La
banda presidencial boliviana se impuso, hace cinco años, a la ex senadora
Jeanine Añez de manos de dos uniformados, un militar y una policía. Desde el
retorno a la democracia en 1982, luego de la ola de gobiernos militares en el
marco del plan Condor, no se había visto una escena similar en Bolivia. Este
acto, producto de un golpe de Estado de corte militar, disfrazado de una
sucesión presidencial -absolutamente fuera de forma- fue antecedido por varias
jornadas de tensión política, luego de las elecciones generales de octubre 20
de 2019. Pero Áñez no llegó sola y los efectos del golpe de Estado no cesaron
con el 55% de apoyo popular que obtuvo el MAS en las elecciones de 2020.
Jeanine
Áñez, una senadora periférica e irrelevante en la oposición, sin ningún tipo de
trascendencia política en la legislatura, conocida entre los asambleístas por
vender bijoutería a sus colegas en las sesiones del pleno, fue trasladada para
asumir la presidencia en un avión exclusivo desde su natal Beni a la sede de
Gobierno, por instrucciones de Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia,
quien se atribuía ser el hombre de los Estados Unidos en la mesa de negociación
de la Universidad Católica. Esta mesa, instalada días antes del golpe, fue
promovida por el despacho del Nuncio Apostólico y la embajada de la Unión
Europea misma que, palabras más o menos, tenía como objetivo la destitución de
Evo Morales de su cargo y la salida del MAS del gobierno de manera inmediata
saltando la sucesión presidencial establecida en la Constitución. Así, Añez
ingresó a Palacio de Gobierno la noche del 11 de noviembre de 2019, flanqueada
por varones, con una Biblia en una mano y un crucifijo en la otra.
Hoy
Áñez está presa en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz, con una condena
de diez años de cárcel, pero los procesos judiciales que se le siguen se ven
cada vez más debilitados. De hecho, hace un par de semanas por decisión de un
juzgado fue apartada de una de las principales causas en torno a 2019, el
denominado “Caso Golpe de Estado 1”. La fiscalía pedía 20 años de cárcel por
los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias.
Áñez, con esposas en mano, histriónicamente dijo a la prensa ese día “No fue
golpe, sí fue fraude”.
Los
resultados electorales de 2019 que al día de hoy no muestran otro ganador que
el depuesto Evo Morales fueron calificados entonces por el candidato Carlos
Mesa, ex vicepresidente de Bolivia e involucrado en las masacres de febrero y
octubre de 2003, como un “fraude monumental”. En consonancia con Mesa, Luis
Fernando Camacho, líder cívico cruceño y heredero de una gran fortuna, encabezó
una importante acción política paramilitar que incluía la paralización de Plaza
Murillo, el centro político en La Paz y la persecución a dirigentes sociales y
autoridades que hacían parte del buró político del MAS, encabezado por Morales
y García Linera.
Hoy,
Carlos Mesa no está encausado judicialmente en ninguno de los acontecimientos
que hicieron a la violencia, el golpe y las masacres de 2019, a pesar de haber
sido el principal anfitrión de Camacho en la llegada de éste a la sede de
Gobierno. Sigue encabezando una minoritaria y ya mermada fuerza política con
presencia en el Legislativo, que no ha logrado transformar su incapacidad para
leer a la sociedad boliviana, quedándose al margen de quienes tienen
posibilidades hacia los comicios del siguiente año. Quien podría haber
contendido en una segunda vuelta contra Morales el 2019, evitando el golpe de
Estado, en 2020 no superó el 30% de los votos y hoy da números remotamente
menores a quienes lideran la oposición al masismo en Bolivia.
El
6 de noviembre de 2019, la entonces alcaldesa masista de Vinto, Cochabamba, y
hoy senadora Patricia Arce, fue secuestrada, vejada y rapada en público. Los
autores materiales respondían al denominado grupo para militar “Resistencia
Juvenil Cochala”. Para Andrés Huanca, antropólogo boliviano, candidato a
magister en Ciencia Política en la Universidad de Sao Paulo, actualmente la RJC
está más fortalecida: “En el marco del proceso judicial sólo
se detuvo a las cabezas de la RJC, como cuerpo ahora tienen nueva cabeza: el
Capitán Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y aspirante a la presidencia
de Bolivia en las próximas elecciones; el Gobierno no se deshizo de la RJC con
sus juicios, la hizo más peligrosa con su omisión”.
Camacho
hoy guarda detención en el penal de máxima seguridad de Bolivia, Chonchocoro,
ubicado en el Altiplano. Después de concretarse el golpe de Estado en 2019, se
hizo público un video en el que se ve al líder cruceño asegurando que su padre,
un potentado empresario cruceño, habría “cerrado” con militares y policías para
que estos operen en favor de la dimisión de Evo. Hoy, los Camacho no tienen
ninguna causa abierta por su muy conocida vinculación a los Panama Papers,
pilar en el que se sustenta la mayor parte de su fortuna. Luego, en los
comicios presidenciales del 2020 obtuvo sólo el 14% de respaldo, dejando
evidencia de que su fortaleza político-electoral no rebasaba las fronteras de
Santa Cruz. Así, en 2021, minimizando o poniendo en pausa sus aspiraciones
políticas nacionales, logró hacerse de la gobernación de Santa Cruz. Las
ultimas determinaciones judiciales indican que, al igual que las causas contra
Añez, las que se llevan contra Camacho están debilitadas y, de hecho, éste fue
favorecido con detención domiciliaria por uno de los casos de corrupción que le
siguen a pesar de que seguirá en detención preventiva por otras causas,
vinculadas a los hechos de 2019, que aún no tienen sentencia.
Más
allá del imprescindible ejercicio de memoria y del balance actual de la
búsqueda de justicia por los sangrientos hechos de 2019 que se llevaron la vida
de más de un centenar de personas, es fundamental apuntar que el gobierno de
facto de Añez estuvo marcado por un elemento que hoy aún muestra relevancia y
efectos en la política boliviana: el pésimo manejo económico y deterioro de la
vida de las bolivianas y bolivianos. Omar Velasco, economista y docente
universitario boliviano, consultado para esta entrega, manifiesta que: “Hay una
fuerte correlación entre la situación económica actual y el golpe de Estado de
2019. Si no se hubiera dado el golpe de Estado el país habría transitado
democráticamente hacia un nuevo periodo de ajustes que ya se tenían planificados
desde el Gobierno hacia 2025 (…) el golpe no solamente influye porque genera
incertidumbre política, misma que a su vez genera incertidumbre económica, sino
porque posterga decisiones económicas importantes”. Bolivia atraviesa una
situación económica no vista antes por quienes nacieron después de 1990:
escasez de divisas y crisis cambiaria, racionamiento de carburantes y
descontrol de precios en la canasta familiar.
Para
Velasco “La economía está con los principales indicadores económicos
tensionados porque ni en el Gobierno de Áñez ni ahora en el de Luis Arce se han
logrado realizar ajustes macroeconómicos que eran muy importantes de hacer. De
alguna forma se han financiado los desajustes macroeconómicos utilizando las
reservas internacionales y acudiendo al endeudamiento entre 2021 y 2022”. El
laberinto de inestabilidad e incertidumbre abierto en 2019 no se ha cerrado.
Pocos son los espacios en los que se pone sobre la mesa la consecuencia lógica
en términos económicos del golpe de Estado de 2019, mismo que trunca uno de los
proyectos económicos más exitosos del continente en tiempos actuales.
Continúa
Omar Velasco: “dentro de las medidas que el Gobierno planeaba aplicar después
de las elecciones de 2019 estaba la contratación de deuda mediante bonos
soberanos, más o menos 2000 millones de dólares estaban previstos en el marco
del Presupuesto General del Estado. Como llega el tema del golpe y no hay la
oportunidad de realizar esta captación de deuda, misma que hubiera permitido
darle estabilidad cambiaria al país por lo menos por un par de años más, es
decir, si no hubiera habido golpe de Estado la estabilidad cambiaria de Bolivia
se habría, al menos, mantenido hasta el 2025, con suficiente tiempo para tomar
decisiones que evitasen la actual situación económica, así de determinante fue
el golpe”. Hasta septiembre de este año, Bolivia registró la inflación
acumulada más alta de la región Sudamericana, ascendiendo ésta a 5, 53%, según
cifras oficiales. Las reservas internacionales a diciembre de 2018, eran de
8.900 millones de dólares y según el Banco Central de Bolivia, esta cifra
descendió a 1.905 millones de dólares hasta el pasado 31 de agosto.
