BROTE DE SARAMPIÓN SACUDE A NORTEAMÉRICA Y TIENE EN ALERTA A OTROS PAÍSES DEL CONTINENTE

Estados Unidos, Canadá y ahora México —donde se han registrado al menos nueve muertes— reportan brotes activos de sarampión, varios vinculados con contagios entre quienes rechazan la vacunación. Ahora, Honduras se ha declarado en alerta ante la amenaza de propagación. Mientras al sur, en Bolivia, el Gobierno también decretó alerta nacional y confirmó 74 casos y más de 600 sospechosos

El sarampión ha vuelto y lo ha hecho con mayor fuerza. La propagación de la enfermedad en varios países del continente, desde el norte al sur, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales en Canadá, Estados Unidos y México, países con brotes activos y donde el resurgimiento de la enfermedad ya causa alarma y el reforzamiento de los mecanismos de prevención y vacunación masiva de la población.
En Canadá, las autoridades sanitarias han documentado, hasta el 14 de junio de 2025, un total de 3.381 casos de sarampión (3.081 confirmados y 300 casos probables o sospechosos) repartidos en 9 jurisdicciones: Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Territorios del Noroeste, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan.
Este año, Estados Unidos registró el segundo número más alto de casos de sarampión desde que declaró la eliminación de la enfermedad en el 2000. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 1.227 casos de sarampión hasta el martes 24 de junio —con brotes activos en 15 estados— de los cuales 1.088 contagios están vinculados con estos brotes y 139 casos aislados en casi todo el territorio relacionados con viajes internacionales.
Este año también se han reportado casos de sarampión en Alaska, Arkansas, California, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Washington.
El brote actual en esas zonas, considerado el mayor en lo que va de siglo, se cree que se originó en la frontera entre México y Estados Unidos, en una comunidad menonita que rechaza la vacunación y que se desplaza entre ambos lados de la frontera. El brote se intensificó rápidamente, propagándose a a Nuevo México, Oklahoma y Kansas.
En México, el brote de sarampión que en principio afectó a estados del norte, ya se ha propagado hacia el sur, convirtiéndose en un tema nacional: hay más de 2.500 casos confirmados, la enfermedad se ha extendido hacia la mitad del país —con contagios en 18 de los 32 estados— y los expertos hablan de “emergencia”. En el estado fronterizo de Chihuahua se concentra la mayoría de los casos confirmados; pero los contagios también crecen progresivamente en Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Durango y Michoacán.
Peor aún, en México hay un total de 5.410 casos probables o sospechosos en todo el país y la enfermedad ha provocado al menos nueve muertes, a diferencia de Estados Unidos, donde han muerto tres personas: dos niños en Texas y un adulto en Nuevo México, todos ellos sin vacunar. Mientras que en Canadá, un bebé nacido prematuramente murió a principios de mes en la provincia de Ontario por contagio a través de su madre no vacunada.
Alarma en el continente
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que “el riesgo general de sarampión en la región de las Américas se considera elevado”. Según el organismo, las bajas tasas de vacunación son un factor clave en esta evaluación de riesgo elevado.
“Hay un número cada vez mayor de personas susceptibles debido a la baja cobertura continua, impulsada por factores como la pandemia de Covid-19, la reticencia a las vacunas y el acceso limitado a la atención médica, especialmente entre grupos vulnerables como migrantes, personas desplazadas y poblaciones indígenas”, indicó la OMS.
En Honduras, la Secretaría de Salud declaró la alerta nacional por amenaza de sarampión, ante el incremento de casos en países vecinos como Belice y Costa Rica.
“Estamos en alerta máxima por sarampión. Belice ya lo tiene y cruzar por Puerto Barrios e ingresar por Cedeño es la cosa más fácil del mundo para un virus así de contagioso”, advirtió recientemente la ministra hondureña de Salud, Carla Paredes.
Más al sur, en Bolivia, el Gobierno declaró el 24 de junio la emergencia sanitaria nacional por los casos de sarampión, que suman a la fecha 74, tras una reunión de urgencia del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias. El país tiene en vigilancia, además, “más de 600 casos sospechosos”, según las autoridades.
