UN TESORO ENTERRADO BAJO SUELO LATINOAMERICANO: EL METEORITO QUE PODRÍA TRANSFORMAR LA MINERÍA EN SUDAMÉRICA

Científicos detectaron un gigantesco meteorito con potencial para revolucionar la minería regional. Diamantes, litio y agua dulce se combinan en una zona tan prometedora como polémica, y los ojos del continente ya están puestos allí. El impacto de meteorito podría haberse extendido hasta Bolivia e incluso territorio argentino. 

La riqueza mineral del subsuelo sudamericano vuelve a sorprender. Esta vez, el hallazgo de un antiguo meteorito en el Chaco paraguayo reavivó el interés por la región como polo clave en la minería del futuro. Lo curioso es que el descubrimiento no solo apunta a diamantes: también pone en juego el litio, el agua dulce y una disputa inevitable entre desarrollo y conservación.
Un meteorito, diamantes y señales de riqueza
Sudamérica ha sido desde siempre tierra fértil para la minería. Argentina, por ejemplo, ha experimentado un auge notable en la extracción de litio, oro y cobre. Pero un reciente hallazgo en Paraguay, muy cerca de la frontera argentina, podría alterar el mapa geológico de la región: bajo el Parque Nacional Defensores del Chaco se esconde un cráter provocado por el impacto de un meteorito hace unos 300 millones de años.
Según estudios preliminares, esta colisión transformó la zona en una mina de diamantes de entre 40 y 50 kilómetros de diámetro. Aunque aún no se ha delimitado con precisión el área afectada, se especula que parte del impacto podría haberse extendido hasta Bolivia e incluso territorio argentino.
Agua, litio y diamantes: la combinación inesperada
El descubrimiento se dio gracias a investigaciones hidrogeológicas orientadas a encontrar fuentes de agua dulce, un recurso cada vez más valorado en el mundo. Durante esos estudios, no solo se detectó la riqueza diamantífera, sino también una presencia considerable de litio en las capas más profundas.
Esta combinación abre un nuevo panorama económico para Paraguay y sus vecinos, pero no está exenta de desafíos. Transformar el agua salada del subsuelo en potable, aprovechar el litio y explotar los diamantes podrían convertirse en motores de crecimiento… si se logran sortear las barreras ambientales y políticas que rodean al hallazgo.
El dilema ambiental en juego
El yacimiento se encuentra dentro de un parque nacional que podría ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que limitaría la explotación minera. Además, el meteorito ancestral actúa como regulador natural del caudal del río Timane, una arteria hídrica vital que nace en Bolivia y atraviesa la región chaqueña.
Expertos en minería señalan la contradicción entre las restricciones a la explotación de este recurso y la permisividad frente a actividades como la tala indiscriminada. El debate está abierto: ¿debe primar la conservación ecológica o el potencial económico?
Una oportunidad que desafía al continente
El Chaco guarda bajo su suelo más que simples minerales: encierra un dilema que enfrentan cada vez más países latinoamericanos. La posibilidad de acceder a recursos estratégicos como el litio o los diamantes choca con la urgencia de proteger el medioambiente.
Lo que suceda en esta región no solo marcará el futuro energético y económico de Paraguay, Argentina y Bolivia, sino que podría sentar precedentes para toda América Latina. El continente está en la mira… y lo que hay bajo tierra podría ser solo el principio.
Gizmodo de España (https://n9.cl/hr1hs)
 
 
 
 
 

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA MINERÍA PONEN EN PELIGRO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA
 
Líderes indígenas e investigadores están preocupados por el avance de la minería, ya que el gobierno nacional apuesta por la extracción para impulsar la economía y el suministro de combustible
 
Dialogue Earth (https://n9.cl/hdat1g)
 
