Tuesday, July 06, 2010

EL EX COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO DE BOLIVIA DICE QUE LA UNICA FORMA DE RECUPERAR LA SALIDA AL MAR ES POR LA ARMAS

Si Bolivia quiere recuperar su cualidad marítima debe armarse, dijo el senador y ex comandante del Ejército boliviano, Marcelo Antezana, en medio de una polémica por el anuncio de Chile de no ceder una salida soberana al mar a Bolivia.
"Así no les guste a muchos políticos, yo apoyo la política de que hay que armarse si queremos recuperar nuestra cualidad marítima", dijo el senador. Sostuvo que los gobiernos bolivianos tienen una "política tradicional" sobre la demanda marítima de su país y que "lo que está faltando es el apoyo de la disuasión, y la disuasión sólo se la logra cuando se tiene un poder en la espalda de la política exterior".

El ex comandante general del Ejército y actual senador de la opositora Convergencia Nacional (CN) por el departamento del Beni, general Marcelo Antezana, afirmó este lunes que la única forma de recuperar la cualidad marítima boliviana, arrebatada por Chile en la guerra de 1879, es a través de las armas, y llamó a la población a no confiar en la política exterior chilena.
“¡Armarse! hay que armarse, así no les guste a muchos políticos yo apoyo la idea de que hay que armarse si queremos recuperar nuestra cualidad marítima”, fueron las declaraciones del ex militar de la oposición en respuesta a la coyuntura actual en la que se devela, a su juicio, un estancamiento “rutinario” y previsible en las negociaciones con el país trasandino por la petición de una salida al mar con soberanía territorial.
Llamó a toda la población a no confiar más en la política exterior de
Chile porque “tiene sus intereses bien definidos y nosotros tenemos que buscar otros caminos, tenemos que apoyar a la política internacional hasta agotar las posibilidades y confiar en las autoridades legales encargadas de manejar la política exterior, tal es el caso del Canciller, para que puedan responder ante la población nacional y dar explicaciones sobre nuestra política de carácter internacional en relación a un tema tan delicado e irrenunciable para el pueblo”.
En este sentido, lamentó que los políticos del gobierno hagan ingenuamente creer a la población de que es posible una solución al enclaustramiento marítimo boliviano por vía diplomática. “Estamos cayendo en una trampa que arrastramos desde hace más de 20 años cuando la situación era multilateral y ahora al hacerla los últimos años de carácter bilateral pagamos las consecuencias”, sentenció.
Expresó que al país le falta una política seria para alcanzar estos objetivos. “Ya existe una política tradicional entre los gobiernos a través de los cancilleres que no da resultado, lo que falta es el apoyo de la disuasión que, desde mi punto de vista, sólo se la logra cuando se tiene un poder que respalda la política exterior, me refiero a unas Fuerzas Armadas fuertes”, apuntó al calificar este aspecto como “clave” para que
Chile imponga siempre su voluntad por sobre la del país.
“Por eso
Chile es valiente porque tiene unas Fuerzas Armadas fuertes y además el lema de su escudo lo dice: ‘por la razón o la fuerza’, porque cuando no acepta la razón, impone la fuerza. Eso nos falta a nosotros, tenemos la razón pero nos está faltando la fuerza”, manifestó.
Si bien, Antezana admitió que en el tiempo del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, hubo un avance en el tratamiento del tema, no obstante, en la actualidad con la ascensión de Sebastián Piñera, se volvió a entrar en la rutina histórica que perjudica a las intensiones bolivianas.
“En esta rutina a la que volvimos siempre vamos a ser burlados porque el Estado chileno tiene una política muy firme y para ellos está muy claro, como lo manifestó el actual gobierno a partir de su campaña electoral, que no se va a dar paso a la solicitud de Bolivia”, precisó.





Las maniobras sigilosas de siempre contra Bolivia

LA MANO DE EE.UU. EN EL CONFLICTO INDÍGENA

Ante la delicada situación que debe manejar el gobierno de Evo Morales hay que poner en el centro de la escena la función desestabilizadora que cumplen las organizaciones no gubernamentales, manejadas por los servicios de inteligencia de Washington.