En
este contexto, se ha puesto mucha tinta sobre la interna del MAS, partido que
preside Evo Morales y también partido que gobierna Bolivia con Luis Arce, ambos
líderes hoy abiertamente confrontados. La política cruceña Adriana Salvatierra,
ex presidenta del Senado, en conversaciones para esta entrega dice refiriéndose
al Gobierno: “hoy está peleado con Evo siendo él víctima del golpe de Estado,
está llevando a cabo la persecución judicial que ha terminado en un tiroteo
mientras en estas mismas semanas Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez son
favorecidos en el desarrollo de las causas judiciales que se les sigue”.
Las
encuestas que se conocen siguen mostrando el liderazgo de Evo Morales sobre
cualquier otro candidato masista o no, pero el Tribunal Constitucional la
semana pasada ha ratificado su inhabilitación hacia los siguientes comicios. El
nombre mejor calificado en las filas azules, después de Evo, es el del joven
sindicalista, cocalero y politólogo Andrónico Rodríguez, hoy ratificado por
quinto año consecutivo en la presidencia del Senado. Sin embargo, es probable
que la afección al bolsillo y a la olla de las familias bolivianas detone en el
ingreso, esta vez democrático, de la derecha boliviana a la presidencia, ya sin
importar demasiado quién encabece la fórmula masista. Salvatierra apunta “Es en
realidad el problema económico y no la interna lo que pone en duda la
continuidad del proyecto político (…) creo que nuestra derrota radicaría
principalmente en que el MAS pelea en lo interno pero también se encuentra en
el Gobierno, esto es que no significa una alternativa electoral para la gente
en términos de proyección de mejora de sus condiciones de vida, en nombre del
MAS hoy el Gobierno está replanteando la subvención de los carburantes y está
eliminando las capacidades productivas de nuestro país: hoy escasea la
gasolina, el arroz, la harina”.
El
escenario actual boliviano probablemente presenta posiciones mucho más
radicales en los extremos politizados, pero menos habitadas por fuera del
círculo rojo. La interna masista está cada vez más recrudecida y la vieja
derecha tradicional no ha logrado hasta ahora enganchar con las preocupaciones
de las bolivianas y bolivianos, pues vive enfrascada en los vicios de sus
privilegios de clase. El siguiente año Bolivia debe ir a las urnas para escoger
quién dirigirá el destino del país sudamericano y los efectos del golpe de
Estado de 2019 seguirán determinando el curso de las voluntades de la gente,
sobre todo, en lo que refiere a la marcada tendencia de decaimiento de la
economía dada desde ese año. Al gobierno de Luis Arce le tocará ofrecer las
mejores condiciones democráticas hacia los comicios y al MAS, hoy dividido, le
corresponderá presentar una candidatura capaz de dar la mejor batalla pues
transitar hacia un gobierno de derechas significa siempre ajustes voraces para
las y los de abajo. Diario Red (https://acortar.link/iTTsaN)
BOLIVIA:
VOCES Y CLAVES DE UN PROCESO QUE TERMINÓ DE IMPLOSIONAR
La
confrontación entre el sector del líder histórico del proceso, Evo Morales, y
el de su sucesor, Luis Arce, parecen haber llegado a un punto de no retorno.
¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sigue?
El
Salto de Galicia, España (https://acortar.link/rlI6M7)
Los
18 disparos al vehículo de Evo Morales y la disputa narrativa del suceso
parecen ser la gota que colmó el vaso y llevaron la ruptura del expresidente
con el Gobierno boliviano a un punto de no retorno. La sensación es que se
cruzaron varias líneas rojas. Que está todo roto. La confrontación entre el
sector del líder histórico del proceso y el de su sucesor, Luis Arce, se
trasladó de Twitter/X a las carreteras y el panorama pinta un porvenir aún más
turbulento. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sigue? Conversamos con
dirigentes de ambos sectores para intentar comprender la autodestrucción de un
proyecto popular que fue ejemplo en el mundo.
La
tensión entre el expresidente y el actual, quien fuera su ministro de Economía
durante once años, viene de lejos. Arrancó desde el minuto cero de la gestión
de Arce, cuando en su discurso de asunción, en noviembre de 2020, no mencionó a
quien lo había designado desde el exilio ni dio lugar en su gabinete a los
cuadros evistas.
Desde
ese momento hasta hoy, el conflicto no paró de escalar. Con la disputa entre
ambos por el liderazgo del MAS y la candidatura presidencial para 2025 como
nudo central de la interna —una discusión exageradamente adelantada—, se fueron
conformando dos bloques aguas abajo que hoy protagonizan una fractura
insalvable y con el peligro de que pase a mayores.
El
9 de noviembre, el Tribunal Constitucional confirmaba la inhabilitación de Evo
Morales, lo que vaticina un futuro aún más tumultuoso.
A
finales de septiembre, Morales pasó a la acción encabezando una masiva marcha
de siete días hacia La Paz, capital del país, con un pliego de 18 demandas que
incluía las urgencias económicas pero también contra su proscripción. El
Gobierno respondió con un aluvión de demandas judiciales —incluida una por
estupro— y el evismo subió la apuesta con tres semanas de bloqueos de
carreteras que llevaron el conflicto a una máxima tensión.
En
este contexto llegó el atentado contra el automóvil de Morales. Para el
dirigente cocalero, “el atentado fue perpetrado por un grupo de élite militar y
policial” y apuntó directamente al presidente: “Lucho ha destruido Bolivia y
ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con mi vida”.
La
versión del Ejecutivo fue antagónica. Primero hizo correr la tesis de un
“autoatentado”, pero luego el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo —quien
encabeza los ataques al expresidente—, reconoció que habían sido policías, pero
dijo que el incidente se produjo cuando Evo intentó evadir un control antidroga
disparando a los oficiales.
En
diálogo con El Salto, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo,
señala que con el intento de asesinato a Evo se cruzó el umbral: “Creíamos que
el tope de la estrategia gubernamental era sacarlo de la competencia política,
pero nunca imaginamos que llegaran a este punto de querer eliminarlo
físicamente. Hay demasiadas pruebas de que desde el Gobierno se ha mandado a
matar a Evo, lo que ya implica echar por tierra la democracia e ingresar en una
fase de terrorismo de Estado”.
Quintana
va más allá (o más al norte): “No tengo dudas de que en esta estrategia de
exterminio de Evo está la mano siniestra de los Estados Unidos, como lo ha
estado en los últimos 40 años. Tengo la seguridad, por los datos que tenemos de
vinculación de ministros con la embajada norteamericana, que Arce ha tenido que
ceder a la presión de los gringos para tratar de eliminar a Evo. Les está
haciendo el trabajo sucio”.
La
pregunta del millón
La
gran incógnita que atraviesa hace tiempo esta interna a cielo abierto es si
existen diferencias político-ideológicas de fondo, grandes desacuerdos
programáticos, si se trata solo de una disputa de egos por el liderazgo del
espacio, o tal vez ambas.
Juan
Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, relata a El
Salto su visión: “Desde que Arce asumió la presidencia, el señor Morales ha
intentado sabotear, primero con sus legisladores trancando proyectos en la
Asamblea y ahora con los bloqueos de carreteras. La filosofía, el paradigma con
el que se ha construido el proceso de cambio es claro, eso no ha cambiado, el
problema es que Morales quiere ser candidato sabiendo que ya no puede, que la
Constitución lo inhabilita. Ese interés personal es lo que está arrastrando a
este conflicto y condiciona a los pocos seguidores que tiene a nivel nacional”.
Del
otro lado de la grieta, Gabriela Montaño, ex presidenta de Diputados y
Senadores durante el gobierno de Morales, expresa que “la confrontación al
interior del MAS se inició como una pugna de liderazgos pero luego se fue
convirtiendo en diferencias políticas, inicialmente orgánicas y luego inclusive
ideológicas”.
La
también exministra de Salud menciona divergencias en torno a la gestión
económica, por ejemplo “en torno al manejo en la explotación del litio y los
recursos estratégicos”, un sinnúmero de casos de corrupción “que también han
aumentado esa distancia”, el permanente intento de inhabilitar a Morales, y la
suspensión de las elecciones internas, que hubiesen sido “el camino pacífico
institucional para la resolución de los conflictos”.
Montaño
lamenta que “las diferencias políticas se trasladaron a las organizaciones
sociales y se dieron confrontaciones muy duras. Y esto es grave porque genera
una ruptura del tejido social y una pérdida de solidez del bloque popular que
sostuvo el proceso y garantizó que podamos recuperar la democracia un año
después del golpe de 2019”.
Es
difícil evaluar cuánta base social quedó vinculada a cada sector. Y cuánta
militancia desafectada de ambos. La marcha que encabezó Evo a finales de
septiembre logró sumar 3,4 millones de personas, según un análisis de Atlas
Electoral en base a la herramienta MapCheking. Para Villca, en cambio, “las
organizaciones sociales legítimas, legales, la estructura orgánica obrera,
indígena y campesina ha sabido garantizar la unidad y el apoyo de Morales ha
quedado reducido solo a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.