En noviembre de 2024, el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto calificó la situación económica de Bolivia como una “tragedia”. En un análisis basado en cifras y hechos concretos, como la escasez de dólares y combustibles, Spinetto describió el futuro del país en tres palabras: “devaluación, impago y caos”.
El artículo de opinión de Spinetto causó revuelo en los medios bolivianos, pero, en los cinco meses transcurridos desde entonces, sus predicciones se han cumplido en gran medida. Aunque no ha habido una devaluación oficial de la moneda, debido al tipo de cambio fijo de 1 dólar estadounidense por 6,96 bolivianos (BOB), los bancos han impuesto elevadas comisiones y los tipos de cambio en el mercado autorizado de criptomonedas de Bolivia han alcanzado los 12 BOB por dólar.
El origen de la crisis está en la “decadencia del sector del gas natural”, dijo el economista Gonzalo Chávez en septiembre pasado. Hasta 2014, el Estado percibía U$ 5.489 millones al año por la exportación del hidrocarburo. A partir de entonces, la producción empezó a bajar, llegando a US$ 1635 millones en 2024, por diversos factores. Los más citados: menor demanda de los principales mercados, Brasil y Argentina, y el declive en las reservas.
A ello se sumó la decisión de mantener un tipo cambiario fijo, de 6,9 BOB por dólar, y el aumento significativo de la deuda pública debido a los subsidios tanto a combustibles como a alimentos.
En Bolivia, el diésel y la gasolina se compran a precio internacional (US$ 1,2 el litro, aproximadamente) y se venden internamente en 3,74 y 3,72 BOB (US$ 0,54), el litro, respectivamente. Esta situación se mantiene desde 2004, y el gobierno ha absorbido el aumento de los costos del petróleo desde entonces.
Como consecuencia de todo esto, desde 2023 el país atraviesa una escasez de dólares que se ha profundizado al extremo de no poder proveer combustible porque no puede pagar a las empresas que lo venden.
La respuesta del presidente Luis Arce en cuatro años de gestión, que terminan este 2025, ha sido apostar por la construcción de plantas de producción de biodiésel, en un esfuerzo por reducir la necesidad de subsidios a los carburantes.
Arce también relanzó el proyecto de explotación de litio para aprovechar el auge de la demanda de este metal para la transición energética mundial y anunció la exploración de nuevos pozos petroleros, incluso en Parques Nacionales, para revertir la baja producción de hidrocarburos, entre otras medidas.
Hasta ahora, los resultados no han sido los esperados, debido a que la única planta de biodiésel está lejos de sustituir las importaciones de combustible. El proyecto del litio tampoco arranca, debido a observaciones a la rentabilidad y el impacto ambiental; mientras que la exploración petrolera es rechazada por la vulnerabilidad de los ecosistemas.
En respuesta, el gobierno asegura que estos proyectos contribuirán a mejorar sus ingresos, pero los pueblos indígenas del país afirman que son ellos quienes siempre terminan pagando el precio.
Recursos naturales en la mira
Para Ruth Alipaz, indígena del pueblo Uchupiamona en la Amazonía boliviana, la respuesta de Arce es la que siempre eligen los gobiernos frente a crisis como la detallada.
“Acuden a la extracción de recursos naturales”, dice a Dialogue Earth la lideresa, reconocida por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal del oro, la contaminación con mercurio de los ríos y la construcción de hidroeléctricas que amenazan con inundar zonas. Ella recuerda que antes de la creación áreas protegidas, se acudió al petróleo y la minería del estaño en tierras altas (Altiplano), a la goma y la extracción de madera en los años 90, al gas natural en los 2000, y ahora a la minería del oro y la introducción de palma africana en la Amazonía.
“Es un patrón que se repite y los pueblos indígenas pagamos el alto costo: pérdida de nuestros territorios y nuestros medios de vida”, dice Alipaz.
En Bolivia, la minería ha sido una de las principales fuentes de ingreso desde la época colonial. Sin embargo, las regalías que deja —3%, según la Ley de Minería—, no se ven reflejadas en la economía. Una de las razones es que gran parte de la producción de minerales (55%) está en manos de asociaciones de mineros conocidas como cooperativas. Ninguna paga impuestos sobre utilidades, al considerarlas “entidades autónomas sin fines de lucro”, explica una investigación de la Fundación Jubileo.
“Lo que sí deja son daños ambientales, contaminación, deforestación y afectación a derechos”, apunta Alfredo Zaconeta, investigador sobre el tema en el Centro de Estudios Laborales y de Desarrollo Agrario (Cedla).
Riqueza económica versus riqueza natural
En su análisis, Zaconeta advierte que la minería “no es algo de lo que podamos prescindir”. Pero sí una actividad que requiere una discusión que involucre no solo a los mineros, como sucede actualmente, sino también a la academia, la sociedad civil “y a los afectados en zonas donde la minería es algo más atentatorio que beneficioso”.
Los proyectos extractivos han sido durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de la sociedad civil y los grupos indígenas por la falta de participación genuina en los proyectos, la falta de acceso a la información o el acceso a información sesgada. Esto ha generado un sentimiento de desconfianza y rechazo entre las comunidades indígenas y campesinas, tanto dentro como fuera de las zonas ricas en minerales, como los salares de Uyuni y Pastos Grandes en Potosí, y Coipasa en Oruro.
Estos extensos mares de sal han sido señalados por el gobierno boliviano para emplazar plantas industriales de EDL (Extracción Directa de Litio), con el fin de explotar el recurso y venderlo con valor agregado. Esto debido a que juntos suman una de las mayores reservas de litio en el mundo (23 millones de toneladas cuantificadas).
“A nosotros lo que nos preocupa es la afectación del agua y que nos dejen una planta que va a requerir productos químicos”, dice Leonel Ramos, originario de la comunidad indígena quechua Mallku Villamar, en el sudoeste de Potosí, en el sur de Bolivia. Este sitio es la entrada al Salar de Pastos Grandes, el cual a su vez es parte del sitio Ramsar de Los Lípez, un humedal de importancia internacional. En el lugar ya se hizo exploración y estudios sobre recursos hídricos, “pero a nosotros hasta ahora no nos entregan los resultados”, lamenta Ramos.
En Bolivia se han establecido varios marcos jurídicos importantes para la protección del medio ambiente, los pueblos indígenas y su derecho a la información y la consulta. Entre ellos figuran la Ley de Medio Ambiente y la Ley para la Protección de las Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. La primera establece los derechos ambientales y la participación de las comunidades tradicionales en las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el uso de los recursos naturales en sus tierras; mientras que la segunda se centra en la protección y las salvaguardias para los grupos expuestos a amenazas a su territorio y a su modo de vida, incluido el uso de los recursos. Bolivia también ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el tratado latinoamericano sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
En noviembre pasado, la compañía rusa Uranium One Group firmó un contrato para construir una planta industrial de carbonato de litio, componente clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, en Pastos Grandes. Se firmó otro acuerdo con Hong Kong CBC, un consorcio chino formado por el gigante de las baterías CATL y su filial Brunp, además de la empresa minera CMOC, que construirá otras dos plantas en el Salar de Uyuni. Por el momento, estos contratos están paralizados en el Congreso boliviano, a la espera de la documentación “completa y legalizada”, refiere una nota de prensa local.
Sara Crespo, directora de la ONG Probioma, especializada en monitoreo socioambiental, observa que la minería en general no es sinónimo de crecimiento económico. “¿Cuál es el departamento con mayor producción de minería y considerado uno de los más pobres del país?”, se pregunta, en alusión a la dicotomía que enfrenta Potosí desde antes de la colonia.
‘Nos dividen’
En este panorama, tanto líderes indígenas como investigadores con los que Dialogue Earth conversó, coinciden en que la actual crisis económica que atraviesa Bolivia genera división e incluso violencia entre los propios habitantes de las comunidades indígenas y campesinas.
“El tema económico ha hecho más agresiva la presión sobre los territorios en minería, hidrocarburos y el avance de frontera agrícola/ganadera”, sentencia Crespo.
La lideresa Uchupiamona Ruth Alipaz lo confirma y asegura que la situación ya ha sido debatida durante el IV Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
“Ahora somos vistos como los que queremos parar el desarrollo y nos hacen pelear, porque unos dicen: ‘que nos den [regalías]‘. Pero en realidad [el gobierno y las empresas] solo nos prenden la mecha por algo que nunca va a llegar”, sentencia Alipaz.
El otro gran problema que enfrentan no solo pueblos indígenas sino también comunidades campesinas es la falta de acceso a la información.
A partir de la promulgación de la nueva Ley Minera (2014), se empezó a restringir el acceso a datos. Hasta 2018 —explica Crespo, de Probioma— se podía comprar la información completa sobre la situación minera del país, con mapas actualizados. Todo ello era interpretado por expertos y explicado a las comunidades indígenas y campesinas, en lenguaje no técnico, para que tomaran una decisión fundamentada a la hora de aceptar o rechazar el ingreso de nuevas mineras en sus territorios.
“En 2023, la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) emitió una resolución en la que, entre otros elementos, ya no se entrega absolutamente nada”, dice Crespo. En una resolución administrativa a la que Dialogue Earth tuvo acceso, se detallan las razones técnicas, pero no se especifican las causas. “No hay explicación. Hay informes técnico-legales, pero no hay argumentación sobre el porqué”.
Las luchas de los defensores ambientales
A estos retos en el acceso a la información se suma, según algunos observadores y residentes, una situación de persecución a líderes indígenas y campesinos.
Es lo que ha ocurrido en Tres Marías, una comunidad campesina situada en el municipio de Yanacachi, en La Paz, donde los productores de flores han sido desplazados por mineros.
“[Los mineros] construyeron una comunidad dentro de nuestra comunidad, con el fin de tener territorio para explotar”, denuncia Mary Catacora, una residente local.
Desde 2021 a la fecha, la Contiocap registró 272 formas de ataques a defensores, desde procesos judiciales por difamación hasta intimidación.
Entre los afectados se encontraba el padre de Catacora, quien lideró las protestas comunitarias contra las cooperativas mineras el pasado noviembre, impidiéndoles entrar en las zonas mineras y acceder a las carreteras del territorio que, afirman, fueron construidas ilegalmente. Fue uno de los varios miembros de la comunidad que, según informaron, fueron agredidos física y verbalmente por los mineros. Este año, la fiscalía local dictó órdenes de detención contra estos miembros de la comunidad después de que la cooperativa minera emprendiera acciones legales contra ellos por sus protestas, algo que Contiocap califica de “arbitrario” y “sin el debido proceso”.
Mary, como el resto de representantes de lugares afectados por la minería, coincide en que su lucha seguirá vigente porque ya no solo se habla de tierra, sino de medios de vida. Mientras reflexiona sobre este sentimiento de explotación, los precios de los alimentos siguen disparándose en toda Bolivia, al tiempo que aumenta el absentismo escolar debido a la escasez de combustible.
“Nosotros estamos preocupados por el día a día: qué vamos a comer, qué le vamos a dar a nuestros hijos, dónde vamos a conseguir agua. Por último, ¿dónde vamos a conseguir algo de gasolina para realizar alguna actividad?”, se pregunta Alipaz.
 
