ARGENTINA, BOLIVIA Y SU ÍNTIMA RELACIÓN CON EL GAS NATURAL

El ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca, describe el impacto de Vaca Muerta en su país en términos de aprendizaje y tecnología. Qué cambió en una Bolivia que sufre la pérdida de sus reservas.

El gas natural es y será el energético preferido del siglo XXI por todo el planeta. Argentina es un país que ha respirado gas natural desde hace más de medio siglo y continuara haciéndolo en las décadas que se avecinan. Argentina empezó a utilizar masivamente el gas natural a mediados de la década de los años cuarenta y la dio de la mano de Gas del Estado.
Muchos países de la región, incluido Bolivia, tomaron lecciones de Argentina de aspectos técnicos (gasoductos, redes de gas y lo más importante la tecnología para el uso de Gas Natural Comprimido (GNC) y Vehicular (GNV). También se aportó muchísimo a la región con la diseminación de aspectos y conceptos tarifarios, comerciales y regulatorios.
Junto con varios países árabes, Rusia y Estados Unidos, Argentina dependió y sigue en un 50 a 55% de gas natural en su matriz energética. Con toda certeza podemos manifestar, que será base de su economía, de su seguridad de abastecimiento energético y motor de exportaciones en el futuro.
Argentina de sus diversas cuencas productoras tuvo un ciclo de producción de gas natural creciente desde los 2 millones de m3 diarios en 1950 hasta los 143 millones de m3 al día en 2004. Llegó incluso a complementar sus necesidades de demanda con importaciones de Bolivia por aproximadamente 26 años desde 1972 a 1998 con la firma de contratos en firme y que dio lugar a la primera integración con gasoducto entre dos países en el Cono Sur.
Hacia finales de los años 90 se construyen varios gasoductos hacia Chile, uno Uruguay y otro a la frontera con Brasil, que se sustentaban sobre reservas y potencial de gas existentes y también con la apertura económica y privatizaciones que se dieron. Lastimosamente, las exportaciones recortan drásticamente a partir de 2004 para tratar de abastecer su alta demanda interna. Problemas macroeconómicos, políticos, elevados subsidios en su mercado interno, empresarios faltos de visión y mucho más, redujeron inversiones en exploración y explotación y por ende reducción en la producción de gas natural.
Argentina se vio obligada a retomar importaciones en firme de Bolivia a partir del 2007 y también a importar Gas Natural Licuado (GNL) a partir de 2008. Este cambio súbito de exportador a importador de gas natural fue muy cruel para la balanza comercial energética del país con importaciones de aproximadamente 43.000 millones de dólares entre 2010 y 2024 (con un promedio anual de US$ 3.000 millones). Importar gas sin divisas fue muy complejo y doloroso.
Empero, fruto del desarrollo tecnológico del gas no convencional (shale) en EE.UU. y de los recursos abundantes disponibles en Argentina la producción desde Vaca Muerta comienza a dar los primeros resultados el año 2014. Ese año Argentina produjo 115 millones de m3 diarios, de los cuales 10% fueron de gas shale. Una década después la producción nacional de gas natural fue de 139 millones de m3 al día, de los cuales el 63% fueron de gas shale. Un gran salto en el no convencional y un importante declino en el gas convencional se puede observar.
Lo anterior permitió reducir importaciones de gas de Bolivia (que no pudo cumplir el contrato hasta 2026), además reducir la importación de GNL y de combustibles líquidos para generación eléctrica. Por nueva producción de shale oil, Argentina deja de importar petróleo a partir del 2019. El shale de Vaca Muerta es muy prolijo geológicamente y la zona tiene muchas bondades que las empresas han sabido experimentar para bajar costos y subir eficiencias.
Políticas públicas como el Plan Gas, construcción de gasoductos por parte del Estado y otros permitieron retomar y aumentar exportaciones de gas y también de petróleo y GLP. En este sendero es que Argentina revierte su balanza comercial.
En 2013 el déficit comercial energético fue de aproximadamente 7.000 millones de dólares; mientras que en 2024, fruto de los esfuerzos e inversiones en Vaca Muerta e infraestructura, el superávit energético comercial fue de US$ 5.700 millones. Un gran salto, sin duda, que fortalece a la economía y a las divisas.
Con infraestructura desarrollada años atrás que la vincula con todos sus vecinos países, se retoman exportaciones a los países vecinos principalmente a Chile (96% en 2024) tratando de recomponer confianza que poco a poco se esta logrando, en especial respetando contratos en firme.
Bolivia ha dejado y muy difícilmente retomara su rol de proveedor de gas natural regional. Políticas económicas fallidas como la nacionalización y de Estado empresario han hecho que el país se torne en importador de energía. En 2028 tendrá que importar gas natural y lo más lógico es que sea de Argentina. Los gasoductos están casi todos vacíos y por supuesto que deberían tratar de usarse para moléculas del enorme potencial de gas en Vaca Muerta hacia Brasil. Los primeros esfuerzos se han logrado este 2025 con pequeñas cantidades interrumpibles que atravesaron gasoductos en los tres países recorriendo cerca de 5.000 kilómetros.
Dos temas inéditos es que las transacciones regionales se están haciendo entre compradores y vendedores privados haciendo que el mercado funcione y los países están colaborando. Falta infraestructura en Argentina, principalmente en el norte y optimizar (reducir) las tarifas en los tres países para que el gas fluya a los mercados del norte de Chile, Bolivia y Brasil competitivamente. Utopía o realidad, solo el tiempo dirá para un mercado potencial de 50 a 60 millones de m3 al día.
Está también la exportación de GNL desde Argentina, un proyecto ambicioso que llevan adelante varias empresas y que de concretarse le dará escala a Vaca Muerta para además monetizar gas asociado al petróleo. Se espera exportaciones para el 2030 de 80 millones de m3 diarios equivalentes de GNL y 1,5 millones de barriles diarios de petróleo.
Vaca Muerta es y será el caballo de Troya de la economía argentina, siempre y cuando se respeten contratos y se continúen fomentando las exportaciones.
(*) El autor es Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y ex secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), hoy socio director de Gas Energy Latin America.
 
