¿QUÉ ES LA RESISTENCIA JUVENIL COCHALA?

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo se hicieron más visibles en el contexto del golpe. 

Tres puñaladas certeras casi terminan con su vida. El periodista Adair Pinto había decidido salir con amigos, buscando un poco de distracción en una Bolivia literalmente dada vuelta. Sin imaginarlo, fue víctima de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Este grupo de jóvenes que actúa como fuerza de choque tomó gran impulso en los conflictos posteriores a las elecciones del 20 octubre de 2019, primero haciéndose eco de las denuncias de fraude orquestadas por la OEA, y luego exigiendo directamente la renuncia del entonces presidente Evo Morales. 

Encapuchados, motorizados, con remeras que los identifican y portando armas caseras, los miembros del colectivo actúan como fuerza de choque frente a cualquier movilización de la militancia del MAS en Bolivia. Ahora, y de cara a las elecciones generales del tres de mayo, se perfilan como una "institución de resistencia" que busca extenderse a nivel nacional. Reniegan de la política pero tienen vínculos innegables con líderes cívicos como Luis Fernando Camacho, y cuentan incluso con el visto bueno del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.

La RJC surgió a partir de la unión de siete jóvenes sin militancia política pero con un claro rechazo a la figura del mandatario depuesto de Bolivia, Evo Morales. Durante los días de mayor conflictividad en las calles, en octubre de 2019, la Resistencia agrupó a 150 personas. Actualmente supera los 5 mil miembros. Cochala es la forma coloquial con que se nombra a los nacidos en Cochabamba.

Los miembros de la Resistencia se mueven siempre en motos y justifican su accionar bajo el paraguas de la "defensa de la democracia". Empezaron a copar las calles, incluso antes de elegir ese nombre, en barrios cochabambinos para apoyar los paros contra Morales, cuando todavía era presidente. Argumentan que siempre lo hicieron de manera pacífica, pero esa supuesta calma se ve empañada por una serie de agresiones registradas contra manifestantes, dirigentes y trabajadores de prensa. Adair Pinto, periodista de la radio FM Potencia Dinámica, fue la última víctima de la RJC.

La madrugada del sábado primero de febrero, Pinto se encontraba en un local bailable con amigos, en la zona norte de Cochabamba. Su agresor, Roger Revuelta, ingresó con un grupo de personas al boliche para amenazarlo de muerte. "Entró este grupo que argumentaba ser de la RJC y empezaron a insultarme por la labor periodística que desempeño", contó Pinto en diálogo con Página/12. Por su programa radial, Pinto dedicó varios programas a investigar y exponer el peligroso funcionamiento de la Resistencia. "En ese momento este miembro de la RJC, Roger Revuelta, me muestra de su celular una foto de mi hermana, me dice que la iba a violar, y que yo me iba a morir ese día", recordó.

El hostigamiento no terminó ahí. Al salir del local bailable, Pinto se preparaba para subir a un taxi. "Al lado del chofer viene el señor que me amenazó de muerte, y de violar a mi hermana, me asesta tres puñaladas en lugares vitales. Si no hubiera reaccionado me hubiera llegado una al corazón, la otra al estómago, la otra cerca a la vena aorta en el muslo derecho", comentó. El agresor Revuelta fue rápidamente detenido. Tras una audiencia que duró más de tres horas, Revuelta fue llevado al penal de San Sebastián para cumplir prisión preventiva por cuatro meses, bajo el cargo de homicidio en grado tentativo. El imputado contaba además con dos antecedentes penales, uno por violencia familiar y otro también por lesiones. Revuelta es uno de los principales cabecillas de la RJC. Pinto al sobrevivió al ataque de milagro. Continúa bajo tratamiento médico y teme nuevas amenazas.

La agresión sobre el joven periodista fue la primera ocasión en que un solo miembro de la Resistencia ataca directamente a otra persona: se caracterizan por amedrentar a sus víctimas en patota. Tal vez el caso más resonante dentro de esa lógica fue el de la alcaldesa de Vinto por el MAS, Patricia Arce. En la edición de Página/12 del pasado ocho de noviembre, el fallecido periodista Sebastián Moro describió los hechos con precisión: "Arce fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos". La alcaldesa fue rescatada por la Policía en el puente Huayculi del municipio de Quillacollo, cuatro horas después. Los jóvenes de la Resistencia fueron los protagonistas estelares de la salvaje agresión.

Muchos bolivianos temen cada vez que alguien pronuncia el nombre de la RJC. Anibal Urquieta, vecino de El Alto, vio como sus miembros se inflitraban en las primeras manifestaciones contra el gobierno de facto. "De repente en las calles aparecieron grupos paramilitares que parecían salidos de un guión cinematográfico hollywoodense: andaban armados con garrotes y púas. Usaban también bates y portaban chalecos. Para las fuerzas de seguridad era necesario matar y herir, ellos parecían cumplir una segunda función, el amedrentamiento".

Los integrantes de la Resistencia siempre están listos para interrumpir cualquier movilización del masismo, o incluso arremeter contra los principales símbolos de la cultura indígena, como la wiphala. El 17 de enero, miembros de la RJC, encapuchados, desalojaron con insultos, gritos y empujones a un grupo de mujeres de pollera de la rotonda de Cala Cala, uno de sus bastiones. Habían cometido el "delito" de juntarse ahí.

Pero luego de alzarse con el preciado botín de la renuncia forzada de Evo Morales, ¿qué funciones cumple la Resistencia? Para el sociólogo del Centro De Estudios Superiores Universitarios de Cochabamba, Chaly Crespo, este grupo de jóvenes ya cumplió el propósito para el que fue creado. "Ahora se deberían desarticular. Imagino que ya tienen otros intereses con los cívicos que están en proceso electoral. En su momento fueron una resistencia, un movimiento espontáneo. Pero actualmente ya no se justifica su existencia. Hoy ya serían un grupo de choque", aseguró Crespo en declaraciones al diario Página Siete.

Los miembros de la Resistencia se manejan con estatutos y una mesa directiva que prohíbe a sus miembros incursionar en el escenario político. "Si alguien quiere pertenecer a algún partido político tiene que salirse”, agregó Molina, en una de sus pocas declaraciones a la prensa. Sin embargo, pese a que descartan vínculos políticos, los miembros de RJC escoltaron y protegieron al exlíder cívico Luis Fernando Camacho, durante una visita a Cochabamba el pasado 28 de noviembre. Por ese entonces, el dirigente ya tenía firmes intereses de ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales.

