aunque los precios internacionales cayeron desde 4.000 a 950 dólares por tonelada, Brasil mantiene ventajas competitivas gracias al bajo costo de mano de obra y energía. Esto ha permitido que empresas como Sigma Lithium —quinta productora mundial— y la estatal Companhia Brasileira de Lítio sigan adelante con planes de expansión ambiciosos hasta 2027.
Implicancias para América Latina y el equilibrio geopolítico
El resurgimiento del Valle del Jequitinhonha no es un fenómeno aislado, sino parte de una carrera global por asegurar minerales estratégicos. La alta dependencia de China en la cadena de suministro de litio ha encendido alarmas en Estados Unidos y otras potencias, que ahora buscan diversificar sus fuentes en países aliados como Brasil.
Este escenario refuerza el papel de América Latina como proveedor crítico para la transición energética. Argentina, Bolivia y Chile ya conforman el llamado “triángulo del litio”, pero el avance brasileño añade un nuevo polo de poder, con reservas estimadas en el 8 % del total global y capacidad tecnológica en crecimiento.
Desde el punto de vista diplomático, la región puede capitalizar esta posición para negociar acuerdos más equitativos de transferencia tecnológica y valor agregado, reduciendo su rol histórico como simple exportadora de materias primas.
 
 
 
 
 
EL APETITO POR EL LITIO A NIVEL MUNDIAL CONVIERTE A UN TRANQUILO VALLE DE BRASIL EN "EL DORADO"
 
Radio Bio Bio de Chile (https://n9.cl/5mgllz)
 
La creciente demanda mundial por litio, el principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos, convirtió en un “El Dorado” al Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, pero dueña de las séptimas mayores reservas mundiales del mineral.
Cinco mineras, casi todas de capital extranjero, anunciaron en los dos últimos años inversiones por 6.300 millones de reales (US$1.165 millones) en proyectos para explotar el ‘oro blanco’, cuya demanda se ha disparado principalmente por el apetito de la industria china del automóvil.
A este, se ha sumado el reciente interés manifestado por Estados Unidos, en plena guerra comercial, por llegar a acuerdos para tener acceso a los minerales críticos de Brasil, entre los que figuran niobio, níquel o litio.
“El Dorado” brasileño rebosa de litio
La tranquilidad del Valle del Jequitinhonha, una olvidada región en Minas Gerais, es interrumpida por las explosiones diarias, las máquinas excavadoras, el tránsito de camiones cargados con mineral y una invasión de geólogos y representantes de empresas extranjeras, según pudo constatar EFE en una visita a esta zona del sureste de Brasil.
Este intenso ajetreo surgió a partir de un decreto que en 2022 autorizó por primera vez las exportaciones de litio, un mineral estratégico cuya producción se envía casi por completo a China.
Gracias a ese permiso y, con tan solo dos empresas operando por ahora, la producción de concentrado de espodumeno (un mineral que contiene un 5,5% de litio) se multiplicó por veinte desde 2023, hasta las 320.000 toneladas previstas para este año.
El boom que se vive en las pequeñas poblaciones de Araçuaí e Itinga promete convertir a Brasil en actor clave en un mercado estratégico, en su condición de dueño de las séptimas mayores reservas mundiales y de quinto mayor productor global.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el Valle del Jequitinhonha, con 45 depósitos descubiertos, concentra el 85% de las reservas brasileñas de litio y el 8% de las mundiales.
Los precios más competitivos de Brasil
Ni siquiera el desplome del precio del concentrado, desde unos US$4.000 por tonelada en 2022 hasta unos US$950 en la actualidad, paralizó los proyectos.
“El litio en Brasil es muy competitivo por el bajo costo de la mano de obra y de la energía. Mientras que nuestro costo operacional es de US$500 por tonelada, en Australia llega a US$1.000. Por eso hemos conseguido navegar bien”, dijo a EFE Daniel Abdo, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Sigma Lithium, quinto mayor productor mundial.
La Companhia Brasileira de Litio (CBL), segundo productor en la región, ve una demanda mundial “muy animadora”, pero admite que la caída de precios “no justifica nuevas inversiones”, afirmó a EFE su CEO, Vinícius Alvarenga.
Esta empresa brasileña comenzó a explotar la mina subterránea de Cachoeira en 1991, donde ahora extrae 50.000 toneladas del concentrado al año, cinco veces más que antes del boom.
Es también la única que cuenta con una planta química en Brasil para transformar el concentrado en carbonato de litio, con 99% de pureza, con el que abastece a empresas locales que usan el mineral en la fabricación de medicinas, grasas, lubricantes y cerámicas.
Planes de expansión
Según Alvarenga, CBL tiene en marcha un plan de ampliación para elevar su producción de concentrado hasta 110.000 toneladas al año a partir de 2027 y la de carbonato de litio, desde 2.000 hasta 6.000 toneladas.
Simga, con sede en Canadá, inició operaciones en mayo de 2023 en una mina a cielo abierto en la que hoy produce 270.000 toneladas de concentrado por año.
La empresa ya tiene en marcha dos fases de expansión por las que elevará su producción de concentrado a 770.000 toneladas al año en 2027, con lo que ascendería a tercer mayor productor mundial.
Además de estas dos mineras ya en operación, hay otras cuatro procedentes de Canadá, EEUU y Australia con proyectos avanzados.
Se trata de la canadiense AMG, con planes para producir 180.000 toneladas por año; de la estadounidense Atlas Lithium, que prevé producir 150.000 toneladas por año; de la australiana Pilbara Minerals (PLS), con inversión de 313 millones de dólares; y de la canadiense Lithium Ionic, con inversión de 140 millones de dólares.
 
 
 
 
 
UN HOMENAJE A LA ÚLTIMA ALTOMISAYOC, LA MUJER QUE INTERMEDIA CON LAS MONTAÑAS ANDINAS
 
María Apaza Machaca cumplió 100 años y es de las pocas que quedan con el grado más alto del sacerdocio andino. Celebrarla es reconocer la infinitud del universo y las diversas formas de vida
 
El País de España (https://n9.cl/i5umq)
 
Hace unas semanas, en distintos rincones de los Andes, se celebró el Pachamama Raymi, la fiesta de la tierra. Esta tradición de los pueblos quechua y aymara sigue viva en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, donde comunidades enteras realizan rituales y ofrendas para agradecer por las cosechas y los ciclos de la vida. En los últimos tres años, hemos viajado a las montañas del Cusco para explorar este conocimiento y compartir con los Q’eros, considerado el último del linaje inca que permaneció aislado durante siglos.
Allí conocimos a doña María Apaza Machaca, a quien todos llaman con respeto y cariño la mamita María, la última mujer altomisayoc, el grado más alto del sacerdocio andino. La altomisayoc es una intermediaria entre el mundo humano y el espiritual, cuyo poder y sabiduría se fundan en una potente relación con los apus, las montañas tutelares. Este agosto María celebró su centenario, un hito que refuerza el valor de su legado. De ella, de su familia y de su comunidad aprendimos uno de los gestos más profundos de reciprocidad con la tierra: las ofrendas a la pachamama.
Nos demos cuenta o no, como humanidad, necesitamos ritos y actos simbólicos para construir y reafirmar nuestras formas de habitar el mundo y relacionarnos con los demás. Son gestos que, muchas veces, escapan al lenguaje racional, pero que nos acercan a la danza de la existencia y a ese lugar innombrable que nos habita. Como la música, abren canales para vincularnos con los misterios que sostienen la vida. En este camino, los pueblos andinos han sido guías esenciales: con su ejemplo nos enseñan a reconocer, honrar y cuidar una de nuestras relaciones más íntimas y vitales, la que tenemos con la naturaleza.
Escogida desde niña para este camino espiritual, la mamita María atravesó pruebas que sellaron su vínculo con las montañas. En 1943, cuando tenía apenas 16 años y pastaba sus animales en las alturas de Paucartambo (Perú), un rayo la alcanzó en la cabeza. A partir de entonces, inició un proceso de doce ceremonias de karpay o ritos de iniciación que fortalecieron su comunicación con los apus.
Para los pueblos andinos, el rayo no es solo un fenómeno natural: es el dios del fuego que cruza el cielo como un dragón y penetra la tierra como una serpiente luminosa. En los Andes lo llaman Illapa, un guerrero celeste que, al agitar su honda, provoca un estallido de fuego, luz y estruendo. Y al levantar su porra, ordena la lluvia y el granizo. Esa lección, la del fuego y la lluvia, ha acompañado toda la vida a doña María, quien desde niña supo moverse entre el mundo de arriba y el de abajo.
En la profundidad de su mirada y en la suavidad de su sonrisa habitan tres figuras celestiales: Chuqui Illapa, Cutu Illapa e Inti Illapa, una trinidad de fuerza, sonido y electricidad que la acompaña en los días de tormenta en Ausangate y Salkantay, sus montañas tutelares en el Cusco. Allí, entre la nieve y las piedras sagradas, aprendió a hablar con las montañas y a curar con las rocas. El rayo dio origen a los ríos. Por eso, la mamita María tiene la capacidad de comunicarse con las deidades del fuego y el agua. Entre los pueblos collas del lago Titicaca se cuenta que ellos nacieron de la orina del rayo, y los Q’eros siguen integrando sus enseñanzas en su vida cotidiana.
“Corazón contento”, dice la mamita María mientras sopla las hojas de coca y coloca en la misha andina [una superposición de tejidos] alimentos, piedras, flores y vino. Cada uno de estos elementos es ofrecido como regalo a los cerros tutelares, en un despliegue de belleza y poder que es, a la vez, poético y vital. A través de las ofrendas y la lectura de la coca, se torna en un acto jurisdiccional y político, pues la mamita María intermedia con los espíritus protectores para velar por el bienestar del ayllu, la unidad social y organizativa tradicional de las comunidades andinas. Que eviten enfermedades, propicien buenas cosechas y prevengan conflictos.
Con la misma generosidad que guía sus ceremonias, ella ha dedicado años a formar pampamisayok: personas que se preparan para dialogar con la pampa y construir su propio universo. Sus enseñanzas mantienen viva una tradición en la que el conocimiento de la vida se teje, literalmente, sobre una mesa ritual compuesta por tres mantas superpuestas.
El primer tejido, el más grande, es el microcosmos personal, donde se entrelazan presente, pasado y futuro. El segundo, de tamaño intermedio, simboliza la dualidad que equilibra la existencia. Y el tercero, más pequeño, es un rincón especial, casi un escondite para la alegría y la celebración. Allí se colocan las khuyas, piedras recogidas en las pampas que recorren los pampamisayok, cargadas con la memoria y la energía de esos lugares.
A sus cien años, la mamita María sigue irradiando energía y abriendo caminos. Su misión ha traspasado las montañas del Perú para llevar su sabiduría y su mensaje de paz a distintos rincones del mundo. Celebrarla es también honrar la infinitud del universo y las diversas formas de vida que se desarrollan en nuestro planeta. Doña María conversa con la montaña y escucha su voz. Su forma de ver el mundo ha inspirado maneras de vivir más respetuosas, sensibles y recíprocas.
En sus ceremonias ha descendido al Ukupacha, el mundo interior que representa la primera tela de la misha andina, acompañando a las almas humanas y no humanas. Ha recorrido el territorio del puma en el Kaypacha, el plano intermedio donde conviven la noche y el día. Y ha ascendido al Hanakpacha, el plano celeste, para encontrarse con los apus y sus khuyas. En esencia, la mamita es fuego y agua.
Así como en Oriente se reconoce la guía de los lamas, en América Latina celebramos la sabiduría de los altomisayoc, guardianes de un conocimiento ancestral que nos enseña a vivir en reciprocidad con la tierra. Aquí, las perspectivas bioculturales y las propuestas que desde la ciencia buscan poner la vida en el centro encuentran una fuente de inspiración: en gestos rituales que son, a la vez, decisiones éticas. En prácticas que nos llaman a reencontrarnos con lo esencial.
Porque comer, vestirnos y sanar —esos actos cotidianos en los que la mamita María enlaza el cosmos con nuestro universo personal— son la base de nuestra supervivencia. Los damos por seguros, pero dependen del delicado equilibrio entre las distintas especies. Reconocerlo no es solo un ejercicio espiritual, es, sobre todo, un compromiso planetario impostergable.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: COOPERATIVAS MINERAS PRESIONAN AL GOBIERNO PARA INGRESAR A CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS
 
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó una Acción Popular para evitar el ingreso de cooperativas mineras a territorios indígenas y áreas protegidas. Dos organizaciones de cooperativas mineras piden modificar la zonificación en reservas naturales para poder extraer oro de estas zonas protegidas. El gobierno de Bolivia ya rechazó el ingreso de las mineras a áreas protegidas, pero ante este nuevo reclamo aún no ratificó esa decisión.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://n9.cl/su579)
 