“Ante la epidemia de sarampión que atraviesa el país y el alto riesgo de propagación de esta enfermedad, hemos decidido declarar emergencia sanitaria a nivel nacional con el firme propósito de proteger la salud y la vida del pueblo boliviano”, publicó el presidente Luis Arce en su cuenta de Facebook. El Gobierno recibió 100.000 vacunas donadas por Venezuela que se aplicarán en la región de Santa Cruz y adelanta gestiones para conseguir más.
Las claves: discurso antivacunas, altas tasas de contagio y retiro del financiamiento
En 2024, el continente fue declarado como libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud, pero los últimos brotes este año han venido a poner en riesgo este importante logro. Jarbas Barbosa, director del organismo desde febrero de 2023, dijo al diario español ‘El País’, que la región de las Américas es la única con esta distinción. “Todas las demás tienen mucha transmisión de sarampión”, afirmó.
El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y se propaga por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas (al toser o estornudar) o al respirar el aire que respiró una persona con sarampión. El virus permanece activo y contagioso en el aire o en superficies hasta dos horas. Por ello, es muy contagioso, y una persona infectada con sarampión puede infectar a nueve de cada diez de sus contactos cercanos no vacunados, según la OMS.
“Lo primero es tener una vacunación del 95% con las dos dosis de la vacuna de manera homogénea. Muchas veces la cobertura general es buena, pero hay una comunidad que por alguna razón cultural, religiosa u otras no tiene una buena aceptación de la vacuna”, explica Barbosa.
Una parte importante de los brotes de sarampión en Estados Unidos, Canadá y México se originó en comunidades menonitas estrechamente vinculadas entre sí, y que históricamente han tenido bajas tasas de vacunación debido en gran parte a las mínimas interacciones con los sistemas formales de atención sanitaria.
A esto se suma que la protección contra el sarampión en particular cayó en 100 países entre 2010 y 2019, desmantelando décadas de progreso, incluso en países ricos que previamente habían eliminado la enfermedad altamente infecciosa, según un análisis de las tendencias mundiales de vacunación publicado en la revista científica ‘The Lancet’.
Pero tras la pandemia de COVID-19, los índices de cobertura descendieron, y se calcula que 15,6 millones de niños no recibieron la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, ni la vacuna contra el sarampión. Según la OMS, el sarampión se ha multiplicado por 11 en las Américas este año en comparación con 2024. Mientras que las infecciones por sarampión se duplicaron en Europa en 2024 con respecto al año anterior y la enfermedad sigue siendo frecuente en África y el sudeste asiático.
El discurso antivacunas y el retiro de financiamiento a las campañas internacionales también entran en la ecuación. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirma que el país retirará su apoyo a la alianza de vacunas Gavi, diciendo que la organización ha “ignorado la ciencia” y “perdido la confianza del público”.
Gavi es una asociación público-privada que incluye a la OMS, Unicef, la Fundación Gates y el Banco Mundial. Ha financiado la vacunación de más de 1.000 millones de niños a través de programas de inmunización sistemática, salvando unos 18 millones de vidas. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo uno de sus mayores partidarios.
Kennedy ha estado cambiando la política nacional de vacunas de EE. UU. desde su nombramiento a principios de este año. Recientemente, despidió a todos los miembros de un grupo asesor sobre vacunas y los sustituyó por miembros de su propia elección, entre los que se encuentran varios que comparten sentimientos antivacunas.
En mayo, Kennedy apareció en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde calificó a ese organismo de “moribundo” e instó a otros países a seguir el ejemplo de Estados Unidos y abandonarla, tal como anunció Donald Trump el primer día de su presidencia. Estados Unidos es el mayor aportante de la OMS. (https://n9.cl/f42vdy)
 