 
 
 
 
BOLIVIA Y EL LITIO, ENTRE EL ORGULLO Y LA PACIENCIA
 
No hay país sin destino si cuida su raíz. El litio es la raíz del siglo XXI. Y Bolivia ya la tiene en sus manos.
 
Insurgencia Magisterial (https://n9.cl/gbzb4)
 
Reservas estimadas 23 millones de toneladas (33,6% del total mundial) es la número 1 del mundo. Producción 2023 casi nula (0,0% de la producción mundial). Valor estimado más de US$ 460.000 millones (33,6% del valor global). Datos del Servicio Geológico de EE.UU.
Bolivia posee las mayores reservas de litio del planeta, pero aún no tiene producción industrial relevante ni una cadena de valor consolidada. No es un país pobre, es un país saqueado con dignidad intacta. Tiene los recursos, tiene la historia y sobre todo tiene el litio. Pero mientras el mundo corre por el mineral blanco como si fuera sangre para los autos eléctricos, Bolivia camina a su propio ritmo. Esa paciencia que para algunos es atraso, podría ser su mayor poder.
El llamado triángulo del litio (Chile, Argentina, Bolivia) concentra más del 60 por ciento de las reservas globales. Bolivia, con el Salar de “Uyuni” como epicentro. También hay potencial en los salares de Coipasa en Oruro y Pastos Grandes en Potosí. Salar de Uyuni: ≈ 21 millones de toneladas. Proporción del salar en el total del país: ≈ 91 %. Esto significa que prácticamente toda la riqueza de Bolivia en litio está bajo la superficie del Salar de Uyuni, siendo el mayor yacimiento único en el planeta.
Aun así en 2023 Bolivia solo facturó unos US$ 180 millones por litio y derivados. La producción fue baja. Pero el 100 por ciento de esa cifra queda en manos del Estado. No hay concesiones privadas. Toda la cadena está bajo control de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Un modelo soberano sí, pero aún en desarrollo. Y en disputa porque cada paso estatal molesta a los que quisieran manejar el litio como manejaron la plata o el cobre.
El litio boliviano es más difícil de procesar. Está más mezclado con magnesio lo que encarece su separación. Requiere tecnología, inversión y soberanía. Y Bolivia ha preferido construir esa soberanía antes que repetir la historia del estaño, el gas o la plata. Por eso el litio es 100 por ciento estatal. No hay SQM ni Albemarle. Ningún privado puede explotarlo sin asociarse con YLB. No hay concesiones abiertas. Solo un Estado que eligió ser dueño de su subsuelo.
Hoy YLB opera tres plantas claves:
1. Planta Piloto de Carbonato de Litio en Llipi, Potosí
2. Planta Industrial de Cloruro de Potasio inaugurada en 2018
3. Planta Industrial de Carbonato de Litio, que entró en operación en 2023
En 2023 Bolivia produjo solo 1.400 toneladas de carbonato de litio. Muy por debajo de las 40.000 a 60.000 toneladas que producen Argentina o Chile. El objetivo oficial es alcanzar 100.000 toneladas anuales hacia 2030, con plantas modernas y tecnología DLE (extracción directa).
Para acelerar este camino, Bolivia firmó dos acuerdos estratégicos: uno con el consorcio chino CATL BRUNP CMOC por US$ 1.400 millones para construir dos plantas con tecnología DLE y otro con la empresa rusa Uranium One Group del gigante estatal Rosatom, para desarrollar nuevos proyectos. Ambos respetan la soberanía nacional. YLB conserva el control de los recursos y participa en las utilidades. China y Rusia ponen la tecnología pero no se llevan ni el salar ni la propiedad. Cada planta proyectada tendrá capacidad para 25.000 toneladas anuales acercando a Bolivia a los grandes productores hacia 2026–2027.
Pero Bolivia no quiere ser solo exportador de salmuera. Su meta es crear una cadena de valor completa, desde la salmuera hasta las baterías y autos eléctricos. En 2019 ya inauguró su primera planta piloto de baterías. Hoy busca atraer fábricas de cátodos, electrolitos, componentes estratégicos y ensamblaje de baterías completas.
¿Ambicioso? Sí. ¿Lento? También. ¿Digno? Absolutamente.
Bolivia quiere que el litio genere empleo, tecnología y soberanía. Que no termine en manos de multinacionales que operan desde paraísos fiscales. Y eso incomoda. Porque hay países y empresas que prefieren un litio sin Bolivia. O una Bolivia sin Estado.
¿Qué falta?
1. Aumentar eficiencia de plantas actuales
2. Superar cuellos tecnológicos en la extracción
3. Ampliar infraestructura logística
4. Formar más técnicos y científicos nacionales
5. Acelerar nuevas plantas en operación
Y sobre todo blindar políticamente la soberanía sobre el litio. Porque cada vez que Bolivia avanza aparece una crisis, un sabotaje, un golpe o una campaña internacional. Ya ocurrió en 2019. El litio no es solo un mineral. Es geopolítica.
El salar calla, pero no olvida. A cada amanecer blanco sobre Uyuni el litio recuerda que fue evaporado mil veces por el sol pero nunca por el olvido.
Bolivia tiene el recurso. Tiene la dignidad. Tiene la historia. Solo falta el tiempo. Y el tiempo a veces se pone del lado de quienes no traicionan su raíz.
 
