Thursday, January 13, 2005

CHILE EL PAÍS "MODELO", VOLVIÓ A LA ERA "PRIMITIVA" DEL CARBÓN

Noticias de Bolivia y el mundo, relativas al derecho martítimo boliviano, economía, geopolítica y diplomacia. Recopiladas diariamente, para fines sin fines de lucro: archivo y difusión. Esta sección es mantenida por Daniel Velasquez Espejo.



Chile el país "modelo", volvió
a la era "primitiva" del carbón


Chile considerado el país "modelo" de Latinoamérica, volvió a la era "primitiva" del carbón, combustible que sustituirá al gas natural, energético que comenzó a escasear como consecuencia de la crisis que afecta a Argentina.

Las compañías eléctricas recurrieron al carbón para compensar el racionamiento de gas natural decretados por el gobierno argentino, durante el último año han encarecido sus costos.

Las centrales a gas que están acondicionadas para reemplazar el combustible por diesel deben asumir un mayor valor que es entre cuatro a cinco veces más, debido al alto volumen de petróleo que requiere su funcionamiento, y a la volatilidad del precio en los mercados internacionales.




PIDIERON MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA IMPUTADO BOLIVIANO

El Mercurio de Calama, Chile (www.mercuriocalama.cl)

Una petición para resguardar la integridad física de un boliviano imputado por violación solicitó el abogado defensor. La petición fue formulada durante la audiencia pública en la que el Ministerio Público formalizó investigación contra un individuo de 24 años, quien es investigado por la responsabilidad que le caben en el delito de violaciones contra una menor de 10 años de edad, quien está por cumplir los seis meses de embarazo. En la solicitud, el abogado defensor argumentó que la integridad física del boliviano estaba en riesgo y pidió que cuando lo ingresaran al Centro de Detención Preventiva lo ubicaran en el lugar destinado únicamente a encarcelados de esa nacionalidad, con el supuesto de que allí no lo tratarían mal.
La solicitud le fue concedida y el Tribunal de Garantía pidió que Gendarmería arbitrara las medidas necesarias para que se materializara la petición del abogado defensor.
En todo caso, esa precaución derivaba del hecho de que la madre de la niñita embarazada mostraba algunas lesiones que pudieron derivar de supuesta agresión, lo que motivó que el mismo profesional pidiera que la trasladaran al Servicio de Urgencia del Hospital para que le constataran las lesiones.
Existe una tradición en el sentido de que los encarcelados por violación reciben un trato especial de parte del resto de los internos, quienes pese a que se hallan internos porque no son precisamente angelitos, se creen con derecho a condenar a quienes ingresar por esa causa. En este caso era peor debido al impacto internacional que causó la noticia sobre el embarazo de la pequeñita.
Sin embargo, esa comentada tradición sobre el trato a quienes ingresan por causas sexuales, para Gendarmería no deja ser un mito, dado que la vigilancia es permanente y además, porque los presos saben que todos deberán estar algún tiempo allí y más les vale ser amigos.
En todo caso, los dos imputados por el delito de violación contra la menor embarazada está debidamente resguardados por Gendarmería.




NIÑA VIOLADA Y EMBARAZADA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó una querella por violación y encubrimiento en contra de los padres de la niña de nueve años que, debido a los abusos sexuales, resultó embarazada.
En tanto, el juzgado de menores de Calama aceptó que la menor fuera trasladada al Hogar de la Madre Adolescente, centro atendido por religiosas en la ciudad de Antofagasta, luego de que en el hospital "Carlos Cisternas" se indicara que la menor está en condiciones de viajar y de iniciar un lento proceso de rehabilitación que le permita llegar a la adolescencia en mejores condiciones. "No presenta problemas ginecológicos y el bebé se desarrolla sin inconvenientes", aseguró el director del hospital, Enrique Castro.
El defensor regional de Antofagasta, Pedro Casanueva Werlinger, precisó que solicitarán informes psicológicos y antropológicos de los imputados para analizar su relación de pareja y cómo su condición sociocultural influyó en la comisión del delito. Tanto el padrastro como la mamá de la pequeña abusada provienen de la región rural agrícola de Uyuni, Bolivia.
Según Marcela Palacios, sicóloga del Centro de Violencia Intrafamiliar de Calama, lo más relevante es que la madre de la menor no hizo nada para protegerla. "En ella no existe un sentimiento de protección hacia su única hija, algo que es innato en todas las mujeres", comentó.