 
 
 
 
S&P BAJA CALIFICACIÓN DE BOLIVIA: ¿POR QUÉ?
 
S&P bajó la calificación de Bolivia por riesgo de deuda, encareciendo préstamos e inversión; requiere medidas urgentes
 
Coin Telegraph de España (https://n9.cl/5h9l1)
 
Cuando S&P Global Ratings, una de las agencias calificadoras de riesgo más influyentes del mundo, decide bajar la nota crediticia de un país como Bolivia, no es solo un ajuste técnico en una tabla financiera. Es una señal, un mensaje contundente que resuena en los mercados globales y que, sin duda, genera una ola de preocupaciones y especulaciones sobre el futuro económico de la nación. Esta acción es mucho más que un cambio de letra o un número; es un termómetro financiero que mide la solvencia de un país, es decir, qué tan capaz y dispuesto está para pagar sus deudas a tiempo y en su totalidad.
El impacto más directo y palpable de una rebaja en la calificación de un país se ve en el costo de su endeudamiento. Piensen en ello como un préstamo personal: si un banco percibe que un cliente es más riesgoso, le cobrará una tasa de interés más alta. Lo mismo ocurre con los países. Una calificación más baja, como la que ahora enfrenta Bolivia indica un mayor riesgo de que el país no cumpla con sus obligaciones. Para compensar este riesgo, los inversores exigirán un rendimiento de bonos más elevado al prestarle dinero. Esto significa que el gobierno boliviano tendrá que destinar una mayor parte de su presupuesto al servicio de la deuda, lo que, a su vez, reduce la cantidad de dinero disponible para inversión pública, servicios esenciales como salud y educación, e infraestructura.
Además, una calificación baja restringe severamente el acceso a mercados de capitales amplios. Muchos grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones o compañías de seguros, tienen políticas internas que les prohíben invertir en deuda de países cuya calificación esté por debajo del "grado de inversión" (generalmente BBB- o superior). Esto limita drásticamente las opciones de financiación de Bolivia, forzándola a depender de fuentes de crédito más costosas o de menor volumen.
Más allá de los fríos números, el verdadero poder de estas calificaciones reside en la percepción y la confianza del mercado. S&P, junto con Moody's y Fitch, son consideradas "Las Tres Grandes" y sus opiniones son tomadas como una señal crucial sobre la salud económica de una nación. Cuando S&P dice que un país es riesgoso, una vasta mayoría de inversores globales, incluso aquellos con análisis propios, tenderán a creerlo. Las agencias tienen una enorme capacidad para moldear la percepción colectiva del riesgo. Esto puede desencadenar una profecía autocumplida: una rebaja puede llevar a los inversores a vender bonos, aumentando los rendimientos y, por ende, dificultando aún más que el país pague su deuda, confirmando la preocupación inicial de la agencia.
Paradójicamente, las calificaciones también pueden ser un incentivo para la disciplina fiscal y la gobernanza. Los gobiernos, conscientes de las implicaciones económicas, a menudo se esfuerzan por mantener o mejorar sus calificaciones. Esto puede traducirse en políticas fiscales más prudentes, una gestión más transparente y un entorno empresarial más amigable. Una rebaja, en este sentido, puede ser una presión política considerable, señalando que la gestión económica está siendo cuestionada a nivel internacional.
Para un país como Bolivia, que ya se enfrenta a una calificación de riesgo significativa, una nueva rebaja de S&P exige una reacción urgente, multifacética y sumamente transparente. El gobierno no puede darse el lujo de negar o minimizar la situación; debe reconocerla públicamente, explicar las razones esgrimidas por S&P (en el caso de Bolivia, el aumento del servicio de la deuda y el deterioro del perfil externo) y, lo más importante, comunicar un plan de acción decisivo.
Este plan debe enfocarse en medidas fiscales y macroeconómicas contundentes. Esto implica la necesidad de reducir el déficit fiscal, ya sea disminuyendo el gasto público no esencial o mejorando la recaudación de ingresos. La priorización del gasto y, posiblemente, una reforma tributaria, son pasos fundamentales para la sostenibilidad de la deuda. Al mismo tiempo, es crucial fortalecer las reservas internacionales promoviendo las exportaciones más allá de los hidrocarburos, atrayendo inversión extranjera directa y gestionando estratégicamente las importaciones. Buscar líneas de crédito con organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, aunque a menudo vienen con condiciones, puede abrir otras puertas de financiación y enviar una señal positiva a los mercados. La estabilidad monetaria y cambiaria también es vital para proteger el poder adquisitivo y la economía.
Además, el gobierno boliviano debe generar confianza y seguridad jurídica para los inversores, asegurando el respeto por los contratos y un marco regulatorio predecible. Un diálogo constructivo con S&P y los inversores internacionales es indispensable para comprender sus preocupaciones y presentar un plan de acción creíble. Finalmente, pero no menos importante, es fundamental lograr un consenso político y social interno. Las medidas de ajuste suelen ser impopulares a corto plazo, y la falta de apoyo puede socavar su efectividad. Comunicar a la ciudadanía la importancia de estas acciones, explicando sus beneficios a largo plazo, es crucial para navegar este período.
Para Bolivia, específicamente, la reacción debe ser aún más enérgica, dada su dependencia de los hidrocarburos y la reducción de reservas de divisas. La diversificación económica y la atracción de inversión en sectores no tradicionales son imperativas. El fortalecimiento institucional, la mejora de la gobernanza y una gestión transparente de la deuda bilateral, particularmente con China, son aspectos que S&P y el resto del mundo observan con lupa.
Sin embargo, en este escenario de incertidumbre y preocupación, es vital recordar que las calificaciones de las agencias como S&P, aunque influyentes, no son la verdad absoluta ni inmutable. Si bien ofrecen una perspectiva valiosa y sus decisiones tienen un peso innegable en los mercados, también han sido objeto de críticas por no anticipar crisis importantes (como la financiera de 2008) o por reaccionar de forma tardía o excesiva, amplificando en ocasiones la volatilidad. No son un oráculo infalible, y su poder, aunque considerable, no debe llevar a un fatalismo. Un país puede, con políticas económicas sólidas, un liderazgo fuerte y la voluntad de realizar reformas estructurales, revertir percepciones negativas, incluso desafiando el pronóstico de estas agencias. Al final, el destino económico de una nación depende más de las decisiones internas y la resiliencia de su pueblo que de una simple letra en un informe.
 
 
 
 
 
CRIPTO EN BOLIVIA: DE LA PROHIBICIÓN AL AUGE
 
Trading View de España (https://n9.cl/9ai9z)
 