El
campo de batalla judicial
Luego
de aquella extendida movilización, el Gobierno impulsó al menos nueve causas
judiciales contra Morales. También contra diversos líderes sociales, algunos de
los cuales fueron detenidos. La acusación más resonante y compleja es por
estupro, basada en que Morales habría tenido una relación y un hijo en 2016 con
una adolescente de entonces 16 años. Se trata de una causa destapada durante el
Gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019 que luego fue archivada ya que la
legislación boliviana requiere que haya una denuncia directa de la presunta
víctima.
Ahora
una fiscal la reactivó y empezaron a circular rumores de una posible orden de
detención. Morales habló poco del tema, denunció una “campaña sucia y
mentirosa” y hasta comparó al presidente con la mandataria golpista: “No hay
nada y no va a haber nada. Lucho igualito que la Áñez. Lucho es Áñez”.
También
advirtió de “un Plan Cóndor de lawfare” luego de que el gobierno
ultraderechista argentino presentara otra denuncia contra Morales por trata de
personas y abuso sexual durante su exilio en el país. “Es evidente la
coordinación entre el Gobierno de Luis Arce y el Gobierno sionista de Javier
Milei”, alertó.
Quintana
recuerda que “todos los gobiernos desde 1985 le han instalado a Evo procesos de
distinta naturaleza, se trata de una sistemática persecución promovida por los
EE UU, por lo tanto esta acusación se da en ese contexto de guerra judicial, de
guerra política, en la que el gobierno busca destruir su liderazgo y su
reputación”. Montaño agrega: “La persecución judicial no se da solo contra Evo
Morales, aunque obviamente es la más visible, sino contra muchos dirigentes de
organizaciones sociales que han sido críticos con el gobierno. La
judicialización de la política ha tomado un escenario central en este
conflicto”.
Lamento
boliviano
Esta
lucha intestina gana terreno fértil por la crisis económica que atraviesa el
país. La caída de la producción de gas, su principal exportación, y la
necesidad de importar combustibles se tradujo en escasez de dólares,
desabastecimiento de gasolina, depreciación de la moneda, bajo nivel de
reservas y una creciente inflación. Justamente el plano donde mejor maniobraba
Arce, llamado “el padre del milagro boliviano” durante los años de bonanza y
distribución de la riqueza en su labor al frente del Ministerio de Economía.
Hoy,
al cumplir cuatro años como presidente, la gestión económica de Arce genera un
descontento creciente y alimenta el escenario de conflictividad social,
mientras se hunden su aprobación y sus ansias de reelección.
Hace
unos meses, en un artículo para este medio, nos preguntábamos si aún quedaba
alguna rendija para destrabar el entuerto de cara a las elecciones de agosto
2025, en las que un MAS dividido abriría la puerta al retorno de la derecha.
Hoy, con un panorama marcado por la incertidumbre, la degradación institucional
y una gran inestabilidad política y económica —todo lo contrario al período
2006-2019—, parece haber consenso en la respuesta.
Del
lado del oficialismo, Villca sostiene que “el Gobierno siempre tuvo la voluntad
de construir puentes de diálogo, pero Morales no tiene la más mínima intención
de querer dialogar, lo único que quiere es derrocar al Gobierno”.
Desde
el evismo, Montaño reflexiona: “A esta altura parece muy difícil que haya una
candidatura unificada. Creo que hoy un diálogo y un acuerdo pasaría porque las
dos tendencias del MAS puedan pactar mínimamente llegar de manera ordenada a
las elecciones del 2025 y que sea el pueblo boliviano el que defina por quién
opta”.
LA
TRAGICOMEDIA DEL BICENTENARIO
Bolivia
se acerca a su bicentenario como Estado independiente, pero en lugar de una
celebración genuina, el ambiente se perfila más bien como una oportunidad de
reflexión crítica.
Mundiario
de España (https://acortar.link/ZKi21c)
Bolivia
recordará —y digo intencionalmente recordará en vez de celebrará— doscientos
años como Estado independiente del yugo español en 2025, y lo más probable es
que el bicentenario la encuentre en un ambiente electoral de rivalidades y
enconos, si no de protestas, enfrentamientos y marchas callejeras. Cuando
cumplió cien años, en 1925, y ante la parafernalia festiva que organizó el
Gobierno de Bautista Saavedra con el fin de alardear los progresos técnicos del
país y dar a conocer la imagen de una nación y un Estado modernos, hubo un
puñado de jóvenes que se atrevieron a hacer una tenue pero denodada crítica
sobre lo que había sido aquella primera centuria de la por entonces todavía
joven sociedad boliviana. Esos jóvenes, que pasaron a la historia como la
Generación del Centenario, denunciaron airadamente lo que llamaron la
“tragicomedia del centenario”: no había nada que festejar puesto a que la
historia de Bolivia no había sido más que una trágica centuria de problemas
todavía irresueltos y pendientes.
Evoco
aquel hecho, que podría llamarse de pesimismo crítico, puesto a que es posible
que la mirada más certera sobre el bicentenario sea la del saludable pesimismo,
o al menos la de la perplejidad, antes que la de la autocomplacencia. Ahora
bien, sería necio decir que Bolivia no cambió nada, pero sin duda los logros
alcanzados en estos últimos noventa y nueve años, en comparación con los de
otros países cercanos (como Chile o Uruguay), son muy modestos, pese a los
reiterados intentos que se hicieron para modernizar y democratizar la nación
boliviana de acuerdo con el modelo civilizatorio de cuño occidental.
El
bicentenario hallará a un país socialmente desgarrado y económicamente
quebrado. El escenario no podía ser distinto, tomando en cuenta la accidentada
vida republicana de los últimos noventa y nueve años: la guerra del Chaco, que
quiebra las arcas fiscales y desgarra a la juventud; la Revolución Nacional de
1952, que instala en el poder a una nueva élite, corrupta y caudillista como
muchas otras; las dictaduras del período 1964-1982, que reproducen valores de
orientación violentos y antidemocráticos; el llamado neoliberalismo, que
preserva hábitos como el nepotismo y la corrupción; y finalmente el periodo del
MAS en el poder (llamado por los afectos a este partido como Proceso de
Cambio), que socava la institucionalidad democrática, protagoniza incontables
hechos de corrupción y preserva la tradición autoritaria. Evidentemente hemos
hecho un recuento de acontecimientos negativos solamente, dado que la intención
de este breve texto es hacer, en vez de apología nacionalista, crítica
constructiva.
Los
males de este país pueden rastrearse en la colonia y aun más antes. Pero en el
proceso de conquista y colonia se agravan, pues quienes llegan a estas tierras,
generalmente del sur de España, son españoles sin cultura democrática ni
ilustración, ávidos de poder y dinero; y los ilustrados que hay, clérigos
muchos de ellos, no pueden desprenderse de los dogmas y sus máximas sagradas.
¿Cómo esperar una revolución burguesa donde solo hay palurdos enriquecidos de
la noche a la mañana gracias a un pródigo cerro de plata en el cual se explota
sin misericordia a masas indias? ¿Cómo esperar teoría política, crítica o
ciencia que pongan a funcionar bien el Estado y hagan desarrollar la educación,
si aquí nunca hubo Descartes, Humes o Diderots? Los cimientos del nuevo país
debían por tanto ser endebles, precarios… Nacía una república sin republicanos,
una democracia sin demócratas. Todo artificial. Incluso el nombre, “Bolivia”,
es obra de un rastrero diputado potosino que, para granjearse una voluntad
humana, dice que, si de Rómulo viene Roma, de Bolívar debe venir Bolivia…
BOLIVIA
ELEGIRÁ POR VOTO A JUECES Y MAGISTRADOS EN UN CLIMA DE CRISIS POLÍTICA Y “FALTA
DE INDEPENDENCIA”
Elección
de jueces en Bolivia mediante voto preocupa a observadores internacionales, que
denunciaron ante la CIDH que la falta de independencia judicial ha minado la
institucionalidad democrática del país.
La
Voz de América de EEUU (https://acortar.link/MeTjB2)
Los
bolivianos elegirán el 15 de diciembre por votación a los jueces y magistrados
del poder judicial en un entorno de “crisis interna”, "falta de
independencia" y apatía ciudadana ante un proceso cargado de partidismo
político, de acuerdo con observadores citados este lunes a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
El
director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén
Darío Cuellar, dijo a la CIDH que en el país sudamericano el vínculo entre la
institucionalidad democrática y la independencia judicial "se ha ido
deteriorando” hasta derivar a un estado “grave”.