Prensa del Mercosur (www.prensamercosur.com.ar)

La intromisión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s) financiadas por USAID, agencia de Estados Unidos, que tratan de imponer agendas a los pueblos indígenas, fue denunciada esta semana por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
"En una carta del 15 de junio pasado se denuncia la intromisión de dos ONG`s: la Fundación Amigos de la naturaleza (FAN) y la Asociación Boliviana para la Conservación", afirmó el Ministro de Gobierno mostrando documentos enviados por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).
Llorenti explicó que los documentos demuestran que esas dos ONG`s dirigieron de manera directa la convocatoria para la movilización de indígenas de 10 Territorios Comunitarios de Origen (TCO) en contra del Gobierno, con el pretexto de encaminar el denominado Programa del Lagarto.
Las demandas indígenas que postula la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), por más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, causará una "sobre representación" de los pueblos de tierras bajas del país.
Asimismo, señaló que las demandas en el marco de las autonomías indígenas pretenden romper los límites departamentales, violando la Constitución, "por la que tanto ha luchado el pueblo boliviano y en particular los pueblos indígenas".
"Entonces tenemos demandas que lamentablemente no pueden ser atendidas porque violan la Constitución", argumentó.
Dijo que el gobierno tomará medidas inmediatas para evitar la injerencia y defender de "manera clara y objetiva" la soberanía del país.
"Vienen para colaborar con las necesidades que tiene el pueblo boliviano, sin embargo están siendo utilizados con otros fines que son fines políticos de injerencia y por supuesto es una actitud inadmisible", explicó. Asimismo, ratificó que el dialogo está abierto de forma permanente, pero "un dialogo en base a la sinceridad, el respeto, la honestidad y la franqueza".
Por otra parte, Llorenti informó que ya se firmaron acuerdos con varias organizaciones, entre ellas, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que se encuentra en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con la CPIB y dijo que hay avances con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CEPILAP).
En tanto, el gobierno del presidente Evo Morales rechaza abiertamente la consigna “amazonía sin petróleo”. "Intereses foráneos plantean consignas como `amazonía sin petróleo` y `no más pozos petroleros`, en abierta oposición a la profundización del proceso de la nacionalización y el mejoramiento de la economía nacional", dijo Morales a fines del mes pasado.
“La derecha usa a algunos hermanos dirigentes para oponerse o para pedir algunos temas que son tan profundos e innegociables: cómo es posible que todas las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de algunos hermanos indígenas; que todas las concesiones madereras, una vez recuperadas, pasen a pequeños grupos del movimiento indígena en Bolivia. Siento que es una forma de oponerse a las políticas que vamos desarrollando”, lamentó.
El presidente advirtió que expulsará del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que acusó de financiar acciones políticas en desmedro de los avances de la nacionalización de los hidrocarburos.
“Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) y fundaciones a fin de implantar un clima de conflicto con el gobierno en desmedro del proceso de unidad que vive el país”, advirtió.
A Morales no le "temblaría la mano para expulsar a ese instrumento del imperialismo que quiere perjudicar a este proceso de cambio financiando mediante algunas ONG a algunos hermanos dirigentes sindicales del campo y la ciudad”.





LOS MOVILIZADOS Y EL GOBIERNO BOLIVIANO FIRMARON ACUERDOS

EVO FRENÓ LA MARCHA INDÍGENA

Los manifestantes de los pueblos originarios esperan la inclusión de sus demandas en la ley de Autonomías, mientras que el presidente Morales amenaza a los legisladores con una huelga de hambre si no aprueban dicha ley.