Una vez más las áreas protegidas de la Amazonía boliviana están en riesgo. Las cooperativas mineras insisten en ingresar a cuatro reservas naturales del norte del departamento de La Paz. El reclamo se da mientras cuatro ríos amazónicos se encuentran siendo afectados por la minería aurífera y existen “comunidades fantasmas” que aprueban el ingreso de mineros para que saquen oro en la Amazonía boliviana.
Los mineros cooperativistas en Bolivia insisten desde 2023 con su intención de ingresar a cuatro áreas protegidas del norte del departamento de La Paz: Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y el Parque Nacional Cotapata. Este sector, en su último pliego de demandas, había puesto un plazo al presidente de Bolivia, Luis Arce, para que atienda sus pedidos. La fecha era el 21 de agosto, pero ahora dejaron a un lado ese plazo y esperan ser atendidos.
En su pretensión de modificar la zonificación en las áreas protegidas, los mineros buscan obtener los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso crucial para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.
Este documento se otorga sólo a aquellas operaciones mineras que demuestren su legalidad, o sea que cuenten con derechos mineros otorgados antes de la creación del área protegida.
La intención de zonificar las áreas protegidas para la extracción de oro es de dos sectores mineros: la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECMABOL) y de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN-La Paz). Ninguno de los dirigentes de estas organizaciones quiso emitir declaraciones a Mongabay Latam por sus pedidos. Sin embargo, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), Eloy Sirpa, descartó que su sector pretenda ingresar a reservas.
“Quiero ser claro en una situación. Hemos comprometido nosotros al presidente [Luis Arce], le hemos dicho ‘las cooperativas que estén en áreas protegidas, en áreas prohibidas, nosotros no vamos a hacer ninguna gestión [por ellas]’, pero si hay otras áreas que sí son compatibles con la minería, esas vamos a hacer [gestión]. No hemos trabajado en este tema, recién vamos a empezar”, afirmó Sirpa a Mongabay Latam. Así, Sirpa se distanció de las otras dos entidades mineras y su reclamo a Arce.
Negativa del Gobierno
Mongabay Latam intentó comunicarse con el director del SERNAP, Idelfonzo Canaza, pero el funcionario no contestó las llamadas ni los mensajes. Sin embargo, el ministro de Minería, Santos Laura, en una conferencia de prensa en abril, anunció que no se permitirá minería en áreas protegidas y que aquellos trámites para conseguir autorización de operaciones dentro de los parques no procederán.
Consultado sobre la posibilidad del ingreso de minería legal dentro de estas zonas, como pretende el sector aurífero a partir del reconocimiento de los “derechos preconstituidos” (aquellos adquiridos antes de la Constitución de 2009), Laura dijo: “Las cooperativas que están solicitando [concesiones] en áreas protegidas, yo veo que esos contratos no van a ir, no se va a permitir. Sería atentatorio y en contra de nuestro pueblo boliviano”.
Además, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante una resolución administrativa en 2024, descartó que se otorgue permisos para actividades mineras en áreas protegidas. “Desde septiembre de 2022, la AJAM implementó medidas definitivas que restringen la reserva de áreas mineras y la otorgación de contratos mineros en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y otras áreas protegidas del norte del departamento de La Paz”, dice el documento.
El poder minero en Bolivia
Las cooperativas mineras eran aliados del gobierno de Luis Arce hasta hace poco. Las distintas organizaciones están afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que es la matriz que aglutina a las cooperativas. Este aglomerado apoyaba la gestión de Arce hasta inicios de este año. A Evo Morales lo apoyaron durante todo su mandato. En Bolivia son considerados como un sector clave de apoyo político.
La última disputa que tuvo FENCOMIN con el gobierno de Arce fue en abril de este año, cuando realizaron medidas de presión en la ciudad de La Paz, logrando cercar la capital política boliviana durante dos días. Los cooperativistas mineros criticaron el manejo económico del Gobierno y la falta de carburantes, algo que a ellos les perjudica en sus operaciones. En 2023 también realizaron protestas exigiendo ingresar a áreas protegidas y mantener el pago del monto impositivo, que es el 4.8 %. Esa cifra es menor a diferencia de la que se impone a un empleado común en Bolivia, que aporta el 16.5 % al Estado con diferentes impuestos.
Según Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en los últimos años, los cooperativistas mineros han alcanzado poder político, económico y social, además de haberse expandido y tener una incidencia grande en el empleo: nueve de cada diez mineros del país son cooperativistas, aunque se trata de un empleo precario.
“Las cooperativas mineras, por su naturaleza social y por ser entidades sin fines de lucro, reciben un conjunto de beneficios tributarios específicos. Están exentas de cumplir con las obligaciones tributarias del Régimen General de Impuestos gracias a diferentes leyes”, resaltó Zaconeta.
Defensa indígena
Ante la posición de los sectores mineros, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) anunció una defensa férrea contra la minería en las cuatro áreas protegidas. Vicente Canare, dirigente de la CPILAP, afirmó a Mongabay Latam que su organización está en estado de emergencia. “Estamos dispuestos a defendernos de la invasión a los territorios de los indígenas y las áreas protegidas”, agregó.
“Todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder concentrarnos y defender nuestros derechos, ante cualquier ingreso que se quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular de forma engañosa para entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas como pretenden los mineros”, afirmó Canare.
El dirigente indígena añadió que la CPILAP presentó una Acción Popular hace cuatro años para evitar el ingreso de la minería aurífera a las comunidades del norte de La Paz y parte del departamento del Beni. “Nosotros pedimos cero minería en nuestro territorios y estamos esperando que se cumpla lo que pedimos”, dijo.
En Bolivia, la acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier persona individual o jurídica, e incluso a entidades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, proteger derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Se aplica para defender bienes como el medio ambiente, patrimonio público, salubridad y espacio público.
Las cuatro áreas protegidas forman parte del Corredor de Conservación de Biodiversidad y se constituye en una conexión natural por su gran riqueza natural de flora y fauna, por los servicios ecosistémicos y ambientales que ofrece, pero también por las fuertes amenazas que enfrenta, entre ellas las actividades extractivistas, como la minería aurífera.
El recurso fue interpuesto por la CPILAP en septiembre de 2023 y logró una resolución favorable en el Juzgado Público de Rurrenabaque, donde se reconoció la tutela plena de los pueblos indígenas frente a la vulneración de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación.
La resolución judicial dispuso la suspensión de actividades mineras ilegales y aquellas que no cuenten con licencia ambiental en los ríos Quiquibey, Tuichi, Alto Beni, Kaka, Beni, Madre de Dios, Tequeje y sus afluentes, además de la implementación de procesos de consulta previa y medidas de mitigación frente a la contaminación por mercurio.
Minería en la Amazonía
En Bolivia la minería legal es aquella que tiene la autorización plena de la AJAM. Una cooperativa minera debe realizar los trámites ante esta entidad, pero también debe realizar un estudio de impacto ambiental y debe presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Con toda esa documentación pueden ingresar a realizar la actividad, incluso en ríos de la Amazonía.
Sin embargo, muchas veces incumplen el procedimiento y sus actividades se vuelven ilegales. Por norma ambiental, las mineras no pueden operar en áreas protegidas, ya sean de alcance nacional, departamental o municipal. Pero también hacen un trabajo ilícito aquellas cooperativas o empresas que no tienen autorización de la AJAM; aquellas que iniciaron el trámite, pero que no esperan la autorización y aun así operan; y las que tienen autorización, pero alquilan sus concesiones a operadores privados, ya sean extranjeros o nacionales.
“Algo que usualmente pasa [como minería ilegal] es que la cooperativa minera que logra la autorización de las concesiones y la licencia ambiental, se asocia con el capital privado para explotar el área minera y contrata trabajadores asalariados, usa maquinaria de alta capacidad y genera utilidades”, explicó Zaconeta. Es decir que terminan funcionando como una empresa.
Según un estudio realizado por el CEDLA, las mayores zonas de expansión de la minería del oro en la Amazonía se encuentran en siete puntos, todos ellos en torno a cuatro ríos: Madre de Dios, Orthon, Madera y Tequeje. Esos siete puntos abarcan a seis municipios: Riberalta, en el departamento del Beni (dos puntos); El Sena, Villa Nueva, Puerto Rico y Nueva Manoa, en Pando (cuatro puntos); y el municipio de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz (un punto).
“Urge, por ejemplo, si se piensa en lograr un cambio en el actual escenario de esta actividad, discutir la caracterización de las cooperativas mineras dedicadas a la explotación de oro en el país, identificar claramente si estas cumplen realmente las condiciones de una cooperativa, o si deben ser consideradas como empresas mineras por el tipo de explotación, relaciones laborales, capital de funcionamiento, consumo de combustible y niveles de producción”, afirmó Zaconeta.
En el departamento de La Paz incluso se crean “comunidades fantasmas” para que aprueben el ingreso de cooperativas mineras. Un caso así sucede en la comunidad Tres Marías, que está ubicada en el municipio de Yanacachi, a 82 kilómetros de la ciudad de La Paz. En ese poblado existen denuncias de avasallamientos de terrenos para extraer oro y judicialización de dirigentes que se oponen a la minería.
“Acá han creado una comunidad fantasma, se llama Ñequejahuira Cotapata, que autoriza el ingreso a la cooperativa Salvadora de Yervani para que exploten oro dañando nuestro territorio, abriendo caminos ilegales y dañando parte del área protegida de Cotapata. Además, esta cooperativa está contaminando nuestra agua y perjudica nuestra producción de flores”, denunció a Mongabay Latam una comunera de Tres Marías, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
En este caso, según un informe del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), se identificaron violaciones a los derechos de los defensores ambientales por parte de la cooperativa minera Salvadora de Yervani, que intenta dividir a la comunidad Tres Marías ofreciéndoles cuadrículas mineras para que no denuncien supuesta persecución judicial, amenazas, intimidación y agresiones físicas que sufren por los cooperativistas mineros.
En este caso hay un defensor que se declaró en la clandestinidad. Se trata de Isaac Catacora, quien es el secretario general de la comunidad Tres Marías y que desde diciembre de 2024 tiene una orden de aprehensión. Lo acusan de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
Gregorio Huanca, de la cooperativa Salvadora de Yervani, se limitó a decir a Mongabay Latam que su cooperativa tiene autorización desde 2023 de la comunidad Ñequejahuira Cotapata, que pertenece al municipio de Coroico y no de Yanacachi. Luego, evitó dar más declaraciones.
 
 
 
 
 
LA DEMOCRACIA CRISTIANA LATINOAMERICANA Y LA IZQUIERDA
 
Breve recuento histórico del apoyo de la democracia cristiana a la izquierda
 
El Montonero de Perú (https://n9.cl/c7e38l)
 
Los resultados de las elecciones generales en Bolivia nos generan muchas incertidumbres. Uno de los candidatos que accedió a la segunda vuelta, obteniendo un 32% de la votación, es el socialcristiano Rodrigo Paz Pereira. A pesar de que muchos medios periodísticos afirman que esta ha sido una contundente victoria de la derecha boliviana, nada está más lejos de la realidad. Leyendo el plan político y las propuestas económicas del candidato Paz encontramos demasiadas coincidencias con lo socialdemócrata. Históricamente muchos partidos demócratas cristianos o socialcristianos en América latina no solamente han propuesto medidas colectivistas y estatistas, sino que también han votado con la izquierda en múltiples ocasiones. En esta columna haremos un breve recuento de ello.
Cabe aclarar que para propósitos de esta columna vamos a emplear los términos socialcristianismo y democracia cristiana como sinónimos, ya que aquí no pretendemos explicar las definiciones y diferencias de estos movimientos políticos. También hay que aclarar que en casos muy excepcionales (como podría ser el peruano), la mayoría de partidos socialcristianos o democristianos en Latinoamérica se identifican con la centroizquierda política. Así que, sin más preámbulo, comencemos el recuento.
La democracia cristiana o el cristianismo se puso en boga hacia los años cincuenta o sesenta del siglo pasado. Aunque sus planteamientos políticos habían sido ya elaborados décadas antes por pensadores europeos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o Luigi Sturzo, recién se plasmaron en Latinoamérica durante la Guerra Fría. Cabe indicar también que debido a la idiosincrasia y las costumbres políticas latinoamericanas la democracia cristiana en Latinoamérica difirió bastante de sus símiles europeos.
Al interpretarse como una corriente comunitarista, recibió múltiples influencias no sólo de la Doctrina Social de la Iglesia o la ética protestante, sino que también recibió influencia de otras corrientes como la Teología de la Liberación. A diferencia de sus pares europeos, que adoptaron un sistema económico de libre mercado (ordoliberalismo), la mayoría de partidarios latinoamericanos de la democracia cristiana eran intervencionistas, estatistas y abogaban por una mezcla entre socialismo, corporativismo estatal y el llamado “desarrollismo”.
Comenzando la lista, tenemos a la democracia cristiana de Chile. Curiosamente el partido demócrata cristiano chileno se había originado de la Falange Nacional, un partido corporativista católico creado en 1935 que se inspiró en los partidos españoles del bando nacional. Curiosamente en tres décadas después de su conformación la democracia cristiana chilena se había convertido en una suerte de humanismo cristiano mezclado con socialdemocracia. Cabe destacar su notable participación en las elecciones de 1970 donde la democracia cristiana apoyó en el balotaje la candidatura de Salvador Allende. Posteriormente, en el plebiscito de 1988 la democracia cristiana impulsó la campaña del “no” junto a los partidos de izquierda. En la actualidad, la democracia cristiana chilena está apoyando abiertamente la candidatura de Jeannette Jara (del Partido Comunista Chileno) para las elecciones que tendrán lugar dentro de unos meses.
Posteriormente tenemos el caso venezolano. Durante muchas décadas, el social cristianismo y democracia cristiana venezolanos avalaron las políticas intervencionistas de gobiernos socialdemócratas como los de Acción Democrática. Sin embargo, el golpe lo dieron en el año 1998, cuando un gran sector de la democracia cristiana venezolana COPEI apoyó la candidatura de Hugo Chávez, el cual sabemos muy bien que marcó el inicio de la debacle de aquel país.
Ahora pasemos al caso del Salvador. En los años 60 y 70 (décadas previas al estallido de la guerra civil salvadoreña), la democracia cristiana además de una fuerza política poseía una gran presencia a través de sus sindicatos. Las múltiples huelgas que impulsaban los partidos de izquierda eran también respaldados por los sindicatos socialcristianos. Durante el conflicto armado, múltiples líderes de la democracia cristiana tomaron las armas y se unieron a grupos guerrilleros que se enfrentaron al gobierno. Regresando la democracia, los socialcristianos demostraron una vez más su apoyo a la izquierda votando por el candidato del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes en 2009.
El caso argentino quizás sea otro ejemplo paradigmático de lo camaleónicos que son los partidos demócrata cristianos en nuestro continente. El socialcristianismo argentino recién se fundó en 1954, acercándose en los siguientes años a sectores de izquierda no peronista. Curiosamente, fue un demócrata cristiano (Vicente Solano Lima) el vicepresidente de Héctor Cámpora, conocido peronista que ganó las elecciones y le dio un nuevo triunfo al peronismo, dándole esta vez un giro radical a la izquierda. Así mismo, en 1983 la democracia cristiana apoyó la candidatura del izquierdista Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. En la actualidad, el sector más progresista de los social cristianos acompaña a la bancada kirchnerista en el legislativo.
Cerca de Argentina tenemos a Uruguay. En este caso también es bastante paradigmático puesto que la democracia cristiana apoyó en todo momento la candidatura del Frente Amplio Líber Seregni (Que integraban los partidos socialista y comunista uruguayos) en las elecciones de 1971. Años después del retorno a la democracia, en 1985; y hasta la actualidad, el partido demócrata cristiano uruguayo sigue apoyando en las elecciones al Frente Amplio, partido que canaliza la gran mayoría de votos de izquierda en Uruguay.
Podemos colocar como excepciones a Colombia o México, porque la democracia cristiana jamás ha significado una fuerza electoral contundente. En estos países se limitaron a pertenecer a otros bloques más grandes y asociados generalmente a la derecha política (al Partido Conservador colombiano o al PAN en el caso de México). En Ecuador, la democracia cristiana fue la culpable de retirarle el apoyo al presidente Guillermo Lasso y provocar su destitución y posterior disolución del parlamento el en noviembre de 2023.
En Perú, la democracia cristiana tiene un partido propio, sin embargo, la mayoría de simpatizantes de estas ideas han votado históricamente por el Partido Popular Cristiano (PPC), partido supuestamente de derecha, pero que pareciera que han tenido una vergüenza histórica al momento de afirmarse. Prueba de ello son los múltiples líderes históricos del PPC (Desde Bedoya Reyes hasta Lourdes Flores) que al momento de elecciones siempre han calificado a su partido como una fuerza política de “centro”. Su continuo acercamiento histórico con partidos de centro o centroizquierda como el APRA o Acción Popular han hecho que el PPC nunca haya podido constituir una opción real para los votantes de la derecha peruana.
Como hemos visto en este breve repaso, el social cristianismo o democracia cristiana en materia electoral no son partidos de derecha. Es más, en más de una ocasión y en diversos países alrededor de nuestro continente han apoyado y se han aliado con propuestas de izquierda. En la próxima entrega analizaremos a mayor detalle cuáles son las propuestas electorales del candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz. Mucho me temo que este demócrata cristiano promueve una fórmula política y económica que no ayudará a Bolivia a salir de la profunda crisis en la cual está sumergida desde hace casi 19 años de gobierno nefasto del Movimiento al Socialismo.
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ GANAN LAS DERECHAS?
 
Crónica Digital de Chile (https://n9.cl/zurl41)
 