Destacó
que el conflicto actual de dos facciones del partido gobernante Movimiento al
Socialismo (MAS) complica aún más la situación. El expresidente Evo Morales
está enfrentado al actual mandatario Luis Arce, y le pide su renuncia, en medio
de tensiones por haberse cerrado judicialmente la posibilidad de que el ex jefe
de Estado se postule de nuevo al cargo en las elecciones del próximo año.
“El
abuso de poder, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las crisis
electorales y la conflictividad social son situaciones que en su momento fueron
agravadas significativamente por acciones u omisiones del sistema judicial”,
apuntó Cuellar ante la CIDH.
Este
lunes, los partidos políticos y las autoridades del Órgano Electoral alcanzaron
un acuerdo que comprometió a las fuerzas políticas a garantizar las elecciones
de magistrados, que estaban en riesgo tras impugnaciones legales de los
postulantes. Con el acuerdo, se ratificó la fecha original de elecciones para
el 15 de diciembre.
La
semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró desiertas las elecciones para
jueces de dos de los cuatro tribunales, en cinco de los nueve departamentos,
por impugnaciones de los postulantes que quedaron fuera de carrera. Eso saltó
las alarmas del Órgano Electoral y presionó a alcanzar un acuerdo político para
destrabar el bloqueo.
Elecciones
ratificadas
Desde
el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ven como un punto crítico la
“injerencia de los poderes políticos” y, en particular, del ejecutivo,
describiéndola como una “práctica constante que ha debilitado la independencia
judicial” y, peor aún, ha profundizado la pérdida de confianza y credibilidad
entre la ciudadanía en Bolivia.
Alertan
asimismo que las “intimidaciones directas contra jueces y fiscales”, sobre todo
en casos donde hay acusados señalados de opositores al gobierno y fiscales del
Ministerio Público con prácticas discrecionales, “vulneran los principios de
objetividad y transparencia” que demanda la ley.
“En
este contexto, la justicia queda instrumentalizada con fines políticos, donde
se observan patrones de persecución política a través del uso indebido del
derecho penal”, acotó Cuellar, por su parte.
Otro
punto destacado durante la audiencia en la CIDH fue la extensión del mandato
por un año más a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, al no
poderse realizar elecciones el año pasado y bajo los riesgos de que la cita a
las urnas para el 15 de diciembre no pueda cumplirse.
Causas
que aceleran la crisis
El
exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera,
explicó a la CIDH que existen otros múltiples factores que contribuyen a la
crisis del sistema judicial del país, que van desde el bajo presupuesto, que no
representa ni el 1 % del presupuesto nacional, y otra serie de medidas que se
dieron con el cambio de la Constitución de 2009.
Una
de ellas fue la “suspensión de la carrera judicial institucionalizada”, que
dejó a los jueces en condición de provisionalidad, afectando su estabilidad
económica y su independencia, de acuerdo con el exmagistrado.
“La
justicia boliviana carece de independencia necesaria para operar de manera
efectiva y confiable en el cumplimiento de su rol, que es la racionalización
del ejercicio del poder político, que es la protección y resguardo del régimen
democrático”, apuntó Rivera.
Bajo
este panorama, los demandantes coincidieron que el llamado a votación en
diciembre no cumple con los estándares de calidad por un “desacreditado sistema
de elección de magistrados mediante sufragio universal”.
Prima
en este proceso, según los expertos, la alta polarización “y falta de
credibilidad de candidatos”, como han mostrado las dos últimas elecciones,
donde, subrayaron, “han priorizado intereses políticos favoreciendo a
candidatos con conexiones partidarias” y se ha contribuido al rechazo ciudadano
y una baja participación y gran parte de votos nulos.
“Todo
ello mientras las prácticas clientelistas y el proselitismo al interior del
Órgano Judicial perpetúan la proliferación de redes de corrupción y
debilitamiento institucional”, dijo Rivera.
Los
demandantes han solicitado a la CIDH que aumente su observancia y que se abran
canales conjuntos para despolitizar el sistema judicial del país, bajar la
represión de jueces y fiscales y devolverle la credibilidad a la aplicación de
justicia en la nación suramericana.
Oficialismo
acepta críticas pero se desliga
El
embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor
Arce, aceptó las críticas, calificándolas de “comprensibles”. El diplomático
participó en la audiencia junto a la viceministra de Justicia y Derechos
Fundamentales, Jessica Saravia, y el presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, Marco Ernesto Jaimes.
Arce
aseguró que Bolivia “enfrenta desafíos significativos en la administración del
sistema judicial, las críticas y preocupaciones sobre la postergación de
elecciones judiciales son absolutamente legítimas y comprensibles".
Sin
embargo, desligó al ejecutivo del presidente Luis Arce de muchas de las
decisiones polémicas y retrasos en fallas en el sistema judicial, pues algunas,
dijo, han pasado por el Tribunal Constitucional y otras por la Asamblea
Legislativa.
Agregó
que el gobierno de MAS heredó un sistema judicial que durante décadas “ha sido
objeto de politización y corrupción, dificultando la consolidación de una
independencia judicial” de pleno derecho.
”La
crisis actual no surgió de manera espontánea”, dijo el embajador, agregando que
la misma implementación del voto popular ha tenido traspiés por la negativa de
la oposición para hacerla viable y que se ha convertido en “el principal
escollo para el actual proceso electoral”, según sus palabras.
Consideró
que debe ser la Asamblea Legislativa de Bolivia la que debió elegir las ternas,
siguiendo estándares de calidad de candidatos y los “parámetros internacionales
interamericanos establecidos para este tipo de procesos”.
“En
innumerables ocasiones, no han observado correctamente los procedimientos. En
otros, ha enumerado los derechos de los postulantes”, manifestó, reprochando
además la inclusión de ternas por afiliaciones, “alejándose de la
meritocracia" y la igualdad de género.
Elecciones
retrasadas por luchas de poder
El
proceso de elección de jueces y magistrados se ha pospuesto dos veces, con la
esperanza de poder realizarlos este 15 de diciembre, para cuando se confía que
haya concluido la inestabilidad social interna en el país.
Los
relatores de la CIDH han insistido en cuestionar al gobierno de Arce si existen
o no discusiones para revisar la posibilidad de una modificación constitucional
que ayude a desatrancar la crisis judicial de Bolivia.
Los
demandantes dijeron este lunes que los bolivianos están “atrapados” entre dos
bandos del mismo partido mayoritario en conflicto y dudan que haya cambios ante
la falta de representación suficiente de la oposición en la Asamblea
Legislativa de su país.
Bolivia
experimenta estos días la inestabilidad con bloqueos en amplias regiones del
país de parte de simpatizantes del expresidente Morales y sus enfrentamientos
violentos con las autoridades, como la toma de bases militares, además con una
crisis económica que afecta al pueblo.
En
días recientes, las fuerzas del Estado boliviano han despejado carreteras
tomadas por los seguidores de Morales tras semanas de bloqueo.
El
expresidente indígena ha llamado a entablar mesas de diálogo para abordar la
“crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos
internacionales y países amigos”.
GOBIERNO
DE BOLIVIA AFIRMA QUE EVO MORALES SALIÓ DERROTADO DEL ÚLTIMO BLOQUEO: “FUE SU
ÚLTIMA GUERRA EN CARRETERAS”
El
ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, expresó su indignación al ver que un
expresidente de Bolivia enfrenta actualmente más de diez casos de trata y
tráfico y estupro contra menores de edad
ICN
Diario de Argentina (https://acortar.link/0nwWH6)
El
viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental de Bolivia, Gustavo
Torrico dijo que el bloqueo de caminos de 24 días de Evo Morales fue la última
guerra en carreteras, porque salió derrotado, explicó
“Evo
Morales dijo que ya no iba a bloquear y sabe que perdió en el bloqueo. Sabe que
fue su derrota, y la última guerra que inició en el camino”, aseguró en alusión
a la última reunión del evismo en el Chapare, donde desistieron del bloqueo
para reclamar sus demandas.
La
prolongada protesta empezó el 14 de octubre y se extendió hasta el 6 de
noviembre, bajo un pliego que tenía como puntos centrales la candidatura de
Morales y que se lo aparte de los procesos que pesan en su contra, entre ellos
por trata y tráfico de personas por la relación que tuvo con una menor de edad
en 2015.
De
acuerdo con el Gobierno, la medida de presión, que se focalizó en el
departamento de Cochabamba, generó una pérdida económica superior a $us 2.109
millones, pero, además, generó una presión inflacionaria que impulsó el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) de octubre hasta 1,64%, con lo que el acumulado
trepó a 7,26%.