La historia de las criptomonedas en Bolivia es un relato que resuena con fuerza en toda América Latina. No hablamos solo de un caso particular, sino de un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales, a menudo tomadas desde una torre de marfil, chocan de frente con la cruda realidad del comportamiento humano y las dinámicas del mercado. La prohibición total de las criptomonedas que Bolivia implementó no es una excepción a esta regla; es, de hecho, un claro ejemplo de cómo la falta de sabiduría y una visión limitada pueden llevar a resultados contraproducentes.
El argumento es sencillo y se basa en una premisa fundamental de la existencia: si las personas tienen una necesidad y existen los incentivos para satisfacerla, buscarán la manera de hacerlo. Esto es válido incluso si implica evadir una ley. No se trata de justificar la ilegalidad, ni mucho menos. La cuestión es que las leyes extremas, ya sea una prohibición absoluta o la ausencia total de cualquier marco regulatorio, rara vez son el producto de un debate profundo y una consulta genuina con las partes involucradas. Más bien, suelen ser el resultado de un "dedazo" autoritario, de la imposición de una visión que carece de representatividad y, por ende, de efectividad práctica.
América Latina, por desgracia, es un terreno fértil para este tipo de errores. Nuestros políticos, a veces, parecen más interesados en redactar leyes que se asemejan a novelas utópicas de ciencia ficción, ancladas en su imaginación, que en la realidad tangible. Es por eso que, con preocupante frecuencia, estas leyes simplemente no funcionan. Caen en saco roto o, peor aún, empujan las actividades hacia la clandestinidad, donde el control es casi nulo y los riesgos se multiplican.
El debate real no debería ser entre una prohibición draconiana o una permisividad total. Ambos extremos son irresponsables. Lo que se necesita es construir una regulación adecuada, un marco que, ante todo, proteja a los usuarios de los posibles abusos y estafas, y que al mismo tiempo fomente la innovación sin asfixiarla. Una regulación que reconozca la existencia y el potencial de estas tecnologías en pro del bien común.
Es casi una ley de la física social: si se prohíbe algo con alta demanda, la reacción natural no es su desaparición, sino su auge en la sombra. Esto es precisamente lo que hemos visto con las criptomonedas en Bolivia. Lejos de extinguir el interés, la prohibición actuó como un catalizador inesperado, empujando a la comunidad a operar de forma más discreta, pero no menos activa. La necesidad de transacciones más rápidas, baratas y accesibles, especialmente en economías con controles de capital o inflación, es un incentivo demasiado poderoso para ser ignorado por un decreto. No debería sorprendernos, entonces, que tras la prohibición haya surgido un auge; es una consecuencia casi predecible de la resistencia humana a las imposiciones que no comprenden o que no satisfacen sus necesidades.
Globalización y Bitcoin: El mundo real impacta lo digital
Pero este auge, si bien demuestra la resiliencia del ecosistema cripto, también presenta desafíos. Operar en la clandestinidad aumenta los riesgos para los usuarios y dificulta el desarrollo de un ecosistema maduro y seguro. Aquí es donde entra en juego la organización de la comunidad. No me refiero a una organización controlada por unas pocas empresas grandes o lobistas de élite. Hablo de una organización de base amplia, diversa y representativa que incluya a empresarios, desarrolladores, usuarios cotidianos e incluso académicos.
Esta organización debe tener la capacidad de sentarse a la mesa con el gobierno. Su propósito no es desafiar la autoridad por el mero hecho de hacerlo, sino articular las aspiraciones y necesidades de la comunidad cripto de manera constructiva. Se trata de construir un futuro juntos, donde las leyes se basen en la realidad y no en la fantasía. Un futuro donde la innovación no sea vista como una amenaza, sino como una herramienta para el progreso económico y social.
El objetivo es claro: colaborar para diseñar una regulación que sea flexible, adaptable y que entienda la naturaleza evolutiva de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Una regulación que no sea un obstáculo, sino un facilitador para que Bolivia y otros países de la región puedan aprovechar los beneficios de este sector emergente, al mismo tiempo que se establecen mecanismos robustos para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la protección al consumidor.
El auge post-prohibición es un hecho. Ahora, el verdadero trabajo comienza: construir puentes de diálogo y elaborar un marco normativo que no ignore la realidad ni la naturaleza humana, sino que las abrace para forjar un futuro financiero más inclusivo y seguro para todos. ¿Podrá Bolivia transitar este camino de la prohibición a la regulación inteligente, o seguirá anclada en un pasado de errores repetidos? Solo el tiempo lo dirá, pero la oportunidad está ahí.
La experiencia boliviana con la prohibición cripto ilustra cómo las decisiones unilaterales, ajenas a las necesidades del ciudadano, suelen generar efectos contrarios. Al ignorar que las personas siempre buscarán satisfacer sus necesidades, incluso si esto implica evadir la ley, las prohibiciones absolutas impulsan el mercado hacia la clandestinidad, aumentando riesgos y dificultando el control. América Latina, con su historial de leyes utópicas y desconectadas de la realidad, evidencia la ineficacia de tales extremos. El verdadero desafío no radica en la prohibición o la permisividad, sino en construir una regulación inteligente que proteja al usuario, prevenga abusos y fomente la innovación de manera responsable.
Bolivia dice sí a las criptomonedas
El auge de las criptomonedas tras la prohibición en Bolivia no sorprende; es la respuesta predecible de un mercado que encuentra valor en la inmediatez y accesibilidad de estas transacciones. Sin embargo, este crecimiento subterráneo subraya la urgencia de que la comunidad cripto se organice, no para desafiar al gobierno, sino para articular sus aspiraciones y sentarse a la mesa de diálogo. El objetivo es co-crear un marco normativo que sea flexible y adaptable, reconociendo la naturaleza evolutiva de la tecnología blockchain. Esto permitiría a Bolivia aprovechar los beneficios del sector, a la vez que establece mecanismos sólidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La disyuntiva no es entre prohibición y caos, sino entre una regulación inteligente que impulse el bien común o la persistencia en errores pasados.
 
 
 
 
 
AVIONETA CON COCAÍNA EN ENTRE RÍOS: DETIENEN A UN NUEVO SOSPECHOSO Y SECUESTRAN U$S600.000, ORO, DROGAS Y UN SIMULADOR DE VUELO
 
El nuevo imputado es de nacionalidad peruana y hay otros dos sospechosos con pedido de captura internacional. Según la pesquisa, fueron quienes aportaron la aeronave que hace cinco meses aterrizó en la localidad entrerriana de Ibicuy con la droga. Los dos primeros imputados detenidos en enero -un piloto brasileño y su acompañante de nacionalidad boliviana-, ya fueron elevados a juicio oral.
 