Página 12 de Argentina www.pagina12.com.ar)

El gobierno de Evo Morales logró detener la marcha indígena que se dirigía a esta ciudad para protestar contra sus políticas. Los originarios de la Amazonía, Chaco y oriente de Bolivia llevaban dos semanas de caminata y anoche descansaban en Ascensión de Guarayos, departamento de Santa Cruz. Esperaban el resultado del debate parlamentario que incluiría en la ley de Autonomías los acuerdos firmados el domingo pasado entre los marchistas y tres senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque el diálogo estaba congelado, el Ejecutivo accedió a negociar varias demandas ante la certeza de que, si la movilización continuaba los 1200 kilómetros restantes hasta La Paz (ya recorrió 200), en el camino recogería a otros sectores sociales descontentos con la gestión del presidente aymara. En tanto, Morales amenazó a los legisladores oficialistas con empezar una huelga de hambre si no cumplen su rol de aprobar leyes.
Desde el Palacio Quemado aseguran que los indígenas están controlados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que financia varios programas de organizaciones sociales (aunque también del Estado Plurinacional). El gobierno acusa además a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que asesoran a los más de 30 pueblos originarios movilizados. Como respuesta, los marchistas dieron a Morales 24 horas para que echara a Usaid del país, así el tema dejaría de empañar sus demandas. Pero la oficina de ayuda de EE.UU. sigue en Bolivia.
Tres de los siete legisladores indígenas, cercanos a Morales, se sumaron a la marcha. Exigen que la cuota legislativa para originarios se eleve a 18, algo percibido como una “sobrerrepresentación” en el Ejecutivo, porque muchos de los 34 pueblos indígenas del Oriente sólo tienen entre 100 y 300 miembros.
La negociación entre gobierno y marchistas se quebró la semana pasada porque según éstos el ministro de Autonomías, Carlos Romero, les habría gritado. “Nos trató como hijos”, dijo Miriam Saravia, de la Confederación de los Pueblos Indígenas.
Esta movilización atrae a la oposición, desarticulada ante la contundencia electoral del MAS. En Santa Cruz, el Comité Cívico (integrado esencialmente por terratenientes, ganaderos y agroempresarios) declaró que recibirá a los marchistas con medicamentos y alimentos. No obstante, la Cidob acusa a esta entidad de haber promovido la toma y saqueo de su sede durante el intento de golpe de Estado de 2008.
Varios sindicatos obreros descontentos con el cinco por ciento de aumento a los salarios advirtieron que se sumarán a la marcha. Y la nueva directiva de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto (que contribuyó a derrocar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003) dio su apoyo a los marchistas y prometió sacar a Morales del Palacio Quemado si no deja de “derechizarse”.
Entonces, concurrieron a Guarayos los senadores del MAS Gabriela Montaño, Adolfo Mendoza y Freddy Bersatti, quienes trabajaron en ONG y junto a la Cidob, entre otras organizaciones, antes de asumir el título de “honorables” a principios de año. Luego de quince horas de negociación, consensuaron un texto de ocho puntos.
En el documento se acuerda que los fondos para financiar la autonomía indígena salgan del Tesoro General de la Nación, que los territorios indígenas no excedan los límites departamentales y que para crear un territorio indígena autónomo haya al menos mil habitantes. Aún no resolvieron otros temas, que los marchistas esperan tratar con el presidente, como la titulación de tierras a favor de los pueblos originarios y el respeto al derecho a la consulta cuando se intente explotar los recursos naturales de sus territorios, según lo establece la Constitución.
Dio a sus legisladores, que ocupan dos tercios de la Asamblea, hasta el 22 de julio para aprobar la ley de Autonomías. Si no, hará una huelga de hambre como el año pasado, cuando no comió por cinco días para que el Congreso aprobara la ley Electoral Transitoria.





“BOLIVIA SÍ RESPETA LAS INVERSIONES DE AFUERA”