La
reunión de Morales y sus afines fue este domingo en Lauca Ñ, Cochabamba, tras
conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, Auto
Constitucional 0083/2024 ECA, que estableció que no se puede repostular por más
de dos veces de forma continua o discontinua a la Presidencia, Vicepresidente y
a cargos en el Legislativo y Judicial, con lo que se ratificó la inhabilitación
de Morales a una nueva candidatura presidencial en 2025,
En
el encuentro reafirmaron la candidatura del exmandatario, demandaron la
renuncia de los magistrados del TCP y convocaron a una marcha para el lunes 18
de noviembre en Sucre. “Si ellos quieren marchar, pueden marchar todo el año”,
afirmó Torrico y sugirió irónicamente que marchen de “Cobija hasta Bermejo o de
Puerto Suárez hasta Tambo Quemado”.
“Nadie
les va a decir nada”, anticipó, aunque les advirtió que “no pueden vulnerar el
derecho constitucional a la libre locomoción”.
Al
aludir a las amenazas de los seguidores de Morales de buscar la renuncia del
presidente Luis Arce, aseguró que se aplicará la ley por ir en contra del orden
democrático.
“Es
un golpe de Estado lo que están anunciando. Se tendrán que someter a la ley,
que no digan que es persecución política”, desafió.
GUERRA
DECLARADA: BOLIVIANOS CULPAN A EVO MORALES POR LA FALTA DE COMBUSTIBLE
Pedro
Vargas, periodista del vecino país, analizó en Somos la Mañana la crisis que
afectó a sus compatriotas.
Que
Pasa de Argentina (https://acortar.link/MWYzR6)
Bolivia
atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por una fuerte devaluación de su
moneda, escasez de dólares y restricciones a la compra de divisas que recuerdan
a un "corralito" financiero. La situación se agrava con la falta de
alimentos básicos como el arroz y la escasez de combustible, lo que ha generado
un creciente malestar en la población.
En
una reciente entrevista con Somos la Mañana, el periodista Pedro Vargas analizó
la crisis y criticó tanto a la actual administración como al expresidente Evo
Morales, cuyo intento de postulación en las próximas elecciones fue rechazado
por el Tribunal Electoral.
"La
falta de combustible ha generado un caos económico en Bolivia", afirmó
Vargas, quien señaló que las fallas en el abastecimiento de energía se deben a
que el gobierno no ha realizado los pagos necesarios, y agregó que el
presidente actual se excusa en las supuestas trabas generadas por el entorno de
Morales.
El
periodista también destacó el deterioro de la imagen pública del exmandatario:
"Evo Morales ha perdido mucha credibilidad en la gente", subrayó,
señalando que además figuras cercanas a Morales enfrentan graves acusaciones.
La decisión del Tribunal Electoral de inhabilitarlo para las elecciones ha sido
otro punto de controversia, en medio de acusaciones de abuso y corrupción
contra su círculo de allegados.
La
crisis en Bolivia continúa escalando, y muchos ciudadanos temen que las
tensiones políticas y sociales se profundicen en los próximos meses.
ÁLVARO
RÍOS: ARGENTINA DESPLAZARÁ A VENEZUELA Y COLOMBIA COMO PRODUCTOR DE
HIDROCARBUROS EN 2030
Revista
Petroguía de Venezuela (https://acortar.link/aKKQOL)
El
gas natural apunta a dominar como la principal fuente energética desplazando al
petróleo en un contexto donde cada vez más se adoptan políticas orientadas a
controlar o reducir las emisiones de gases contaminantes que están propiciando
un cambio climático.
El
ingeniero Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre 2003
y 2004 en el gobierno de Carlos Mesa, ex secretario ejecutivo de la
Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) y director de la firma Gas
Energy Latinamerica, es uno de los más importantes promotores en la región de
los hidrocarburos gaseosos.
“No
creemos que el gas natural es el camino a la transición energética, es la
transición energética”, sentencia Álvaro Ríos Roca. “Sin el gas natural no se
puede eliminar el carbón que se usa plenamente en Asia, y también en
Norteamérica y Europa. El gas natural es el que puede generar una
descarbonización principalmente en la generación eléctrica de manera de
desplazar ese masivo uso del carbón que todavía tiene el planeta”, agrega.
-¿Cuáles
son las ventajas que ofrece América Latina para impulsar los proyectos de gas
natural?
-
Hay mucho gas natural en América Latina, es abundante, limpio y cuenta con
infraestructura para transportarlo. Por eso espero que algún día los
venezolanos puedan mandar gas natural a Colombia porque están importándolo muy
caro que les hace mucho daño, mientras que en Venezuela se podrían generar
divisas utilizando una infraestructura existente.
Adicionalmente,
América Latina mayoritariamente cuenta con una una matriz energética limpia. No
funciona en base a carbón, no es sucia y nuestro consumo per cápita es básico
comparado con Norteamérica y pocos países de la región usan carbón como es el
caso de Chile y Colombia. En la región, la generación eléctrica utiliza agua y
gas natural mientras que para el transporte, si bien utilizamos los
combustibles fósiles se avanza en el uso de gas natural.
-¿El
gas natural tiene aplicación en el transporte aéreo con el fin de avanzar en
los planes de descarbonización?
-El
gas natural no solo tiene aplicación en la energía eléctrica, sino también en
el transporte como está ocurriendo en Chile y Perú, donde se está construyendo
una red de transporte con GNL (líquidos de gas natural) y toda una cadena para
atravesar los dos países para una conexión con camiones que funcionan con gas
natural. También muchos barcos están funcionando con gas natural y lo mismo se
puede hacer con la aviación en estado líquido.
-Tomando
en cuenta el caso de su país: Bolivia, que afronta problemas en la producción,
¿qué políticas han sido perjudiciales para el desarrollo de proyectos de gas
natural?
-Lo
que no funciona en América Latina es cuando un país cierra sus puertas a la
inversión privada. Creo que puede coexistir la inversión estatal con la
privada. Lo que ha pasado en el caso de Bolivia es que hace 25 años, fruto de
una apertura al sector privado con reglas claras, seguridad jurídica y un
mercado de gas natural en Brasil y un gasoducto que logramos estructurarle el
financiamiento, vino mucha inversión en exploración y se descubrieron cerca de
20 trillones de pies cúbicos de reservas probadas. Luego de eso, a los
bolivianos nos entró lo que se llama “borrachera del gas” y comenzamos a
cambiar las reglas del juego, elevar impuestos, nacionalizar empresas, tomarlas
militarmente, y las reservas se han venido usando, se ha exportado por más de
20 años a Brasil y 10 años a Argentina. Todo lo que no es renovable se agota y
las reservas bolivianas están ahora en un nivel de 2 trillones de pies cúbicos
mientras que la producción ha caída de 62 millones a 28 millones de metros
cúbicos entre 2014 y 2024. Al paso que vamos, para el año 2028, casi seguro que
tendremos que importar gas natural de Argentina. Por otro lado, en este momento
en Bolivia tenemos un crónico desabastecimiento de diésel y gasolina y en poco
tiempo vendrá el de GLP (gas licuado de petróleo) porque hemos dejado producir
debido a que se ha reducido la inversión. Por eso creo que la inversión privada
es importante para complementar la pública en materia de exploración.
-¿Cómo
se encuentra la infraestructura de gas natural en el resto de los países de
América Latina?
-Creo
que en el cono sur tenemos una infraestructura bastante bien desarrollada,
existen gasoductos que conectan Bolivia y Brasil, también entre Argentina y
Bolivia, y entre Argentina y Chile existen 7 gasoductos, al igual que entre
Argentina con Uruguay y Brasil. Lo que ha pasado es que el eje de suministro de
gas no es Bolivia sino que ahora es Argentina a partir de lo que está
aconteciendo en Vaca Muerta.
-¿Eso
se debe a las políticas del presidente Javier Milei?
-No
diría que eso se le debe al presidente Milei, sino que Vaca Muerta es una obra
pujante de los empresarios argentinas y compañías internacionales que han
emulado los del shale gas y shale oil de Estados Unidos. Ahora lo que sí está
haciendo Milei es complementándola muy bien con nuevas leyes de incentivos para
mayor inversión.
-¿Quiere
decir que ha habido continuidad pese a los cambios de gobierno de los últimos
años en Argentina?
-Hay
una continuidad de inversiones y cada vez más llegan equipos de perforación y
cada vez hay más fracking, están levantando la producción y para 2030 van a
tener entre un millón y 1,4 millones de barriles diarios y podrá superar a
Venezuela y Colombia fácilmente. Hay que destacar el compromiso de las empresas
argentinas con el país, a pesar de la crisis económica, situación que no es muy
amigable para invertir por la macroeconomía, el tipo de cambio y la inflación.
Todas esas empresas han hecho grandes apuestas tecnológicas para hacer del
shale – tanto para la producción de petróleo como gas- una tecnología que
produzca a precios muy competitivos e incluso está buscando proyectarse con
exportaciones de GNL.