A propósito del impactante, aunque previsible triunfo derechista en Bolivia, la semana pasada circuló un artículo de Álvaro García Linera, filósofo y exvicepresidente de esa República, en el que se pregunta: “¿Por qué el progresismo y la izquierda pierden elecciones?” (https://t.ly/LSGVE; https://t.ly/eTLQL).
Entre varios factores destaca como central la economía: los progresismos del primer ciclo tuvieron logros comprobables; pero en un nuevo ciclo lo descuidaron, como ocurrió en Brasil, Argentina y actualmente en Bolivia, países que toma de ejemplo. Así se acumuló el malestar general, por el “deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos”.
En Bolivia fue igualmente un factor esencial la pugna entre Evo Morales y Luis Arce, pero bajo el ambiente de una “desastrosa gestión económica”. Por tanto, sostiene García Linera, se requiere una “nueva generación de reformas” que pasa necesariamente por “construir una base productiva expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios; del sector privado, campesino, popular como estatal; para el mercado interno como para la exportación, que garantice un amplio soporte industrioso y duradero a la redistribución de la riqueza”.
Son análisis importantes. Pero la realidad que vive Colombia con el asedio diario al gobierno de Gustavo Petro merece otro tipo de consideraciones, pues los avances económicos y sociales logrados por su gobierno no parecen suficientes para asegurar la continuidad del progresismo. Tampoco hay un patrón político para América Latina. Pero es aún más diferenciada la experiencia de Ecuador que permite plantear otro ángulo del problema: ¿por qué ganan las derechas?
Los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) demostraron adelantos económicos y logros sociales que han sido destacados por informes y estudios nacionales e internacionales, como son los de la CEPAL, PNUD, OIT e incluso del FMI. Su gestión fue una derrota al neoliberalismo cultivado desde mediados de los 80.
Sin duda definió las bases de una economía social del Buen Vivir que polarizó a la sociedad, pues el poder político de las antiguas élites fue desplazado, aunque los grandes medios privados pasaron a ser sus voceros ideológicos.
También despertó la atención de los Estados Unidos, alineados contra el “socialismo del siglo XXI” inaugurado por Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela, país que hoy afronta la amenaza de una posible intervención estadounidense que sería grave en toda América Latina.
El gobierno de Correa incluso despertó reacciones entre las izquierdas tradicionales y conflictos con varios dirigentes del movimiento indígena, de los trabajadores y otros grupos. A pesar de todo, Correa fue reelegido en 2009 y 2013 y el “correísmo” recibió contundente apoyo en 2017 al triunfar Lenín Moreno, su candidato, con 51.16 por ciento de votos en segunda vuelta sobre el banquero Guillermo Lasso.
Podía pensarse que la continuidad de los logros ya demostrados estaba garantizada. Pero a pocos meses quedó en claro el giro del gobierno: Moreno se dedicó a desmontar las herencias y con el referéndum/consulta popular de 2018 la institucionalidad fue capturada y se implantó un sistema de persecución al correísmo. El mismo Rafael Correa fue enjuiciado, varios dirigentes se exiliaron y en el país se cultivó un ataque sistemático a lo realizado por el gobierno anterior, inculpado de todos los males nacionales.
Literalmente Moreno destruyó fuerzas productivas (en el sentido marxista del término), de modo que en el país revivieron condiciones del subdesarrollo en los diversos órdenes de la vida social, que son comparables con décadas pasadas debido a la destrucción, descuido y desinversión en infraestructuras, bienes y servicios públicos, la reprimarización económica y los privilegios al capital privado. El derrumbe económico y social agravado en 2020 con la inoperancia pública frente a la pandemia del Covid, se supone que debía provocar el retorno del auténtico progresismo. Sin embargo, el cambio de rumbo (https://t.ly/virUn) llevó al triunfo electoral de los empresarios y millonarios Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-hoy), que consolidaron la “segunda época plutocrática” del Ecuador, comparable con la que se vivió entre 1912-1925.
Los triunfos de las derechas ecuatorianas no se debieron al mal manejo económico y social de la época progresista. Pueden destacarse múltiples factores para explicarlo; pero, ante todo, se han debido al cultivo político e ideológico del revanchismo y el odio contra todo lo que suene a “correísmo”, a tal punto que solo ha faltado algún decreto que prohíba hablar de “Correa” y aludir al “correísmo”, como el que se dictó en Argentina en 1956, que prohibió hablar de “Perón”, “peronismo” y otros términos derivados (https://t.ly/SkGRe).
Acompaña, al mismo tiempo, la consolidación de un bloque de poder que ha logrado cohesionar a millonarios, altos empresarios, grandes medios de comunicación, clases medias identificadas con esos intereses, partidos políticos de derecha, apoyos internacionales y todo en el marco de las geoestrategias de EEUU. contra los gobiernos progresistas y a favor de su neomonroísmo.
Ese bloque se ha propuesto impedir el retorno del “correísmo” (que identifica con cualquier izquierda) y ha contado con presidentes- empresarios que garantizan sus intereses y que han instrumentalizado a su favor los aparatos de Estado como fiscalía, contraloría y una serie de jueces. La ideología que les moviliza en el ámbito económico es el neoliberalismo y el libertarianismo oligárquicos. La mentira, el engaño populista, el lawfare, las “fake news” pasaron a ser valores públicos para el éxito político y electoral, sin importar la Constitución ni las leyes.
Lo paradójico está en que también se vincularon al anticorreísmo sectores de izquierda (especialmente aquella que siempre se identificó como “auténtica y verdadera”) y de los movimientos sociales que rompieron con Correa y votaron por Lasso y luego por Noboa; y aunque para las elecciones de 2025 se logró recuperar una efímera “alianza de las izquierdas” para encarar el balotaje (en primera vuelta continuó la división), el voto mayoritario del país fue a la derecha, pues el respaldo a la segunda presidencia de Noboa (2025) incluyó amplias bases del movimiento indígena y de los trabajadores, por sobre las posiciones de dirigentes como Leonidas Iza, atacado como ”correísta”.
Los resultados económicos de la segunda época plutocrática no demuestran desarrollo ni modernización. Sí buenos negocios a costa del Estado y de la sociedad. En menos de una década los índices sociales y laborales solo se han derrumbado (https://t.ly/CukKH), de modo que las condiciones humanas afectadas, que se supone inclinarían la balanza a favor del progresismo de izquierda, tampoco han resultado factores que impidan el triunfo de las derechas.
El eje del análisis debería concentrarse en los mecanismos que utiliza el bloque de poder para reproducir su dominación. Una de las novedades, por ejemplo, es el propósito de suprimir los aportes estatales a los partidos políticos, lo cual, evidentemente, solo favorecerá a las fuerzas de derecha que reciban fondos privados. Cabe sumar la información y las opiniones básicas que circulan por redes sociales que tienden a sostener un criterio político elemental entre los ciudadanos, a los que se suman “troles” o “mensajes” con abiertos insultos e irracionales ideas.
Además, con la inseguridad creciente por el avance de la delincuencia organizada, la criminalización de la protesta social y la militarización de la vida cotidiana, especialmente en las provincias más sensibles, se ha extendido el miedo ciudadano y el riesgo de que la protesta o movilización en las calles sea vista como acción “terrorista”. Un reciente reporte del US Department of State (2024 Country Reports on Human Rights Practices: Ecuador – https://t.ly/LrTOm) da cuenta de las violaciones a los derechos humanos. Ante este conjunto de circunstancias la generación de una “conciencia de clase” popular se vuelve muy difícil. El poder se alimenta con el “analfabetismo político”.
Sin embargo, lo que la izquierda social progresista exige es que la Revolución Ciudadana, el único partido organizado como alternativa de gobierno, así como los movimientos sociales, asuman el liderazgo y la convergencia política necesaria para frenar la que parece una vía indetenible de reproducción histórica del bloque derechista en el poder.
En contraste con lo que ocurre en Ecuador, que camina en una vía paralela por la que va Argentina, en América Latina son esperanzadores los avances de México, hoy a la cabeza del progresismo en la región, así como el papel que puede jugar Brasil y los BRICS para una estrategia común latinoamericana, pues en la segunda “era Trump” se ha levantado un serio peligro para todos los progresismos ya que el “America first” neomonroísta se propone imponer la hegemonía de los EEUU. en todo el continente, contra cualquier avance de Rusia y de manera particular de China. Incluso el fantasma del “gran garrote” de la época de Theodore Roosevelt (1901-1909) ha revivido.
Paz y Miño Cepeda, Juan José Paz y Miño Cepeda, Juan José. Ecuatoriano. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Coordinador Académico, en Ecuador, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia. Dirigió el Taller de Historia Económica (THE) en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Fue Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad UTE de Quito. También fue Cronista de la Ciudad. Profesor invitado en varias universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Considerado uno de los gestores de la Historia Inmediata. Tiene múltiples libros y artículos sobre Ecuador y América Latina.
 
 
 
 
 
EL RUMBO INCIERTO DE BOLIVIA
 
MSN de España (https://n9.cl/gjpdm)
 
Las elecciones presidenciales que Bolivia celebra el próximo domingo son las más inciertas de su historia reciente hasta el punto que no se vislumbra un ganador. Todo apunta a que el país andino está dispuesto a pasar página de Evo Morales y de dos décadas de gobiernos de izquierdas, pero lo único que parece claro es que, por primera vez, habrá una segunda vuelta, prevista inicialmente para el 19 de octubre.
Las encuestas aportan más dudas que respuestas. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga son los favoritos. Ambos lideran las encuestas en un virtual empate técnico con entre el 20 y el 25% de los votos, insuficientes para lograr la victoria en primera vuelta, que requiere de la mayoría absoluta o de superar el 40% con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Bolivia desea y necesita salir del marasmo político y gubernamental en el que está sumida. Pero hay muchas incógnitas. La primera, la desintegración del Movimiento al Socialismo (MAS), que fue la base ideológica y electoral de Evo Morales (2006 y 2019) y de Luis Arce (2022-25).
La popularidad de Arce es tan baja que decidió no presentarse a la reelección. El que fuera el ministro de Economía y factótum de la bonanza financiera en la época Morales ganó de manera sorprendente las presidenciales de 2022, pero todo el rigor que simbolizaba se ha difuminado en los últimos años con una inflación galopante (del 24% interanual en julio), la drástica reducción de producción de gas natural y la escasez de divisas. En lugar de Arce, el candidato oficialista es su exministro Eduardo del Castillo, a quien los sondeos le dan apenas un 2%.
No hay un favorito claro que pueda ganar en la primera vuelta y la izquierda intenta dejar atrás la época de Evo Morales
La situación se complica porque los sondeos previos reflejan hasta un 20% de indecisos y votos en blanco. Cualquier cosa puede pasar. Bolivia, inmersa en una multicrisis política y social, reclama soluciones económicas urgentes y parece dispuesta a pasar página, pero a la incertidumbre de los resultados electorales se une el recelo sobre si los aceptará el que fue el primer presidente indígena del país. Morales aspira a ser un Daniel Ortega boliviano y no se presenta porque la justicia lo ha impedido por haber ejercido la jefatura de Estado tres veces cuando la constitución lo limita a dos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA, TRANSICIÓN O TRANSFORMACIÓN
 
Diario Exterior de España (https://n9.cl/3bqguu)
 
Los resultados de las elecciones del agosto 2025 marcan un hecho trascendental, el país ha retirado del poder nacional al Movimiento al Socialismo, después de 20 años de un régimen autoritario que socavó los fundamentos de la democracia, procuró imponer el pensamiento único, manipuló la justicia para perseguir a quienes piensan distinto, destruyó las bases de la economía productiva y se corrompió en el ejercicio del gobierno. Este hecho y el presumible traspaso pacifico del poder a quien gane la segunda vuelta ya determina por sí mismo un hecho que se debe valorar en su importancia histórica.
Sin embargo, aún depende mucho del resultado de la segunda vuelta y del desempeño de la próxima gestión de gobierno para que el cambio que la gran mayoría de los bolivianos demanda sea duradero o se arriesgue a que “cambie todo para que nada cambie” mediante un nuevo populismo que bajo un manto de carácter democrático termine convirtiéndose en un tránsito hacía una mayor crisis económica y social que favorezca el retorno de quienes hoy han recibido el rechazo de la mayoría ciudadana.
Es comprensible que después de 20 años de gobierno del populismo estatista una parte de importante de la población, y especialmente sus dirigentes, miren con incertidumbre el futuro y procuren encontrar una opción con la que sientan más cómodos y les genere la ilusión de que podrán continuar recibiendo un trato más favorable del gobierno, tal cual los beneficios que tuvieron durante las últimas dos décadas.
Estos sectores, generalmente vinculados a distintos rubros de la economía informal generan empleo para la mayor parte de la población boliviana y, por lo tanto, son muy sensibles a distintas medidas sociales del estado con los cuales las gestiones del MAS lograron fidelizar su voto hasta que la gravísima crisis económica que el país atraviesa por la falta de dólares, las escasez de combustible y el incremente generalizado de los precios, pulverizara la confianza de estos sectores ciudadanos en el masismo.
Por ello, aunque muchos señalan que el apoyo de estos sectores al binomio Paz-Lara se debe a la búsqueda de una opción de renovación política, y seguramente hay una infinidad de razones por la que las personas coinciden en su voto, me parece que la mayoría de quienes componen este 32% de los votos validos corresponden a lo que podríamos llamar la “burguesía popular” y que si bien han sido sensibles a propuestas electorales como la eliminación de la aduana, la bajada de los aranceles, la disminución de los impuestos, créditos con tasas al 3% de interés anual, al mismo tiempo que se les ha ofrecido superar la crisis sin asumir mayores sacrificios económicos, al final del día, en su gran mayoría viven del trabajo diario y de negocios por cuenta propia por lo que tienen un razonamiento principalmente económico y no ideológico que los llevará a votar por quien les brinde mayor seguridad para sus actividades.
Igualmente, no se debe olvidar la suma de las candidaturas de Tuto, Samuel, Manfred y Pavel, superan el 50% de los votos válidos, lo que desmiente la afirmación de que el pueblo boliviano votó mayoritariamente por alguien “nuevo”. La verdad es más de la mitad de los ciudadanos votó por un cambio profundo con relación al modelo del masismo y esperan que en las próxima gestión no solo haya un gobierno con la capacidad de superar la crisis económica sino que pueda modernizar Bolivia, integrando a la diversidad y el pluralismo de los distintos pueblos que la componen, en el anhelo común de un país con una democracia plena que progrese y se desarrolle brindando oportunidades de prosperidad para el conjunto de los bolivianos.
Por ello no creo que debamos conformarnos con la promesa de una transición que signifique un populismo democrático o un “masismo light” puesto que la misma nos llevará rápidamente hacia mayores niveles de crisis económica y de malestar social, que, por el contrario, generará las condiciones para el retorno de quienes destruyeron la institucionalidad democrática, dividieron a la nación y causaron la actual crisis económica.
Bolivia necesita una transformación profunda que consolide una población mayoritariamente de clase media que tenga la posibilidad de vivir con libertad y seguridad para desarrollar sus emprendimientos y acceder a empleos sostenibles, lo cual solo se logrará con un nuevo modelo de estado plenamente democrático y una economía libre que impulse la prosperidad individual y colectiva mediante la producción y la integración competitiva en el mundo. Lograrlo es una responsabilidad compartida entre candidatos y ciudadanos para construir una mayoría ciudadana que libere a la nación de las políticas estatistas que nos atrasan y empobrecen como nación.
 
 
 
 
 
EMBAJADA DE VENEZUELA EN BOLIVIA ABRIÓ CONVOCATORIA PARA EL RETORNO DE MIGRANTES CON EL PLAN VUELTA A LA PATRIA
 
Venezuela News (https://n9.cl/i5umq)
 
La embajada de Venezuela en Bolivia abrió la segunda convocatoria para el retorno de migrantes que vivan en algún país de Suramérica a través del Plan Vuelta a la Patria. Así lo informó este jueves la Gran Misión «Vuelta a la Patria» aclarando que la iniciativa va dirigida a venezolanos en el extranjero.
Para ser beneficiado con el «Plan Vuelta a la Patria», los migrantes en Bolivia deberán hacer una carta de exposición de motivos. A su vez, presentar la copia de su documento de identidad.
Por otra parte, en el caso en que el adulto esté acompañado de un niño y este no posea cédula de identidad venezolana, deberá consignar una copia del acta de nacimiento.
Asimismo, en los casos en que el infante esté acompañado por un solo progenitor, deberá tener la autorización de viaje del otro padre o madre.
 
 
 
 
 
DEA SEÑALA COLABORACIÓN ENTRE MADURO Y GUERRILLAS PARA MOVILIZAR DROGA HACIA MÉXICO Y EEUU
 
El director de la agencia, señaló agregó que en lo que va de 2025 han "incautado más cocaína que en años anteriores"
 
La Paradoja de México (https://n9.cl/ceb1q)
 
El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés), Terry Cole, acusó este jueves a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.
“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los cárteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, aseguró Cole en una entrevista con la cadena Fox News.
Cole agregó que a pesar de que la administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han “incautado más cocaína que en años anteriores” y advirtió que “sigue en aumento” la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.
“La corrupción venezolana, la dictadura, es narcoterrorista, siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua quienes envían dosis a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.
Las acusaciones de Cole contra el gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”.
Decisiones y declaraciones que son emitidas, en medio de una polémica, por el despliegue de tres buques con cuatro mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Caracas, por su parte, aseguró que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

BOLIVIA. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SON IMPRESCRIPTIBLES

 

El golpe de Estado del 2019 inicia una etapa de desmontaje del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde ese momento el Sistema Judicial Boliviano da doctrinalmente un viraje manifiesto al ejercicio judicial liberal capitalista patriarcal, dando lugar al “patronaje doctoral” de la república colonial pasada, en busca de impunidades a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Huayllani, Senkata y El Pedregal, bajo el silencio e inacción de la asamblea legislativa y el ejecutivo, que no ejercen legislación y acompañamiento al artículo 111  de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y convenios internacionales.
Treinta y ocho asesinados, ochocientos heridos, mil quinientos detenidos, asesinato del periodista argentino Sebastián Moro, son invisibilizados por una gigantesca campaña de los medios de información y sus anexos (redes sociales), mostrando a las y los autores del genocidio como si estuvieran siendo procesados por delitos comunes, atentando contra nuestros pueblos en su memoria y verdad de haber sido víctimas de crímenes de lesa humanidad.
La verdad de nuestros pueblos es aquella que pretenden ocultar, mentir o maquillar. Bolivia sufrió un quiebre racista y misógino cuya base principal fue Cochabamba. Allí humillaron al mejor estilo de las juventudes hitlerianas (R.J.C) a la alcaldesa de Vinto, para infundir terror y miedo, se persiguió y golpeó a mujeres por su procedencia cultural, se rompió la constitucionalidad con el motín policial, se quemaron símbolos de nuestra plurinacionalidad. Esa es la verdad que pretende callar el fascismo que se instaló con el golpe de Estado del 2019.
La justicia es parte de nuestro ser como habitantes de estas tierras, como seres pertenecientes a culturas de paz, armonía y reciprocidad. Restaurar a las familias que perdieron a sus seres queridos ese fatídico noviembre del 2019 es un deber de nuestros pueblos.
La Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia llevo a cabo 208 jornadas los viernes en la plaza principal 14 de septiembre y estará en movilización permanente hasta que se haga justicia. (https://n9.cl/6lc6w9)
 
 
 
 
 
DERECHAZO
 
El resultado de las elecciones en Bolivia pateó un tablero en que el MAS tuvo hegemonía indiscutida por 19 años. Disputas internas y crisis económicas no terminan de responder la pregunta: ¿qué pasó?
 