           
 
 
 
¿DISTANCIÁNDONOS (MÁS) DE ESTADOS UNIDOS?
 
Expreso de Perú (https://n9.cl/xzmi1)
 
China propone construir un tren bioceánico para conectar Brasil y el megapuerto Chancay en Perú, atravesando Bolivia. La inversión estimada supera los US$3,500 millones. El objetivo, sin duda, es mejorar la conectividad comercial entre Sudamérica y China, evitando el canal de Panamá o el estrecho de Magallanes.
El recorrido ferroviario sería de aproximadamente 3,755 kilómetros, partiendo del puerto Santos, Brasil, pasando por Bolivia y acabando en el megapuerto Chancay, en las afueras de Lima. Esta es una iniciativa estratégica para fomentar el comercio peruano-brasileño con China. Aparentemente, ya habría sido debatida en reuniones bilaterales y diplomáticas entre estos tres países. Sin embargo, para los peruanos es una noticia sorpresiva, aparecida en medios foráneos, como Infobae, de donde provienen sendos detalles de este comentario.
El trayecto ferroviario atravesaría áreas sensibles como la Amazonía y reservas naturales que están protegidas, cuya biodiversidad y ecosistemas requieren soluciones sostenibles que minimicen un probable daño ecológico. Por cierto, China propone financiar su iniciativa, compartiéndola entre los tres países. Aunque, repetimos, el principal beneficiado por este negocio será fundamentalmente China. Incluso, el mismo enfrenta desafíos naturales que perjudicarán nuestra zona selvática, desde el ingreso de la línea férrea —posiblemente por Puno— hasta la costa, pasando por los Andes para, finalmente, arribar a Chancay.
Evidentemente, esta aspiración nos colocaría en una envidiable posición como nación líder en comunicaciones marítimas latinoamericanas. Ni qué decir si, además de aquello, el Perú consigue más adelante consolidar el proyecto del puerto Corio en Arequipa.
El ambicioso proyecto de China para construir un tren bioceánico que conecta Brasil con el megapuerto de Chancay, en Perú, requiere una inversión superior a US$3,500 millones. El proyecto, repetimos, tendría como fin mejorar la conectividad comercial entre Sudamérica y China, reduciendo la dependencia de rutas marítimas vía Canal de Panamá o Estrecho de Magallanes.
Se supone que esta iniciativa conecta el puerto Santos en Brasil con el megapuerto Chancay en Perú, atravesando Bolivia. La propuesta, aparentemente, ha sido debatida en reuniones diplomáticas trilaterales entre Perú, Brasil y China. ¿Sabemos qué opina Bolivia?
La existencia de áreas sensibles como la Amazonía y reservas naturales exige soluciones sostenibles, para minimizar el daño ecológico en áreas protegidas como el Parque Nacional Sierra del Divisor en Perú, asunto que genera preocupación sobre la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas; sin desmedro de problemas sociopolíticos que pudiesen entorpecer la construcción de esta carretera, como sería su paso por Bolivia, país que ahora atraviesa por una seria convulsión interna.
Por estas cuestiones, llama la atención que nuestro gobierno haya mantenido en absoluta reserva semejante iniciativa china. Porque coloca al Perú en una muy compleja coyuntura ante nuestro tradicional aliado, Estados Unidos, que, como es manifiesto, se encuentra en clara discordia con China; desconociéndose las implicancias bilaterales de lo que sería una mayor consolidación comercial, política, económica y social peruano-China comunista. El haberse mantenido en secreto esta información grafica la dimensión del rabo de paja del régimen Boluarte, su absoluta irresponsabilidad y una enorme sobredosis de imprudencia. ¿Qué opina el canciller Schialer?
 
 
 
 
 
“Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia”
 
BOLIVIA: ANULAN EL PROCESO JUDICIAL QUE CERCABA A EVO MORALES
 
La Justicia boliviana anuló la orden de captura contra Evo Morales en una causa por presunto abuso y trata de personas. La investigación, que será reiniciada en Villa Tunari, había sido reactivada tras años de archivo. El expresidente celebró el fallo y anunció que volverá a la arena política con una candidatura presidencial, aunque aún no definió con qué partido lo hará.
 
Página 12 de Argentina (https://n9.cl/d8um2)
 