La Resistencia cuenta además con el apoyo explicito del gobierno de facto. El ministro Arturo Murillo dijo que la RJC fue "muy útil" durante los días del conflicto. "Los cochabambinos estamos muy agradecidos por todo su labor que realizaron anteriormente. Si quieren ser un grupo de seguridad, pueden presentar sus papeles al ministerio de Gobierno, todo tiene que ser documentado. Necesitamos orden", señaló Murillo en conferencia de prensa. Es decir, una invitación directa a incorporarse al aparato represivo del Estado.

Sin un rumbo definido, la RJC intenta avanzar en Bolivia. Por lo pronto, sus miembros anunciaron que participarán como observadores en las elecciones del próximo tres de mayo. No parece poco premio para un grupo surgido espontáneamente y por amor a los vehículos de dos ruedas. Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

ESTADOS UNIDOS DEBE CONDENAR EL GOLPE DE ESTADO, APOYAR LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

Daily Cal de EEUU /www.dailycal.org)

                                                                                              

Evo Morales, el ahora ex presidente de Bolivia, fue expulsado del cargo por los militares el 10 de noviembre, solo unas semanas después de ser elegido para un cuarto mandato presidencial. En las siguientes semanas, hubo denuncias de represión política y violencia cometidas por el gobierno interino.

El golpe aparentemente antidemocrático en Bolivia debería haber provocado indignación pública y un examen crítico en la prensa dominante, ya que el evento representa la continua corrupción de la democracia con el aparente consentimiento de los Estados Unidos. Los principales medios de comunicación, sin embargo, continúan negándose a llamar al evento un golpe de estado. Además, también describe consistentemente la violencia resultante como un choque entre el gobierno interino y los manifestantes, en lugar de enfrentar las realidades de la represión política. Además de los manifestantes, la derecha política amenaza a los periodistas en Bolivia en una toma de poder cada vez más profunda. Las elecciones prometidas están en camino, sin embargo, estos intentos de silenciar a la oposición política son motivo de profundas dudas sobre el posible retorno a la democracia.

Morales se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en 2006. Es socialista y ha nacionalizado muchas industrias estratégicas, pero no todas, y ha gastado las ganancias en inversión pública. Esto ha aumentado considerablemente la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos pobres del país, mitigando la desigualdad de ingresos y estableciendo una nueva precedencia para la inclusión cultural. Morales ha disfrutado de una gran popularidad y éxito electoral debido a este sólido historial en la reducción de la pobreza extrema.

Sin embargo, las reformas de Morales también han generado enemigos poderosos. Justo una semana antes de las elecciones, en respuesta a los trabajadores preocupados en Potosí, Morales rechazó un acuerdo para vender el gran suministro de litio del país a empresas multinacionales. Después de que Morales fue depuesto, el gobierno de derecha interino de Jeanine Áñez, quien era legisladora evangélica, restauró el contrato con la compañía alemana ACI Systems Alemania, que suministra baterías a Tesla. Las acciones de Tesla subieron la semana siguiente al golpe.

Además de la frustración de la derecha, el éxito electoral continuo de Morales presentó un obstáculo para una política más favorable a la inversión global en minería y otras industrias de extracción. Morales provocó la ira política en 2016 por celebrar un referéndum constitucional para abolir los requisitos de límite de mandato, que perdió por un pequeño margen. Morales trató el tema en la corte constitucional, que falló a su favor mientras las elecciones fueran libres y justas. Sin embargo, la confusión entre la decisión del referéndum y el fallo del tribunal generó críticas e incluso indignación por parte de los opositores de Morales.

Usando esta agitación política como pretexto, la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., decidió auditar las elecciones bolivianas. Publicó un informe citando varias irregularidades en la reelección de Morales, incluido el salto en el apoyo que Morales vio en el último 5% de los votos. Luego aconsejó que las elecciones se consideraran nulas. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Política publicó un informe argumentando que este salto en el desempeño electoral debería haberse esperado, ya que las áreas geográficas contadas en el último 5% del electorado tradicionalmente han votado a favor de Morales por números similares.

Irregular o no, Morales ofreció permitir nuevas elecciones. A pesar de esto, los militares eliminaron por la fuerza a Morales y establecieron un gobierno interino antidemocrático dirigido por la oposición política. Morales no solo se vio obligado a dejar el cargo, sino que se vio obligado a huir del país por preocupación por su vida.

Los Estados Unidos y otros líderes de derecha en la región aplaudieron mientras Áñez celebró que "la Biblia ha regresado al palacio de gobierno" y prometió purgar los símbolos del pueblo indígena aymara de las oficinas gubernamentales; Áñez también está en el registro expresando puntos de vista ferozmente anti-indígenas. Los gobiernos de Cuba, México, Nicaragua y Uruguay han condenado el cambio de régimen como un golpe militar.
Si bien se han establecido elecciones electorales requeridas constitucionalmente para mayo, el gabinete y otras posiciones de liderazgo han sido revisadas. El consiguiente asesinato de manifestantes y la amenaza de periodistas después del golpe de estado causa una profunda preocupación por el futuro democrático de Bolivia.

Para mí, la respuesta es obvia: una acción militar sin ningún mandato democrático claro para remover a un líder elegido democráticamente es un golpe de estado. Solo el tiempo dirá si las elecciones prometidas de Bolivia restablecerán la democracia, sin embargo, los eventos recientes describieron los fundamentos de indignación y preocupación. La cifra de muertos tras la salida forzada de Morales ha alcanzado niveles alarmantes, incluido el asesinato del periodista Sebastián Moro y el secuestro del fotoperiodista argentino Facundo Molares.

Estados Unidos continúa apoyando al gobierno interino. La respuesta del presidente Donald Trump al golpe fue quizás predecible, afirmando: "Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre". Sin embargo, para aquellos en las calles de Bolivia, nada podría estar más lejos de la realidad. Es imperativo que los estadounidenses enfrenten este problema por sí mismos y decidan si el compromiso de los Estados Unidos con la democracia es real.

Como Moro escribió el día que Morales fue derrocado, “Hubo actos de vandalismo y ataques contra funcionarios, periodistas y militantes. ... Entre esos eventos, el gobernador de Oruro sufrió la quema de su casa, los trabajadores del canal de televisión de Bolivia y Radio Patria Nueva fueron secuestrados y privados de su derecho a trabajar por turbas ”. Moro murió seis días después.

Para los partidarios de Morales en Bolivia, estos eventos parecen ser otro caso más de la tradición de intervención de Estados Unidos, forzando cambios de régimen antidemocráticos de los líderes izquierdistas en América Latina, que probablemente permitan la privatización de industrias clave y las consiguientes ganancias corporativas.

Por el bien de la democracia y la prosperidad pacífica en todo el mundo, el pueblo estadounidense debería exigir una inversión de la política exterior en la región y buscar líderes comprometidos con lo mismo.