Redacción Rosario de Argentina (https://n9.cl/vdng25)
 
En 2006, la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia no fue sólo un acontecimiento político de relevancia internacional por la constitución de un bloque latinoamericano –y latinoamericanista– que tuvo un intento de replantear el problema de la soberanía y del desarrollo –económico, pero no reducido a eso–. Tampoco fue sólo un acontecimiento simbólico, por la llegada a la presidencia de un dirigente de los sindicatos cocaleros, cuya pertenencia a los pueblos originarios no fue mera anécdota, e implicó la transformación de los ritos de legitimación de la institucionalidad republicana exportada de Europa: en las históricas ruinas de Tiwanaku, lugar de profunda significación para los aymaras, representantes de pueblos originarios de distintas regiones –no sólo los que habitan el territorio boliviano– ungieron a Evo de “guía espiritual” del país andino, y una anciana aymara le entregó el bastón de mando. En Tiwanaku dio discursos cada vez que fue reelegido, con mayorías abrumadoras. La llegada de Evo fue por lo menos un intento de cambio de paradigma –como señaló Enrique Dussel, filósofo argentino que escribió, imitando el gesto aristotélico, su Política partiendo de la llegada de Evo–, que a la recursión simbólica y las políticas redistributivas se le sumó la condición de laboratorio: no para exportar fórmulas aplicables universalmente, sino para poner a prueba otra forma de hacer las cosas.
La nueva Constitución, el Estado Plurinacional, el buen vivir, los intentos de construir una suerte de agregación de valor –o industrialización– teniendo entre ojos el problema ambiental evidentemente no tuvieron una resolución plena. Las elecciones del domingo 17 constituyen un hecho que difícilmente puede explicarse por la aparición de una derecha fuerte, ya sea por estruendosa –a lo Milei–, o por organizada.
En fin, los números son lapidarios: con una participación del 89 por ciento, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, quedó en primer lugar con el 32 por ciento. Irá al balotaje con Jorge Tuto Quiroga Ramírez –ex mandatario neoliberal e hijo político del dictador y luego presidente electo de Bolivia Hugo Banzer–, que llegó al 26,7 por ciento al frente de la Alianza Libre. Con casi el 20 por ciento, el tercer candidato fue Samuel Doria Medina, uno de los artífices de las privatizaciones de los 90, y dueño de la cadena de Burger King en ese país. Recién en el cuarto lugar aparece, con el 8 por ciento, el dirigente cocalero que viene del riñón del MAS, aunque se presentó con su propia alianza por fuera de la estructura partidaria: Andrónico Rodríguez. Quinto, con el 6 por ciento, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba que recién volvió al país durante el gobierno golpista de Jeanine Añez, luego de estar diez años bajo el asilo político en Estados Unidos. Y con el 3,16 asoma Eduardo del Castillo, con la firma del Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue ministro de gobierno durante la presidencia de Luis Arce. La ausencia de Evo Morales en la elección, inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional por haber gobernado tres mandatos, tuvo sin embargo una presencia importante. Evo no apoyó a ninguno de los candidatos, sino que llamó al voto nulo, que llegó a ser el 19 por ciento del electorado. En elecciones anteriores, en Bolivia los blancos y nulos no superaron el margen del 3 por ciento.
Según muchos analistas, el que tiene una posibilidad prácticamente indiscutida de ganar es Rodrigo Paz Pereira. A diferencia de los otros candidatos, esta es su primera postulación para presidente. Pero no es alguien que viene de “fuera de la política”. Recibido de economista y con una maestría en Gestión Política de la American University –Universidad privada de Washington D.C., afiliada a la iglesia metodista–, fue alcalde de la ciudad de Tarija entre 2015 y 2020, y es actualmente senador por Comunidad Ciudadana, partido de Carlos Mesa, histórico rival del MAS y quien compitió en las elecciones de 2020 contra Arce. Además, es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, y su abuelo era primo de Víctor Paz Estensoro, también ex presidente. Bajo la figura de una derecha “moderada”, Paz “combina postulados neoliberales con posturas más socialdemócratas y propone el concepto-oxímoron de «un capitalismo popular, un capitalismo para todos, no para unos cuantos»”, según las palabras de Gerardo Szalkowicz en su nota, publicada en Tiempo Argentino, “Lamento boliviano: el fin de una era, el candidato sorpresa y las lecciones para América Latina”.
El analista político Carlos Rosero indicó en una entrevista a La Nación que Paz es entendido como una “transición suave” de un ciclo dominado por el MAS, mientras que Quiroga –quien lo enfrentará en el balotaje– es visto como la opción más confrontativa: “Tuto Quiroga confrontó directamente con el MAS y con Morales y, si llega a la presidencia, va a buscar meter preso al expresidente. Pero Paz es una alternativa más conciliatoria”. La moderación es virtud cuando los intereses de las clases dominantes no se tocan.
Por otro lado, el senado no tendrá ningún representante de ninguno de los sectores que se desprendieron del MAS, y estará dominado por las distintas facciones derechistas que se impusieron en la elección. El armado de Rodrigo Paz Pereira, en este ámbito, también se quedó con la mayoría del senado, aunque necesitará negociar con los otros sectores para impulsar acciones legislativas.
Menos
Las elecciones no son un mero problema técnico. Algo de eso evidencia la experiencia boliviana. El porcentaje más bajo que había conseguido Evo Morales, allá por 2019, era del 47 por ciento, mientras que Carlos Mesa lo siguió con 36. No es intención de esta nota reconstruir en profundidad los hechos del golpe de Estado de 2019 –como ya se ha hecho en otras entregas de este semanario–, pero basta decir que aquella situación –más una cuarta reelección de Evo muy criticada desde sectores de la oposición, pero que también generaba ruidos internos– envalentonó a la OEA para acusar irregularidades en el conteo electoral que, luego de la presión de la Policía y del Ejército, llevaron a la renuncia de Evo.
Luego de poco menos de un año de gobierno de facto a cargo de Añez, plagado de movilizaciones, irregularidades y represiones cruentas como fueron las masacres de Sacaba y Senkata –a partir de las cuales Añez está cumpliendo cargos penales–, la vuelta del MAS tuvo como una de las condiciones la inhabilitación de la candidatura de Evo. Repetidas las elecciones en 2020, el sueño golpista se encontraba con la fuerza de lo que creyó haber destruido: Luis Arce, entonces candidato, ganó las elecciones con un contundente 55 por ciento, y Mesa, histórico rival, apenas consiguió poco menos que el 29 por ciento, menos que en las elecciones que desencadenaron el grito de “fraude” un año antes.
La pregunta, entonces, vuelve hacia nosotros: ¿cómo la fuerza mayoritaria, indudablemente hegemónica, durante 19 años en Bolivia, de repente no suma más que el 11 por ciento en una elección, partida en dos candidatos, y con su referente histórico inhabilitado para participar del comicio y orgulloso de haber conseguido el 19 por ciento del voto nulo al que llamó?
De líderes e internas
Una de las líneas a seguir tiene son las internas del MAS, que llevó a un enfrentamiento irreconciliable entre el presidente del partido, Luis Arce, y el referente histórico y principal figura popular de la “izquierda boliviana”, como la llama García Linera. Szalkowicz, en la nota de Tiempo Argentino, toma una postura contundente: “La preocupante deriva boliviana no tiene como causa principal los aciertos de las derechas vernáculas ni sus afanes golpistas ni la injerencia estadounidense, como en ocasiones anteriores. Fue pura implosión del MAS”.
Una nota de Página 12 firmada por Gustavo Veiga en julio de 2024, hace un repaso por esta interna que sacudió desde adentro uno de los movimientos políticos progresistas más fuertes en Latinoamérica desde el 2000 para acá. “Las hostilidades comenzaron cuando el golpe liderado por Jeanine Áñez ya era un trágico recuerdo. Hasta los últimos días de Morales en el poder, su entonces ministro de Economía decía: «Evo cumple lo que promete». Para muchos el artífice del llamado milagro boliviano, reconocía en su adversario de ahora, al líder absoluto del MAS. Pero algo empezó a romperse entre ellos. Y un nombre explica en parte ese distanciamiento.”
“Se trata de Eduardo Del Castillo, el actual ministro de Gobierno y funcionario clave en el gabinete de Arce Catacora. Joven integrante de la Columna Sur nacida en Santa Cruz de la Sierra y que acompañó siempre a Morales, se transformó en el blanco predilecto de Evo –después del presidente– desde que en agosto de 2023 denunció por narcotráfico al movimiento cocalero de Las Yungas (Departamento de La Paz) y al del Trópico de Cochabamba”, se lee en la nota de Página 12.
Como un desencadenamiento lógico, Eduardo Del Castillo resultó el candidato por el MAS, consiguiendo apenas el 3 por ciento. El título de la nota firmada por Veiga tiene un aire profético: “La interna del MAS puede autodestruir su propia obra”. Para García Linera, esta serie de peleas internas resultó siendo una “guerra fratricida”. El fratricidio, además, no es sólo del orden de la metáfora: Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de intentar asesinarlo el 27 de octubre de 2024, habiendo recibido disparos mientras estaba en una camioneta en la Ruta Nacional 4 de Bolivia.
Otra de las aristas de la interna tuvo que ver con la conducción del partido, en la que Evo perdió la presidencia ante el sector arcista luego de la intervención del Tribunal Supremo Electoral. Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero, fue presidente del senado durante toda la presidencia de Luis Arce –y aún lo es–, siendo oposición al gobierno del que formaba parte. Se perfilaba como el sucesor de Evo; varios medios lo llamaron el “delfín”. Sin embargo, no obtuvo el apoyo de Morales para la presentación de su candidatura por fuera del aparato partidario y, aunque le fue mejor que al Ministro de Gobierno, el 8 por ciento que consiguió no es más que una sombra de la hegemonía del MAS durante los últimos 19 años.
En entrevista con France 24 en Español, García Linera señaló: “Allí donde surgen líderes carismáticos en cualquier parte del mundo en momentos de crisis, como fue lo que sucedió en Bolivia en 2005, esos líderes carismáticos –Evo Morales en Bolivia, López Obrador en México, o Cristina Kirchner en Argentina–, son líderes que tienen una influencia perpetua en el campo popular hasta que mueren. Y Evo Morales, si bien ya no puede ganar elecciones, sin él tampoco se puede ganar. Esta es la paradoja de un líder carismático. Y en esta elección se ha mostrado que él es el líder de la izquierda, pero es un líder disminuido. En el futuro, cualquier reconstrucción de la izquierda, de un nuevo ciclo o una nueva fase de la izquierda, obligatoriamente va a requerir la presencia de Evo Morales. Quizás ya no a la cabeza de él, él ya ha encontrado un techo de la votación, pero evidentemente se va a requerir su apoyo. En este caso, la baja votación de Andrónico constató esto que digo”.
Más que instrumento electoral
Sin embargo, esta interna a cielo abierto, y el problema de los nombres y los líderes no es el único elemento que explica la deriva hacia este panorama. Javier Larraín –historiador chileno que vive en Bolivia y director de la revista Correo del Alba–, entrevistado por Gustavo Veiga en página 12, opinó: “Lo más profundo que tuvo el MAS como proyecto político fue la famosa agenda de octubre que la cumplió cuando accedió al gobierno Evo y consistía en la refundación del país, la asamblea constituyente, los hidrocarburos, todo eso pasó en 2011, 2012 y después hasta el 2014 siguió esa línea. Pero el último gobierno de Morales fue administrativo, sin relato, sin horizonte, el lema fue la industrialización, aunque no hubo algo que convocara, que tuviera una mística y eso provocó las diferencias intestinas que nunca fueron bien canalizadas”.
Carlos Flanagan, ex embajador uruguayo ante el Estado Plurinacional de Bolivia, en una nota de Correo del alba publicada pocos días antes de las elecciones bolivianas, también deslizó su planteo: “En primer lugar, la falta de cuadros políticos formados para la gestión de gobierno”. Señaló también como problemas lo que llama el “egocentrismo” de Evo Morales y le achaca responsabilidad en la división parlamentaria entre “arcistas” y “evistas”, en donde los últimos muchas veces habrían votado con la derecha. Y como último aspecto, “la llamativa debilidad de la política económica y financiera de Arce; máxime teniendo en cuenta su gran labor como ministro de economía en todo el período del gobierno de Evo Morales”. Para Flanagan, el principal problema es que el MAS-IPSP se convirtió en un mero instrumento electoral, y no en un partido que reproduzca su propia fuerza con cuadros y acción permanente y cotidiana.
Hacerse cargo
Álvaro García Linera comparte algunas posiciones con Sztulwark, pero tampoco reduce el problema a la implosión del MAS como interna a cielo abierto. En un artículo publicado en Página 12, Linera señala como principal causa del declive del MAS –pero también de la victoria de Milei– la falta de unas reformas de segunda generación. “Más de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en una década, las instituciones reservadas para rancias aristocracias se democratizaron y, en el caso de Bolivia, hubo una recomposición de las clases sociales en el Estado al convertir a los indígenas-campesinos en clases con poder estatal directo. Ahí radicó la gran fuerza y legitimidad histórica del progresismo. Pero también el inicio de sus límites; pues completada esa obra redistributiva inicial, ella comenzó a mostrarse insuficiente a la hora de garantizar la continuidad en el tiempo de los derechos alcanzados”.
Y en entrevista con France24, señaló en sintonía: “El principal elemento que ha modificado el sistema político en Bolivia es ante todo la crisis económica. Una crisis económica por un gobierno del MAS que no la supo controlar ni tomó medidas para remontarla”. Esta nueva generación de reformas, que para Linera pasan por construir una base productiva “expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura”, que garantice la continuidad de lo logrado en la redistribución inicial, y que incluya tanto al sector “privado, campesino, popular, como estatal”, y que “produzca para el mercado interno como para la exportación”, no es un planteo absolutamente nuevo ni original, e incluso se podrían argüir intentos de hacerlo.
El problema sigue siendo el cómo. Sin embargo, el esfuerzo autocrítico y de tomar responsabilidad histórica de los hechos políticos es central: “Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato”.
“Las extremas derechas, autoritarias, fascistoides y racistas, siempre han existido. Vegetan en espacios marginales de enfurecida militancia enclaustrada. Pero su prédica se expande, a raíz del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos, o a la pérdida de estatus de sectores medios. Y en cuanto a los que argumentan que la derrota se debe al «desagradecimiento» de aquellos sectores anteriormente beneficiados, olvidan que los derechos sociales nunca fueron una obra de beneficencia gubernamental. Fueron conquistas sociales ganadas en las calles y el voto. Por todo ello, sin excusa alguna, un gobierno progresista o de izquierdas pierde en las elecciones por sus errores políticos”, señaló Linera lapidariamente.
En la entrevista con France 24, demostró que esta operación no es solamente la del pesimismo: “Toca mirar hacia adelante. Ahí está, por ahora, temporalmente, el límite de la izquierda en Bolivia. Falta romper ese límite proponiendo nuevas reformas de segunda generación que permitan mayor democratización de la riqueza y un crecimiento sostenible en base a acciones productivas”.
Las preguntas sobre Bolivia parecen rebotar en preguntas por la situación latinoamericana en general, y por la construcción de una alternativa, llámese progresista, socialista, nacional y popular, peronista, pero que pueda torcer el rumbo de la situación. En ese sentido, alinear los patitos cada cuatro años para ganar una elección con el candidato que más mida, no garantiza nada. Porque las elecciones no son un problema técnico, y tampoco el momento vertebrante de la vida social general, quizás se trate de reconstruir un proyecto político con articulación desde y con las bases. Y de, una vez en el gobierno, no achancharse.
“El progresismo y las izquierdas están condenadas a avanzar si quieren permanecer. Quedarse quietos es perder”, señaló Linera. Sin eso, no hay posibilidad de enfrentar ni al capital ni al imperialismo. Y mucho menos de que todos podamos tener un buen vivir, como se proyectó en algún momento.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EL FIN DEL CICLO DEL MAS Y LA RECOMPOSICIÓN DE LA DERECHA
 
En la segunda vuelta no define el futuro de un proyecto democrático-popular, sino la forma en que la burguesía boliviana buscará recomponer su hegemonía tras el colapso del MAS. El centro liberal-populista y la derecha neoliberal son solo dos caminos distintos para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y campesinos.
 
