Thursday, March 31, 2022

BOLIVIA APOYA AL GOBIERNO DE LUIS ARCE

Encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. "Hay un alto grado de estabilidad que se sostiene en torno a unos 47 puntos, tanto en imagen positiva como en evaluación económica. Es un valor muy alto en comparación con la mayoría de los presidentes de la región", destaca el director del Celag, Alfredo Serrano Mancilla.



A casi un año y medio del inicio de su mandato, la mitad de la población boliviana valora positivamente la gestión del presidente Luis Arce, de acuerdo al último sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). "Esta es la tercera encuesta que hacemos en Bolivia después de la toma de posesión de de Arce. Lo que percibimos es que hay un alto grado de estabilidad que se sostiene en torno a unos 47 puntos, tanto en imagen positiva como en evaluación económica, que está incluso un poquito más alta. Es un valor muy alto en comparación con la mayoría de los presidentes de la región", destaca en diálogo con Página/12 el director del Celag, Alfredo Serrano Mancilla.

Reactivación económica

El sondeo de Celag muestra que la sociedad boliviana sigue apoyando al gobierno, y el presidente Luis Arce alcanza una imagen positiva del 46,7 por ciento entre los encuestados, misma proporción que manifestó que "todavía confía en este gobierno". En sintonía, el 50 por ciento de los encuestados evalúa positivamente la gestión económica del gobierno, al tiempo que el 63 por ciento cree que Arce podrá mejorar en el corto y mediano plazo la situación económica, resentida por el doble efecto de la pandemia de coronavirus y la gestión de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

"Luis Arce ha tomado medidas puntuales. Hay que recordar que fue el ministro de Economía durante tanto tiempo del gobierno de Evo Morales, conoce muy bien la economía boliviana, se está dedicando y se observa por el número de decisiones que va tomando", advierte Serrano Mancilla, quien pone como ejemplo los créditos a una tasa del 0,5 por ciento para el desarrollo productivo. "Rápidamente Arce paralizó el intento de endeudamiento con el FMI que hizo la presidenta de facto Áñez. Creó un primer bono contra el hambre en los primeros días para amortiguar los efectos de la pandemia y de la crisis social provocada por el gobierno anterior", explica el director del Celag.

Rechazo a un nuevo golpe

La encuesta también revela que dos tercios de la ciudadanía se manifiestan en contra de la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente, por entender que sería una pérdida de tiempo y un derroche de recursos económicos, mostrando inclusive un mayor rechazo respecto al sondeo realizado por la misma entidad en noviembre de 2021 (60 por ciento). En contraposición, el 59 por ciento de los bolivianos apoyaría la iniciativa de llevar adelante una reforma constitucional.

Además el 51,1 por ciento no cree que pueda producirse un nuevo golpe de Estado en un futuro cercano. "Es decir, se va dejando un poco atrás el momento más trágico de la historia boliviana. Hay un mayor grado de estabilidad social, política, también económica, porque se va dando una recuperación lenta pero progresiva, teniendo en cuenta que se partía de niveles de pobreza muy altos, fundamentalmente por el doble efecto de la pandemia unido al gobierno golpista de Áñez, que provocó que se volviera a hablar de hambre en la ciudadanía boliviana", observa Serrano Mancilla.

En otro tramo de la encuesta, el 57 por ciento considera que el Estado debería otorgar un bono por hijo para madres solteras, ya que ayudaría a las mujeres de bajos recursos a combatir la pobreza. Además existe un consenso transversal a toda la sociedad boliviana de que la igualdad entre hombres y mujeres es un tema prioritario a resolver en Bolivia (76 por ciento), según el mismo sondeo. Finalmente, seis de cada diez encuestados se manifiesta a favor de la extracción del oro, ya que con esos recursos se pueden financiar obras públicas.

Para Serrano Mancilla hay una lenta recuperación y lo más interesante es que la ciudadanía todavía confía en Arce. Ese "contrato de confianza" sigue siendo probablemente uno de los pilares para entender la situación política de Bolivia, unido a la desaparición prácticamente del mapa de la oposición más radicalizada. "Y es un dato interesante que haya casi un 24 por ciento de encuestados que diga que no apoya este gobierno, pero tampoco a la oposición. Eso detecta que hay un campo fértil para otro tipo de oposición que seguramente reconfiguraría un poco el orden político boliviano en los próximos meses", sostiene el director de Celag.

El estudio fue realizado entre el 2 y el 27 de marzo de 2022, mediante dos mil entrevistas telefónicas en los nueve departamentos del país, en enclaves rurales y urbanos, de acuerdo con cuotas de género, edad y nivel socioeconómico. Serrano Mancilla destaca que el estudio establece una evaluación positiva de Arce que supera a otros gobiernos de la región, que concitan el rechazo de buena parte de la población.

"En la región, el único que podría estar por encima de Luis Arce es el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con nuestros propios datos pero también con las encuestas publicadas por otros que nosotros revisamos. También está por encima de Iván Duque en Colombia y de Guillermo Lasso en Ecuador, donde la imagen positiva solo duró dos o tres meses. Y muy por encima del expresidente chileno Sebastián Piñera o Mario Abdo Benítez en Paraguay", advierte el doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Bolivia frente a la nueva oleada progresista

En ese contexto, y a la luz de los últimos comicios presidenciales, surge la esperanza de una nueva "oleada progresista" en la región. El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este martes que en América latina hay una "rebelión democrática" por los triunfos electorales de candidatos identificados con la izquierda y auguró la vuelta del "kirchnerismo" y el "chavismo". A su juicio, "Estados Unidos sigue perdiendo", porque "ya no hay guerra fría" ni tampoco Grupo de Lima "para atacar" al fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, o a su sucesor, Nicolás Maduro.

En un evento en la ciudad andina de Oruro por el 37º aniversario del Movimiento al Socialismo (MAS), el presidente Arce coincidió con Morales en pedir la unidad del partido gobernante y mencionó que ese fue el requisito para el triunfo en las elecciones de 2020 en las que el partido oficialista retornó al poder tras casi un año de la gestión interina de Áñez, que para el oficialismo fue un gobierno de facto. Los pedidos de unidad de Arce y Morales surgen en medio de algunas disidencias y posiciones encontradas entre corrientes internas que piden una renovación de dirigentes en el oficialismo y otras que defienden el liderazgo del exmandatario. Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3qPjhr6)

 

 

 

 

 

INCERTIDUMBRE POR EL GAS QUE BOLIVIA ENVIARÍA ESTE INVIERNO A LA ARGENTINA

 

La adenda del contrato vence hoy, sin acuerdo oficializado.

 

El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3iQYrTZ)

 

La adenda del contrato de importación de gas desde Bolivia vence hoy y todavía no se conocieron las condiciones de precios y volúmenes que regirían de aquí hasta fines del invierno. El plazo expiró el 31 de diciembre, pero las partes extendieron las negociaciones en dos oportunidades, sin llegar a un acuerdo.

La estrategia del Gobierno argentino de diferir la negociación hasta el inicio del otoño, en espera de una disminución estacional del precio del gas a nivel global, terminó siendo una decisión fallida, porque la invasión de Rusia a Ucrania llevó los valores del gas natural licuado (LGN) a las nubes.

Las diferencias planteadas en torno al nuevo precio que Bolivia espera imponer por su gas no es, sin embargo, la preocupación principal que tiene hoy a la Cancillería, sumada a las tratativas.

IEASA, la empresa nacional de energía que reemplazó a Enarsa, solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que mantenga los 14 millones de metros cúbicos por día que envió en el invierno de 2021 o que garantice al menos 13 millones. En las reuniones previas, YPFB expresó que garantizaría a lo sumo 10 millones de metros cúbicos, o sea un volumen 30% menor al que pactó para el invierno de 2021, y a un precio mucho más alto.

GNL y gasoil

Ayer el Gobierno nacional abrió ofertas en busca de asegurar los primeros 9 cargamentos de gas natural licuado (GNL) y 12 de gasoil para sustituir el faltante de gas en centrales termoeléctricas en mayo y junio. En lo que va del año ya se importaron 18 buques con gasoil.

En el caso del combustible diésel la única duda pasa por los valores en que se lo conseguirá, pero en el GNL, además del precio, no se sabe si habrá disponibilidad porque la invasión de Ucrania disparó la demanda a nivel global, con Europa ávida de asegurarse los cargamentos de buques metaneros para romper su dependencia energética de Moscú.

En 2021 el costo de los embarques de GNL promedió en 8,33 dólares el millón de BTU. A comienzos de este año bajar el gas de un buque metanero que atracó en Buenos Aires le costó a IEASA 27 dólares el millón de BTU. Hoy el precio internacional ronda en los 34 dólares.

Hoy IEASA abrirá las ofertas para la adquisición de las tuberías para la primera etapa de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El tendido, de 656 kilómetros está proyectado desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) para transportar gas de Vaca Muerta hacia el centro del país.

Actualmente la capacidad de transporte de los tres gasoductos que unen la cuenca neuquina con los grandes centros de consumo del país se encuentra prácticamente saturada. Por el cuello de botella, las petroleras que operan en la cuenca neuquina no pueden incrementar su producción de "shale gas". El nuevo gasoducto, con capacidad para transportar hasta 39 millones de metros cúbicos diarios, alimentaría en principio las zonas de Bahía Blanca y el área metropolitana de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

ESCENARIO CRÍTICO: SALTA Y SUS VECINAS DEL NOA SERÁN LAS MÁS AFECTADAS POR LA FALTA DE GAS EN LOS PRÓXIMOS MESES

 

La industria de la región teme restricciones y pide al Gobierno medidas para evitar paralizar la actividad. La fuerte dependencia del gas de Bolivia, que reduciría despachos, también impactaría en el GNC.

 

El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3tV5EsD)

 

El derrumbe de los yacimientos gasíferos del norte salteño, el recorte de las importaciones de Bolivia, el retraso de inversiones en infraestructura de interconexión, el alza de precios internacionales y las demandas globales disparadas por la invasión de Rusia a Ucrania colocaron a Salta y sus vecinas del NOA frente a un clima de tormenta energética perfecta que preocupa a la industria y la producción.

Con la llegada de los días más fríos, y sin certezas sobre los volúmenes de gas que garantizará Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPF) a Integración Energética Argentina (antes Enarsa), crece en los sectores industriales de Salta, Jujuy y Tucumán el temor de caer en las restricciones que años atrás paralizaron procesos fabriles y generaron desabastecimiento de insumos, cierres de plantas, reducciones de turnos laborales y pérdidas económicas.

Por todo ello, y ante la inminencia de restricciones que se ven venir hacia fines de abril o comienzos de mayo, las uniones industriales de la región pidieron al gobierno nacional que garantice un cupo razonable para sostener la producción regional.

En el escenario de escasez, algunas fábricas decidieron adelantar su producción, pero son muy pocas las industrias que disponen de algún margen de maniobra para amortiguar los cortes de gas con combustibles sustitutos y planes de contingencia.