BOLIVIA: CAMINOS EMPEDRADOS

Cuba Si (www.cubasi.cu)

                                                                                                

El golpismo significó la pérdida de la soberanía sobre los recursos naturales por los intereses económicos que tienen esos sectores específicamente por el litio boliviano, la mayor reserva del mundo.

El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia con su binomio integrado por Luis Arce Catacoara y David Choquehuanca, lidera las intenciones de votos de cara a las elecciones del 3 de mayo, sin embargo, el camino hacia la victoria está minado de barreras.

Esta es la fuerza política del país andino-amazónico más organizada, con mayor cantidad de miembros y afianza su unidad para alcanzar la victoria pero, tras el golpe de Estado el Gobierno de facto pone todos los obstáculos posibles para evitar el triunfo.

Luego de la anulación de las elecciones del 20 de octubre de 2019, en las cuales el entonces presidente Evo Morales resultó reelecto en primera vuelta, la mandataria autoproclamada, Jeanine Áñez, designó a Salvador Romero, como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Romero, quien fue presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, entre 2006 y 2008, fue cooperante de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia vinculada al golpe de Estado.

El golpe se consumó el 10 de noviembre pasado, cuando Morales fue obligado a renunciar por altos mandos militares y en el contexto de manifestaciones violentas por un supuesto 'monumental fraude', idea echada a correr por los golpistas y por el equipo de observadores de la OEA.

En declaraciones a Orbe, la exembajadora de Bolivia en Cuba Ariana Campero aseguró que el golpe en Bolivia significa el retroceso de una victoria popular que se fue gestando desde los años de la república y que fue arrebatada por los sectores oligárquicos con el apoyo de potencias extranjeras como Estados Unidos.

Pero sobre todo, añadió, el golpismo significó la pérdida de la soberanía sobre los recursos naturales por los intereses económicos que tienen esos sectores específicamente por el litio boliviano, la mayor reserva del mundo.

Sobre el nuevo escenario la diplomática afirma sentirse optimista porque el binomio del MAS afianza esa esperanza.

Arce Catacora, conocido por Lucho, apuntala ese despertar porque fueron 14 años en los que Bolivia fue reconocida, tuvo un crecimiento económico apreciado por distintas instituciones y organismos internacionales, subrayó.

También, ese respeto internacional a Bolivia por todas sus políticas de carácter integral y acciones para el reconocimiento en la Constitución de las 36 poblaciones indígenas y sus lenguas propias, es una imagen que proyectó Choquehuanca.

La unidad de un indígena aymara y un académico representan una esperanza y una fortaleza para nuestro Movimiento, remarcó Campero.

'Acerca del futuro vemos dos vertientes: la primera en la que triunfe el MAS y tengamos un futuro en el que Bolivia continúe su desarrollo, se fortalezca, mantenga su estabilidad social, política y económica y dé continuidad a nuestra Agenda Patriótica del Bicentenario 2025', dijo.

La segunda sería la que gane cualquiera de los candidatos por los partidos de derecha y 'el peor de los escenarios y más fascistas considero que sea un hipotético triunfo de Áñez porque ya lo demostró con su equipo racista y autoritario', señaló.

«PRESOS POLÍTICOS»: MEJOR QUE DECIR ES HACER

                                                                                                                           

La corrupción y los presos políticos son dos caras de la misma moneda. Una moneda que el presidente quisiera que no existiera, pero allí está. Alberto Fernández evita hablar de indultos y apuesta todo a la depuración del Poder Judicial.

Notas de Periodismo de Argentina (www.notasperiodismopopular.com.ar)

“Cuando decimos que hay presos políticos en Ecuador, nos dicen «sí, pero están acusados de corrupción». ¿Y qué esperaban? ¿Que los acusen de ser opositores? Por supuesto que los van a acusar de corrupción”.

La frase es de Rafael Correa, que tuvo la suerte de no estar en Ecuador el día que una jueza ordenó encarcelarlo. Su radicación en Bélgica es lo único que lo salvó de no terminar como Jorge Glas, el vicepresidente condenado por el caso Odebrecht en un proceso de dudosa imparcialidad.

Correa y Evo Morales comparten, en ese sentido, la misma suerte. Si el derrocado presidente boliviano no se hubiera refugiado en Argentina, estaría hoy detenido por los delitos de sedición y terrorismo que le imputan la fiscalía y el gobierno de facto.

La misma trama se repite obviamente en Brasil, con quien fuera el preso más importante de esta parte del mundo. El encarcelamiento de Lula, decidido por el actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fue el contrafáctico perfecto de Cristina Kirchner: si alguien se pregunta qué hubiera pasado en las elecciones brasileñas de 2018 con Lula en libertad, la respuesta se encuentra en Argentina.

En ese marco –y no en otro– es que se inscribe el debate sobre presos políticos en nuestro país. Y en ese marco –y no en otro– es que también se da el debate sobre la corrupción. Un gran problema a la hora de diseccionar el todo y separar las partes. No todos los presos son políticos, no todos los políticos están mal condenados, no todos todo. Y al revés también.

Durante la presidencia de Mauricio Macri muchos ex oficialistas fueron detenidos o condenados en procedimientos mediados por: prisiones preventivas infundadas, jueces presionados por el Consejo de la Magistratura, jueces de manifiesta enemistad con los acusados, jueces reubicados sin aval del Congreso, arrepentidos por fuera del procedimiento legal, pruebas adulteradas, pruebas inexistentes, operaciones de inteligencia, peritos hoy procesados por falso testimonio, forum shopping y demás.

Todo eso es cierto. Tan cierto como que existieron obvios casos de corrupción en la Argentina, antes, durante y después del kirchnerismo. Lo novedoso –lo único novedoso en este entuerto– es que hoy el país tiene un presidente del mismo signo político que aquellos presos que reclaman su libertad.

Está claro que Lenin Moreno estaba interesado en la detención de Jorge Glas. Lo mismo Michel Temer respecto a la detención de Lula. Tanto como Jeanine Áñez respecto a los ex funcionarios del MAS. Y lo mismo Mauricio Macri con Amado Boudou, Milagro Sala, Julio De Vido. Pero ninguno de ellos hubiese sido detenido con Rafael Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales o Cristina Kirchner en la presidencia.

Y ahí está el problema: si la libertad o la prisión dependen de la titularidad del Poder Ejecutivo, se hace muy difícil no hablar de presos políticos. O al menos, de presos por delitos comunes pero en razón de su pertenencia política. Como sucede con los afrodescendientes y los latinos en EE.UU., en la Argentina de Mauricio Macri los kirchneristas tuvieron mayores probabilidades que cualquier otro de ser detenidos, más allá de los delitos imputados.