Diario Junio de Argentina (https://n9.cl/b0ce2)
 
El nuevo imputado es de nacionalidad peruana y hay otros dos sospechosos con pedido de captura internacional. Según la pesquisa, fueron quienes aportaron la aeronave que hace cinco meses aterrizó en la localidad entrerriana de Ibicuy con la droga. Los dos primeros imputados detenidos en enero -un piloto brasileño y su acompañante de nacionalidad boliviana-, ya fueron elevados a juicio oral.
Oro, 600 mil dólares, cinco kilos de cocaína, municiones y hasta un simulador de vuelo donde se sospecha eran entrenados pilotos, fueron secuestrados en una serie de allanamientos -el principal en un local bailable del barrio porteño de Flores- donde además se detuvo a un ciudadano de nacionalidad peruana, en el marco de una investigación derivada por el aterrizaje de una avioneta cargada con más de 350 kilos de cocaína ocurrido en enero pasado en la localidad de Ibicuy de la provincia de Entre Ríos. En el caso intervienen el fiscal federal subrogante Pedro Rebollo y el secretario Matías Emmanuel Silva, de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, con la colaboración del fiscal subrogante Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Los seis allanamientos -cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el partido bonaerense de Carlos Casares- y la detención, fueron ordenados por el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a pedido de los representantes del MPF. Los procedimientos estuvieron a cargo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional. La fiscalía, además, solicitó la captura internacional de otros dos sospechosos que aún no fueron localizados.
De acuerdo a la imputación, el nuevo detenido -de nacionalidad peruana-, y los dos acusados prófugos fueron quienes entregaron la avioneta Cessna que el pasado 22 de enero aterrizó con 358,93 kilogramos de cocaína en un campo cercano a la localidad entrerriana de Holt Ibicuy, donde fueron detenidos su piloto, de origen brasileño, y su acompañante, una joven de nacionalidad boliviana conocida por haber sido “reina de la belleza” en su país y que además es la sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, quien fue condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína.
Al momento de su hallazgo, la aeronave presentaba una pegatina con la matrícula argentina LV-GOP y por debajo de ella se advertía que tenía pintado un dominio boliviano, CP-3806. A partir de los peritajes y análisis efectuados por la Gendarmería Nacional, se logró determinar que su verdadera identificación era LV-GQA. Con ese dato, pese a la logística empleada para imposibilitar la individualización de la avioneta, se pudo establecer que sus verdaderos dueños eran las tres personas a las que la fiscalía solicitó detener e indagar.
Los representantes del MPF indicaron en su pedido de allanamientos y detención, que se pudo acreditar que los tres acusados gestionaron o colaboraron en la adquisición de la avioneta utilizada en la maniobra y que fue comprada en junio de 2023 a un valor declarado en unos 13.000 dólares, cuando el real de mercado superaba los 100.000 de la misma moneda.
La imputación formulada por Rebollo y Uriona para el nuevo aprehendido y sus presuntos cómplices aún no localizados es como presuntos coautores del delito de contrabando de importación, agravado por la intervención de más de tres personas, por haber sido cometido empleando un medio de transporte aéreo y por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados dentro o fuera del país.
Un simulador de vuelo en un boliche de Flores
El principal procedimiento se realizó en un local bailable denominado “Rumba Latina”, ubicado sobre la avenida Rivadavia al 7200. Allí se secuestró un simulador de vuelo completo compuesto por tablero, palancas, pedales y partes de avioneta, donde se sospecha que podrían ser entrenados los pilotos que integran la organización criminal.
También se logró incautar casi cinco kilos de cocaína, materiales para su fraccionamiento, balanzas de precisión, 3.500 municiones de distintos calibres, y alrededor de 600 mil dólares, 1.841.380 pesos, 1.800 euros, más de 2.800 reales, además de monedas, cadenas, brazaletes, dijes y hasta un lingote de un kilo, todo de oro.
Además, se secuestraron un handy, dispositivos GPS, computadoras y dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos celulares y uno satelital, llaves y documentación de múltiples rodados y avionetas.
El caso
Esta investigación es una derivación de la causa que se inició el 22 de enero último, alrededor de las 20, cuando una avioneta Cessna 210 E, con matrícula adulterada, aterrizó en el establecimiento rural “Campo Grande”, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos, por un camino con dirección a la localidad de Mazaruca.
En la aeronave se hallaron 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios tipo ladrillos. En el lugar fueron detenidos su piloto, un ciudadano brasileño que al principio brindó una falsa identidad y luego se determinó que se trataba de Leonardo Monte Alto Gusmao -quien ya registra una condena por un hecho similar en Brasil-, y Jade Isabela Callaú Barriga, de nacionalidad boliviana.
En virtud del requerimiento formulado el 7 de mayo pasado por los fiscales federales subrogantes Rebollo y Uriona, el caso que involucra a estos dos primeros imputados ya se encuentran elevado a la etapa de juicio oral y público.
A partir de la profundización de la investigación, los fiscales sostienen que la aeronave habría comenzado su trayecto en la localidad de Santa Ana, departamento del Beni, en el noreste de Bolivia, que luego habría cargado la droga en la frontera de Bolivia con el Paraguay. Finalmente, la aeronave ingresó a la Argentina eludiendo los controles respectivos, e intentó llegar a destino en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, lo que no pudo ser concretado y motivó el aterrizaje en la zona de Holt Ibicuy, provincia de Entre Ríos.
 