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

El embajador de Bolivia en el Perú, Franz Solano, aseguró que su país respeta las inversiones extranjeras, en relación con el presunto intento de expropiar la Planta Industrializadora de Leche (PIL) Andina de propiedad del grupo Gloria.
–¿Se estatizará una de las empresas del grupo Gloria?
En primer lugar, en Bolivia las inversiones están garantizadas porque se otorga seguridad jurídica y en ningún momento hemos hablado de confiscar, estatizar u otra situación, pues esas figuras no se efectúan en Bolivia, y eso que quede claro.
–Entonces ¿a qué se debe esta versión?
Lo que pasa es que se ha dado en el marco de las políticas de nacionalización, pero queremos hacer notar que queremos socios y no patrones, entonces se ha llegado a acuerdos transaccionales en los que el Estado está recuperando su patrimonio, en compensación a las empresas que se instalaron en la etapa de las privatizaciones del sistema neoliberal.
–Pero entonces puede haber una confiscación de esta planta…
Repito que no queremos patrones sino socios, si usted quiere invertir en alguna actividad económica socioproductiva, bienvenida sea, pero para eso hay instancias y mecanismos de acción para el gobierno boliviano.–¿A cuenta de qué piden los regantes de su país la confiscación de esta empresa?
En democracia y en un estado de derecho todos pueden opinar, pero no es una opinión del gobierno de Bolivia. Es un reclamo de un sector y no es oficial. Será oficial cuando se manifieste el presidente, pero ni Evo Morales, ni el consejo ni el Parlamento lo ha hecho.
–¿Existe la posibilidad de que lo haga?
Fueron opiniones aisladas de pequeños grupos de regantes a través de un dirigente pero no es un planteamiento oficial. Ahora, en un estado de derecho se pueden dar opiniones divergentes, eso se da normalmente y por eso hay bancadas oficialistas y de oposición.





Acuerdos en materia energética "están muy avanzados"

REUNIÓN URUGUAY-ARGENTINA-BOLIVIA

La República de Uruguay (www.larepublica.com.uy)

Ayer se informó que el encuentro entre los representantes de Uruguay, Argentina y Bolivia se llevará a cabo el próximo jueves 8 de julio en Buenos Aires. El Ministro de Industria, Roberto Kreimerman dijo que esta reunión surgió luego del cónclave entre los gobiernos rioplatenses en la Estancia Presidencial de Anchorena, Colonia. El objetivo es obtener acceso al gas boliviano en los próximos meses, a través de gasoductos argentinos. Kreimerman aseguró que los acuerdos en materia energética con Argentina "están muy avanzados". Se estima que en los próximos meses Uruguay recibirá gas de origen boliviano a través de los gasoductos argentinos, por un precio razonable. "En principio, serán transportados unos 300 mil metros cúbicos por día, pero se estudia su ampliación", dijo el secretario de Estado. Por otro lado, Kreimerman anunció que su cartera presentó un proyecto de Radioprotección, vinculado a las radiaciones ionizantes de uso agroindustrial, médico y odontológico.





SE CONCRETARÁ REUNIÓN POR GAS BOLIVIANO

El ministro de Industria dijo que este jueves se reunirán representantes de los gobiernos de Uruguay, Bolivia y Argentina para afinar detalles sobre la llegada del gas a suelo uruguayo.

El Observador de Uruguay (www.observa.com.uy)

Esta semana se realizará una reunión tripartita entre los gobiernos de Uruguay, Argentina y Bolivia para tratar el pasaje de gas boliviano a territorio uruguayo. Según informó el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, después de los acuerdos ministeriales celebrados este lunes, el encuentro tendría lugar este jueves.
Aunque aún falta la confirmación del gobierno argentino, Kreimerman indicó que en esta reunión se prevé abordar temas vinculados al costo de generación y transporte del gas desde Bolivia a Uruguay por territorio argentino.
El secretario de Estado explicó que aún no están estipulados los plazos para la llegada del gas, aunque indicó que la intención del gobierno de José Mujica es que esto se concrete “en el corto plazo”.
“Nuestra diversificación de matriz energética pasa por la extensión de las fuentes renovables de energía y en ese contexto pretendemos llegar al 15% de utilización de gas natural como primera opción. Queremos adelantar por lo tanto lo máximo posible este tema para llegar con las metas que nos trazamos”, indicó Kreimerman.
Tras la reunión mantenida el pasado 21 de junio con su par boliviano, Luis Fernando Vicente, Kreimerman dijo que se acordaron visiones a largo plazo. En ese sentido, dijo saber que los presidentes de Argentina y Bolivia han suscrito un acuerdo, en cuanto a suministrar mayor cantidad de gas al primer país. La cantidad pasará de 7,7 a 27 millones de metros cúbicos diarios.