Alberto Fernández dice lo mismo que diría cualquier otro presidente ante la misma acusación. Admitir la existencia de presos políticos implicaría reconocer la responsabilidad de su propio gobierno sobre aquellas detenciones. Si los presos políticos son el nombre de los arrestados «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional» típicos de las dictaduras, la llave para liberarlos sólo la tendría el presidente. Y no parece ser así.

La teoría indica que la decisión arbitraria de un juez cualquiera sólo la revierte el propio Poder Judicial, y para eso existen tribunales revisores. El sistema funciona –¿el sistema funciona?–. Preguntarle a Fernando Carrera, que estuvo siete años preso por decisión de un tribunal oral y dos cámaras de apelación hasta que la Corte Suprema puso fin a la injusticia.

En esta instancia, confiar en la propia institucionalidad judicial es toda una osadía. Para detenidos como Boudou, pero también para denunciados como Guillermo Dietrich o Javier Iguacel. Si los jueces son permeables a la presión política y no hay una valoración razonada de las pruebas, el sistema decanta hacia la peor opción: que sea el presidente quien actúe como última instancia revisora, por encima de la Corte Suprema, siendo quien defina dónde hubo  corrupción y dónde arbitrariedad. “Una rémora de la monarquía”, repite Alberto Fernández con razón.

Es cierto que la Constitución prevé la posibilidad presidencial de otorgar indultos “por delitos sujetos a la jurisdicción federal”, pero su ejercicio es inusual en nuestro país. En EE.UU:, por caso, todo está más claro: en 2016, Barack Obama marcó un récord al otorgar indultos y reducción de penas a más de un millar de condenados en un solo día. Pero así funciona el sistema; el presidente revisa condenas y nadie chista demasiado.

En la Argentina, en cambio, si Alberto Fernández quisiera indultar a dos, a tres, a veinte condenados, debería asumir un severo costo político y esa opción no está sobre la mesa. Una buena parte de la sociedad, de voto variopinto, exige condenas ejemplares sin importar la arbitrariedad de los procesos. Pero además, ciertos condenados –como Boudou– no quieren ser indultados, pues eso sería reconocer la existencia del delito que se perdona. Nada es fácil.

En ese marco, el gobierno procura de momento reordenar el Poder Judicial con una reforma de su organización interna, con la restricción del vínculo entre jueces y agentes de inteligencia, y con la designación de Daniel Rafecas como procurador general. Habrá que ver hasta dónde llega y para qué.

El mejor escenario, en este sentido, no será la liberación por indulto de los detenidos, sino la depuración del propio sistema: revisión de sentencias arbitrarias, nuevos juicios donde haya habido vicios de procedimiento y confirmación de penas para quienes hayan delinquido.

GAS Y MINERALES REPRESENTAN MAYOR PORCENTAJE EN EXPORTACIONES DE BOLIVIA

Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)

                                                                                                                                                                     

El componente en las exportaciones de Bolivia no se ha modificado, por lo que productos tradicionales como gas y minerales representan en forma sustancial el mayor porcentaje en valor, a pesar de la disminución en sus ventas en 2019.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, recordó a Xinhua que el 80 por ciento de las exportaciones bolivianas tuvo que ver el año pasado con productos tradicionales y el 20 por ciento con no tradicionales.

Los productos bolivianos que encabezaron las ventas al exterior en 2019 fueron gas, oro, zinc y plata en cuanto a recursos, así como la soya como producto agrícola.

El IBCE dio a conocer el pasado 3 de febrero las cifras de exportaciones correspondientes a 2019, que incluyen el comparativo de enero a diciembre desde 2011.

De acuerdo con el reporte del IBCE, estos productos tradicionales (gas natural, otros hidrocarburos y minerales) acumularon el 80 por ciento del total de las exportaciones en 2019.

Este 80 por ciento representó 6.998 millones de dólares del total, que fue de 8.757 millones de dólares.

Los minerales se consolidaron como el principal producto exportado con 4.201 millones de dólares (48 por ciento), mientras que gas y otros hidrocarburos llegó a 2.797 millones de dólares (32 por ciento).

En 2019, el volumen de las exportaciones bolivianas descendió 12 por ciento en comparación con 2018, mientras que en valor la disminución fue del dos por ciento.

A su vez, las ventas al exterior de productos no tradicionales también experimentaron un efecto negativo, al caer cuatro por ciento en cuanto a valor, a pesar de subir 12 por ciento en volumen.

Rodríguez comentó que las cifran difundidas por el IBCE muestran un buen nivel de ventas del sector minero, pese a su baja exportadora y en los precios internacionales.

En 2019, la balanza comercial de Bolivia registró un déficit de 899 millones de dólares, el quinto consecutivo.

Por su parte, el ex presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Munt Serrano, habló para Xinhua de los retos para superar el déficit comercial.

El también empresario manifestó que para dejar de depender de las materias primas, es oportuno desafiar políticas, incrementar su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y continuar generando empleo.

Para Munt Serrano, la agricultura y la industria manufacturera son las áreas que surgen como alternativa para impulsar la economía, frente a la caída de los precios de productos extractivos como gas y minería, que dependen del comportamiento del mercado internacional.

Lamentó que la economía boliviana dependa de la alta volatilidad de los precios del petróleo y los minerales, lo que "demuestra que el país es vulnerable a los precios internacionales".

Respecto a la liberación a las exportaciones anunciada en enero pasado, el ex presidente de la Caneb expuso que la medida posibilitará el ascenso de las ventas, aunque advirtió que puede generar complicaciones en el mercado interno, así como el alza de precios, si no hay controles precisos.

Señaló que otro reto fundamental es lograr la digitalización de los procesos de producción, a fin de facilitar la vida a los ciudadanos que podrían resolver trámites desde una computadora o un teléfono inteligente, además de disminuir la burocracia para la exportación.

El entrevistado enfatizó que el objetivo es pasar de una economía "extractivista" a una diversificada, con productos que tengan mayor valor agregado y con servicios creativos, para lo cual se precisa de la economía del conocimiento.

BOLIVIA Y VENEZUELA, EN LA AGENDA DE LA CONDUCCIÓN DEL PARLASUR, QUE SE REÚNE POR PRIMERA VEZ ESTE LUNES EN BUENOS AIRES

                                                                                                                    

Se analizará el envió de una misión para fiscalizar los comicios bolivianos del 3 de mayo y una mesa de diálogo para intervenir en Caracas. Deliberarán desde las 10.30 en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Sergio Massa, les dará la bienvenida a los parlamentarios.