 
 
 
 
HALLARON UN SIMULADOR DE VUELO Y CREEN QUE LO USABA LA EX MISS BOLIVIA DETENIDA POR NARCOTRÁFICO
 
El simulador de vuelo hallado en un boliche porteño al parecer era utilizado por la ex Miss Bolivia acusada de narcotráfico. Además, hay dos pilotos detenidos.
 
Mdzol de Argentina (https://n9.cl/fb7cuy)
 
La investigación por el caso de la avioneta narco que aterrizó en Entre Ríos sigue sumando elementos clave. Un operativo realizado por fuerzas federales en un boliche en el barrio porteño de Flores permitió el hallazgo de un simulador de vuelo y los investigadores creen que era utilizado por la ex Miss Bolivia acusada de narcotráfico.
El operativo forma parte de una causa por narcotráfico que se inició en enero de este año, cuando una aeronave Cessna aterrizó de emergencia en la zona rural de Holt Ibicuy, en Entre Ríos, con 358 kilos de cocaína a bordo. En el avión viajaban Leonardo Monte Alto Gusmao, piloto de nacionalidad brasileña, y Jade Callaú, una joven boliviana de 21 años con pasado en certámenes de belleza, reconocida como ex Miss FexpoBorja 2019. Además, en los últimos días también fue detenido un piloto peruano.
Los acusados por narcotráfico están detenidos en Ezeiza
Todo comenzó en enero, cuando una aeronave se quedó sin combustible tras volar más de 1.500 kilómetros desde Bolivia y fue localizada por efectivos policiales mientras permanecía en un camino vecinal. La droga incautada tenía como destino final Buenos Aires y, según estimaciones oficiales, el cargamento podría ser fraccionado en más de cinco millones de dosis, con un valor aproximado de 2,3 millones de dólares en el mercado ilegal.
Durante los seis allanamientos simultáneos, cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en Carlos Casares, se secuestraron también casi cinco kilos de cocaína, materiales de corte, balanzas digitales, más de 600 mil dólares en efectivo, 1.800 euros, 3.000 reales, joyas, dijes, un lingote de oro de un kilo y unas 3.500 municiones de diferentes calibres. Además, se encontraron elementos de comunicación como radios VHF, dispositivos GPS, celulares, computadoras y documentación relacionada con vehículos y avionetas y hasta un simulador de vuelos.
De momento, tanto la joven como los pilotos imputados, permanecen detenidos en la cárcel federal de Ezeiza.
 
 
 
 
 
*NO HAY TAL FRÍO: LARGUÍSIMA FILA EN LA FRONTERA PARA PODER CRUZAR A BOLIVIA*
 
_Pese al frío polar, el paso de chalanas está repleto de personas que intentan ingresar al vecino país_.
 
_*QUE PASA SALTA DE ARGENTINA*_
 
La ola polar que se instaló en gran parte del norte argentino no detiene la actividad en la frontera. En la localidad de Aguas Blancas, donde este lunes la temperatura mínima fue de 6 grados y la máxima no superará los 8, decenas de personas aguardan desde temprano para cruzar en chalana hacia la ciudad boliviana de Bermejo.
Pese a las condiciones extremas por la caída de nieve en zonas de alta montaña y el fuerte descenso térmico, el paso por chalana funciona con normalidad. La escena en el cruce muestra a ciudadanos abrigados con gorros, bufandas y mantas, haciendo fila para cruzar el río Bermejo, uniendo ambos países por uno de los métodos más tradicionales del norte fronterizo.
La circulación por chalana se mantiene como una vía clave para quienes viven del comercio binacional, incluso en jornadas en las que el frío se vuelve protagonista. La postal de esta mañana no solo muestra la resiliencia de los pobladores, sino también la rutina diaria que resiste a pesar del clima.
https://n9.cl/vkx7z
 
 
 
 
CONSUMO DE DROGAS SUBE A NIVEL GLOBAL Y PREOCUPA LA EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO
 
La ONU alerta por más usuarios y mayor producción. En Bolivia, la superficie de cultivos se mantuvo estable, mientras que en Perú se reportó una leve reducción.
 
Periodismo al Momento de México (https://n9.cl/f0zyiu)
 