Una jueza penal de Bolivia dejó sin efecto la orden de captura y la investigación penal contra el expresidente y líder aymará, Evo Morales. La decisión anula el proceso judicial iniciado en 2024 por presunto abuso y llega en un momento clave para una posible postulación presidencial de Morales.
Después de casi siete meses, la jueza penal Lilian Moreno anuló el mandato de arresto, así como “todos los actos procesales e investigativos” contra Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. A partir de ahora, la investigación será retomada en un juzgado de la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.
Aunque el fallo es de primera instancia y puede ser apelado, representa un alivio para Morales. “Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia”, reaccionó el exmandatario en la red social X. Afirmó además que “la lucha inclaudicable, junto al pueblo, por la verdad y por nuestros derechos, siempre da buenos frutos”.
En el mensaje, criticó a las máximas autoridades judiciales por “prevaricar, no respetar la independencia de los jueces y anticipar sanciones y condenas por la prensa”. Agradeció a Dios, a la Pachamama, a sus padres fallecidos y a sus seguidores. “Gracias a mi pueblo que nunca me traicionó y se mantuvo firme en las vigilias, a la cabeza del Trópico de Cochabamba”, añadió.
En octubre de 2024, la fiscalía había ordenado la detención del líder indígena, de 65 años. Desde entonces, Morales se refugió en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores organizaron un sistema de vigilancia para impedir su aprehensión.
Una causa reciclada
Así, la jueza departamental dió por anulada la orden de captura emitida por la fiscalía de Tarija, según confirmó el abogado de Morales, Nelson Cox, a la agencia EFE. El magistrado aclaró que la medida viene en respuesta a un trámite de queja para que el caso pasará ante un "juez natural" en Villa Tunari, para "comenzar desde cero tras un proceso lleno de irregularidades".
Agregó que, una vez que el caso se radique formalmente en Villa Tunari, la defensa argumentará la “absoluta inocencia” de Morales, señalando que el proceso se cerró en 2020 y fue reabierto años después bajo una nueva figura penal, sin una denuncia formal de la presunta víctima.
Según la fiscalía, Morales habría mantenido en 2015 una relación con una adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija un año más tarde. Fue investigado en 2019 por estupro (relación sexual con menores entre 14 y 18 años), pero el caso se archivó en 2020. En 2024, se inició una nueva investigación en Tarija, esta vez por trata de personas.
La acusación señala que Morales habría otorgado beneficios a los padres de la menor, quien formaba parte de la "guardia juvenil" del partido oficialista, a cambio de su compañía. La jueza Moreno validó el argumento de la defensa de que no se podía reabrir un caso cerrado con una nueva tipificación penal.
En octubre pasado, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, emitió una orden de captura contra Morales, la cual fue respaldada por un juzgado local, al considerar que existía una relación con una menor mientras era presidente. En enero, Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija tras no presentarse a dos audiencias, justificando su ausencia por razones de salud.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cuestionó la decisión de Moreno, afirmando que “no comparte la posición de jueces que permiten que ciudadanos procesados por hechos de pedofilia se burlen de la justicia” en una publicación en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, advirtió que el fallo será “revisado” y que se iniciará una investigación. “Si esta decisión ha sido contraria a la ley, este funcionario judicial será sancionado conforme a la normativa”, declaró a la prensa.
Sin embargo, la defensa de Morales celebró el fallo. “El señor ex presidente puede salir y circular libremente por todo el territorio nacional (...), puesto que se acaban de restituir sus derechos constitucionales”, señaló en conferencia de prensa Jorge Pérez, abogado del exmandatario.
Morales acusa al actual gobierno de su ex ministro de Economía, Luis Arce, de impulsar una persecución judicial para inhabilitarlo políticamente de cara a las elecciones de agosto.
Volver a la contienda
Antes de conocerse este fallo, Morales había declarado a la agencia AFP que rompería su confinamiento para viajar a La Paz a mediados de mayo, con el fin de inscribir su candidatura presidencial para los comicios de este año.
"Va a ser una gran caravana (...). El 16 de mayo nos inscribimos, después campaña, campaña", dijo el líder aymará. Aseguró además que no teme una inhabilitación: “Estoy legal y constitucionalmente habilitado”.
A fines de febrero, Morales había sugerido una posible postulación bajo el Frente para la Victoria (FPV), no como una alianza, sino como un acuerdo. Sin embargo, tanto él como sus seguidores aún no han revelado con qué partido se presentará la candidatura, luego de haber sido desplazado de la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS), organización que fundó y lideró durante casi 30 años. "Nos robaron la sigla", denunció este jueves en X.
El MAS proclamó esta semana la candidatura del presidente Arce, quien aún debe confirmar si se postulará para su reelección. Aunque los sondeos anticipan un panorama adverso, Arce agradeció la proclamación durante un acto masivo en La Paz. “¡Nunca traicionaremos al pueblo boliviano (...) vamos una vez más a derrotarlos en las urnas!”, exclamó el mandatario.
 
 
 
 

EVO MORALES CONFIRMA SU NUEVA SIGLA PARA LAS ELECCIONES DE BOLIVIA Y ANUNCIA UNA MARCHA A LA PAZ PARA INSCRIBIR SU CANDIDATURA
 
El expresidente boliviano asegura tener un partido definido para las elecciones del 17 de agosto y celebró la anulación de la orden de aprehensión en su contra.
 
Revista América Economía de EEUU (https://n9.cl/q5tvy4)
 
Evo Morales anunció que participará en las elecciones generales del 17 de agosto con una nueva sigla política y encabezará una marcha el 16 de mayo hacia La Paz para inscribir su candidatura. El exmandatario también celebró la decisión de la justicia boliviana de anular una orden de aprehensión en su contra.
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, confirmó este jueves que ya tiene definida una nueva sigla política con la que competirá en las próximas elecciones generales del 17 de agosto. En una entrevista con la radio Kawsachun Coca, el líder cocalero informó que el 16 de mayo encabezará una marcha hacia la ciudad de La Paz, donde planea presentar oficialmente su candidatura presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral.
“Ya tenemos partido definido para ir a las elecciones. Por seguridad, no vamos a revelar la sigla”, declaró Morales
Esta decisión se produce luego de que quedara inhabilitado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), la agrupación con la que lideró el país durante 14 años. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había fallado en su contra, negándole la posibilidad de ser reelecto tras tres mandatos consecutivos.
Sin el MAS y con el reloj en contra
Tras el fallo del TCP que le cerró las puertas del MAS, Morales buscó una nueva plataforma política desde la cual relanzar su carrera electoral. A pesar de los obstáculos legales, el exmandatario sostiene que está plenamente habilitado para postularse nuevamente.
La ley electoral establece que la fecha límite para inscribir candidaturas es el 18 de mayo, por lo que Morales deberá formalizar su postulación antes de ese día.
“Estoy contento porque se demuestra que las acusaciones eran políticas”, manifestó
La justicia anula orden de aprehensión en su contra
Morales también se mostró optimista por otro motivo: la justicia boliviana anuló el miércoles 30 de abril la orden de aprehensión que pesaba en su contra por un supuesto caso de trata de menores, vinculado a una presunta relación sentimental con una menor de edad en 2016, cuando aún era presidente.
Esta anulación allana aún más el camino para su reaparición en el escenario electoral.
Un regreso cargado de simbolismo y polémica
La marcha convocada por Morales para el 16 de mayo no será solo un acto de trámite electoral. Se perfila como una demostración de fuerza política, en medio de una creciente división en la izquierda boliviana y en el MAS, partido que hoy se encuentra enfrentado entre las facciones leales a Morales y al actual presidente, Luis Arce.
Morales, que ya desafió límites constitucionales en anteriores elecciones, vuelve a escena en un contexto complejo y polarizado. Su candidatura promete agitar el tablero político boliviano en una contienda que aún está tomando forma.
 
