Crece
la condena internacional al régimen de Daniel Ortega en medio de la brutal
persecución contra la oposición de cara a las elecciones convocadas para el
próximo 7 de noviembre. En las últimas horas quien envió un contundente mensaje
al dictador nicaragüense fue el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da
Silva, uno de los referentes de la izquierda latinoamericana.
“Toda
vez que un gobernante se empieza a creer insustituible, toda vez que un
gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese
país (…). Cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos
transformando en dictadores”, opinó el ex mandatario, durante una entrevista
con la periodista mexicana Sabina Berman en la que habló de la región y se
refirió puntualmente al caso de Nicaragua.
Si
bien opinó que Ortega fue un gran presidente “en el comienzo inmediato de la
Revolución Sandinista”, Lula dijo que hace diez años no tiene contactos con
Nicaragua: “No sé muy bien lo que está sucediendo, pero tengo informaciones de
que las cosas no están nada bien ahí”.
Ante
la crisis que atraviesa el país centroamericano, el ex presidente brasileño le
dio un consejo al dictador nicaragüense: “Si pudiera darle un consejo a Daniel
Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente, no abandone a la
democracia. No abandone defender la libertad de expresión, la libertad de
comunicación, la libertad de los medios de comunicación, porque eso es lo que
fortalece a la democracia”.
“Para
que un metalúrgico como yo llegue a la presidencia, para que un indio como Evo
Morales llegue a la presidencia de Bolivia, sólo puede suceder a través de un
régimen democrático. Permitir que el pueblo avance en términos de conciencia es
lo que elige a la gente, que fue lo que pasó con el compañero López Obrador,
quien luchó mucho para llegar a la presidencia”, añadió.
En
esa línea, consideró importante que Nicaragua tenga “una alternancia en el
gobierno”: “La democracia permite alternancia en el poder; permite inclusive
desde el punto de vista de las clases sociales pueda existir un relevo en el
poder”.
Recordó
que durante su mando, en el año 2010, su gestión contaba con un 87% de
aprobación en las encuestas. Pese a esto, no buscó un nuevo mandato: “Mucha
gente quería que yo tuviera un tercer mandato, yo no acepté un tercer mandato
porque soy ampliamente favorable a la alternancia en el poder, para que la
sociedad vaya perfeccionando su participación democrática, a veces se equivoca,
a veces tiene éxito…”.
Este
lunes, tras encarcelar a decenas de opositores, Ortega confirmó que irá por su
tercera reelección en Nicaragua
El
congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) de Nicaragua aprobó
por unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Ortega, para un
cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre junto con su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo.
El
dictador nicaragüense, de 75 años, y quien gobierna el país desde 2007 tras dos
reelecciones sucesivas que la oposición calificó de “fraudulentas”, buscará
asentarse en el poder hasta 2027, junto con Murillo, de 70 años, y quien lo
compaña en la vicepresidencia desde 2017.
La
candidatura a la reelección de Ortega y Murillo fue lanzada luego de que la
policía del régimen arrestara a siete aspirantes a la presidencia de la
oposición, entre ellos Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta
Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien figuraba como favorita en las encuestas
para enfrentar a Ortega.
Los
otros precandidatos detenidos por la dictadura son Arturo Cruz, Félix
Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.
En
el marco de la brutal persecución contra la oposición, el régimen sandinista
encarceló a cerca de 30 personas en los últimos meses.
La
comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a la cabeza,
repudió la persecución contra la oposición y exigió a la dictadura de Ortega
condiciones para la celebración de unos comicios libres y transparentes.
Este
lunes la Unión Europea impuso sanciones a ocho allegados de Ortega. Según
indicó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, esa acción de la UE muestra
que existe “inquietud” por los comicios de noviembre.
Además
de Murillo y uno de sus hijos, la UE sancionó a la presidenta de la Corte
Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; al titular de la Asamblea Nacional,
Gustavo Porras Cortés; a la fiscal general, Ana Julia Guido; al asesor
presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce; y a los jefes de alto rango
de la Policía Nacional Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.
Pero
nada detiene las aspiraciones de Ortega de perpetuarse en el poder. La semana
pasada incluso cerró las puertas a cualquier negociación para lograr elecciones
libres en el país: “Frente al imperio no hay espacio alguno de negociación y de
entendimiento, los que se hacen ilusiones sencillamente se están olvidando de
la propia historia de su pueblo que han sufrido las más brutales agresiones y
humillaciones del imperio”. Infobae de Argentina (https://bit.ly/3jpi31e)
BOLSONARO,
OTRO LÍDER QUE SE SUMA A LA ESTRATEGIA DEL "FRAUDE ELECTORAL"
MIENTRAS CAE EN LAS ENCUESTAS ANTE LULA
El Diario de
España (https://bit.ly/37k0eLw)
No
hay lugar para una elección competitiva si no existe la posibilidad de una
derrota. Jair Bolsonaro se resiste a la idea de un posible revés electoral en
las presidenciales del año que viene. Para intentar cambiar las tendencias que
marcan las encuestas, que ubican al expresidente Lula da Silva 30 puntos por
encima, el presidente avanza con una estrategia de denuncia sin pruebas sobre
un supuesto "fraude" coordinado por el Tribunal Superior Electoral
(TSE).
Por
esa razón, el TSE de Brasil abrió este lunes una investigación administrativa
contra el presidente por su campaña de difamación contra el sistema electrónico
de votación, instaurado hace dos décadas, y pidió a la Corte Suprema que lo
incluya en otro proceso sobre la diseminación de noticias falsas. Por su parte,
Bolsonaro reaccionó declarando que no acepta "intimidaciones".
"Esta
es una elección que Bolsonaro no puede perder. Prefiere provocar caos para
continuar en el gobierno y evitar terminar preso", dice a elDiario.es
George Avelino Filho, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford
y profesor en la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo.
La
estrategia incluye instalar la amenaza del fraude electoral en base a una
supuesta falta de confianza en el voto electrónico que el país adoptó en 1996.
El presidente brasileño busca recuperar el voto en papel mediante una enmienda
constitucional que está en trámite en el Congreso, en la cual propone que para
las presidenciales de 2022 se incorpore, en paralelo al voto electrónico, el
antiguo sistema de papeletas, que considera el único "realmente
auditable".
Para
los especialistas, este argumento no tiene ningún tipo de fundamento. El modo
en que Bolsonaro acusa de mal funcionamiento a las máquinas de votación
electrónica no solo busca deslegitimar el proceso electoral, sino también
aumentar la desconfianza en la democracia.
Claudio
Goncalves Couto, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo y
coordinador del máster en Políticas Públicas de la Fundación Getulio Vargas,
explica a este medio que "el sistema electoral brasileño no tiene ningún
tipo de problema estructural que justifique los ataques de Bolsonaro. Lo que
quiere hacer es desacreditar las instituciones de la democracia brasileña. No
solo el proceso electoral".
La
amenaza de fraude como estrategia electoral
Bolsonaro
dice que las máquinas de votación electrónica no son fiables. "Esto es
inapropiado dado que ya se han realizado una serie de pruebas con estas urnas,
realizadas por diversos partidos políticos y sus técnicos, sin que jamás se
haya evidenciado ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces Bolsonaro lucha contra
un fantasma, un espantapájaros que simplemente no tiene fundamento en la
realidad", dice Claudio Goncalves Couto.
Pero
esto no es nuevo. Ya como diputado, en la década de los 90, denunciaba una
estafa electoral en su contra. "Bolsonaro está jugando estratégicamente
una posición que el ya tenía. No la inventó ahora", explica Avelino Filho.
Permanecer
en el poder es su meta más urgente, pero no la única. Lo que más preocupa al
presidente es la posibilidad de que avance una investigación en su contra.
Para
Avelino Filho, "Bolsonaro está en una situación en la que no puede perder
una elección. Si pierde, será inmediatamente procesado sea por la inmensa
cantidad de muertos que ha dejando la administración de la pandemia o su
implicación en otros casos de corrupción como en la compra de las
vacunas".
Pero
además, puede ser leído como un manotazo de ahogado en un momento de extrema
soledad política en el que necesita con urgencia el sello político de un
partido para presentarse como candidato, algo que por ahora no tiene.
La
desconfianza electoral como problema regional
Esta
estrategia electoral no puede entenderse sin el factor Trump. "La postura
de Bolsonaro es la misma, es destructiva y piensa vender cara su derrota. Si
existe la posibilidad de que termine en la cárcel, antes generará un caos
total", explica Avelino Filho.
Pero
la desconfianza en los sistemas electorales tampoco es solo una estrategia del
expresidente republicano. El descrédito en la votación se ha vuelto una
práctica cada vez más habitual en América Latina. Lo vimos en Perú con las
denuncias de Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, las elecciones de 2019 en
Bolivia que terminaron con renuncia por la fuerza del presidente Evo Morales y
hasta las acusaciones de López Obrador a las autoridades electorales por la
baja participación del plebiscito del domingo.