ESPECIAL: AFECTA SEQUÍA A 70% DE CULTIVOS EN BOLIVIA

Spanich China (www.spanish.china.org.cn/international)

Una evaluación del gobierno boliviano determinó que la sequía en el Chaco boliviano afectó al 70 por ciento de la producción de los cultivos de maíz, sésamo (ajonjolí), maní y frijol, y dejó damnificadas a 95.000 personas.
La producción agrícola del Chaco resulta insuficientente para la seguridad alimentaria de las familias de la zona, aunque el gobierno asegura que todo está bajo control.
Son 25.000 hectáreas de cultivos dañados, informó la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en un primer balance oficial.
La ministra Achacollo calificó la situación de "muy delicada", y reiteró que el Poder Ejecutivo ordenó el envío de agua y alimentos para las personas y forraje para el ganado, otro sector en riesgo.
La administración del presidente Evo Morales ya declaró emergencia en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en el sureste de Bolivia, para movilizar recursos económicos y a personal de la oficina gubernamental de Defensa Civil.
Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que la sequía será más grave durante los próximos tres meses, por efectos del fenómeno climático de "El Niño".
El 23 de junio pasado el gobierno boliviano emitió el decreto 0560, en el que declaró emergencia nacional en 16 municipios del Chaco de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, así como en los municipios de Monteagudo, Huacareta, Vaca Guzmán, Huacaya, Macharetí en Chuquisaca.
El decreto incluyó los municipios de Entre Ríos, Yacuiba, Villamontes y Caraparí en Tarija, y Lagunillas, Cabezas, Camiri, Charagua, Boyuíbe, Gutiérrez y Cuevo en Santa Cruz.
En lo relativo al ganado, Defensa Civil señaló que la situación se torna bastante crítica, toda vez que el déficit de agua afecta tanto a los animales como a la producción de forrajes en las praderas nativas.
La evaluación efectuada por Defensa Civil también comprobó la sostenida disminución del agua en los atajados (reservorios de agua), debido a la falta de lluvias.
FAMILIAS AFECTADAS
El Viceministerio de Defensa Civil informó que en el Chaco boliviano (17 municipios de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) a la fecha se tienen registradas alrededor de 19.000 familias afectadas por la sequía.
El Viceministerio explicó que, al calcular a cinco miembros por familia, se tienen al menos 95.000 personas afectadas por la sequía.
El dato de las 19.000 familias afectadas en el Chaco es resultado de la evaluación efectuada en esa región por Defensa Civil, Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Unicef, la FAO, las prefecturas y los municipios, informó el director de Prevención y Reconstrucción de Defensa Civil, Julio Fernández.
"Además, tenemos en riesgo algo más de 6.000 cabezas de ganado. Justamente estamos coordinando con los municipios del Chaco y con el Viceministerio de Desarrollo Rural, la entrega de forraje, bagazo para el ganado vacuno", añadió Fernández.
En tanto, la evaluación realizada por Defensa Civil también determinó que el sector de la población más afectado y el que requiere con más urgencia la ayuda es el rural, las comunidades indígenas y campesinas del Chaco.
La ración seca fortificada donada por el PMA es distribuida entre los 16 municipios del Chaco de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
El viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco, dijo que, de acuerdo con las evaluaciones, "de un hato ganadero de 650.000 cabezas en esa región, unas 6.000 están en riesgo".
Enfatizó que las sequías aparecieron este año más temprano que en la pasada gestión, por lo que se estima que será un problema que afectará más meses a esas regiones por el fenómeno de El Niño.
AYUDA
La ayuda al Chaco boliviano en forraje, entrega de agua y perforación de nuevos pozos llega lentamente a las poblaciones afectadas.
Los seis taladros de fabricación china comprados por el gobierno con un costo de 6 millones de dólares, entregados por el presidente Evo Morales la pasada semana en Santa Cruz, aún no han sido enviados a los lugares donde se requiere con urgencia la perforación de nuevos pozos para ayudar a mitigar la sequía.
Según el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, el equipo está en poder de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
Vásquez aclaró que los equipos de perforación serán movilizados cuando haya una identificación técnica, la que se tendrá en algunas semanas.
Sin embargo, el gerente de Cofadena, Ronald Cuba, señaló que el plan de perforaciones se está armando en coordinación con los viceministerios de Desarrollo Rural, Defensa Civil y del Agua, además del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).