 
 
 
 
TOS FERINA, FIEBRE AMARILLA, SARAMPIÓN...: ¿POR QUÉ ESTÁN RESURGIENDO ENFERMEDADES QUE SE CREÍAN CONTROLADAS?
 
De Canadá a Argentina, los últimos años han estado marcados por brotes de enfermedades prevenibles a causa de las bajas tasas de inmunización.
 
El País de España (https://n9.cl/03sm8)
 
Nadie se ha vuelto a contagiar de viruela en América Latina desde 1971. La región fue la tercera, después de Estados Unidos y Europa, y la primera del sur global en eliminar la enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró globalmente erradicada una década después. América también fue el primer continente que eliminó la polio en 1994: antes de eso, unos 6.000 niños quedaban paralizados cada año por culpa de la enfermedad.
Treinta años después, una región conocida por sus campañas titánicas de vacunación está asediada por noticias de la reemergencia de enfermedades. Enfermedades que pueden ser controladas a través de la inmunización. En cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este 2025 se han registrado 2.318 casos de sarampión, el 98% en Estados Unidos, Canadá y México, once veces más que el año pasado. La misma entidad alerta también de 189 casos de fiebre amarilla, de los cuales 74 resultaron fatales, en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. En México, las autoridades anunciaron 809 casos de tos ferina en lo que va de año, con 48 muertes, y en Colombia, 242, la mayoría en niños menores de 5 años.
“Son situaciones diferentes”, explica el infectólogo Carlos Eduardo Pérez, de la Universidad Nacional de Colombia. En el caso de la fiebre amarilla, “hubo una baja en las tasas de vacunación y se disminuyó el monitoreo, con la aparición de un solo caso se deben activar todos los canales de contención”. “Con la tos ferina, es pérdida de vacunación en poblaciones adultas y migrantes”, agrega. Y, respecto al sarampión, el médico recuerda que es un mal que afecta sobre todo a México y Estados Unidos “relacionado con una información errónea” sobre la vacuna contra la enfermedad: en 1998, se publicó un estudio que sostenía la hipótesis de que la vacuna contra el sarampión provocaba autismo, algo que ya ha sido desmentido de forma rotunda, pero que caló profundamente en algunos lugares hasta hoy en día. En retrospectiva, es un ejemplo de que la desinformación alrededor de la salud también existía sin redes sociales.
Pero, aunque la fiebre amarilla, la tos ferina y el sarampión tengan contextos epidemiológicos diferentes, tienen una cosa en común: las tasas de una vacunación que ayudarían a contenerlas no son suficientes. De nuevo, en cifras de la OPS, solo un 16% de los países del continente americano llegan a la cobertura recomendable para evitar brotes de sarampión (un 95% de la población vacunada con dos dosis). La media regional es de un 87% de cobertura para la primera inyección y un 76% para la segunda.
“Durante las últimas cinco décadas, las vacunas han salvado 154 millones de vidas en el mundo y reducido la mortalidad infantil en un 41% en las Américas”, recordaba en una rueda de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa. “Nuestro progreso contra las enfermedades prevenibles por vacunación requiere un compromiso firme y sostenido”.
Este compromiso tiene dos lados: que las vacunas estén disponibles y que las personas quieran vacunarse. “Hay un problema de suministro y de acceso a las vacunas”, recuerda Pérez. “La inversión en vacunación es necesaria”, igual que “los esfuerzos multinacionales para adquirir vacunas a precios asequibles”. Por ejemplo, la OPS cuenta con su Fondo Rotatorio, que ayuda a comprar estos fármacos de manera más ventajosa que si lo negociara cada país por su lado. “Sin el Fondo, los países pagarían al menos un 75% más por las 13 vacunas más comunes de la región”, recuerda Barbosa.
El reto: recuperar la confianza en las vacunas
Pero la otra cara de la moneda es la confianza en la inmunización. Y es un campo donde se libra una batalla desde la covid-19. “Fue muy claro durante la pandemia cómo de importantes son las vacunas para responder a una emergencia de salud pública”, recuerda el director de la OPS. Y, a pesar de eso, “los rumores que circularon” sobre los efectos nocivos de los fármacos “fueron nefastos”. Pérez asegura que “los discursos que vinculan la vacunación con un daño afectan mucho la confianza”. “Con el covid-19 pasó, y se relacionaba más con la ideología que con la evidencia científica”.
La mayoría de estos discursos vinieron -y siguen viniendo- desde la extrema derecha, desde la “gripezinha” de la que habló el brasileño Jair Bolsonaro, hasta la hidroxicloroquina que aseguró tomar Donald Trump para tratarse de la infección, sin que estuviera demostrada su efectividad, haciéndose eco de la desinformación que se extendió en redes sociales y discursos públicos. Alfredo Morabia, profesor de Epidemiología en las Universidades de Columbia y de la Ciudad de Nueva York y editor en jefe del American Journal of Public Health (AJPH), tiene una explicación contundente: “Atacan a la salud pública porque la salud pública es su enemiga”.
“La salud pública no puede funcionar si no alcanza a todos”, subraya Morabia, “tiene que ser universal”. Y eso “no es compatible con los discursos (...) que quieren dividir la población”, apuntala el experto en un momento en el que el congelamiento de los fondos de la agencia de ayuda exterior estadounidense, USAID, ha puesto en jaque los avances en la lucha de algunas enfermedades en África. “A los estadounidenses los vacunamos, pero a los no estadounidenses no, no funciona. La epidemia va a continuar”. Para el epidemiólgo, “esa es la raíz de todo”.
Sin embargo, Morabia tiene una dosis de optimismo. “Yo veo datos que indican que la población, en su gran mayoría, quiere ser protegida por la salud pública”, afirma. En cambio, las personas antivacunas “son una minoría (...) que es muy vociferante”, pero una minoría al fin y al cabo. El experto recuerda, por ejemplo, que la cobertura de vacunación contra la covid-19 en mayores de 65 años, el principal grupo de riesgo, en Estados Unidos llegó al 95%. “Es un éxito que sobrepasa todas las expectativas. La gente votó con sus brazos, no tenemos que especular”, remacha.
Esta minoría “vociferante”, sin embargo, es clave. El sarampión, por ejemplo, es una enfermedad mucho más contagiosa que la covid-19, y las tasas de vacunación altas son imprescindibles para evitar brotes. Un estudio de la Universidad de Stanford, el Baylor College of Medicine, la Rice University y la Texas A&M University, publicado el 24 de abril en el Journal of the American Medical Association (JAMA), dibujó distintos modelos para predecir qué podría pasar en Estados Unidos en distintos niveles de cobertura vacunal. “Si las tasas de vacunación siguen siendo las mismas (durante 25 años), el modelo predice que el sarampión puede convertirse endémico en unos 20 años”, concluyó.
Para contrarrestar los discursos antivacunas, Barbosa, de la OPS, pidió a los Gobiernos “estrategias de comunicación que traduzcan los datos científicos” al público general. “Cada vez más gente necesita más información, y necesita información transparente”, agregó. “No tenemos que discutir con la desinformación de los antivacunas, no vale la pena”, comenta Morabia, “pero tenemos que tener un discurso positivo explicando que las vacunas son útiles, han cambiado el mundo y hoy en día son esenciales para salvar nuestros hijos”.
El epidemiólogo reconoce que estamos en un periodo de “cansancio post epidémico” en el que la gente no quiere escuchar a hablar de inmunización y máscaras. “Es normal, es una transición hacia un nuevo periodo”. Un nuevo periodo en el que la región no olvide las décadas de enfermedad y mortalidad por enfermedades que, actualmente, se pueden prevenir. “¿Sabes que en 1900 hubieras perdido la mitad de tus hermanos y hermanas en sus primeros años de vida? Hoy en día, casi todos los niños con los cuales crecemos viven, y es en gran parte por las vacunas”, concluye Morabia.
 
 
 
 
 
LA CASTA SALTEÑA: QUIÉN ES LA DIPUTADA QUE HACE CAMPAÑA EN BOLIVIA OFRECIENDO SALUD GRATIS
 
Agencia NOVA de Argentina (https://n9.cl/e3v1d)
 
Del riñón del polémico exintendente de San Ramón de la Nueva Orán, Carolina Ceaglio vive de la de todos hace décadas. De campaña, ahora, recorre el vecino país publicitando un tomógrafo recién instalado en el hospital San Vicente de Paul.
No hay vergüenza. La casta política de la provincia de Salta es capaz de entregar lo que sea por un puñado de votos. No les interesan los salteños, las obras ni las inversiones. Lo único que buscan es atornillarse al poder todo el tiempo que sea posible, ya que vivir de la actividad privada es un campo desconocido para ellos.
Esta vez le toca al norte provincial. Orán es la segunda ciudad en volumen e importancia de Salta. Allí se emplaza el San Vicente de Paul, un hospital de grado 4 que fuera inaugurado hace ya cuarenta años. Las gestiones hicieron todo lo posible por hundirlo, pero el gigantesco nosocomio aun se da maña para seguir existiendo.
En este contexto fue grande la emoción cuando se anunció la llegada de un moderno equipo de diagnóstico por imágenes. Hasta ese momento, dichos estudios se hacían en el ámbito privado o en Salta capital.
En paralelo, uno de los grandes hits del gobernador Gustavo Sáenz fue el arancelamiento de la atención médica a extranjeros. Da igual que quienes soliciten dicho servicio sea proveniente de Potosí, Madrid o New York, para recibir atención y tratamiento médico se debe pagar por el mismo, como sucede en cualquier país del planeta. La medida trajo rápidos resultados económicos y benefició los hospitales provinciales. Un de estos beneficios fue la compra de un resonador magnético.
El escándalo se desató durante el fin de semana, cuando la diputada Carolina Ceaglio, de visita en Bermejo, departamento de Tarija (Bolivia) daba una serie de entrevistas a medios locales, tal como se aprecia en un video que se viralizó rápidamente en redes, generando repudio.
Ceaglio explica en la nota que dicho dispositivo “beneficiará” a las poblaciones oraneneses, como también boliviana.
Y es que la diputada provincial se encuentra en plena campaña, y es conocida por hacer cualquier cosa por un voto. Tal es así que Ceaglio, al momento de dar esta entrevista, estaba realizando campaña en Bolivia. Y es que las dobles ciudadanías se dieron indiscriminadamente, además, producto de la atención hospitalaria gratuita, el hospital de Orán fue el lugar elegido por miles de mujeres del vecino pais para dar a luz, con la consabida nacionalidad. Gratuidad más documentación, un negocio redondo que le trajo grandes pérdidas económicas a la provincia de Salta, y claro está, a la República Argentina.
Falta de vergüenza, caradurez o simplemente corrupción. Aunque Ceaglio lo niegue, todo quedó registrado en video. Esta persona no merece ser una servidora pública, sus intereses están puestos en otro lado, aunque esto perjudique a sus compatriotas.
 
 
 
 
 
SE ESPERA EL INGRESO DE CASI 2 MILLONES DE CIUDADANOS BOLIVIANOS ANTES DE FIN DE AÑO
 
El secretario de Relaciones Internacionales puntualizó que la situación económica en Bolivia acelera el ingreso de ciudadanos bolivianos a la Argentina.
 
Todo Jujuy de Argentina (https://n9.cl/17fqlu)
 
La situación económica por la que está atravesando Bolivia repercute de manera directa en nuestro país aumentando el número de ciudadanos bolivianos que ingresan por los diferentes pasos fronterizos. Si bien en Jujuy se ve reflejado en el paso fronterizo de La Quiaca-Villazón, esta situación se ve también en la provincia de Salta.
“Este fenómeno que se está dando responde, por un lado, por la mala situación en la que se encuentra el hermano país. Están con un combo preocupante; inflación, faltante de dólares, tienen problemas para la producción, no tienen acceso al combustible” comentaba Pablo Palomares, Secretario de Relaciones Internacionales.
Por qué los ciudadanos Bolivianos eligen la Argentina
“Dentro de la Argentina hay casi 2 millones de bolivianos viviendo permanentemente” comenzaba precisando Pablo Palomares; lo que se ve fortalecido por la situación económica de Bolivia en los últimos tiempos.
Los números de la inmigración están siendo evaluados, “son datos muy sensibles” comentaba, a lo que agregó, “de hecho se espera que en lo que va del año y si la economía tanto de ellos como la nuestra siguen así, que puede llegar a ingresar cerca de un millón y medio de personas. Esto sería un número altamente preocupante porque la verdad que nuestra economía no está tan consolidada”
 
 
 
 
 
CHILE ENDURECE SUS POLÍTICAS FRONTERIZAS MIENTRAS CRECE LA PREOCUPACIÓN POR LOS MIGRANTES
 
Latinoamerican Post https://n9.cl/44ke84)
 
Durante seis meses, las autoridades chilenas han cerrado instalaciones cruciales cerca de la frontera con Bolivia, dificultando la ayuda para los migrantes irregulares. Al mismo tiempo, nuevos protocolos permiten el “rechazo en frontera” (refoulement) hacia Bolivia. Los defensores de los derechos humanos temen que estas medidas pongan en peligro a familias vulnerables en lugar de garantizar el orden.
En las polvorientas tierras altas de Colchane —a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago— Chile ha reducido drásticamente la capacidad de albergar migrantes que buscan comenzar de nuevo. Según entrevistas realizadas por EFE a funcionarios locales y refugiados, el gobierno desmanteló desde septiembre dos Dispositivos Transitorios (DT), eliminando efectivamente servicios que antes ofrecían primeros auxilios, alimentos y refugio temporal a quienes cruzaban por pasos remotos del desierto.
Delegados regionales atribuyen los cierres a “una caída sostenida en los ingresos” y a un nuevo acuerdo bilateral con Bolivia que faculta a las patrullas fronterizas chilenas a “reducir”, o devolver, a personas sorprendidas ingresando por rutas no oficiales. Estos cambios muestran que el presidente Gabriel Boric busca un mayor control migratorio, algo sorpresivo considerando que su postura inicial parecía más abierta. Ivonne Donoso, delegada presidencial para Tarapacá, señaló que ahora se utiliza un enfoque “más enfocado y ágil”, y que no quieren que las personas dependan de esas instalaciones por mucho tiempo.
Sin embargo, los críticos ven una crisis urgente en desarrollo. Migrantes como Roberto, un venezolano de 25 años, relató a EFE una peligrosa travesía por los humedales del altiplano a medianoche, con temperaturas cercanas a cero y sin agua. “Fuimos engañados por coyotes, cruzamos estanques putrefactos en plena oscuridad”, dijo. “No se lo recomiendo a nadie, menos si se viaja con niños”. Ahora espera en el recién designado Centro Migratorio Irregular (CMI), el reemplazo reducido de los refugios clausurados.
Familias en riesgo enfrentan apoyos cambiantes
Como resultado de esta reforma, las familias que antes podían recurrir a ayuda de emergencia ahora encuentran menos opciones. Indiana García, otra migrante venezolana, contó a EFE que llegó a pie junto a su esposo y su bebé: “Cargábamos mochilas pesadas, al niño de un lado, respirando apenas en el aire frío de altura”. Se siente aliviada por haber encontrado algún refugio, pero se lamenta de que “la red de protección anterior ya no existe”, obligando a los recién llegados más vulnerables a buscar ayuda en condiciones más precarias.
Muchas organizaciones locales consideran los cierres como un “retroceso”. Advierten que los cambios solo empujarán los flujos migratorios a la clandestinidad, aumentando el riesgo de explotación por parte de coyotes o traficantes. “Sin puntos de recepción seguros”, dijo Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa en Tarapacá, “las familias podrían tomar rutas más mortales, o enfrentar trata, acoso y violencia”. Explicó que anteriormente los DT ofrecían refugio temporal, chequeos médicos básicos y orientación legal, algo vital para quienes cruzan en noches casi congeladas del desierto.
Mientras tanto, las autoridades fiscales advierten que la frontera es tan vasta y montañosa que sigue siendo “porosa”, a pesar del despliegue de nuevas patrullas. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó a EFE que “el clima por sí solo puede matarlos. Pero si estás desesperado, igual lo intentarás”. Califica la zona como “vulnerable”, lo que implica que necesita infraestructura humanitaria y de seguridad constante, en lugar de retrocesos abruptos.
Resultados inciertos y llamados al equilibrio
Ante la reducción de alojamientos oficiales, los migrantes se congregan ahora en el recientemente formado CMI de Colchane. El ambiente allí se siente más “como una sala de espera que como ayuda real”, según el defensor de derechos humanos Anuar Quesille. “El sistema de 2021 se trataba de humanidad y alivio integral. Ahora se ha reducido, poniendo vidas en riesgo”. Incluso funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado preocupación de que las nuevas medidas generen un ciclo sin fin: los devueltos a Bolivia podrían simplemente intentar reingresar una y otra vez, de formas más peligrosas.
El gobierno chileno insiste en que debe proteger la seguridad nacional, repitiendo las declaraciones del canciller, quien califica el colapso haitiano y el éxodo venezolano como una “amenaza directa”. Datos oficiales muestran que la migración irregular se disparó de 10.000 en 2018 a casi 338.000 el año pasado —un aumento de cinco veces. Ahora, las autoridades creen que una disuasión “robusta” puede frenar los ingresos, señalando una inversión adicional de 16 millones de dólares en cercas, vigilancia aérea y coordinación logística con sus homólogos bolivianos.
Sin embargo, muchos se preguntan si reforzar la frontera, cerrar albergues y aumentar las deportaciones realmente resuelve los problemas de fondo. La profunda crisis económica y política en Venezuela, por ejemplo, sigue empujando a las masas al exterior. Mientras tanto, los extremos climáticos y la violencia de pandillas en otros países latinoamericanos también impulsan el movimiento hacia el norte. Roberto, sentado fuera de una instalación medio vacía, no sabe cuál será su siguiente paso. “Supongo que me pueden devolver. Pero llegamos hasta aquí; lo arriesgué todo por mi familia”.
Expertos piden una política equilibrada que reconozca tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de los migrantes. La organización de Fauste ya invierte en “soluciones puente urgentes”, como albergues temporales y asesoría. “Incluso si desaparecen los refugios oficiales, es inmoral simplemente dejarlos a la deriva. No podemos cerrar los ojos”, dijo a EFE. Expresa su deseo de que el Estado reconsidere un paso humanitario u otro plan, con la intención de brindar seguridad inmediata y aplicar la ley migratoria de forma responsable.
Con el atardecer en las tierras altas, sigue llegando gente, aunque en menor número. Soldados están de guardia. Observan el horizonte. En medio de estos cambios, una pregunta resuena: ¿reducirá el nuevo enfoque de Chile el caos o provocará un aumento de cruces clandestinos más peligrosos? Ya, día tras día, las familias se aferran a esperanzas efímeras, y las comunidades locales se preparan para lo que pueda traer el mañana. “Vemos el efecto a corto plazo: menos gente a la intemperie”, dijo un cuidador de una ONG local. “Pero el costo para quienes deben esconderse en el frío es incalculable”.
 