Indignada por menor embarazada por padrastro boliviano

ANIMADORA ELI DE CASO: “LA NIÑITA VIOLADA EN CALAMA VA A SER UN ‘TILA’ EL DÍA DE MAÑANA”

Polémica por organizaciones que pidieron oficialmente aplicar el aborto terapéutico en este dramático caso.

Ultimas Noticias de Chile (www.lun.com)

Un polémico intercambio de puntos de vista generó la situación que vive en Calama la menor de nueve años, que tiene un bebé en gestación de cinco meses, fruto de la violación de su padrastro boliviano con la presunta complicidad de su madre.
Mientras seis organizaciones pedían oficialmente aplicar el aborto terapéutico en este caso y algunos hasta se recriminaban el no haber dispuesto la píldora del día después en su oportunidad, otros sectores reaccionaban con cerrada oposición a ambas ideas.
Tan indignada como dolida con el caso se encuentra la animadora Eli de Caso. La conductora considera que “esto como que no resiste ningún tipo de calificación. Es aberrante darse cuenta de que una madre es capaz de pasarle su propia hija a su pareja para que tenga relaciones con ella, embarazarla y fajarla para que no se note. De frentón me queda grande el tema”.
-¿Qué le parece la solicitud de aborto terapéutico?
-Es complicado el tema. No sé. No soy partidaria del aborto. Creo que no, no sé. Desgraciadamente tiene cinco meses. Tal vez si se hubiera tomado una decisión en el momento mismo en que ella quedó embarazada, las cosas hubieran cambiado. Tal vez se habría podido evaluar algo distinto, pero ahora qué vas a hacer con cinco meses de embarazo.
-¿Entonces ni siquiera en este caso se justifica?
-Tal vez, tal vez, tal vez. Tendría que ver los antecedentes, un poco la vida de ella. Yo encuentro que la vida de ella se destruyó. Encuentro espantoso que su madre la tuviera amenazada y no pudiera hablar. La madre es una persona que está totalmente enferma, el tipo es un degenerado y esta niñita es una víctima de dos monstruos.
-¿Se pudo haber usado la píldora del día después?
-Mira, el aborto terapéutico de una guagüita de cinco meses no me parece apropiado, porque la guagua está entera, tiene brazos, piernas, dedos, cabeza, ojos, todo. Es una guagua que podría nacer, o sea, cómo la vas a asesinar. Distinto habría sido haberle proporcionado a ella esa misma noche, ponte tú, la píldora del día después. Eso es distinto, es otro escenario
-¿Cómo ve su futuro?
-A esa niñita le destruyeron la vida. Esa niñita va a ser un “Tila” el día de mañana, con problemas de trastorno de la personalidad, trastornos afectivos, imposibilidad de que pueda hacer una vida de pareja normal. A esa niñita le castraron su vida y todo fue avalado por su madre.
Difícil decisión
Una de las agrupaciones que piden el aborto terapéutico es la Corporación La Morada. Su coordinadora de la red de salud, Adriana Gómez, considera que “lo que le está sucediendo a la niña no se soluciona sólo con darle apoyo para que siga con su embarazo, sino que el embarazo en sí constituye un riesgo para su vida”.
La dirigenta además le suma a las razones médicas, el hecho de que el embarazo provenga de un abuso sexual. “En la gran mayoría de los países del mundo y en muchos de América Latina existe el aborto legal por violación, porque la víctima debe sufrir otra violencia cursando un embarazo de un violador”, afirmó Gómez.
La diputada PPD María Antonieta Saa manifiesta sus reparos acerca de interrumpir el embarazo de la niña. “Pienso que no sería recomendable un aborto terapéutico por el avanzado estado de embarazo de la menor, pero habría que preguntarles a los médicos. Pero sí creo que debemos legalizarlo para otros casos, y obviamente también debemos discutir sobre el embarazo por violación”, asegura.
El ministro de Salud, el gineco-obstetra Pedro García, descartó de plano la interrupción del embarazo. Planteó que su cartera ha desarrollado otro tipo de estrategias para casos de violación, haciendo alusión a la aún polémica píldora del día después.
Abogado Jorge Reyes: “Juegan con el dolor ajeno”
Indignado por la solicitud de aborto terapéutico se manifestó el abogado Jorge Reyes, coordinador de la Red Pro Vida.
El profesional lamentó que las organizaciones “jueguen con el dolor ajeno para cumplir expectativas que a través de medios legítimos jamás han podido cumplir, porque ellos lo que buscan es la legalización del aborto, entonces como no lo obtienen, a través del dolor de las personas pretenden sensibilizar sobre el tema”. El sacerdote Fernando Chomalí aseguró que “este grupo no tiene derecho a determinar que esa vida humana no merece ser vivida. El aborto es la eliminación de un ser humano, y desde ningún punto de vista puede ser considerada medida terapéutica”.