UN JUEZ BOLIVIANO PIDE ASILO POLÍTICO EN BRASIL Y DENUNCIA "PERSECUCIÓN"

Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews)

Un juez boliviano que tuvo a su cargo el caso del supuesto grupo terrorista desarticulado en 2009 en la región oriental de Santa Cruz, huyó a Brasil y pidió asilo político en ese país, argumentando que es víctima de una "persecución" de parte del Gobierno de Evo Morales.
En un contacto con el canal privado desde la ciudad de Corumbá, Brasil, el juez Luis Hernando Tapia Pachi anunció que apelará a "todos los recursos" e instancias nacionales e internacionales para hacerse "respetar como ciudadano".
El llamado "caso terrorismo" detonó el 16 de abril de 2009, cuando la policía abatió a tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y detuvo a otros dos miembros de la supuesta banda que, según la Fiscalía y el Ejecutivo, iba a asesinar al presidente Morales y promover la separación de esa región con milicias armadas.
Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juzgado de Pachi en Santa Cruz, pero luego las autoridades determinaron su traslado a La Paz.
El juez intentó frenar el cambio de jurisdicción, por lo que la Fiscalía lo acusó por prevaricato y desobediencia a procedimientos penales.
Los líderes políticos y empresarios cruceños han rechazado la investigación en La Paz con el argumento de que está dirigida políticamente para perjudicar a la oposición autonomista y han reclamado que la jurisdicción sea la de Santa Cruz, donde se descubrió a la banda armada.
Mientras, las autoridades judiciales de La Paz y el Gobierno han denunciado que la corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región, todos opositores.
El juez Pachi fue convocado a declarar en cinco ocasiones a La Paz sobre el caso, sin embargo, como no se presentó, el Ministerio Público emitió una orden para capturarlo.
"Esta es una persecución directa del Gobierno (...) Jurídicamente me sabré defender como corresponde y también me defenderé en las instancias que los tratados internacionales me lo permitan", dijo hoy el magistrado.
La esposa de Tapia Pachi, Ericka Oroza, anunció que el juez planteará "acciones ante las cortes internacionales para precautelar sus derechos y garantías".
Según reportes de prensa, 140 opositores y críticos con el Gobierno de Morales, entre líderes políticos, cívicos y empresariales, huyeron de Bolivia en los últimos cuatro años, declarándose víctimas de una "persecución" política.
El ex líder de la organización radical Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas, que ha sido vinculado con el supuesto grupo terrorista, también huyó a Corumbá y aseguró que volverá a Bolivia a defenderse "cuando haya tribunales imparciales".





TROPAS DEL BRASIL INICIARON NUEVO OPERATIVO EN EL APA

EPP LOGRÓ SER UN PROBLEMA REGIONAL

Sucesivos fracasos de las fuerzas de seguridad del Paraguay lograron convertir al Ejército del Pueblo Paraguayo en un problema regional: Brasil inició una nueva operación en la zona del Apa y el servicio de inteligencia de Bolivia recomienda a sus militares medidas especiales de seguridad cuando vienen a Paraguay.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py/abc)