La
información como respuesta
Para
los especialistas, la mejor manera de debilitar esta posición es dar el debate
con argumentos en el espacio público. "Hay que demostrar con evidencia que
el sistema actual es fiable y no tiene vulnerabilidad demostrable. Las
autoridades públicas, ya sea del poder legislativo o judicial, pueden demostrar
que el sistema de votación electrónica en Brasil no permitirá ningún tipo de
fraude", sostiene Goncalves Couto.
Las
autoridades de Justicia Electoral ya lo han hecho. El seguimiento en tiempo
real por parte del TSE a las declaraciones que Bolsonaro hacía en un vivo en
redes sociales "resultó una herramienta muy útil para que la propia prensa
difunda lo que realmente es cierto sobre las urnas y así contradecir al
presidente y demostrar que el fraude es en realidad lo que él busca",
explica Cuoto.
Para
Avelino Filho, si Bolsonaro instala la creencia de una falta de credibilidad en
las elecciones, "esa sospecha es acumulada con otras como que en la
política son todos ladrones, son todos corruptos y ese escenario de
desprestigio de la política le termina por beneficiar".
Pocas
posibilidades de impeachment
Las
posibilidades de que avance un proceso de juicio político contra Bolsonaro,
según los especialistas, son pocas. Cuando más se aproximan las elecciones,
existen menos posibilidades de que avance el impeachment.
Primero,
porque los políticos no quieren que el debate público este dominado por este
tema. En segundo lugar, porque esta situación podría ser utilizada por
Bolsonaro para construir la narrativa de victimización.
La
combinación para que un impeachment avance es crisis económica, algún escándalo
político que pueda ser utilizado como gatillo para manifestaciones, la baja
aprobación y la retirada del apoyo por parte del vicepresidente. Bolsonaro
todavía conserva el respaldo de un cuarto del total del electorado y también el
respaldo político del vicepresidente, Hamilton Mourao.
ARMAS
A BOLIVIA: EL FISCAL NAVAS SOLICITÓ COOPERACIÓN AL GOBIERNO DE LUIS ARCE
Perfil de
Argentina (https://bit.ly/3ipjnlI)
Ala
espera de que se defina quién será el juez en la causa por el envío de armas a
Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales durante el gobierno de Mauricio
Macri, ayer arribó a La Paz un pedido del fiscal Claudio Navas al gobierno de
Luis Arce para que autorice el traspaso formal de información de forma tal de
acceder a documentación de las dependencias oficiales de aquel país durante su
investigación por presunto contrabando. Además, desde la misión diplomática
argentina ya enviaron el grueso de la documentación hallada allí que apuntala
la denuncia que formuló a mediados de julio el Gobierno nacional y arribará al
país en los próximos días.
El
pedido formal de cooperación del fiscal Navas al gobierno boliviano se basa en
la ley 26.004 que aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la
República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002. La
norma fue sancionada el 16 de diciembre de 2004 y promulgada, de hecho, el 10
de enero del año siguiente.
El
objetivo es acelerar los tiempos del acceso a pruebas documentales y registros que
forman parte de la administración pública boliviana. En concreto, la atención
del fiscal se dirige hacia las dependencias que puedan haber tenido algún tipo
de participación en la maniobra de presunto contrabando de armas, como la
cartera de Defensa, la Cancillería, la de Gobierno e Interior. Lo que se busca
son evidencias que prueben la participación de ex funcionarios de la gestión de
facto de Jeanine Añez y que den cuenta de un delito desde la Argentina, durante
el final de la gestión de Mauricio Macri. Eventualmente, podrían ser citados
también a declarar en este país, si avanza el expediente.
La
carta del fiscal Navas fue transmitida a través de los canales diplomáticos y,
a lo largo de hoy miércoles, será entregada al gobierno de Bolivia. En simultáneo,
ayer se transfirió por correo diplomático el grueso de las evidencias que
formaron parte de la denuncia del Gobierno nacional y que habían sido
detectadas en la embajada, como la carta dirigida al entonces embajador
argentino Normando Álvarez García. Una parte de ese material solicitado por la
Justicia argentina ya había arribado el lunes. Lo restante llegará hacia fines
de esta semana o principios de la otra.
La
reducción de vuelos, producto de la pandemia, es un factor que alarga los
tiempos de acceso a esas documentaciones ya que las conexiones aéreas con
Bolivia son limitadas. Además de los trámites burocráticos que implica el envío
y recepción de material por vías diplomáticas, a través de la Cancillería. De
hecho, todos los registros y documentos a los que pueda acceder eventualmente
el fiscal Navas a partir del acuerdo con Bolivia se tramitará por estos canales
con los plazos consiguientes.
Se
esperan, además, novedades respecto de la tercera prueba que el gobierno
boliviano anunció el viernes pasado y que se trataría de un remito de recepción
del material enviado desde la Argentina y recibido por la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB). Hoy el embajador argentino en La Paz se reunirá con el
ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a fin de acceder a este documento así
como, hace dos semanas, supervisó parte del material hallado en los depósitos
de la Policía boliviana con el sello de Fabricaciones Militares.
Según
lo que el propio funcionario boliviano reportó, en línea con lo que se conoce
hasta ahora, hubo una carga autorizada en el Hércules C130 que aterrizó en El
Alto el 13 de noviembre de 2019 proveniente de El Palomar consignada en 27
ítems. Luego, existen otros seis que no figuran en ningún manifiesto y que se
corresponden con los listados en la carta que lleva la firma del ex jefe de la
FAB, Jorge Terceros Lara –y que él niega–, dirigida al ex embajador argentino
Normando Álvarez García. Se trata de las 70 mil postas de goma y los gases y
spray lacrimógenos.
Según
Novillo, “hay un informe de un suboficial que sí firma (e indica) que él fue el
encargado de la recepción y haber recibido estos seis ítems que se describen en
la carta. Lo sorprendente de esto, es que no existen registros de ingreso desde
la Argentina hacia Bolivia de manera regular, sino están fuera de los 27
items”. El militar habría reconocido, en un sumario interno, su firma en el
documento en cuestión. No obstante ello, todavía no se encontraron restos de
ese material, si bien no descartan que pueda suceder, como ocurrió con la
Policía.
De
momento, la investigación por la causa por el envío de armas a Bolivia tras el
golpe de Estado avanza por canales paralelos en ambos lados de la frontera
aunque pronto podrían cruzarse a partir del intercambio de documentos. En
Argentina, donde el expediente sigue la figura del presunto contrabando, resta
definir qué juzgado se quedará a cargo a lo largo de esta semana mientras que
en La Paz, donde la Justicia persigue la aparente comisión de un delito de
responsabilidad mayor, el tráfico ilegal, recién esta semana volvió a acelerar
tras el fin de la feria judicial.
En
la capital boliviana, quien se encuentra a cargo de la investigación es el
fiscal general del departamento. De momento, la carga de responsabilidad se
focaliza más en la pata local que en la argentina, salvo por la imputación al
ex embajador Álvarez García. No se descarta que, conforme avance la
investigación, la mirada pueda ampliarse hacia otros funcionarios de la
embajada argentina, como el ex agregado militar en la embajada y jefe de la Misión
Naval argentina en Bolivia, Miguel Alonso.
Mientras
tanto, en Argentina, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart
declinó el lunes su competencia en favor del juzgado que conduce el juez
Alejandro Catania, donde se radicó la primera de las denuncias sobre el caso.
López Biscayart había levantado el párate de la feria para iniciar los primeros
pedidos de documentación. Esa primera denuncia estuvo a cargo del ex camarista
Eduardo Freiler mientras que la segunda se correspondió con la del Gobierno
nacional, encabezada por la cartera de Justicia, Seguridad y la AFIP.
EL
ROL CLAVE DE MARCOS PEÑA EN EL ENVÍO DE ARMAS A BOLIVIA
Una
resolución del 2019 certifica que Patricia Bullrich le notificó la partida de
los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura del
Gabinete, a cargo de Fulvio Pompeo.
Página 12 de
Argentina (https://bit.ly/2VxuIXB)
La
Jefatura de Gabinete, que estaba a cargo de Marcos Peña, también fue parte del
procedimiento por el cual el gobierno de Mauricio Macri terminó enviando
municiones para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. La entonces
ministra de Seguridad Patricia Bullrich le informó de la partida de los
gendarmes y tramitó viáticos con la Secretaría de Asuntos Estratégicos que
dependía de Peña, quien hasta el momento no está involucrado en la causa que se
desarrolla en el fuero penal económico y que tiene al propio Macri entre los
imputados.
Bullrich
autorizó el 15 de noviembre de 2019 la partida del primer contingente de
gendarmes del grupo “Alacrán” a Bolivia, tal como informó Página/12. Si bien la
autorización se firmó ese día, los gendarmes partieron tres días antes a bordo
de un Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de El Alto en la madrugada
del 13 de noviembre de 2019. Pese al desacople entre la salida efectiva de los
gendarmes y la firma de la resolución, hay un dato fundamental en ese
documento: es la prueba de que también tuvo participación en todo el
procedimiento la Jefatura de Gabinete, que Marcos Peña manejaba con mano de
hierro.
Según
la resolución, revelada por el programa Conflicto de Intereses de C5N, Bullrich
le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos
de la Jefatura de Gabinete, que estaba en manos de Fulvio Pompeo. Lo hizo
invocando la resolución administrativa 1067 de septiembre de 2016, que
establecía el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes para el personal de la
Administración Pública Nacional. En su artículo sexto, la resolución establecía
que las salidas de agentes estatales debía ser comunicada con anterioridad a la
Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este documento es parte de la documentación
ofrecida a la justicia por el gobierno.
Sería
curioso que Pompeo no haya reparado en la salida de los gendarmes. Pompeo es
uno de los expertos del macrismo en la cuestión internacional y, de hecho, es
actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. En 2018, Macri
lo hizo calzarse el traje de asesor nacional en materia de seguridad y lo puso
al frente de una mesa en la que se sentaban Bullrich, el entonces ministro de
Defensa Oscar Aguad, el entonces canciller Jorge Faurie y el titular de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.
Además,
el propio Pompeo había seguido bien de cerca el tema Bolivia, incluso lo
exteriorizó más en las redes sociales que Faurie. El 26 de marzo de 2019,
Pompeo recibió en la Casa Rosada a Oscar Ortiz Antelo, un empresario boliviano
devenido senador por el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una vez
derrocado Morales, Ortiz Antelo fue el ministro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural de la dictadura de Jeanine Añez. También llegó a ocupar por
poco más de dos meses el ministerio de economía del régimen de facto.
Pompeo
fue también de la partida cuando Evo visitó el país en abril de 2019 y lo
invitaron a recorrer Campo de Mayo. En esa ocasión, estuvieron también Faurie y
Aguad. El 20 de mayo de ese año, Pompeo se sentó a la mesa con el secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, Peña y
Macri para tratar dos cuestiones: Venezuela y Bolivia. Almagro jugaría un rol
clave en el proceso de desestabilización que precedió al golpe contra Morales
en noviembre de 2019, cuando Argentina mandó los gendarmes y las municiones que
quedaron en manos de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia.
Pompeo
fue denunciado por el excamarista Eduardo Freiler por el envío de municiones a
Bolivia, pero, por el momento, no fue implicado en el caso por el gobierno
nacional. Este lunes, como informó Página/12, el juez Javier López Biscayart,
que instruye la denuncia del gobierno, se declaró incompetente y envió el
expediente a su colega Alejandro Catania, que es quien recibió la primera
denuncia: la de Freiler. Catania está de licencia y se reincorporará la semana
próxima a los tribunales. Allí deberá decidir si acepta la causa o si la
rechaza. En tal caso, la definición quedaría en manos de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal Económico.
En
el gobierno no descartan futuras ampliaciones de la denuncia, sobre todo si
aparecen más informaciones desde Bolivia, como todo parecería indicar que será.
Hasta el momento los imputados son Macri, Bullrich, Aguad, el exembajador en La
Paz Normando Álvarez García y el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, un
funcionario de extrema confianza de Bullrich. Hay otros tres integrantes de esa
fuerza de seguridad que fueron imputados por el fiscal Claudio Navas Rial: el
exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones
Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba, quien fue
señalado como la persona que recibió el cargamento el 13 de noviembre de 2019.
Según la documentación hallada en el Estado Plurinacional, ese mismo día se
repartieron las 70.000 balas antitumulto que salieron como “complemento” del
armamento de los alacranes.
DETRÁS
DE ESCENA DETRÁS DEL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
Jacobin de
Brasil (https://bit.ly/3innXAF)
Según
el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter, los gobiernos de Brasil y
Chile pueden haber estado involucrados en enfrentamientos entre manifestantes y
fuerzas de seguridad que tuvieron lugar en el país tras la renuncia de Evo Morales
en 2019. Richter, sin dar más detalles, dijo. que ahora se investigará una
posible colaboración internacional.
El anuncio de Richter se produjo después de
que el gobierno boliviano denunciara la participación del expresidente
argentino Mauricio Macri en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces
reelegido presidente boliviano Evo Morales. El canciller boliviano, Rogelio
Mayta, reveló documentos que prueban el envío de municiones desde Argentina,
así como el de su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno, que fue utilizado por
fuerzas policiales bolivianas para reprimir protestas populares contra el
gobierno golpista de Jeanine Áñez.
El presidente de la Cámara de Diputados de
Bolivia, Freddy Mamani, anunció la propuesta de crear una comisión de investigación
para investigar no solo las acusaciones contra Macri, sino también la
posibilidad de que otros gobiernos hayan colaborado con los golpistas.
Mamani
no ocultó qué gobiernos serán investigados: Jair Bolsonaro en Brasil y
Sebastián Piñera en Chile. Abiertamente hostiles a Evo Morales y su partido, el
Movimiento al Socialismo (MAS), los dos países mantuvieron una animosidad hacia
el nuevo gobierno progresista de Luis Arce que ganó las últimas elecciones. En
cambio, ambos apoyaron al gobierno de Jeanine Áñez, la presidenta “interina”
que fue instalada por las Fuerzas Armadas tras el golpe de 2019.
El
viceministro del Interior de Bolivia, Nelson Cox, afirmó que el Ejecutivo
estudia la posibilidad de incoar procesos penales en el exterior contra
"altas autoridades" de otros países y organismos internacionales por
presunta participación en el golpe de 2019.
Bolsonaro
y la derecha ruralista en Bolivia
La
relación entre Bolsonaro y la extrema derecha boliviana es bastante extensa y
los vínculos entre los fascistas brasileños y sus homólogos bolivianos son muy
claros. Brasil fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Jeanine
Áñez como presidenta.
Otro
factor clave es que uno de los principales opositores de Evo Morales, Branko
Marinković, vivió en Brasil durante aproximadamente 10 años para no responder a
los cargos de terrorismo que le pesaban en Bolivia, y en ese momento hizo
“amistades poderosas” entre ellas el hijo de Bolsonaro, Eduardo. Bolsonaro.
La
agroindustria croata-boliviana tiene una interesante historia de vida. La
familia Marinković, originaria de la isla de Brač, emigró a la provincia
boliviana de Santa Cruz a mediados de la década de 1950. Gracias a un exitoso
negocio agrícola, entre otras cosas, la familia se ha convertido en una de las más
ricas e influyentes de Bolivia.
La
familia Marinković posee casi 40 millones de acres de tierra y tiene una
participación en un banco local extremadamente importante, el Economic Bank.
Branko es conocido como el rey de la soja y, a lo largo de los años, ha sido un
feroz oponente de las políticas de nacionalización y la postura política del
gobierno de Morales en relación con la distribución de la tierra. “La reforma
agraria puede conducir a una guerra civil”, advirtió Marinković.
En
agosto de 2020, Jeanine Áñez nombró a Branko Marinković como Ministro de
Planificación. Sin embargo, el 28 de septiembre, los ministros de Economía,
Trabajo y Desarrollo Productivo de Bolivia dejaron sus cargos luego de
desacuerdos entre el ministro de Economía y el gobierno. El mismo día, Áñez
nombró rápidamente reemplazos y Branko Marinkovic fue elegido para hacerse
cargo del Ministerio de Economía. Su antecesor, Óscar Ortiz, salió quejándose
de que no había renunciado.
Apenas
nueve días antes de las elecciones, en las que su gobierno tenía pocas o
ninguna posibilidad de ganar legítimamente, Marinković acudió al Fondo
Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 330 millones de
dólares.
Apoyo
diplomático
Otro
gran amigo de la familia Bolsonaro es Luís Fernando Camacho, líder político de
Santa Cruz de la Sierra, quien también expresó profunda admiración por el
gobierno brasileño. En mayo de 2019, Camacho difundió un video en las redes
sociales en el que afirmó haber pedido ayuda al excanciller brasileño Ernesto
Araújo para consultar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre la posibilidad de prevenir el intento de Morales de ganar un cuarto
término. Camacho también dijo que se había reunido con Araújo solicitando al
gobierno brasileño realizar una consulta con la CIDH de la Organización de
Estados Americanos (OEA) contra Morales.
Itamaraty
informó que la audiencia, que se llevó a cabo el 2 de mayo, fue en realidad con
la diputada Carla Zambelli, y que estuvo acompañada de Camacho y un grupo de
parlamentarios que se reunieron con la canciller para “tratar temas de interés
para las relaciones bilaterales”. Según Itamaraty, Camacho no tuvo ninguna
reunión o conversación específica con el ministro.
El
contacto entre Camacho y los aliados de Bolsonaro comenzó mucho antes. A fines
de 2018, muchos líderes y empresarios latinoamericanos viajaron a la ciudad
brasileña de Foz do Iguaçu para participar en una cumbre conservadora
organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara. En la misma cumbre,
Marinkovic pronunció un discurso en el que Eduardo Bolsonaro lo calificó como
el “peor enemigo de Evo Morales”.
No
podemos olvidar el caso de los sospechosos y repetidos vuelos del avión
presidencial boliviano a Brasil, que, en un principio, el gobierno
inconstitucional intentó desmentir. Sin embargo, datos de la empresa
estadounidense de seguimiento de vuelos FlightAware, a los que accede el diario
argentino Página / 12 , muestran que la aeronave se encontraba en Brasilia en
las primeras horas del primer día del golpe, el 11 de noviembre de 2019.
Conspiración
regional
El
actual presidente argentino, Alberto Fernández, pidió disculpas al pueblo
boliviano en nombre de su antecesor por enviar las armas. Las investigaciones
argentinas muestran indicios de que el expresidente Mauricio Macri envió armas
y municiones para reprimir a los partidarios de Evo Morales. El Ministerio
Público de Argentina abrió una investigación formal para investigar el alcance
de los delitos cometidos por el expresidente. Entre las autoridades a
investigar por la acusación de injerencia internacional y envío de armas, así
como el propio Macri y dos exministros: Patricia Bullrich, de Seguridad, y
Oscar Aguad, de Defensa.
Según
el diario argentino El Orsai , la estación de la CIA en La Paz instruyó al
titular de la Agencia Argentina de Inteligencia (AFI) en Bolivia, José Sánchez,
para apoyar la recolección de información sobre Evo Morales, su gobierno y
aliados. todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes
en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para dar cumplimiento a esta orden,
José Sánchez no solo utilizó a sus representantes en el país, sino que también
solicitó el apoyo de representantes en Brasil, Colombia y Perú.
Documentos
de la embajada argentina en La Paz muestran detalles de una reunión en julio de
2019, donde el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio
Occidental, Kevin Michael O'Reilly, advirtió que Evo probablemente ganaría las
elecciones presidenciales y preguntó a la Organización de las Américas. Estados
(OEA), Unión Europea (UE), Brasil, Argentina y Perú para cuestionar la
transparencia y legitimidad de las elecciones. Uno de los pasajes más
interesantes del documento dice que el escenario político boliviano depende de
lo que suceda en Venezuela, lo que aumenta la evidencia de un plan más amplio
de desestabilización de la izquierda regional. También se analizaron los viajes
de Evo Morales al exterior y O'Reilly destacó que existía preocupación por el
creciente acercamiento entre Morales y el gobierno ruso.
Recientemente,
Morales advirtió sobre la implementación de la nueva Operación Cóndor en
América Latina. Al levantar movimientos sociales para luchar por la paz en
defensa de la democracia y la soberanía, Morales rechazó los golpes de Estado
respaldados por Estados Unidos que “causan dolor a los pueblos
latinoamericanos”.
Los
temores de Morales se solidificaron aún más después de que el director de la
CIA, William J. Burns, visitara Brasil y Colombia.
Preguntado
sobre la visita, Bolsonaro dijo: “No voy a decir que esto fue manejado por él
[Burns]”, y luego Bolsonaro comenzó a hablar sobre el escenario político en
América del Sur. “Analizamos cómo van las cosas. En Venezuela la gente ya no
soporta hablar, pero mira a Argentina. ¿A dónde va Chile? ¿Qué pasó en Bolivia?
Regresó el grupo Evo Morales y más aún: el presidente que estaba allí con
mandato tampón está en la cárcel, acusado de actos antidemocráticos. ¿Tiene
algún parecido con Brasil? ”, Concluyó el angustiado presidente que corre la
misma suerte en suelo brasileño.
Las
estrategias de la Operación Cóndor, que funcionó en las décadas de 1960 y 1970
para implementar regímenes dictatoriales en América Latina con el apoyo de
Estados Unidos, parecen dejar de funcionar en el siglo XXI, después de que la
izquierda latinoamericana haya madurado y acumulado. O, al menos, no tiene la
misma durabilidad y las dictaduras que alguna vez duraron décadas ahora duran
solo unos pocos años, o meses, como es el caso de Bolivia.
OEA:
EL DERRUMBE DEL MINISTERIO DE COLONIAS DE ESTADOS UNIDOS
Los
presidentes de Argentina, México y Bolivia aseguraron que ese organismo “tal como
está, no sirve” y llamaron a construir una alternativa. La entidad, que ya
sufría un gran descrédito, terminó de hundirse con la nefasta conducción de
Luis Almagro. Para entender qué es lo que sucede con este organismo, Contexto
dialogó con el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi.
Diario
Contexto de Argentina (https://bit.ly/37gQGko)
La
Organización de Estados Americanos (OEA) debería funcionar como un espacio de
integración, mediación, resolución de los conflictos, defensa de las
soberanías, respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los
pueblos y defensa de los procesos democráticos pero, muy por el contrario, su
rol ha sido el de la injerencia, la desestabilización de los procesos
populares, la promoción de políticas intervencionistas y ha llegado al extremo
de actuar como pieza fundamental en el golpe de Estado contra Evo Morales, en
octubre de 2019.
La
conducción del uruguayo Luis Almagro, caracterizada por el canciller de México,
Macelo Ebrard, como la peor en la historia de esa organización, terminó de
hundir a la OEA en el total descrédito.
Por
ese motivo, no llama la atención que los presidentes de México, Bolivia y
Argentina, hayan declarado recientemente que este organismo ya no sirve y hayan
apoyado la idea de buscar un nuevo espacio que represente fielmente la voluntad
de los pueblos de América Latina, que respete la autodeterminación, favorezca
la integración y la no injerencia.
A
ello se suma que según informó la agencia Télam, el pasado 29 de julio, incluso
la propia “Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que
incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para investigar si las
denuncias sin fundamento de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre
irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra el
expresidente boliviano Evo Morales en 2019”.
Al
dar inicio a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló:
“Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas
contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia
de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo
existe un caso especial, el de Cuba”.
“No
somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”, remarcó y luego agregó
“ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América
porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro,
ni salida, ya no beneficia nadie”.
López
Obrador sostuvo que “es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos,
caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la
superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones,
las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambios los principios de no
intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las
controversias. Iniciemos en nuestro continente una integración bajo la premisa
de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del
infortunio de otros pueblos”.
“Estoy
consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva
visión política y económica, la propuesta es construir algo semejante a la
Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, realidad y a nuestras
identidades (…). En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA
por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a
petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos
y de democracia”.
En
la misma línea el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce,
señaló en la red social Twitter: “Hacemos eco de las palabras del hermano,
López Obrador, en la idea de sustituir a la OEA por otro organismo
verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la
autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo
Estado”
Por
su parte, durante la Cumbre del Grupo de Puebla, el mandatario argentino, Alberto
Fernández, afirmó que «lo que ha hecho la OEA en Bolivia necesariamente debe
ser investigado y necesariamente debe ser juzgado porque ahora no caben dudas
de lo que pasó», en clara referencia al golpe de Estado contra el Gobierno
legítimo de Evo Morales.
Fernández
sostuvo “el primero que tiene que hacer su mea culpa es su secretario general
Luis Almagro, por la cantidad de cosas que ha hecho y también la
institucionalidad de los Estados Unidos por haber propuesto y sostenido a un
hombre como Almagro”
La
OEA se transformó en “una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre
los gobiernos populares” afirmó el presidente argentino y concluyó que ese
organismo “tal como está, no sirve”.
En
este marco, Contexto dialogó con el embajador Argentino en la OEA, Carlos
Raimunidi, quien explicó que “cuando el mapa político de nuestra región estaba
teñido mayoritariamente por gobiernos de carácter nacional popular, la OEA pasó
a un segundo plano y CELAC y UNASUR ganaron terreno como instancias de
integración”.
“La
OEA tiene comisiones de trabajo que son importantes fijando estándares
internacionales en materia de combate a la trata de personas, en materia de
políticas de género, de multiculturalidad, de derecho laboral. Todos ámbitos en
los que Argentina tiene mucho para decir porque tiene una legislación interna
muy importante que en ocasiones sirve como modelo”, aseguró.
Raimundi
remarcó que “al mismo tiempo, la OEA es una organización anacrónica porque
responde a un esquema de poder propio de la segunda postguerra y la situación
del poder mundial es muy distinta en este momento. Entonces, América ya no debe
ser considerada como una zona de influencia de una potencia triunfadora en una
guerra, sino que deben ser reconocidas las soberanías y los equilibrios de todos
los países. Eso en la OEA es muy difícil porque tiene una apariencia
democrática en la que, en lo formal cada estado tiene derecho a un voto y el
estado más pequeño y el más grande valen lo mismo; pero en la realidad hay una
asimetría muy grande. Hay 34 estados miembros y uno de ellos (Estados Unidos)
ostenta el 84 % del PBI de la región y si se le suma a Canadá, entre dos -de
los 34 países miembros- tienen el 90 % del PBI de la región. Esto torna la
situación muy asimétrica”. “Creo que la CELAC, que reúne a toda América Latina
y el Caribe sin esa asimetría y contando con el estado que falta en la OEA
(Cuba), es un organismo muy interesante para desplegar todas las
potencialidades y el ejercicio de poderes soberanos que necesitamos en la
región”, concluyó el embajador argentino
LA
DERECHA BOLIVIANA SE MOVILIZARÁ CONTRA CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN DEL
"FRAUDE ELECTORAL" EN 2019
Izquierda
Diario de Argentina (https://bit.ly/3ChLniP)
Luego
de casi dos años de investigación del supuesto fraude electoral de octubre del
2019, en el que la oposición de derecha junto a la OEA (Organización de los
Estados Americanos), el imperialismo y los gobiernos como el de Jair Bolsonaro,
Mauricio Macri, Lenín Moreno y otros encubrieron el golpe de Estado, llega a su
fin al no poder encontrar pruebas que permitan continuar con un eventual juicio
a los dirigentes del MAS.
El
peritaje de la universidad de Salamanca es el resultado de una convocatoria
pública e internacional que realizó la Fiscalía para determinar si se habían
producido alteraciones o no en el conteo oficial de las elecciones de octubre
del 2019. Esta convocatoria tuvo 3 proponentes: la universidad mencionada que
se adjudicó el peritaje con un costo aproximado de 30 mil dólares, un grupo de
peritos mexicanos y un grupo de peritos bolivianos.
En
este marco, el referido peritaje informático, tuvo el objetivo de verificar si
en el conteo oficial se había producido alteraciones mediante servidores no
autorizados que pudieran haber servido de fuente de datos alterados en el
cómputo oficial. El resultado fue negativo, lo que se ha traducido en la
clausura de ese proceso.
Como
afirmó Corchado, docente responsable del peritaje, su labor solo se limitó a
verificar si hubo alteración de datos en la carga de los mismos al cómputo
oficial, es decir, el estudio no pretende afirmar o desmentir si hubo fraude o
no, tarea que le corresponde a la Fiscalía y a la justicia boliviana, tomando
en cuenta todos elementos de prueba que se hayan incorporado con las denuncias.
Sin embargo, pese a que el golpismo estuvo 11 meses en el Gobierno, no pudieron
demostrar la existencia del mencionado fraude, situación que llega a su fin
después de casi dos años y de múltiples informes que negaron esa posibilidad.
La
decisión del cierre y archivo del caso, abona aún más el terreno de otro
proceso, el caso “Golpe de Estado” y quita elementos de defensa a Áñez y demás
golpistas hoy imputados. Pero no solo eso, ya que el cierre del caso fraude
resta de cualquier legitimidad a las movilizaciones reaccionarias de todos
aquellos que se agruparon bajo las plataformas del 21F y que actuaron como
bandas paramilitares en noviembre del 19, constituyéndose en la base social del
golpe, que hoy pretenden nuevamente salir a las calles.
El
derechista Comité Cívico de Santa Cruz ha apelado al cierre del caso y ha
convocado a una concentración para este jueves 5 de agosto en rechazo a la
decisión de la Fiscalía General del Estado de cerrar el caso “fraude electoral”
y exigiendo la libertad de todos los detenidos por el caso Golpe de Estado, a
quienes califica como “presos políticos”, entre ellos varios militares,
policías, ex ministros hasta la misma ex presidenta Jeanine Áñez.
Así
mismo el Comité Cívico de Santa Cruz llama a apoyar el paro movilizado con
bloqueo de caminos en la Chiquitanía, convocado por el comité cívico regional
para el próximo lunes 9 de agosto y que será el inicio de una movilización
escalonada.
Con
estas medidas, pretenden como ya lo explicitó el presidente de los cívicos,
Rómulo Calvo, reagrupar a todas las fuerzas derechistas que formaron parte del
golpe de Estado de noviembre del 2019. Lo hacen descalificando el peritaje de
la Universidad de Salamanca arguyendo que éste habría sido realizado
extemporáneamente y contrastándolo con el informe de la OEA mismo que, como
afirmó el representante de la centro derecha Carlos Mesa, habría sido realizado
en el momento y con más de 30 personas.
Por
su parte, el secretario general de la Fiscalía, ha insistido en que el informe
de la OEA no solo que no menciona la palabra “fraude”, sino que es un informe
sin firmas. Es decir, se desconoce la identidad de quienes habrían elaborado
ese trabajo, motivado por intereses políticos, mientras que el peritaje de la
universidad de Salamanca se habría limitado a realizar un estudio técnico y no
político.
Parlamentarios
del MAS han salido a denunciar que la derecha pretende volver a convulsionar el
país, y algunos incluso han afirmado que se estaría tratando de llevar adelante
un nuevo intento golpista. Pese a estas denuncias, el MAS actúa como defensor
de la institucionalidad burguesa, como si la misma fuera capaz de impedir las
aspiraciones de la oposición de derecha. Así, Luis Arce Catacora en un reciente
acto, en la localidad de San Julián, donde procedió a la entrega simbólica de
títulos de propiedad, afirmó que no iban a permitir que la derecha establezca
las reglas de distribución de tierras como pretenden, y que lo impedirían
mediante la normativa nacional agraria, pero no apelando a la movilización y
organización de los trabajadores del campo. Con esta política Arce pretende
mantener la disputa en los estrechos marcos de la institucionalidad
democrática, que como ya se ha visto, es absolutamente impotente como para
impedir la movilización agroindustrial de cívicos y derechistas.
Es
en este escenario que las y los trabajadores del campo y la ciudad, las
víctimas de las masacres y de las torturas sufridas durante el golpe, y en
definitiva el conjunto de las organizaciones sociales, estudiantiles,
vecinales, comunales, sindicales, de mujeres y de las disidencias, deben
empezar a discutir de manera urgente cómo prepararnos y organizar la
coordinación y la unidad para enfrentar estas amenazas derechistas, sin
depositar la más mínima confianza en las instituciones del Estado Plurinacional
que ya han demostrado la facilidad con la que las mismas se ponen al servicio
de los intereses mas reaccionarios de las clases dominantes. Pero tampoco se
puede confiar en el MAS que ya demostró que su estrategia de
"contener" a la derecha no solo que ha fracasado sino que se ha
traducido en la política concreta de ceder a prácticamente todas las exigencias
de la derecha a costa de los intereses y de los derechos de las mayorías
populares y trabajadoras del país. No olvidemos que fue el mismo Evo Morales quién
abrió las compuertas al golpe cuando desconoció los resultados del referendum
del 21F y peor, cuando permitió que la OEA defina la política nacional.
ORDENAN
QUE SEA RESTITUIDA A SU MAMÁ LA NIÑA QUE HABÍA SIDO LLEVADA A BOLIVIA POR SU
PADRE
Telam de
Argentina (https://bit.ly/3ipm5HU)
La
Justicia de Bolivia ordenó que sea restituida a su madre y regrese a la
Argentina una niña de 6 años que había sido sustraída por su padre y llevada a
ese país vecino, donde presuntamente fue víctima de abuso sexual y había
quedado en situación de adopción.
La
medida fue adoptada por el juez de la Niñez y Adolescencia número 2 de Oruro,
Carlos Vallejos Flores, en una audiencia virtual realizada con la madre de la
nena, sus abogados y los psicólogos intervinientes en el caso.
"Estoy
muy emocionada, me siento contenta de que va a a volver. En la audiencia el
juez priorizó que busqué los medios y la ayuda para poder recuperarla",
contó a Télam G., la madre de la nena, al terminar la comunicación virtual que
duró alrededor de una hora y media.
G.,
quien vio a su hija por última vez en febrero de este año, cuando su expareja
la engañó y le dijo que se llevaba a la nena de vacaciones a Córdoba, dijo que
en los próximos días preparará todo para esperar a J., quien posiblemente pueda
viajar a Buenos Aires en un vuelo que saldrá el martes desde La Paz hacia esta
ciudad.
Lo
que se acordó en la audiencia es que la niña viajará acompañada por personal de
Cancillería, luego de las gestiones realizadas por el cónsul argentino en La
Paz, Santiago Odobez, y que en caso de que el vuelo se suspenda será ingresada
al país por vía terrestre.
La
abogada María de los Ángeles Giménez, quien integra el equipo de patrocinio
gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que
asesora a la madre desde fines de abril, se mostró muy conforme con la decisión
adoptada por el juez.
"El
juez valoró los informes que elaboramos y decidió que la nena tiene que estar
con la madre. Fue importante también que destacara lo difícil que fue hacer su
vida acá como boliviana que se tuvo que ir de su país", dijo la letrada,
que trabajó el caso con un grupo de alumnas de "muy comprometidas",
según describió.
Lo
mismo valoró G.: "Estoy muy agradecida con ellas, me sentí muy acompañada
todo este tiempo porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para ayudar a
traer a mi hija".
Todo
comenzó el 22 de febrero, cuando el padre de la niña, W., le dijo a su exmujer,
de quien estaba separado pero con quien convivía por razones económicas, que se
iría de viaje con la hija de ambos.
La
sustracción a través de mentiras
Las
supuestas vacaciones durarían aproximadamente una semana, pero el día en que W.
había asegurado que estarían de vuelta en Buenos Aires, no solo no regresó sino
que tampoco estableció contacto telefónico con G..
Finalmente,
el 28 de febrero, un hermano de G. que vive en Bolivia le dijo que la niña
estaba allí con su padre, por lo cual la madre de la nena radicó una denuncia
por "sustracción de menores" en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional N° 53 porteña, que solicitó la detención y extradición del hombre.
"En
un momento logré comunicarme con él y le pedí que volviera porque la nena iba a
perder la vacante en la escuela. Pude hablar con mi hija unos segundos pero él
me amenazó y me dijo que retire la denuncia, que no me la iba a devolver",
contó G. entre lágrimas el 20 de julio pasado.
Solo
en tres ocasiones más la mujer pudo hablar brevemente con su hija, pero el 4 de
abril las comunicaciones se interrumpieron.
Poco
después, el 14 de mayo, tomó conocimiento de que su expareja había sido
detenido mientras intentaba lograr la custodia de la niña porque ésta, al ser
entrevistada por una psicóloga, reveló que su progenitor abusaba de ella.
Desde
ese momento comenzó otra odisea para la niña porque por orden judicial fue
trasladada a una Defensoría del Niño en Bolivia y luego entregada en la ciudad
de Oruro, sin consentimiento de su madre, a sus abuelos maternos, a quienes ni
siquiera conocía.
"Ahí
es cuando G. nos cuenta que durante su infancia había sido abusada por su
padre, es decir quien ahora se encontraba al cuidado de J., y empieza de forma
más desesperada a insistir por todos los medios y frente a todos los organismos
posibles para que le devuelvan a su hija", aseguró su representante legal.
En
la audiencia realizada hoy, el juez también ordenó que se abrirá una causa para
investigar al hombre por los presuntos abusos cometidos contra su hija hace
varios años, algo también valorado por los abogados.
Sin
posibilidad de viajar a Bolivia por cuestiones económicas y por las
restricciones vigentes por la pandemia, después de largas gestiones se logró
que el juzgado que había entregado la niña a sus abuelos realizara una
audiencia con la madre mediante videoconferencia, el 13 de julio último.
Pese
a que G. relató todo los sucedido con su hija, el juez Vallejos Flores resolvió
que la menor fuera a un hogar que recibe niñas en situación de adopción, lo
cual es totalmente ilegal por ser la niña argentina y tener a su madre aquí.
Allí
permanecerá por ahora, desde donde puede mantener contacto con su madre por
videoconferencia hasta reencontrarse con ella en los próximos días.
CONSEJO
REGIONAL DE PUNO DECLARARÁ DE NECESIDAD PÚBLICA LA COMERCIALIZACIÓN DEL GLP
BOLIVIANO EN PUNO
Radio
Pachamama de Perú (https://bit.ly/3lqTwvz)
El
pleno del Consejo Regional de Puno, aprobó el Acuerdo Regional N° 141,
sustentado por el presidente del Consejo Regional, Jorge Antonio Zúñiga Pineda,
con el objetivo de que se declarare de interés regional y urgente necesidad
pública la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de
plantas embazadoras en la región Puno.
El
consejero Zúñiga Pineda dijo que hace décadas el precio del balón de gas ha
tenido un costo elevado e incluso inaccesible para parte de la población,
teniéndose que en la actualidad su valor oscila hasta los S/50.80, según
información de Osinergmin.
Asimismo,
en los últimos meses el producto ha sufrido veintisiete alzas continuas en la
planta de producción y en la importadora, lo que afecta directamente en los
hogares de la región Puno, por lo que se requiere alternativas de emergencia
con soluciones inmediatas a favor de la economía regional.
En
tal sentido, se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas – DREM PUNO,
coadyuvar técnicamente y secundar al Consejo Regional, a lograr satisfacer la
necesidad expuesta en el artículo precedente.
Así
entonces, se solicitará al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia, acceder a la “Comercialización de Gas Licuado de Petróleo en
territorios fronterizos con la Republica del Perú”, con el fin de cubrir la
necesidad expuesta.
A
la propuesta se adhirieron los consejeros regionales, Isidro Pacohuanaco Pacco,
Severo Vidal Flores Ccopa, Freddy Rivera Cutipa, Wilfredo Meléndez Toledo,
Walter Mamani Quispe, Lizbeth Marisol Cutipa Apaza, Deysi Jhuliana Chalco
Coyla, Domingo Quispe Tancara, Pelayo Cuba Pérez, Nancy Salluca Huaraya y
Nohemí Elsa Córdoba Leqque.
Como
se sabe, el Perú ya está importando el GLP de Bolivia, aunque lo hacen para que
las plantas envasadoras lo redistribuyan en el país, lo que tampoco es
favorable porque igualan los precios al GLP peruano.
EL
MUSEO DEL APARAPITA, DONDE SE CARGAN LAS MEMORIAS DE LA PAZ
Sputnik News
de Rusia (https://bit.ly/37gZy9x)
En
2012, Elías Blanco Mamani fundó el espacio que recopila fotos, noticias y toda
forma de recuerdos de la capital de Bolivia y otros departamentos. Forzado por
la pandemia de COVID-19, en los últimos años difunde sus memorias sobre todo a
través de Internet.
Aparapita
es una palabra aymara que significa "el que carga". Así se los ve a
estos hombres esmirriados pero poderosos: trajinan con bultos enormes por las
empinadas laderas de La Paz: llevan costales de papas, hasta heladeras y
roperos. Insólitamente, sus delgadas piernas no se quiebran al subir esas
pendientes imposibles, incluso si se va con las manos vacías.
"El
aparapita es el migrante altiplánico, que ha llegado a La Paz en tiempos de la
Colonia, entrando a la República (hacia 1.800), cuando se crearon los famosos
mercados tambo, donde siempre había la necesidad de cargar bultos", relató
a Sputnik el director del Museo del Aparapita, Elías Blanco Mamani. Se calcula
que hasta hoy perduran mil cargadores en esta ciudad.
"Solamente
un aparapita puede cargar a veces costales de 14 arrobas (150 kilos) de papa.
El aparapita que migra del campo no sabe ni leer ni escribir, no tiene ningún
otro oficio más que agarrar un costal de algo. Como es del campo, siempre ha
estado cargando papa", ilustró Blanco Mamani.
Su
caso es muy particular. El fundador del Museo del Aparapita es, a la vez, un
museo en persona. En su memoria guarda recuerdos de los últimos 100 años de La
Paz, la ciudad donde nació. Son memorias propias, más otras que tomó prestadas
de los miles de libros y fotografías antiguas que atesora en su casa, donde se
sitúa también el museo.
Como
amante de la cultura paceña, don Elías -—periodista de profesión— idolatra la
figura del aparapita. Así como en el jardín se puede ver a hormigas cargar
mucho más que su propio peso, en los mercados de La Paz todavía suben y bajan
por las calles empinadas estos cargadores, que pesan 50 kilos y llevan más de
150 kilos sobre su espalda.
Durante
su charla con Sputnik, Blanco Mamani resaltó que su vida tuvo un antes y un
después cuando leyó por primera vez un texto del escritor Jaime Sáenz
(1921-1986) autor de la célebre novela 'Felipe Delgado', publicada en 1979, en
la cual arma su relato desde los callejones sórdidos paceños, atiborrados de
alcohólicos y donde la vida nunca vale mucho.
Sáenz
hizo un ensayo sobre el aparapita, "esa persona cuya única herramienta es
una soga o un mantel. Y su espalda, por supuesto", parafraseó Blanco
Mamani.
Agregó:
"El aparapita es un hombre libre. Una característica del aparapita es que
bebe, bebe mucho. No debe ser por frío, porque duermen en la calle. Bebe cuando
quiere, el tiempo que quiere".
Además,
"es noble, porque vive de su trabajo. Es fuerte. Su ropa es un saquito que
se rompe y lo remienda, lo remienda, lo remienda. Al final, tiene todo un saco
de remiendos, que por el trabajo mismo se le va rompiendo".
El
director del museo destacó que el aparapita "es un personaje bien paceño.
Por la geografía, no hay aparapitas en Cochabamba, ni en Santa Cruz, donde
cargan con cochecitos".
El
hombre-museo
Del
mismo modo, Blanco Mamani es el aparapita de los recuerdos y memorias de La
Paz, fundamentalmente, como de toda Bolivia. A sus 59 años, espera que alguno
de sus tres hijos continúe su legado de cargar con la historia de esta ciudad.
Hacia
1990, "empecé a recopilar datos. Sin querer queriendo he ido acumulando
material, periódicos de aquí, de allá, cosas que la gente habitualmente
bota". Con su archivo, que crecía permanentemente, "no tenía idea de
qué cosa iba a hacer. Solo quería saber. Así que empecé a recortar, después
conseguí libros, siempre con limitaciones económicas, porque yo no tenía dinero.
Hacía que me regalen".
"En
2012 arrancamos con el Museo del Aparapita, con la idea de preservar la
información, rescatarla, ordenarla y difundirla. El museo es un espacio para la
cultura boliviana esencialmente", relató Blanco Mamani a Sputnik en Villa San
Antonio, el barrio paceño donde vive desde niño.
Actualmente,
el museo dispone de una biblioteca, una hemeroteca y un archivo con 200.000
fotos. Con esos y otros insumos, Blanco Mamani lleva publicados 16 libros, la
mayoría a través de la editorial El Aparapita: "Son fundamentalmente
diccionarios de novelistas y de poetas de todo el país. También hay tomos sobre
los orureños en la cultura boliviana, los benianos, los paceños", así
hasta abarcar los nueve departamentos.
En
sus publicaciones menciona a bolivianas y bolivianos que se desempeñaron en los
campos del arte, la literatura, la música, el teatro. Como las ediciones en
papel se agotaban rápidamente, Blanco Mamani optó por crear un blog, donde
"hemos llegado a cargar 2.700 autores. Todos los libros elaborados están
disponibles para descargar. Nos sorprende que ya vamos a llegar a los tres
millones y medio de consultas de todo el mundo", dijo don Elías
entusiasmado.
El
director del museo destacó que la mitad de las visitas son bolivianas. La otra
mitad provienen de Alemania, Rusia, España, Estados Unidos y Argentina.
En
La Paz lo reconocen como "el señor de los aniversarios", porque cada
día difunde algún recuerdo vinculado con la fecha. "La gente nos dice:
'Gracias, me sirve'. Me dicen que mis diccionarios son los únicos en Bolivia de
estas características". Comentó que en cierta ocasión, la Asociación de
Pintores quiso hacer un diccionario, pero se encontraron con que don Elías ya
lo había hecho.
"Con
nuestras 2.700 biografías, elaboradas en más de 20 años, llevamos una ventaja.
Luego del éxito del blog, pasamos a realizar videos, porque teníamos un
programa de TV en Abya Yala. Creamos un canal en YouTube, donde disponemos de
250 videos", de cinco o seis minutos cada uno, donde presentan una reseña
biográfica de alguna personalidad de la cultura boliviana.
"Estamos
por llegar a medio millón de visitas en nuestro canal de YouTube. Tenemos una
llegada que nos sorprende gratamente y nos da fuerzas para seguir, porque
realmente sirve, se ve nuestro trabajo", aseguró Blanco Mamani.
Programas
en la Red Patria Nueva
Durante
los últimos años, Blanco Mamani tuvo empleo en el área de Cultura de la
Alcaldía de la ciudad de La Paz. Pero en mayo pasado asumió como alcalde Iván
Arias, exministro de Obras Públicas durante el Gobierno de facto de Jeanine
Áñez (2019-2020). Dado el cariz pitita, como se conocen a los golpistas en
Bolivia, de su gestión, el director del museo quedó desocupado.
A
la vez, el Gobierno de Luis Arce impulsa nuevamente el trabajo de los medios públicos,
seriamente vaciados durante la estadía en el poder de Áñez: "desde esta
próxima semana vamos a tener tres programas de radio: dos por Huayna Tambo y
uno por la Red Patria Nueva, con microprogramas sobre 'un día como hoy en la
cultura'", mencionó Blanco Mamani.
La
radio estatal Patria Nueva trabaja en red con decenas de emisoras en ciudades y
áreas rurales de todo el país, lo cual le garantiza una amplia llegada.
El
director del museo comentó que en otros departamentos, como Cochabamba y Oruro,
existen proyectos similares. ¿Cree que en algún momento podrían unirse y
encarar un archivo nacional?
"El
Estado boliviano debería hacerse cargo de eso... y como que lo hace. En la
ciudad de Sucre (Chuquisaca, centro) hay un archivo bibliográfico. En La Paz
hay un archivo también, pero a veces están sujetos a la dinámica política de
cada nueva autoridad que entra", evaluó Blanco Mamani.
Por
ello, "en términos de cultura, como nosotros la encaramos nadie lo
hace". Y comentó que años atrás había una Organización de la Sociedad
Civil (OSC) que realizaba esa tarea, pero "se acabó el financiamiento y
desapareció el centro de documentación".
Según
el director del museo, "la condición privada de una persona puede ser una
garantía para que prosigan el trabajo los hijos. Aspiro que así suceda",
sostuvo.
"Es
que en Bolivia no hay otro centro de documentación como el que hemos encarado
nosotros. Intentamos aportar, porque sabemos que no hay mucha gente que trabaje
en la cultura", dijo. Y agregó: "Nos sumamos desde La Paz a ordenar
la información y a difundir, compartir".
Blanco
Mamani observó que los espacios estatales destinados a conservar la memoria,
"se han limitado a resguardar, recibir materiales de depósito legal, pero
no difunden. Esperan a que la gente vaya a sus bibliotecas a consultar".
Pero,
"es otra nuestra dinámica. Además de resguardar, difundimos activamente
por los medios disponibles".
Desde
hace un año y medio está mayormente detenida la actividad cultural en el país:
"En tiempos de pandemia, que no tenemos visita, hay que salir al encuentro
de la gente", consideró.
ADVIERTE
JALIFE DISPUTA POR EL CONTROL DEL LITIO EN SONORA
Tele Reportaje
de México (https://bit.ly/3jl630X)
El
analista geopolítico, Alfredo Jalife-Rahme, advirtió que nuestro país se
encuentra en peligro de una balcanización, al ser escenario de una disputa por
el control de las reservas de litio.
En
su cápsula semanal ´Radar Geopolítico´, el catedrático califica la
incorporación de la diplomática Roberta Jacobson al Consejo de Desarrollo
Sostenible de Sonora, como una traición de Alfonso Durazo al presidente López
Obrador.
"Ella
tiene una madrina y socia, que es nada menos que Madeleine Albright, que fue
secretaria de Estado, pero tiene este grupo el mismo escenario entreguista de
otra riqueza nacional, que en este caso es el litio, que yo estoy viendo que
Durazo está operando como Videgaray o Calderón, en forma totalmente
entreguista, antes fue con los hidrocarburos y ahora lo estoy viendo con el
litio".
En
la disertación, difundida a través de su canal de YouTube, el también
conferencista recuerda que fue precisamente el tema del litio lo que llevó al
golpe de Estado en Bolivia, luego de que su entonces presidente, Evo Morales,
diera indicios de favorecer a China como socio estratégico para la
comercialización de sus reservas del metal, por encima de los intereses
estadounidenses, todo esto en medio de una batalla de índole mundial por el
control del preciado mineral.
"El golpe de Estado en Bolivia se da
debido al litio, yo incluso saqué un artículo que causó trémolos; incluso
cuando iba a venir Evo Morales pidió expresamente charlar conmigo, porque no
habían visto en Bolivia lo que yo llame ´el litio golpe´, la dimensión del
golpe de Estado que se dio precisamente porque Evo había ´coqueteado´ con los
chinos, y luego se había atrevido a hacer una fábrica de autos eléctricos en
Cochabamba. El litio no es cualquier cosa, estamos hablando que ahí se viene el
choque de dos gigantes que son China y Estados Unidos... un mes antes del golpe
de Estado en Bolivia, había estado Ivanka Trump en la frontera de Bolivia
precisamente".
El
experto en temas de geopolítica, explicó con lujo de detalles la conexión entre
la exfuncionaria estadounidense con el Albright Stonebridge Group, quien en
conjunto con el Atlantic Council y Evercore, estarían detrás del megaproyecto
que a través de la construcción de puertos y una supuesta inversión en el
sector energético, buscarían apropiarse del principal depósito de litio en el
mundo, el cual se encuentra en Bacadehuachi, Sonora.
Jalife-Rahme
Barrios, calificó las acciones de Durazo Montaño como la apertura de la caja de
Pandora, y llamó a los responsables del sector energético del país a frenar de
golpe las ambiciones del gobernador electo.
"Este
señor no tiene ni idea, se fue a meter a la boca de los lobos, no de uno, de
los lobos; le ordenaron ´te vienes para acá cuate´... si vienen a invertir en
puertos yo no estoy cerrado, bienvenidos, no hay problema. Y eso con bemoles,
porque el puerto al final de cuentas pesa, y ahí va a salir todo el litio, es
más cercano a donde está el depósito, pero ya la energía, cuidado. Espero que
el presidente López Obrador esté enterado; tengo entendido que la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, está muy enterada, pero ahí les va algo atroz, el litio
-no entiendo por qué- es algo que no maneja la secretaria de Energía, adivinen quién lo maneja, la Secretaría de
Economía".
Sin
embargo, llamó también a la reflexión de que al no ceder México a las
intenciones de Estados Unidos, la nación de las barras y las estrellas podría
utilizar el fenómeno del ´narco´ como un cebo para intervenir en Sonora, pero
siempre con el propósito real de controlar totalmente el depósito del mineral.
"La
definición de los cárteles como terroristas, eso ipso facto, hace de Sinaloa y
Sonora, y otros lugares, el de los Zetas, en Tamaulipas... nos hace una
Indochina de facto; hay que tener cuidado, ahí puede ser, acuérdense ya que
sacaron, incluso el presidente López Obrador salió a desmentirlo, que más del
35 por ciento del territorio mexicano lo controlan los cárteles; ese un cebo
para la invasión, obviamente, primero se van ir sobre Sonora, ahí esta el
litio".
Ante
esta coyuntura, el yucateco de ascendencia libanesa, recomendó la creación de
un fondo de inversión mexicano para la conservación del litio.
"Inversiones
mexicanas o crear un fondo exprofeso de ´litio mexicano´, y ahí discutiremos si
aceptamos o no 49 por ciento extranjero y bursatilizarlo, esa era mi idea para
Pemex: bursatilizar Pemex al estilo de Petrochina... aquí no querían el bien de
México, querían rematarlo, eso fue lo que hizo Videgaray, y hoy tenemos al
nuevo Videgaray que es Durazo".
NUEVO
DOCUMENTAL RESALTA LOS CONFLICTOS DE LA MINERÍA DEL LITIO EN ARGENTINA
Dialogo
Chino (https://bit.ly/2Vk1UlG)
Clemente
Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, Argentina,
donde comunidades originarias intentan evitar el desembarco de empresas mineras
para extraer litio. La cantidad de agua necesaria para obtener el mineral,
utilizado para baterías eléctricas, alteraría su modo de vida radicalmente,
sostiene Clemente.
“En
el nombre del litio”, el nuevo documental de Cristian Cartier y Martín Longo,
refleja el conflicto generado en la región a partir de la extracción del litio.
La película, que llevó más de cinco años de trabajo, está disponible online
gratuitamente hasta el 9 de agosto y luego se prevé su estreno en los cines de
Argentina.
“No
decimos que no al litio. Lo que nos preocupa es el manejo del agua. Vemos lo
que pasa en otras provincias del país donde ya se está extrayendo el mineral y
usan miles de litros de agua. Si se instalan acá, no vamos a tener agua para
nosotros, para nuestro ganado y para los animales silvestres”, sostiene
Clemente desde El Moreno
El
litio en Argentina
La
provincia de Jujuy es el principal foco de conflicto por el litio en Argentina,
con 36% del total del mineral a nivel nacional. Allí, la empresa Sales de
Jujuy, formada por la japonesa Toyota, la canadiense Orocobre y la empresa
provincial JEMSE, operan en la localidad de Olaroz la única mina en
funcionamiento.
A
la par, la minera canadiense Lithium Americas junto a Ganfeng, de capitales
chinos, y JEMSE están construyendo una segunda mina con una capacidad de
producción de 25 mil toneladas que prevé iniciar sus operaciones a fin de año.
A eso se le suma el interés de desarrollar proyectos en Salinas Grandes, donde
Clemente vive.
Argentina,
Bolivia y Chile se encuentran en el “triángulo del litio'', una área geográfica
reconocida a nivel global por los vastos recursos del mineral. Se estima que
posee 47 millones de toneladas, alrededor del 65% del total mundial, según el
Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Los
teléfonos, las computadoras portátiles, las tabletas, las cámaras digitales y
muchos otros dispositivos utilizan baterías de iones de litio. Pero el interés
en el litio se ha visto particularmente impulsado por los vehículos eléctricos
y las energías renovables, que dependen de baterías para el almacenamiento y
carga de la energía.
“Es
necesaria la transición energética para abandonar los combustibles fósiles pero
también debemos reflexionar sobre ciertas prácticas que hacen daño al ambiente
y a la diversidad social y cultural. No es simplemente cambiar una cosa por la
otra”, sostiene Cristian Cartier, uno de los directores del documental.
El
litio se obtiene a través de un proceso de evaporación, el cual requiere dos
millones de litros de agua por cada tonelada de mineral extraído. Parte del
agua es salada, por lo que no puede ser utilizada para consumo humano. Al usar
tanta cantidad, los acuíferos de agua subterránea se podrían ver
afectados.
La
falta de agua afecta a las comunidades que viven en la misma zona de los
proyectos y dependen de la misma para sus actividades diarias, como la agricultura.
Al mismo tiempo, algunas áreas en las que ya se han aprobado proyectos en las
provincias de Jujuy y Catamarca han sido identificadas como críticas para la
biodiversidad.
“El
documental busca problematizar y complejizar la mirada preponderante sobre el
litio, generalmente presentando como el gran salvador frente a la crisis
climática, y mostrar los problemas sociales y ambientales vinculados a su
extracción”, sostiene Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, que impulsó el
desarrollo de la película.
Las
comunidades y el litio
Más
de 30 comunidades indígenas habitan en la Cuenca de Salinas Grandes, donde se
enfoca el documental. Entre ellas, se encuentran las comunidades de Santuario
Tres Pozos, Aguas Blancas y El Moreno. La mayoría no posee título de propiedad,
pero el derecho indígena reconoce la ocupación ancestral y pública del
territorio.
En
2010, las comunidades presentaron un amparo colectivo contra el estado
provincial de Jujuy y de Salta y contra el Estado Nacional para que los
gobiernos garanticen sus derechos a expresar su consentimiento sobre la
explotación del litio. Esa demanda actualmente se tramita ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Argentina
aprobó en 1992 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben
realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier
decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas. Además, en
la reforma constitucional de 1994, el país reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas.
“En
muchos lugares hay fraccionamiento de las comunidades y ahí las empresas
mineras entran más fácil. Pero en Salinas Grandes hay un acuerdo implícito.
Saben que si las mineras entran todos se van a ver afectados por igual por el
uso del agua. Es uno de los pocos lugares donde todavía no se está extrayendo
litio”, afirma Cartier.
Cartier
y Longo visitaron cinco veces las comunidades de las Salinas Grandes.
Participaron de las asambleas y observaron el día a día de Clemente y muchas
otras personas. Si bien algunas situaciones fueron recreadas, el documental
refleja de manera fidedigna la lucha de las comunidades a partir del interés de
empresas mineras en instalarse en la zona.
De
una hora y quince minutos de duración, “En el nombre del litio” registra con
detalle cómo se organiza esa resistencia. Se incluyen testimonios de expertos,
políticos y científicos, imágenes del paisaje blanco de las salinas y un
reflejo de la entereza de las comunidades que se enfrentan a esta problemática.
La
idea de los directores era estrenar el documental en proyecciones itinerantes
con un cine móvil en las comunidades de la zona de los salares. Sin embargo,
solo llegaron a hacer una proyección a fines de 2019 y luego llegó la pandemia.
Ahora, esperan retomar sus planes originales cuando las condiciones sanitarias
lo permitan.
La
película deja en evidencia “la vulneración de derechos que implica la
extracción de litio y las dificultades de parte de gobiernos locales de poder
aprovechar oportunidades de diálogo. Primero se buscaba información y
participación y ante la falta de respuesta hoy se busca seguir viviendo como se
viene haciendo”, sostiene Marchegiani, cuya tesis de doctorado inspiró el desarrollo
del documental.