A esta altura del año, sin autoabastecimiento hidrocarburífero ni soberanía energética, la suerte de la actividad industrial del país está nuevamente atada a los designios climáticos de la estación invernal y las posibilidades que pueda tener Argentina de acceder al Gas Natural Licuado (GNL) que Europa empieza a demandar en volúmenes siderales para romper su dependencia importadora de Rusia. Para el país, los obstáculos no se limitan hoy a la montaña de billetes verdes que debe poner sobre la mesa para poder descargar cada uno de los buques metaneros que atraquen en las terminales portuarias de Escobar y Bahía Blanca, a valores cuatro veces más altos que los del invierno de 2021. A la par de las implicancias que tendrá la sangría fiscal, frente al acuerdo cerrado con el FMI, persiste la duda sobre si el gobierno logrará conseguir en el atolladero global los volúmenes de GNL que necesitará para cubrir las demandas pico de los sectores residencial, industrial, comercial, estaciones de GNC y usinas térmicas. El faltante de gasoil, que se hace cada vez más notorio en estaciones de servicio y áreas agrícolas de la Argentina profunda, agranda la incertidumbre.

En este marco, el NOA aguarda definiciones cruciales sobre los volúmenes de gas que YPFB garantizará a Ieasa, la empresa energética nacional que reemplazó a Enarsa, de aquí hasta finales del invierno.

El Gobierno espera asegurar despachos diarios de, al menos, 14 millones de metros cúbicos,

como en el pasado invierno, pero con una producción declinante y compromisos de entregas asumidos con Brasil, YPFB garantizaría a lo sumo 10 millones y a un precio mucho más elevado que los 7,33 dólares por millón de BTU que recibió durante el último invierno.

La cantidad de gas tarijeño inyectado desde Yacuiba hacia Campo Durán se convirtió en un factor clave para la actividad industrial y la generación de las usinas térmicas del NOA, a partir de 2003, cuando la política energética del país quedó sujeta a una creciente dependencia importadora, cayeron las inversiones en Cuenca Noroeste, declinaron los maduros yacimientos de San Martín y la producción gasífera de Salta entró en caída libre. Hoy Acambuco (Pan American Energy), Ramos (Pluspetrol) y Aguaragüe (Tecpetrol), las tres áreas que concentran la producción casi completa de la Cuenca Noroeste, apenas aportan 3,9 millones de metros cúbicos diarios de gas. Sus yacimientos no son hoy ni la sombra de los gigantes que en 2006 entregaban más 19 millones de metros cúbicos diarios con los que Salta era la segunda productora nacional de gas, detrás de Neuquén.

Tras años de precios congelados en los pozos salteños y compras a Bolivia a valores hasta cinco veces más altos, la inversión petrolera enfiló hacia los bloques gasíferos de Tarija, al otro lado de la frontera, y los yacimientos de San Martín cayeron en la agonía.

El golpe de gracia al hundimiento gasífero de Salta llegó después con el régimen de promoción aprobado para el “shale gas” de Vaca Muerta. Con precios más atractivos, las inversiones se reorientaron hacia la Cuenca Neuquina y Los Monos, una formación no convencional con cuantiosas reservas de “tigh gas” reportadas en el norte provincial, terminó como patio trasero de la política energética nacional.

Días atrás, con el inconcluso Gasoducto del NEA saqueado y sin posibilidad de incorporar gas de Vaca Muerta al sistema por falta de infraestructura de interconexión, el secretario de Energía, Darío Martínez, admitió que sin los 14 millones de metros cúbicos diarios que se pide a Bolivia garantizar será muy difícil evitar restricciones a la industria y el GNC en el NOA para priorizar la demanda residencial de invierno.

En diferentes informes, tanto oficiales como de consultoras del sector energético, Salta y Tucumán aparecen como las provincias más expuestas a las restricciones, por su fuerte dependencia al gas boliviano para mantener en funcionamiento sus centrales de generación     eléctrica y cubrir otras demandas industriales.

 

 

 

 

 

BRISA DE ANGULO: "ES UN CASO EMBLEMÁTICO QUE REPRESENTA A MILES DE NIÑOS"

 

Swissinfo de Suiza (https://bit.ly/3qQltyG)

 

El caso de violación de Brisa de Angulo Losada que se trata en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) es "emblemático" no solo porque podría marcar un precedente para Bolivia y la región, sino porque considera que representa la situación de miles de niñas que "sus voces nunca serán escuchadas".

"Es un caso emblemático y que trata de representar a las miles de niñas, niños y adolescentes que sus voces nunca serán escuchadas y sus caras nunca serán conocidas", manifestó De Angulo en una conferencia virtual tras el segundo día de audiencia en esa corte.

El caso de Brisa se remonta al año 2002 cuando ella sufrió abuso, violencia sexual y violación por parte de su primo cuando ella tenía 16 años y él 26 y buscó justicia en Bolivia, ante la impunidad sufrida por 20 años acudió a la CorteIDH para que se puedan cambiar ciertas normativas bolivianas para que se proteja a la niñez.

La demanda ante la CorteIDH alega la responsabilidad del Estado de Bolivia por la violación de su deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el derecho de acceso a la justicia frente a la violencia sexual que sufrió Brisa que, según la demanda, el Ministerio Público boliviano no llevó una investigación diligente.

"Lo que se busca de esto no es castigar al Gobierno boliviano, no es avergonzarlo, es buscar que juntos podamos reconocer las cosas que no han estado funcionando con el son de buscar cómo cambiarlas", manifestó.

Además, destacó la importancia que significaría un fallo a su favor, lo cual sentaría un precedente en Bolivia y Latinoamérica para abordar estos casos y así proteger a la niñez.

"Estamos hablando de 20 años de impunidad, pero hay muchas adolescentes que están en la misma situación, entonces mucho de lo que se persigue en este tipo de casos es prevenir, no repetir, y mejorar la respuesta de los Estados", comentó Rosa Celorio, miembro del equipo legal de Brisa.

Por su parte, Diego Durán, otro miembro del equipo legal, acotó que este caso sería un ejemplo para que los Estados trabajen en una "cultura de protección a la niñez" y que se condene claramente la "cultura de la impunidad".

LA PROPUESTA

Tras el segundo día de audiencia en la corteIDH, De Angulo indicó que fueron "momentos bastante difíciles, pero bastante esperanzadores" y que se encuentra muy alegre de que después de tantos años la escuchen y que conozcan sus propuestas para que en Bolivia se pueda abordar estos casos con los debidos estándares.

De Angulo propone que se realicen reformas normativas en Bolivia para que el delito de violación "esté basado en la falta de consentimiento y no como ahora basada en el uso de la fuerza".

También pide que se pueda contemplar el delito de incesto y que se elimine la prescripción en los hechos de violación, además de capacitar a los operadores de justicia en la atención especializada a menores.

"Se debe crear otro crimen en sí que reconozca el incesto y en este tipo de crimen no debiera considerarse que hubo o no consentimiento", señaló.

En tanto José Miguel de Angulo, padre de Brisa, enfatizó en la importancia de tipificar este delito porque tiene "otras dinámicas que tienen que ser consideradas en la ley".

"Este es un problema colectivo gigante que vienen luchando mujeres desde hace mucho tiempo y que han logrado gran cantidad de conquistas, pero es hora de que se operativicen", sostuvo.

Además demostró su "satisfacción" de que se logró "visibilizar que no es un caso individual", sino que es "un problema histórico que vienen de muchas generaciones".

Tras la audiencia, las partes tienen un mes, hasta el próximo 2 de mayo, para entregar su alegatos finales por escrito y a partir de ese momento la Corte Interamericana emitirá una sentencia en los siguientes meses.

 

 

 

 

 

"ME LAVÓ EL CEREBRO PARA QUE NO DIJERA NADA": VÍCTIMA DE VIOLACIÓN PRESENTA CASO EN CIDH

 

Milenio de México (https://bit.ly/389JbiR)

 

El crudo y alarmante relato de violación por el que pasó Brisa de Angulo Losada en Bolivia se llegó a escuchar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde relató el abuso sexual del que fue víctima por parte de su primo de 27 años cuando ella tenía 15 años, la presión que ejerció su agresor, así como el desprecio y burla sobre su testimonio que recibió no solamente de algunos familiares, también de las autoridades en ese país. 

La mujer, quien es colombiana, sostuvo en la instancia que fue abusada la primera vez por su primo Eduardo, de 27, en su casa, ubicada en la ciudad boliviana de Cochabamba.

“Me violó cada día por ocho meses y me lavó el cerebro para que no dijera nada a nadie”, dijo la mujer, según lo consignado por el diario El País, horas después de presentar su relato en el CIDH, en la causa declarada como Angulo Losada versus Bolivia.

Las agresiones ocurrieron alrededor de dos décadas atrás, agregando que por mucho tiempo fue coaccionada por su primo para que no hablara, siendo además víctima de la bulimia, anorexia y el intento de suicidio dos veces.

"Como la mayoría de víctimas de incesto no sabía que lo que me estaba pasando era un crimen. Yo lo odiaba, le decía a él que no quería, pero no tenía la información para saber que era un crimen. Si pensaba en violencia sexual imaginaba un callejón oscuro, un desconocido, no una persona de la familia que me cuidaba y en la que confiaban", dijo.

Sus padres, al comienzo, no sabían los motivos por los cuales tenía esas complicaciones físicas y emocionales, llevándola a una psicóloga, siendo la primera persona a quien entregó su testimonio. Hoy activista, Brisa de Angulo Losada sostiene que sus padres le creyeron, no así abuelos, tíos y primos, quienes le "dieron la espalda", donde incluso "en el día de hoy, cuando daba testimonio en la CIDH, una tía y una prima siguieron diciendo cosas horribles, como que soy una mentirosa", dijo al medio español.

"Muchas veces las familias protegen y las víctimas se quedan solas”, agregó su abogada, Bárbara Jiménez, de la organización no gubernamental Equality Now, recordando los niveles de dudas en los relatos que pasan las víctimas y el encubrimiento al agresor como situaciones habituales, haciendo más complicado que se frene el silencio.

Sin embargo, el tormento para Brisa de Angulo Losada no solamente lo tuvo con sus familiares, también en la Justicia boliviana, esto porque aseguró que, aún presentando su caso, los examinadores forenses se burlaron de ella, el fiscal la culpó por el abuso sexual y el magistrado redujo la causa de violación a estupro, el cual contempla una pena menor para el agresor. "Me trataron siempre de la misma forma, como mentirosa, diciendo que hice lo posible por seducirlo.

Culpan a las niñas y a las adolescentes de haber hecho algo para ser merecedoras de esa violencia", afirmó tras los hechos, donde el acusado está libre. En su lucha y activismo para que casos como el de ella no se sigan repitiendo, fundó en Bolivia el primer centro de atención integral para menores de edad sobrevivientes a los abusos, siendo abogada para defender a las víctimas.