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

El envío de una delegación del Observatorio de la Democracia del Parlasur para fiscalizar las elecciones en Bolivia y la creación de una mesa de diálogo por Venezuela serán dos de las principales iniciativas que se analizarán hoy en la primera reunión de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur), presidido por el argentino Oscar Laborde.

El encuentro tendrá lugar, a partir de las 10.30, en la Cámara de Diputados y en la apertura de las deliberaciones participará el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, quien dará la bienvenida a las distintas delegaciones.

Asistirán representantes de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, quienes también serán recibidos por el canciller Felipe Solá.

Laborde dijo que será presentado “el plan de trabajo para los primeros meses”, como “el envío de una delegación del Observatorio de la Democracia del Parlasur a Bolivia” para las elecciones presidenciales del 3 de mayo. “Hay que garantizar que haya transparencia en esa elección porque son importantes para la estabilidad en la región”, destacó.

El diputado del Parlasur, que ejerce la presidencia del parlamento regional desde enero de 2020, consideró que los comicios en Bolivia “están muy limitados por el condicionamiento de que fueron convocadas por un golpe de Estado” y afirmó que "han pedido de diferentes sectores que estemos allí presentes”.

También anticipó que se va a “impulsar una mesa de diálogo por Venezuela” y que, además, se evaluará “como sería efectivamente un acuerdo (del Mercosur) con la Unión Europea (UE) para determinar cuáles son los pros y los contra y las consecuencias para nuestras industrias”.

Laborde aseveró que el Parlasur “será nuevamente un actor en la integración regional, después del esfuerzo del gobierno de (Mauricio) Macri de denostarlo y ocultarlo, como todo lo que tenía que ver con esa integración”.

Alberto Fernández se reunió con parlamentarios “progresistas” del Parlasur en una visita que hizo a Montevideo a fines de mayo de 2019, cuando viajó a Uruguay para reunirse con el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica. Por entonces, el actual mandatario argentino hacía contactos para fortalecer su candidatura, que había anunciado Cristina Kirchner el 18 de mayo.

La llamada “bancada progresista” del Parlasur, compuesta por legisladores del PT, el Partido Democrático Laborista y el Partido Comunista, de Brasil; del Frente Amplio de Uruguay; del MAS de Bolivia; del Partido Liberal Radical Auténtico y del Frente Guazú de Paraguay y el PSUV de Venezuela.

Este bloque de legisladores del Parlasur le ofrecieron su apoyo de cara a las elecciones presidenciales de octubre y firmaron una declaración en la que manifestaron su “apoyo y acompañamiento a la fórmula presidencial de Argentina integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

Creado en 2006, el Parlasur comenzó a funcionar formalmente en 2007 con 18 diputados por cada país que fueron elegidos de forma indirecta por los Congresos de cada nación. Esa distribución equitativa se terminó en 2011 luego de negociaciones que resolvieron que Brasil tendría 75 diputados, Argentina 43, Venezuela 32, y Uruguay 18 y Paraguay 17.

Desde 2007, sesionó en promedio unas cinco veces por año en su sede de Montevideo, la mitad de lo previsto por reglamento. De acuerdo al politólogo y profesor de la UBA Emanuel Porcelli, las pocas sesiones se pueden explicar porque "los miembros del Parlamento del Mercosur tienen responsabilidades políticas como legisladores" en sus países, y "la priorización que se da de la agenda nacional es obvia".

El Parlasur tiene la capacidad de impulsar recomendaciones, resoluciones y otras propuestas al Consejo del Mercado Común, la máxima autoridad del Mercosur, pero sus decisiones no tienen poder vinculante con las leyes internas de las naciones. "Las Constituciones de algunos países reconocen la supremacía del derecho internacional por sobre el derecho doméstico, como Argentina, (pero) en otros casos, esta definición es más difusa", explicó Porcelli. En ese caso, "todo proceso de decisión necesita ser ratificado por los congresos nacionales", agregó el coordinador del sitio Identidad Mercosur, quien además destacó que "el protocolo del Mercosur establece una cláusula que es una especie de fast track para la ratificación de las normas en cada país".

Muchas de las críticas hacia el Parlamento regional llegaron tras la comparación de competencias entre este Congreso y las que tiene el Parlamento Europeo, creado en 1959, y que elige a sus representantes de forma directa desde 1979. Según Porcelli, el Congreso de la Unión Europea “tiene mucha más capacidad legislativa que el Mercosur”, aunque aclaró que funciona como un organismo de “co-decisión con la Comisión Europea, es decir, los representantes” de los poderes Ejecutivos.

“En el caso europeo (a lo largo de las décadas) se han ido modificando las reglas internas del bloque, y se han establecido varias temáticas que son de competencia exclusiva de la UE, o de competencia compartida con los Estados, o de competencia nacional. Fueron ganando ámbitos de competencia”, explicó el profesor de la UBA.

NEURONA, CONSULTORA DE LOS ‘PARTIDOS DE IZQUIERDA’, TAMBIÉN ESTÁ EN ECUADOR

Primicias de Ecuador (www.primicias.ec)

La polémica consultora, investigada en Bolivia y España por supuestos contratos irregulares, funciona también en Quito. Tiene su sede en la misma dirección de Celag, una empresa ecuatoriana también relacionada con el partido español Podemos y con Juan Carlos Monedero.

Neurona Consulting abrió sus puertas en Quito en 2016, con los mismos accionistas que la firma tiene en México, Bolivia y España. Tiene una oficina en Quito y reporta amplios ingresos.