La Izquierda Web de Argentina (https://n9.cl/8bkm23)
 
El resultado de las elecciones del 17 de agosto confirmó lo que ya se vislumbraba: el ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a su fin. Tras dos décadas de hegemonía, la leyenda de Evo Morales y Luis Arce obtuvo solo el 3% de los votos. La segunda vuelta se disputará entre Rodrigo Paz Pereira, senador de centro que capitalizó el voto de descontento, y el conservador Jorge «Tuto» Quiroga, representante de la vieja derecha neoliberal.
Esta disputa no expresa una victoria de la democracia o de la «renovación política», sino la profunda crisis del progresismo boliviano y la ofensiva de la burguesía en sus diferentes variantes.
La derrota electoral del MAS no puede interpretarse solo como resultado de errores coyunturales o disputas internas de liderazgo. Se trata, sobre todo, de la expresión de un proceso histórico más profundo: la reabsorción del ciclo progresista boliviano, que, a pesar de haber nacido de las jornadas insurreccionales de 2000-2003, acabó por consolidar un modelo económico dependiente y una forma política centrada en el caudillismo.
Lo que se presenta hoy es, en esencia, la crisis de un proyecto que nunca rompió con las bases del capitalismo semicolonial y que, por lo mismo, llevaba en sí los límites de todo Estado burgués.
Para entender un poco más sobre la formación social y política del país, remitimos al artículo Crítica del romanticismo «anticapitalista» (2003) de Roberto Saénz, donde se indica que: “Bolivia, sin haber llegado a constituirse plenamente como país capitalista (aunque lo sea en su forma dominante), ya está destruida. Esta es la tremenda contradicción que se vive en las entrañas de la crisis del país, lo que dio origen al desarrollo de las concepciones en boga en la vanguardia y en los movimientos sociales”.
El llamado “Proceso de Cambio” reveló, en sus primeros años, la fuerza de las masas trabajadoras, campesinas e indígenas que impusieron derrotas a la vieja oligarquía. Sin embargo, una vez institucionalizado bajo la dirección del MAS, este potencial fue reabsorbido por la lógica de la administración estatal de la dependencia.
La bonanza derivada de los altos precios de las materias primas permitió, por un tiempo, distribuir beneficios sociales y sostener una amplia base popular. Pero la ausencia de industrialización, de un plan energético a largo plazo y de ruptura con el capital extranjero resultó fatal: el colapso económico desgató la legitimidad política y abrió espacio a la fragmentación interna.
Esto no es de ahora, viene de la revolución de 1952, la cual dejó inconclusa la formación del país o, como decía el sociólogo Zavaleta Mercado, quedó a mitad de camino: “Se percibe con trazos nítidos (…) cuál fue el error central de la Revolución Boliviana. Para realizar tareas nacionales que en Europa fueron cumplidas por la burguesía, el proletariado cedió el aparato estatal a lo que más se asemejaba a una burguesía nacional, en un país donde ésta casi no existe: a las capas medias del frente de las clases nacionales (…) El fondo de todo es la frustración capitalista de la Revolución y de la propia Bolivia. Así, en Bolivia, el socialismo no es una elección, sino un destino; no es un ideal de iniciados ni siquiera una postulación, sino un requisito existencial (…) sin cuyo cumplimiento la nación no podrá ser efectivamente nación” (citado por Sáenz).
Esta reabsorción no significa, sin embargo, la desaparición de las fuerzas sociales que dieron origen al proceso. Lo que está en juego es la disputa sobre quién heredará el legado de las luchas pasadas y, sobre todo, cómo se administrará la crisis.
Entre un centro liberal populista reciclado y la vieja derecha neoliberal, la burguesía busca recomponer su hegemonía. Con el objetivo de desvelar las incógnitas presentes, a continuación explicaremos los conflictos vividos recientemente en Bolivia, analizando sus raíces económicas, políticas y sociales.
Interpretación política de las elecciones bolivianas (2019–2025)
Las tres últimas elecciones generales en Bolivia —2019, 2020 y 2025— expresan de forma condensada la trayectoria de ascenso, recuperación y colapso del MAS, partido que hegemonizó la política nacional durante casi dos décadas.
2019 – La crisis de la hegemonía del MAS
En 2019, Evo Morales buscó un cuarto mandato consecutivo. A pesar de obtener el 47% de los votos, la diferencia de poco más de 10 puntos sobre Carlos Mesa para ser declarado ganador de la primera vuelta fue muy ajustado y, debido a un “apagón” en el conteo de votos, las sospechas de fraude extendieron el descontento popular, específicamente en los centros urbanos.
El MAS nunca fue a segunda vuelta en las elecciones anteriores, pues siempre ganaron en el primer turno con más del 50% de los votos. La denuncia de fraude generó una explosión de movilizaciones y una ofensiva golpista de las Fuerzas Armadas, culminando en la renuncia de Morales. En este momento es cuando asumen el poder Añes, Camacho y compañía, hoy presos por golpistas. No obstante, este episodio marcó la primera fisura seria en la hegemonía del MAS y abrió una etapa de transición política inestable, en la que la derecha intentó recomponerse bajo la bandera “antifraude”.
2020 – El arrasador regreso
Un año después, la memoria fresca del golpe y la incapacidad de la derecha para estabilizar el país, favorecieron el retorno del MAS al gobierno. Luis Arce venció con el 54,7%, un resultado contundente que le dio no solo la presidencia en primera vuelta, sino también mayoría absoluta en el Congreso: 21 de los 36 senadores y 75 de los 130 diputados.
El MAS parecía recuperar su legitimidad y fuerza electoral, apoyado en el recuerdo del crecimiento económico de los años 2006–2014 y en el rechazo a la represión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Sin embargo, esta victoria ya escondía contradicciones: la economía estaba en crisis, la dependencia del gas y del litio se agravaba y el partido mostraba signos de burocratización, casos de corrupción y alejamiento de las bases sociales.
En este período, varios dirigentes se alejaron y crearon alianzas para disputar elecciones de forma independiente, como Eva Copa, que fue alcaldesa de El Alto en 2020, o Andrónico Rodríguez —Presidente del Senado y figura influyente en las bases aimaras, fue durante mucho tiempo visto como el heredero político de Evo Morales. Sin embargo, en 2025 rompió con el MAS y formó su propio partido, obteniendo el 8% de los votos.
2025 – Giro a la derecha, por búsquedas de alternativas ante la acumulación de insatisfacciones
Cinco años después, el escenario ha cambiado radicalmente. En las elecciones de 2025, el MAS sufrió un golpe de realidad: el candidato Eduardo Del Castillo, representante del partido, obtuvo solo el 3,17% de los votos, un resultado que apenas garantizó su permanencia legal en la contienda electoral.
Bolivia tiene uno de los regímenes más antidemocráticos de la región, ya que quien obtiene menos del 3% de los votos pierde su personería jurídica y, además, debe pagar una multa. No viene al caso explicarlo detalladamente en este momento, pero muchas familias burguesas ceden las personarías jurídicas a candidatos y, ante la posibilidad de pocos votos, muchos se retiran de la carrera electoral antes de las elecciones.
En esta ocasión, el MAS perdió los 21 escaños en el Senado y se quedó con solo 2 diputados. Mientras tanto, surgió un nuevo bloque político: Rodrigo Paz Pereira (PDC) y Jorge Quiroga (Alianza Libre), representantes de una recomposición conservadora, con el discurso de la modernización capitalista y de apertura pro-mercado. El centro y la derecha, divididos entre corrientes tradicionales y populistas, pasaron a disputar la dirección del Estado.
La implosión del MAS no es solo electoral. Ella expresa el agotamiento del modelo económico extractivista, incapaz de sostener la redistribución social en medio de la caída de los ingresos del gas, la estagnación de la industrialización y el creciente peso de la deuda pública. Además, refleja la fragmentación de las alianzas sociales que sustentaron a Morales y Arce: sectores indígenas, urbanos pobres y parte de la clase trabajadora migraron a otras opciones o se abstuvieron.
Colapso del modelo económico
La derrota del MAS no puede entenderse sin considerar el agotamiento del modelo basado en el extractivismo. Entre las materias primas, el gas natural generó buenos dividendos, pero también el litio y otros minerales. El problema es que una parte importante de estos ingresos se destina a importar hidrocarburos que el país no produce. Esta balanza comercial desequilibrada, agravada en los últimos años, desencadenó innumerables problemas y expuso la fragilidad política del modelo.
La nacionalización «parcial» de los hidrocarburos llevada a cabo por Morales en 2006, permitió una década de crecimiento sostenido por los altos precios internacionales. Pero, a partir de 2014, la caída de las materias primas, la reducción de la demanda de Brasil y Argentina, así como la ausencia de nuevas inversiones, revelaron sus límites.
Durante algunas décadas, Bolivia vivió una estabilidad sin precedentes, en parte sostenida por los precios internacionales del gas. Eso, sin embargo, quedó en el pasado.
Los gobiernos no invirtieron en infraestructura para garantizar el suministro de combustibles y, en la actualidad, los problemas vuelven a manifestarse. Del llamado «milagro boliviano» a la escasez solo hubo un paso.
No es solamente el diésel: su falta también desencadenó la falta de dólares, y el gobierno intenta restringir su circulación. En un país dependiente de la importación de insumos, este escenario fue terreno fértil para conflictos que no tardaron en llegar — en 2023, por ejemplo, hubo más de 200 días de bloqueos de carreteras.
Las reservas del Banco Central cayeron de 15.1 mil millones de dólares a solo 1.7 mil millones en 2024, prácticamente convirtiéndose en polvo. En 2010, Morales intentó eliminar los subsidios a los combustibles, que consumían cientos de millones de dólares anuales del presupuesto estatal. El decreto que elevó los precios —el llamado «gasolinazo»— fue revocado después de una semana de intensas protestas, uno de los momentos más críticos de su gobierno. Quedó claro que el MAS no tenía un «cheque en blanco»: sin refinerías, sin prospección petrolera y con dependencia de las importaciones, tarde o temprano el ciclo de bonanza se agotaría, arrastrando consigo los proyectos políticos construidos sobre él.
La ausencia de una política de hidrocarburos a largo plazo y la falta de inversiones estratégicas produjeron un grave desequilibrio de las cuentas públicas. Ni Evo ni Arce alteraron las bases de la dependencia boliviana: un capitalismo semicolonial atrasado, basado en la exportación de materias primas sin industrialización. Ese modelo no podría durar mucho. La política entreguista de sostenerlo llevó al país a un callejón sin salida, sumiendo a los gobiernos que se decían «socialistas» en una nueva crisis política, económica y social.
Este colapso erosionó la legitimidad del MAS. El partido, que nunca rompió con la lógica de la dependencia capitalista, se limitó a administrar el declive, resultando en la ruptura política con amplias masas populares, que ya no ven salida en el llamado «socialismo del siglo XXI».
Las elecciones de 2025 solo expresaron este fin de ciclo; sus raíces vienen desde años atrás, con la herencia de subsidios insostenibles, colas interminables y escasez de productos básicos, que fueron minando lentamente las bases sociales del movimiento.
La fractura política del MAS
La crisis económica se sumó a la disputa entre Arce y Morales, que dividió al partido en facciones rivales y paralizó cualquier perspectiva de unidad. Evo Morales se encuentra confinado en su bastión del Chapare —zona de cultivo de la hoja de coca (Erythroxylum coca), en el departamento de Cochabamba— para evitar ser arrestado, mientras que el presidente Luis Arce, quien legalmente ostenta la sigla del MAS, se hundió en las encuestas por no lograr revertir la situación económica del país.
Arce resistió las presiones para un «ajuste» económico, negándose a aplicar medidas ortodoxas hasta el final de su mandato en octubre. Esta decisión, sin embargo, no le trajo beneficios: el 88% de la población evalúa la situación económica como «mala», «muy mala» o «regular» —el peor resultado de la región— y el 87% expresa el deseo de seguir en una dirección «muy distinta» a la del gobierno actual. La crisis erosionó su base de apoyo y aceleró la descomposición del proyecto arcista.
Paralelamente, Morales, imposibilitado de postularse, convocó al voto nulo —que alcanzó el 19%— en un intento por preservar su influencia personal. Su capital político hoy se limita a disfrutar de un «voto duro» en el medio rural, especialmente en el Chapare, pero también con cierto apoyo en las periferias urbanas, sumando alrededor del 20%. Aun así, está muy lejos de sus números del pasado, tras perder a la clase media emergente que antes había sido uno de los pilares de su hegemonía.
Este desenlace ya había sido anticipado en agosto de 2023 por el exvicepresidente y principal teórico del llamado «proceso de cambio», Álvaro García Linera —quizás el único dirigente importante que se mantuvo al margen de la disputa fratricida en el campo indígena y popular. «Dividido, el MAS puede perder ya en la primera vuelta», advirtió.
Poco después, Andrónico Rodríguez, joven presidente del Senado y considerado por algunos como el heredero natural de Morales, reforzó el pesimismo: en un año «estaremos frustrados, decepcionados, exiliados y de repente presos».
En otras palabras, en la disputa fratricida, todos intentan apropiarse del legado del caudillo, pero sin la trayectoria histórica de Morales.
El MAS fue el partido más poderoso de la historia boliviana, producto de una rebelión popular que canalizó el descontento social hacia vías democrático-burguesas. Ese potencial fue un diferencial en la región. El grado de radicalidad de las jornadas de octubre de 2003 solo fue contenido con mucho trabajo de base en los movimientos sociales y por la concesión de beneficios que, hasta hoy, son reconocidos por amplios sectores populares. Pero Morales nunca tuvo un «cheque en blanco»: ya en 2016 sufrió la derrota en el plebiscito sobre la reelección, cuando ganó el No —resultado que fue posteriormente desconsiderado mediante una maniobra judicial que le dio una nueva oportunidad de postularse en 2019.
El analista político Fernando Molina, resume así la cuestión: la respuesta está en el carácter «caudillista» del sistema político boliviano. Se trata de una herencia antigua —primero precolombina, luego colonial— consolidada por la debilidad de las instituciones democráticas y por la llamada «empleomanía»: la dependencia de los cargos públicos como medio de ascenso social en un país con pocas empresas modernas y donde el 80% de la economía es informal.
En algunos aspectos, los gobiernos del MAS buscaron modernizar el país, pero las tradiciones políticas y culturales bolivianas son fuertes, y las transformaciones sociales se dan a largo plazo.
En este sistema, si el caudillo cae, toda la red cae con él. El líder es el significante que articula las demandas de sus seguidores, no solo políticas, sino también materiales. De ahí se derivan comportamientos típicos: la dificultad del líder para renunciar, la tendencia a eliminar rivales en disputas de «todo o nada», la resistencia a aceptar la alternancia o sucesión.
Entre 2006 y 2019, Evo Morales encarnó el movimiento indígena y popular, el modelo extractivista y redistributivo, el «Estado grande»; encarnó la “izquierda”, el nacionalismo e incluso la idea de nación. Fue él quien personalizó la hegemonía del «proceso de cambio». No faltaron los síntomas de culto a la personalidad: edificios e instituciones bautizados con su nombre (o el de sus padres), un museo en su ciudad natal, Orinoca, e innumerables títulos honoríficos —incluyendo, ya fuera de la presidencia, el de «comandante» del MAS.
Pero, tras su caída el 10 de noviembre de 2019, ese poder personal se disipó con el exilio —primero en México, luego en Argentina. El MAS volvió al poder en 2020 con Luis Arce, quien obtuvo el 55% de los votos en una contundente victoria electoral. Sin embargo, quienes regresaban no eran propiamente el «partido», sino un nuevo caudillo con su propia red, surgida en oposición al entorno evista.
Vale recordar que Morales apoyó abiertamente a Arce —su exministro de Economía y aliado de larga data—, pero la disputa entre los dos polos pronto emergió, explicando en gran medida la actual descomposición del movimiento.
Por otro lado, David Choquehuanca, vicepresidente de Arce y exministro de la era de Evo, en una posición relativamente aislada y apoyado solo por un círculo restringido de intelectuales de orientación «indigenista» o «indianista», enunciaba formulaciones de carácter idealista, como la metáfora del «cóndor que solo puede volar cuando su ala derecha está en equilibrio con la izquierda» (sic); o aún nociones vagas de «complementariedad» y «descolonización», carentes de contenido materialista e histórico.
Tales elaboraciones, en última instancia, expresaban una ideología conciliadora que, lejos de apuntar a la superación del capitalismo, permanecía dentro de los marcos de una perspectiva liberal y de adaptación al sistema.
Por su parte, los sectores opositores a Evo, al caracterizar su experiencia política como simple «evismo», tampoco ofrecieron un horizonte programático cualitativamente distinto. La crítica no se tradujo en propuestas revolucionarias, sino que permaneció en el mismo terreno de límites estructurales: la administración del Estado burgués. Así, lejos de una ruptura con el capital, el proceso de gobierno fue cediendo progresivamente espacio a la burguesía criolla, mientras que los sectores populares vieron restringida su participación y capacidad de decisión.
A pesar de las apariencias, el caudillismo es un fenómeno colectivo. La red de apoyo depende del líder para sobrevivir. Visto en retrospectiva, Evo Morales puede ser considerado una de las figuras más emblemáticas de la historia boliviana.
Esa lógica caudillista se mostró con claridad a finales de 2023. Cuando una sala del Tribunal Constitucional, asociada al oficialismo, prohibió a Morales participar en las elecciones, sus partidarios reaccionaron con bloqueos de carreteras en todo el país.
Fue el principio del fin del MAS como sigla. La intención de Morales de postularse en 2025 no fue aceptada por Arce, quien también buscaba heredar el aura de poder eterno. Como tantas veces en Bolivia, el estancamiento degeneró en movilizaciones y bloqueos: los evistas marcharon hasta La Paz para presionar al gobierno, mientras sectores ligados a Arce endurecían la represión.