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) logró convertirse en un problema para los países de la región: Brasil inició nuevas operaciones de vigilancia en la zona del río Apa y el servicio de inteligencia militar de Bolivia recomienda medidas de seguridad extremas a sus efectivos cuando viajan al Paraguay.
Sucesivos fracasos de las fuerzas de seguridad de Paraguay obligaron a nuestros vecinos, sobre todo al Brasil, a adoptar medidas especiales de seguridad en la frontera con el río Apa; Bolivia, por su parte, sigue de cerca las informaciones relacionadas al Ejército del Pueblo Paraguayo.
Los militares bolivianos, en nuestro país, deben evitar desplazamientos hacia los departamentos de San Pedro y Concepción. Según el servicio de inteligencia andino, el EPP constituye un grupo terrorista con capacidad para llevar a cabo acciones urbanas.
Los militares bolivianos reciben la sugerencia de no participar de actividades sociales después de las 22 horas. El uso de uniforme militar debe limitarse a actividades propiamente castrenses, dentro de unidades militares de nuestro país, ante la posibilidad de convertirse en objetivo del EPP, dada la similitud con el uniforme camuflado utilizado en nuestro país.
Nueva operación del Brasil
Brasil, por su parte, inició la tercera operación conjunta en la zona del río Apa, en procura de evitar el ingreso del EPP en su territorio.Efectivos militares y policiales, entre ellos agentes federales, se encuentran distribuidos en diversos puntos de la línea paralela al río Apa.
En las dos operaciones anteriores, realizadas a lo largo del mes de junio, la vigilancia se limitó a las colonias Ingazeira y Cachoeira, ubicadas en un trecho de 50 kilómetros antes de llegar a la desembocadura en el río Paraguay. El desplazamiento de las fuerzas de seguridad del Brasil se extendió hasta la localidad de Bella Vista Norte. Un helicóptero artillado acompaña las operaciones de la fuerza conjunta, que ahora se encuentran bajo mando militar.
A mediados de mayo fue detectada una columna del EPP dentro de territorio brasileño, en las inmediaciones de la colonia Cachoeira. La zona es utilizada por el EPP para dirigirse a Vallemí y, de allí, ingresar a la zona de Puerto Casado.





REVELAN ESCUCHAS DE BANDA QUE INGRESÓ 836 KILOS DE COCAÍNA A ARICA

Los siete sujetos acusados fueron formalizados por asociación ilícita y lavado de activos y quedaron en prisión preventiva. Arriesgan penas mínimas de cinco años y un día de presidio.

La Tercera de Chile (diario.latercera.com)

Por más de tres horas se extendió en Arica el control de detención de los siete involucrados en la incautación de más de 800 kilos de cocaína en la XV Región realizada por la PDI en conjunto con la fiscalía.
En la audiencia, el Ministerio Público formalizó por el delito de tráfico de estupefacientes a los ciudadanos bolivianos Miguel Ángel Arrazola Moreno y Gonzalo Rivera Solís; los chilenos Jaime Landeros Naveas, Carlos Cabrera Traslaviña, Omar Aravena Navarrete y Stanislav Mestrovic y al brasileño Luiz Carlos Salvador, estos últimos tres, además, formalizados por asociación ilícita para el tráfico, lavado de activos y asociación ilícita para activos. Los siete quedaron en prisión preventiva por 120 días y arriesgan una pena mínima de cinco años y un día de prisión.
Investigación
Escuchas telefónicas, fotografías y facturas fueron los medios de prueba que utilizó la fiscal adjunta, Javiera López, para sustentar sus acusaciones hacia los imputados, quienes negaban su participación en el ilícito. A continuación, parte de las grabaciones usadas por la fiscal López entre el martillero Mestrovic (M) y Cabrera (C) para sostener su acusación:
M: Qué pasó, ¿todavía estái en Iquique?
C: Todavía estamos aquí.
M: ¿Cuándo vienen?
C: Tamos terminando la cama baja ya, nos falta colocar el porta pie para los contenedores y terminamos.
M: Ya.
C: Yo creo que en la tarde nos vamos ya. Yo estoy esperando que vengan los cabros nomás, nos queda un poco de pasto por entregar ahí y ya con esa termino.
M: Ya, nos vemos.
Además de esta, también se dio a conocer una escucha entre Aravena (A) y Cabrera (C).
A: No me vai a decir que no hay viajado.
C: Todavía estoy aquí.
A: Yo pensé que ya habiai llegado poh, necesito plata.
C: Ya poh, a más tardar voy a estar mañana a mediodía.
A: ¿Sí o sí?
C: Sí o sí, porque estoy cargando un arreglo chico y ahí estoy listo.
A: ¿Y la que iba a venir de Bolivia cuándo?
C: Es lo que vamos a ver.
Según la investigación, la operación parte cuando el martillero público adquiere en un remate una maquinaria a nombre de una de las empresas de Salvador. Tras la adquisición, esta maquinaria es trasladada a Iquique para ser habilitada con un doble fondo, para luego ser trasladada a Bolivia, donde fue cargada con la droga. Luego fue traída sobre un camión a Chile.