Neurona Consulting es una consultora cuya sede principal está en el estado de Morelia, en México. Entre 2017 y 2018, fue contratada por el Gobierno de Evo Morales para la creación de videos. El Banco Central de ese país confirmó pagos por USD 1,8 millones. Ahora, la justicia boliviana investiga los contratos de comunicación con la firma.
En España también hay investigaciones abiertas por los vínculos entre Neurona y el partido Podemos, de Pablo Iglesias. La firma se habría encargado de la última campaña electoral del movimiento de izquierda. Podemos pagó 363.000 euros (unos USD 400.000) a la consultora para las elecciones de 28 de abril de 2019, según el diario El Confidencial. En Ecuador, Neurona trabaja desde 2016. Lo hace con otro nombre: la razón social de la empresa es “Consultorianeurona S.A.”, pero tiene los mismos accionistas que la oficina principal, en México. La firma fue constituida el 15 de noviembre de 2016, en una notaría en Quito, meses antes de la campaña electoral para las presidenciales de 2017. Firmaron la escritura la mexicana Andrea Edlin López Hernández y el argentino Guillermo Celso Oglietti. Ninguno de los dos nombres es desconocido. López es la principal accionista de Neurona Consulting en México. Mientras que Oglietti es también accionista de Celag, una empresa con fachada de ONG con sede en Ecuador, también vinculada con Podemos. En mayo de 2019, PRIMICIAS reveló los vínculos entre los miembros de Celag y el Gobierno de Rafael Correa. Para la constitución de Neurona en Ecuador, López aportó con USD 799 para el capital de la empresa, y Oglietti con USD 1. Siete meses después, Oglietti cedió su acción al mexicano César Hernández Paredes, la cara visible de Neurona. Pero el vínculo con Celag no termina ahí. Celag y Neurona tienen una misma dirección registrada en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas (SRI): De los Tulipanes E12 y De las Palmeras, en el sector de El Inca, en el norte de Quito. Ambas empresas también comparten los números telefónicos, aunque la semana pasada, cuando PRIMICIAS intentó comunicarse, nadie contestó ninguno de los dos números. ¿Vínculos ecuatorianos? El Confidencial accedió a un dossier de la empresa que señala que tiene un equipo de consultoría dirigido por César Hernández Paredes; el exlíder de Podemos, Juan Carlos Monedero; y dos ecuatorianos: el exministro de Rafael Correa, René Ramírez, y el actual asambleísta correísta Pabel Muñoz. Muñoz, en diálogo con PRIMICIAS, aseguró que no tiene ningún vínculo empresarial con Neurona. Dijo que él participa en tanques de pensamiento y foros de discusión sobre la izquierda en América Latina y que no ha recibido pago alguno por estas actividades.
Pero, la empresa sí ha trabajado en Ecuador. De hecho, en el perfil de Instagram de César Hernández Paredes se pueden encontrar varias fotos de él y su equipo en el país. También imágenes de reuniones, y de los diferentes videos y spots publicitarios.

La última foto es de diciembre de 2019: muestra a un hombre con una bandera de Ecuador. Antes de esa imagen hay una campaña contra el presidente Lenín Moreno. En el video, aparecen hombres enmascarados en varios puntos de Quito, entre ellos la Caja del Seguro, la Fiscalía y la Plaza Grande, con mensajes de crítica al Gobierno.
La web de Neurona ya no está disponible. Sin embargo, su página promocionaba su trabajo en más de 200 campañas electorales, “todas exclusivamente con candidatos y partidos de izquierda”. La consultora decía que ha trabajado en estrategias de comunicación electorales en España, Portugal, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Colombia. En la página de la consultora en Vimeo se encuentran spots de campañas de Podemos, del partido de Evo Morales, MAS; y de Gustavo Petro, en Colombia. No hay ningún spot que se refiera a campañas en Ecuador.

Un buen negocio en Ecuador Las ganancias de Neurona en Ecuador no son sostenidas. En 2017, la empresa declaró más de USD 11.000 en impuesto a la renta, mientras que en 2018 declaró en cero. Según los documentos disponibles en la Superintendencia de Compañías, en 2017 -año electoral- la empresa tuvo ingresos por USD 580.133, correspondientes a un “contrato grande, por el cual se recibieron mensualmente valores fijos”. Ese año, según el SRI, Neurona sacó del país USD 78.503. En 2018, en cambio, la empresa declaró ingresos por USD 100, y no declaró impuesto a la renta ni salida de divisas. Los documentos de 2019 aún no se presentan a la Superintendencia.

¿CUÁNTAS CLASES MEDIAS CABEN EN LA CLASE MEDIA?

Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net)

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una creciente y omnipresente categoría, la “clase media”. Este término monopoliza la mayoría de interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.

En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al Gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay,  y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Todos estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media. 

Y si tanta capacidad explicativa tiene, lo pertinente sería comenzar por preguntarse qué exactamente eso de la clase media.Para ello, debemos partir de dos premisas básicas, que de no considerarlas podríamos llegar a sesgar cualquier interpretación posterior.

1. La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo. 

Según la CEPAL, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todas esas millones de personas son idénticas. No lo son en su capacidad económica ni tampoco en su lógica aspiracional. 

La mayoría de los organismos internacionales, en las últimas décadas, ya subclasificaron esta categoría tan amplia. A veces usan términos como el “media-baja” y“media-alta”; o incluso aparece una nueva categoría que es esa de “casi clase media”, bautizada por el Banco Mundial para denominar a aquellos que están justo un poco por encima del umbral de la pobreza, pero que son susceptibles de regresar en cualquier momento a ser pobres. 

No obstante, esta desagregación tampoco es suficiente para captar la gran heterogeneidad existente al interior de estas 250 millones de personas que viven de manera muy diversa en Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas completamente contrapuestas. Por ejemplo, no es lo mismo aquella familia que luego de años llega a tener niveles (de educación, trabajo, salud, propiedad, ingresos) de clase media que otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría Alvaro García Linera, no tiene nada que ver la clase media de origen popular en Bolivia -que, según encuesta Celag es con la que se auto percibe un tercio de la población-con aquella la clase media tradicional (que es media no por densidad sino porque se encontraba en medio de una clase baja multitudinaria y otra clase,alta y muy reducida). Tampoco tendría ningún sentido equiparar la clase media recién llegada con aquella que fue alta pero que acabó siendo clase media por múltiples razones económicas, sociales o políticas. 

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo tan diverso en su capacidad económica, en sus niveles educativos, en sus hábitos culturales, y más aún si queremos hacerlo en relación a su lógica aspiracional. Si bien es cierto que hay un “comportamiento imitador” de aquella ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad que las aspiraciones sean las mismas con aquella otra porción de la clase media que desea ser alta; o con aquella otra que tiene tradición histórica de pertenecer a ese grupo social, con usos y costumbres arraigados, sólidos, que hacen que la subjetividad se diferencie de los ciudadanos que aún están en esa fase de movilidad social y siempre con una sensación más bien de tránsito, del “querer llegar a ser”. 

2. La segunda premisa es que la clase media no puede ser un concepto importado de otras latitudes. 

No se puede trasladar a históricamente la concepción de clase media europea a Ecuador, ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a Chile. Cualquier “epistemicidio”, como diría Boaventura De Sousa, para sustituir una episteme externa por la propia suele hacer mucho daño en cualquier análisis. Y con la clase media esto es lo que sucede constantemente. Es frecuente presuponer que los comportamientos de la clase media son similares en todas partes, como si no hubiera historia específica de cada país y, mucho peor, como si la distribución del ingreso fuera la misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos comparar de ninguna manera aquella distribución en un país cuya clase media es multitudinaria con aquel otro en el que su clase media es una pequeña porción entre dos “jorobas”: una gigante conformada por la clase baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La subjetividad de una u otra de ningún modo podría ser la misma. Existe siempre un “relativismo” en la construcción de la subjetividad de esa clase media basado en cómo te observas en relación con el otro, con los de abajo y con los de arriba. Incluso, estadísticamente, la misma clase media identificada con indicadores “objetivos”, como el ingreso o consumo, también tiene un componente relativista que es determinante. 

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que cuando hagamos referencia al desafío de sintonizar con la “clase media” entendamos que no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades al interior de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea en base a ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político; y sin descuidar tampoco el componente“país” o, a veces, el regional. La clase media guayaquileña tampoco es la misma que la quiteña; ni la boliviana del El Alto ala de Santa Cruz. En definitiva, ante tanta variedad de “clases medias”, habrá que considerar multiplicidad de lógicas aspiracionales y sentidos comunes. 

Es por ello que debemos “cuidar” el modo de querer atraerla e incorporarla al proyecto político progresista, porque no siempre existe una única manera de hacerlo. Se requiere mucho más bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta imprescindible comenzar a analizar e identificar las disputas y tensiones que se dan al interior de este gran grupo social, porque seguramente de ello dependerá buena parte de la sostenibilidad de una propuesta política. Sería un gran error confundirse de objetivo, porque seguramente satisfacer a una clase media es mucho más fácil que a todas las clases medias que caben en ella.

ITI: MOVILIZACIÓN DE CARGA BOLIVIANA EN TRÁNSITO CRECIÓ UN 114% EN 2019

                                                                      

Corresponde a 500 mil toneladas más transferidas por el terminal

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

El gerente comercial de Iquique Terminal Internacional (ITI), Andrés de la Barra, comentó que durante 2019 se registró un "incremento de 114% más de la carga boliviana en tránsito. Esto significa que son 500 mil toneladas más transferidas por nuestra terminal", informó.

El ejecutivo agregó que a pesar de las "convulsiones sociales que hemos tenido en ambos países, esto nos ayudó a potenciarnos para ser más eficientes en la transferencia de carga y más económicos, así que pese a estas experiencias hemos rebasado las expectativas que teníamos para el 2019".

Además, el gerente general de la Empresa Portuaria de Iquique (EPI), Rubén Castro, proyectó que la cantidad de carga boliviana que se moviliza por el principal puerto seguirá creciendo durante 2020.

A septiembre de 2019, el movimiento de carga boliviana en tránsito por EPI sumó ‪451.585 toneladas. De esa suma, ‪198.754 toneladas correspondieron a embarques y ‪252.831 toneladas a desembarques. La cifra aumentó en el último trimestre, período en que Evo Morales dejó la presidencia de Bolivia.

Para esta gestión se estimas cifras similares y también se continuará con la diversificación de los servicios de las empresas portuaria chilenas: ya se comenzó a potenciar la carga a granel, refrigerada y sobre dimensionada.

MIENTRAS LA TIERRA SE CALIENTA, LOS ANDES SE DERRITEN

El aumento de la temperatura golpea la fragilidad de los glaciares andinos en riesgo de desaparición. Una cuestión alarmante para la región: Venezuela se convertiría en el primer país en perderlos.

Perfil de Argentina www.perfil.com)

Aunque 2019 fue el segundo año más caliente que jamás se registró en el planeta, el aumento de la temperatura sigue marcando tendencia en el inicio de 2020. Este enero fue el enero más caliente jamás registrado en el planeta, según anunció el servicio europeo Copernicus sobre el cambio climático. Se registraron temperaturas superiores a las medias en la mayoría de las zonas en el mundo. Una tendencia que continúa tras el periodo 2010-2019, el más caliente desde el inicio de las medidas de temperatura.

El aumento de la temperatura global está pasando factura a los glaciares sudamericanos, que durante las últimas décadas fueron perdiendo masa y extensión.

Según varias investigaciones efectuadas por científicos alemanes y franceses con el uso de imágenes satelitales, el derretimiento provocó que los glaciares andinos hayan disminuido casi un metro al año desde 2000, indicó Deutsche Welle. Este rápido retroceso, que amenaza el suministro del agua de la región, se acentúa en el sur de los Andes. Según Thorsten Seehaus, glaciólogo de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, "la mayor parte del hielo se pierde en Patagonia, donde hay las mayores masas de hielo. Sin embargo, para la población local en los Andes centrales de Chile y Argentina, y especialmente en Perú y Bolivia, es un problema grave".

"El agua derretida de los glaciares contribuye a los suministros de agua y juega un papel importante, en particular durante los períodos de sequía", recordó el científico alemán, que llevó a cabo uno de los primeros estudios en la región basado en mediciones en todos los lugares. "En Perú y Bolivia la recesión de los glaciares fue 3 o 4 veces mayor en el período 2013-2016 en comparación con 2000-2013, muy probablemente debido al fuerte evento de El Niño en 2015-2016", detalló.

Seehaus apuntó que los cambios en las precipitaciones también influyen en el balance de masa del glaciar. "La mega sequía en Chile central desde 2010 conduce a una menor acumulación de los glaciares, y por lo tanto causa muchas pérdidas de hielo glaciar", aseguró. Además de afectar la disponibilidad de agua, las consecuencias de este derretimiento pueden provocar inundaciones por un desborde violento de un lago glaciar. Esto se produce cuando los elementos de contención de un lago glaciar fallan. "La cordillera Blanca en Perú ha sido afectada por tales inundaciones en los últimos siglos un par de veces.

El diluvio en 1941 destruyó aproximadamente un tercio de la ciudad de Huaraz y mató a cerca de 5.000 personas", recordó. El científico alemán alertó de otras consecuencias mundiales que pueden ocasionar el derretimiento de los glaciares, como el aumento del nivel del mar. "La agricultura orientada a la exportación a gran escala también recibe agua de deshielo del glaciar, por lo tanto, también tendrá un impacto económico", avanzó. Por ello, abogó por que se cumpla el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. "Si continuamos de la manera actual, casi no quedarán glaciares en los Andes tropicales y el centro de los Andes de Chile y Argentina a finales del siglo XXI", advirtió.

Medio ambiente, asignatura pendiente en Venezuela No obstante, la desaparición total de los glaciares se aproxima a pasos agigantados en Venezuela, que "posiblemente se convierta en los próximos años en el primer país de América del Sur donde desaparezcan completamente sus glaciares", explicó Alejandro Álvarez, Coordinador General de Clima 21 Ambiente y Derechos Humanos. El uso de combustibles fósiles es uno de los principales causantes del aumento de la temperatura global. "Venezuela está cavando su propia tumba. Los combustibles fósiles y en particular la gasolina está regalada. El precio actual en bolívares es de 0,00006", subrayó.