-¿Cómo
afrontar las críticas ambientales que se le hacen al fracking ?¿Ser pragmáticos
como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió una agenda
ecológica y más bien vemos un incremento en la producción petrolera ?
-Quisiera
que todos los latinoamericanos sean como Biden y seamos pragmáticos. Nuestro
problema es ser más papistas que el Papa. Vemos lo que está ocurriendo en
Colombia, un país que necesita fracking porque no tiene gas natural y tiene que
importar GNL licuado. Al mismo tiempo tienen que subir las tarifas, pero no
quieren hacerlo mientras que a los ambientalistas les gusta el aire
acondicionado, el avión con primera clase y todos los lujos de la vida, pero
rechazan al sector de los hidrocarburos que es la principal fuente energética.
Es lindo ser ambientalista con lujos de primer mundo.
-¿Puede
avanzar el desarrollo del hidrógeno en la región como fuente energética?
-Los
latinoamericanos somos como las novelas de Gabriel García Márquez que nos
venden vidriecitos de colores cuando intentan introducir en la región el
hidrógeno, que cuesta 30 dólares el millón de BTU y la población no puede pagar
el hidrógeno.
-¿Qué
pasa con fuentes renovables alternas como la solar o la eólica?
-Ambas
terminan siendo aspirina para el cáncer y no se puede descarbonizar el planeta
con energías eólico y solar. Tenemos que descarbonizar con gas natural en los
sectores eléctrico y de transporte.
-¿Qué
papel puede tener este Foro de Países Exportadores de Gas?¿Considera que puede
ser determinante como la OPEP para la fijación de precios del gas natural?
-Ese
es un grupo de tour de paseos. La llamada OPEP del gas no existe porque el gas
natural no es un commodity como sí lo es el petróleo y eso impide crear un pool
de países productores que se asocien para controlar el precio, la oferta y la
demanda. La situación está más en un país como Estados Unidos, donde la
producción se maneja por la libre oferta y demanda; o Qatar, que también se
rige por el libre mercado. Todo esto de la OPEP del gas es un sueño y una
oportunidad para viajar a países desconocidos.
-¿El
gas natural que Rusia le exportaba a Alemania o a otros países y que se
suspendió los envíos por el conflicto en Ucrania hacia dónde se está
dirigiendo?
-Rusia
tuvo que reducir las exportaciones definitivamente, pero sigue habiendo
comercialización de gas ruso en Europa. Se ha reducido, pero no se ha parado.
Los europeos no tienen hidrocarburos entonces deben apostar a otras tecnologías
y de allí sale la energía solar o la eólica y ahora el hidrógeno. En cambio,
vemos, como China se ha comido a los europeos, que fabrica con carbón baterías
de almacenamiento para vehículos, paneles solares. Creo que la Unión Europea
anda perdida en su norte sobre qué quiere hacer con la energía y dónde quieren
llevarla. Por ejemplo, el fracaso de las energías renovables en España y
Alemania es muy notorio. No se puede poner a funcionar a un país con energías
intermitentes.
-Ha
señalado que Colombia debería comprarle gas a Venezuela, pero todo indica que
en eso influye lo político. ¿Cómo ve esa posibilidad?
-Es
la mejor alternativa para ambos países. Venezuela tiene muchísimo gas y es
cuestión que Venezuela de confianza a los demandantes colombianos, que
mayoritariamente son empresas privadas y lo que quieren es seguridad de
abastecimiento y el gas natural licuado les da eso. Creo que en Venezuela deben
tomar la decisión de delegar que privados operen un campo, que el gobierno
cobre la regalía que corresponde y que también sea esa empresa la que opere los
gasoductos. Creo que Venezuela puede recibir buenos pagos por concepto de
regalías y sacar esa inmensa cantidad de gas natural que hay bajo el subsuelo
para alimentar a un país vecino que se va a quedar sin gas natural, afrontará
racionamientos y tendrá que importar gas como lo está haciendo desde Estados Unidos,
que le resulta más caro si lo hiciera desde Venezuela. Creo que el problema
político e ideológico debe ser superado y que se ponga a trabajar el gasoducto
que existe entre los dos países. A Venezuela le corresponde generar esa
confianza para explotar sus recursos naturales.
-¿Cómo
sí parece que ha ocurrido con Trinidad y Tobago?
-Claro.
Hay que avanzar en ese norte. En el caso de Trinidad y Tobago, hay la ventaja
de que cuenta con plantas de gas natural licuado que se están quedando sin
materia prima, existe un buen acuerdo y se está avanzando. Creo que de la misma
manera se debe hacer con Colombia. Algún día el hidrógeno costará 3 dólares el
millón de BTU, pero ahora está en 30 dólares entonces mientras el hidrógeno
avanza seguiremos trabajando con los hidrocarburos porque hay reservas para muy
largo plazo, primero se debe reemplazar el carbón e ir avanzando energía solar
y eólica, que son fuentes complementarias, pero no son la solución.
-¿No
comparte el criterio que la OLADE está centrada en difundir las fuentes
renovables y se olvida de la riqueza de hidrocarburos que hay en América
Latina?
-Lo
comparto totalmente. Si debo decir que yo no creo en lo de la integración
energética que promueve la OLADE porque es difícil aprobar un marco común de
reglas de juego para que circule la electricidad o el gas natural como sí tiene
la Unión Europea con una ley para todos los países. Lo que sí puede ocurrir en
la región como está ocurriendo son relaciones bilaterales que son muy
beneficiosas como el gasoducto entre Bolivia y Brasil, la relación entre
Bolivia y Argentina o la que pudiera tener Colombia con Venezuela. A la OLADE
haciéndole caso a los financiadores europeos y más bien es un caos total porque
nadie se pone de acuerdo porque incluso está Cuba, hay países con gobiernos de
derecha y de izquierda. La OLADE no tiene como integrar esta diversidad de
países y funciona porque los europeos la financian para promover el hidrógeno y
las energías solar y eólica.
EL
PROYECTO MÁS CARO DE AMÉRICA LATINA TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE MILLONARIA CHINA Y
SUPERARÁ AL MEGAPUERTO DE CHANCAY
MSN
de España (https://acortar.link/d4EqHd)
La
construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central promete transformar el
mapa comercial de Sudamérica. Este ambicioso megaproyecto busca unir el puerto
de Chancay, en la costa del Pacífico peruano, con Brasil, estableciendo una
conexión directa entre los océanos Pacífico y Atlántico y reforzando los lazos
comerciales entre Asia y Sudamérica. Con un trazado de 3.755 kilómetros, el
tren bioceánico atravesará Perú, Bolivia y Brasil, lo que facilitará el
transporte de carga internacional y promoverá la integración regional. China, a
través de su empresa Cosco Shipping Ports, lidera una millonaria inversión en
el proyecto.
Este
plan, propuesto por el presidente Xi Jinping en 2013, ganó relevancia en 2023,
cuando los mandatarios de Bolivia y Brasil, Luis Arce y Luiz Inácio Lula da
Silva, respectivamente, suscribieron un acuerdo para reimpulsar las
construcciones del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración. Esta
megaobra, al conectar los océanos Atlántico y Pacífico, promete optimizar los
tiempos y costos logísticos en el comercio internacional de bienes.
El
Corredor Bioceánico es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de
América Latina, conectando el océano Atlántico y el Pacífico.
El
Tren Bioceánico Perú-Brasil: una ruta clave para conectar el Pacífico con el
Atlántico
El
tren bioceánico, también conocido como el Corredor Ferroviario Bioceánico
Central, conectará tres países sudamericanos en un trayecto que comenzará en el
puerto de Santos, en Brasil; ingresará a Bolivia a través de Puerto Suárez, y
cruzará hasta el sur de Perú en el puerto de Ilo. La infraestructura se
extiende a lo largo de 3.755 kilómetros y requiere la construcción de tramos
adicionales, en especial en Perú, para garantizar la conectividad total del
proyecto.
El
Corredor Ferroviario Bioceánico Central se trata de una de las iniciativas de
infraestructura más costosas y ambiciosas jamás emprendidas en América Latina,
con una inversión estimada entre 10 y 15 mil millones de dólares.
El
Corredor Ferroviario Bioceánico Central unirá Brasil, Bolivia y Perú,
facilitando la exportación de productos a Asia sin pasar por el Canal de
Panamá.
La
ruta no solo impulsará la exportación agrícola, sino que también facilitará el
transporte de minerales, soja y otros productos desde Brasil y Bolivia hacia
los mercados asiáticos a través del puerto de Chancay. La red ferroviaria
existente en Brasil reducirá costos logísticos y permitirá a los exportadores
sudamericanos alcanzar el mercado asiático de manera más competitiva,
maximizando las oportunidades comerciales en ambos continentes.