Del lado gubernamental, la policía intentó capturar a Morales en una operación relámpago, pero fracasó. El episodio dejó claro que la disputa es total. Morales podría haber muerto en esa acción, un desenlace que habría dado contornos trágicos a la lucha fratricida. Confinado en el Chapare, protegido por su militancia cocalera, Morales sigue actuando desde la región, que desde hace décadas mezcla sindicalismo, política y lucha de clases.
Morales no desapareció físicamente, pero el gobierno busca borrarlo simbólicamente. La acusación de violación, amplificada por el aparato estatal, le causó un enorme daño político — lanzada no por interés en la supuesta víctima, sino como arma de desmoralización. La joven, lejos de ser protegida, terminó perseguida por la propia Fiscalía, obligada a vivir en la clandestinidad.
Su derrota más simbólica, sin embargo, fue perder su propio partido. En noviembre de 2024, la facción de Arce-Choquehuanca obtuvo el control legal del MAS gracias a una decisión del Tribunal Constitucional que ya había inhabilitado su candidatura. Morales perdió así la sigla que él mismo había fundado en 1997 y que le dio poder por más tiempo que a cualquier otro político boliviano.
Tal vez ahí resida la principal causa del fin de ciclo: no solo el desgaste económico y político, sino la implosión de la propia estructura que, durante años, canalizó e institucionalizó la fuerza de las masas trabajadoras, populares, campesinas e indígenas. Estas fuerzas no han desaparecido ni serán derrotadas fácilmente, pero ya no se reconocen como parte del MAS como antes.
De la crisis política y del golpe contra las organizaciones y movimientos sociales, sobrevivió con organicidad y capacidad de movilización el movimiento cocalero del Trópico de Cochabamba —precisamente la base social de Evo Morales, articulada en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico.
A partir de este espacio, el evismo aún conserva la posibilidad de recomponer un bloque popular y erigir un nuevo proyecto común. Sin embargo, lo esencial es comprender que esta recomposición solo podrá significar una verdadera reanudación del agonizante “Proceso de Cambio” si es capaz de romper con la lógica de conciliación con la burguesía y con los límites impuestos por el Estado capitalista, recolocando en el centro la independencia política y la autoorganización de los trabajadores y campesinos.
Rodrigo Paz: el heredero que viste la máscara de la renovación
La gran sorpresa de la primera vuelta electoral fue Rodrigo Paz Pereira, que saltó de las últimas posiciones en las encuestas al primer lugar, con el 32% de los votos. Su repentino ascenso fue interpretado como señal de «renovación», pero su trayectoria muestra lo contrario: hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), uno de los protagonistas de la política boliviana de los años 90, Rodrigo creció en el exilio, estudió Economía y Relaciones Internacionales en Estados Unidos y construyó su carrera entre el parlamento y la alcaldía de Tarija. Hoy senador, se presenta como «alternativa de centro» ante el colapso del MAS.
Su biografía revela, sin embargo, más continuidad que ruptura. El propio candidato, en un mitin, resumió: «Mi padre me enseñó que no hay futuro sin ternura con el pueblo». La frase, cargada de simbolismo, muestra que la novedad que Paz pretende encarnar está profundamente arraigada en el viejo sistema político burgués boliviano, del cual Jaime Paz fue una expresión acabada. Al igual que su padre, busca vestir un discurso conciliador, capaz de dialogar con sectores medios urbanos y con fracciones empresariales, presentándose como punto de equilibrio frente a la polarización entre evistas y arcistas.
El «capitalismo popular» de Rodrigo Paz
En el plano económico, Paz defiende la llamada «Agenda 50/50», que promete la redistribución del poder político, la reforma judicial y la descentralización estatal. Pero detrás de esa fachada democrática, su propuesta tiene un contenido liberal en lo económico, aunque se ubica al centro en lo político. Por ejemplo, declaró que aplicaría “un plan de estabilización, no de ajuste”. Su programa prevé:
• Cierre o congelamiento de empresas estatales deficitarias, retomando la vieja lógica de ajuste fiscal.
• Apertura a las importaciones, con reducción de aranceles y flexibilización de barreras comerciales.
• Estímulo al crédito privado, especialmente a través de microfinanzas y bancos comerciales.
• Reforma tributaria regresiva, prometiendo reducción de impuestos para pequeños y medianos empresarios, sin tocar los privilegios del gran capital.
El eslogan de campaña —“capitalismo para todos”— sintetiza bien la esencia de su proyecto. Se trata de un liberalismo populista, que busca seducir con promesas de crédito fácil, consumo masivo y redistribución aparente, pero que preserva los pilares de la dependencia económica. En otras palabras: el país sigue ligado al extractivismo (gas, litio, minerales), sin industrialización significativa, solo administrado con una cara más moderada o moderna.
Este modelo no rompe con el atraso estructural boliviano. Por el contrario, busca reciclar aspectos del recetario neoliberal en un discurso de «capitalismo inclusivo». En la práctica, significa garantizar al empresariado condiciones para ampliar sus beneficios, ofreciendo al mismo tiempo migajas de crédito y consumo popular como válvula de escape para el descontento social.
Base social y límites
Desde el punto de vista social, Paz logró capitalizar el voto de sectores medios urbanos cansados del MAS, de jóvenes despolitizados y de trabajadores urbanos precarizados, que ven en su figura una vía de salida «moderada» frente a la crisis. Su candidatura también atrajo a empresarios y comerciantes que rechazan tanto el radicalismo evista como la dureza neoliberal de Quiroga. El resultado fue una coalición electoral inestable, pero eficaz para llevarlo al primer lugar en la primera vuelta.
Pero la apariencia de «renovación» no debe engañar. Lo «nuevo» que Paz encarna es solo una adaptación de lo viejo. Su trayectoria personal y familiar muestra vínculos directos con la oligarquía política, y su propuesta económica no cuestiona la dependencia extractivista ni la sumisión al capital internacional. Así, su ascenso debe ser comprendido como expresión de la descomposición del MAS y de la necesidad de la burguesía boliviana de ofrecer un rostro renovado para administrar el mismo orden social.
El papel de Edman Lara y la ilusión popular
Si la figura de Rodrigo Paz transmite continuidad con la vieja política, fue su vicepresidente, Edman Lara, quien le dio a la fórmula la apariencia de novedad y frescura. Expulsado de la policía tras denunciar esquemas de corrupción, Lara construyó rápidamente una imagen de forastero honesto, alguien que «pagó el precio» por enfrentarse a la podredumbre institucional.
Transformado en un fenómeno en las redes sociales, especialmente en TikTok, Lara supo utilizar un lenguaje directo, cargado de moralismo e indignación, para atraer a sectores descontentos con el MAS. Su retórica anticorrupción, dirigida contra la «vieja clase política», resonó particularmente entre jóvenes urbanos precarizados, trabajadores informales y segmentos populares que perdieron la confianza, tanto en el progresismo como en la derecha tradicional.
Lara asumió el papel de portavoz de la indignación moral, actuando como canal para absorber la ira contra los escándalos y la crisis económica. Esa imagen le dio una enorme popularidad, convirtiéndolo en el verdadero motor de la campaña Paz-Lara. Mientras Rodrigo Paz hablaba de «capitalismo para todos» y se presentaba como un gestor responsable, Lara inflamaba multitudes con un discurso simple: «acabar con los corruptos».
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se trata de una válvula de escape controlada. La ira social, en lugar de transformarse en movilización independiente, fue canalizada hacia una candidatura burguesa, que solo ofrece un cambio de rostros para administrar el mismo sistema. Lara cumple, así, el papel de legitimar a Rodrigo Paz entre sectores populares, prestándole una credencial de «honestidad» que enmascara el contenido liberal de su programa.
La fórmula Paz-Lara logró, por lo tanto, unir el rostro moderado del hijo de la oligarquía con la imagen combativa de un outsider popular, construyendo una candidatura capaz de disputar tanto el electorado urbano de clase media como sectores significativos del voto trabajador cansado del MAS por las razones que marcamos anteriormente.
Pero esta combinación no representa una ruptura real: es solo una actualización de la política tradicional, que busca domar la insatisfacción social bajo nuevas banderas.
Entre el «nuevo» y el viejo sistema
A pesar de presentarse como «renovación», Rodrigo Paz lleva en su trayectoria marcas de continuidad con la vieja política boliviana. Su biografía y sus vínculos familiares lo sitúan en el corazón del establishment, y su carrera demuestra que estuvo lejos de ser un outsider.
Como senador, Paz fue aliado de Carlos Mesa, ex presidente y figura central de la oposición liberal al MAS, integrando articulaciones que buscaron presentarse como una «tercera vía» frente al evismo. En 2019, por ejemplo, participó en la Coordinadora de la Defensa de la Democracia, plataforma que, bajo el pretexto de garantizar «elecciones limpias», apoyó la ofensiva contra Evo Morales y terminó legitimando el golpe que llevó a Jeanine Áñez al poder, hoy presa por golpista.
Esta historia muestra que, lejos de representar una novedad independiente, Paz ya estuvo asociado a pactos que abrieron camino a la recomposición de la derecha tradicional. Su discurso actual de «capitalismo popular» solo refina esa trayectoria, ofreciendo una imagen modernizada y empática para el mismo programa de dependencia y ajuste.
Así, su ascenso electoral debe leerse no como la expresión de un nuevo proyecto político, sino como la respuesta de la burguesía a la descomposición del MAS: el camino fue poner un rostro fresco para administrar el orden capitalista. La victoria de Paz en la primera vuelta revela la forma en que el desencanto con el progresismo, principalmente en los centros urbanos, abrió espacio para candidatos que reciclan viejos esquemas bajo la máscara de la renovación.
Tuto Quiroga: la vieja derecha neoliberal a la espera de la revancha
El segundo lugar en la primera vuelta fue para Jorge «Tuto» Quiroga, con el 27% de los votos. Natural de Cochabamba, ingeniero industrial formado en Texas, Quiroga inició su carrera en el sector privado (IBM) antes de ingresar en la política por Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido del general Hugo Banzer —dictador entre 1971 y 1978 y presidente electo en 1997. Vinculado desde temprano a esta tradición, Quiroga fue ministro de Hacienda en 1992, vicepresidente en 1997 y, tras la renuncia de Banzer, asumió la presidencia entre 2001 y 2002.
Representa a la derecha clásica boliviana, la misma que las rebeliones de 2003 habían derrotado en las calles. Defensor de la ortodoxia fiscal y del alineamiento con Washington, su paso por el poder consolidó las reformas neoliberales. Derrotado por Evo Morales en 2005, intentó regresar en 2014 y 2020 —cuando llegó a renunciar a su propia candidatura en nombre de la «unidad de la oposición» al MAS.
En la campaña actual, Quiroga buscó capitalizar el desgaste económico y político del masismo, presentándose como un gestor experimentado y patriota. Su retórica se centró en dos ejes: la promesa de «rescatar a Bolivia de la venezuelización» y la cruzada contra el narcotráfico. Acusa a la legalización parcial de la hoja de coca de haber favorecido a facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), y defiende una línea dura de represión, subordinada a una agenda de seguridad alineada con Estados Unidos.
En el plano económico, su programa es un choque neoliberal clásico:
• recortes en los subsidios y un ajuste fiscal severo;
• privatizaciones de empresas estatales y apertura al capital extranjero;
• ampliación de la exploración de gas y litio en asociación con multinacionales;
• inserción de Bolivia en nuevos acuerdos de libre comercio con Asia y Europa;
• políticas ambientales subordinadas a las exigencias del mercado internacional.
Quiroga promete «revertir los retrocesos» de las dos décadas de gobierno del MAS, pero en la práctica propone profundizar la dependencia externa. Su plataforma representa la restauración del recetario neoliberal de los años 90, ahora legitimado por la crisis del MAS.
Sin embargo, Quiroga expresa directamente los intereses de la burguesía tradicional y del imperialismo. Su regreso a la segunda vuelta es una victoria simbólica de la vieja oligarquía, que busca volver al poder después de haber sido desplazada por las rebeliones populares de hace dos décadas. Para los trabajadores y campesinos, su victoria significaría más ataques a los derechos sociales y una mayor subordinación al capital extranjero.
Entre dos caminos de la misma clase
La segunda vuelta enfrenta a Rodrigo Paz, el liberal-populista de rostro renovado, y a Tuto Quiroga, la vieja derecha neoliberal. A primera vista, parecen proyectos distintos: Paz habla de «capitalismo para todos» y de descentralización, mientras que Quiroga promete disciplina fiscal y combate al narcotráfico. Pero, en esencia, ambos defienden la preservación del mismo modelo dependiente y extractivista.
Rodrigo Paz busca vender la idea de un «capitalismo inclusivo»: crédito fácil, impuestos más bajos para pequeños empresarios, descentralización administrativa y la ilusión de que el crecimiento puede beneficiar a todos. Su promesa es aliviar la crisis con medidas cosméticas, sin alterar la lógica estructural de la dependencia boliviana.
Tuto Quiroga, por su parte, propone un choque neoliberal clásico: recortes en los subsidios, ajuste fiscal, privatizaciones y entrega ampliada de los recursos naturales al capital extranjero. Su lenguaje es duro y su agenda no esconde su alineamiento con Trump y con las multinacionales.
El dilema que se plantea al pueblo boliviano no es entre renovación y experiencia, sino entre dos formas de administrar la crisis capitalista: un liberalismo de centro populista que busca domesticar la rabia social y un neoliberalismo ortodoxo que promete aplicar el ajuste sin disfraces. En ambos casos, el precio lo pagarán los trabajadores, campesinos y sectores populares.
Lo que está en juego
La segunda vuelta de octubre no representa una elección entre proyectos opuestos, sino entre dos variantes de la misma clase. Como expusimos previamente, Rodrigo Paz es un candidato de centro liberal populista de fachada inclusiva; Quiroga defiende un neoliberalismo clásico. Ambos significan ajuste (en formas e intensidades diferentes), más dependencia y ataques a los derechos sociales.
En la segunda vuelta no define el futuro de un proyecto democrático-popular, sino la forma en que la burguesía boliviana buscará recomponer su hegemonía tras el colapso del MAS. El centro liberal-populista y la derecha neoliberal son solo dos caminos distintos para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y campesinos.
Lo que está en juego no es solo una cuestión económica, sino de triunfos que fueron conquistados por la movilización social, en los que muchas veces el propio Movimiento al Socialismo estaba en contra de dar tantas libertades democráticas. Roberto Sáenz, en el texto citado al inicio, escribía que lo sucedido en octubre de 2003 hoy podría estar en peligro por las variantes que tomarán el poder: “Se trata – para decirlo desde el principio – de una cuestión absolutamente genuina, en la medida en que el Estado boliviano no es solo un Estado capitalista, sino un Estado de opresión racial blanca sobre la población originaria indígena de estas tierras. Por lo tanto, desde el marxismo revolucionario, es una tarea de primer orden reconocer el derecho de estas nacionalidades a la autodeterminación de manera incondicional» (Sáenz).
Las tareas de la izquierda
La derrota del MAS abre una nueva etapa histórica en Bolivia. El agotamiento del masismo, su incapacidad para romper con la dependencia y la transformación del partido en una arena de caudillos, revelan la necesidad urgente de una alternativa independiente.
“Una nueva perspectiva del socialismo revolucionario en el país no podrá ser construida sin levantar bien alto, desde la clase trabajadora, la bandera del libre e incondicional derecho a la autodeterminación nacional de las naciones originarias, en el marco de la lucha por una Bolivia verdaderamente multiétnica y multicultural, que, para nosotros, solo podrá ser una Bolivia Socialista, indisolublemente ligada a la lucha de los explotados y oprimidos de toda América Latina” (Sáenz, dixit).
Una lucha que el MAS se negó a realizar y boicoteó todo intento de formar un partido de los trabajadores. Hoy las posibilidades están abiertas nuevamente para conformar un movimiento del socialismo revolucionario que pueda dar voz a los trabajadores, campesinos e indígenas, para destruir de una vez por todas el capitalismo opresor, el cual algunos creyeron que podían transformar el capitalismo en algo «bueno».
“Este es el debate estratégico planteado hoy en el proceso revolucionario boliviano: ¿cómo restablecer el lugar central de la clase trabajadora en alianza con el resto de los explotados y oprimidos, después de la debacle de 1985 y el fracaso del proceso de la revolución de 1952? (…) En realidad, el desafío es hacer de los trabajadores el centro de una nueva alianza de los explotados y oprimidos para poner fin al capitalismo en Bolivia” (Roberto Sáenz, Crítica del romanticismo «anticapitalista», 2003).
Las tareas planteadas son claras:
• Reconstruir una herramienta política propia de la clase trabajadora, campesina y popular, que no se limite a administrar el capitalismo dependiente.
• Enfrentar la ofensiva neoliberal, que vendrá ya sea con el liberalismo de centro populista de Paz o con el ajuste ortodoxo de Quiroga.
• Retomar la perspectiva de un gobierno obrero, campesino, indígena y popular, basado en la autoorganización y movilización de las masas, y no en la conciliación con el capital.
Sin esta alternativa, Bolivia quedará atrapada en el falso dilema entre renovación y experiencia, cuando en realidad se trata solo de dos máscaras diferentes para el mismo orden social.
Entonces, en las elecciones del 19 de octubre de 2025 no ofrecen ninguna salida real para los explotados y oprimidos. Entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, no hay diferencia de fondo: ambos representan la continuidad de la explotación imperialista y del poder de las élites.
Por eso, llamamos a votar nulo —no como gesto de resignación, sino como mensaje claro de que el pueblo trabajador no se reconoce en ninguna de estas alternativas. El voto nulo es un paso en la lucha por una alternativa de clase, socialista, indígena y popular.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: ENTRE LA PLURINACIONALIDAD Y EL RETORNO REPUBLICANO
 