En este sentido, alertó que la población venezolana es cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático. "Venezuela tiene un Estado que en gran parte ya se ha desentendido en muchísimos servicios ambientales", criticó apuntando que "un 80 por ciento de la población no tiene acceso en este momento a agua potable de manera normal". Además de las previsiones de aumento de sequía, alertó sobre otros efectos que potencia el cambio climático.

"La deforestación masiva en la zona amazónica debido a la minería caótica que está ocurriendo en la zona generó un rebrote del paludismo que en este momento está en más de 20 de las entidades federales (de 23)", lamentó. Por estos motivos, Álvarez recordó los deberes pendientes del Gobierno. "La Ley de Gestión Integral de Riesgos Naturales y Tecnológicos del 2009 indica en uno de sus artículos que debe hacerse en el plazo de un año un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Asimismo, para el Plan Nacional de Derechos Humanos se identificaba la protección contra el cambio climático como derecho humano y se solicitaba el diseño y puesta en práctica de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático", criticó.

BME ACTUALIZA LA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN DE LA BOLSA DE BOLIVIA

Valencia Plaza de España (www.valenciaplaza.com)

                                                                                                               

Bolsas y Mercados Españoles (BME) y Bolsa Boliviana de Valores (BBV) han puesto en marcha con éxito una nueva versión de la plataforma de negociación SMART BBV. Diseñada conjuntamente y desarrollada por BME, la nueva versión permite a la Bolsa Boliviana de Valores aumentar las funcionalidades ya disponibles en versiones anteriores de la plataforma e implementar nuevos Mecanismos que permitan la negociación totalmente en Mercado Electrónico.

Entre las novedades destaca la inclusión de la negociación de productos del mercado secundario que se negocian bajo el modelo de Subastas Dobles Competitivas en negociación multilateral de Renta Fija. (genéricos de compra venta y genéricos de repos).

Además, dentro de los nuevos desarrollos, se incluyen en los Terminales de Operadores el rol de 'Asistentes de Operador', así como un nuevo interfaz basado en el protocolo FIX, que permite una mayor conectividad entre los participantes en el mercado.

Con la puesta en marcha de esta nueva versión de SMART BBV, la Bolsa Boliviana de Valores confirma la apuesta por BME para consolidar la modernización tecnológica y funcional de sus mercados de instrumentos financieros, tanto en los trabajos de implantación como en su mantenimiento y soporte. BME reafirma así su compromiso con las infraestructuras de mercado en Latinoamérica en el marco de su proceso de internacionalización.

IRÁN, UN PELIGROSO ALIADO PARA LA REGIÓN

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

                                                                                                

Varios países de América Latina sostienen relaciones muy próximas con la teocracia iraní, ignorando voluntariamente que aliarse con un depredador es igual que poner la cabeza entre las fauces de un lobo, aunque es justo reconocer que los compañeros de Teherán en el hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua, distan muchos de ser vegetarianos.

Algunos afirman que Irán posiblemente sea mejor como enemigo que como aliado. Los pésimos antecedentes de ese régimen en lo que respecta a derechos humanos y sus actividades relacionadas con el terrorismo lastiman notablemente el prestigio del cualquier Estado que decida convertirse en su compañero de ruta.

Un país que viola de forma sistemática y permanentemente los derechos de sus ciudadanos no puede ser un buen aliado. Teherán tiene instrumentada una política de cero tolerancias contra quienes difieren del pensamiento oficial, además de reprimir brutalmente a quienes tienen una conducta social que las autoridades consideran contrarias a sus valores.

Cuba fue una de las primeras naciones del continente en establecer relaciones con el régimen de los Ayatolá. Fidel Castro forjó estrechos vínculos con los líderes iraníes, Ruhollah Jomeini, el fundador de la teocracia, y su sucesor, 1989, Alí Jamenei, quien todavía es el amo de un país que ha mostrado frecuentemente estar harto de sus caudillos.

Castro fue también el principal instigador y facilitador para que otros caciques latinoamericanos establecieran relaciones con Teherán. Razón por la cual cuando Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa, llegaron al gobierno, forjaron alianzas con un régimen en el que todos se veían reflejados. Posteriormente cuando se constituyó en el hemisferio, la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador se convirtieron también en parte del mecanismo que favorece el incremento de la influencia de Irán en la región.

Una de las características esenciales de los ayatolás es su afición a la violencia. Cierto que la primera víctima de esta práctica es su propio pueblo, pero también la extienden a cualquier rincón del mundo que pueda serle conveniente. Con ese fin han favorecido una serie de franquicias del terror como Hezbollah y Hamas, entre otras, que cumplen diversas misiones en el continente americano y en el resto del mundo como se aprecia en sus ataques a Israel. Irán y sus aliados son enemigos naturales de la libertad y la democracia.

Hay que tener presente que militantes de la principal franquicia terrorista iraní, Hezbollah, están sindicados de estar involucrados en el atentado con coche bomba del 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires. El atentado terrorista causó 85 muertes y ocurrió solo dos años después de una bomba contra la embajada de Israel, también en Argentina, que mató a 29 personas. Han sido dos de las acciones más sangrientas realizadas por terroristas en el hemisferio, solo comparables con las de FARC y el ELN de Colombia.

Hezbollah tiene una fuerte presencia en la denominada Triple Frontera, Brasil, Paraguay y Argentina. En esa región la delincuencia organizada ejerce el control sobre numerosas actividades ilegales, particularmente el narcotráfico, una de las industrias clandestinas en las que tiene mayor presencia el principal instrumento no gubernamental de Irán en la región. En esa zona se ha encontrado propaganda que promueve el terrorismo islámico y según un informe en la Triple Frontera radica el centro de financiamiento más importante de los terroristas fuera de Medio Oriente.

Sin embargo, es Venezuela el país del hemisferio que aparentemente tiene las relaciones más estrechas con Irán. Tareck el Aissami, ex vicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional venezolano ha sido denunciado, al igual que otros funcionarios de ese país, por entregar pasaportes a militantes de Hezbollah para que le fuera más seguro cumplir las misiones asignadas.

El presidente de Colombia, Ivan Duque, en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, dijo: “Hemos visto la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro”. Una denuncia que demanda mucha atención.

Un trabajo en las redes que en su título advierte que Irán en el continente implica peligros para Estados Unidos está errado en la opinión de este articulista, porque son los países que se vinculan a Teherán los que corren el mayor peligro.

Gobiernos como los de Irán, Cuba y Venezuela solo son capaces de exportar opresión y enseñar a los verdugos de turnos a como ser más eficientes con la guillotina.