Recalcó en su emoción por llevar su caso a la instancia internacional, destacando "la dignidad" con la que ha sido tratada, a diferencia de los procesos judiciales en Bolivia. "No pido dinero ni una reparación sino reformas judiciales que hagan que otros niños no pasen por lo que yo pasé. Mi sueño es que la CIDH establezca estándares legales internacionales para que los países latinoamericanos puedan prevenir estas situaciones a los niños, niñas y adolescentes", sostuvo. Es precisamente lo definido por violación uno de los puntos que espera que se cambien, que "esté basada en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza porque deja por fuera situaciones coercitivas donde el uso de la fuerza no está presente, como en las relaciones incestuosas, de abuso de poder o cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias", recordó su defensora.

En el caso de Brisa de Angulo Losada "había intimidación, (el agresor) le decía que si le contaba a su padre, se iba a sentir abochornado y que le iba a hacer lo mismo a sus hermanas", sostuvo su abogada. A esto también se agregan los objetivos de que estos delitos no prescriban y que las autoridades apliquen un sistema de capacitación que aborden estos casos tanto en escuelas como en las instituciones estatales. "Personalmente creo que los cambios son muy lentos, es frustrante", afirmó Brisa de Angulo Losada, aunque también trata de que su caso establezca un paso en la concientización y mejores estándares judiciales en los países.

 

 

 

 

 

DESTACAN LA TRAYECTORIA DE VIDA DE MUJERES MIGRANTES EN ARGENTINA

 

En la ciudad de Buenos Aires se celebró el XI Encuentro de Mujeres Líderes Latinoamericanas que contó con el apoyo del Consulado General del Perú y la participación de referentes de la comunidad de ese país y de Bolivia.

 

Telam de Argentina (https://bit.ly/3NB7Ltq)

 

Con un reconocimiento al "esfuerzos de lucha y trayectorias de vida de mujeres migrantes en Argentina" se realizó el XI Encuentro de Mujeres Líderes Latinoamericanas que contó con el apoyo del Consulado General del Perú en Buenos Aires y la la participación de referentes de la comunidad de ese país y de Bolivia.

“Este evento lo venimos haciendo desde hace 11 años”, expresó Lourdes Vargas, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas, y agregó que este es el primer encuentro que realizan después de 3 años debido a la pandemia.

“Todos los años elegimos homenajear a las mujeres migrantes latinoamericanas, personas que hayan sobresalido en un emprendimiento, tanto en lo profesional o cultural, y de diferentes rubros”, dijo la dirigenta y explicó que este año fueron distinguidas Lourdes Rivadeneyra, Reina Torres y Guadalupe Bull.

Rivadeneyra, referente peruana, integra la Red Internacional de Migrantes, “nos dio su testimonio sobre cómo hizo crecer esa red y cómo la construyó”, indicó Vargas.

En tanto, Reina Torres, referente boliviana, luchó por hacer justicia por su tía, Marcelina Meneses, quien fue arrojada de un tren en movimiento con su bebé, “por su condición de migrante boliviana”.

A raíz de esto, cada 10 de enero se conmemora, en su honor, el Día de las Mujeres Migrantes, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, Guadalupe Bull, peruana y periodista, pertenece a una organización que realiza teatro incaico, en donde realizan representaciones de Túpac Amaru y utilizan vestimenta de época.

“Tratan de representarlos de la manera más exacta posible, por eso también nos gustó ese rubro para este año”, indicó.

La Asociación de Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas tiene más de 19 años de creación, señaló Vargas y dijo que comenzaron en 2003, "cuando era imposible conseguir el Documento Nacional de Identidad (DNI) porque había que estar casado con un argentino, tener un hijo o un contrato de trabajo”.

La organización se encarga sobre temas migratorios, poseen una Consejería gratuita, y tratan también problemáticas de violencia y género.

“Es un evento enriquecedor y es importante porque da a conocer algo que está invisibilizado porque nadie tiene idea de todo el esfuerzo que realizan estas mujeres y su situación como migrantes”, concluyó.

El evento se realizó esta tarde en el auditorio del Consulado General del Perú en Buenos Aires, ubicado en San Martín 128.

 

 

 

 

 

EXPERTOS URGEN ACELERAR EN BOLIVIA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

 

Xinhua de China (https://bit.ly/3qP7JUV)

 

Bolivia supera apenas el 53 por ciento de cobertura con esquema completo de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), por lo que urge alcanzar el 70 por ciento de la población objetivo de 10,2 millones de personas, para protegerlas así del virus y sus nuevas variantes, según dijeron expertos.

El epidemiólogo y exministro de Salud de Bolivia, Guillermo Cuentas, comentó a Xinhua este miércoles que es fundamental acelerar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para proteger a la población contra las nuevas variantes, en especial a las personas más vulnerables.

"El objetivo prioritario de la inmunización para estar mejor preparados contra un nuevo rebrote de la COVID-19 es alcanzar la cobertura de al menos el 70 por ciento de la población vacunable, que es el considerado de rebaño", afirmó el experto.

Dijo que si se habla sólo de la población mayor de 18 años, la inmunización alcanza al menos el 70 por ciento de vacunados con la segunda dosis contra la COVID-19.

Durante la última semana epidemiológica, Bolivia mantuvo una desescalada del 31 por ciento en los contagios, lo que hace prever el fin de la cuarta ola de la pandemia, según reportó el Ministerio de Salud y Deportes.

A más de un año de iniciada la vacunación masiva contra la COVID-19, Bolivia registra a la fecha un 65,3 por ciento con la primera dosis en personas mayores de cinco años y un 53,4 por ciento con esquema completo, según la cartera de Salud y Deportes.

A su vez, la directora general del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Evelin Fortún, pidió este miércoles a la población mantener las medidas de bioseguridad y vacunarse contra la COVID-19 para mitigar así a las nuevas variantes.

En tanto, el responsable del Programa Ampliado de Inmunización, Max Enríquez, dijo a Xinhua que el proceso avanza de manera positiva, pese a que hace cuatro meses comenzó la inoculación a la población de entre 12 y 17 años, mientras que hace tres meses a las personas comprendidas entre cinco y 11 años.

"La población debe contribuir a que la inmunización avance a un ritmo regular para que en los próximos meses todos estemos protegidos contra las nuevas variantes de la COVID-19. Se ha demostrado que la vacuna es la acción más eficaz para enfrentar al coronavirus", afirmó.

Bolivia acumuló hasta el martes poco más de 13 millones de vacunas aplicadas entre primera, segunda y tercera dosis a mayores de 18 años.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, promulgó este miércoles la ley autonómica que obliga el uso del carnet de vacunación en comercios, transporte público y oficinas municipales.

"Seguimos en la senda de la innovación, de la vanguardia en salud. Nada nos ha detenido para ser la primera ciudad vacunada con el 100 por ciento, mejorando la cobertura en las escuelas y preparándonos para una posible quinta ola que ya en algunos países ha pasado", manifestó a periodistas.

El objetivo de la norma es implementar acciones, medidas y estrategias de mitigación, orientadas a reducir y prevenir la transmisión del coronavirus en el municipio de La Paz, sede del Gobierno boliviano.

La persona que no quiera vacunarse, deberá presentar para acceder a servicios una prueba a la COVID-19 realizada con 48 horas de anticipación que indique que no está contagiada.

 

 

 

 

 

CIERRE DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN BOLIVIA

 

América Retail de Perú (https://bit.ly/3DqZYJS)

 

La pequeña y mediana empresa de Bolivia afirma que en los dos últimos meses se cerró el 15% de las unidades productivas en Santa Cruz y por ello, el sector no está en condiciones de cubrir ningún tipo de aumento salarial, debido a que aún se trabaja en la reactivación económica.

Así lo informaron dirigentes de la micro y pequeña empresa (mype), que piden al Gobierno priorizar la estabilidad laboral de los trabajadores. “Este no es momento para un incremento, “porque no hay una verdadera reactivación del aparato productivo, en particular de los micro y pequeños empresarios”, afirmó el secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Félix Huaycho.

Hasta hace dos meses, remarcó, “un 15% de las unidades productivas” cruceñas había cerrado y algunas tuvieron que migrar a Chile, Brasil u otros países.

“Estamos en contra del planteamiento” de la COB, que pretende un aumento del 7% al salario básico y del 10% para el mínimo nacional, afirmó Boris Mendoza, titular de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz.

“Recién estamos comenzando a salir” de la crisis causada por la pandemia. “En 2021 hubo apoyo de las autoridades con el SíBolivia y otras medidas, pero sin buenos resultados. Falta mucho que pulir”, sostuvo el dirigente.

El SíBolivia es un programa de sustitución de importaciones con créditos para el sector productivo a una tasa de interés del 0,5%. Ese apoyo “solo ha llegado al 20% de los asociados de nuestra federación”, indicó Mendoza.

“Hay unidades productivas que han cerrado durante la pandemia, que vendieron su maquinaria o recortaron personal. Hoy, esas empresas recién están comenzando a andar. Entonces, si se aprueba un incremento salarial, lo primero que tendrán que hacer es recortar personal y postergar o anular” nuevos proyectos, dijo Mendoza, quien apuntó que lo que se busca “es que haya estabilidad laboral para los trabajadores”.

 

 

 

 

 

SALAR DE UYUNI, ESPEJO DEL CIELO Y EL PARAÍSO EN LA TIERRA

 

En el departamento de Potosí, en Bolivia, se encuentra el salar más grande del mundo, un lugar en donde visualmente el cielo y la tierra se fusionan, brindando una experiencia sensorial única.

 

El Espectador de Colombia (https://bit.ly/3DqYyz2)

 

Sentir que se camina en las nubes y ver en cada paso recorrido el reflejo de un atardecer que minuto a minuto muestra una gama de color diferente, pasando del amarillo a un rojo intenso. Más tarde, sentarse con un vino o un chocolate caliente en medio de la nada, a ver la Luna y la Vía Láctea. La música típica de fondo para ambientar, un poncho hecho a mano para el frío y una buena compañía para completar el momento.

Así se vive el día a día desde el Salar de Uyuni, un paraíso terrenal formado por lagos prehistóricos que se evaporaron hace muchos años. Ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Potosí, en Bolivia, este mágico lugar es el salar más grande del mundo y cada año sigue creciendo. Tiene más de 12.000 kilómetros de extensión y viste el suelo con capas profundas de cristales de sal. Es todo un placer contemplar su color blanco y brillante desde el momento en el que se está sobrevolando para llegar allí, pero lo es aún más estando en el punto más central de este desierto salino.

Estar en el Salar de Uyuni se convierte en toda una experiencia sensorial en la temporada de lluvias, en los primeros meses del año, cuando este lugar se convierte en el espejo de agua más grande del mundo, ya que el charco pando que se extiende por todo el lugar y el brillo de los cristales de sal forman un maravilloso reflejo, que impide percibir la diferencia entre el cielo y la tierra.

Esta es una de las principales razones por las que cada vez este es un destino más apetecido por los turistas, que en su mayor parte son japoneses, pero últimamente se ha trabajado para ampliar la variedad de visitantes.

Sin embargo, a partir de mayo hasta fin de año, la temporada seca, que a su vez es la época de invierno en Uyuni, el salar se seca y forma otro de los atractivos para los turistas, que es la cristalización de la sal, cuando crea dibujos geométricos en la superficie. Ambos escenarios visuales hacen de este un lugar mágico y muy aprovechable para lograr tomas fotográficas y audiovisuales únicas.

Una experiencia cultural y gastronómica

Más allá de la contemplación del paisaje, en el Salar de Uyuni se vive una experiencia de intercambio cultural que todos merecen vivir al menos una vez en la vida: un almuerzo Apthapi, una celebración conservada desde tiempos prehispánicos en Bolivia, que consiste en compartir alimentos típicos y saberes de las culturas del sector. Generalmente, este evento se realiza en el suelo, tipo picnic; pero en la temporada cuando está la capa de agua recubriendo el salar se hace en mesas, donde se comparten platos tradicionales como la carne de llama deshidratada, preparaciones con quinoa y verduras, entre otros alimentos. El Apthapi está acompañado por música que ambienta el lugar, bebidas frías y calientes, y la excepcional atención por parte de los pobladores de Uyuni.

Claramente, en Uyuni la sal es un mineral protagonista para la cadena productiva y la actividad económica de su gente, pero más allá de eso, los visitantes pueden vivir toda una experiencia de lujo, a las orillas del salar, hospedándose en el Hotel Palacio de Sal, que guarda una gran historia, ya que fue la primera edificación e infraestructura del mundo construida con bloques de sal, y fue una iniciativa de Juan Quesada Valda. Sus paredes, muros, techos y hasta la estructura de las camas están íntegramente hechos de sal, capa tras capa, lo que lo hace un lugar particular y fuera de todo lo antes visto. El lugar tiene además una vista privilegiada hacia el Salar de Uyuni y ventanales que permiten disfrutar de los atardeceres y amaneceres únicos que regala este destino. Hoy en día, es manejado por Hidalgo Tours, que se encarga de brindar a sus huéspedes la experiencia completa en el Salar de Uyuni en los días y en las noches estrelladas.

Aunque el Salar de Uyuni es el principal atractivo del lugar, este municipio boliviano tiene todo un listado de experiencias por regalar a sus visitantes, que tienen un componente cultural e histórico muy significativo. Por un lado está el Cementerio de Trenes, un lugar que alberga locomotoras de finales del siglo XIX, provenientes de varios países europeos, que iban en búsqueda de minerales extraídos de las montañas que rodean la ciudad, como el oro, la plata y el estaño. Y aunque no son tan viejos, los esqueletos de estas locomotoras tienen un aspecto de deterioro y oxidación considerable, producto de la combinación entre la sal y el viento, que poco a poco han corroído su estructura.

Por otra parte, la población de Uyuni, además de dedicarse al procesamiento de sal y a la ganadería incaica, plasma parte de su historia y cultura en las artesanías, entre las que se encuentran figuras hechas de sal, como muñecas cholas bolivianas, los típicos ponchos, gorros, guantes y prendas de vestir bolivianas, coloridas y hechas a mano, que además acompañan perfectamente la experiencia en el salar en las noches, cuando la temperatura baja significativamente.

Sin duda, estos lugares son imperdibles de visitar, para conocer sobre su gente, que le apuesta a mostrar su talento al mundo como una forma de sustento económico.

¿Cómo llegar al Salar de Uyuni?

Desde Colombia hay vuelos directos o con escalas hasta Santa Cruz, Bolivia, desde donde se puede viajar para llegar al Aeropuerto de Uyuni. Hidalgo Tours ofrece vuelos privados, dependiendo de la disponibilidad, que brinda a los visitantes la posibilidad de viajar cómodamente hasta Uyuni, e igualmente de Uyuni a Santa Cruz para el retorno. Si no es el caso, también hay vuelos comerciales y económicos desde La Paz u Oruro, o quienes prefieren economizar pueden llegar en bus. Cabe recordar que, por el momento, para ingresar al país, el gobierno de Bolivia exige una prueba PCR de covid-19 negativa, con máximo 72 horas antes de ingresar a Bolivia.

¿Cómo prepararse para la experiencia?

El Salar de Uyuni se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que indica que es probable que se sientan los efectos de la altura. Por eso es recomendable tomar té de coca y pastillas para controlar eventuales dolores de cabeza. Para el vestuario, lo recomendable es llevar ropa cómoda y en tipo capas de cebolla, es decir, yendo desde prendas livianas y cómodas, hasta llegar a una chaqueta o poncho abrigador, ya que en el día el sol es directo y fuerte, pero en la noche la temperatura baja considerablemente y el viento corre muy frío.

Wednesday, March 30, 2022

MERCURIO EN LA SANGRE: EL PRECIO DEL ORO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA

Decenas de familias indígenas que viven en los márgenes del río Beni tienen en la sangre hasta 27 veces más mercurio del recomendable, lo cual les ocasiona múltiples enfermedades. Las comunidades piden la intervención del Gobierno para evitar la pérdida de vidas y ecosistemas.
El parque nacional Madidi, en la Amazonía, es uno de los paraísos que tiene Bolivia. Pero para las comunidades indígenas que viven allí y alrededores, su propio hogar se convirtió en un territorio hostil y envenenado, donde los peces vienen rellenos de mercurio a causa de la explotación ilegal de oro en los ríos.
Más de 60 organizaciones sociales y de la sociedad civil local exigieron al Gobierno de Luis Arce que regularice esta actividad minera, que amenaza los medios de vida de varios pueblos originarios amazónicos.
En su pronunciamiento destacaron que desde hace varios años, y cada vez con mayor intensidad, «cooperativas auríferas, aliadas a ambiciosos intereses privados y extranjeros explotan oro en la región, actividad que incluye desmontes, presencia amenazante de personas foráneas, con algunos colaboradores locales, para explotar el metal con dragas y uso de mercurio», el cual contamina ríos, aire y tierra, con riesgos para la salud humana y de otras especies.
Recientemente, un estudio de la Universidad de Cartagena, Colombia, determinó que «las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano», se lee en el documento de las organizaciones. El pescado está en la cima de la pirámide alimentaria de las familias indígenas. Al comer carne contaminada, en varios comunarios «detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio».
Explotación al margen de la ley
Alex Villca Limaco es de la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el parque Madidi. En diálogo con Sputnik, aseguró que las cooperativas mineras que actualmente explotan oro de los ríos amazónicos «son una fachada para el interés de las grandes transnacionales en esta región».Villca explicó que la ley 535, de Minería, «prohíbe la alianza de cooperativas mineras con empresas privadas, ya sean nacionales o transnacionales. Sin embargo eso está ocurriendo, a la vez se han ido masificando las cooperativas».
En cambio, pagan el 2,5% de regalías al Estado por los minerales que venden. «Vemos que los pasivos ambientales no pueden ser compensados con los irrisorios beneficios que deja la actividad minera», dijo Villca, quien es vocero de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. La explotación minera en los ríos amazónicos «no compensa en absoluto los daños irreversibles que causa esta actividad al contaminar nuestros medios de vida», comentó.
Y agregó: «Muchas poblaciones no tienen acceso al agua potable, por ello se ven obligados a usar las aguas envenenadas de ríos, arroyos y lagos».Villca evidenció que se requieren más estudios para conocer el nivel de contaminación en la cuenca del Beni, ante la sospecha de que hay otros metales pesados, aparte del mercurio.Además, «áreas que eran usadas para otras alternativas económicas, como la producción de plátano, de yuca, o de cítricos, han sido destruidas totalmente por las maquinarias que usan las cooperativas mineras», denunció.
La propuesta del ecoturismo
Tres décadas atrás, en varias comunidades indígenas de la región comenzaron a desarrollar emprendimientos de ecoturismo. Recibían turistas de todo el mundo, a quienes alojaban en cabañas construidas en sus territorios y a quienes guiaban durante días por la asombrosa selva amazónica.Con mucho esfuerzo personal, Villca se licenció en Turismo en la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y creó varios emprendimientos comunitarios, como Chalalán y Madidi Jungle.
Además, desde agosto de 2021 está cerrado el aeropuerto de Rurrenabaque, que es la población desde la cual se parte hacia diversos rumbos amazónicos en el departamento de Beni y el norte de La Paz.
Ante la paralización del turismo, «en su desesperación, muchos hermanos están optando por trabajar en estas cooperativas», contó Villca. Para él, sumar mano de obra local «es una estrategia de los actores mineros para justificar que el aprovechamiento de estos recursos es una necesidad de la gente que vive en esos territorios».De esta manera, «están prácticamente saqueando nuestros recursos naturales. Y están destruyendo nuestros medios de vida».
El rol del Estado
Para Villca, un principio de solución requeriría que el Estado boliviano haga cumplir las leyes vigentes. «En nuestro país, al menos un 85% de actividad minera, sobre todo aquella cooperativizada, no cumple con los procedimientos o las normas vigentes en nuestro país».Y aseguró que «si el Estado boliviano hiciera cumplir las normas nacionales e internacionales, gran parte de los actores mineros dejarían de explotar oro, porque no están enmarcados en nuestra normativa vigente».
También consideró importante «que el pueblo boliviano conozca esta grave problemática, porque no es una cuestión que afecta a los pueblos indígenas, sino a todo el país».
Por este motivo, el Estado Plurinacional es el segundo mayor importador de mercurio en el mundo, con 220.000 toneladas anuales. Esta situación motivó que dos relatores especiales de las Naciones Unidas enviaran una carta al presidente Arce para recibir más información al respecto.
Otros problemas en el paraíso
Estas no son las únicas dificultades y amenazas que enfrentan a diario las comunidades de los pueblos Esse Ejja, Tacana y Uchupiamona, entre otras. El río Beni pasa por el estrecho de El Bala, donde años atrás el Gobierno proyectó construir una represa para una hidroeléctrica, que habría cubierto con agua a varias comunidades indígenas. Este conflicto, con otros que transcurrían en el país, motivó la conformación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuyo vocero también es Villca.
«Sufrimos una presión fuerte de militares navales, quienes nos exigen matricular nuestras canoas peque-peque. Exigen un pago de cabotaje o derecho de zarpe. Para nosotros es algo ilógico, que vulnera nuestros derechos, porque los pueblos de esta región siempre hemos hecho uso de nuestros ríos», contó Villca.»Pareciera que las fuerzas del orden no reconocen que nuestro país, a partir de 2009, reconoce fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza», agregó«
Los hermanos indígenas esse ejja, tacana, chimán, mosetén y todos los pueblos de la región somos altamente vulnerables. No tenemos los fondos para que los militares nos permitan entrar a nuestra propia casa. Además, no corresponde y es una vulneración a nuestros derechos fundamentales», sostuvo Villca. El Mercurio Digital de España (https://bit.ly/3wT3StI)
 
 
 
 
 
“EL ESTADO BOLIVIANO NO ESTÁ CONTROLANDO LAS IMPORTACIONES Y EL POSIBLE CONTRABANDO DE MERCURIO HACIA OTROS PAÍSES”: ÓSCAR CAMPANINI
 
El 15 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para tratar el problema de la importación en exceso de mercurio en Bolivia y su relación con el tráfico ilegal de este producto en la región. Mongabay Latam conversó con Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) sobre cuáles son los problemas alrededor del mercurio en Bolivia y en el resto de la región.
 
Revista Mongabay de Indonesia (https://bit.ly/36AC0Qy)
 
Desde el año 2015 Bolivia empezó a importar grandes cantidades de mercurio, a niveles que llegan hasta el doble de lo que necesita y utiliza. Desde entonces han crecido las sospechas de que el país está abasteciendo de mercurio para la minería ilegal a países como Perú, Brasil y Colombia.
Como experto en los problemas de las actividades extractivas, agua, medio ambiente y derechos humanos, Óscar Campanini, actual director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se dedicó a investigar qué estaba pasando con este elemento. La más reciente investigación que lidera en Cedib, en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, aún en proceso, tiene entre sus primeros resultados cifras alarmantes: de las 350 personas que han sido evaluadas —entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona— todas superan, en promedio, siete veces los límites permitidos en sangre.
Campanini también le ha seguido la pista al mercurio en exceso que ingresa a Bolivia y sus investigaciones han presentado indicios suficientes del tráfico ilegal hacia otros países del continente. Es por eso que Cedib, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), solicitaron, en enero de este año, una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha audiencia, en la que también participó el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, se realizó el 15 de marzo. En esta entrevista, Campanini habla sobre lo que se debatió en el evento, el avance del tráfico de mercurio en el continente, los problemas de la minería ilegal en Bolivia y el Convenio de Minamata.
—El 15 de marzo se realizó la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las poblaciones indígenas afectadas por la contaminación por mercurio en Bolivia. ¿Por qué se solicitó esta audiencia?
—Nosotros desde la sociedad civil, como Cedib y junto con una red de organizaciones sociales afectadas por actividades extractivas denominada Contiocap [Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia], solicitamos una audiencia para presentar nuestras preocupaciones respecto a la vulneración de Derechos Humanos por el mercurio de la minería aurífera en el caso de Bolivia pero, además, por la situación de la importación de mercurio en el continente en su conjunto. Fue muy interesante porque estuvo presente el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana. El año pasado, Orellana y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas  presentaron un carta manifestando estas preocupaciones hacia el Estado boliviano.
En la audiencia se pudo reiterar y hacer énfasis sobre estas preocupaciones, particularmente sobre el rol que estaría jugando Bolivia a nivel del continente y muy particularmente con Perú. También estuvo presente el Estado boliviano para responder sobre el tema. Creo que hubo un consenso por parte del propio Estado, así como de los comisionados, sobre el problema significativo del mercurio en Bolivia.
—¿Cuáles son las consecuencias sobre los derechos humanos que está ocasionando el mercurio?
—La primera preocupación es la cantidad de mercurio que está importando Bolivia legalmente. Desde el año 2015 está importando un promedio de 180 toneladas de mercurio al año, cuando las estimaciones del propio Ministerio de Minería dan cuenta de que se necesitan solo entre 60 y 90 toneladas. Significa entonces que el 50 % de lo que se está importando legalmente termina fuera de Bolivia, aportando a un contrabando ilegal de mercurio. Una de las vulneraciones más importantes es que el Estado no está controlando estas importaciones legales, menos aún el comercio, uso y el posible contrabando de mercurio hacia otros países.
El segundo punto es el impacto directo que está teniendo sobre la salud de las personas. Hay estudios del año pasado que dan cuenta que comunidades indígenas en el río Beni ya tienen un nivel de mercurio en el cuerpo muy alto. En la audiencia estuvo presente también un experto de la Universidad de Cartagena, Colombia, que está realizando con nosotros [Cedib] un estudio aquí en Bolivia y dio datos del monitoreo que se ha realizado en las personas a lo largo de la cuenca del río Beni y del río Madre de Dios. Hasta el momento hay 350 muestras y todas superan el límite máximo establecido por la OMS [Organización Mundial de la Salud] a nivel internacional que es de una parte por millón. Por encima de ese límite, el mercurio puede generar daño a la salud. De estas 350 muestras casi todas tenían, en promedio, siete veces más del límite máximo y había casos de hasta 27 veces más de ese límite. El estudio está aún en proceso, pero este es un adelanto de información que fue contundente. Esto es algo que está ocurriendo en la cuenca del río Beni pero seguramente está ocurriendo en toda la Amazonía boliviana y, por supuesto, en toda la Amazonía a nivel continental. En el pasado también se han hecho otros estudios.
—¿Qué resultados han arrojado esos estudios?
—Hay múltiples estudios desde el año 2000 o incluso desde 1999. Casi todos son realizados por académicos y se han realizado en diferentes zonas y en diferentes momentos. En el 2014, el gobierno boliviano sistematizó todos estos resultados y logró identificar un riesgo potencial por mercurio en diferentes zonas del país, así como una idea de del grado de contaminación en varias regiones, particularmente en pueblos indígenas. Sin embargo, esto no llevó a una mayor acción. Recientemente la red internacional denominada IPEN [Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes] ha elaborado un estudio y, actualmente, el Cedib con la Universidad de Cartagena está desarrollando el estudio que he comentado.
—¿El estudio que aún está en proceso se ha hecho en comunidades indígenas?
—Las 350 muestras que se han tomado corresponden a personas de comunidades indígenas de los pueblos Tacana y Uchipiamona y de centros poblados que están en el punto medio de la cuenca del río Beni. Es un estudio que abarca principalmente las comunidades que consumen pescado de este río, porque es la principal vía para la contaminación de mercurio. El estudio comprende también la cuenca del río Madre de Dios que compartimos con Perú, pero los resultados de esa cuenca aún no están concluidos.
—En la audiencia también se abordaron los compromisos asumidos por el gobierno de Bolivia como parte del Convenio de Minamata. Uno de ellos es el avance del plan de acción del gobierno de Bolivia para eliminar gradualmente el uso del mercurio ¿Qué tanto ha avanzado el país?
—El convenio de Minamata, al cual está suscrito  Bolivia, establece la obligación de todos los países que son parte de ir eliminando gradualmente el uso del mercurio y para los países que tienen actividad minera es importante que se establezca un Plan Nacional de Acción, es decir, una estrategia que los gobiernos establecen para ir controlando y disminuyendo el uso, el comercio y los desechos de mercurio. En el caso de Bolivia esto desafortunadamente no avanza, aún no tiene su Plan Nacional de Acción.
—¿Qué debe contemplar este plan?
—Una de las primeras medidas que se deben tomar es controlar la importación legal de mercurio en Bolivia, porque está entrando demasiado mercurio, cantidad que supera lo que lo que el país necesita. Bolivia tiene una responsabilidad con el país y con el continente, entonces se deberían tomar medidas al respecto, que no dependen del Plan Nacional de Acción. Desde el 2019 existía una propuesta de decreto supremo para crear un registro para el control del mercurio que se importa y saber hacia dónde va y cómo se usa, desafortunadamente, el gobierno boliviano no la ha aprobado hasta ahora. También es importante el control de la comercialización del mercurio en Bolivia y ahí pasa por el registro de quiénes compran, dónde venden, y para qué venden, porque si no hay un control adecuado este mercurio puede terminar contrabandeado en otros países. Y finalmente está el cómo se usa y se dispone del mercurio. Obviamente el sector minero es el principal usuario del mercurio y deberían establecerse mecanismos para un control mucho más estricto de cómo se almacena, cómo se usa y cómo se desecha.
—¿Actualmente existen normas que regulan el uso del mercurio?
—En Bolivia existe una normativa ambiental que establece la obligación de que la minería aurífera que usa mercurio sí o sí lo recupere a través de ciertos mecanismos. Esta normativa existe desde 1997, sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que el 90 % del oro que se extrae en Bolivia no recupera mercurio. Ahí hay un tema de incumplimiento que el Plan Nacional de Acción debería ver cómo aborda y cómo se fortalece esta normativa para que realmente se implemente.
—El plazo para que se tenga listo este plan está por vencer. ¿Cree que se concrete a tiempo?
—El primer argumento del gobierno era que no tenía fondos, lo cual no es cierto porque el gobierno apoya al sector minero en aspectos que ni siquiera son necesarios, por ejemplo, ha financiado un edificio entero a una organización de cooperativas del departamento de Cochabamba por más de 700 mil dólares cuando este Plan Nacional de Acción cuesta 500 mil dólares. Esto evidencia que el Gobierno tiene otras prioridades. Si en tres años y medio el gobierno no ha podido iniciar el Plan Nacional de Acción, pensamos que será muy complejo que en dos meses pueda concluirlo.
—¿Qué dijo el gobierno durante la audiencia?
—No ha podido dar respuestas concretas y quedó en evidencia que el problema del mercurio es grande, que tiene serios impactos y que el Estado no está ejecutando las acciones necesarias.
El tráfico ilegal de mercurio en Latinoamérica
—Usted ha mencionado que se importan 180 toneladas de mercurio al año, cuando el mismo gobierno ha dicho que  el país solo necesita entre 60 y 90. ¿Cuáles son los indicios de que el mercurio va a Perú, Brasil y Colombia?
—Ha habido varios operativos en Perú para el control de la minería ilegal y también del mercurio. En algunos de estos operativos hay testimonios de gente detenida que dice que parte de este mercurio provendría de Bolivia, y hay declaraciones en medios de comunicación, incluso de autoridades peruanas del Ministerio de Ambiente de Perú, sobre esta problemática. Además, en nuestro estudio sobre el comercio del mercurio en Bolivia hemos identificado que al menos cuatro importadoras bolivianas tienen muy estrecha relación con importadoras o personas involucradas en la minería en el Perú. También está el cálculo de la cantidad de oro que extrae Perú versus el mercurio que importa, en donde hay una diferencia significativa. Las importaciones legales de mercurio en Perú han disminuido muchísimo, prácticamente se han eliminado, sin embargo, la cantidad de oro que se extrae en Perú no ha bajado y sigue siendo una cifra importante.
—¿Y sobre Colombia y Brasil?
—En el caso de Brasil y de Colombia no existen indicios suficientes, pero se sabe que en el río Madre de Dios, en la frontera con Brasil, hay un flujo constante y regular de mercancías y obviamente de contrabando, incluido el oro, combustibles y otros bienes más. Entonces, es muy probable que también haya un flujo de mercurio, sin embargo, no existen datos como en el caso de Perú. Sin embargo, la cantidad de mercurio que aparece como excedente en Bolivia es significativa, entonces es muy probable que no solo sea a Perú, sino también a Brasil e incluso hasta Colombia, un país que está implementando el Convenio de Minamata y tiene un control muy estricto, tal vez tan o hasta más estricto que Perú respecto de la minería del oro y del comercio de mercurio. Sin embargo, Colombia tiene una actividad aurífera relevante que usa mercurio, entonces, no se explica fácilmente de dónde proviene el mercurio que se usa en ese país. Hay estudios que dan cuenta de que un posible flujo de mercurio de manera ilegal ocurra a través de las Guyanas y de Venezuela, pero también existe la otra hipótesis, de que probablemente sea desde Bolivia.
—¿De dónde proviene el mercurio que importa Bolivia?
El principal proveedor en los últimos siete años, que es el periodo en el que más mercurio se ha importado, ha sido México. Sin embargo, no es el único. En los últimos tres años Bolivia ha diversificado sus fuentes de abastecimiento de mercurio y han aparecido nuevos países como India, Rusia, Vietnam.
—¿En Bolivia no existe ningún tipo de control para la importación de mercurio?
—Se está intentando implementar desde hace un par de años un mecanismo del Convenio de Minamata que consiste en que el gobierno del país importador debería dar un consentimiento escrito a las empresas, así como el país que exporta, pero como esto no ha sido normado, hay una gran cantidad de importadores que no quieren cumplir este requisito. Entonces lo único que se necesita legalmente en Bolivia para poder importar es pagar un arancel del 5 %, como lo hacen la mayoría de las mercancías.
Mercurio para la minería ilegal de oro
—¿Cuál es la situación de la minería ilegal en Bolivia?
—En el caso de Bolivia hay un límite muy difuso entre la legalidad y la ilegalidad. El sector cooperativista minero aparece como organizaciones con fines sociales, pero en la práctica se han convertido en pequeñas empresas con grandes capitales. Bajo el argumento de que tienen un fin social se les ha flexibilizado muchos requisitos para los trámites y el cumplimiento de muchas normativas, por ejemplo, para empezar sus actividades muchas cooperativas arguyen que han iniciado un trámite y que eso sería suficiente para ir operando.
Por otro lado, también hay actividades totalmente ilegales pues ni siquiera han iniciado sus trámites y están realizando actividades mineras en zonas en las que no se permitirían estas actividades. Actualmente hay un gran debate en Bolivia respecto de las áreas protegidas y la norma que permite que se realicen ciertas actividades mineras en ellas. El propio Estado ha sido cómplice al modificar los planes de manejo de áreas protegidas para viabilizar minería en varias áreas protegidas. Eso ha ocasionado un descontrol total de la minería aurífera. Hace unos días hubo una reunión entre la comisión de Medio Ambiente del Senado y la autoridad jurisdiccional administrativa minera y esta última ha reconocido que el Estado no tiene capacidad para controlar la minería ilegal y que incluso hay mineros ilegales que usan armamento.
—¿Entonces se está agudizando la violencia?
—Nosotros realizamos un estudio hace cinco años en el río Madre de Dios, cerca a la frontera con el Brasil y recogimos testimonios de personas que decían que el contrabando del oro estaba asociado al narcotráfico y al contrabando de combustible con el lado brasilero. Estos testimonios incluían autoridades públicas en ese momento. Es un tema complejo en un contexto de demasiada violencia pero que da cuenta de que podrían existir estos vínculos entre diferentes actividades ilegales.
—La semana pasada se realizó la COP 4 del Convenio de Minamata.  ¿Qué resultados ha tenido esta reunión y qué se espera para Bolivia?
—En el caso del convenio de Minamata hay varias críticas de organizaciones que ven la problemática del mercurio. Una de ellas es que el Convenio de Minamata no es lo suficientemente rígido para procurar la disminución del mercurio y ponen como caso central y principal el de la minería. La minería de oro es uno de los principales consumidores de mercurio en todo el mundo y para los países que tienen esta actividad, el Convenio establece un plan nacional de acción, pero sin suficientes criterios para asegurarse que tenga una acción contundente para disminuir el mercurio. Desafortunadamente, el caso de Bolivia demuestra que esa crítica es correcta.
Lo que me pareció interesante es la declaración de Bali [en Indonesia] contra el contrabando ilegal de mercurio. Eso es positivo porque demuestra que más allá del convenio de Minamata hay muchos países que identifican una urgencia por abordar esta problemática del contrabando ilegal de mercurio. Bolivia tiene un rol central en el continente americano en este aspecto.
—¿Qué tan preocupante es el contrabando de mercurio en Latinoamérica?
—Es un tema sobre el cual no se tiene suficiente información. Como le comenté se han realizado dos estudios: uno de ellos fue el nuestro respecto al rol de Bolivia y estos indicios con el Perú y el segundo estudio sobre cómo buena parte del mercurio que se utiliza en Colombia y en Venezuela provienen de las Guyanas. En la Comunidad Andina de Naciones se aprobó hace un par de años un observatorio y una decisión específica sobre el control del comercio ilegal de mercurio, sin embargo, otra vez los tiempos son muy lentos. Hasta donde tenemos conocimiento no se ha avanzado en la implementación de este observatorio ni en la implementación de esta decisión. Se realizan muchas acciones en el papel pero, en la práctica, estas decisiones no llegan a concretarse.
 
 
 
 
 
Reciprocidad sanitaria, censo a bagayeros y el paso para Los Toldos, entre los temas abordados
 
EL EMBAJADOR ARGENTINO EN BOLIVIA CONTESTÓ PREGUNTAS DE LEGISLADORES SALTEÑOS
 
Ariel Basteiro conversó con Salta/12 a raíz de una serie de pedidos que realizó la Cámara de Diputados con respecto a las relaciones de frontera.
 
Página 12 de Argentina (https://bit.ly/3r9qOl1)
 
A raíz de un pedido que elevaron desde la Cámara de Diputados de Salta a la Embajada Argentina en Bolivia para avanzar con algunos puntos en los que consideran se debe profundizar la reciprocidad, el representante nacional, Ariel Basteiro, aseguró a Salta/12 que en muchos casos ya existen convenios de reciprocidad y que las relaciones entre los mandatarios Alberto Fernández y Luis Arce gozan de excelente salud.
El primer pedido surgió del diputado Bernardo Biella, presidente del Bloque Salta Independiente, quien el pasado 15 de febrero ya le había expuesto las consultas a la subsecretaria de Asuntos Nacionales y Legislativos, la embajadora Marina Cardelli, con motivo de su visita a Salta. A raíz de esa exposición, desde la Cámara se decidió elevar un documento de trabajo a la Embajada.
Entre los puntos más destacados, se mencionaba avanzar en la “reciprocidad en la atención en los hospitales de los ciudadanos argentinos en suelo boliviano”, para que reciban la misma asistencia “que se brinda de forma gratuita en los límites del país a cualquier extranjero que así lo requiera”. También, profundizar y agilizar el comercio exterior con la provincia; establecer surtidores de combustibles específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas; censar a los trabajadores informales de zona de frontera vinculados al tráfico de mercaderías, y gestionar pases para que los residentes de Los Toldos puedan ingresar o salir de su localidad por Bolivia sin tener que hacer trámites.
Si bien no había recibido aún el documento, Ariel Basteiro accedió a conversar con Salta/12 y afirmó que el diálogo es permanente para avanzar en política de integración regional en las fronteras que unen a Salta con Bolivia. Aclaró que ya existe desde 2017 un acuerdo bilateral para que en el país vecino se atienda a argentinos “fundamentalmente en los casos de emergencias”, ya que recordó que el servicio de Salud en Bolivia “no es gratuita para nadie”, y subrayó que lo mismo sucede “en gran parte del mundo”. En Bolivia “no tienen un sistema tan amplio y que garantice el acceso como el nuestro”, agregó.
Pero aseguró que desde la Embajada intervinieron y siguieron casos puntuales de urgencia que fueron atendidos “sin mayores inconvenientes”. Aunque también reconoció que por la falta de infraestructura, muchas veces los argentinos necesitan atención en zonas alejadas “y no hay servicio o desconocen el convenio”, y aclaró que siempre que llega algún tipo de información al respecto, inmediatamente lo solucionan estableciendo contacto con las autoridades de salud locales.
Comercio a pequeña escala
Con respecto a las zonas de frontera y el control del comercio que se genera entre localidades como Salvador Mazza y Pocitos, o Aguas Blancas y Bermejo, Basteiro resaltó que desde que “Lucho (Luis) Arce” está en el gobierno “hay una política muy activa para tratar de combatir el contrabando y realizar controles fundamentalmente en frontera, algo que antes no era muy frecuente y reinaba la irregularidad comercial”. Subrayó que hoy la mayoría de esos productos son comprados del lado argentino “y se paga el IVA en nuestro país”, por lo que el problema se genera para el fisco boliviano.
“Pero para eso está Gendarmería y Aduana, a quienes les prestamos toda la colaboración y son quienes persiguen los hechos irregulares”, declaró. Recordó que el mercado en pequeña escala está legalizado y pautado para que alguien que transporta en pequeñas cantidades pueda pasar una o dos veces al día, “es un mecanismo no de ahora, sino que lleva muchos años”.
Con respecto a la propuesta que surgió durante la pandemia de establecer pequeñas ferias para quienes compran y venden de un lado y del otro, y que eso esté controlado y regulado por la Aduana para permitir el paso, sostuvo que ese comercio, una vez abiertas las fronteras, ya existe porque “son ciudades hermanadas históricamente” con una circulación permanente, y que siempre lo que se compra o vende es en su gran mayoría “para consumo en local”. “El problema es otro, son los grandes camiones de soja y trigo que trafican sin declarar nada y sin pagar ni impuestos ni retenciones, eso sí es contrabando”, manifestó el embajador.
Del lado argentino hay unas 3.000 personas que se dedican cotidianamente a “pasar” mercadería de un lado al otro, solo en la zona de Orán y Aguas Blancas, mientras que en Bermejo la cantidad de bagayeros sería similar. La propuesta de los legisladores es generar un censo para saber quiénes son y poder acercar políticas públicas a esa población, algo que desde el mismo sector rechazan por miedo a persecuciones como las que ya vivieron con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de la Nación.
Una de las referentas de ese sector, Elena Reynoso, dijo a este medio que todo ese tipo de actividades estatales les generan resquemores, “porque después vienen como la Bullrich a decir que nos quieren pasar al monotributo y esas cosas y lo único que quieren hacer es prohibirnos trabajar de lo que nos queda”.
De todas maneras, Reynoso adelantó a Salta/12 que ya están haciendo un censo propio para avanzar con la creación de una Asociación de Trabajadores de la Frontera, “para tener identificados a todos los trabajadores, choferes y pasadores” y de esa manera impedir “que venga cualquiera a quitarnos el trabajo como pasa muchas veces”.
Precisó que el trabajo que ellos realizan está autorizado, ya que pasan de día solamente con los bultos y mercadería permitidas y por zonas controladas como el puesto 28, “venimos en vehículos y Gendarmería nos revisa como corresponde”. Pero destacó que debido a las restricciones por la pandemia y a la devaluación de la moneda argentina, la circulación ha disminuido sustancialmente.
La representanta de los bagayeros explicó que en toda esa región no hay muchas salidas laborales, por lo que el bagayeo “es la única fuente que tenemos, la empresa más grande, la que más trabajo da en toda Orán y Aguas Blancas”.
Por su parte, el embajador argentino contó que del lado boliviano sí está planificado realizar un censo de pasadores para este año, así poder generar un mayor control y fundamentalmente, para que no aumente su número. “La idea es después avanzar del lado argentino”, especificó, aunque consideró que hay que ser cuidadosos. Como Reynoso, recordó la visita de Patricia Bullrich por esa zona, que lo único que generó fue el enojo de los habitantes: “Regularizar su labor a través de mecanismos como el de hacerlos monotributistas lo veo muy difícil, pero hay que estudiar alguna manera y consensuarla con ellos”, expresó Basteiro, a la vez que subrayó que “es una actividad de supervivencia, no comercial”.
Reconoció que en Jujuy hay un mayor control y “está mucho más regulado”, pero describió que está facilitado por las condiciones geográficas, mientras que en Salta “los pasadores no están sobre la frontera, sino en un punto distante en donde hay un mínimo control de Gendarmería que regula el paso a lo permitido”.
Deuda de Salta con Los Toldos
Con respecto a buscar mecanismos para agilizar el paso de los habitantes de Los Toldos, que deben ingresar a Bolivia y recorrer más de 100 kilómetros para llegar a su municipio, explicó que cuando se normalice el tránsito fronterizo, luego de las disposiciones especiales dispuestas por la pandemia de coronavirus, se volvería a normalizar la regularidad del tráfico permitido “donde cada ciudadano contaba con su pase y había hasta autos autorizados para ir y venir”. Pero aclaró que quien está en deuda es el Estado argentino y particularmente la provincia de Salta, “que es la que debe garantizarles un tránsito interno a través de Orán”.
Otro de los temas que reclaman quienes viajan asiduamente al vecino país tiene que ver con las complicaciones que se presentan a los argentinos a la hora de cargar nafta del lado boliviano. Sobre ese punto, los legisladores salteños pedían establecer surtidores específicos para usuarios radicados en el exterior del país, con un cupo predeterminado de litros para carga y tarifas diferenciadas.
Basteiro detalló que ya existen mecanismos que obligan a los expendedores a vender combustible, aunque con un precio no subsidiado como el que pagan los ciudadanos nativos de aquel país. “Es un problema, porque Bolivia tiene subvencionado para su mercado interno el combustible”, aceptó, y explicó que esto se debe en parte a que la mayor parte se importa “y sería muy cara para ellos, por eso en su momento Evo Morales decidió que el Estado enfrente una parte del precio, pero no puede sostener ese costo para los que no son de allí”.
De todas maneras, reiteró que las estaciones de servicio están obligadas a cargar combustible a extranjeros, aunque al precio sin subsidio, y que “si en alguna estación alejada sucediera (que se niega la provisión) se puede denunciar”. Por lo que consideró que pedir un permiso o pase para aquellos que van con más frecuencia sería prácticamente lo mismo.
 
 
 
 
 
FRENAN "SUPUESTO" CONTRABANDO A BOLIVIA: LLEVABAN 3.600 PACKS DE CERVEZAS, LECHE Y ACEITE
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3tQrBsJ)
 
Detectaron en la ruta nacional 34, dos camiones transportando mercaderías de contrabando valuadas en más de 10 millones de pesos. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray”, en el kilómetro 1.466. Uno de los vehículos, un Mercedes Benz con acoplado llevaba un cargamento de insecticidas, cajas de aceite, leche y bebidas energizantes. Se dirigía desde Jujuy a la frontera con Bolivia. Mientras que un segundo vehículo, también Mercedes Benz, con semirremolque, transportaba 3.600 packs de cervezas de diferentes marcas hacia Salvador Mazza.
En ambos procedimientos, se tomó contacto con AFIP-DGA delegación Pocitos, quien dispuso que se proceda a interdictar los camiones con la mercadería, quedando a resguardados en la sección “Santa Victoria Este”. También se dispuso que las personas involucradas queden supeditadas a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415, a fines de corroborar la documentación correspondiente.
Una modalidad que crece
En el primer semestre del año pasado, la Aduana Nacional de Bolivia decomisó mercaderías de contrabando valuadas en más de 125 millones de bolivianos (casi 2 mil millones de pesos argentinos o 18 millones de dólares), según informó en ese momento la presidenta de esa institución, Karina Serrudo. El producto de contrabando más codiciado en el país vecino es la cerveza que se fabrica en la Argentina, de diferentes marcas.
En las denominadas ferias mañaneras que se montan en Yacuiba abundan los fardos de latas y botellitas de cerveza argentina, que desde ahí se distribuyen a todo el territorio boliviano. La lata suelta cuesta entre 4 y 5 bolivianos, una “bicoca” comparado con lo que sale una cerveza boliviana. En los locales se ofrece, además, todo tipo de productos que se pueden ver en un súper salteño, por ejemplo.
Más allá del comercio montado con mercadería argentina, que a pesar de ser ilegal no tiene demasiados impedimentos para transcurrir a la vista de todos, desde la Aduana boliviana empezaron a alertar que el contrabando beneficia a narcotraficantes que lavan dinero con la mercancía ilegal junto a intermediarios que la distribuyen. Como es un entramado criminal que se concreta entre dos países, es lógico que lo advertido en Bolivia también deba tener su contraparte en estas tierras.
 
 
 
 
 
SECUESTRARON A UN HOMBRE Y EXIGÍAN 50.000 DÓLARES
 
El joven, que se dedicaba a pasar droga desde Bolivia, fue torturado por una banda de tucumanos ya detenidos, pero aún no aparece.
 
El Tribuno de Argentina (https://bit.ly/3qPf8ng)
 
Siete personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda que cometió en Tucumán el narcosecuestro de un hombre de nacionalidad boliviana que actuaba como "mula" y a quien sus captores torturaron con un taladro para que se pague un rescate de 50.000 dólares, pero aunque la organización quedó desarticulada, la víctima aún no apareció.
Todo se inició el 21 de este mes cuando un ciudadano boliviano de 56 años se presentó en un Juzgado de Paz de la ciudad jujeña de La Quiaca para denunciar que su hijo de 33 años había sido secuestrado.
El hombre fue derivado a la Delegación La Quiaca de la Policía Federal (PFA), donde radicó formalmente la denuncia.
Allí explicó que su hijo había partido de su domicilio en la ciudad boliviana de Cochabamba hacia la provincia de Tucumán, presuntamente para hacer trabajos en una obra en construcción, pero que al cabo de unos días comenzaron a recibir vía WhatsApp comunicaciones extorsivas en las que les informaban que lo tenían secuestrado.
Los secuestradores se comunicaban con la pareja de la víctima, en Bolivia, y exigían un rescate de 50.000 dólares por su liberación.
Además, a modo de "pruebas de vida" y como método de presión a la familia para que pague el rescate, los secuestradores enviaron mensajes de audio y videos donde se veía cómo torturaban a golpes con un rebenque y con un taladro a la víctima.
Al tratarse de un secuestro extorsivo y con la presunción de que la víctima estaba cautiva en Tucumán, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal federal de esa provincia José Agustín Chit, quien de inmediato recibió el asesoramiento de los especialistas de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
A nivel policial convocaron a los detectives de la PFA, que trabajaron con la policía tucumana. Una fuente explicó que tras las primeras averiguaciones, los investigadores pudieron determinar que la víctima se dedicaba a traer droga desde Bolivia, es decir que trabajaba como "mula", y que el suyo era un "narcosecuestro".
Los efectivos realizaron amplias tareas de campo y de análisis telefónicos, y lograron identificar a todos los integrantes de la organización criminal, entre los que había mujeres, una de las cuales, incluso, fue la que realizó las comunicaciones extorsivas, todo ello vinculado al tráfico de drogas.
El fiscal Chit ordenó ocho allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se hicieron el miércoles pasado por la noche, donde se logró la detención de siete personas, tres hombres de 29, 31 y 32 años y cuatro mujeres, de 26, 32, 34 y 36, varios de los cuales tenían antecedentes penales.
 
 
 
 
 
 
SECUESTRO EXTORSIVO DE UN CIUDADANO BOLIVIANO
 
Telefe de Argentina (https://bit.ly/3IKRmik)
 
La Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit, dio a conocer que la causa inició el día 21 de marzo a partir de una denuncia realizada por la familia de la víctima ante la Policía Federal de La Quiaca, Jujuy.
Según la denuncia presentada junto con videos y fotos extorsivas, se puso en conocimiento del secuestro de un hombre mayor de edad y se pedía una alta suma de dinero en moneda estadounidense como rescate. A partir de allí, se ordenó el traslado del denunciante hasta esta provincia para garantizar el mayor conocimiento de las acciones a seguir, cuyo recibimiento y cuidado fue asegurado por el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán en cabeza de la Dra. Lorena Málaga y su equipo.
Además, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación, a cargo del Fiscal Santiago Marquevich y Auxiliar Fiscal Pedro Rebollo, que junto con el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina, -cuyo personal policial se trasladó a la ciudad de Tucumán para trabajar en terreno- trabajaron en la identificación de los secuestradores.
En las medidas iniciales de búsqueda de la víctima, se requirió la colaboración de la Dirección de Género y Trata de Personas de la Policía de Tucumán a fin que esta releve hospitales y terminales de transporte de pasajeros de esta ciudad. Para la identificación final de los autores del hecho, se solicitó la intervención del personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, que en el transcurso de 12 horas confirmó la ubicación de los responsables y permitió ordenar, los días 23 y 24 de marzo, ocho allanamientos en diferentes barrios del Gran San Miguel de Tucumán con un enorme aporte de recursos (intervención de DIGEDROP, numerosos móviles de 911, GRUPO GEAM y GOM de motoristas, PATRULLA URBANA con personal femenino y Grupos de infantería de las 5 Unidades Regionales). La Unidad Regional Tucumán de la PFA y la División Antidrogas de la PFA también aportó personal al efecto.
El despliegue interfuerzas requirió del trabajo mancomunado de personal de la policía federal y la policía provincial y de la fiscalía federal interviniente que coordinó los procedimientos con el aval posterior del Juzgado Federal n° 2 de Tucumán-
Como resultado de la investigación y los procedimientos realizados se recabó cuantiosa evidencia que ubica a los sospechosos en el lugar de cautiverio de la víctima, su conocimiento y participación en el hecho, como también material estupefaciente.
A partir de estos procedimientos se emprendieron nuevas acciones de búsqueda (rastrillajes, allanamientos y detenciones) que permitieron secuestrar elementos asociados al cautiverio de la víctima. A la fecha, se continúa con su búsqueda.
Además, se dio intervención a INTERPOL al consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la provincia de Salta, y otros organismos públicos que continúan interviniendo en la búsqueda de la víctima. Por todo ello, se exhorta a los miembros de organismos intervinientes y a los medios de comunicación a velar por el manejo responsable de la información, priorizando el resguardo de la identidad de la víctima y de sus familiares, como también el desarrollo de la investigación todavía en curso.
El uso de información obtenida de manera ilegal de una causa en curso, solo generará una mayor lesión y preocupación a la familia de la víctima como también implicará el comienzo de investigaciones que permitan establecer las responsabilidades funcionales de quienes hagan entrega indebida de información.
 
 
 
 
 
¿CUÁNTA ENERGÍA FALTARÁ EN INVIERNO EN LA ARGENTINA?
 
El próximo jueves 31, cuando vencerá el plazo de negociación de la adenda al contrato con Bolivia. El incremento del precio del gas por la crisis europea llevó al vecino país a endurecer sus condiciones para firmar un acuerdo con su «nación hermana», Argentina.
 
La Verdad de Argentina (https://bit.ly/36A31DJ)
 
El ingeniero industrial de la UBA y experto en economía del petróleo y el gas natural, Daniel Gerold, suele expresar que “el núcleo del problema político argentino, de gobernanza de este país, pasa por la cuestión energética. Que es un enorme problema de corto plazo a la vez que significa una oportunidad para el futuro. Pero nadie puede gobernar este país sino entiende cómo manejar los temas de energía”.
Es tan sólo una opinión, de un experto, que grafica la importancia decisiva que tendrá, en los próximos cuatro días, la resolución de la licitación que realizará el martes 29 la empresa estatal IEASA para adquirir seis barcos de GNL para la terminal regasificadora de Escobar y otros tres cargamentos para la planta de Bahía Blanca que se deberán entregar a partir de mediados del mes de mayo.
El otro hito, podría señalarse en el calendario para el próximo jueves 31, cuando vencerá el plazo de negociación de la adenda al contrato con Bolivia. El incremento del precio del gas por la crisis europea llevó al vecino país a endurecer sus condiciones para firmar un acuerdo con su «nación hermana», Argentina.
Por lo que, si desglosamos estos dos ítems de la agenda del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que debió apagar un incendio con nafta cuando hace unas semanas solicitó presupuesto urgente a su superior, el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de una carta en la que describió un escenario apocalíptico para los meses más fríos del año con incumplimientos en el suministro de gas para el sector privado de la economía incluido, nos encontraremos con que del resultado de estas dos operaciones se decidirán posibles racionamientos de energía para la industria que tiene en vilo a los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, Juan Schiaretti de Córdoba y Omar Perotti de Santa Fe.
El tema más urgente es la licitación convocada por IEASA, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima es una empresa pública argentina del sector petrolero y energético, creada el 29 de diciembre de 2004 por la administración de Néstor Kirchner bajo el nombre de Energía Argentina S.A. (ENARSA),  el cual fue cambiado por el actual en noviembre de 2017, y es dirigida por el abogado santacruceño, Agustín Gerez.
Ya en el pasado mes de enero, el directorio que conduce Gerez, realizó una compra para la terminal de Escobar y abonó un precio que hoy sería apreciado como un regalo. Pagó 27,24 U$D por millón de BTU, unidad de medida de origen inglés British Thermal Unit (BTU) que mide la capacidad de calor que brinda una estufa por metros cuadrados.
Con la invasión de Putin y compañía a Ucrania mediante, el precio del GNL subió por el ascensor y hoy, los funcionarios de la administración de Alberto Fernández, estarían dispuestos a convalidar una oferta de 35U$D por millón de BTU, a pesar que consultores privados piensan que el precio de la subasta será cercano a los 45-48 U$D por millón de BTU.
Para comprender la importancia en la matriz energética del GNL o gas natural licuado, gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, hay que anotar que se utiliza como insumo de numerosos rubros de la economía nacional. En la actividad agrícola y en la logística es fundamental y se torna indispensable para la generación de electricidad a través de energía térmica. Dos tercios de la electricidad de nuestro país se explican por el método térmico.
Sin embargo, no es el precio el mayor de los dolores de cabeza para los funcionarios del área energética sino la disponibilidad de cargamentos de GNL que existe en la actualidad.
La oferta comienza a escasear y se producen cuellos de botella en la cadena de suministros lo que corporeiza el fantasma conjurado por el empresario Marcos Bulgheroni de Pan American Energy que presagió, “Argentina planeaba importar entre 60 y 65 cargamentos de GNL pero, por los precios, estará obligada a ajustar esos pedidos”. Si bien fuentes oficiales aseguraron a NA que se necesitarán cerca de 70 barcos de GNL para atender el 20% de la demanda de gas durante este invierno no pusieron en duda que realizarán las licitaciones que sean necesarias para cubrir las necesidades residenciales, en primer lugar, e industriales, en segundo puesto.
Bolivia siempre estuvo cerca
Las relaciones carnales con el país andino pueden dejar de ser lo que eran en el corto plazo. A fin de mes. Porque a pesar de las coincidencias ideológicas entre los gobiernos de los Fernández y del contador Luis Arce apoyado por Evo Morales, negocios son negocios, y el gas boliviano fluirá con mayor fuerza hacia el Brasil presidido por el Presidente de derecha, Jair Bolsonaro.
Bolivia ya le aseguró a Brasil que reforzará sus exportaciones al gigante sudamericano con industrias ávidas del fluido y priorizará el abastecimiento local por lo que los pedidos de mayores ventas que están realizando los funcionarios de la Cancillería nacional, conducida por Santiago Cafiero, pueden caer en el vacío a principios del mes próximo.
En este caso, se repite el mismo problema que existe con los barcos de GNL, la puja por el precio y el volumen en un contexto de cotizaciones volátiles.
La cúpula de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ofrecería, tan sólo, 10 millones de metros cúbicos diarios durante los meses invernales contra los 26 millones que había acordado el extinto presidente Néstor Kirchner en el año 2006. Más modesta, la administración de Alberto Fernández negocia por, al menos, 15 millones de metros cúbicos diarios a un precio que aún es una incógnita.
En declaraciones recientes el secretario Darío Martínez había asegurado que “tenemos los fondos para importar gas en invierno, pero a precios racionales”.
El problema es el calendario porque los funcionarios bolivianos tomarán nota de la racionalidad de los precios que la Argentina pagará en la subasta de GNL del martes 29 para continuar negociando, en las jornadas siguientes, una mejora en el precio del gas que producen y exportan al país. En la temporada invernal pasada la Argentina pagó u$s7,4 por millón de BTU.
Ahora bien, no hay que poner el carro delante de los caballos, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería nacional, explicaron a NA que “…primero se debe llegar a un acuerdo por los volúmenes a adquirir y luego por el precio. Porque al factor de la demanda de Brasil hay que agregarle que Bolivia está produciendo, año tras año, menos gas natural. Y, si bien ahora busca aprovechar el contexto de precios altos del mercado internacional, el saldo positivo lo genera por el precio de venta”.
La Cancillería no llego a prever una invasión de Putin a Ucrania que terminó por disparar los precios y generar el presente escenario. A su favor se encuentra que ninguna capital occidental previó esta acción del Kremlin a tiempo.
Por ello, la estrategia de la administración de Alberto Fernández fue apostar por un descenso de los precios internacionales durante el verano en el hemisferio norte. Pero, el comienzo de las hostilidades en el este de Europa, provocó que los precios se tripliquen y que los funcionarios nacionales dejaran de ser banca para pasar a ser punto en las negociaciones con Bolivia.
 
 
 
 
 
GAS: ACONSEJAN A BOLIVIA RENEGOCIAR CON BRASIL Y VENDER MÁS A ARGENTINA
 
Mercopress de Argentina (https://bit.ly/3iLi8wn)
 
Si bien la estatal boliviana YPFB aún no ha informado sobre avances en las condiciones de pago con Brasil por las ventas de gas o la firma de la sexta adenda al contrato de exportación con Argentina, los analistas de hidrocarburos han insistido en la necesidad de redondear estas negociaciones dado el contexto actual derivado de la invasión rusa a Ucrania.
Bajo la entonces presidenta Jeanine Áñez, Bolivia firmó en 2020 la octava adenda al contrato de exportación de gas con Brasil, en medio de la pandemia del coronavirus y en condiciones de precios que no son tan óptimas como las actualmente disponibles en el mercado.
El economista Jaime Balanza señaló que las condiciones establecidas en esta adenda representan un “daño económico” al país de hasta US$ 100 millones anuales, debido a una “disminución encubierta” de los precios de exportación del gas a Brasil.
“Se bajaron los volúmenes de exportación y se cambió el punto de entrega de gas en 570 kilómetros, que debe pagar Bolivia. Esto genera un daño económico enorme al Tesoro General de la Nación, a las Gobernaciones, Municipios y a todo el sistema universitario”, afirmó Balanza, citado por Los Tiempos.
Agregó que YPFB podría dejar sin efecto esta adenda y así tener más volúmenes para abastecer el mercado argentino. Sin embargo, dijo que no se debe cerrar por completo el mercado brasileño, que podría permanecer abierto para envíos esporádicos del gas remanente.
“Los volúmenes que deberíamos estar enviando a Argentina ahora están en Brasil porque fueron enviados a ese mercado, constituyendo el mayor delito económico contra los intereses del país”, añadió el especialista.
El analista de hidrocarburos Álvaro Ríos aseguró que un contrato con Brasil no se puede cancelar unilateralmente, ya que este es el único mercado garantizado para Bolivia por al menos los próximos 10 años, ya que Argentina dejará de depender del gas boliviano una vez que desarrolle la infraestructura para abastecer el norte de este país con los campos de Vaca Muerta.
Sin embargo, Ríos admitió que era posible negociar mejores condiciones de precios con Brasil a través del diálogo, ya que ahora las condiciones en el mercado internacional han cambiado con la guerra en Ucrania. “La fe del Estado está en cumplir sus contratos, por eso no se pueden cortar”, explicó.
Las importaciones de gasolina y diésel le han costado a Bolivia alrededor de US$ 2.100 millones en 2021, aproximadamente la misma cantidad recaudada por las exportaciones de gas.
De persistir la situación actual, Bolivia podría terminar importando mucho más de lo que exporta.
“Estamos sufriendo una hemorragia financiera con la importación de combustibles líquidos. Es importante trabajar para dar una solución”, dijo Balanza a periodistas.