La población boliviana ha dejado de priorizar los discursos refundacionales e identitarios para poner en el centro las demandas de gobernabilidad, reconciliación y recuperación económica.
 
EL Libero de Chile (https://n9.cl/1ow2c)
 
Las elecciones del domingo 17 de agosto en Bolivia marcan un punto de inflexión en la historia política reciente de ese país. Tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la figura de Evo Morales, se abre un nuevo escenario que no sólo refleja el agotamiento ciudadano frente a un modelo, sino también el regreso de la tradición republicana como posible horizonte político.
El ciclo inaugurado por Morales y el Estado Plurinacional pretendió inscribirse en la ola de refundaciones progresistas de inicios de siglo, acompañado de lo que se conoce como Neo Constitucionalismo Latinoamericano, impulsado fuertemente por el exvicepresidente García Linera. Constitucionalismo transformador en que Bolivia se presentó como vanguardista en la construcción de un nuevo pacto social. Sin embargo, la experiencia mostró que esa ampliación de derechos y la lógica identitaria no estuvo acompañada de una institucionalidad sólida que asegurara límites al poder, equilibrio de fuerzas y respeto a la alternancia democrática. La deriva del plurinacionalismo terminó por desbordarse en caudillismo, corrupción y polarización.
Frente a dicho escenario, el triunfo del candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz Pereira, en contraposición al histórico Jorge Quiroga Ramírez, expresa precisamente la voluntad ciudadana de cerrar ese ciclo y apostar por una salida institucional. La decisión mayoritaria del país deja entrever un giro político profundo: la población boliviana ha dejado de priorizar los discursos refundacionales e identitarios para poner en el centro las demandas de gobernabilidad, reconciliación y recuperación económica.
La experiencia boliviana resuena también en Chile, donde el primer proceso constitucional reciente, dominado por la promesa de una Constitución plurinacional, feminista y ecológica, naufragó en el plebiscito al no generar un relato compartido que convocara a la mayoría. Ese fracaso dejó en evidencia que los proyectos refundacionales, por muy ambiciosos en su lenguaje de derechos, terminan alejándose de la ciudadanía cuando no logran traducirse en certezas republicanas ni en un marco común de estabilidad.
Así, lo significativo es que Bolivia, tras años de confrontación y crisis, logra encauzar sus tensiones en un proceso electoral validado internacionalmente. En ello hay una lección clara para la región: América Latina no necesita nuevas refundaciones, sino el fortalecimiento de la república, con instituciones que limiten el poder y garanticen la convivencia democrática. La tradición republicana, más que los experimentos plurinacionales, es la que permite a los pueblos enfrentar sus crisis sin caer en la tentación autoritaria ni en el espejismo de proyectos que prometen todo y no consolidan nada.
 
 
 
 
 
OPINIÓN. BOLIVIA: UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA ÉLITE POLÍTICA TRADICIONAL
 
El futuro político del país andino aún está por definirse en esas futuras elecciones, pero hay dos interrogantes decisivos.
 
Montevideo Portal de Uruguay (https://n9.cl/ohdil7)
 
Los resultados electorales de Bolivia, más allá de las interpretaciones triunfalistas o fatalistas de cada lado del espectro ideológico, constituyen, primero, una señal de que las instituciones liberales del país andino aún cuentan con salud, y segundo, que la economía tiene un impacto tremendo en la configuración política del país.
En una especie de segunda oportunidad para la élite política tradicional boliviana, un expresidente (Jorge Quiroga) y el hijo de un expresidente (Rodrigo Paz) se disputan la segunda vuelta en Bolivia. Sin importar quién gane, lo que definirá el futuro político del país es cómo la élite política boliviana logre resolver los profundos problemas en el área económica y generar crecimiento e inclusión social.
De la inestabilidad crónica al ascenso del MAS
Estos problemas no son nuevos. Bolivia ha sido considerada uno de los países más pobres y políticamente inestables de América Latina. Según los datos registrados por el Cline Center for Advanced Social Research de la Universidad de Illinois, Bolivia tiene el dudoso privilegio de ser el país con más golpes de Estado de la región, con más de 40 desde el año 1947 (sumando tanto los fracasados como los exitosos). Individualmente, supera a cualquier país africano en esta categoría.
Durante los años 80 y 90, tras la salida de un período convulso marcado por dictaduras militares tanto de derecha como de izquierda, y una crisis económica, con hiperinflación incluida, gestada en el gobierno de izquierda de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el sistema político se articuló en torno a tres partidos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN, de orientación conservadora) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
Durante ese período, ninguno logró alcanzar mayorías absolutas —oscilaron entre el 20% y el 30% de las preferencias electorales—, por lo que las alianzas parlamentarias eran indispensables para gobernar.
No obstante, los malos resultados de las políticas de privatización a finales de los 90 y principios de los 2000 erosionaron esos modestos avances en estabilidad política. Esto favoreció el ascenso de Evo Morales, líder sindical cocalero, quien supo canalizar el voto protesta y la frustración con la élite política tradicional con su partido político Movimiento al Socialismo (MAS).
La victoria de Morales, con más del 50% de los votos en 2005, fue sorpresiva y representó la más contundente de la historia política reciente del país. Además, su legitimidad le permitió impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2009 y transformar el Estado boliviano, que pasó a llamarse Plurinacional, en un contexto que era especialmente favorable debido al boom de commodities impulsado por la alta demanda china.
El ciclo de hegemonía y caída de Morales
Las reformas ampliaron la representación indígena y extendieron el poder presidencial. El sistema judicial superior pasó a ser escogido por voto popular. Durante este periodo, la hegemonía de Morales fue total, y muchos politólogos han calificado su régimen como una forma de autocracia electoral o autoritarismo competitivo.
Sin embargo, el límite a la reelección indefinida resultó ser un escollo importante, que nos recuerda la importancia de las instituciones y su capacidad para moldear el comportamiento político. Morales intentó franquear esta barrera con un referéndum en 2016, en el que se rechazó su intento de habilitarse, pero luego el Tribunal Constitucional avaló su candidatura, lo que fue ampliamente cuestionado.
La crisis que puso a Morales fuera del poder se originó durante el conteo de los resultados en las elecciones de 2019. Después de una campaña complicada, cuando los primeros boletines señalaban una inédita segunda vuelta, se interrumpió intempestivamente la publicación del conteo preliminar. Al reanudarse, Morales apareció como ganador en primera vuelta, lo que generó acusaciones de fraude.
Un informe de la Organización de los Estados Americanos indicó irregularidades significativas, lo que desató una crisis política que culminó en su renuncia apoyada por altos mandos militares.
El MAS pareció deslegitimado, pero la mala gestión de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y la crisis económica de la pandemia le dieron nueva vida. Morales, impedido legalmente de competir, logró apadrinar la candidatura de su ministro de Economía, Luis Arce, quien resultó electo en 2020.
Sin embargo, la sombra de Morales se mantuvo. Su ambición de volver al centro político lo llevó a colisionar tanto con Arce como con el resto de su partido político, el MAS, al cual renunció finalmente en febrero de este año, después de incentivar protestas contra el gobierno e incluso soltar amenazas veladas de una posible guerra civil.
La fundación del nuevo partido, Evo es Pueblo, mostró la dimensión del carácter personalista y caudillesco de Morales, a pesar de que su exvicepresidente, Álvaro García Linera, siempre intentó venderlo como un representante de los movimientos sociales e indigenista que gobernaba bajo la premisa de “gobernar obedeciendo”.
Crisis económica, segunda vuelta y el futuro incierto
Durante la administración de Luis Arce se agravó la crisis económica: inflación entre 20% y 25%, escasez de combustible y dólares, reservas internacionales casi agotadas, y déficit fiscal cercano al 11% del PIB. La producción de hidrocarburos cayó drásticamente y Bolivia, a pesar de ser un importante exportador de gas, comenzó a depender cada vez más de importaciones. En este contexto, en junio de 2024 se registró un intento de golpe fallido por parte del general Zúñiga.
Finalmente, la crisis económica y política ha destruido la hegemonía de 20 años del MAS. Su colapso ha sido monumental: su candidato obtuvo solo alrededor del 3% y desapareció del Senado. Por otro lado, el voto nulo llegó alrededor del 18%, un récord impulsado por el llamado de Morales. Se convocó una segunda vuelta para octubre, algo inédito desde la instauración de la democracia en Bolivia.
El futuro político del país andino aún está por definirse en esas futuras elecciones, pero hay dos interrogantes decisivos. En primer lugar, si el nuevo gobierno será capaz de reordenar la economía y reactivar el crecimiento sin provocar tensiones sociales desestabilizadoras. En segundo lugar, cuál será el rol de Evo Morales, quien con su nuevo partido podría intentar recuperar protagonismo articulando, como en el pasado, la movilización social disruptiva con la participación electoral.
Que la élite política boliviana sea capaz de superar intereses de corto plazo para garantizar el futuro del país será crucial.
 
 
 
 
 
LA SEGUNDA VUELTA EN BOLIVIA SACUDE A LOS MERCADOS MIENTRAS RIVALES PRO-EMPRESARIALES BUSCAN EL MANDATO
 
Latinoamerican Post de EEUU (https://n9.cl/qqa5r0)
 
En una sorprendente sacudida de primera vuelta, dos rivales pro-mercado se enfrentan ahora para sacar a Bolivia de su crisis económica más profunda en una generación—dejando atrás un dominio socialista de veinte años y preparando el escenario para una segunda vuelta que podría redefinir alianzas en toda América.
Un guion de veinte años se da vuelta de la noche a la mañana
Para cuando el 95% de los votos había sido contabilizado, la aritmética que nadie esperaba ya se había impuesto. Rodrigo Paz, un senador de 57 años con respaldo del mundo empresarial, se había disparado al 32% de los votos. Justo detrás de él, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga alcanzaba el 27%. Ambos habían hecho campaña sobre reforma fiscal e inversión extranjera. Y ambos lograron lo que ningún opositor había conseguido desde 2005: sacar al otrora poderoso partido socialista gobernante de la carrera presidencial.
Esto se suponía que sería la coronación de otro candidato. El empresario Samuel Doria Medina, quien lideraba las encuestas iniciales con el apoyo del multimillonario Marcelo Claure, era proyectado como el favorito. En cambio, terminó en un distante tercer lugar, se retiró y respaldó a Paz—junto con su mensaje: “Terminen lo que empezamos.”
La historia detrás de los votos estaba escrita en escasez, alzas de precios y años de fatiga por la austeridad. Durante meses, los bolivianos hicieron filas para comprar combustible y vieron desaparecer alimentos básicos. La inflación alcanzó su nivel más alto en más de 30 años. Las reservas en dólares se redujeron. Los subsidios y controles cambiarios que alguna vez estabilizaron al país ahora lo asfixiaban. El viejo pacto había caducado. Los votantes, cansados de esperar, se aferraron a lo único que aún abundaba: el cambio.
Dos caminos hacia la reforma, una sola calle inquieta
La segunda vuelta es ahora una competencia entre dos versiones de urgencia.
Paz busca unificar los tipos de cambio fragmentados de Bolivia—donde el precio oficial se ha desviado significativamente del del mercado negro—y controlar la inflación sin recortar protecciones sociales. Su retórica está calibrada: firme pero inclusiva. “Austeridad,” dice, “tiene que significar eficiencia, no crueldad.”
El programa de Quiroga apuesta más fuerte por la extracción y la velocidad. Expresidente durante una crisis anterior, confía en que el litio sea la salida de Bolivia. Su plan es directo: atraer capital global, reactivar campos de gas inactivos y convertir rápidamente las mayores reservas de litio del mundo en ingresos. Donde Paz habla de cerrar la herida, Quiroga habla de reavivar el motor.
Los inversionistas, al menos por ahora, gustan de ambos. Los precios de los bonos subieron al saberse de una segunda vuelta entre reformistas. Pero el verdadero desafío no es la confianza de los mercados—es la paciencia pública. Quien gane heredará un presupuesto lleno de números rojos, un déficit creciente y un electorado ya desgastado por la escasez. Si uno de estos hombres no entrega un alivio rápido y visible, la luna de miel durará exactamente una semana.
Una izquierda destrozada y un Legislativo reescrito
Esto no fue solo una elección presidencial—fue un referendo sobre una era.
Por primera vez en dos décadas, Bolivia celebró una elección nacional sin Evo Morales en la boleta ni entre bastidores. Su sucesor, el presidente Luis Arce, optó por no postularse. El Movimiento al Socialismo, otrora una maquinaria política que moldeó el continente, se fragmentó en facciones, votos nulos y candidatos de un solo dígito. Andrónico Rodríguez, joven senador visto como heredero ideológico de Morales, obtuvo poco más del 8%. El candidato oficial del MAS apenas superó el 3%.
Y las pérdidas no se detuvieron ahí. En el Congreso, los demócrata-cristianos de Paz y la coalición Libre de Quiroga ahora poseen los bloques más grandes. El MAS, antes dominante, corre el riesgo de perder la mayor parte—si no toda—su fuerza legislativa. Eso significa que el nuevo presidente no tendrá que rogar por votos para aprobar reformas. Pero también significa que no habrá excusas. Los días de culpar al estancamiento se acabaron.
El frágil centro que ahora gobierna Bolivia tendrá que mostrar unidad rápidamente. Los objetivos económicos compartidos no siempre se traducen en cronogramas compartidos, especialmente cuando comiencen los ajustes cambiarios, los recortes a subsidios y las negociaciones de deuda. En este nuevo Congreso, el margen de error es mínimo.
De un boom a un colapso y a un reinicio
Para entender lo que está en juego, hay que retroceder.
Evo Morales llegó al poder en 2006, impulsado por un auge del gas natural que financió programas sociales, redujo la pobreza y dio a Bolivia una década de crecimiento sólido. Pero cuando los precios del gas se desplomaron después de 2015, el sistema se tambaleó. Los subsidios se dispararon, las reservas extranjeras cayeron y la moneda se volvió más difícil de defender. La inflación regresó. Y las mismas políticas que alguna vez parecieron protectoras ahora parecían asfixiantes.
Bajo Morales y Arce, Bolivia se apoyó en aliados regionales como Venezuela y Nicaragua, profundizó lazos económicos con China y mantuvo a Washington a distancia. Ahora, tanto Paz como Quiroga sugieren que es hora de cambiar de marcha. Ninguno habla de ideología. Hablan de financiamiento.
Ambos quieren una mayor coordinación con Estados Unidos, no por nostalgia sino por necesidad: la reestructuración de deuda, el acceso a mercados y el desarrollo del litio pasan por esos canales. Esa recalibración puede resultar dolorosa. Los votantes indígenas y rurales que hicieron del MAS una potencia no van a desaparecer. Siguen esperando empleos, dignidad y voz. Paz apela a la unidad; Quiroga a sus credenciales. Las próximas semanas pondrán a prueba qué tono convence más a los votantes.
El 8 de noviembre, el ganador no tendrá tiempo de saborear el momento. La inflación, la energía y los alimentos dictarán el calendario político. Los hospitales necesitan suministros. Las gasolineras necesitan combustible. La gente necesita una respuesta honesta sobre cuándo termina su espera.
 
 
 
 
 
LAS ELECCIONES EN BOLIVIA ABREN UN NUEVO ESCENARIO PARA LAS EXPORTACIONES DE GAS DE VACA MUERTA
 
I Profesional de Argentina (https://n9.cl/zbhrz)
 
La segunda vuelta electoral que el 19 de octubre definirá al nuevo presidente de Bolivia entre dos candidatos pro-mercado abre otro panorama para las pretensiones de los productores de gas en Vaca Muerta para llegar con sus exportaciones a la región en particular a Brasil. Tras la derrota histórica del Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas en el poder, el derechista y expresidente Jorge Quiroga (27%) y el senador Rodrigo Paz (32%) auguran un cambio de rumbo y el inicio de una nueva era en la política energética del país que podría alterar el rumbo de la industria del gas y sus relaciones con países vecinos, como Argentina y Brasil.
Un informe de la consultora internacional Rystad Energy, destacó que ambos candidatos "reconocen la amenaza inminente de la disminución de la producción de gas, se ven presionados a diseñar estrategias para impulsar la producción y prevenir una caída potencialmente devastadora de las exportaciones durante la próxima década".
Con una producción actual en torno a los 22 MMm3/día, las proyecciones sobre el declino de sus campos convencionales permiten prever que de no mediar un cambio fuerte de rumbo hacia comienzos de la próxima década estará por debajo de los 15 MMm3/d, lo que no sólo eliminaría los saldos exportables sino que convertiría a Bolivia en importador de gas.
Argentina ya no necesita el gas de Bolivia
La Argentina dejó de ser un comprador diario a Bolivia desde octubre del año pasado cuando se completaron las primeras obras de reversión del Gasoducto del Norte, y a partir de futuras inversiones tiene la pretensión de llegar a la demanda del sur brasileño a través de los ductos ociosos de Bolivia, tal como se concretó con las primeras exportaciones de prueba este año.
Para Rystad, a pesar de descubrimientos recientes como el yacimiento de Mayaya, el panorama a largo plazo es sombrío. En 2014, las ventas de gas representaron el 46,5% de las exportaciones totales de Bolivia, alcanzando los u$s6.010 millones, sin embargo, para 2024, esta proporción se había desplomado al 18,1% con u$s1.610 millones.
"Tanto Quiroga como Paz reconocieron la preocupación por la disminución de la producción de gas natural del país en sus propuestas de campaña. Si bien ambos candidatos buscan impulsar la producción de gas, sus enfoques para lograr este objetivo son distintos", consideró el trabajo que destaca que a pesar de diferencias de metodologías ambos anticipan un cambio de políticas.
La propuesta de Quiroga implica otorgar subsidios a los productores para incentivar el aumento de la producción, mientras que Paz aboga por una combinación de incentivos legales y fiscales, acompañada de una reducción de los subsidios.
Además, Quiroga apoya la inversión en energías renovables, reconociendo que aproximadamente el 70% de la generación eléctrica interconectada de Bolivia proviene de centrales termoeléctricas, que se alimentan principalmente de gas natural. Este gas, a su vez, compite con los mercados de exportación, ya que el mismo recurso se utiliza para satisfacer tanto la demanda interna como los compromisos internacionales.
Vaca Muerta y el mercado regional
Ambos candidatos presidenciales proponen recortar los subsidios en el mercado interno, donde el gas se vende actualmente a un precio significativamente menor que en las exportaciones. Considerando los precios de referencia de los últimos 12 meses, Bolivia vende gas a Petrobras en Brasil a un precio de entre 6 y 7 dólares por MMBtu, mientras que a nivel nacional el precio oscila entre 1,0 y 1,4 dólares por MMBtu, lo que evidencia una disparidad sustancial.
"Tanto Quiroga como Paz buscan impulsar las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, a la vez que mejoran el marco legal para atraer inversión extranjera y revertir la nacionalización del sector energético. Al crear un entorno empresarial estable, esperan incentivar a las empresas extranjeras a desarrollar las reservas energéticas del país, incrementando así la producción y las exportaciones de gas", consideró el trabajo.
Así el eventual éxito de los esfuerzos de Bolivia para aumentar la producción de gas podría tener un impacto significativo en sus socios regionales. "En el caso de Argentina, una mayor estabilidad en el sector gasífero boliviano podría proporcionar una ruta confiable para exportar gas a Brasil, pero también podría generar una mayor competencia por los volúmenes de exportación pretendidos".
Actualmente, los tres países forman parte de una mesa de negociación en la que se analizan no sólo las condiciones técnicas para alegir el mejor camino en que Vaca Muerta puede llegar a Brasil, sino los costos de ese largo periplo del gas argentino, para lo cual se puso sobre la mesa no sólo el precio del gas son el canon que Bolivia pretende cobrar por el transporte por sus gasoductos.
Mientras tanto, para Brasil, un aumento en la disponibilidad de gas boliviano mejoraría la seguridad del suministro a través del gasoducto Bolivia-Brasil, operado por Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil (TBG). Ese potencial aumento en la oferta podría ser capitalizado por agentes privados en Brasil, quienes ya han demostrado una tendencia hacia una mayor diversidad en la importación que conduciría a un mercado más competitivo y dinámico.
 