 
 
 
 
CHINA Y EL LITIO, EL PODER SIN MINA
 
China no tiene litio, tiene estrategia. No lo extrae, lo controla. Y en un mundo gobernado por baterías, quien controla el litio, controla el futuro.
 
Pressenza Com de Italia (https://n9.cl/630l1)
 
China no es el país con más litio, ni siquiera está en el top 5 de reservas, pero eso no importa porque el litio del siglo XXI no se gana bajo tierra, se gana en las cadenas de valor, en las fundiciones, en los laboratorios, en las fábricas de baterías y en eso, nadie ha llegado tan lejos como China.
Mientras otros países discuten regalías y concesiones, China ya fabrica el 75% de todas las baterías de ion-litio del planeta, controla el 60% del procesamiento mundial de litio y domina más del 70% de la producción global de cátodos y ánodos. Australia extrae, Chile exporta, Argentina negocia, Bolivia planifica, África entrega pero es China la que industrializa y vende.
Reservas locales, mirada global
Geológicamente, China posee solo el 3,9% de las reservas globales de litio (1,5 millones de toneladas LCE), ubicadas en Qinghai, el Tíbet y Sichuan. Produce unas 19.000 toneladas anuales, valoradas entre US$ 950 y US$ 1.200 millones, según el precio de mercado. Pero su poder no está en el subsuelo, está en la estrategia. China no depende de su litio, depende de su visión.
Control global sin territorio
En los últimos 15 años China ha invertido en más de 50 proyectos de litio en el extranjero:
Australia
•Greenbushes. El mayor yacimiento del mundo, 250.000 toneladas LCE anuales. Tianqi posee el 51% de Talison Lithium.
•Mount Marion, operado por Mineral Resources y Ganfeng, 100.000 toneladas LCE. Ganfeng posee el 50%.
•Pilgangoora, con Ganfeng y CATL como socios estratégicos. 95.000 toneladas LCE. Participación china: 25%.
Argentina
•Cauchari–Olaroz: 40.000 toneladas LCE. Ganfeng tiene el 46,7%.
•Sal de Vida son 30.000 toneladas en primera fase. Parte comprometida con empresas chinas.
•Tres Quebradas (3Q) es 100% propiedad de Zijin Mining. Proyecta 20.000 toneladas LCE.
Chile
•Tianqi Lithium controla el 23,8% de SQM. Accede a unas 35.000 toneladas LCE anuales. Valor: más de US$ 1.000 millones.
África
•Zimbabwe (Bikita) es controlada por Sinomine. 29.000 toneladas LCE. Valor proyectado: US$ 850 millones.
•República Democrática del Congo (Manono), aún sin producción masiva, pero con potencial superior a 40.000 toneladas. Participación china estimada: 60%.
Europa
•Portugal. Tianqi posee el 50% de una planta de refinado en joint venture con Galp.
•Serbia, el proyecto Jadar está suspendido, pero empresas chinas monitorean oportunidades.
Resultado: China procesa hoy más del 60% del litio consumido globalmente, generando una cadena de valor de más de US$ 50.000 millones anuales. Solo el refinado e industrialización representan US$ 20.000 millones.
Dato clave es que China extrae menos del 15% del litio que consume, pero fabrica el 75% de las baterías globales. Su modelo: poder sin mina. Soberanía sin concesiones.
Los tres pilares del modelo chino
El modelo se basa en tres pilares:
Primero, política estatal coordinada. Desde 2010, el litio es “recurso estratégico”, con planes quinquenales, subsidios, zonas industriales y normativas a toda la cadena.
Segundo, inversión internacional como política de Estado. Empresas como Ganfeng, Tianqi, CATL, BYD y Sinomine actúan como brazos del Partido Comunista. Compran, firman acuerdos, financian infraestructura y se instalan en los yacimientos clave. Son empresas privadas, sí, pero operan con lógica soberana.
Tercero, industrialización total. China no solo refina el litio, lo transforma. Lidera la producción de baterías, exporta autos eléctricos, desarrolla trenes, buses y sistemas de almacenamiento. No vende salmuera, vende tecnología.
El litio como sistema de poder
A diferencia de Occidente, que ve el litio como un recurso a extraer y vender, China lo entiende como sistema, como arquitectura estratégica, como núcleo de una nueva civilización energética.
Estados Unidos intenta responder con su “Minerals Security Partnership”, buscando reducir su dependencia. Europa habla de “soberanía verde”, pero sin plantas ni fundiciones no hay soberanía. Japón compra, Corea se asocia, África sigue esperando.
Las cifras que explican todo
En 2023, CATL superó los US$ 30.000 millones en ventas. Ganfeng multiplicó su facturación por 3 en tres años. BYD superó a Tesla como la mayor fabricante de autos eléctricos del planeta. Todo con litio procesado en China, aunque el mineral venga de Argentina, Bolivia, Chile o Zimbabwe.
¿Quién manda entonces?
El que transforma, no el que extrae. China no invade, integra. No saquea, procesa.
La incomodidad de hacer las cosas mejor
Y eso incomoda porque el modelo chino no necesita una gota de litio chileno para hacer temblar a Wall Street, ni una tonelada argentina para preocupar a Tesla, ni un salar boliviano para cambiar el eje del poder global. Le basta con hacerlo mejor, más rápido, más integral, más soberano.
¿El costo?
Alianzas estratégicas, control tecnológico, dependencia política, sí, pero con resultados. China no tiene minas, tiene diseño. No tiene litio, tiene el futuro, tiene el poder.
 
 
 
 
 
BOLIVIA LLEGA A ELECCIONES CON CRISIS INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA
 
El politólogo Daniel Moreno analizó el escenario boliviano marcado por inflación, fragmentación política y desgaste del MAS
 
Canal N de Perú (https://n9.cl/402yp)
 
El politólogo boliviano Daniel Moreno analizó en Canal N el complejo contexto que vive Bolivia, a un mes de celebrarse las elecciones generales. Según explicó, el país enfrenta una inflación no vista en las últimas cuatro décadas, además de escasez de dólares y combustible, lo que ha generado una situación crítica para la población y para el Estado, que ya no cuenta con los recursos suficientes para sostener los subsidios vigentes.
Junto a la crisis económica, Moreno advirtió un grave deterioro institucional. Señaló que el sistema judicial, el poder electoral y el banco central han sido objeto de intervenciones que han limitado su independencia en los últimos años, agravando el panorama político.
El MAS en su punto más débil tras dos décadas en el poder
A nivel político, el Movimiento al Socialismo (MAS) llega a esta elección en su momento más fragmentado. Según Moreno, existen tres facciones dentro del partido que compiten con candidatos propios, siendo una de ellas la que conserva la sigla oficial, aunque con una intención de voto inferior al 3 %.
El politólogo señaló que el MAS —que en el pasado ganó elecciones con más del 60 %— ha perdido fuerza por la crisis interna y el desgaste del proyecto político, y advirtió que por primera vez desde 2005 hay una posibilidad concreta de que un partido distinto asuma el poder.
Evo Morales no es candidato, pero mantiene influencia regional
Moreno confirmó que Evo Morales no es uno de los ocho candidatos presidenciales. Sin embargo, sigue ejerciendo influencia política desde el trópico de Cochabamba, zona productora de coca donde mantiene respaldo social y donde, según indicó, evita responder ante la justicia.
El exmandatario contaría aún con un 15 a 20 % de apoyo electoral, pero este se encuentra dividido entre las distintas candidaturas vinculadas al MAS, incluyendo la del actual presidente del Senado y la de la alcaldesa de El Alto.
Doria Medina y Quiroga encabezan encuestas
Según los últimos sondeos, las candidaturas con mayor respaldo son las de Samuel Doria Medina, quien propone reformas económicas estructurales, y la de Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia. Ambos plantean alternativas distintas al modelo económico vigente, centradas en la recuperación de la estabilidad fiscal y la inversión.
Moreno indicó que la población boliviana no respalda salidas autoritarias ni interrupciones del proceso electoral. Añadió que la mayoría del país apuesta por una salida democrática a través de las elecciones, ante un contexto insostenible marcado por colas para obtener combustible, pérdida del poder adquisitivo y volatilidad de precios.
 
 
 
 

TENSIÓN EN LA RECTA FINAL DE LA CARRERA ELECTORAL EN BOLIVIA: EVO MORALES AMENAZA CON VIOLENCIA Y CRECE LA DERECHA
 
El oficialismo, que llega dividido, intenta mantener a raya a los sectores más duros que buscan forzar la candidatura de Morales (pese a que se lo impide la Constitución y la Justicia). A un mes del comicio, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga encabezan encuestas.
 
Perfil de Argentina (https://n9.cl/xwrg4)
 
Aun mes de las elecciones generales en Bolivia, la campaña presidencial avanza en un clima marcado por la presión social, la amenaza de violencia y un oficialismo dividido. Las manifestaciones organizadas por sectores afines a Evo Morales se trasladaron desde las rutas a las declaraciones, con advertencias explícitas de que no permitirán los comicios si el expresidente no es habilitado como candidato.
Aunque la protesta se desactivó tras dos semanas de bloqueos en junio, en las que murieron seis personas, los mensajes de ruptura siguen activos. Ruth Nina, dirigente política cercana al exmandatario, sostuvo en una entrevista que “el Tribunal Supremo Electoral va a contar muertos, no votos”. Por esa frase se abrió una causa penal.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las amenazas y denunció ataques por parte de actores políticos y sociales que buscan condicionar sus decisiones. En un comunicado reciente, el organismo advirtió que no cederá ante presiones ni intereses sectoriales, y ratificó que garantizará la transparencia y legalidad del proceso del 17 de agosto.
María Teresa Zegada, socióloga y analista política, consideró que los sectores alineados con Morales representan el “factor más disonante” del panorama actual. Advirtió que existen dudas sobre si permitirán la votación en zonas como el Trópico de Cochabamba, bastión sindical e histórico del expresidente.
Una campaña signada por la desmovilización
A pesar del malestar acumulado, el resto del país atraviesa una suerte de pausa social. Zegada sostuvo que hay una expectativa sostenida en relación con lo que puedan definir las urnas. "La movilización y la conflictividad de meses anteriores no se reflejan hoy con la misma intensidad", señaló.
La crisis económica se mantiene como un telón de fondo constante, pero no ha logrado canalizarse en un polo político dominante. La desconfianza hacia las principales fuerzas continúa siendo alta, lo que favorece la dispersión del voto.
Candidatos confirmados y padrón electoral
El Tribunal Electoral informó que están habilitados para votar 7.937.138 ciudadanos, de los cuales 369.931 residen fuera del país. En un principio, diez agrupaciones políticas fueron autorizadas a competir, aunque una de ellas —Nueva Generación Patriótica— se retiró al no lograr inscribir a su candidato, Jaime Dunn.
Además del TSE, al menos seis misiones internacionales acompañarán la elección, entre ellas las de la Unión Europea, la OEA, Uniore y otras plataformas regionales. También se sumarán redes ciudadanas locales como “Cuidemos el voto 2025”.
Doria Medina y Quiroga lideran las encuestas
Los sondeos conocidos hasta ahora muestran un escenario abierto. El empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, ambos cercanos a la derecha, aparecen al frente, con diferencias mínimas en la intención de voto. Más abajo figuran el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien se presenta por fuera del Movimiento al Socialismo (MAS), y el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Zegada remarcó que aún persiste un alto porcentaje de indecisos, votos en blanco y nulos, lo que configura un “voto oculto” con capacidad de alterar cualquier proyección. “El escenario está estancado en términos de intención, pero todavía no consolidado”, explicó.
Lecciones de 2020 y perspectivas de gobernabilidad
La analista recordó lo ocurrido en las elecciones de 2020, cuando se proyectaba una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa, pero el MAS se impuso con mayoría absoluta. “Ese antecedente obliga a tomar con cautela las encuestas”, subrayó.
También advirtió que, sea quien sea el nuevo presidente, deberá construir acuerdos políticos sólidos para enfrentar el desgaste económico. Sin mayorías claras ni un liderazgo dominante, los márgenes de gobernabilidad serán limitados.
Un país en vilo frente a las urnas
Con la campaña formal ya en marcha y el calendario electoral corriendo, Bolivia se enfrenta a una elección cargada de tensión. La resistencia de los sectores más radicalizados del oficialismo, el frágil equilibrio institucional y la dispersión del electorado configuran un escenario incierto.
El Tribunal Electoral insiste en que garantizará los comicios sin interferencias. El desenlace dependerá, en parte, de si las amenazas se convierten en hechos, o si la sociedad boliviana logra procesar el conflicto en paz, a través del voto.
 
 
 

 
BOLIVIA: CEDIB SEÑALA QUE EL PAÍS SE ENCAMINA HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO SIN INFORMACIÓN TÉCNICA PRECISA
 
Business-Human Rights.Org (https://n9.cl/1zuv7)
 
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, advirtió que el país ha avanzado en el proyecto de industrialización del litio sin contar con información técnica ni planificación adecuada. “Nos hemos limpiado la boca antes de comer, hemos hecho el desarrollo sin conocer”, afirmó en entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
Campanini señaló que Bolivia emprendió el camino hacia la industrialización del litio sin datos precisos sobre las reservas existentes, sin una política sólida y con decisiones improvisadas que hoy ponen en duda la viabilidad del proyecto. “Seguimos avanzando sin tener precisión de datos exactos que nos puedan ayudar a apuntar con mayor efectividad un proyecto tan importante para el país y un sueño tan importante para Potosí”, expresó.
El investigador explicó que el país ingresó al negocio del litio a través de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), instalando incluso una planta de cloruro de potasio entre 2018 y 2019, pese a no haber concluido la planta de carbonato de litio ni contar con una certificación clara de reservas. Según advirtió, esta situación impide a las empresas que firmaron convenios con el Estado desarrollar una certificación técnica propia, lo que contraviene normas específicas y deja en evidencia la ausencia de una estrategia estatal coherente.
Campanini detalló que actualmente existen 14 convenios con distintas características jurídicas y administrativas, lo que complica aún más el panorama. A su juicio, el proyecto de industrialización atraviesa “un momento bien difícil, bien complicado”, y está generando presión incluso sobre los actores políticos nacionales…
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE CRIPTOMONEDAS EN BOLIVIA?
 
Bolivia impulsa una nueva normativa para integrar el uso de criptoactivos en sus finanzas tradicionales.
 
Cripto Noticias (https://n9.cl/mhdi6)
 
Con el objetivo de modernizar su sistema financiero y establecer un marco legal para la actividad vinculada a los criptoactivos, Bolivia ha implementado una nueva regulación mediante la Resolución ASFI 540/2025, respaldada por el Decreto Supremo 5384.
Elaborada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), esta normativa establece por primera vez un planteamiento específico para regular las plataformas tecnológicas del ámbito financiero, y a los proveedores de servicios con activos virtuales —incluyendo las plataformas que operan con criptomonedas—.
El alcance de la medida es amplio: más de 200 empresas que actualmente operan en el país deberán ajustarse al nuevo marco legal, incluyendo 33 plataformas de pago y 176 proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Estas entidades deberán presentar su solicitud de autorización formal antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite para alinearse con las nuevas exigencias regulatorias.
La normativa se basa en tres principios fundamentales: innovación responsable, que impulsa el avance tecnológico sin comprometer la estabilidad del sistema; interoperabilidad, que facilita la integración entre distintos servicios y plataformas financieras; y confidencialidad y reserva, destinada a salvaguardar la privacidad de los usuarios y la seguridad de las operaciones.
Además, la regulación incluye herramientas complementarias, como un registro nacional de activos virtuales, estrictos protocolos de ciberseguridad y espacios controlados para pruebas, donde los nuevos modelos de negocio podrán ser evaluados antes de su ingreso definitivo al mercado.
La normativa señala que las plataformas extranjeras no están obligadas a constituirse legalmente en Bolivia, siempre que no mantengan alianzas con entidades financieras locales.
Este punto fue valorado por la diputada María Baldivieso, quien manifestó lo siguiente: «Este es un punto muy importante para garantizar la operatividad y la libertad de los ciudadanos de usar plataformas extranjeras como Binance, participando en los mercados P2P y otros mecanismos de intercambio y pago internacional sin ser sometidos al escrutinio regulatorio e intervencionista».
Sin embargo, Fabián Espinoza, abogado especializado en Derecho Informático y delegado de la Cámara Blockchain Bolivia (Cablock), señaló que la normativa presenta vacíos y desafíos legales. En particular, critica la falta de una distinción clara entre el sector fintech y el ecosistema de activos virtuales.
«No distingue entre el ámbito Fintech y el ecosistema de activos virtuales, que debieran regularse por cuerda separada. Debe leerse el reglamento sin hacer interpretaciones precipitadas, porque para eso existen reglas jurídicas», dejó claro.
Además, cuestiona el carácter retroactivo de la norma, que obliga a las empresas ya operativas a someterse a un proceso de adaptación, mientras que las nuevas deben seguir un procedimiento distinto de constitución. Esto podría dar lugar a interpretaciones contradictorias y a una sobrerregulación indirecta de empresas extranjeras.
La diputada Baldivieso señaló preocupaciones sobre el grado de discrecionalidad que tendría la ASFI para aplicar esta regulación. En palabras de la funcionaria, «la misma ASFI puede decidir cuándo, cómo y para qué servicios abrir convocatorias». Según la especialista, esto no garantiza un tratamiento ecuánime ni incentivos claros para la innovación.
«La ASFI se encuentra otorgando a sí misma facultades regulatorias que incrementan su poder y que agrandan al Estado sin reportar beneficios para el ciudadano. Esto debe cambiar empezando por una reforma de la Ley 393 de Servicios Financieros», expresó.
También cuestionó que se exijan requisitos similares a los de las entidades financieras tradicionales, como un capital mínimo, declaraciones de solvencia o planes de negocio detallados: «La mayoría de las plataformas fintech nacen como startups que, más bien, buscan experimentar en el mercado para demostrar en la práctica los beneficios para el usuario».
Otra de las principales críticas se centra en el impacto que esta regulación podría tener sobre modelos de negocio emergentes, como las plataformas Buy Now Pay Later (BNPL), el crowdfunding y las pasarelas de pago.
Según Baldivieso, el futuro de estos emprendimientos dependerá de dos factores: «(1) de la discrecionalidad interpretativa de la ASFI en cuanto a lo que significa ‘innovación tecnológica’, que sigue siendo un concepto muy ambiguo, y (2) de que ASFI no rechace el modelo de innovación tecnológica en específico que le presente la startup».
Por su parte, Fabián Espinoza sostiene que el reglamento no establece un capital mínimo claro y que sus categorías son genéricas, lo que dificulta la planificación de nuevas inversiones.
 
 
 
 
 
 
REDESCA PUBLICA INFORME SOBRE INCENDIOS EN BOLIVIA Y URGE ACTUAR ANTE IMPACTOS EN DERECHOS HUMANOS Y LOS ECOSISTEMAS
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://n9.cl/qsms4)
 
Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe "Impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la biodiversidad", elaborado a partir de su visita de trabajo al Estado Plurinacional de Bolivia realizada entre el 9 y el 11 de diciembre de 2024.
Durante la misión, encabezada por el Relator Especial Javier Palummo Lantes, la delegación visitó La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco, incluyendo un sobrevuelo en la región de la Chiquitanía, para documentar los impactos de los incendios forestales sobre los derechos humanos, en particular sobre comunidades rurales e indígenas.
El informe documenta una tendencia creciente de incendios forestales en las últimas dos décadas, con daños generalizados sobre la naturaleza, los territorios y las poblaciones. En 2024, Bolivia enfrentó una emergencia de magnitud sin precedentes, con más de 10 millones de hectáreas afectadas, lo que generó un impacto devastador sobre ecosistemas estratégicos y medios de vida. Según información oficial, los departamentos más afectados fueron Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando y especialmente Santa Cruz, donde el fuego arrasó aproximadamente 7,3 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 65% de la superficie total afectada. Estos incendios implicaron pérdidas significativas tanto ambientales como socioeconómicas, afectando a comunidades, sus formas de subsistencia y los ecosistemas de los que dependen.
El informe analiza los impactos en una amplia gama de derechos, incluidos el acceso al agua, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y los derechos culturales, subrayando cómo se profundizaron las desigualdades estructurales que ya enfrentan pueblos indígenas, comunidades campesinas, mujeres, personas mayores y en situación de pobreza.
El informe destaca la urgencia de adoptar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego con enfoque ecosistémico, preventivo e intercultural, que articule conocimientos científicos y saberes tradicionales. También insta a eliminar incentivos normativos y económicos al cambio de uso del suelo y la deforestación, asegurar evaluaciones de impacto ambiental y social, y exigir debida diligencia climática, ambiental y en derechos humanos a las empresas que operan en sectores de alto impacto. Además, el informe señala que la gestión del fuego requiere integrar conocimientos tradicionales, mejorar la fiscalización y garantizar la participación y acceso a la información, todo esto con un enfoque preventivo, intercultural y basado en derechos.
La REDESCA valora los esfuerzos desplegados por el Estado boliviano en la respuesta a la emergencia, incluyendo la actuación de los distintos niveles de gobierno, las brigadas comunitarias y la cooperación internacional. No obstante, remarca que la prevención estructural, la restauración ecológica y la acción climática con enfoque de derechos humanos son claves para evitar nuevas crisis de esta magnitud.
Considerando el carácter transfronterizo de los incendios y sus efectos regionales, la Relatoría enfatiza la necesidad de avanzar hacia mecanismos de gobernanza ambiental regional, en línea con los estándares interamericanos y otros instrumentos multilaterales sobre cambio climático, salud, desastres y derechos humanos.
La REDESCA agradece al Estado Plurinacional de Bolivia por su apertura y colaboración durante la visita y la elaboración del informe, en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Misión Permanente ante la OEA, así como a las autoridades de todos los niveles, liderazgos indígenas, comunidades rurales, personas defensoras del medio ambiente y de la naturaleza, brigadas comunitarias, sociedad civil y cooperación internacional, cuyas contribuciones fueron fundamentales.
Asimismo, la Relatoría reitera su disposición para brindar asistencia técnica, incluyendo la posible activación de un mecanismo de seguimiento que permita acompañar la implementación de las recomendaciones y fortalecer la protección de los derechos humanos frente a la emergencia climática.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una relatoría creada por la CIDH con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
 
 
 
 
 
DETIENEN A CIUDADANO BOLIVIANO CON MÁS DE 100 BOTELLAS DE KETAMINA EN IQUIQUE
 
Radio Paulina de Chile (https://n9.cl/2amwc6)
 
Un ciudadano boliviano fue detenido el miércoles por transportar y mantener en su vivienda más de 100 botellas de ketamina para la confección de la droga sintética denominada “tusi” en la ciudad de Iquique.
El procedimiento se efectuó en el sector centro de la ciudad, cuando el personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en flagrancia a un sujeto que al interior de un vehículo particular trasladaba ketamina en frascos de vidrio con la finalidad de comercializar dicha sustancia.
Continuando con las diligencias, el personal especializado de la PDI materializó la entrada y registro al domicilio del sujeto, percatándose que el detenido mantenía acopiada una gran cantidad de la misma sustancia al interior del inmueble.
En paralelo, también se logró la incautación del vehículo particular utilizado por el imputado y se incautó un teléfono celular que era utilizado para realizar las coordinaciones referentes a las operaciones de tráfico de drogas desarrolladas.
El procedimiento se efectuó mediante la utilización de técnicas especiales del mismo cuerpo legal, en coordinación con el Ministerio Público a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Iquique.
En tanto, el Ministerio Público y la PDI realizarán un punto de prensa este viernes en el cuartel policial de avenida Salvador Allende para entregar los detalles de esta investigación y exhibir los medios de pruebas incautados.
 
 
 
 
 
CAE DUPLA NARCO CON 90 KILOS DE COCAÍNA EN PUNO: DROGA IBA EN CAMIONETA RUMBO A BOLIVIA Y ERA ESCOLTADA POR MOTOCICLISTA
 
La droga está valorizada en cerca de 300 mil dólares y se presume que fue trasladada desde el VRAEM con destino a Bolivia. Las diligencias fiscales y policiales continúan.
 
La República de Perú (https://n9.cl/4ncfi)
 
En una operación policial realizada la noche del miércoles, agentes del Puesto de Vigilancia de Fronteras de la Policía Nacional incautaron 90 paquetes de presunto alcaloide de cocaína y detuvieron a dos sujetos en las inmediaciones del centro poblado de Huancasaya, distrito de Cojata, provincia de Huancané. La intervención reveló una posible ruta de tráfico internacional por la cercanía con la frontera de Bolivia.
Los detenidos son Marcelino Mamani Mamani (49), alias “Adolfo”, conductor de una camioneta Hilux gris de placa T9Z-948, y Frank Clever Cruz Sucso (22), alias “Caleta”, quien se desplazaba en una motocicleta y actuaba como escolta. La droga estaba distribuida en tres sacos dentro del vehículo, empaquetada en bloques tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de alcaloide de cocaína.
Droga habría salido del VRAEM y era dirigida hacia Bolivia
La intervención policial frustró el traslado de la mercancía ilícita, que habría salido del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Según el coronel PNP Carlos Urbina Barreto, la carga tendría como destino final el territorio boliviano, lo que refuerza la hipótesis de tráfico transnacional. Por la cantidad incautada, se estima un valor comercial de aproximadamente 300 mil dólares.
Ambos implicados están bajo custodia, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional realizan las diligencias para determinar el rol de cada uno dentro de una posible organización criminal y verificar si existen más personas involucradas en la cadena de transporte de la droga.