“ES EL CASO MÁS GRAVE QUE SE HA VISTO EN AÑOS”

Interpuesta demanda contra culpables de abuso contra menor. Acogieron medida para trasladar a niña a Antofagasta, mientras sólo el año anterior, el Sename presentó 40 querellas en defensa de menores vulnerados

El Mercurio de Calama, Chile (www.mercuriocalama.cl)

La abogada del Sename, Patricia Durán, destacó que el caso de la niña violada es el más grave que les ha correspondido comprobar en muchos años, porque a lo menos en la Reforma Procesal es el primero. La aseveración la formuló tras haber presentado la querella en el Juzgado de Garantía de Calama, quien destacó que el año pasado el Sename presentó cuarenta querellas en defensa de menores vulnerados en la Segunda Región.
Informó además que están a la espera de que el tribunal resuelva respecto al traslado de la menor a Antofagasta, medida que esperan será positiva, dado que la solicitud fue bien acogida, en el entendido que el lugar para su reparación y recuperación cuenta con los requerimientos necesarios para eso.
Patricia Durán, abogada a cargo de la Unidad de Maltrato Infantil conversó con este diario de este hecho dramático ocurrido en Calama, donde una niña de nueve años fue violada y presenta un embarazo de 23 semanas. Manifestó que ese organismo decidió ejercer todas las acciones de protección y penales necesarias para la niña. Por esa razón, dijo presentó la querella ayer en contra del conviviente de la madre y de la misma madre como coautores del delito de violación. “El como autor material directo e inmediato de los hechos y ella también como coautora en el sentido de que no hizo nada por impedir que estos hechos se cometieran, aún cuando estaba en conocimiento de ellos”.
Dijo que la intención es que esto sea muy bien investigado y respaldar la labor del Ministerio Público en tal sentido, a fin de establecer la verdad y se aplique las condenas que corresponda a cada uno de ellos.
Medida de protección
Explicó la profesional que atendiendo la medida de protección a favor de la menor, para garantizar su tranquilidad, el Servicio Nacional de Menores no ha intervenido. Hasta ahora la niña es atendida por el equipo de salud mental del Hospital Carlos Cisterna, “de manera que no consideramos adecuado victimizarla más con nuevas entrevistas y con nuevos cuestionamientos. Por lo mismo es que estamos en íntimo contacto con el hospital para estar en conocimiento de toda la evolución que logra el caso. Pero hasta ahora consideramos que no es necesario exponerla a más entrevistas de las que ya ha tenido que rendir hasta el momento.
Explicó la profesional que una de las ventajas de la Reforma Procesal Penal es el que ahora a los menores vulnerados no se les expone como antes. “Hoy día no entrevista a la niña cualquier persona. Tiene que hacerlo personal especializado, sicólogos, por lo tanto la idea es canalizar todas esas entrevistas a través de la Unidad de Víctimas y Testigos, quien entiendo ya entrevistó a la niña, por lo tanto cualquier otra persona que quisiera tomar conocimiento de los hechos podría recurrir a esa vía, contactarse con la Unidad de Víctimas y tomar conocimientos, y no volver a interrogarla. Por eso es que Sename, si bien está preocupado de pedir las medidas de protección y querella no se ha entrevistado con la niña por lo mismo, porque consideramos podemos ejercer las acciones de protección sirviéndonos de estos otros medios que sí existen y los cuales entendemos ya tomaron declaraciones a la niña.
Destacó que el Juzgado de Menores está en conocimiento del hecho y por lo mismo solicitaron el traslado de la niña a Antofagasta al Hogar de la Joven Embarazada, precisamente para brindarle el apoyo que requiere, durante este período.
Además, el servicio es de la idea de que la niña inicie su tratamiento sicológico y de reparación también en Antofagasta, a través de un proyecto de esta entidad, garantizándole un cupo para ella a partir del momento que llegue a la capital regional.
En familia
Reiteró la profesional que el organismo nivel nacional, por otro lado está procurando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores tomar contacto con el consulado de Bolivia a fin de que se logre el contacto con algún familiar de la menor.
En cuanto a las posibilidades de gestionar la adopción, la profesional comentó que en eso hay que ser muy claros, por cuanto, si bien la niña fue víctima de la vulneración de derechos muy grave, ella también tiene derecho a vivir en una familia, a crecer y desarrollarse y, por lo tanto, lo que corresponde aquí, en este caso la madre y su conviviente resultan condenados, inhabilitados en el juzgado de menores, corresponderá buscar a otros parientes en Chile y en Bolivia para que puedan hacerse cargo de la niña para que le permitan crecer dentro de su grupo familiar. Pensamos eso es lo más óptimo para ella, el que se desarrolle y crezca al amparo de su familia.
En caso de que no se logre descubrir a nadie o efectivamente la niña no tiene ningún referente protector ni en Chile ni en Bolivia, el Sename puede brindar ese apoyo y esa acogida a través de la red de que se cuenta para cualquier niño.
En el caso del bebé que se encuentra hoy en el vientre de esta menor, la abogado comentó que la idea de trasladar a la niña a la residencia de Antofagasta, es precisamente para producir el acompañamiento de la niña durante su período del embarazo, para que ella pueda asumir y enfrentar ese proceso adecuadamente.
Explicó que “el Servicio de Menores apuesta a que es posible que la niña pueda enfrentar su maternidad de la manera más adecuada y satisfactoria para el futuro de ella y el niño. Entendemos que la instancia de la adopción es un último recurso, solamente cuando realmente esté demostrado que la niña no está en condiciones de asumir esa maternidad y ella lo quiera, porque es muy probable que ella quiera asumir su maternidad y entonces se la apoyará ciento por ciento para que eso sea así”.
Caso grave
De acuerdo a las estadísticas que registra esta entidad gubernamental, corresponde esta a uno de los casos más graves que le ha correspondido atender al Servicio Nacional de Menores, según lo estableció Patricia Durán. “Por lo menos en los últimos cuatro años ha sucedido así y desde el año 2001, desde que estamos con la Reforma Procesal Penal es el caso más grave que hemos tenido. Esto, no solamente por las causas directas del delito que ya son graves, el de la violación, sino por las consecuencias que ha tenido. De alguna manera nos damos cuenta que no nos encontramos con una sola víctima, sino que nos encontramos con dos víctimas, una directa y otra indirecta. Por lo tanto el servicio hoy tiene un rol mucho más importante y mucho más activo, por cuanto tiene que preocuparse de la niña, y también tendrá que preocuparse de ese hija que nacerá.
Otras querellas
En cuanto a la intensa actividad que le corresponde frente a la defensa a favor de la protección de los derechos de los menores dijo que efectivamente se ha advertido un aumento significativo, de hecho el año 2003 la entidad presentó 19 querellas en contra de personas que atentaron contra los derechos de los niños. Pero ya al 2004 fueron cuarenta las querellas presentadas. No obstante dijo que eso habla de un exitoso trabajo coordinado entre la entidad regional y cada uno de los servicios que dependen de este organismo y que velan por la protección de los derechos.
A su vez manifestó que la Reforma Procesal ha sido un paso importante dado que hoy los casos se resuelven mucho más rápido y las condenas de alguna manera son más justas a favor de los niños, por cuanto antiguamente, había casos en que la mayoría de las querellas terminaban por sobreseimiento, o bien con condenas bajísimas, irrisorias, con 61 días, en las que ni siquiera se cumplía un día de cárcel. En cambio hoy la mayoría de los procesos llega a buen término y con buenas condenas también de acuerdo a los estándares establecidos.