 
 
 
 
CANDIDATO BOLIVIANO PAZ DICE ESTAR «AGRADECIDO CON ESPAÑA», PAÍS DONDE NACIÓ EN EL EXILIO
 
Destino Panamá (https://n9.cl/1o48jj)
 
El candidato presidencial opositor de Bolivia Rodrigo Paz Pereira dijo en una entrevista con EFE que está «muy agradecido con España», país en el que nació durante el exilio de su familia, pasó parte de su infancia y donde, aseguró, tuvo un «aprendizaje extraordinario».
Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz nació en 1967 en Santiago de Compostela y pasó su niñez en varios países de Sudamérica debido a la persecución de los gobiernos militares contra sus padres.
El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) disputará el próximo 19 de octubre la segunda vuelta presidencial, la primera en la historia de Bolivia, frente al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.
«La relación con España está vinculada con mi señora madre que es de origen gallego, de Santiago de Compostela, y en esa vinculación siempre fue una familia que nos amparó mucho nos dio mucho respaldo», indicó Paz Pereira.
Rodrigo Paz fue la sorpresa de las elecciones generales en Bolivia realizadas el pasado 17 de agosto, ya que obtuvo el 32,06 % de los votos, por encima de Quiroga que alcanzó el 26,70 %. Este resultado también marca el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
«En uno de esos acontecimientos ninguno de mis dos padres no se podía hacer cargo de mi o de mi hermano Jaime y tuvimos que ir un tiempo a vivir con mis abuelos españoles en los cuales en Santiago de Compostela, fue un aprendizaje extraordinario», señaló Paz sobre su relación con España.
«Recién tomo conciencia de España a mis 8 o 9 años», agregó, tras relatar que su vida transcurrió entre al menos «diez países sudamericanos, en los que también se incorporaba España» durante sus viajes familiares.
Paz subrayó que él y su familia estarán «siempre muy agradecidos con España» porque fue «muy solidaria para la instauración de la democracia en Bolivia».
De su tiempo en Santiago de Compostela destacó que se volvió «muy devoto del tata Santiago», como se le llama en Bolivia al santo católico, al que relacionó con el campesinado y las áreas rurales del país andino.
Durante la entrevista con Efe también resaltó la influencia de su padre en su formación política: «La experiencia de don Jaime Paz es única, la relación es muy buena entre padre e hijo y es lo que más pondero», porque «desde niño he viajado la patria, he navegado la patria, es un aprendizaje de toda una vida».
Economista con estudios en relaciones internacionales, Rodrigo Paz ha ocupado diversos cargos en el sector público: fue diputado, concejal, alcalde de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente es senador por Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), aunque compite por la Presidencia bajo la sigla del PDC.
 
 
 
 
 
BOLIVIA. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SON IMPRESCRIPTIBLES
 
Kaos en la Red (https://n9.cl/6lc6w9)
 
El golpe de Estado del 2019 inicia una etapa de desmontaje del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde ese momento el Sistema Judicial Boliviano da doctrinalmente un viraje manifiesto al ejercicio judicial liberal capitalista patriarcal, dando lugar al “patronaje doctoral” de la república colonial pasada, en busca de impunidades a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Huayllani, Senkata y El Pedregal, bajo el silencio e inacción de la asamblea legislativa y el ejecutivo, que no ejercen legislación y acompañamiento al artículo 111  de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y convenios internacionales.
Treinta y ocho asesinados, ochocientos heridos, mil quinientos detenidos, asesinato del periodista argentino Sebastián Moro, son invisibilizados por una gigantesca campaña de los medios de información y sus anexos (redes sociales), mostrando a las y los autores del genocidio como si estuvieran siendo procesados por delitos comunes, atentando contra nuestros pueblos en su memoria y verdad de haber sido víctimas de crímenes de lesa humanidad.
La verdad de nuestros pueblos es aquella que pretenden ocultar, mentir o maquillar. Bolivia sufrió un quiebre racista y misógino cuya base principal fue Cochabamba. Allí humillaron al mejor estilo de las juventudes hitlerianas (R.J.C) a la alcaldesa de Vinto, para infundir terror y miedo, se persiguió y golpeó a mujeres por su procedencia cultural, se rompió la constitucionalidad con el motín policial, se quemaron símbolos de nuestra plurinacionalidad. Esa es la verdad que pretende callar el fascismo que se instaló con el golpe de Estado del 2019.
La justicia es parte de nuestro ser como habitantes de estas tierras, como seres pertenecientes a culturas de paz, armonía y reciprocidad. Restaurar a las familias que perdieron a sus seres queridos ese fatídico noviembre del 2019 es un deber de nuestros pueblos.
La Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia llevo a cabo 208 jornadas los viernes en la plaza principal 14 de septiembre y estará en movilización permanente hasta que se haga justicia.
 
 
 
 
 
BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ SE UNEN EN UN PROYECTO TURÍSTICO COMÚN: “CAMINOS ANDINOS”
 
Yahoo Noticias de España (https://n9.cl/wz10v)
 
Con el objetivo de posicionar a la Comunidad Andina (CAN), conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, como un multidestino turístico global, la Secretaría General de la CAN y las autoridades andinas de turismo lanzaron, en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, el proyecto «Caminos Andinos».
Con esta iniciativa se presenta la oferta turística de la subregión andina de manera integrada tomando en cuenta elementos como: la cultura, la naturaleza, la gastronomía, las comunidades ancestrales y rurales y las artesanías.
Para ello, se ha puesto a disposición la plataforma digital Caminos Andinos, en la que se presentan 16 «caminos» que están compuestos por 42 destinos entre los que se consideran tanto atractivos consolidados como otros poco conocidos.
En la web de Caminos Andinos los turistas podrán encontrar toda la información que necesitan para programar su próximo viaje como: accesos, monedas, clima, entre otros datos relevantes.
El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, recordó que los países andinos hoy representan el 1 % del flujo total de turistas internacionales.
«Esta cifra nos desafía y nos inspira. Este porcentaje no refleja ni nuestras capacidades, ni el potencial que poseemos como región. Con esta iniciativa aspiramos a transformar este panorama para diversificar la oferta turística. El turismo es un motor que puede dinamizar aún más nuestras economías y generar más empleo«, destacó.
En la misma línea, la ministra de Transporte señaló que busca acelerar la cooperación en materia de conectividad aérea y turismo: “La idea es ampliar rutas, promover nuevos destinos y garantizar que entre nuestros países estemos mejor comunicados por medio de la aviación. Pero también se trata de incrementar la capacidad de atraer turistas de Europa y de otras regiones de América”.
Y agregó: “La apuesta no es por un turismo depredador, sino por uno sostenible, que genere ingresos directos en las comunidades. Que el pescador, la organización ciudadana o comunitaria puedan ofrecer servicios de hotelería y experiencias culturales, sin que las grandes cadenas arrasen con las economías locales. La idea es que el turismo enseñe cómo viven las comunidades y contribuya a cuidar los territorios”.
De esa manera, se espera impulsar disposiciones andinas que permitan que más ciudadanos viajen por la subregión, lo que elevaría el porcentaje que representan del total de visitas en la CAN.
Cabe mencionar que, en 2024, la Comunidad Andina recibió aproximadamente 11,6 millones de visitantes no residentes.
 
 
 
 
 
BOLIVIA GESTIONA LIBERACIÓN DE CINCO POLICÍAS DETENIDOS EN CHILE ANTOFAGASTA DURANTE OPERATIVO ANTIDROGA
 
Radio Paulina de Chile (https://n9.cl/43kdk)
 
El Gobierno de Bolivia está gestionando la liberación de cinco efectivos de la Policía Boliviana que fueron detenidos en territorio chileno tras cruzar la frontera durante una persecución a un vehículo que transportaba droga.
El hecho ocurrió el pasado martes 26 de agosto en la región de Antofagasta y generó inmediatas gestiones diplomáticas por parte del Gobierno boliviano, que exige la pronta liberación de los uniformados.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, explicó que los uniformados formaban parte de una patrulla antidroga que realizaba labores de interdicción en la frontera entre Bolivia y Chile.
“En la persecución de nuestros efectivos a un vehículo que estaba transportando sustancias controladas hacia la República de Chile, el vehículo se detuvo por una nevada y se logró aprehender al conductor. Al interior se encontró marihuana y cocaína. En ese momento se acercaron carabineros de Chile, quienes les manifestaron que estaban en territorio chileno y procedieron a detener a nuestros efectivos”, indicó.
Junto a los policías, fueron retenidos también el vehículo oficial y las armas de reglamento empleadas en la operación. Las autoridades chilenas investigan las circunstancias del ingreso, mientras en Bolivia se sostiene que el traspaso de la frontera fue accidental y en el marco de una acción oficial contra el narcotráfico.
El Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, remarcó que los uniformados “solo cumplían con su deber” y que su labor fue parte de los compromisos internacionales asumidos en la lucha contra las drogas.
“Lo único que estaban haciendo era su trabajo. Estaban cumpliendo con su deber. Esperamos que en los próximos días sean liberados”, agregó Mamani.
 
 
 
 
 
EL GRAN ENGAÑO CONTRA VENEZUELA: LA GEOPOLÍTICA DEL PETRÓLEO DISFRAZADA DE GUERRA CONTRA LAS DROGAS
 
Fuser News de Venezuela (https://n9.cl/8zw60)
 
Durante mi gestión al frente de la UNODC, la agencia de la ONU contra la droga y la delincuencia, estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela. Simplemente no era necesario. La cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica, solo comparable con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Trump de «Venezuela como narcoestado», suena a una calumnia con motivaciones geopolíticas.
Pero los datos —los verdaderos— que surgen del Informe Mundial sobre Drogas 2025, la organización que tuve el honor de dirigir, cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración Trump. Una historia que desmantela pieza por pieza la invención geopolítica construida en torno al «Cártel de los Soles», una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta.
Venezuela, según la ONUDD: Un país marginal en el mapa del narcotráfico
El informe 2025 de la UNODC es clarísimo, lo cual debería avergonzar a quienes han construido la retórica que demoniza a Venezuela. El informe solo menciona superficialmente a Venezuela, afirmando que una fracción marginal de la producción colombiana de drogas pasa por el país rumbo a Estados Unidos y Europa. Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales.
El documento simplemente confirma los 30 informes anuales anteriores, que omiten el narcotráfico venezolano porque no existe. Solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela. Para poner esta cifra en perspectiva: en 2018, mientras 210 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela, Colombia produjo o comercializó 2.370 toneladas (diez veces más) y Guatemala, 1.400 toneladas.
Sí, leyeron bien: Guatemala es un corredor de drogas siete veces más importante que el supuesto temible narcoestado bolivariano. Pero nadie habla de ello porque Guatemala históricamente ha tenido escasez —produce el 0,01% del total mundial— de la única droga artificial que le interesa a Trump: el petróleo.
El Fantástico Cártel del Sol: Ficción de Hollywood
El «Cártel de los Soles» es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal organización antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea ni de casi ninguna otra agencia anticrimen del planeta. Ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico. ¿Cómo puede una organización criminal tan poderosa como para merecer una recompensa de 50 millones de dólares ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas?
En otras palabras, lo que se vende a Netflix como un supercártel es en realidad una mezcolanza de pequeñas cadenas locales, el tipo de delincuencia de poca monta que se encuentra en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, donde, dicho sea de paso, casi 100.000 personas mueren cada año por sobredosis de opioides que no tienen nada que ver con Venezuela, y sí con las grandes farmacéuticas estadounidenses.
Ecuador: El verdadero centro que nadie quiere ver
Mientras Washington levanta el espectro venezolano, los verdaderos centros del narcotráfico prosperan casi sin ser molestados. Ecuador, por ejemplo, con el 57% de los contenedores de banano que salen de Guayaquil y llegan a Amberes cargados de cocaína. Las autoridades europeas incautaron 13 toneladas de cocaína de un solo barco español, procedentes precisamente de puertos ecuatorianos controlados por empresas protegidas por funcionarios del gobierno ecuatoriano.
La Unión Europea ha elaborado un informe detallado sobre los puertos de Guayaquil, que documenta cómo «las mafias colombianas, mexicanas y albanesas operan ampliamente en Ecuador». La tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 45,7 en 2023. Sin embargo, rara vez se menciona a Ecuador. ¿Quizás porque Ecuador produce solo el 0,5 % del petróleo mundial y porque su gobierno no ha adquirido la mala costumbre de desafiar el dominio estadounidense en Latinoamérica?
Las verdaderas rutas de la droga: geografía vs. propaganda
Durante mis años en la UNODC, una de las lecciones más importantes que aprendí fue que la geografía no miente. Las rutas de la droga siguen una lógica precisa: proximidad a los centros de producción, facilidad de transporte, corrupción de las autoridades locales y presencia de redes criminales consolidadas. Venezuela no cumple prácticamente ninguno de estos criterios.
Colombia produce más del 70% de la cocaína mundial. Perú y Bolivia concentran la mayor parte del 30% restante. Las rutas lógicas para llegar a los mercados estadounidense y europeo son el Pacífico hacia Asia, el Caribe Oriental hacia Europa y, por tierra, Centroamérica hacia Estados Unidos. Venezuela, colindante con el Atlántico Sur, se encuentra en desventaja geográfica para las tres rutas principales. La logística criminal convierte a Venezuela en un actor marginal en el vasto escenario del narcotráfico internacional.
Cuba: El ejemplo vergonzoso
La geografía no miente, pero la política puede vencerla. Cuba sigue representando el modelo a seguir de la cooperación antidrogas en el Caribe. Una isla cercana a la costa de Florida, teóricamente es una base ideal para el narcotráfico hacia Estados Unidos, pero en la práctica está completamente fuera del ámbito del narcotráfico. He observado repetidamente la admiración de los agentes de la DEA y el FBI por las rigurosas políticas antidrogas de los comunistas cubanos.
La Venezuela chavista ha seguido consistentemente el modelo cubano en la lucha contra las drogas, iniciada por el propio Fidel Castro. Cooperación internacional, control territorial y represión de la actividad criminal. Ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás grandes extensiones de tierra cultivadas con coca y controladas por grandes delincuentes.
La Unión Europea no tiene intereses petroleros particulares en Venezuela, pero sí tiene un interés concreto en combatir el narcotráfico que asola sus ciudades. La Unión ha elaborado su Informe Europeo sobre Drogas 2025. El documento, basado en datos reales y no en ilusiones geopolíticas, ni siquiera menciona a Venezuela como corredor del narcotráfico internacional.
Aquí radica la diferencia entre un análisis honesto y una narrativa falsa e insultante. Europa necesita datos fiables para proteger a sus ciudadanos de las drogas, por lo que elabora informes precisos. Estados Unidos necesita justificación para sus políticas petroleras, por lo que elabora propaganda disfrazada de inteligencia.
Según el informe europeo, la cocaína es la segunda droga más consumida en los 27 países de la UE, pero las principales fuentes están claramente identificadas: Colombia para la producción, Centroamérica para la distribución y diversas rutas a través de África Occidental para la distribución. Venezuela y Cuba simplemente no figuran en este panorama.
Pero Venezuela es sistemáticamente demonizada contra todo principio de verdad. El exdirector del FBI, James Comey, ofreció la explicación en sus memorias posteriores a su renuncia, donde analizó las motivaciones inconfesables de las políticas estadounidenses hacia Venezuela: Trump le había dicho que el gobierno de Maduro era «un gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que tenemos que comprar». No se trata, entonces, de drogas, delincuencia ni seguridad nacional. Se trata de petróleo que sería mejor no pagar.
Es por tanto Donald Trump quien merece una recompensa internacional por un delito muy específico: «calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros».