BOLIVIA MERECE MÁS QUE SOBREVIVIR: MERECE FLORECER.

La historia no solo se escribe, también se canta, se baila y se vive en las calles. Sucre, la cuna de la independencia, se transforma en el epicentro del Bicentenario de Bolivia. La ciudad blanca se viste de rojo, amarillo y verde para recibir a autoridades nacionales e internacionales, y encabezar la agenda conmemorativa de los 200 años de la fundación de la República, proclamada el 6 de agosto de 1825. 

Vístete de fiesta. Saca el mejor traje que tengas, los hermosos zapatos que guardas sólo para la gala. Péinate. Usa ese perfume delicioso y celebra.
Hoy tenemos mucho para celebrar. Somos parte de las generaciones que están viviendo algo único en la historia: el bicentenario de Bolivia, que nació en Sucre el 6 de agosto de 1825.
Porque a pesar de tantos intentos de que el país no nazca, de que se quede sin grandes porciones de territorio, de haber sido quemado, saqueado, corrompido por el narcotráfico y las mil y una pesadillas que nos azotan a diario, aquí estamos festejando.
Somos los ciudadanos bajo el mismo cielo, trabajando, formando familias, emprendiendo, sacándonos la mugre y batallando para tener “el pan nuestro de cada día”.
Muchas naciones no pueden darse el lujo de tener 200 años de vida independiente.
Muchas naciones no pueden brindar el pan para sus habitantes.
Muchas naciones hoy, no son lo que eran hace menos de 50 años.
Y ahí está Bolivia. Para algunos un vejestorio de 200 años necesitado de una restauración urgente y darle un shot de botox que le quite, momentáneamente, las arrugas. Para otros, es una jovencita inmadura buscando el galán de turno para hacerlo presidente salvador, y después desecharlo porque no la escucha...
Para nosotros, es el lugar donde queremos vivir en paz, sin que nos molesten con la burocracia infinita, con los impuestos hasta por el aire que respiramos, sin las filas eternas para sacar fichita, sin toparnos todo el tiempo con ladrones descarados producto del juego político más despiadado.
Somos los que buscamos proteger el cielo azul del planeta, sus árboles, ríos, selvas y animales.
No somos acopaibaos, queremos aurita a un curucusí que ilumine el futuro cercano, al que lo vemos negrísimo.
Ahisingo tenemos la solución. Le damos un chancletazo al tojpi mal viviente, porque no todo pasa con llajua.
Aquisito estamos los viejenials y los changuitos con un mismo fin: dejar de ser la abeja mocochinchera, dando vueltas en un mismo sitio, sin finalidad alguna, para conseguir un objetivo común: sentir que vale la pena vivir.
Así llegamos a este bicentenario, con el corazón remendado pero latiendo fuerte, como una diablada improvisada en una plaza cualquiera. Con el alma cansada pero terca, como país que no se deja tumbar ni por su historia más oscura ni por sus verdugos disfrazados de salvadores. Aquí estamos, de pie, sacudiéndonos la desesperanza como quien se quita el polvo del camino.
Porque Bolivia no es solo un acta firmada en 1825. Es la mujer que carga a su wawa mientras vende gelatina en la esquina. Es el abuelo que aún cree que las cosas pueden cambiar. Es la profesora que, con tiza en mano, enseña a leer a niños que llegaron sin desayuno. Somos esa mezcla que nos vuelve enteramente bolivianos.
Y sí, a veces nos pasa que nos pica el ají del desánimo, que nos arde la injusticia, que quisiéramos salir corriendo. Pero no pues, aquí nos quedamos, aurita mismo, con ganas de ponerle hombro al futuro, aunque esté más enredado que trámite en ventanilla pública. Porque ahisingo puede estar la posibilidad de cambiar el guion.
Así que vestite de esperanza, ponete tu mejor tipoy, ajustate los sueños al cuerpo y caminemos juntos. No para celebrar solo lo que fuimos, sino para construir lo que seremos. Que no nos falte memoria, ni coraje, ni ganas.
Ya basta de bailar la coreografía impuesta por los mismos de siempre. Este bicentenario que nos agarre con memoria y dignidad. Que suene la banda y que el taquirari no sólo nos alegre, sino que nos despierte. Porque el futuro no se hereda: se conquista a pura convicción.
Ahisingo está la oportunidad. No esperemos milagros: seamos nosotros el milagro. Porque no todo se soluciona con un sillpancho, pero todo sabe mejor si se hace con amor por esta tierra.
Y si vas a pelear, que sea por algo noble. Si vas a gritar, que sea con razón. Y si vas a quedarte, que sea con la frente alta y el alma lista. Bolivia merece más que sobrevivir: merece florecer. (https://n9.cl/7ujg72)
 
 
 
 
 

DOS MIL CUATROCIENTOS MESES… ¡Y BOLIVIA SIGUE…!
 
A pesar de sus profundas fracturas históricas, de sus crisis cíclicas y de una perpetua sensación de provisionalidad institucional, Bolivia ha llegado a sus doscientos años de existencia. ¿Milagro político? ¿Persistencia del mito?
 
Mundiario de España (https://n9.cl/qo83q)
 
¿Es Bolivia un Estado inviable? La misma pregunta podía hacerse ayer, cuando el país cumplía un año de vida, en 1826… o cuando cumplía cien años, en 1925. Y en todos los años… Y como casi todas las preguntas de las ciencias sociales, esta tampoco halló una respuesta. Si la comparamos con Alemania o Canadá, Bolivia es un remedo de Estado; si la comparamos con Yemen o la República Democrática del Congo, es un país con instituciones y hasta se diría económicamente boyante. Todo depende de con qué se comparen las cosas. Pero como el ser humano tiene sus deseos puestos en lo mejor, el tenor de la crítica al Estado boliviano siempre giró en torno a la disfuncionalidad y a la artificialidad de la nación.
Los bolivianos creen que son únicos en cultura, en formas de organizarse, en cosmovisión, pero esa convicción de originalidad o singularidad folclórica, es generalmente una ilusión que resulta siendo solo un mecanismo de defensa ante la hostilidad que acecha afuera. Lo cierto es que muchos pueblos del mundo con historias traumáticas similares fueron acarreando las mismas manías y virtudes, las mismas creencias, los mismos errores. Todos los seres humanos quieren más o menos las mismas cosas: un buen nivel de vida y tranquilidad en la vida cotidiana. Y es ese deseo común el que hace que todos actúen de manera similar en función de contextos relativamente similares.
¿Qué historia creer? ¿La de Arguedas, que es una crónica de lamentos, una reseña morbosa pero también crítica y catoniana (moralista), sobre gobernantes inescrupulosos y viciosas masas gobernadas? ¿O la de los historiadores que quieren levantar la moral o, por lo menos, tienen una visión no tan pesimista del pasado? Probablemente ni la una ni la otra (o ambas). Porque no hay historia que esté desprovista de los prejuicios acumulados por su autor. Sin embargo, tal vez sea bueno rescatar el espíritu de la crítica del gran pesimista paceño para reconocer los errores que no son de quienes se llevaron la plata, ni de quienes invadieron el Pacífico, sino de aquellos otros —estos, a diferencia de aquellos, bolivianos— que no educaron al indígena cuando estuvieron en el poder, que robaron del Estado, que practicaron el racismo como forma de vida o que, levantando la bandera de los humildes, formaron nuevas élites tan despreciables como aquellas a las que habían derrotado.
Pero pese a todo, cumplir doscientos años, aunque a los tumbos y dando bandazos, en crisis y con corruptos en el Estado, no debería no celebrarse… Finalmente, preservar las fronteras (aunque invadidas y deformadas), una sola bandera (aunque cuestionada por algún régimen político) e instituciones (aunque en permanente ruina, sobre todo hoy) durante 2.400 meses, no es poca cosa… Teniendo en cuenta que hay Estados que están entre la unidad y la desintegración porque viven en sangrientas guerras civiles, Bolivia tuvo un recorrido relativamente heroico y pacifista. Sobre todo, heroico. Porque al lado de sus miserias está la historia de la lucha por la modernización, una historia que marchó a tropezones, pero que está ahí, innegablemente.
Sin embargo, ¿vale la pena creer en la pureza de la bolivianidad, cabe el orgullo de ser boliviano? ¿Vale la pena creer en tales mitos? Creo que sí y no… Sí, porque la nacionalidad es un sentimiento que arropa y otorga algún valor a la vida colectiva y hasta individual. Todos nos sentimos en casa cuando vemos una tricolor, el Cerro Rico o el Illimani. Todos, en algún momento, nos hemos sentido orgullosos de ser bolivianos, incluso por rebeldía. Y no vale la pena porque, si por un momento nos elevamos y vemos todo en clave de especie humana, las fronteras y los Estados son solo jugueteos del caprichoso espíritu de la historia, y pueden el día de mañana ser solamente parte del pasado, de la crónica de los siglos y milenios; como todo cambia, la Bolivia que hoy tenemos mañana puede haber dejado de ser. (Y ciertamente, en algún momento de la vida es saludable ver las cosas desde la perspectiva macrohistórica y de la trascendencia de las cosas en el largo arco del tiempo… pues esa perspectiva nos dota de algo de humildad.)
Pero no quiero terminar este texto con una nota de escepticismo. Son doscientos años ¡y Bolivia sigue…! En tanto el ser humano guste de mitos, los colores de la bandera significarán todavía algo importante en nuestras vidas, en nuestros hogares y en el proyecto común que quisiéramos formar. Por mi parte, debo reconocer que, como los seres humanos somos ambiguos y complejos, amo y odio este país, que lo odio y lo amo, con mucha pasión, por todo lo que es y me ha dado hasta ahora. ¡Felicidades, Bolivia!
 
 
 
 
 

A 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA, UNA CREACIÓN BRITÁNICA
 
Pedro Elías Aristeguieta, magíster en Historia del Mundo Hispánico, a propósito de cumplirse los 200 años de la fundación de Bolivia -el 6 de agosto de 1825- examina el papel de los intereses británicos en Latinoamérica
 
El Estímulo de Venezuela (https://n9.cl/7cm4x)
 
El 6 de agosto se cumplirán 200 años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, primera nación creada en Hispanoamérica una vez concluida la guerra de Independencia.
La creación de Bolivia amerita una reflexión profunda, ya que entre las razones que llevaron a su formación están las causas de que Hispanoamérica se fraccionara. Muy específicamente nos vamos a referir a la forma como los borbones, a través de un conjunto de reformas, trataron de superar la grave crisis que vivió España luego de la guerra de Sucesión concluida en 1713; a la influencia que tuvieron Francia y la Gran Bretaña durante el siglo XIX para debilitar a España y dividirla; a la decisiva actuación de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre como los líderes que emprendieron su fundación, y por último a la política divisionista que tuvo la Gran Bretaña durante su etapa como primera potencia del mundo entre 1700 y 1948.
Las reformas borbónicas originan conflictos en Hispanoamérica
En 1700 muere el rey habsburgo Carlos II sin sucesión, lo que trajo como consecuencia una crisis sin precedentes para la nación española. Tras una serie de enfrentamientos bélicos, negociaciones y arreglos entre las distintas casas reales europeas, las partes aceptan el acceso de Felipe V a la Corona, primer miembro de la casa Borbón en convertirse en rey de España.
Sin embargo, los tratados firmados en las ciudades de Utrecht, en los Países Bajos, y Rastatt, en Alemania, significaron un nuevo orden político en Europa: Austria, Holanda, Portugal, Saboya y la Gran Bretaña aceptaron la llegada de la monarquía borbónica a España a cambio de su separación total con Francia –no podían aceptar que la misma casa real gobernara en dos naciones– y la entrega por parte de España de buena parte de los territorios que poseía en Europa. Lo que significó el fin de su hegemonía en el planeta desde 1492 y que duró un poco más de dos siglos.
Atrás quedaba el extenso territorio español que llegó a tener unos 24 millones de kilómetros cuadrados.
Además de pioneros en cartografía y navegación, fueron creadores de la primera moneda referencial del mundo –el Real de Ocho– y del calendario gregoriano que aún es utilizado en el mundo occidental, fundadores del derecho internacional y organizadores de “El Galeón de Manila”, la primera ruta global. También fue la nación donde proliferaron artistas de la talla de Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Juana Inés de la Cruz, Francisco Suárez, El Greco, Diego Velásquez y Francisco de Goya por solo citar algunos genios que surgieron durante el llamado Siglo de Oro español, que en realidad fueron casi dos siglos de producción artística al más alto nivel. Fue además el país que vio nacer a san Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús.
Friedrich Hayek, académico austriaco y premio Nobel de Economía en 1974, dijo: “Los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados, como se creía, por calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la Escuela de Salamanca durante el Siglo de Oro español”.
Y quizás el más importante de sus legados es que los españoles llevaron al continente americano a ser heredero de la cultura grecorromana y tener como base fundamental la religión católica y el idioma castellano. España fundó en América cientos de ciudades, así como colegios, universidades, bibliotecas y hospitales. Fueron los creadores de un mestizaje cultural que transformó el mundo.
Buscando paliar la gravísima situación económica, social y política iniciada tras la llegada de los borbones, la Corona española, bajo la conducción de los reyes Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, emprende una serie de reformas intentando subsistir en medio de las calamidades: incorpora nuevos funcionarios buscando mayor eficiencia, emite nuevos impuestos y trata de impulsar el comercio para incrementar la producción y crea nuevas audiencias e intendencias en sus dependencias con la intención de aumentar el control de sus territorios.
En el caso específico de la América española acomete cambios militares al decretar la ordenanza de Milicias Provinciales, lo que permitió la creación de ejércitos americanos propios, ya que las fuerzas que defendían sus posesiones no podían seguir viniendo de la península.
Establecieron que el oro debía partir de América a través del puerto de la ciudad de Buenos Aires, por lo que la región del Cuzco se vio seriamente afectada. Crearon empresas como la Compañía de Honduras, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas o la Real Compañía de la Habana, cuyos objetivos eran centralizar el comercio entre la España americana y la España europea.
En materia territorial dividieron el viejo virreinato del Perú, creado en 1542, al formar el virreinato de la Nueva Granada en 1717, el virreinato del Río de la Plata en 1776, la Capitanía General de Venezuela en 1777 y la Capitanía General de Chile en 1778.
Estos cambios territoriales han traído a lo largo de los años innumerables conflictos y divisiones, ya que una vez desmembrada la unidad hispanoamericana y formados los nuevos Estados naciones cada uno interpretó a su manera los cambiantes límites territoriales, que hasta el día de hoy son dignos de debates y controversias. Son conocidas y estudiadas las terribles guerras surgidas entre Chile y Bolivia, Perú y Ecuador, Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, además de los incontables incidentes, algunos armados, entre Colombia y Perú, inclusive entre Venezuela y Colombia, por solo citar algunos enfrentamientos de los siglos XIX y XX.
Las reformas borbónicas dieron tímidos resultados económicos, pero crearon un terremoto institucional, un desencuentro entre las autoridades peninsulares y americanas quienes comenzaron a cuestionar las costumbres, leyes y procedimientos establecidos desde 1492. Las consecuencias no se hicieron esperar ya que fue creciendo en América un desagrado hacia todo lo que fuera español.
Los funcionarios empezaron a ser vistos como corruptos, burocráticos e ineficientes. Comenzó la resistencia del criollismo americano al perder beneficios y estatus adquiridos. El aumento de los impuestos causó estragos en la población. La ley de Intendencias dejaba a un lado a los funcionarios americanos, cuyas labores fueron asumidas por corregidores, regidores e intendentes peninsulares. Se generó un inesperado y mal concebido ascenso social producto de la formación de las milicias o ejércitos propios, y comenzaron a venderse, a partir de 1795, a través de la Real Cédula de Gracias al Sacar, los estamentos sociales.
Empezó a aparecer una mentalidad criolla, hasta ese momento desconocida, con una visión regional o localista. Comenzaron a fluir las ideas de la Ilustración, emitidas por autores como Descartes, Locke, Rousseau o Montesquieu. Proliferaron los defensores de las ideas libertarias que exigían derechos, igualdades, cambios sociales.
Ante la decadencia y las reformas emprendidas aparecieron las protestas y la búsqueda de cambios que pudieran revertir la dramática situación. Muy estudiados han sido los casos de Túpac Amaru II, de los comuneros y de Gual y España, principalmente.
Francia y el Reino Unido destruyen España
En 1807 las tropas francesas se proponen apresar a los reyes de Portugal, para lograr ese objetivo Napoleón Bonaparte y Carlos IV firman un pacto secreto, el Tratado de Fontainebleau, mediante el cual las tropas napoleónicas ocupan el territorio español en su tránsito hacia Lisboa. A cambio de ello España se quedaría con una parte del territorio lusitano.
Pero una vez que las tropas napoleónicas tomaron el control de España se negaron a salir de allí alegando que si lo hacían la Gran Bretaña los iba a invadir.
Esta acción no fue aceptada por los ciudadanos de a pie y el 2 de mayo de 1808 el pueblo madrileño se lanza a las calles a protestar contra la presencia francesa, comenzando así la guerra de Independencia. El Imperio británico, aunque enemigo desde 1588 de la Corona de España, se une a la causa independentista, ya que para ese momento era enemigo de las pretensiones hegemónicas de Napoleón Bonaparte, enviando un poderoso ejército bajo el mando de Arthur Wellesley, el mejor de sus generales. La nación española obtiene la victoria, los franceses se retiran de su territorio y el rey Fernando VII regresa a ocupar su cargo en 1814.
Ante la dramática situación de la España europea durante su guerra contra Francia se generó un vacío de poder en Hispanoamérica y una paralización del comercio que creó una hambruna colectiva. Eso desencadenó, a partir de 1809, una guerra civil entre bandos encontrados: los que aspiraban a la continuidad bajo la conducción española, los que se sumaban a los cambios políticos que surgieron con la creación de la Constitución de Cádiz de 1812, los que querían la independencia y los que proponían la autonomía. Un caos monumental.
El Reino Unido, muy consciente de la debilidad militar española, de su ruina económica, del descalabro social y de la inestabilidad política, decide destruir a su enemigo declarado desde 1588, cuando España es derrotada en su intento por tomar Inglaterra, por lo que apoya a los independentistas hispanoamericanos a través del envío de armas, buques y mercenarios a las rebeliones antiespañolas. Además brindaron apoyo logístico a través de sus posesiones territoriales americanas, principalmente Jamaica y Trinidad, y enviaron dinero para el sostén de sus tropas.
La guerra de Independencia hispanoamericana la ganaron los independentistas cuando las fuerzas militares y políticas de España se retiran de América. No pudieron soportar el debilitamiento ni el apoyo diplomático, logístico, financiero, estratégico y militar dado por el Reino Unido a los insurgentes.
Una vez consumada la independencia tras la batalla de Ayacucho (1824), la política imperial británica hacia Hispanoamérica siguió los siguientes principios: en primer lugar, evitar la anexión política de territorios de ultramar, el Reino Unido no quería tomar políticamente nuevos territorios; en segundo lugar, cobrar a cualquier precio las “ayudas” concedidas a los independentistas americanos, para ello extrajeron en forma inmediata las riquezas de Hispanoamérica sin generar ninguna clase de beneficio para la población, y en tercer lugar, desintegrar a Hispanoamérica. Mientras más atomizada estuviera menos posibilidad de reagrupación tenía España, por ello el Reino Unido dispuso la desmembración de la España americana. Divide y reinarás.
El historiador Carlos Marichal Salinas señala: “Entre 1819 y 1825, por ejemplo, Charles Ricketts, cónsul británico en Lima, informaba que barcos de guerra ingleses se habían llevado oro y plata del Perú por valor de 27 millones de pesos. No se conocen estadísticas precisas sobre las exportaciones de metales preciosos desde otros países latinoamericanos, pero el efecto fue el mismo en todas partes”.
El Imperio británico aprovechó la coyuntura política y la ruina económica peninsular para desarrollar su expansionismo colonialista y, bajo una máscara de neutralidad, lleva adelante empresas militares privadas con un flujo de hombres, buques y material de guerra en apoyo a los insurgentes.
El profesor Julio César González señala: “La rebelión de Hispanoamérica, con la formación de Juntas, estaba causada exclusivamente por agentes y militares británicos o hispanoamericanos “logiados” y formados en Londres contra su patria: La España ibérica y las “Españas” de América. Como hemos relatado, estas sediciones y rebeliones se hacían con recursos provenientes de Gran Bretaña. El papel diplomático del gobierno británico, así como el tráfico de buques, armas y el reclutamiento de tropas y oficiales, hasta la promulgación del “Foreign Enlistment Act of 1819”, fue determinante para los resultados de las campañas militares de los insurgentes hispanoamericanos, especialmente importantes fueron el papel de la Legión Británica en las campañas de Simón Bolívar, y el de las campañas navales de la escuadra de Lord Cochrane en apoyo a José de San Martín”.
Otros autores como John Gallangher y Ronald Robinson publicaron en la influyente revista The Economic History Review, en 1953, un importante artículo titulado “El Imperialismo del Libre Comercio” en el que señalan que la Gran Bretaña aplicó lo que se conoce como el imperio informal, con la expresa motivación comercial.
Sucre y Bolívar fundan Bolivia
El hecho de que toda Hispanoamérica se independizara al mismo tiempo confirma que las causas que llevaron a su fragmentación fueron producto de la decadencia española y el aprovechamiento británico, y no por las actuaciones descollantes de los libertadores tal y como nos lo indica el relato histórico que ha prevalecido. ¿O es que acaso Simón Bolívar participó en la independencia del antiguo virreinato de Nueva España, hoy México, o Chile, o Argentina?, ¿o José de San Martín venció a las tropas españolas en Guatemala o Venezuela? Nada de eso sucedió.
La independencia fue un hecho generalizado que sucedió al mismo tiempo en toda la América hispana, cada uno con sus particularidades. Fue un hecho inevitable ante la decadencia española y la política británica, primera potencia de la época, que imponía sus condiciones.
Los nuevos Estados naciones nacen en medio de una profunda inestabilidad política, con una economía paralizada, una infraestructura en el suelo y una descomposición social casi total. La duración del conflicto, casi quince años, y la crueldad de los bandos tuvieron consecuencias catastróficas. Desde el punto de vista demográfico, se estima que cerca de quinientas mil personas perecieron y una cantidad similar emigró, lo que significó un descenso poblacional de cerca de 10%. En el caso específico venezolano fue de 35%.
En medio del hambre, miseria, destrucción, paralización e inestabilidad, los nuevos líderes debieron enfrentar un conflicto iniciado en 1809 y que no desapareció con la guerra de Independencia, sino que continuó por ochenta o cien años más con una guerra civil prolongada.
Además, cada uno de los nuevos Estados tenía que soportar la inmensa carga financiera que suponía la cancelación de las deudas asumidas con acreedores británicos decididos a cobrarlas de inmediato. De esa manera los recursos quedaron en manos del capital británico, creando una nefasta dependencia comercial y financiera con esa nación.
Los británicos evaluaron la posibilidad de captar la extracción de los recursos naturales provenientes del centro minero de Sudamérica: la zona del Alto Perú. La ciudad de Potosí fue clave en la producción de plata que impulsó la economía del virreinato del Perú y de toda España durante dos siglos. Ahora había llegado el momento de que dichos recursos pasaran a manos británicas.
Pero el panorama político del Alto Perú era muy complejo. Su conflicto comenzó el 25 de mayo de 1809 cuando la Audiencia de Charcas, con sede en Chuquisaca (hoy ciudad Sucre, Bolivia), fue el escenario de un movimiento político conocido como la Revolución de Chuquisaca, uno de los primeros gritos libertarios de Hispanoamérica y considerado un hito en la historia de su independencia.
Ese día las distintas instituciones del gobierno hispánico en Charcas, tales como la Real Audiencia, el Arzobispado, la Universidad Mayor o la Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, lideradas por abogados y oidores de la Audiencia, depusieron a las autoridades peninsulares e instalaron un gobierno autonómico a través de la “Audiencia Gobernadora”. Esa tendencia se fue extendiendo por toda la región. El 16 de julio de ese año sucedió algo parecido en la ciudad de La Paz, el 9 de agosto en Quito, el 19 de abril de 1810 en Caracas, luego Cumaná, Margarita, Buenos Aires, Santiago de Chile…
El virrey del Perú, José de Abascal, envía a Chuquisaca un Ejército dirigido por el general José Manuel de Goyeneche a enfrentar a los rebeldes que promovieron los cambios políticos, fracasando en su intento. Por su parte, las autoridades del virreinato del Río de la Plata hacen lo propio al enviar un Ejército comandado por los generales Manuel Belgrano y José Rondeau, pero son vencidos en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. De manera que ni las autoridades del virreinato del Perú ni las de las Provincias Unidas del Río de la Plata pudieron controlar la situación presentada en la Audiencia de Charcas.
Esta confusa situación hizo que un grupo de patriotas se organizara en movimientos de guerrillas, lo que el historiador argentino Bartolomé Mitre denominó “republiquetas”, intentando imponer sus condiciones, creando una autoconciencia territorial y de gobierno, pretendiendo ser libres e independientes tanto de España, como de Lima y Buenos Aires.
De manera que las provincias que componían el Alto Perú (La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) se dividieron en tres corrientes políticas: los que aspiraban su anexión al Perú, ya que habían pertenecido a su virreinato desde 1542; los que querían mantener la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, ya que a partir de 1778 el rey Carlos III, a través de las reformas borbónicas, las incorporó a ese virreinato, y los que consideraban que debían ser independientes. Esto creaba una complicada situación jurídica interpretada por cada uno a su manera.
Simón Bolívar, quien para 1825 era la máxima autoridad del Perú y Colombia, tenía la idea de que dichos territorios le pertenecían a las Provincias Unidas del Río de la Plata ya que así estaba establecido para el momento en que comenzó el proceso independentista de 1809. Sin embargo, el mariscal Antonio José de Sucre tenía otra opinión.
Sucre le expone al Libertador: “Desde ahora si le advierto que ni usted ni nadie une a estas provincias de buena voluntad a Buenos Aires, porque hay una horrible aversión a ese vínculo. Si usted tiene idea de unirlas, puede decir a Buenos Aires que mande a un fuerte ejército para que lo consiga, pues de otro modo es difícil”. El cumanés le agrega que el camino debía ser el de la independencia, y que ya había dado pasos políticos para lograrlo.
Bolívar se molesta con el Mariscal y le expone: “Lo que a mí me hacía dudar, y por lo mismo no resolver, lo juzgó usted muy sencillo y lo hizo sin necesidad. Digo sin necesidad: primero porque el país no se había liberado; segundo, porque un militar no tiene virtualmente que meterse sino en el misterio de sus armas, y tercero porque no tenía órdenes para ello”.
El Libertador, luego de analizar el camino trazado por los británicos para crear un Estado independiente en la zona minera, decide apoyarlos. El 10 de julio de 1825 Bolívar, desde Cuzco, le expone a Francisco de Paula Santander: “Liguémonos de alma y cuerpo a los ingleses, para conservar siquiera las formas y las ventajas de un gobierno legal y civil… ¿Cómo hemos de existir nosotros si no nos ligamos a ellos?… La Inglaterra se halla en una progresión ascendente, desgraciado el que se le oponga, aún es desgraciado el que no sea su aliado o no ligue su suerte con ella. Toda la América junta no vale a una armada británica…”.
Bolívar se acoge a la idea de que la autodeterminación es la solución ideal, tal y como se lo planteó Sucre y lo pedían los británicos, por lo que solicita al cumanés que siga adelante. De esa manera, el 7 de febrero de 1825, Antonio José de Sucre firma el decreto mediante el cual se convoca una Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú, compuesta por diputados de las cuatro provincias, para decidir el destino de dicho territorio. Sucre le comenta a Bolívar: “Encuentro haber hecho un servicio al país, a Buenos Aires y a la América, con la convocatoria de esta Asamblea”.
Para la realización de la Asamblea comenzó un proceso de negociación entre el Libertador y las autoridades peruanas y bonaerenses. El gobierno de Buenos Aires envió al coronel Juan Antonio Álvarez Arenales, gobernador y capitán del Salta, para que presenciara las deliberaciones. Por su parte, el gobierno de Lima emitió la siguiente resolución: “Si verificada la demarcación, resultaren las Provincias Altas separadas de la República del Perú, el gobierno a quien pertenecieren le indemnizaría las costas causadas en emanciparlas”.
El Congreso del Alto Perú se instaló en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, con diputados de las provincias de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. La presidencia recayó en José Mariano Serrano, quien había tenido una destacada actuación en el Congreso de Tucumán (1816) que proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 6 de agosto de 1825, día del primer aniversario de la batalla de Junín, los 48 diputados que formaron la Asamblea firmaron la independencia de la República de Bolívar. El 3 de octubre de ese año el diputado potosino sacerdote Manuel Martín Cruz dijo: “Si de Rómulo derivó Roma: de Bolívar debe ser Bolivia”. Simón Bolívar ejerció como primer presidente de la naciente nación y Antonio José de Sucre lo sustituyó el 29 de diciembre del mismo año.
El 22 de enero de 1826, desde Oruro, Simón Bolívar le escribe a Antonio José de Sucre, entre otras cosas, que “la alianza con la Gran Bretaña es una victoria en política más grande que la de Ayacucho y si la realizamos, diga usted que nuestra dicha es eterna. Es incalculable la cadena de bienes que va a caer sobre Colombia si nos ligamos con la Señora del Universo, y yo estoy enajenado de gusto y contento al sólo pensar que podemos unir nuestro interés y nuestra política a la de la Gran Bretaña”.
Los bolivianos tienen a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Casimiro Olañeta, como los auténticos formadores de la patria. Pero detrás de la independencia de Bolivia se encuentra la mano aparentemente invisible de la diplomacia británica.
Tal y como lo señala el historiador argentino Martín Miguel Güemes Arruabarrena: “Allí se concentraba la ambición de poderes exógenos a la nacionalidad sudamericana. Independizada Bolivia, los viajeros ingleses revelaron las verdaderas intenciones de sus mandantes. Los designios disgregadores del Imperio británico, gestados por la pequeña logia que libertó Bolivia, encontraron su posibilidad cierta de explotar los minerales abandonados en largos años de enfrentamientos. La mentada pobreza boliviana, norteña, tiene su origen en esta explotación de los recursos naturales, por los hombres al servicio del Imperio anglosajón”.
No es por casualidad que Bolívar y Sucre se apoyaran en oficiales británicos para ejercer el gobierno en Bolivia. Prueba de ello es que se nombrara a Guillermo Miller gobernador del Potosí, ciudad del suroeste de Bolivia. Miller fue un oficial británico que combatió contra las pretensiones napoleónicas de hacerse de Europa. En 1817 emigró hacia América del Sur donde tuvo una destacadísima actuación durante la independencia de Chile. Luego fue nombrado edecán del general José de San Martín, participando en la guerra de independencia del Perú. En 1824, Simón Bolívar lo nombra general en jefe de la caballería independentista, grado con el que combatió en las batallas de Junín y Ayacucho.
El ejemplo de Uruguay
Otro caso ilustrativo de la influencia de los británicos fue la ejercida en la provincia Oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La misma había sido disputada por fuerzas portuguesas, luego brasileras y por las Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta que la diplomacia británica decide intervenir, logrando, el 28 de agosto de 1828, que se firmara en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz en la que el emperador del Brasil y el gobierno de la República de las Provincias Unidas declaran su voluntad de que la provincia de Montevideo (Cisplatina) se constituyera en un Estado libre e independiente.
En una de las partes del acuerdo se establece la garantía de la Gran Bretaña a la libre navegación del Río de la Plata por un lapso definido de tiempo. Sin restarle mérito a las actuaciones de los héroes independentistas José Gervasio Artigas y Juan Antonio Lavalleja por crear una conciencia nacional y el sentimiento charrúa, podemos decir que Uruguay es una creación británica.
Tal y como lo expresa el historiador brasilero Eugenio Vargas García: “Después de conquistada su independencia política y disueltos los lazos coloniales con España y Portugal, los países latinoamericanos ya no estuvieron sometidos en su historia al dominio de un imperio formal. Sin embargo, está muy difundida la idea de que en el siglo XIX la región estuvo bajo la órbita del imperio informal de Gran Bretaña, la potencia mundial con mejores condiciones para reivindicar en aquel entonces una posición de supremacía mundial”.
Y agrega: “La mediación interesada de lord Ponsonby (embajador británico en Buenos Aires) en la Guerra de la Cisplatina entre Argentina y Brasil, que resultó en la creación de Uruguay en 1828, además de ser un ejemplo de intromisión en los asuntos rioplatenses por la forma como fue conducida, ha sido un testimonio práctico del empleo de la táctica divide et impera, muy conocida en los imperios de todas las épocas”.
Algunos autores califican la intervención británica como de independencia tutelada. Sin quitarle méritos a lo realizado por los líderes criollos por crear dichas nuevas repúblicas, no dudamos en afirmar que la creación de Bolivia y Uruguay fue gracias a las actuaciones diplomáticas del Reino Unido, quien jugó un papel preponderante y definitorio en este complicado proceso independentista.
Divide y reinarás. La política británica
Entre 1700 y 1948 la primera potencia del mundo fue la Gran Bretaña, que llegó a dominar cerca de 30% del planeta. La Revolución Industrial la convirtió en la primera generadora de riquezas del mundo. A partir de entonces su política se basaba en la captación de materias primas, en la apertura de mercado de sus productos y en la destrucción de sus eventuales competidores.
El éxito alcanzado en la desintegración de Hispanoamérica sirvió como ejemplo y base fundamental de sus políticas. ¿Qué hicieron los británicos en Hispanoamérica a partir de 1815? Dividirla en diversos nuevos Estados, la atomizaron para destruir la posibilidad de la reunificación española. Luego extrajeron todas sus riquezas a la mayor velocidad posible, sin dejar beneficio alguno para sus habitantes.
Entre 1914 y 1918 Europa queda sumergida en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, donde los grandes vencedores fueron los británicos. No es casualidad que la consecuencia de esa pavorosa confrontación es que acabaron y dividieron cuatro grandes imperios: el Austrohúngaro quedó fragmentado en Austria, Hungría, Checoslovaquia, Ucrania Occidental, Polonia, Rumania, Montenegro y los estados eslovenos; en Rusia se fueron los zares, llegaron los bolcheviques y el país se dividió creándose Finlandia, Estonia y Lituania; en Alemania se fue el káiser y llegó la república; y el Otomano pasó a ser Turquía, Grecia, Bulgaria, Yemen, Bosnia y Qatar.
A partir de 1930 los británicos se dedican a dividir el Medio Oriente, creando Egipto, Argelia, Sudán, Emiratos Árabes, Omán, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria, Qatar, Bahréin, Yibuti, Irak, Arabia Saudita, Somalia, Israel y las Comoras. Lo que ha generado diversas fricciones, entre ellas un violento nacionalismo árabe, un perenne conflicto árabe-israelí y continuas disputas entre árabes, persas y turcos.
Lo mismo hicieron en India, la cual quedó dividida creándose Pakistán, Birmania y Sri Lanka. El historiador Dinyar Patel señala en un artículo publicado por la BBC de Londres, el 16 de junio de 2016, lo siguiente: “Casi nadie está enterado de la hambruna de Orissa (hoy llamado estado de Odisha) de 1866. Escasamente se menciona, aún en los tomos más extensos de la historia india. Habrá pocas, tal vez ni una sola conmemoración solemne. Sin embargo, la hambruna de Orissa mató a más de un millón de personas en el este de India… Aunque la hambruna no era un evento desconocido en el subcontinente asiático, sí aumentó en frecuencia y mortalidad con la llegada del gobierno colonial británico. La Compañía Británica de las Indias Orientales contribuyó a la destrucción de las otrora robustas industrias textiles indias, forzando cada vez más gente hacia la agricultura… En mayo de 1866, ya no era fácil ignorar la creciente catástrofe en Orissa… La asistencia fue muy poca, muy tardía, muy podrida. El pueblo de Orissa pagó con sus vidas el burocrático arrastrar de sus pies. Durante años una creciente generación de indios educados en Occidente sostuvo que el gobierno colonial británico estaba empobreciendo gravemente a India. La hambruna de Orissa sirvió como prueba contundente de esta tesis. Motivó al pionero nacionalista Dadabhai Naoroji a iniciar sus investigaciones de toda una vida sobre la pobreza india. Cuando la hambruna empezó a ceder a comienzos de 1867, Naoroji esbozó la primera versión de su “teoría de la sangría”: la idea que Gran Bretaña se estaba enriqueciendo literalmente de chupar la sangre vital india. Mientras en Orissa morían en masa en 1866, Naoroji se percató de que la India había exportado unos 100 millones de kilos de arroz a la Gran Bretaña. Descubrió un patrón similar de exportación masiva durante otros años de hambruna. ¡Dios Santo!, declaró Naoroji, ¿Cuándo termina esto?”.
La hegemonía británica en el mundo concluye en 1948 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, duró más de dos siglos y medio. Sin embargo, las consecuencias de sus políticas divisorias no se terminaron con el fin de la guerra, llegaron para quedarse. Bolivia es una prueba de ello.
 
 
 
 
 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA
 
Glash Tvatske.hrt.hr de Croacia (https://n9.cl/68tqh)
 
Bolivia celebra el bicentenario de su independencia como un país profundamente diverso, resiliente y en constante transformación. Muchas familias croatas se asentaron en Bolivia, donde se incorporaron plenamente a la sociedad boliviana - enfatiza la politóloga boliviana Mónica Calasich.
- Desde el 6 de agosto de 1825 en que se proclamó la independencia en la histórica ciudad de Sucre, Bolivia ha transitado un largo camino marcado por desafíos políticos, riqueza cultural y una geografía tan majestuosa como compleja.
La consolidación del Estado boliviano fue compleja y desafiante. Desde sus primeros años, enfrentó disputas internas, tensiones regionales y conflictos armados. Bolivia libró varias guerras que marcaron su historia y reforzaron su conciencia nacional, impulsando reformas institucionales y una identidad basada en la soberanía y el esfuerzo colectivo.
Bolivia cuenta con una estructura político-administrativa descentralizada. Está compuesta por nueve departamentos, subdivididos en provincias. Esta arquitectura institucional se fortaleció con la Constitución de 2009, que declaró a Bolivia como Estado Plurinacional y reconoció los derechos de los pueblos indígenas, sus lenguas, culturas y formas propias de organización - señala Mónica Calasich.
Bolivia tiene dos centros de poder fundamentales.
- Sucre es la capital constitucional, sede del Tribunal Supremo de Justicia y ciudad histórica. Mientras que La Paz es la sede de gobierno y capital administrativa, donde se encuentran los principales órganos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esta dualidad refleja el equilibrio entre historia, legalidad y centralidad política.
Más del 37 por ciento de la población se identifica como indígena, perteneciente a pueblos como los quechuas, aymaras, guaraníes y mojeños. Esta diversidad también se manifiesta en su geografía: desde el altiplano hasta la Amazonía, pasando por los valles y las llanuras del oriente.
La vocación productiva de Bolivia se expresa con fuerza en distintas regiones. La Paz, ubicada a más de 3 600 metros de altitud, se ha ganado el título de “ciudad maravilla” por su topografía, diversidad y dinamismo. Cochabamba es considerada “el granero de Bolivia” por su producción agrícola. Mientras que Santa Cruz, con más de tres millones de habitantes, se ha consolidado como el motor económico del país, destacando en agroindustria, comercio, industria y servicios que impulsan el crecimiento nacional - destaca la boliviana de raíces croatas.
La comunidad croata es muy activa en la sociedad boliviana.
- Una historia poco difundida pero valiosa es la de la comunidad croata en Bolivia. Los croatas llegaron principalmente a Oruro y Potosí a fines del siglo XIX, atraídos por la actividad minera. Posteriormente, muchas familias croatas se asentaron también en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se incorporaron plenamente a la sociedad boliviana, desempeñando un papel destacado. La diáspora croata ha dado insignes profesionales en todos los campos, así como empresarios, académicos y políticos que han contribuido al desarrollo del país. Esta comunidad ha promovido activamente reuniones culturales y ha mantenido vivas las tradiciones croatas, al tiempo que ha demostrado profundo respeto por los valores culturales bolivianos, construyendo un puente entre ambas naciones.
Soy testigo directa de esta experiencia. Politóloga de formación con una maestría en diplomacia, relaciones internacionales, seguridad y defensa, crecí en Bolivia y actualmente resido en Croacia. Desde niña, mi familia cultivó un profundo respeto por ambas culturas. Ser parte de una comunidad migrante significa también asumir un legado, un llamado a comprender la idiosincrasia de dos continentes. He tenido el honor de ser parte del grupo de fundadores de la Comunidad Croata de La Paz y he realizado estudios sobre migración y la diáspora croata.
Vivir en Croacia se siente como volver a nuestro otro hogar, orgullosa de ambos legados culturales. El legado de nuestros antepasados se reconoce en cada rincón y en cada rostro familiar y amigable.
Consciente de los desafíos de ambas pujantes naciones, hoy Bolivia se enfrenta a un nuevo siglo con la oportunidad de fortalecer su soberanía productiva y abrazar los cambios tecnológicos y ecológicos que definirán su porvenir. Desde las alturas de la ciudad maravilla hasta los valles fértiles y las llanuras del oriente, Bolivia celebra su bicentenario abrazando su historia, diversidad y potencial. Una nación que camina, con memoria y determinación, hacia su tercer siglo - concluye Mónica Calasich, boliviana residente en Croacia.
 
 
 
 
 

BOLIVIA, BICENTENARIO CON CRISIS ECONÓMICA Y DESESPERANZA
 
Lo que debería ser un motivo de festejo, cumplir doscientos años lo amerita, es, en realidad, un infortunio, pues los bolivianos nos encontramos atrapados por una banda delictiva; sufriendo una crisis económica, y con una población que ve su futuro desvanecerse.
 
Panam Post de Panamá (https://n9.cl/6iye1l)
 
En los años 90, producto del programa de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia se consolidó como un punto estratégico en el mercado energético internacional. Penosamente, en esa misma época, la sombra negra del Socialismo del Siglo XXI comenzó sus operaciones desestabilizadoras en el país.
Los piratas del asfalto dirigidos por Evo Morales, Oscar Olivera, Roberto de la Cruz y Felipe Quispe, pero apoyados por Cuba y Venezuela, ensangrentaron Bolivia con la Guerra del agua, febrero y abril del 2000, la Guerra de la coca, enero del 2002 y, finalmente, con la Guerra del gas, octubre 2003, que significó el derrocamiento de Sánchez de Lozada.
Una vez consolidado el golpe de Estado, Carlos Mesa, quien fue presidente producto de su deslealtad a Sánchez de Lozada y sus acuerdos oscuros con los golpistas, empezó el proceso de desinstitucionalización del país. Primero, otorgando amnistías a todos los milicianos y pandilleros que habían participado en el derrocamiento, y segundo, habilitando una Asamblea Constituyente a favor de Evo y sus socios cubanos y venezolanos.
Evo resultó ganador de las elecciones del 2005, pero eso no fue un triunfo del movimiento indígena, como pretende hacer creer, sino la anexión de Bolivia al club de las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI. Perdimos la patria, perdimos la esperanza, perdimos la libertad.
Inmediatamente, Evo aplicó la receta del Foro de Sao Paulo: 1) desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, 2) centralización de la economía en manos del gobierno central y 3) modificación de la Constitución.
La industria del gas fue la primera que cayó en las garras del régimen. Los recursos que ingresaron al país por la venta de gas a mercados de Brasil y Argentina, bordearon los 47142 millones de dólares y no se realizaron inversiones por parte del gobierno de Evo Morales; se perdió una década de oro por el boom de los precios altos de las materias primas; sin embargo, Luis Arce Catacora, no se quedó atrás, siguió la obra de su antecesor y no hizo significativos descubrimientos, por ende, cayeron los ingresos del gas.
Pero no conformes con eso, a partir del 2014, asaltaron sin ninguna piedad los recursos de los bolivianos en el sistema financiero, 15000 millones de dólares; metieron mano a las jubilaciones de los trabajadores en las AFPS, 10000 millones de dólares, y dilapidaron las Reservas Internacionales, 15000 millones de dólares. Esas son las causas para que en este momento Bolivia se encuentre en una crisis por la falta de divisas y combustibles.
Pero la cosa no acabó ahí, en el año 2000, la deuda externa ascendía a 4460 millones de dólares y el PIB era de 8411 millones. Para 2005 la deuda se había elevado a 4941 millones, mientras el PIB se ubicaba en 9573 millones de dólares. El ascenso desmesurado se dio a partir de 2017, cuando la deuda con organismos multilaterales y bilaterales rozó los 10000 millones de dólares. De acuerdo las cifras del Banco Central de Bolivia, la deuda externa de mediano y largo plazo alcanzó los 13805 millones de dólares a junio de 2025. Dentro de los préstamos, los acreedores multilaterales son los más importantes, con el BID, CAF y Banco Mundial a la cabeza, mientras que China se destaca entre los bilaterales.
¿Cuáles fueron las consecuencias de todo ese derroche?
Los datos recientes de la firma Bloomberg indican que Bolivia presenta uno de los índices de riesgo más elevados de la región, con 1801 puntos, solo superado por Venezuela, que encabeza la lista con 2700 puntos. Al respecto, Juan Pablo Spinetto, experto en inversiones de Bloomberg, afirma: «La economía boliviana se encuentra al borde de una crisis sin precedentes, con riesgos inminentes de devaluación y default de su deuda externa».
En conclusión, lo que debería ser un motivo de festejo, cumplir doscientos años lo amerita, es, en realidad, un infortunio, pues los bolivianos nos encontramos atrapados por una banda delictiva; sufriendo una crisis económica, y con una población que ve su futuro desvanecerse.
 
 
 
 
 
BOLIVIA ¿ES UN PAÍS FALLIDO?
 
Diario Viral de Perú (https://n9.cl/jytgc)
 
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, en su último discurso por Fiestas Patrias dijo que “de no haber sido por su administración, Perú habría caído en el caos económico. Estaríamos en un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Venezuela o Bolivia, y otros tantos más…”.
Desde las épocas de las culturas Tiahuanaco y Colla, el incanato y en la conquista, Perú y Bolivia fueron una misma nación, hasta que llegó el dictador Simón Bolivar y dando rienda suelta a su egocentrismo creó un nuevo país, que era el Alto Perú, para bautizarlo casi con su nombre: Bolivia y se proclamó presidente de ese país.
A pesar de la división territorial, ambos países mantuvimos las mismas costumbres e incluso su hermanamiento nos llevó a afrontar la guerra del Pacífico, cuando Chile declaró la guerra a los bolivianos, por el tema del salitre. Los resultados son conocidos y es parte de la historia.
Justamente Bolivia mañana celebrara el bicentenario de su creación. Es un país que siempre ha vivido con varios golpes de Estado. Ha tenido 67 presidentes desde su fundación en 1825 hasta la actualidad. El primer presidente fue Simón Bolívar, y el último es Luis Arce Catacora. Además, hubo 82 gobiernos, entre constitucionales, interinos y de facto.
Todo estaba casi bien, hasta que llegó a la presidencia Evo Morales, quien gobernó desde 2006 al 2019. Nacionalizó los recursos naturales, como el gas y el petróleo, que generaron mayores ingresos para el Estado y permitieron financiar programas sociales.  Pero, como todo modelo estatista esto se acabó y llevó a ese país al caos económico, que actualmente sufre la población.
El 2009, Evo Morales cambió la constitución de su país, indicando en su artículo 1 que “Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”, la misma receta que Pedro Castillo pretendió aplicar en Perú, que felizmente se truncó con el golpe de Estado fallido.
Políticos de izquierda en nuestro país decían que Bolivia era el modelo del socialismo del siglo XXI, que era admirado por su crecimiento economico más alla del 4 %,  por el auge de la venta del gas a Argentina y Brasil, pero cuando se acabaron las reservas, empezó la gran crisis y debacle económico. La nacionalización de los yacimientos de petróleo corrieron la misma suerta. Bolivia compra del exterior el 50 % de su combustible, pero como no tiene reservas en dólares, no puede importar ese producto y en todo el país hay escasez de combustibles. Igual sucede con los alimentos.
El gasto público es del 80 % y la inflación llegará este año al 15.5 % , la más alta en Sudamérica, después de Venezuela (110 %) . Mientras que la inflación en Perú bordea hace muchos años en el 2 %, por la estabilidad monetaria y económica que nos da la Constitución.
La farra estatal acabó con el sueño de miles de bolivianos que creyeron en el socialismo del XXI que propuso Evo Morales y que llevó a la pobreza al 40 % de su población.
El 17 de este mes son las elecciones presidenciales donde los candidatos Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga tienen 21.5 % y 19.6 %, respectivamente, de intención de voto. Lo más probable es que Bolivia sea gobernada por ideas liberales dejando atrás 20 años de intervención estatal del partido del MAS de Morales. Tarea para el nuevo gobierno será de cambiar la constitución de 2009 y la eliminación del control político, institucional y militar del eje castrochavista.
Entonces, decir que Bolivia es un país fallido: no es así. No es una Venezuela, ni Cuba o Nicaragua. La emoción de la presidenta de deslindar públicamente por primera vez con los izquierdistas y socialistas del Perú, la llevaron a exagerar en su discurso.
Lo que ocurre en el vecino país que sea ejemplo para los peruanos.  Que todo lo que brilla no es oro. Que el desarrollo de un país se logra con inversión privada, que genera miles de puestos de trabajo y deja miles de soles en impuestos.
 
 
 
 
 
BOLIVIA SE DEBATE ENTRE UN BICENTENARIO DESLUCIDO Y UNAS ELECCIONES HISTÓRICAS
 
El Mostrador de Chile (https://n9.cl/ifmujn)
 
El próximo 6 de agosto, Bolivia celebrará su bicentenario de independencia. Sin embargo, lo que debería ser una fiesta encuentra al país sumido en una de sus peores crisis políticas y económicas en décadas. La fractura interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y la caída en la producción de gas han llevado a Bolivia al borde del colapso financiero, social y político.
Días después de este aniversario se realizarán las elecciones presidenciales (17 de agosto) y, de no haber mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará el 19 de octubre. Más que una celebración patriótica, lo que verdaderamente moviliza hoy a los bolivianos es este proceso electoral. En medio de un escenario económico incierto y caótico, las elecciones aparecen como una posible salida, una luz al final del túnel.
Ante el desencanto que rodea al bicentenario, el Gobierno se ha visto forzado a decretar feriado no solo el 6, sino también el 7 de agosto, para garantizar la participación popular. Pero ¿cómo festejar cuando falta gasolina, hay “corralito” y escasean los dólares?
La fractura del MAS explica gran parte de esta incertidumbre. Luis Arce llegó al poder en 2020 como heredero de Evo Morales, pero la alianza se rompió cuando el Tribunal Constitucional limitó la reelección indefinida, inhabilitando a Morales, quien además enfrenta varios procesos judiciales por presunta trata de una menor. Las filas del MAS, antes homogéneas, se han dividido entre “arcistas” (seguidores del actual presidente), “evistas” (fieles a Morales) y “andronicistas” (partidarios de Andrónico Rodríguez, otro líder de izquierda que en las últimas semanas parece haberse desdibujado como alternativa electoral real).
Evo, el viejo caudillo, se refugió en el Chapare cochabambino, donde aún conserva un núcleo duro de leales (cada vez más reducido, pero con alta capacidad de movilización y dispuestos a inmolarse por él). Su última escaramuza fueron trece bloqueos que paralizaron Cochabamba y otras regiones en junio de 2025, pero que terminaron pasando sin pena ni gloria. Los manifestantes exigían su habilitación y la renuncia de Arce. No lograron ninguna de las dos. Lo único que sí consiguieron fue agravar aún más la crisis económica.
Una crisis que tiene muchas explicaciones, pero cuya causa estructural más evidente es el desmoronamiento de la producción de gas (YPFB proyecta que en 2025 caerá a 29,53 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 45 millones de 2021). Una de las tristes paradojas bolivianas ha sido pasar de exportador a importador de hidrocarburos, lo que explica la escasez de dólares y combustible. En junio, la inflación acumulada alcanzó el 15,53% e importar diésel y gasolina le cuesta al Estado millones de dólares cada semana. El FMI estima que la deuda pública bordea ya el 95% del PIB y el déficit fiscal supera el 10%.
Con estas cifras, el país necesita medidas impopulares que, quien gane, tendrá que asumir de inmediato, especialmente la más ingrata de todas: eliminar o reducir la subvención estatal a los hidrocarburos. Ello implicaría un alza inmediata en el precio de la gasolina y una inevitable cadena inflacionaria y disminución aún mayor de la calidad de vida.
¿Quién podría ordenar este caos? Las encuestas muestran a los centroderechistas Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga a la cabeza, con aproximadamente 21% y 19% de respaldo, respectivamente. Aunque fueron aliados en el pasado, no lograron acordar una candidatura única y hoy se disputan el primer lugar. El tercer puesto se lo disputan Andrónico Rodríguez, candidato de izquierda en descenso, y Manfred Reyes Villa, representante de la vieja guardia y actual alcalde de Cochabamba.
Lo más revelador: a medida que pasan los días, no disminuyen los indecisos y aumentan los votos nulos y blancos. Morales insiste en considerar estos últimos como propios, ya que está haciendo campaña sistemática para captarlos. En una encuesta reciente, el voto residual (indecisos, nulos y blancos) suma un 34%.
En este contexto, la segunda vuelta parece inevitable, y pocos descartan una crisis poselectoral si el resultado es estrecho. Sea quien sea el ganador, no tendrá mayoría en el Congreso y deberá negociar cada reforma con un Parlamento profundamente fragmentado.
Desde Chile, lo que ocurre en Bolivia debería generar mayor preocupación. Compartimos fronteras, flujos migratorios, intercambios comerciales y desafíos comunes como la delincuencia organizada. Una Bolivia inestable significa más presión en las fronteras y dificultades para la cooperación regional. Pero también puede representar una oportunidad: si el próximo Gobierno boliviano opta por modernizar su economía y reinsertarse en el mundo, Chile puede convertirse en un socio estratégico en logística, acceso portuario e inversión.
El bicentenario, más que un acto de nostalgia, podría ser la ocasión para un nuevo comienzo, superando obstáculos sin desechar logros importantes, como la inclusión y el reconocimiento indígenas alcanzados en los últimos 20 años. Pero, para ello, es necesario que las fuerzas políticas abandonen la lógica refundacional, el culto a la personalidad y la visión agonal de la política.
A pocos días del bicentenario, Bolivia enfrenta una paradoja: conmemora 200 años de independencia en medio de filas por combustible y divisiones internas. Pero esta crisis también puede ser un punto de inflexión. El país necesita dejar atrás los ciclos repetidos de estatización y privatización, de inclusión y exclusión, y avanzar hacia años menos épicos pero más estables, menos personalistas y más institucionalizados, centrados en el bien común y no en el de las élites –cualquiera sea la que esté en el poder–.
Si el bicentenario sirve para iniciar esa transformación, entonces todavía hay esperanza de que esta vez sea diferente.
 
 
 
 
 
LA PUGNA POLÍTICA POR EL LITIO, EL ORO BLANCO DE BOLIVIA
 
Aunque Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, no logra transformar ese potencial en desarrollo concreto. Los obstáculos son diversos y muy complejos.
 
DW de Alemania (https://n9.cl/dqast)
 
A solo semanas de las elecciones generales en Bolivia, pocos temas de la campaña despiertan tantas emociones entre los electores como la explotación del litio. Acusaciones mutuas entre grupos sociales y políticos, además del extractivismo desenfrenado de empresas internacionales, han impedido que se aproveche el potencial del litio.
El expresidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, volvió a recurrir al argumento del litio para atacar al candidato de su propio bloque de izquierda, vinculándolo con Marcos Bulgheroni, un empresario argentino en proyectos de explotación del litio. “Por debajo está negociando”, acusó Evo Morales durante un acto en Sucre, dirigiéndose a su rival, el candidato presidencial Andrónico Rodríguez, el mejor posicionado en las encuestas dentro del bloque de izquierda. Rodríguez rechazó la acusación y respondió: “Para completar la película, solo falta que digan que me reuní con Elon Musk y Donald Trump”.
Fracaso del proyecto con Alemania
Las rivalidades internas han sido desde hace años el mayor obstáculo para el aprovechamiento del litio boliviano. Políticos de todos los sectores se acusan mutuamente de acuerdos secretos, falta de transparencia o corrupción. Desafortunadamente, el gobierno alemán también se ha visto afectado. En 2019, un proyecto conjunto entre Alemania y Bolivia fracasó en plena campaña electoral.
La oposición desconfiaba del acuerdo entre ambos países. Fue así como el entonces presidente Evo Morales retiró su apoyo al proyecto para calmar los ánimos en plena campaña electoral. Aunque algunos proyectos puntuales se mantienen, desde el 2019 la industria alemana no ha podido negociar con el país con mayores reservas de litio en el mundo.
Esencial para la movilidad eléctrica
Se estima que Bolivia tiene alrededor de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría en el Salar de Uyuni. Desde que Bolivia descubrió tener las mayores reservas del mundo, actores políticos intensificaron su lucha por controlar este recurso, clave para la transición hacia la movilidad eléctrica sin emisiones, especialmente promovida en países occidentales.
El litio es indispensable para baterías de almacenamiento. La Asociación de la Industria Automotriz Alemana destaca la importancia de minerales como el litio para el sector: para Alemania, como centro de movilidad, es esencial contar con una disponibilidad fiable y con precios estables de estas materias primas.
Obstáculos políticos y técnicos
“A pesar de numerosos esfuerzos y cooperación internacional, la empresa estatal YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) no ha logrado superar las dificultades”, afirma el geocientífico Dr. Thomas Cramer, de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en conversación con Deutsche Welle. Cramer investiga minerales en Sudamérica.
“Además, las carreteras, el suministro energético y las instalaciones de procesamiento están aún en construcción o no existen, al igual que la falta de acceso directo al mar, lo que implica mayores costos de transporte”.
La competencia avanza
Mientras Bolivia solo ha construido plantas piloto con baja producción, Chile alcanzó en 2024 producir 49.000 toneladas y se consolidó como el segundo mayor productor después de Australia con 88.000 toneladas; para una producción mundial total de 240.000 toneladas, según el Dr. Cramer, donde Argentina aportó al menos 18.000 toneladas.
La alta oferta de litio en el mercado mundial ha provocado una caída en sus precios, aumentando la cautela entre inversionistas. Esto se une a las grandes controversias que genera la minería en Bolivia, así como en muchos otros países. Diversos actores se esfuerzan por no quedar perjudicados en la distribución de futuros ingresos y en los impactos negativos inevitables, señala Cramer. Además, Bolivia carece de una tradición industrial en la producción a gran escala de litio, “mientras que en Chile y Argentina operan grandes empresas mineras con experiencia”, agrega Cramer.
Resistencia contra las grandes corporaciones
Recientemente, empresas de Rusia y China han actuado con especial agresividad. Presionaron al gobierno de Bolivia para la aprobación exprés de contratos en el Parlamento. Sin embargo, ni el gobierno, ni las empresas consultaron los contratos con la población local, como lo exige la Constitución boliviana.
La población indígena de la provincia de Nor Lípez acusó a las empresas de no haber realizado estas “consultas”. “Los contratos y sus anexos no contemplan procesos de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro del territorio indígena de Nor Lípez”, señala un “Manifiesto para la opinión pública boliviana” firmado por varias organizaciones de la sociedad civil.
La organización indígena de la región, Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), prohibió el ingreso a las empresas implicadas: “La CUPCONL, como propietaria única y absoluta de los territorios (…) decide prohibir el ingreso de las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC a nuestra jurisdicción territorial”. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para defender sus intereses.
Mientras se intensifican los discursos políticos sobre el litio en vísperas de las elecciones presidenciales del 17 de agosto y una posible segunda vuelta decisiva en octubre, inversionistas internacionales esperan con expectativa que un nuevo gobierno establezca finalmente un marco político y legal claro que permita desbloquear el potencial estratégico del litio en Bolivia.
 
 
 
 
 
LITIO: EL ORO BLANCO DE LA GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA Y LA TECNOLOGÍA
 
DPL News de México (https://n9.cl/jjdykw)
 
El litio se ha vuelto indispensable para la transición energética global y el avance de la industria tecnológica.
Es un mineral alcalino ligero, caracterizado por su baja densidad y alta reactividad. En la naturaleza no se encuentra en estado puro, sino combinado en minerales como la espodumena, petalita, lepidolita o eucriptita, o disuelto en salmueras, soluciones salinas concentradas (veremos más adelante por qué esto es importante).
A nivel geopolítico, el litio ha pasado de ser un recurso marginal a convertirse en piedra angular de la transición energética y de la revolución digital, insumo crítico en baterías recargables para vehículos eléctricos y dispositivos móviles. Su rol estratégico radica en que posee la combinación única de densidad energética y ciclo de vida que demanda la industria tecnológica y automotriz del siglo XXI.
Es un componente insustituible en las baterías de iones de litio, por eso impulsa la electromovilidad y la capacidad de almacenamiento de energías renovables. América Latina, en particular el “Triángulo del litio” conformado por Bolivia, Argentina y Chile, alberga la mayor parte de las reservas mundiales de este mineral.
Sin embargo, la región enfrenta el desafío de su limitada participación en los eslabones de alto valor agregado de la cadena de suministro. La competencia global por el litio es feroz, con China como el líder indiscutible en el procesamiento y la fabricación de baterías, mientras que los países con reservas buscan una mayor soberanía y una mayor captura de valor de sus activos.
La extracción de litio, especialmente de salmueras, conlleva desafíos ambientales y sociales, particularmente en lo que respecta al consumo de agua y el impacto en las comunidades locales.
Reservas y producción mundial
La necesidad de descarbonizar las economías y la creciente adopción de vehículos eléctricos han catapultado al litio como epicentro de las dinámicas geopolíticas y económicas mundiales. Este metal, a menudo denominado “oro blanco”, trasciende su naturaleza mineral para convertirse en un habilitador crítico de un nuevo paradigma tecno-económico, fundamentado en la generación, almacenamiento y consumo eficiente de energías limpias y renovables.
Su comportamiento electroquímico y térmico lo convierte en un material esencial para múltiples aplicaciones tecnológicas.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas mundiales de litio en 2024 aproximadamente 30 millones de toneladas métricas (Mt), según informes gubernamentales. Aunque nuevas mediciones del propio USGS hablan de 96 millones de toneladas. 
La distribución de estas reservas está altamente concentrada geográficamente. El “Triángulo del litio” (Bolivia, Argentina y Chile) concentra una porción significativa de las reservas globales. Bolivia, con 21 millones de toneladas, posee 26% de las reservas mundiales, seguida de Argentina con 19 millones de toneladas (22.6%) y Chile con 9.3 millones de toneladas (11.2%). En conjunto, estos tres países albergan entre la mitad y dos tercios de las reservas mundiales de litio. Completan la lista otros países con reservas más modestas, pero importantes para sus futuras economías: México (1.7 Mt, 1.6%) y Brasil (0.8 Mt, 0.8%).
Otros países con reservas notables incluyen Australia (4.8 millones de toneladas, 7.5%), China (3 millones de toneladas, 6%), Estados Unidos (1.1 millones de toneladas, 9.2%) y Canadá (0.93 millones de toneladas, 3.4%).
En términos de producción, la situación es distinta. Australia es el principal productor mundial, con 88,000 toneladas métricas en 2024, obtenidas principalmente de minas de roca dura como el espodumeno. Chile ocupa el segundo lugar con 49,000 toneladas, cuya extracción proviene mayoritariamente de salmueras en el Salar de Atacama, un proceso reconocido por su eficiencia y rentabilidad.
China se posiciona como el tercer productor global con 41,000 toneladas en 2024; extrae litio tanto de salmueras como a través de inversiones en minería de roca dura en otros países. El gigante asiático, además de producir, domina buena parte del refinado y la cadena química intermedia, lo cual le confiere un poder de negociación significativo en el mercado.
Zimbabue (22,000 toneladas) y Argentina (18,000 toneladas) también son productores significativos.
La megamina de reservas posiciona a América Latina como columna vertebral de la futura demanda de baterías y de la independencia tecnológica de grandes potencias, de ahí su potencial económico y geopolítico en la llamada transición energética y la importancia de la industria tecnológica global.
Pero existe una disparidad entre las vastas reservas de litio en América Latina y su nivel de producción actual. Aunque los países de la región poseen el 52% de las reservas mundiales de litio, sólo contribuyen con 32% de la producción global. Esta brecha entre el potencial geológico y la capacidad de extracción y procesamiento es significativa.
Las razones detrás de esta situación incluyen la complejidad inherente a la extracción de litio de ciertas salmueras, como las de Uyuni en Bolivia, que presentan tasas de precipitación más altas que complican el proceso. Además, marcos legales estrictos, como los de Chile en torno a las concesiones mineras, han limitado la participación en el mercado global a pesar de la abundancia del mineral. La falta de infraestructura adecuada y de capital para escalar la producción también contribuye a esta subutilización del potencial. La situación representa una oportunidad no capitalizada para América Latina de aprovechar plenamente sus recursos, mientras que naciones con menores reservas, como Australia, dominan la fase inicial de la cadena de valor. 
Actualmente, el mercado de baterías representa el segmento de mayor crecimiento y el más grande para el litio, crítico para el desarrollo sostenible. Su importancia estratégica radica en su papel insustituible en la producción de baterías de iones de litio, las cuales son esenciales para la descarbonización del transporte a través de los vehículos eléctricos y para el almacenamiento de la energía generada por fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica. 
Las proyecciones indican que la demanda mundial de baterías de iones de litio se cuadruplicará para 2030. Se espera que las ventas anuales de vehículos eléctricos experimenten un crecimiento exponencial, con una tasa compuesta anual promedio de 27% hasta finales de la década. Llegará a representar 31% de las ventas totales de vehículos nuevos en el sector automotriz. Este crecimiento explosivo en la demanda ejerce una presión considerable sobre el suministro de litio, lo cual podría generar un déficit importante y, consecuentemente, presionar al alza sus precios.
Cadena de valor: de la exploración a la comercialización de baterías
La cadena de valor del litio está conformada por cuatro eslabones relevantes: exploración y evaluación, extracción, procesamiento y refinado, manufactura de baterías, reciclaje y reprocesamiento. Veamos brevemente cada uno de ellos.
En la exploración y evaluación se emplean técnicas geofísicas (sísmica, magnetotelúrica) y perforaciones para estimar recursos brutos y determinar la viabilidad económica.
Para la extracción, ya se explicó que existen dos técnicas (pero dependen de cómo la naturaleza decidió “contener” el litio): salmuera, a través del bombeo a la superficie y evaporación solar en estanques. La otra opción es espodumena o minería a cielo abierto, a través de trituración y molienda del mineral para extraer el litio.
El tercer eslabón es el procesamiento y refinado. En plantas químicas se transforma el concentrado en carbonato (Li₂CO₃) o hidróxido (LiOH), según la demanda industrial.
Posteriormente, llega uno de los procesos industriales más estratégicos, la manufactura de baterías. Incluye la síntesis de cátodos, ánodos (grafito o silicio), electrolitos y ensamblaje de celdas.
Finalmente, ocurre un proceso que, no por ser el último, deja de ser relevante en la cadena de valor: el reciclaje y reprocesamiento. Esta etapa emergente está destinada a mitigar la dependencia de recursos vírgenes y disminuir la huella ambiental.
Se sobreentiende que en esta cadena de valor existen diversos actores que no necesariamente participan de toda la cadena. En las primeras etapas intervienen las empresas mineras tradicionales. La fabricación de baterías eléctricas es un proceso especializado. En tanto que el reciclaje aprovecha el auge de la industria para regresarle a la misma los recursos que requiere para reiniciar cierta parte del proceso. ¿Quiénes son algunos de los principales actores?
Albemarle Corporation (EE.UU.) y SQM (Chile) controlan aproximadamente 30% de la producción global de litio refinado, con operaciones en Chile y Australia.
Albemarle es uno de los mayores productores de litio a nivel global, con una capacidad de producción de 343 kilotoneladas por año de carbonato de litio para 2027. Posee operaciones en Chile y Nevada y una participación de 49% en la mina Greenbushes en Australia. 
SQM es el segundo mayor productor mundial de litio, con una capacidad proyectada de 302 ktpa para 2027. Sus operaciones se centran en el Salar de Atacama, mina que genera aproximadamente la mitad de sus beneficios. 
La fusión Allkem + Livent, de Estados Unidos, las posiciona como el tercer mayor productor, con una capacidad prevista de 248 ktpa para 2027. 
Las chinas Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium dominan el procesamiento químico y tienen inversiones en Argentina y Australia. Hasta hace poco tiempo también en México. Ganfeng ha invertido significativamente en proyectos globales, incluida la adquisición de Millennial Lithium en Argentina y una participación en la mina Sonora Lithium en México.
Tianqi Lithium también ha adquirido participaciones en proyectos mineros globales, incluida una participación mayoritaria en la mina Greenbushes en Australia.
Livent Corporation, de Estados Unidos, y Pilbara Minerals, de Australia, son otros protagonistas clave.
Estas empresas desempeñan un papel dual: aseguran el suministro para fabricantes de baterías y compiten en la fijación de precios a nivel mundial, por lo que influyen directamente en las dinámicas de oferta y demanda.
Las estrategias de inversión de dichas empresas reflejan la intensa competencia por asegurar el suministro de litio. Las empresas chinas han adoptado una estrategia de integración vertical, invierten en minas y proyectos en el extranjero para asegurar su cadena de suministro y consolidar su liderazgo en el procesamiento y la fabricación de baterías.
Grandes fondos de inversión estadounidenses como Blackrock, Vanguard y State Street también han tomado posiciones significativas en estas compañías mineras de litio, anticipándose el crecimiento del mercado y la estabilización de los precios. 
Como es de suponer, la tecnología de baterías ha tenido avances y desafíos y se espera que logren la solución de contribuir a la transición energética global a través de baterías de larga duración. Por su elevada explicación técnica, se presentan de forma breve estas innovaciones.
Algunos de los avances más relevantes incluyen celdas de estado sólido, las cuales prometen mayor densidad energética y mayor seguridad al eliminar electrolitos líquidos inflamables.
Los cátodos de alta tensión mejoran ciclos de carga y estabilidad térmica. En tanto que la nanotecnología en ánodos mejora la tasa de carga y reduce la degradación por ciclado.
Finalmente, el reciclaje hidrometalúrgico logra procesos más eficientes para recuperar litio y otros minerales de las baterías, lo cuales son esenciales en políticas de economía circular.
Se aprecia que la tendencia en estos avances es mayor densidad energética, carga ultrarrápida, mayor vida útil, durabilidad de las baterías, además de hacerlas cada vez más seguras y evitar que se incendien, uno de los factores que más se les ha cuestionado a los vehículos eléctricos.
Además, estas innovaciones buscan reducir costos, aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos y prolongar la vida útil de dispositivos electrónicos. Estos logros acentúan aún más la importancia del litio.
La transición energética, si bien busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y sus impactos ambientales, inadvertidamente genera una nueva dependencia de minerales críticos como el litio.
La situación impulsa los precios y desplaza la preocupación por la seguridad energética de la dependencia del petróleo a la dependencia de la cadena de suministro de litio. La búsqueda de la descarbonización sin una diversificación robusta de la cadena de suministro de litio podría sustituir una forma de dependencia por otra. Lo anterior podría genera nuevas tensiones geopolíticas.
Geopolítica y soberanía del litio
Regresemos a la geopolítica del litio. América Latina se encuentra en una posición geoestratégica única debido a sus vastas reservas de litio, pero la región enfrenta retos para traducir este potencial en un desarrollo económico integral a lo largo de toda la cadena de valor.
La estratégica concentración de reservas en América Latina ha desencadenado una “carrera del litio” donde gobiernos y grandes potencias buscan asegurar cuotas de producción. En esta vorágine intervienen visiones ideológicas y de soberanía que buscan preservar las reservas del mineral bajo la tutela del estado.
Los países latinoamericanos con reservas de litio han desarrollado políticas específicas para intentar aumentar la contribución de las rentas del litio al crecimiento económico nacional. Sin embargo, estas políticas presentan diferencias significativas en cuanto al protagonismo del Estado en la promoción de la extracción. 
Bolivia, tras nacionalizar su yacimiento de Uyuni, creó la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para retener valor agregado. Por ser un país con insuficientes recursos públicos, enfrenta desafíos técnicos y financieros para llevar la salmuera a baterías de alto grado. Bajo el gobierno de Evo Morales, se renacionalizó la Corporación Minera de Bolivia, y el mandatario Luis Arce ha priorizado la industrialización del mineral.
Los eslabones de exploración, evaluación y extracción requieren inversiones costosas y mucho tiempo. El retorno del capital ocurre cuando se vende el mineral procesado y refinado a las empresas que manufacturan las baterías. Las empresas mineras privadas tienen el capital y la experiencia para amortizar los primeros eslabones de la cadena de producción que no son rentables, sino que generan altos costos.
La particular estructura de costos de producción del litio latinoamericano se debe a que 58% del litio en la región proviene de salares, mientras que sólo 26% se extrae de roca. Esta ventaja natural en la extracción de salmueras puede ofrecer menores costos de producción en la fase inicial del carbonato de litio. 
Por su parte, Argentina ofrece marcos de incentivo fiscal, a través del Régimen de Promoción para la Producción de Litio, el cual ha atraído inversiones de India y de China. Argentina ha adoptado una orientación más liberal en su política de litio. El dominio de los recursos naturales está a cargo de las provincias, lo cual permite la explotación a gran escala. Actualmente, existen más de 40 proyectos de extracción en diferentes etapas, varios en manos de transnacionales. También se ha creado la empresa estatal YPF Litio, la cual ya ha puesto en marcha una planta de producción de baterías de litio.
Chile era el primer proveedor global de litio. Sin embargo, ha debatido durante años una reforma constitucional para profundizar la participación estatal en la extracción y comercialización tras concesionar históricamente sus salares. Chile es un país minero por antonomasia, potencia en cobre, por lo que tiene experiencia en la gestión y tutela de sus recursos minerales estratégicos.
El gobierno chileno ha adoptado un enfoque gradual, centrándose en la captura de rentas de la extracción y, en una segunda fase, trasladando su atención a actividades posteriores en la cadena de valor. El país renegoció contratos con compañías privadas como Albemarle y SQM, obligándolas a vender hasta 25% del metal a precios por debajo del mercado para incentivar la industria local.
México nacionalizó la exploración y explotación de litio en 2022 con una reforma a la ley minera. Otorgó al Estado el control de todas las actividades del ciclo minero del litio. Se espera que esta nacionalización aumente la influencia de México en las negociaciones con consumidores como Estados Unidos. 
La debilidad de las políticas latinoamericanas radica en priorizar la captura de rentas sobre el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la tecnología. Aunque América Latina produce un tercio del litio mundial, la región sólo participa en los primeros eslabones de la cadena de valor, que aportan un valor agregado limitado. La extracción minera, por ejemplo, aporta sólo 9% al valor agregado total del recurso. Esto contrasta con la fabricación de materiales activos para cátodos y ánodos, que representan el mayor valor agregado en la cadena. 
El gran desafío para los países latinoamericanos es cómo capturar más valor de sus vastas reservas de litio. Si bien se proyecta que la producción de litio en la región podría multiplicarse por 10 para 2030, la capacidad de capturar valor de una cadena que pasará de 80,000 millones a 400,000 millones de dólares en el mismo periodo es limitada si se continúa exportando principalmente carbonato de litio.
Se estima que, incluso con un aumento significativo en la producción, la región sólo podría capturar 2.6% del valor total de 400,000 millones de dólares si no se avanza en la industrialización de baterías. 
Sin embargo, la concentración de la capacidad global de elaboración de baterías en China (aproximadamente 83% de la capacidad mundial) representa un obstáculo para que otras regiones, incluida América Latina, escalen en los eslabones intermedios y finales de la cadena.
El control del litio también se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos y la Unión Europea han impulsado subsidios y acuerdos con países proveedores para diversificar cadenas de suministro y reducir la dependencia de China en el refinado del mineral.
La geopolítica del litio se sitúa en el epicentro de la reconfiguración global del poder, impulsada por la emergencia de un nuevo paradigma tecno-económico centrado en las tecnologías de transición energética. Las potencias mundiales están inmersas en una creciente competencia internacional por consolidar sus industrias de electromovilidad, lo que ha convertido la seguridad del suministro de litio en una prioridad estratégica. 
China ha logrado desarrollar una industria integral de baterías de iones de litio. Abarca desde la extracción del mineral hasta la fabricación de vehículos eléctricos. Supera a actores tradicionales como Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea en estos transportes. El dominio chino en la cadena de valor, especialmente en el procesamiento y la fabricación de baterías (con CATL y BYD dominando más de 53% del mercado global en 2024), genera una concentración de la capacidad de producción que plantea desafíos para la seguridad del suministro global.
La dependencia de un puñado de países para los materiales procesados y las baterías terminadas puede crear vulnerabilidades en la cadena de suministro. Típico de la geopolítica, los distintos actores desempeñan roles interconectados en la cadena de valor del litio.
Los gobiernos buscan asegurar el suministro de litio para sus industrias estratégicas y, en el caso de los países con reservas, maximizar los beneficios económicos y la soberanía sobre el mineral. Esto se manifiesta en políticas de nacionalización, renegociación de contratos, incentivos para la industrialización local y promoción de la electromovilidad nacional. 
Las mineras son las principales extractoras del litio. Invierten en exploración y desarrollo de proyectos a nivel global. Sus estrategias incluyen fusiones, adquisición de participaciones en minas extranjeras y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción. 
Las empresas tecnológicas dependen del litio para la fabricación de baterías de dispositivos electrónicos (smartphones, laptops). Su interés se enfoca en la innovación de baterías y la eficiencia de la cadena de suministro.
Los fabricantes de vehículos eléctricos son los mayores impulsores de la demanda de litio. Buscan asegurar el suministro de baterías y litio a través de acuerdos de suministro o inversiones en la cadena de valor. Fabricantes como Tesla, Volkswagen y BYD son algunos de los principales actores.
El conflicto que nunca falta
Todo ello no ha minimizado los conflictos y la sostenibilidad que involucra el “oro blanco”. Mientras que la industria tecnológica vende al mundo el litio y las baterías como una solución a la transición energética global, otras tensiones ocurren antes de que los consumidores compren un vehículo eléctrico o un smartphone de alta gama.
La expansión de la minería de litio genera tensiones sociales y medioambientales. Uno de los desafíos más acuciantes es el consumo de agua en pleno cambio climático y frecuentes sequías. En regiones áridas, la extracción de salmuera puede reducir en más de 65% el agua disponible para comunidades y ecosistemas andinos.
También están en juego los derechos indígenas en el “Triángulo del litio”. Las poblaciones guaraníes y quechua han exigido consulta previa y compensaciones para sus comunidades. Incluso han paralizado proyectos, como en Salinas Grandes (Argentina) y el desierto de Atacama en Chile.
Desde luego, la industria ha tenido la capacidad de buscar un equilibrio entre desarrollo y conservación, con tal de explotar el mineral con la menor fricción posible. Han surgido modelos de minería responsable, certificaciones de sostenibilidad y proyectos de colaboración público-privada para minimizar impactos.
Las acciones de reciclaje y el apoyo a la industria local de baterías son estrategias para agregar valor en el origen del proceso, generar empleos, redistribuir los beneficios y disminuir el extractivismo dominante de las grandes empresas que dominan la industria.
 
 
 
 
 
LA DERECHA BOLIVIANA, LISTA PARA VOLVER AL PODER
 
Las encuestas apuntan a los dos candidatos de centroderecha podrían pasar a la segunda vuelta de los comicios, previstos para el 20 de octubre
 
La Razón de España (https://n9.cl/5vas0f)
 
Con excepción del interinato de Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), el populismo neo socialista tiene dos décadas gobernando a Bolivia. Con una izquierda dividida entre el otrora líder indígena Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, el próximo 17 de agosto se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país altiplánico. Por primera vez en 20 años, la derecha boliviana tiene opciones serias de volver al poder. Evo Morales y Luis Arce quedaron definitivamente fuera de la carrera tras fallos del Tribunal Constitucional y decisiones internas del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha fragmentado el voto oficialista.
Las encuestas reflejan un alto porcentaje de indecisos; en algunos estudios supera el 10% o incluso el 14%, lo que añade volatilidad al escenario electoral. Sin embargo, según los últimos sondeos, Samuel Doria Medina lidera actualmente las preferencias electorales por encima de Jorge 'Tuto' Quiroga en encuestas recientes (19% vs. 18%), ambos de derechas y acérrimos adversarios de la izquierda populista. Andrónico Rodríguez, respaldado por sectores del MAS, se sitúa tercero con alrededor de 14%, sin el liderazgo del exmandatario Evo Morales ni del presidente Arce, ambos fuera de la contienda.
La principal ventaja de la derecha boliviana responde a una pugna entre Evo Morales y el que fue su sucesor, el actual presidente Luis Arce. El bloque oficialista de Arce mantiene el control institucional, mientras que en mayo de este año el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió la Sentencia Constitucional 007/2025, un fallo histórico que prohíbe la reelección presidencial más allá de dos mandatos, ya sean consecutivos o discontinuos. La medida impacta directamente al expresidente Evo Morales, quien queda inhabilitado para volver a postularse a la presidencia o vicepresidencia del país.
Adicionalmente, la derecha mantiene las preferencias electorales debido a los números económicos en el país. Las reservas de divisas han caído de casi 14.000 millones de dólares en 2014 a menos de 500 millones en 2023; se estima que actualmente el Banco Central tiene menos de 50 millones de dólares líquidos. La inflación interanual fue de un 10 % al final de 2024, la cifra más alta en más de una década. En los primeros cinco meses de 2025, los precios generales subieron un 9,81% y la inflación de alimentos alcanzó el 23,87%. Sectores populares cuestionan el mantenimiento de subsidios caros mientras la economía se hunde; la oposición reclama reformas estructurales y acceso a financiación externa mediante organismos multilaterales, pero la rigidez ideológica de la izquierda ha terminado por hundir al país altiplánico.
El pronóstico apunta a que serán los dos candidatos de centroderecha quienes pasarán a segunda vuelta el próximo 20 de octubre. Si este 17 de agosto uno de los candidatos alcanza el umbral del 50% o 40% con ventaja de 10 puntos sobre el segundo, sería declarado presidente sin necesidad de segunda vuelta. Sin embargo, considerando los números, ese escenario resulta poco probable, y a juzgar por los sondeos, los bolivianos le estarán dando a la derecha una nueva oportunidad en un par de meses.
 
 
 
 
 
BOLIVIA TENDRÁ UNA DIPLOMACIA PRAGMÁTICA Y SE VINCULARÁ CON EEUU Y RUSIA
 
El País de Costa Rica (https://n9.cl/4vy9o)
 
Exmilitar, actual alcalde de la ciudad de Cochabamba y candidato presidencial en 2009, Manfred Reyes Villa (70 años), busca nuevamente ser elegido jefe de Estado en Bolivia, con una propuesta centrada en la «seguridad jurídica», la reactivación de la minería y una diplomacia basada en el pragmatismo.
Reyes Villa, quien durante su carrera política fue concejal municipal y cuatro veces consecutivas alcalde de Cochabamba, entre 1993 y 2000, se postula por el partido Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate) y marcha cuarto en las encuestas de intención de voto para las elecciones nacionales de este domingo 17 de agosto.
Otras de sus propuestas incluyen la venta anticipada de litio para inyectar divisas a la economía boliviana y garantizar combustibles a menos de un dólar el litro, sin subvención estatal.
Además, aseguró que sin devaluar ni contraer nueva deuda, Bolivia puede generar divisas de inmediato, gracias a la minería, las agroexportaciones y el turismo.
Reyes Villa se considera un «nacionalista republicano» y anunció una diplomacia pragmática en la que mantendrá relaciones tanto con EEUU como con Rusia, bajo el principio del respeto mutuo.
A continuación, un resumen del cuestionario que respondió vía correo a la Agencia Sputnik.
Pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Bolivia y cuál es su posición o tendencia política?
Respuesta: Quiero ser presidente porque Bolivia necesita recuperar el orden, la sociedad necesita elevar su calidad de vida y salir cuanto antes de la actual multicrisis por el agotamiento de un modelo fallido. Soy nacionalista republicano y mi compromiso es poner a Bolivia y a los bolivianos por encima de caudillos, partidos o ideologías importadas.
P: ¿Cuál es su principal propuesta de campaña?
R: Garantizar seguridad jurídica para que Bolivia, sin recurrir a más deuda condicionada, genere divisas frescas de inmediato, mediante la venta anticipada de litio, la apertura a agroexportaciones competitivas, la explotación eficiente de hidrocarburos, el relanzamiento del turismo receptivo y la remonetización de dólares a través del sistema financiero formal, apalancada en mayores remesas y la recuperación de la confianza.
P: ¿Cómo hará para garantizar la provisión de diésel y gasolina en el país?
R: Bolivia puede garantizar combustibles a cinco bolivianos (0,73 dólares) por litro sin subvención, siempre que se eliminen la corrupción, la intermediación en la importación y el contrabando (…) Con importación directa y transparente, auditorías ciudadanas y eficiencia logística, se asegura abastecimiento continuo, ahorro fiscal y estabilidad de precios, sin necesidad de subsidios.
P: Bolivia necesita dólares. ¿Cómo hará para inyectar divisas? ¿Devaluará el boliviano o acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial para solicitar préstamos?
R: Como señalan algunos expertos, el FMI sería «la billetera más lenta», y con el último informe, que describe a Bolivia como una economía inviable, con cifras maquilladas y sin horizonte de repago, hasta ese «suero» sería tóxico. Sin devaluar el boliviano ni contratar nueva deuda para pagar deuda, Bolivia puede generar divisas frescas de inmediato a través de, al menos, cinco vías: uno, reactivación de la minería tradicional y de minerales críticos, incluidas tierras raras; dos, apertura irrestricta a agroexportaciones competitivas; tres, explotación eficiente de hidrocarburos; cuatro, relanzamiento del turismo receptivo; cinco, remonetización de dólares en el sistema financiero formal, respaldada en mayores remesas y la recuperación de la confianza. Es decir, soluciones soberanas y sostenibles, sin hipotecar el futuro del país.
P: ¿Cómo será la política exterior de Bolivia en su gestión, tras 20 años de la llamada «diplomacia de los pueblos por la vida» que implementó el MAS (Movimiento al Socialismo)?
R: Nuestra política exterior reemplazará la fallida «diplomacia de los pueblos» por una diplomacia profesional y pragmática, orientada al desarrollo y el comercio exterior.
P: En el plano de las relaciones internacionales, si llega a ser presidente, ¿cómo serán las relaciones con EEUU, cuyo embajador fue expulsado por el entonces presidente Evo Morales y con Israel, con quien se rompió relaciones?
R: Nuestras relaciones internacionales serán pragmáticas y profesionales. Con EEUU y con Israel restableceremos vínculos, basados en el respeto mutuo, la soberanía y el beneficio recíproco. No se trata de alinearse a potencias, sino de abrir puertas que generen inversiones, cooperación tecnológica y nuevos mercados para Bolivia, dejando atrás el aislamiento y la retórica estéril que tanto daño nos hizo.
P: ¿Se acercará más a bloques como los BRICS y el Mercosur?
R: Bolivia podría acercarse a los bloques que representen oportunidades reales de desarrollo y comercio, siempre desde una posición de soberanía y beneficio mutuo. El Mercosur podría ser una plataforma para fortalecer la integración comercial y energética regional y los BRICS ofrecerían una vía para diversificar mercados y atraer inversiones. No se trataría de alineamientos ideológicos, reitero, sino de explorar vínculos que generen beneficios concretos para los bolivianos.
P: ¿Cómo serán las relaciones bilaterales con Rusia, que es socio de Bolivia en la industrialización de litio y la investigación nuclear?
P: Las relaciones bilaterales con Rusia se mantendrían en un marco de respeto mutuo y cooperación, considerando su participación en diferentes proyectos. Se priorizaría que estos acuerdos contemplen intercambio tecnológico, capacitación de profesionales y acceso a nuevas aplicaciones científicas, siempre en función del interés nacional.
P: ¿Qué hará con el litio en su gestión? ¿Buscará empresas internacionales para su industrialización o seguirá con una política nacional para explotarlo?
R: Con el litio impulsaremos una política nacional, consensuada especialmente con los departamentos productores, con una visión estratégica y apertura a inversiones serias con eje en una sólida seguridad jurídica. Propondremos una inyección inmediata de 10.000 millones de dólares mediante venta anticipada, lo que representa apenas un 3,17 por ciento de los 21 millones de toneladas aproximadamente certificadas hasta 2025. Con esta decisión, Bolivia podrá generar divisas frescas sin hipotecar su soberanía ni recurrir a más deuda externa.
P: ¿Autorizará uso de biotecnología en el agro? ¿Cómo puede ayudar este sector para generar divisas?
R: Sí, autorizaremos el uso responsable de la biotecnología en el agro, porque Bolivia no puede seguir de espaldas a los avances científicos. La incorporación de semillas mejoradas y tecnologías de última generación permitirá aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la competitividad internacional de nuestros productores. De este modo, el agro podrá convertirse en un motor real para generar divisas frescas mediante exportaciones competitivas, garantizando además seguridad alimentaria y atrayendo inversiones que fortalezcan la innovación en el sector.
P: Si es elegido presidente, ¿qué medidas tomará ante los bloqueos de carreteras, que es la principal forma de protesta en el país?
R: Ante cualquier amenaza que intente bloquear el país, actuaremos con firmeza en el marco del orden público: el derecho de la ciudadanía a vivir en paz y trabajar está por encima de la extorsión política. No permitiremos que grupos de presión tomen de rehenes a los bolivianos. Al mismo tiempo, aplicaremos el arte del consenso en el Congreso para construir mayorías estables y aislar cualquier intento de desestabilización. Gobernaremos con autoridad y diálogo, defendiendo la democracia y la voluntad popular.
 
 
 
 
 
LULA, COMO EVO Y CORREA: LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA Y SU OBSESIÓN CON EL PODER
 
Cubita Now (https://n9.cl/whdtl9)
 
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este domingo su intención de postularse a la reelección en 2026, siempre que su estado de salud se lo permita. Con 79 años y rumbo a los 80, Lula no oculta sus ambiciones: “Si soy candidato, me presentaré para ganar”, afirmó durante el Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), celebrado en Brasilia.
El anuncio no sorprende si se observa el patrón de comportamiento de buena parte de los líderes de izquierda en América Latina, muchos de los cuales muestran una marcada resistencia a abandonar el poder. Desde el ecuatoriano Rafael Correa hasta los autoritarios Daniel Ortega y Nicolás Maduro, pasando por Evo Morales en Bolivia, todos han mostrado —con matices— una tendencia a perpetuarse o regresar al poder, apelando a reformas constitucionales, maniobras políticas o, en el peor de los casos, represión y fraude.
En ese contexto, Lula podría convertirse en el primer presidente brasileño en ejercer un cuarto mandato, tras haber ganado las elecciones de 2002, 2006 y 2022. Su retorno al poder, tras el controversial encarcelamiento por corrupción y posterior anulación de las condenas, fue visto por muchos como un nuevo capítulo en la polarización política de Brasil.
Aunque el mandatario asegura que su decisión estará supeditada a su salud —y lanzó una crítica velada a Joe Biden, quien desistió de competir por un nuevo mandato en EE.UU. por razones similares—, sus palabras dejan claro que no contempla un retiro voluntario mientras tenga fuerza para seguir compitiendo. “Tengo más energía a los 80 que cuando tenía 65”, dijo con tono desafiante.
Lula también pidió a sus correligionarios del PT trabajar por una mayor representación parlamentaria, especialmente en el Senado, para consolidar sus reformas. Aunque su gobierno ha logrado acuerdos importantes con sectores opositores, el escenario político brasileño sigue marcado por la fragmentación y la polarización.
La insistencia de Lula en seguir gobernando revive el debate sobre los límites de la democracia en América Latina, donde muchos líderes de izquierda, una vez en el poder, parecen considerar que solo ellos son capaces de guiar el destino de sus pueblos. Así como Correa intentó regresar a la presidencia en Ecuador tras reformar la Constitución y Evo Morales forzó su candidatura en 2019 ignorando un referendo popular, Lula se encamina a una nueva contienda con el argumento de que su liderazgo es imprescindible.
Lo que para sus seguidores es compromiso político, para sus detractores es simplemente un afán de perpetuidad que pone en riesgo la alternancia democrática. En nombre del “pueblo” o de la “justicia social”, varios líderes progresistas han terminado cruzando líneas peligrosas.
¿Será Lula diferente esta vez, o terminará recorriendo el mismo camino de sus colegas ideológicos que se aferran al poder hasta agotar todas las vías constitucionales y políticas posibles? La historia reciente de América Latina sugiere que el poder, una vez conquistado, es difícil de soltar.
 
 
 
 
LEGALIDAD SIN LEGITIMIDAD, DOMINACIÓN SIN HEGEMONÍA: UNA LECTURA MARXISTA SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER EN TIEMPOS ELECTORALES Y DE CRISIS ECONÓMICA EN BOLIVIA
 
Izquierda Diario de Chile (https://n9.cl/v5pg6e)
 
En el lenguaje dominante del derecho y la política liberal, se asume de forma casi incuestionable que lo legal es legítimo y que la legitimidad del poder emana de su adecuación formal a la legalidad vigente. Esta fórmula, repetida hasta el cansancio en los discursos institucionales, no solo oculta el carácter o contenido de clase del Estado, sino que también borra las condiciones materiales del ejercicio del poder y las relaciones sociales que permiten que una norma se imponga como universal y obligatoria. Bajo este marco, el derecho aparece como neutral, el Estado como árbitro y la dominación como obediencia voluntaria.
Sin embargo, desde una perspectiva marxista y especialmente retomando a Antonio Gramsci, esta concepción resulta no solo insuficiente, sino ideológicamente funcional al orden capitalista. Gramsci nos ofrece una herramienta teórica más precisa, la distinción entre hegemonía y dominación como formas complementarias del ejercicio del poder de clase, en donde la hegemonía se construye en el terreno del consenso, a través de la dirección intelectual y moral, y la dominación opera por medio de la coerción, la violencia y represión estatal.
Este artículo propone una crítica al binomio legitimidad–legalidad, mostrando que la legalidad no es sinónimo de legitimidad, ni esta puede entenderse al margen de la lucha de clases. En su lugar, proponemos recuperar el par conceptual hegemonía–dominación para analizar cómo se reproduce y ejerce el poder de las clases dominantes, cómo se encarna en el aparato estatal y cómo se disputa en los momentos de crisis. A partir de esta clave, examinaremos también el lugar del derecho y la ley como dispositivos ideológicos y represivos, y discutiremos la utilidad de estas categorías para pensar procesos como el golpe de Estado de 2019 en Bolivia o la proscripción electoral de Evo Morales para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
I. El fetiche de la legalidad en el pensamiento liberal
Uno de los pilares fundamentales del pensamiento político y jurídico liberal es la noción de legalidad como fuente de legitimidad. Esta idea, profundamente arraigada en la tradición occidental moderna desde el constitucionalismo burgués, plantea que el ejercicio del poder político es legítimo siempre que se ajuste a la ley. En otras palabras, no importa tanto quién manda ni para quién lo hace, sino que lo haga según las reglas del juego previamente establecidas.
Desde Max Weber, esta visión encuentra un respaldo teórico en la llamada “dominación legal-racional”, donde el poder se justifica por su sujeción a normas objetivas y procedimientos formales. El derecho se presenta como un sistema técnico, imparcial y universal, que opera al margen de los intereses de clase que lo atraviesan. Esta idea es reforzada por el positivismo jurídico –en autores como Hans Kelsen– que reduce el derecho a una pirámide normativa donde la validez de cada norma depende únicamente de su conformidad con una norma superior, culminando en una Constitución erigida como principio absoluto.
Este fetichismo jurídico convierte a la legalidad en un ídolo moderno, ante el cual se inclinan tanto los órganos del Estado como los sectores populares subordinados a la ideología de la clase dominante. El problema no radica simplemente en el respeto a la ley, sino en la ocultación de las relaciones de fuerza que dan origen a esa ley y que se perpetúan a través de ella. Así, las normas jurídicas aparecen como una máscara de neutralidad que disimula su contenido de clase.
En contextos de crisis, este fetiche permite incluso legitimar actos profundamente antidemocráticos o reaccionarios, bajo el argumento de que fueron “legales”. Golpes de Estado, proscripciones electorales, reformas regresivas o políticas represivas pueden adquirir apariencia de legitimidad si se recubren con el ropaje formal de la ley.
Bolivia no es ajena a esta lógica. En 2019, el derrocamiento de Evo Morales fue justificado como una “sucesión constitucional”, a pesar de que se produjo mediante una ruptura del orden constitucional, bajo presión militar/policial y la confabulación de actores extragubernamentales (Iglesia Católica, comités cívicos, misiones diplomáticas y representantes de partidos de oposición). El argumento legalista operó entonces como un dispositivo ideológico de encubrimiento de una profunda reconfiguración de las relaciones de poder desde el Estado.
Frente a esta lectura liberal, desde el marxismo no se pregunta simplemente si algo es legal o ilegal, sino quién hace la ley, para qué clase y que relacion de fuerzas representa. De esta manera, la legalidad, lejos de ser un principio moral o universal, es el producto histórico de una lucha de clases que se codifica en forma normativa. Por eso, como diría Marx, el derecho no puede situarse por encima de la sociedad, sino que debe ser analizado como una forma concreta en la que se expresa la estructura social y sus contradicciones.
II. Gramsci: hegemonía y dominación como formas del poder de clase
Frente a la visión liberal del Estado como un árbitro neutral que garantiza el cumplimiento de la ley en beneficio de todos, Antonio Gramsci propone una lectura radicalmente distinta, donde el Estado no es un simple aparato jurídico-administrativo, sino una relación social, una correlación histórica de fuerzas de clase cristalizada en instituciones. En este sentido, el Estado no es neutral, y mucho menos universal, es un campo de lucha que refleja y reproduce las condiciones materiales de dominación de una clase sobre otras.
Gramsci desarrolla una concepción estratégica del poder a partir de la distinción entre hegemonía y dominación. Para él, una determinada clase social no se mantiene en el poder solo por el uso de la fuerza, sino sobre todo por su capacidad de construir un consenso activo en la sociedad civil, es decir, de dirigir política, jurídica e ideológicamente al conjunto social en torno a sus intereses particulares, haciéndolos pasar por intereses generales.
La hegemonía, entonces, es la forma más sólida y duradera del poder de clase, aquella que no necesita imponerse mediante la coerción constante, sino que se instala en las conciencias, en las costumbres, en los valores y en la cultura de las clases subalternas. La clase dominante logra así que su proyecto histórico sea asumido por amplios sectores populares como si fuera propio. Es un ejercicio de dirección ética-moral, política e intelectual que se da en el terreno de la sociedad civil, a través de lo que Gramsci llamaba los aparatos hegemónicos (escuelas, iglesias, medios de comunicación, partidos políticos, incluso el derecho).
Pero la hegemonía no excluye la dominación. Cuando el consenso se resquebraja, cuando las clases subalternas se rebelan o se produce una crisis orgánica del poder, el Estado recurre a la coerción directa (represión, judicialización de la protesta, persecución política, proscripción electoral, censura, violencia física). Esta coerción se ejerce desde la sociedad política, el núcleo duro del aparato estatal (fuerzas armadas, policía, sistema judicial, cárceles).
Gramsci denomina a esta doble realidad (hegemonía y dominación) como Estado ampliado, la unidad dialéctica entre sociedad civil y sociedad política; en donde el Estado no se reduce al gobierno ni al monopolio de la violencia, sino que incluye todo un conjunto de instituciones y prácticas que permiten a la clase dominante ejercer su liderazgo y su control. En ese sentido, no se puede comprender el ejercicio del poder de clase únicamente como imposición desde arriba, es también una red de consensos, alianzas y prácticas cotidianas que aseguran su continuidad o su ruptura.
Aplicado al derecho, esto implica reconocer que la ley no es solo un instrumento represivo, sino también un vehículo ideológico, una forma particular de organizar el consenso. El derecho no actúa únicamente cuando castiga, sino también cuando educa, naturaliza y normaliza determinadas relaciones de poder.
III. La legalidad como forma fluctuante entre hegemonía y dominación
A esta altura resulta evidente que la legalidad no es en sí misma un indicador de legitimidad, sino una forma históricamente construida de orden social, moldeada por las necesidades del bloque histórico liberal–burgués.
En otras palabras, la legalidad puede ser tanto una expresión de hegemonía (cuando las normas jurídicas canalizan un consenso social activo), como un instrumento de dominación (cuando se impone como mecanismo de control frente a la erosión y fragmentación de la capacidad de consenso).
Desde una mirada gramsciana, el derecho no puede reducirse a un conjunto de normas formales, ni la legalidad a un principio abstracto. Ambas deben analizarse como formas sociales e históricas, insertas en relaciones de fuerzas concretas.
En momentos de estabilidad hegemónica (lucha de clases velada), las clases dominantes logran imponer su proyecto histórico a través de una legalidad que goza de amplia aceptación social. Pero en situaciones de crisis (lucha de clases manifiesta), cuando el consenso se resquebraja, la legalidad se vuelve más frágil, ambigua y autoritaria, actuando como instrumento de disciplinamiento y clausura política.
La ley, en ese sentido, no es el terreno de la imparcialidad, sino un ámbito estratégico. Puede servir para construir hegemonía mediante la producción de derechos, institucionalidades y discursos que seduzcan a los sectores subalternos, pero también puede ser reactivada como forma de dominación, reforzando el aparato coercitivo del Estado en nombre del “orden”, la “estabilidad” o la “seguridad jurídica”.
Este carácter fluctuante de la legalidad permite que un mismo orden constitucional pueda albergar tanto reformas progresivas como regresiones reaccionarias, dependiendo de las relaciones de fuerzas y del momento político. De ahí que el derecho burgués no sea simplemente una herramienta conservadora, sino un campo de disputa que oscila entre la hegemonía y la dominación, bajo lo que Gramsci denominó como un equilibrio precario.
En contextos de crisis orgánica, cuando el bloque dominante ya no puede ejercer su hegemonía, la legalidad puede ser manipulada para legitimar medidas autoritarias y criminalizar la protesta popular. Así, la forma legal permanece, pero el contenido democrático y pluralista se vacía. Esta es una de las características más perversas de la dominación contemporánea, pues, puede mantenerse formalmente legal, incluso cuando niega toda legitimidad social.
IV. Bolivia: del golpe de 2019 a la proscripción de Evo Morales
El caso boliviano constituye un ejemplo paradigmático de cómo la legalidad puede ser utilizada como dispositivo de dominación, incluso cuando ha perdido toda legitimidad social. El golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, presentado por los medios y las élites empresariales como una “sucesión constitucional”, evidenció la capacidad del bloque dominante para recodificar una ruptura del orden constitucional como una restauración del orden legal.
El derrocamiento forzado del gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019 fue rápidamente revestido con un velo de legalidad. Se articuló un discurso jurídico-formal que presentó la renuncia de Morales como “voluntaria”, habilitando así la activación del Art. 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) para justificar la autoproclamación de Jeanine Añez, primero como presidenta del Senado, y luego –sin quórum en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)– como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo ello contó con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante un simple “comunicado”, sin valor jurídico vinculante, que dio respaldo a una sucesión de hechos consumados. La operación fue ejecutada apelando a formas legales –o que adquirieron apariencia de legalidad– pero completamente desprovistas de legitimidad popular y de sustento democrático. Se trató de un caso paradigmático de dominación ejercida bajo ropajes legales que pretendió imponer la hegemonía.
Durante el régimen de facto de Añez, se profundizó esta lógica. La legalidad fue instrumentalizada para perseguir y encarcelar a exautoridades, reprimir la movilización popular y justificar masacres como las de Sacaba, Senkata, Ovejuyo y Pedregal. El aparato judicial, lejos de ser independiente, operó como un brazo represivo del «nuevo» bloque oligárquico, demostrando que la forma legal puede ser funcional a una estrategia de disciplinamiento de clase.
Este proceso no concluyó con las elecciones de 2020. Si bien el triunfo electoral del MAS permitió la restauración formal de un gobierno democráticamente electo, la crisis de Estado y del sistema judicial no solo persistió, sino que se profundizó durante la gestión de Luis Arce Catacora. Un ejemplo sintomático de esta continuidad fue la proscripción electoral de Evo Morales como candidato presidencial, ejecutada en un escenario de disputa interna entre tendencias del Movimiento Al Socialismo (Arcistas vs. Evistas), mediante argumentos jurídico-formales que invocaron fallos del TCP e interpretaciones restrictivas del Art. 168 de la CPE sobre la relección, apoyadas por fuerzas de derecha. En la práctica, esta decisión implicó una reforma sustantiva del texto constitucional por vías no previstas por la propia norma fundamental. Todo ello, paradójicamente, fue justificado en nombre de la “seguridad jurídica”, “respeto de la democracia representativa” y del “respeto a la ley”, reproduciendo una legalidad sin legitimidad, una dominación sin hegemonía.
Lo que está en juego, sin embargo, no es una disputa jurídica, sino una lucha por el ejercicio del poder de Estado –que es de clase– en el seno del bloque histórico dirigido por el MAS, hoy fracturado y en crisis. Se trata de una pugna entre fracciones de ese bloque, en particular entre quienes buscan desplazar al evismo del escenario político sin contar, no obstante, con la fuerza social ni política suficiente para construir una nueva hegemonía electoral, como lo evidencian las encuestas de intención de voto en casos como los de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS) o Eva Copa (MORENA). En este contexto, lo jurídico opera como una coartada técnica que encubre una operación de proscripción electoral, una vez más, la legalidad se presenta como un instrumento de dominación, antes que como expresión de legitimidad popular o democrática.
Por eso resulta crucial desenmascarar el fetichismo legalista que atraviesa buena parte del análisis político, incluso en sectores que se reivindican “progresistas” o “de izquierda”. La pregunta no debe limitarse a si una medida es “legal”, sino a si es legítima desde el punto de vista de los intereses históricos de la clase trabajadora. Y más aún: ¿Quién produce esa legalidad? ¿Bajo qué correlación de fuerzas y con qué objetivos de clase? ¿Qué fracción busca imponer su dominación y qué tipo de hegemonía pretende construir?
A modo de conclusión…hegemonía en ruinas, dominación autoritaria y lucha de clases en ascenso
La distinción entre hegemonía y dominación que desarrolló Antonio Gramsci nos permite desarticular el fetiche liberal de la legalidad como sinónimo de legitimidad, y comprender con mayor claridad cómo las clases dominantes se sostienen en el poder no solo por la fuerza del derecho, sino por la capacidad de producir consenso o, en su defecto, por la aplicación directa de la coerción estatal.
El caso boliviano confirma esta lectura. Desde el golpe de Estado de 2019, pasando por la restauración institucional del MAS en 2020, hasta la proscripción electoral de Evo Morales en 2025, se revela una constante: La legalidad liberal-burguesa ha operado como un instrumento de dominación sin hegemonía, incapaz de reconstituir un pacto social duradero o una dirección moral efectiva sobre las masas.
Hoy, Bolivia atraviesa una crisis orgánica –económica, política, jurídica e ideológica–, que se expresa en la inviabilidad histórica del modelo de capitalismo de Estado con rasgos neoliberales que defiende el MAS, la ausencia de alternativas electorales creíbles, el descrédito absoluto del sistema judicial y el resurgimiento de sectores de ultraderecha ante el descrédito de la “izquierda”.
Esta crisis no encontrará solución en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025; al contrario, se profundizará, y el nuevo gobierno, a través de medidas de ajuste estructural, pondrá el peso de esa crisis en aumento sobre la espalda de la clase trabajadora.
En ese sentido, el siguiente gobierno, gane quien gane, no logrará consolidar su hegemonía (capacidad de generar consensos), por lo cual, ejercerá su dominación de forma cada vez más autoritaria y coercitiva, abriendo paso a una nueva etapa del proceso político nacional, marcada por una intensificación de la lucha de clases, tanto al interior del campo popular como contra el conjunto del sistema capitalista.
En este escenario, la tarea es la de desenmascarar el carácter de clase del derecho y del Estado, denunciar la utilización de la legalidad como dispositivo de exclusión y preparar las condiciones políticas, teóricas y organizativas para una intervención independiente de la clase trabajadora, las juventudes, las mujeres, los pueblos indígena-originario-campesinos, diversidades y disidencias sexuales y los sectores empobrecidos del país. Solo podremos salir de la actual crisis si levantamos un Partido de Trabajadores Revolucionarixs que nos permita abrir el camino hacia una verdadera salida anticapitalista y socialista desde abajo.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EL VOTO NULO Y SU POTENCIA CREATIVA
 
En esta carrera electoral las preguntas tienen más valor que las respuestas. Buscar razones para decidir cómo votar es más interesante y creativo que cualquier resultado.
 
Diario Red de Uruguay (https://n9.cl/zv57t)
 
En esta carrera electoral las preguntas tienen más valor que las respuestas. Buscar razones para decidir cómo votar es más interesante y creativo que cualquier resultado.
Dice León Rozitchner que “la democracia actual fue abierta desde el terror, no desde el deseo” Tras las dictaduras, la democracia fue concedida, pero condicionada: su rol era continuar el terror económico por otros medios. Esta democracia incompleta terminó siendo "el mal menor" frente al autoritarismo. Como han señalado también Jessop y Bourdieu, el andamiaje institucional democrático está atravesado por sesgos y violencias simbólicas que garantizan el poder a unos pocos.
En Bolivia, durante 14 años, incluso dentro de esa democracia del mal menor, el Proceso de Cambio se atrevió a cuestionarla desde adentro. De ese impulso nace el Estado Plurinacional. Ahora bien, es tiempo de admitir una primera derrota. Las encuestas para las elecciones del 17 de agosto muestran que el sentido común boliviano hoy valora más los proyectos neoliberales de los 90’s que las ideas que fundaron el Estado Plurinacional. La traición del gobierno de Arce al proyecto político es una de las causas inmediatas, pero hay otras más profundas donde también se inscribe la derrota.
Es importante escuchar a quienes apoyan la fórmula de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado (Alianza Popular - AP) desde una posición militante. No me refiero a los oportunistas de siempre, sino a los que se asumen como parte del bloque nacional popular. Cuando se les pregunta por qué están ahí, casi todos responden que priorizan la representación del bloque popular en la Asamblea Legislativa: “no podemos dejarle la Asamblea a la derecha” o “al menos a los legisladores de AP podremos presionarlos” son argumentos tan válidos como correctos, pero insuficientes para despertar entusiasmo.
En 2020 la línea roja que dividía el campo político nacional era “fue golpe o fue fraude”. Hoy, la nueva línea roja es el reconocimiento o la negación de la proscripción de Evo Morales y del movimiento indígena originario campesino. Lamentablemente, Andrónico y varios miembros de AP relativizan el tema. Eso marca otra derrota: quienes pretenden representar al bloque nacional y popular priorizan los votos por fuera de él. No sería un problema si esa búsqueda fuera táctica y no implicara la negación colonizada de la historia.
Ojalá que los compañeros que integran AP por sus razones correctas logren su representación. Pero, honestamente, los que no quieren esconder posturas radicales están en candidaturas suplentes, fuera del margen de seguridad o detrás de escena. Eso en sí ya es una derrota.
Ahora bien, volviendo al eje de Rozitchner, el hecho de que cuando apuran a Andrónico Rodríguez para ligarlo a la figura de Evo Morales, él decide diferenciarse como “izquierda democrática”, devela que es un candidato aterrorizado antes que refrescante. Acá hay que asumir responsabilidad: fue injusto proyectar en él una herencia simbólica de la que él mismo decidió desprenderse y abandonar. Eso tendría otro valor si lo hubiera hecho a tiempo y con frontalidad.
Creo que desde la figura de Andrónico podríamos haber discutido algo pendiente: cómo ha cambiado el sujeto histórico revolucionario luego de catorce años de Proceso de Cambio. Pensar al movimiento indígena originario campesino como promotor estático de la agenda revolucionaria ya no alcanza. Hoy hay otros sujetos populares que exceden ese marco. Es un error que la política se piense sólo desde la ideología y no desde el cuerpo y la subjetividad ya que se vuelve superficial y reversible. Quizás ahí haya otra derrota: las ideas mueren cuando pierden cuerpo, cuando ya no tienen piel.
Paso de página: hablemos del voto nulo. Esta es la única opción electoral que se planta claramente del lado de la línea roja, reconociendo sin ambigüedades la proscripción ilegal e ilegítima de Evo Morales, del Instrumento Político y del movimiento indígena originario campesino. Pero no se trata solo de eso. Salvando cualquier atisbo de romanticismo, también creo que el voto nulo expresa el espíritu de cuestionamiento a esta democracia aterrorizada. Ese mismo espíritu, en un escenario de victorias simbólicas de las ideas, fundó el Estado Plurinacional. Hoy, cuando en un escenario de derrotas simbólicas, ese espíritu tiene el deber abrir discusiones creativas, con cuerpo y con piel.
Yo decidí votar nulo por eso. Porque creo que hay más potencia creativa en asumir las derrotas que en volver a apostar por el mal menor. Luis Arce y otros dicen que el voto nulo “le hace juego a la derecha”. Pero, en este sistema democrático del terror, seguir eligiendo el mal menor es seguir haciéndole el juego a la derecha todos los días. Admito mi reticencia al concepto mismo  de voto nulo ideológico ligado al trotskismo. Sin embargo, esta vez este voto carga cuerpos proscritos detrás y esto no lo digo como una virtud, sino como un golpe miserable de la realidad.
Es importante recalcar que la democracia como la conocemos es cada vez más perversa no solamente en Bolivia sino en todo el mundo. Hay algo que no está funcionando en los sistemas institucionales, en las formas de representatividad y en los sistemas de pesos y contrapesos. Pareciera que el objetivo de que todos queden adentro es cada vez más inalcanzable. Es por eso también que votar nulo en Bolivia puede ser un germen de cuestionamientos que, quién sabe, hasta se pueden contagiar después.
La democracia actual está fallando no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Algo no funciona en los sistemas institucionales, en las formas de representatividad, en los mecanismos de pesos y contrapesos. La idea de que todos entren en el sistema democrático parece cada vez más inalcanzable. Cada vez gana más el votar y pierde el elegir. Por eso, votar nulo en Bolivia puede ser una semilla de cuestionamientos que no debe quedar en lo testimonial, sino que tiene la potencia de contagiarse más allá de nuestras fronteras.
Finalmente, y esto sólo porque me lo debo como parte de mi realidad migrante, también creo que quedan debates pendientes como que Bolivia es un país mutilado en cuanto hay millones de bolivianos fuera de su territorio y que es cuanto menos injusto, pero también antirrevolucionario, plantearse discusiones con inicio y final electoralista siendo una realidad que miles de ellos no votaron nunca, y peor aún, no tienen Estado ni acá ni allá.
 
 
 
 
 
EL AGOTAMIENTO DE LA TIBIEZA EN EL PROCESO DE CAMBIO BOLIVIANO: NO HAY TRANSFORMACIÓN SIN SUJETO REVOLUCIONARIO
 
Más allá de recurrir a respuestas fáciles como decir que Evo Morales es un ególatra adicto al poder o que Luis Arce es un traidor, sean caracterizaciones ciertas o no, tenemos la responsabilidad histórica de hacer un análisis profundo que explique cómo y por qué llegamos a estas alturas, o, mejor dicho, bajezas.
 
El Ciudadano de México (https://n9.cl/4varw)
 
Existen sectores en la izquierda boliviana que no ven como un peligro la derrota frente a la derecha suponiendo que solo por las condiciones estructurales, o sea por las contradicciones de clase o étnicas en las que se vería sumergido el país cuando se oficialice el retorno de la derecha y del neoliberalismo, en un corto plazo, se volvería el poder político. Esas visiones deterministas son problemáticas porque además de incentivar la inacción, se subsumen a narrativas neoliberales que serán desarrolladas a lo largo del presente texto.
Es usual escuchar entre compañeros de diversos espacios que emergen del movimiento nacional popular, que hasta hace algunos años convergían en uno solo, que ya a estas alturas no les importa que el fascismo ingrese al país, argumentando que en cuestión de meses o pocos años volveríamos a ocupar el poder, porque según ellos, el pueblo no podría tolerar las medidas de ajuste o represión que tome un gobierno de derecha.
Esta posición ignora tres elementos fundamentales: primero, que nunca tuvimos el poder real, que es el económico y mediático y que, por cierto, tampoco nos preocupamos nunca por disputarlo. Si no, que ocupamos el ejecutivo y en su momento fuimos hegemónicos en el ámbito político y social. Segundo, que se subestima a la derecha en tanto su voluntad de represión y castigo a las clases populares por algún momento haber osado autodeterminarse. Tercero, eluden la ausencia de un proyecto programático revolucionario o, dicho de otra forma, de un horizonte histórico que hermane voluntades. Siendo este último el resultado de la prescindencia del sujeto histórico de nuestro país hace varios años. Entendiendo al sujeto no como a un liderazgo o una persona, sino como a las clases populares históricamente oprimidas conscientes y con un sentido unitario que las conecte. Teniendo como síntomas de aquello el aburguesamiento y desideologización del proceso de cambio.
Aproximaciones al debate académico sobre el sujeto
Con la aparición de los “post” estructuralismo y modernismo como la ideología cómplice del neoliberalismo con su crítica a las estructuras, pero al mismo tiempo cargando aún con vestigios del estructuralismo, ponen en duda la existencia del sujeto. Proponen una terminología cargada de despolitización, desplazan la existencia del sujeto y en su lugar proponen artificios conceptuales como “agentes”, “actores”, “multiplicidades”, entre otros, sin un sentido unitario que los enlace.
Impregnados de metafísica, negando la existencia del sujeto formulan que los “actores” son resultado de los discursos. De esta manera inducen a la imposibilidad de cuestionar y discutir si los sujetos son libres o no. Los académicos posmodernos y posestructuralistas plantean explícita o implícitamente el hecho de que no existe un sujeto histórico transformador, sino que en su lugar hay agentes o actores que simplemente acompañan relatos. Cuando Derrida dice que no hay nada fuera del texto, está diciendo que todo es relato, por lo tanto, cae en los absolutos/universales, y es sabido que todo absoluto es metafísica y, por lo tanto, idealismo.
Gramsci, en sus Cuadernos de la Cárcel, al analizar la falsedad de la existencia de un sentido común universal, ya dijo que no existen universales. El sentido común es algo que deriva del lenguaje, entonces, tanto el lenguaje como el sentido común son producto de los hombres, de una consciente voluntad hegemónica. El sentido común es la imposición de relatos que se solidifican con el tiempo, pero no es eterno.
Según Kohan, para caracterizar algo como fetichista o alienado debe presuponerse como condición anterior que a nivel social existen sujetos autónomos que pierden su autonomía, racionalidad y capacidad de decisión sobre sus condiciones de existencia. Empero, si las narrativas dominantes incluso en las ciencias sociales se niegan a ese algo, es inhacedero caracterizar a ese algo.
Por otro lado, Althusser quien no está catalogado como un académico posmoderno, pero sí determinista/estructuralista, rechaza la historia centrada en los hombres, en los sujetos, porque según él, es una problemática ideológica no científica, voluntarista e idealista. Para él, los hombres son simples portadores que acompañan al proceso histórico de contradicciones en las relaciones de producción. Polemiza con Gramsci, y, en contraste, postula que esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción operaría independientemente de la voluntad y conciencia de los hombres, que serían el producto del verdadero motor de la historia. Evidentemente, responde a un determinismo que, en última instancia, se fetichiza, porque ese “motor de la historia” es externo a la voluntad, está fuera de mí, como una especie de divinidad superior al hombre.
Althusser, que transita su camino teórico renegando de la metafísica y acusando a Gramsci de idealista, termina siendo metafísico porque cae en los absolutos, en los determinismos mecanicistas.
Así es como tanto las dinámicas académicas posmodernistas y posestructuralistas –como también las estructuralistas– terminan por negar ambos al sujeto con preconcepciones absolutas. Por un lado, los primeros niegan al sujeto alegando que en su lugar se trataría de actores efecto del discurso; los segundos, niegan al sujeto porque los hombres serían efecto de una estructura predeterminada.
Dicho de otra forma, disuelven el sujeto en estructuras o en discursos. Ambos terminan despolitizando la historia sin dejar espacio ni margen a la rebelión.
Consecuencias prácticas del debate académico sobre el sujeto
Entonces, para quienes concebimos al hombre como el centro medular de la historia, el sujeto es el humano conectado y consciente de su vinculación innegable con la totalidad como engranaje protagónico de las transformaciones. Son las clases populares oprimidas conscientes y organizadas.
Negar al sujeto significa rendirse ante el sistema. Pero hay varias formas conscientes e inconscientes de negar al sujeto. Error que acompañó al andar de los llamados progresismos latinoamericanos. En el caso boliviano, el llamado Proceso de Cambio encabezado desde el 2006 por Evo Morales, resultado de una lucha histórica de las clases oprimidas desde Tupac Katari, pasando por la guerrilla del Che, la lucha frente a las dictaduras del Plan Cóndor, la resistencia en contra del neoliberalismo desde el ‘85 en adelante, luchas que finalmente fueron organizadas en la agenda de octubre de 2003. Este Proceso que fue caracterizado por grandes logros como la nacionalización de los recursos naturales, la asamblea constituyente que derivó a la refundación del Estado a uno plurinacional, la nacionalización de las empresas estratégicas del Estado que permitieron la adquisición de derechos y dignificación de la vida de los bolivianos.
Después llegó el embate del Golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando el fascismo se hizo del poder y dejó en luto al pueblo con las masacres de Senkata y Sacaba. Seguidamente vino la recuperación de la democracia con la victoria del movimiento nacional popular de la mano de la candidatura de Luis Arce, victoria que fue producto de la organización y lucha de los movimientos sociales en agosto de 2020 liderada por Felipe Quispe y Orlando Gutiérrez. Luego, se podría caracterizar al momento histórico que vivimos en Bolivia, a excepción de los dos primeros años de gestión de Arce, como el momento de fragmentación del movimiento popular en permanente escalada, impulsado por la inestabilidad económica.
Pero más allá de recurrir a respuestas fáciles como decir que Evo Morales es un ególatra adicto al poder o que Luis Arce es un traidor, sean caracterizaciones ciertas o no, tenemos la responsabilidad histórica de hacer un análisis profundo que explique cómo y por qué llegamos a estas alturas, o, mejor dicho, bajezas.
 
 
 
 
 
BOLIVIA. MEMORIA Y ENCUESTAS
 
Kaos en la Red (https://n9.cl/701np)
 
La inversión en la política comienza en las transacciones mercantiles entre medios de comunicación y el candidato-producto a ser vendido. Para esto se requiere a los expertos en marketing que se ocupan de vender colorante de cabello, jarabe de la vida eterna o “la mágica crema blanca que te hace bella”. Nada más se trata de cambiar el nombre del papel higiénico por el nombre de un candidato y publicar encuestas que demuestren que su producto es “el más mejor”. Así opera el mercado electoral. Entonces, tenemos que ser muy ingenuos, para creer que cumplirán lo que dicen. El mejor ejemplo es el señor Milei, que prometió cambiar la moneda argentina por el dólar, prometió que el pueblo no sufriría por los ajustes económicos, pues los ajustes los pagaría “la casta”, prometió hacer volar el Banco Central…prometió…prometió.
¿Cómo defenderse de esta avalancha de promesas electorales? Muy sencillo, apelando a la memoria. Hace pocos días hablé de este tema con unos ciudadanos preocupados por la “fatalidad y tragedia que se avecina”, haciendo alusión a la posible victoria de la derecha política en Bolivia, y ponían como ejemplo el gobierno del dictador Banzer que ganó las elecciones, demostrando que “el pueblo no tiene memoria”. ¡Error! El pueblo sí tiene memoria, por eso Banzer no llegó ni al  25% de votos (logró un 22,26%) en las elecciones de 1997. Incluso el voto de Banzer es un reflejo de la memoria de los sectores protegidos y promovidos durante su dictadura, como los agroindustriales, desperdigados hoy en todos los partidos de derecha por el fracaso de imponer su modelo de “nación camba” a todo el país, como aún sostienen algunas neuronas racistas del Comité Cívico de Santa Cruz.
La memoria tiene que poner en su justo lugar histórico a los señores Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa, cada uno con un largo recorrido en su angurria de poder. Un heredero de una familia que hizo dinero con negocios con el Estado, un burócrata maltratado por la esposa del ex dictador y un negociante inmobiliario que privatizó el agua en Cochabamba y no pudo en todos los años que fue alcalde, solucionar el tema de la basura. Esa  es la característica de su “experiencia”  en el gobierno local, manteniendo su voto con los favores a los dirigentes corruptos de juntas vecinales y de gremiales.
Estos tres candidatos, no debemos olvidar, son los responsables directos de la muerte de bolivianos y bolivianas en los trágicos días de noviembre del año 2019. Este es un hecho que debemos recordarles todos los días. Estos hechos contradicen todas las promesas que pueden hacer buscando “el progreso del país”. Los hechos nos demuestras que son capaces de volver a utilizar la muerte para justificar sus políticas antinacionales como la privatización de los activos, que son las inversiones del trabajo de todos los bolivianos y bolivianas. Claro, ya tienen experiencia en la tajada que recibirán por “chauchitar” el capital acumulado por el Estado.
Este trío, que no tiene diferencias en su manera de pensar y actuar (sus enfrentamientos en la TV son solo parte del show, recomendado por sus marketineros) está convencido que el futuro les pertenece. Lamentamos darles una mala noticia el futuro es siempre construido por el pueblo, por eso tuvimos una rebelión popular en 1952, una gloriosa huelga de hambre en 1978, la guerra del agua del año 2000 y la guerra del gas del año 2003. El pueblo siempre ha frenado los intentos de vender nuestros recursos naturales para provecho de grupos o personas. Esa es la historia de nuestro país, una lucha permanente del pueblo contra dictadores, presidentes negociantes, jueces y policías corruptos, alcaldes mentirosos y ladrones, empresarios subvencionados  cuyas ganancias nunca retornan al país, et, etc., y esas luchas están presentes en la memoria colectiva del pueblo, claro que no en la memoria de racistas acomplejados y de colonizados que aun teniendo raíces indias se venden a los hijos de los patrones, para “blanquearse”.
Esa memoria histórica se hará presente a la hora del voto, que será una bofetada a las encuestas pagadas y a los rostros sonrientes que prometen que en 100 días abrirán las puertas del infierno.
 
 
 
 
 
EL CONTRABANDO DEJA EN RIDÍCULO A ARCE: COMERCIO ILÍCITO CRECE Y DECOMISOS CAEN 57 %
 
Es evidente que el sector industrial paga las consecuencias del auge del contrabando en Bolivia. Hasta ahora hay al menos 40000 empresas afectadas y más de 600.000 fuentes de empleo en riesgo, debido a negocios "en negro" que, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria (CNI), rondan los 3300 millones de dólares anuales.
 
Panam Post de Panamá (https://n9.cl/w034w)
 
Al presidente de Bolivia, Luis Arce, le restan tres meses para despedirse del cargo. El próximo 8 de noviembre será el traspaso de mando y el jefe de Estado lo hará con cifras que revelan el rotundo fracaso de su gestión en la lucha contra el contrabando, al reportar en el primer semestre de 2025 una caída de 57,94 % en el decomiso de mercancías traficadas, en comparación con 2024, mientras el sector privado alerta que el comercio ilícito sigue en aumento por nuevas rutas.
Si bien el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, divulgó como un “gran logro” la incautación de 89 millones de bolivianos —equivalente a 6,4 millones de dólares, aproximadamente— en productos provenientes de países vecinos y otros que pretendían salir de la nación cocalera sin pasar por aduanas, esta declaración solo hunde a Arce, pues durante el mismo periodo del año anterior, se interceptaron al menos 211,6 millones de bolivianos en artículos —15,3 millones de dólares— por esta misma causa.
Al ahondar en estos datos, es evidente que el sector industrial paga las consecuencias del auge del contrabando en Bolivia. Hasta ahora hay al menos 40000 empresas afectadas y más de 600.000 fuentes de empleo en riesgo, debido a negocios “en negro” que, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria (CNI), rondan los 3300 millones de dólares anuales. Este es un indicativo que las cifras de decomiso en 2024, las cuales fueron 423,2 millones de bolivianos —30,4 millones de dólares— representaron tan solo el 1,83 % (calculado en dólares) de lo que en realidad se comercializó por esta vía, si se tiene en cuenta las cifras ofrecidas por el titular de la cartera de Defensa.
La amenaza del avance de estas redes está contabilizada. Según el actual presidente de la CNI, Pablo Camacho, ni a la nación ni al próximo Jefe de Estado le conviene la situación, cuando los agremiados aportan el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB), el 11 % del empleo formal, contribuyen con 50% de las exportaciones y 17 % de las recaudaciones.
La nueva táctica de las mafias para optimizar el contrabando
Las mafias del contrabando operan con tecnología en Bolivia. Las pesquisas indican que para la coordinación de sus operaciones ilícitas cuentan teléfonos móviles satelitales e incluso drones, equipos apodados como “loros”, cuyas imágenes les permiten anticipar sus rutas, para evitar los controles de las autoridades.
La fragilidad institucional de la nación cocalera favorece a sus negocios. Arce no puede negarlo cuando existe poca evidencia de una coordinación entre el Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas (CEO) y las dependencias aduaneras de las zonas fronterizas.
“No hay labor conjunta de inteligencia”, reveló el excomandante departamental de la Policía Boliviana y exdirector de la Academia Nacional de Policía (Anapol), Eduardo Vidaurre, en NoticiasFides. Al respecto, el funcionario castrense asegura que el CEO actúa de forma autónoma y solo entrega la mercancía incautada cuando finaliza sus intervenciones.
Las rutas del tráfico
Las fronteras de Bolivia con Perú, Paraguay, Argentina y Brasil son las principales vías de salida y entrada de mercancía que se oculta en equipajes o cargas. De hecho, militares descubrieron 23 nuevas rutas para tráfico en los últimos seis meses. Todas son utilizadas para el contrabando de alimentos, entre ellos, papa, harina, aceite, arroz, cabezas de ganado, ganado porcino y pollo, gasolina, sacos de coca, ropa usada e incluso, línea blanca y línea negra, esta última relacionada con computadoras, equipos de sonido, monitores.
Además, desde 2018, los organismos de seguridad reportan 375 uniformados de baja por daños asociados a los operativos contra el contrabando. El número abarca fallecidos, heridos y efectivos que quedaron con alguna discapacidad. Solo en este año, ya 46 militares resultaron heridos, ocho de ellos con discapacidad permanente.
 
 
 
 
 
PATRICIA BULLRICH CELEBRÓ EL CIERRE DE UN PASO ILEGAL EN LA FRONTERA CON BOLIVIA: “DELINCUENTES PRESOS”
 
La ministra de Seguridad difundió los resultados del operativo realizado en la provincia de Salta por Gendarmería y Aduana en el marco del Plan Güemes. “Se creyeron vivos”, afirmó sobre los detenidos
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/lb7co)
 
Patricia Bullrich celebró en sus redes sociales este lunes el cierre de un paso ilegal en la frontera entre Argentina y Bolivia, tras un operativo realizado en la localidad Orán, provincia de Salta. La intervención, ejecutada por efectivos de Gendarmería Nacional y agentes de la Dirección General de Aduanas, derivó en la detención de once personas y el decomiso de mercadería valuada en millones de pesos. El operativo se enmarca en el denominado Plan Güemes, programa impulsado por el Ministerio de Seguridad para fortalecer el control en los puntos más sensibles de las fronteras del norte del país.
La titular de la cartera de Seguridad celebró el resultado de la acción a través de su cuenta en la red social X, en la que destacó la captura de los sospechosos, quienes, según sus palabras, intentaban sortear los controles oficiales en el límite internacional. “Delincuentes presos”, escribió Bullrich en el posteo, acompañado de imágenes y videos que muestran parte del procedimiento. Asimismo, la funcionaria remarcó la magnitud de la maniobra desarticulada y subrayó el alcance de las incautaciones efectuadas en la zona.
El tramo fronterizo intervenido es reconocido por las autoridades como uno de los principales corredores irregulares utilizados para el tráfico de mercadería sin aval aduanero. En la última acción, funcionarios de Gendarmería y Aduana identificaron y bloquearon una de las sendas clandestinas por donde, según la investigación, operaba una estructura dedicada al contrabando de productos desde Bolivia hacia Argentina, según detalló el Ministerio de Seguridad.
El ministerio bajo la conducción de Bullrich informó que el despliegue se inició a raíz de tareas de inteligencia previas, coordinadas con el aporte de tecnología y vigilancia en la zona limítrofe. Tras individualizar los movimientos sospechosos, los agentes interceptaron a los involucrados en pleno traslado de cajas y fardos en el límite internacional del río. En el operativo se secuestraron electrodomésticos, ropa, dispositivos electrónicos y otras mercaderías, que al momento del procedimiento carecían de documentación que acreditara su ingreso legal al país.
Según las fuentes oficiales, durante la intervención los efectivos debieron desplegarse en inmediaciones del puente internacional de Aguas Blancas, uno de los puntos más frecuentados para el cruce irregular de mercaderías. Los controles implementados permitieron constatar la participación de los aprehendidos en el traslado de los bienes incautados. El procedimiento incluyó el rastrillaje del área, la detención de los individuos implicados y el secuestro de los elementos hallados.
En su publicación en X, Patricia Bullrich remarcó: “Delincuentes presos. Otro paso ilegal cerrado en la frontera con Bolivia por la Gendarmería. Incautamos millones en mercadería. Se creyeron vivos y terminaron entre rejas”, según las expresiones recogidas en su red social. El mensaje de la ministra vino acompañado de un video de la fuerza de seguridad que documenta el despliegue y los resultados obtenidos.
El operativo realizado se inscribe en una serie de controles reforzados en el norte argentino, dispuestos en el Plan Güemes, iniciativa presentada por el gobierno nacional a inicios de este año con el objetivo de combatir el contrabando y otras actividades ilícitas transfronterizas. Desde la creación del plan, se han intensificado los patrullajes, la instalación de retenes y el uso de tecnología para supervisar las rutas alternativas detectadas a lo largo de la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil.
Según comunicó el Ministerio de Seguridad, la intervención de este lunes constituye una de las principales acciones de las últimas semanas en la provincia de Salta. Además de los once detenidos, las autoridades trasladaron la mercadería secuestrada a depósitos de Aduana para su inventario y posterior peritación, en el marco de una causa por contrabando agravado. Los involucrados quedaron a disposición de la justicia federal, que investiga el alcance de la organización.