 
 
 
 
EL COLECTIVO HABÍA PARTIDO DE JUJUY: UNA PASAJERA INTENTÓ DESHACERSE DE 6 KILOS DE COCAÍNA EN EL BAÑO DE UN ÓMNIBUS
 
Jujuy al Día de Argentina (https://n9.cl/t1at7)
 
Al realizar la inspección del transporte, los gendarmes hallaron seis «ladrillos» con la droga en el interior del sanitario, tras detectar que los tornillos de sujeción del cesto de basura estaban adulterados. Seguidamente, los funcionarios encontraron un destornillador entre las butacas 17 y 18, el cual le pertenecía a una mujer de nacionalidad boliviana. Quedó detenida.
Jujuy al día ® – Gendarmes del Puesto Fijo «Trancas» dependiente del Escuadrón 55 «Tucumán» con apoyo de la Dirección Antidrogas de la Institución, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9.
Los funcionarios continuaron con el registro del rodado, que circulaba con itinerario Jujuy – Buenos Aires, y verificaron a los pasajeros a bordo, momentos que al ingresar al baño los uniformados detectaron que los tornillos de sujeción del cesto de basura estaban violentados. Al abrirlo, los gendarmes hallaron seis paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.
Inmediatamente, los efectivos procedieron a identificar a las personas para dar con el posible propietario de los «ladrillos», que tenía un peso total de 6 kilos 552 gramos de cocaína.
Minutos más tarde, el personal de la Fuerza encontró un destornillador entre las butacas 17 y 18, lugar donde viajaba una mujer de nacionalidad boliviana, quien fue identificada como la responsable del tráfico ilegal de drogas.
El operativo finalizó con la intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la droga y la detención de la involucrada, en infracción a la Ley 23.737.
 
 
 
 
 
BOLIVIA OCUPA EL PUESTO 93 EN EL CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2025
 
Infobae de Argentina (https://n9.cl/jyoyt)
 
Bolivia ocupa el puesto 93 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, difundida este viernes por Reporteros Sin Fronteras (RSF), entidad que identificó al "debilitamiento económico y democrático" como la principal amenaza en América para el periodismo.
El país sudamericano mejoró 23 puestos en este informe, en comparación con el puesto 124 que ocupó en la clasificación del año pasado, que en esa ocasión alertó sobre los ataques hacia periodistas por parte del Estado y de sectores sociales afines.
En la región sudamericana, Bolivia se sitúa por encima de Ecuador (94), Colombia (115), Perú (130) y Venezuela (160), y por debajo de Uruguay (59), Brasil (63), Chile (69), Paraguay (84) y Argentina (87).
El reporte menciona que el periodismo en América enfrenta "retos estructurales y económicos persistentes", como la concentración de los medios, la debilidad de los servicios públicos de información, la precariedad laboral y la migración de los ingresos publicitarios hacia las plataformas tecnológicas globales.
"Los hábitos del público evolucionan, las redacciones menguan y la independencia editorial se debilita", menciona el informe de RSF.
RSF también advirtió que el indicador que mide las presiones económicas que sufren los medios y las condiciones financieras del periodismo es "el que más lastra la puntuación global de los países en 2025", según la clasificación de este año.
El jueves, con ocasión del Día Internacional del Trabajo, los representantes de los principales sindicatos de la prensa de Bolivia marcharon por el respeto a sus derechos laborales, que según consideraron, son vulnerados por parte de los propietarios de los medios de comunicación.
"Hay explotación en los diferentes medios de comunicación, falta de pago, falta de responsabilidades laborales; todo ello tiene que ser rectificado", afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Róger Romero.
Hace unos días, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) pidió a la Defensoría del Pueblo su intervención ante la omisión del pago de salarios a los trabajadores por parte de periódicos de circulación nacional como Los Tiempos, Opinión y La Prensa, además del regional El Alteño.
Asimismo, exigió el pago de los beneficios sociales a favor de los extrabajadores del diario Página Siete, que cerró en 2023, además del cumplimiento de sentencias laborales a favor de los extrabajadores del canal de televisión PAT.
También la ANPB rechazó el proyecto de ley de 'Integridad y Ética Pública en los Procesos Electorales', que consideró busca "instaurar mecanismos de control y censura" hacia la prensa.
A finales de abril, la privada Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) presentó el informe 'Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024', que reveló que la institucionalidad democrática y la libertad de prensa fueron las más vulneradas el pasado año.
La investigación estableció que en 2024 se registraron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales, de las que 525 fueron a la institucionalidad democrática (57 %) y 150 a la libertad de prensa (17 %), entre otras.
En 2024, los gremios de periodistas impulsaron un proyecto de ley de acceso a la información pública que en noviembre pasó el filtro del Senado, aunque quedó pendiente la aprobación de la Cámara de Diputados.
 
 
 
 
 
UN VOLCÁN "ZOMBI" EN BOLIVIA ESTÁ REVOLUCIONANDO EL SUBSUELO
 
Uturuncu muestra signos de actividad subterránea tras 250.000 años de quietud
 
La Opinión de España (https://n9.cl/roy9j)
 
Un volcán que ha estado inactivo durante más de 250 milenios podría no estar tan muerto y quieto como parece. Debajo de los altos picos de Uturuncu, en Bolivia, los científicos han descubierto signos de vida del volcán "zombi", identificando movimientos en las cámaras de magma subterráneas, a medida que los materiales suben lentamente hacia la superficie.
Científicos de la Universidad Cornell, en Estados Unidos, han detectado señales de actividad en el volcán Uturuncu, ubicado en el suroeste de Bolivia, que ha permanecido inactivo durante aproximadamente 250.000 años. Este fenómeno ha llevado a los investigadores a calificarlo como un "volcán zombi", debido a su aparente resurgimiento después de un largo período de inactividad.
Utilizando una combinación de técnicas avanzadas, incluyendo interferometría de radar satelital y estudios sísmicos, el equipo liderado por el profesor Matthew Pritchard ha observado deformaciones en la superficie terrestre alrededor de Uturuncu desde la década de 1990, según una nota de prensa. Estas deformaciones presentan un patrón distintivo en forma de "sombrero", con elevación en el centro y subsidencia en los bordes, una característica que sugiere movimientos subterráneos significativos.
No tan muertos como parece
"En realidad, los volcanes que parecen muertos en la superficie no están muertos debajo. Todavía hay procesos en curso. Y los procesos en Uturuncu son particularmente interesantes, porque nos están contando sobre los líquidos y los gases que se están moviendo en esa zona, y que podrían transformarse en un depósito de minerales con potencial utilidad tecnológica", indicó Pritchard en el comunicado.
Un punto clave es que los investigadores han determinado que estos cambios no se deben a una acumulación de magma en ascenso, sino al movimiento de fluidos calientes y gases provenientes del Cuerpo Magmático Altiplano-Puna, una vasta reserva de magma situada a gran profundidad bajo la región andina. Estos materiales ascienden a través de estructuras similares a chimeneas y se acumulan bajo la superficie, generando las anomalías apreciadas y la actividad sísmica.
Minerales con aplicación tecnológica
El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), destaca la importancia de monitorear volcanes considerados inactivos, ya que pueden albergar procesos geológicos activos en su interior. La metodología empleada por el equipo de Cornell ofrece una nueva perspectiva para evaluar el potencial eruptivo de otros volcanes aparentemente dormidos en todo el mundo.