Opinión

¡NACIONALIZAR EL GAS YA!

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

Producto de las vacilaciones de las direcciones de izquierda, el gobierno aprista a salido a la ofensiva con un nuevo faenón sobre nuestro Gas. Esta cuestión se comprueba al ver que mientras que gobiernos como el de Bolivia venden el gas a $ 7.37 el millón de BTU, Alan García, lo está “regalando” a $ 0.53 el millón de BTU (mil pies cúbicos de gas, MPC).
Según el presidente del Colegio de Ingenieros, Carlos Herrera Descalzi, “Si los 4.2 TCF comprometidos para la exportación a México fueran vendidos a Brasil a US$ 6.70 por MPC de gas (precio al que le compra el gas a Bolivia ahora), esto significaría que el Estado recibiría en total US$ 15 mil 758 millones en regalías e impuestos en lugar de los US$1,135 millones que recibirá por la “venta” del gas a México. Es decir, el Perú pierde US$ 14,623 millones” (diario La Primera, 20/06/10).
Esta situación ha producido una gran polarización social en nuestra sociedad atizando mucho más las contradicciones de las clases sociales en contienda (que tuvieron su expresión en la crisis revolucionaria que generó el Baguazo el 5/06/09). Por un lado, toda la oligarquía (y los mass media), han cerrado filas en torno al gobierno aprista. Por otro, los trabajadores humildes, rechazan el remate de nuestro Gas (el consorcio PERU LNG recibirá el gas seis veces más barato que el que recibe el consumidor nacional).
Así las cosas, y a pesar de que Brasil le propuso en el 2008 crear una empresa de energía, la política entreguista del APRA, se debe a que los ricos capitalistas-neoliberales no quieren desarrollar el país, y menos una clase obrera poderosa. Esta situación expresa que las fuerzas productivas colisionan con la propiedad privada de los medios de producción. Manifiesta la contradicción entre más capitalismo o transformación social.
En el Sur se realizó un contundente Paro de 48hrs el 17 y 18 de Junio. Pero en Tacna y Moquegua hubo movilizaciones (justamente aquí hemos tenido el Tacnazo y Moqueguazo respectivamente). El gobierno respondió con soberbia. Hay reuniones para darle una mayor coordinación a la lucha por la defensa del Gas. Los alcaldes han convocado a un Paro para el 14 de Julio. El Partido Nacionalista Peruano (PNP), ha llamado a conformar un Frente Nacional en Defensa del Gas. Pero no podemos cometer los errores pasados de convocar y no concretar orgánicamente.
Por tanto, para nosotros, la tarea de los nacionalistas y revolucionarios, es la de impulsar militantemente la organización de los Frentes de Defensa del Gas (FDG), bajo una dirección expresada en Comandos Unitarios de Lucha (CUL). Y deben plantear la NACIONALIZACION DEL GAS bajo control del pueblo. Los FDGs deben organizarse desde la cuadra, barrio, zona, provincia y región. Deben tener un carácter democrático y una sola dirección política. Debe integrar a la CGTP, CCP, CNA, CUT, FRENVIDAS, CPS, Partido Nacionalista, la Izquierda, etc.
Los FDGs bajo la dirección del CUL debe organizar el PARO NACIONAL. Y si el gobierno no da un paso atrás, el CUL, debe organizar el Paro Nacional de 48hrs y 72hrs, en perspectiva de una MARCHA de NUESTROS PUEBLOS sobre LIMA.

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