En 2023, unas 316 millones de personas consumieron drogas a nivel global, lo que representa el 6 % de la población entre 15 y 65 años, según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU. La cifra supera el 5,2 % reportado en 2013 y excluye el consumo de alcohol y tabaco.
El cannabis fue la sustancia más consumida, con 244 millones de usuarios, seguida por los opioides (61 millones), anfetaminas (30,7 millones), cocaína (25 millones) y éxtasis (21 millones). El estudio destaca un notable crecimiento de los estupefacientes sintéticos en la última década.
La ONU advierte que más personas recurren a las drogas y a edades cada vez más tempranas, en un contexto donde la digitalización facilita el acceso a estas sustancias. En 2022, 63 millones de personas presentaban trastornos relacionados con su consumo.
Los opioides continúan siendo los más letales. En Estados Unidos, el fentanilo y otros compuestos sintéticos estuvieron vinculados a la mayoría de las más de 100.000 muertes por sobredosis en 2023. En América del Sur, la pasta base de cocaína afecta especialmente a zonas marginadas de Argentina, Bolivia y Perú.
En otras regiones, como Europa del Este, los opioides y la heroína representan las principales amenazas, mientras que en África Occidental el consumo de tramadol ha aumentado. En el sudeste asiático, se ha intensificado el uso de metanfetaminas.
Pese al impacto en la salud pública, solo uno de cada cinco consumidores con trastornos graves recibe tratamiento. La ONU advierte que persisten enfoques punitivos y que la prevención no recibe suficiente atención, especialmente en contextos de violencia, pobreza y desplazamiento forzado.
El informe también subraya la brecha de género: apenas el 5,5 % de las mujeres con trastornos por drogas accede a tratamiento, frente al 13,6 % de los hombres. La estigmatización impide que muchas busquen ayuda.
En cuanto a la producción, la cocaína alcanzó cifras récord. Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2023 y una producción de 3.708 toneladas, lo que supone un aumento del 34 % respecto a 2022. Los mayores incrementos se concentraron en el suroeste del país, en regiones controladas por disidencias armadas.
En Bolivia, la superficie de cultivos se mantuvo estable, mientras que en Perú se reportó una leve reducción.
 
 
 
 
 
 
CHILE Y BOLIVIA ACLARAN NOTICIA FALSA SOBRE AUTOS ROBADOS
 
Las autoridades de ambos países negaron de forma categórica la existencia de un proceso para regularizar vehículos robados en Chile y trasladados ilegalmente a Bolivia, calificando la información como fake new.
 
El Agora Net de Chile (https://n9.cl/5fly0)
 
Una ola de preocupación generó la supuesta existencia de un plan oficial boliviano para nacionalizar vehículos sin papeles, muchos de los cuales habrían sido robados en Chile. El tema estalló tras una publicación de El Mercurio, que citaba un presunto comunicado atribuido a la Aduana Nacional de Bolivia, en el cual se informaba sobre un proceso de “nacionalización excepcional” destinado, supuestamente, a regularizar automóviles usados y financiar la compra de carburantes.
La noticia encendió alertas en el ámbito diplomático y de seguridad nacional, ya que implicaba la eventual legalización de autos robados en nuestro país. Sin embargo, la información fue completamente desmentida tanto por el gobierno boliviano como por autoridades chilenas.
Activan gestiones diplomáticas ante el caso
La Aduana de Bolivia utilizó su cuenta oficial en la red X (ex Twitter) para cortar de raíz la desinformación: “Este comunicado y su información NO pertenece ni tiene relación alguna con la Aduana Nacional. ¡Es FALSO! No te dejes engañar”.
Desde Chile, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue tajante: “Apenas se conoció esa comunicación viral, nuestras policías y Fuerzas Armadas alertaron sobre los riesgos. Se activaron canales diplomáticos formales para requerir antecedentes oficiales”.
La información fue ratificada posteriormente a través del cónsul chileno en Bolivia. Según indicó el ministro, “lo que se nos ha transmitido es que el comunicado no tiene validez oficial y no representa un procedimiento como los que en años anteriores se implementaron en Bolivia”.
Advertencia frente a la desinformación y resguardo fronterizo
Pese al desmentido, el Gobierno de Chile reiteró que mantendrá activa la solicitud diplomática para formalizar esta aclaración y evitar interpretaciones ambiguas. “A través de la Cancillería, hemos pedido que se oficialice la información recibida. Es clave tener certeza jurídica y diplomática en un tema tan sensible”, recalcó Cordero.
La circulación de noticias falsas relacionadas con el contrabando de vehículos ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral, particularmente tras diversos operativos en zonas limítrofes que han evidenciado redes transnacionales de robo y comercialización de automóviles.
Por ahora, ambas naciones descartan cualquier acción legal que permita la regularización de autos robados. El llamado es a la cautela ciudadana ante posibles fraudes y a verificar siempre la procedencia de la información.
 
 
 
 
 
COMUNIDADES AMAZÓNICAS DE PERÚ DENUNCIAN CONTAMINACIÓN POR LA MINERÍA ILEGAL
 
Comunidades indígenas y rurales a lo largo del río Nanay, en el norte de la Amazonía peruana, presentaron una queja el viernes pasado acusando al gobierno de no detener la minería ilegal de oro que está contaminando su agua y alimentos con mercurio tóxico.
 