Inversión
de China en el corredor bioceánico
China
ha mostrado un firme interés en el Corredor Ferroviario Bioceánico Central,
consolidando su presencia en Sudamérica mediante un plan de inversión
millonario. Además de financiar el megaproyecto del puerto de Chancay, con una
inversión de 3.500 millones de dólares, Cosco Shipping Ports también impulsa el
desarrollo ferroviario en la región, dada su importancia para optimizar el
comercio intercontinental.
A
diferencia de Perú, cuya prioridad sigue siendo la conectividad hacia Asia,
China reconoce en el corredor bioceánico una ruta estratégica que permitirá una
conexión rápida entre los dos océanos, con un impacto económico significativo
para los países sudamericanos y una reducción en los tiempos de transporte
hacia el continente asiático. La construcción del tren bioceánico también
beneficiará a Bolivia, que ganará un acceso clave al océano Pacífico, mejorando
sus posibilidades de exportación y desarrollo económico.
EL
PAÍS DE SUDAMÉRICA CON LA FUERZA TERRESTRE DE VEHÍCULOS BLINDADOS MÁS DÉBIL, DE
ACUERDO CON RANKING GLOBAL FIREPOWER
Con
452 vehículos blindados, un país de Sudamérica se posiciona como una de las
naciones con menor capacidad de defensa en unidades terrestres blindadas.
Bolivia es el país de Sudamérica que cuenta con la menor fuerza de vehículos
blindados, según el ranking Global Firepower.
La
República de Perú (https://acortar.link/DnXJw4)
Sudamérica,
una región marcada por contrastes geográficos y culturales, también presenta
una amplia diversidad en términos de capacidad militar. Si bien algunas
naciones han invertido significativamente en modernizar sus fuerzas armadas,
otras han priorizado otros sectores. Un reciente ranking de Global Firepower
Index ha revelado cuál país de la región presenta la fuerza terrestre de
vehículos blindados más débil.
La
evaluación de las capacidades militares de Global Firepower involucró múltiples
factores, desde el número de efectivos hasta la sofisticación de su armamento.
En el caso de los vehículos blindados, estos juegan un papel crucial en la
movilidad y protección de las tropas en el campo de batalla. Pero, ¿qué nación
sudamericana se encuentra en desventaja en este aspecto?
Este
es el país de Sudamérica con la fuerza terrestre de vehículos blindados más
débil
Bolivia
es el país de Sudamérica que cuenta con la menor fuerza de vehículos blindados,
según el ranking Global Firepower. Con un inventario limitado de 452 vehículos
blindados, la nación altiplánica se queda atrás frente a otras naciones del
continente, lo que refleja las prioridades de inversión de su presupuesto de
defensa, centrado mayormente en otras áreas. Esta capacidad reducida contrasta
con las fuerzas más avanzadas de vecinos como Brasil, Chile y Argentina, cuyas
flotas de vehículos blindados son significativamente mayores y más modernas.
El
bajo número de vehículos blindados limita la capacidad de Bolivia, que se ubica
en el puesto 134 de 145 naciones evaluadas. Aunque las fuerzas bolivianas se
benefician de su conocimiento del terreno y su especialización en operaciones
de montaña, su limitada capacidad en blindados se convierte en una desventaja
frente a amenazas convencionales.
Prioridades
de defensa y geopolítica regional
Por
un lado, Bolivia cuenta con una industria militar limitada, lo que la obliga a
depender de importaciones para adquirir equipamiento. Además, el accidentado
terreno boliviano plantea desafíos logísticos para el despliegue y
mantenimiento de vehículos blindados.
Sin
embargo, la limitada cantidad de blindados plantea preguntas sobre el papel que
Bolivia puede desempeñar en esfuerzos de seguridad regional, conjuntos o
misiones de paz internacionales, donde la capacidad de movilización terrestre
es clave.
GANANCIAS
DEL ORO ILEGAL ALCANZAN MÁXIMOS HISTÓRICOS EN PERÚ
Insight Crime.Org (https://acortar.link/5hrpCL)
Las
ganancias del oro extraído ilegalmente en Perú están alcanzando máximos
históricos, y están financiando a grupos ilegales, al tiempo que el país debate
extender la vigencia de las medidas de formalización minera.
Las
exportaciones de oro ilegal de Perú estarían por alcanzar un máximo histórico
de US$6.840 millones en el 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de
Economía (IPE). La cifra sería un incremento del 41% en comparación con mayor
que en el 2023. Según el IPE, Perú exporta el 44% de oro ilegal de Suramérica.
Mientras
tanto, el Congreso de Perú debate sobre la posibilidad de ampliar el Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que busca formalizar las
actividades de pequeña minería y minería artesanal, a pesar de que ha
demostrado resultados insuficientes.
Dado
que el Reinfo exime de responsabilidad penal a los mineros en proceso de
formalización, ha ocasionado que algunos trabajadores del sector sigan
extrayendo oro ilegalmente.
Mantener
la minería ilegal bajo control parece representar un problema para las
autoridades peruanas. El puesto de control de Chagualito, en la provincia de La
Libertad, es el encargado de controlar el transporte de oro extraído en el
país, pero investigaciones de medios locales han encontrado que los controles
son débiles.
El
control de la minería ilegal sigue siendo un desafío importante para las
autoridades peruanas que atraviesan una crisis de inestabilidad política y
percepción de impotencia. La presidenta Dina Boluarte enfrenta dificultades
para imponer autoridad en un contexto donde el respaldo popular es mínimo, pues
su gobierno cuenta con una aprobación de solo 5%.
Análisis
de InSight Crime
A
medida que los precios del oro a nivel global se disparan, la minería ilegal se
ha vuelto aún más vital para los grupos criminales en países como Perú,
Colombia, y Bolivia.
El
auge en los precios del oro ha hecho que el control de las minas ilegales sea
una actividad lucrativa para organizaciones criminales, que utilizan estas
ganancias para expandir sus operaciones y sostener otras actividades ilícitas,
como el narcotráfico y la extorsión.
Según
el IPE, en Perú, el 44% del total de oro exportado proviene de la minería
ilegal, mientras que en Colombia esta cifra asciende al 85% y en Bolivia al
50%. Sin embargo, el abogado ambiental y experto en minería ilegal César Ipenza
expresó que “la situación en Perú puede considerarse más grave que en otros
países debido a la escala de producción y exportación de oro extraído
ilegalmente, que supera significativamente a la de Colombia y Bolivia”. Según
informes de exportaciones nacionales, mientras que Perú exportó 77 toneladas de
oro en 2023, Colombia exportó 72 y Bolivia 51.
Ipenza
también indicó que las cifras oficiales podrían estar dejando de lado un
porcentaje importante del oro exportado en Perú debido a la falta de mecanismos
de control en las fronteras del país que impiden registrar la totalidad del
mineral exportado cada año.
Además,
Ipenza resaltó la presencia de actores criminales extranjeros en la minería
ilegal, lo que añade una capa de complejidad a la situación. “Es cierto que hay
actores o sicarios extranjeros operando, dando seguridad en la zona”, dijo,
refiriéndose a las denuncias que indican la presencia de organizaciones como la
megabanda venezolana, el Tren de Aragua y la banda ecuatoriana de Los Lobos, en
la minería ilegal de Perú. Con el aumento del precio del oro, esta actividad
resulta cada vez más rentable para estos grupos que se lucran de las minas
ilegales.
MEGAPUERTO
DE CHANCAY EN PERÚ, LA NUEVA ENTRADA DE CHINA A AMÉRICA LATINA
Washington
Hispanic de EEUU (https://acortar.link/QCZQiR)
Las
imponentes siluetas de las grúas del nuevo megapuerto de Chancay, al norte de
Lima, reflejan la envergadura de la infraestructura financiada por China que
está llamada a reforzar la creciente influencia del gigante asiático en América
Latina.
La
obra será inaugurada por el presidente chino, Xi Jinping, junto a su par
peruana, Dina Boluarte, el 14 de noviembre, al margen de la cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima.
«Está
prácticamente listo», dijo a la prensa Gonzalo Ríos, subdirector general de
Cosco Shipping Ports Perú, filial del gigante mundial del transporte marítimo
China Ocean Shipping Company (COSCO), la empresa estatal detrás del proyecto.
Ubicado
a 80 kilómetros al norte de la capital peruana, el puerto de aguas profundas
(unos 18 metros), cuya construcción comenzó en 2021, contará en principio con
cuatro atracaderos luego de una inversión de 1.300 millones de dólares. El
proyecto final prevé 15 muelles y una inversión total de 3.500 millones de
dólares.
El
puerto se extenderá en una superficie de 141 hectáreas y recibirá buques de
hasta 24.000 contenedores (TEU). El primer año llegarían un millón de
contenedores, estima Cosco Shipping Ports, concesionario por 30 años.
«Creemos
que con el aporte del puerto, esta región del Pacífico y Perú en particular
pueden convertirse en el centro logístico clave de la región sudamericana para
el comercio», resaltó a la AFP Ríos.
–
La «ruta de la seda» llega a Sudamérica –
Con
57.000 habitantes, Chancay será el primer puerto chino en América del Sur.
El
puerto será parte de la iniciativa «Belt and Road», lanzada en 2013 por Xi
Jinping para
obras
de infraestructura y unir continentes como una «nueva ruta de la seda».
Varios
países sudamericanos, como Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y
Venezuela, se beneficiarán con ella.
«América
Latina no era parte de la nueva ruta de la seda cuando se lanzó la iniciativa,
pero al cabo de unos años China la incorpora como parte de su proyecto de
consolidación como potencia mundial, un proyecto económico y comercial con el
cual pretende potenciar su presencia global», señaló a la AFP Óscar Vidarte,
profesor de relaciones internacionales de la Universidad Católica del Perú.
«En
esa dinámica -agregó- el puerto de Chancay juega un papel central porque
permite un comercio más ágil y directo entre China y América del Sur».
En
2019, el grupo chino adquirió el 60% de la empresa peruana encargada del
puerto, elegido por su ubicación estratégica en el centro de Sudamérica y por
la importancia de la producción agroindustrial en Perú.
El
comercio peruano-chino bordeó los 36.000 millones de dólares en 2023, según
Lima. Ambos países tienen desde 2010 un Tratado de Libre Comercio.
–
«El Singapur de América Latina» –
«Nuestro
objetivo es convertirnos en el Singapur de América Latina», afirma entusiasmado
el ministro peruano de Transporte, Raúl Pérez, durante su visita al puerto.
«Tendremos
rutas directas a Asia, en particular a China, lo que reducirá en 10, 15 e
incluso 20 días, dependiendo de la ruta, lo que hoy se hace» en 35 o 40 días,
añadió.
Según
Cosco Shipping Ports, la terminal reducirá el costo del transporte desde y
hacia Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, que ya no tendrán que utilizar
puertos de México y Estados Unidos para su comercio con Asia.
La
instalación portuaria «permitirá a China posicionarse en esta parte del mundo»,
afirma a la AFP el académico Vidarte.
«El
megapuerto es parte de la lucha por la influencia geopolítica en la región.
Chancay le da a China cierta ventaja sobre Estados Unidos», agrega el analista
y profesor en derecho internacional Francisco Belaunde.
La
terminal incluirá tecnologías de inteligencia artificial y estará conectada a
la carretera Panamericana por un túnel de 1,8 kilómetros.
Perú
abastece de materias primas y minerales a su socio asiático, mientras que
importa de ellos bienes de consumo.
Pero
no todos se entusiasman con el voceado auge económico que traerá el nuevo
puerto, en especial la gente de a pie que vive en lo que aún es una tranquila
localidad costera.
«Nunca
se planificó una ciudad puerto en Chancay, la pesca y la agricultura van a
desaparecer (…) con los millones de camiones que van a venir para llenar los
barcos», señaló la comerciante Miriam Arce (54).
El
biólogo Antony Apeño, de la ONG CooperAcción, advierte que la excavación
submarina ha impactado en la flora y fauna porque «con la remoción de fondo, se
ha cambiado toda la estructura de esas zonas marinas. Muchas especies se han
alejado o muerto».
LA
COMPLICADA MISIÓN DE LLEVAR LA REFORMA JUDICIAL A TRIBUNALES INTERNACIONALES
Un
grupo de jueces mexicanos logra una primera una audiencia con la Comisión
Interamericana para exponer sus razones jurídicas contra la enmienda a la
Constitución que ya ha sido validada por la Suprema Corte
El
País de España (https://acortar.link/GJ1ObS)
La
batalla de los jueces para frenar la reforma que altera su carrera profesional
no ha visto su fin. La resolución de la Suprema Corte mexicana, que ha dejado
intacta la enmienda y con ello la elección de jueces, magistrados y ministros
por votación popular, no es la última trinchera. El camino jurídico en México
es largo, aunque con pocas posibilidades de obtener un resultado distinto. La
Corte aún deberá resolver las controversias constitucionales y recursos de
amparo antes de dar carpetazo al asunto. En paralelo, los juzgadores han
iniciado la complicada misión de llevar la enmienda a tribunales
internacionales. Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación (JUFED), ha conseguido, junto con un puñado de representantes de
otros sectores judiciales, una audiencia este martes ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En el
encuentro público, los interesados fundamentarán sus argumentos en dos ejes: la
independencia judicial, los derechos de los ciudadanos y los laborales de los
cientos de jueces y magistrados que han sido destituidos de sus cargos para
someterlos a voto popular.
En
una primera instancia, será la comisión la que se encargará de analizar e
investigar la controversia. Posteriormente y en caso de avanzar, sería la Corte
interamericana la que podría llegar a ordenar al Estado mexicano frenar los
efectos de la reforma. Los juzgadores mantienen la esperanza, entre otras
cosas, porque existe antecedente de casos similares en América Latina que han
tenido éxito. “Otros jueces y magistrados han acudido a la Corte interamericana
a impugnar los actos de su Estado, por ejemplo Perú. Hay una clara expectativa
de que tras el diálogo con la comisión pudiéramos establecer un punto de
acuerdo con el Estado mexicano. Puede pasar un buen tiempo, sí, cinco, siete,
diez años. Pero hay precedentes de reparación integral, algo que se impondría
al Estado mexicano a favor de los jueces y magistrados que estamos siendo
destituidos de esa forma”, explica Fuentes.
Los
juzgadores no han quitado el dedo del renglón para que los recursos jurídicos
que aún faltan en México lleguen a buen puerto, pese a la votación del martes
que les cayó como balde de agua helada. El ministro Alberto Pérez Dayán, con su
voto en contra, sepultó la primera y más fuerte esperanza de matizar la
elección judicial y suspender una buena parte de la reforma. “Tenemos
pendientes las controversias constitucionales, lo que resolvimos el martes
fueron acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos. Sin
embargo, debo ser muy franco y no despertar falsas expectativas”, dijo el
ministro Javier Laynez Potisek en una entrevista transmitida en Milenio. La
última batalla se encamina a que sea en tribunales fuera del país, coincide.
“Quedan, en lo individual o de manera colectiva, acciones que podemos
interponer a nivel internacional. Los jueces y magistrados lo hicieron desde
hace meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
A
la audiencia de este martes, además de la directora de la JUFED, también
asisten Rosa Elena Alonzo, en representación del Colegio de Secretarios y
Actuarios; Víctor Manuel Rodríguez, del Instituto Internacional de
Responsabilidad Social y Derechos Humanos, así como un representante del
Estado, de nombre aún desconocido. Las cartas que los jueces han preparado para
exponer ante la Corte interamericana son dos: “La independencia judicial como
un derecho humano no solo de los juzgadores, sino de la ciudadanía, afectada al
establecer la elección popular para los jueces y magistrados. Por otro lado,
los derechos adquiridos que tenemos de que no se nos destituya”, añade Fuentes.
La
audiencia será el primer paso de un largo camino. Queda un largo proceso para
llegar a la Corte Interamericana. “De prevalecer la violación y si no hay
conciliación o una plática que lleve a minimizar el daño a jueces y
magistrados, entonces se abre la puerta para promover ante la Corte
interamericana las acciones jurídicas, el equivalente a una demanda”, explica
la jueza, una de las voces más activas en defensa de los derechos de los
impartidores de justicia.
Adriana
Greaves, experta en Derecho Internacional y cofundadora de Tojil, organización
sin fines de lucro integrada, en su mayoría, por abogadas contra la impunidad,
reconoce que la audiencia ya es por sí sola importante. “Tienen un pie dentro”,
pero es apenas el inicio de un proceso que dependerá de múltiples factores para
que pueda tener repercusiones en favor de los afectados. “Va a depender mucho
de cómo sea planteada la petición. Lo que sí puedo adelantar es que los efectos
de cumplimiento van a ser muy complicados”, refiere.
A
la esperanza de los jueces se suman los antecedentes, la Corte Interamericana
ya se ha pronunciado respecto a esta reforma judicial y no en los mejores
términos. En septiembre manifestó su “grave preocupación” por la aprobación de
la enmienda, sus argumentos se han encaminado a los posibles impactos negativos
en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia
judicial y en la vigencia del Estado de derecho. “Ya tienen una audiencia
pública, es un gran camino y lo hicieron de manera muy expedita, se ve que sí
hay interés de la comisión por escuchar en dónde puede estar la violación a los
derechos humanos. Tienen un pie dentro”, concluye Greaves.