Tucumán Hoy de Argentina (https://n9.cl/kgb5jk)
 
La denuncia se presentó en Lima, la capital del país, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, un bloque comercial regional que incluye a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Las comunidades argumentan que Perú ha violado una política regional vinculante adoptada en 2012 para combatir la minería ilegal.
Una delegación de 10 dirigentes y pobladores de la Amazonía peruana viajó a Lima para realizar la denuncia.
“Perú no está cumpliendo con sus obligaciones y eso ha permitido que la minería ilegal se expanda, amenazando la vida y los derechos de las comunidades amazónicas”, dijo César Ipenza, abogado ambientalista que presentó el caso en nombre de las comunidades.
El gobierno peruano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los niveles de mercurio son demasiado altos
El mercurio, ampliamente utilizado en la extracción de oro, está contaminando a los peces —un alimento básico— y entrando en la cadena alimentaria en zonas aledañas a los ríos Nanay y Pintuyacu.
“Más del 80% de nuestra población está contaminada con mercurio en la sangre”, afirmó Jhonny Huaymacari Yuyarima, representante del pueblo indígena Ikito y líder de una alianza local de 33 comunidades en la cuenca del Nanay. “Los peces de nuestros ríos y lagos también están envenenados”.
Huaymacari describió haber visto niños con retrasos en el desarrollo, residentes con dolor articular crónico, problemas de piel y dolores de cabeza intensos, síntomas que muchos ahora asocian con la exposición prolongada al mercurio.
Un estudio reciente del Centro de Innovación Científica Amazónica, o CINCIA, y la Sociedad Zoológica de Frankfurt encontró niveles peligrosamente altos de mercurio en muestras de cabello tomadas de 273 residentes en seis comunidades ribereñas de la región.
Alrededor del 79% de los participantes tenían niveles de mercurio superiores al límite de seguridad de la Organización Mundial de la Salud de 2,2 miligramos por kilogramo.
Los niños de hasta 4 años presentaron los niveles promedio más altos, casi seis veces el límite recomendado. El pescado de la misma zona presentó concentraciones elevadas de mercurio, especialmente en las especies carnívoras de consumo habitual.
'Exposición generalizada'
“Estos no son casos aislados. Se trata de una exposición generalizada”, dijo Ipenza. “Y estamos hablando de personas que dependen del pescado como su principal fuente de proteínas y del río Nanay para obtener agua potable, incluida la ciudad de Iquitos”.
Huaymacari dice que le duele pensar que después de más de 20 años de luchar contra la minería ilegal, “el Estado todavía no nos escucha”.
“El mercurio ya está en nuestros cuerpos. Tendremos que vivir con esto si el Estado peruano no hace nada”, declaró a The Associated Press, citando el ejemplo de la región de Madre de Dios, en el sur de Perú, asolada desde hace tiempo por la minería ilegal.
Los investigadores y grupos ambientalistas ahora advierten que la extensa extensión de Loreto, donde Iquitos es la capital regional y el hogar de los Nanay, se está convirtiendo en la nueva frontera.
Un informe de 2023 del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina mostró que la creciente deforestación y la actividad minera se están extendiendo a las cabeceras del Nanay, incluso en áreas protegidas.
El estudio CINCIA, uno de los primeros en evaluar sistemáticamente la exposición al mercurio en las comunidades de Loreto, encontró que si bien la mayoría de las muestras de pescado no excedían los límites de seguridad internacionales, la cantidad y frecuencia del consumo de pescado significaban que incluso niveles moderados de contaminación eran un riesgo grave.
Loreto tiene el mayor consumo de pescado per cápita del Perú; algunas familias a lo largo del río comen pescado dos o tres veces al día.
Además de la exposición a sustancias tóxicas, las comunidades también reportan graves impactos sociales y de seguridad, como la llegada de grupos armados, trabajo ilegal y explotación sexual en campamentos mineros. Los líderes locales afirman que los defensores del medio ambiente han sido amenazados y que las estructuras de gobernanza comunitaria se han visto debilitadas.
“Casi el 80% de la gente que vive allí son extranjeros y hay más de 60 dragas (de extracción de oro) operando en la zona”, dijo Huaymacari de Ikito.
En una de sus comunidades, izaron una bandera colombiana, dijo. «Ya no se siente como Perú».
Un llamado a la acción
Los puestos policiales y navales locales carecen de personal, equipo y apoyo logístico para enfrentar la expansión de la minería ilegal, afirmó Huaymacari.
“Están intentándolo, pero no tienen las herramientas para combatir esta plaga de la minería ilegal”, dijo.
La Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal obliga a los Estados miembros a coordinarse regionalmente y a frenar las actividades delictivas organizadas vinculadas a la extracción ilegal. La denuncia solicita al organismo regional que declare formalmente al Perú en violación y emita recomendaciones correctivas.
Si bien la Comunidad Andina no puede imponer sanciones, sus decisiones son vinculantes según el derecho regional, y una declaración formal podría presionar al Perú a adoptar medidas correctivas o enfrentar consecuencias reputacionales y diplomáticas.
Ipenza dijo que no se trata sólo de Perú y que “es necesario tomar medidas más amplias”.
“La contaminación por mercurio y el oro ilegal cruzan fronteras, y el daño no es solo ambiental. Es profundamente humano”, afirmó.
Las comunidades que impulsan la denuncia dicen que no buscan una compensación económica, sino el reconocimiento urgente de sus derechos, la protección de sus territorios y la rendición de cuentas de un Estado que, según dicen, los ha abandonado.
La Comunidad Andina aún no se ha pronunciado sobre el caso, que podría sentar un precedente regional para responsabilizar a los gobiernos por los daños ambientales transfronterizos.
“Nosotras, las 33 comunidades de esta cuenca, estamos listas para alzar la voz juntas y decir: ¡Ya basta!”, dijo Huaymacari. “Exigimos al gobierno que actúe con urgencia”.