Anta/ El conductor de la motoniveladora creyó que se le había reventado una goma

DRAMÁTICO RELATO DE LA TRAGEDIA DONDE MURIÓ UNA FAMILIA DE TURISTAS

Omar Sulca conducía la máquina contra la que se estrelló el jeep Vitara que se dirigía a Bolivia. "Puede ser que la mujer se haya dormido porque en la ruta no hay huellas de que haya intentado frenar", consignó el joven.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

Omar Alfredo Sulca, de 24 años, resultó ser inocente protagonista de uno de los peores accidentes de tránsito registrados en el país en estos primeros días del nuevo año. El joven manejaba la motoniveladora contra la que se estrelló la camioneta en la que una familia regresaba a Bolivia, luego de haber pasado unos días de vacaciones en Punta del Este (Uruguay).
Ocurrió el miércoles a las 7, a pocos kilómetros de Joaquín V. González, sobre la ruta 30, y tuvo el trágico saldo de cinco muertos; una niña resultó ilesa, aunque con fracturas y politraumatismos.
Apenas conocida la noticia, Sulca fue demorado por la policía y trasladado a la ciudad de Metán, donde declaró en el juez Mario Dilascio, quien posteriormente dispuso su libertad.
El joven, quien guiaba una de las pesadas maquinarias pertenecientes a la empresa que realiza la repavimentación de un tramo de la ruta 30, entre Las Lajitas y General Olleros, comentó ayer a El Tribuno que "iba por la banquina y sentí un ruido y pensé que era una goma que se había reventado, detuve la marcha, bajé y me dí con la terrible novedad de una camioneta incrustada en la parte trasera de la motoniveladora".
Imágenes del horror
Ayer, el muchacho todavía estaba consternado. No podía salir del asombro ni olvidar las imágenes del horror con las que sorpresivamente se enfrentó. "Confundido y sin entender lo que había pasado, me acerqué a ese montón de hierros y escuché a una nenita que lloraba, todos los demás estaban quietos".
Adelante, a unos 80 metros transitaban varios compañeros de tarea, por lo que de inmediato "vieron que algo me había pasado y se volvieron a auxiliarme", destacó, tras lo cual aclaró que circulaba por la banquina, a velocidad normal, con todas las balizas encendidas".
"Con el ingeniero que llegó primero sacamos a la nenita que estaba conciente, pero un poco golpeada en la pierna y en el tobillo; los demás pasajeros de la camioneta estaban entre los hierros retorcidos", recordó el joven conductor de la máquina vial.
Hace seis meses que Sulca trabaja en la empresa adjudicataria de la reparación de la ruta. El martes había iniciado una jornada normal, como cualquier otra, cuando imprevistamente se convirtió en protagonista de un trágico accidente, "aunque no fue culpa mía, por eso quedé en libertad apenas declaré ante el juez".
"Me llamó la atención porque yo iba por la banquina y me chocó, puede ser que se haya dormido porque no hay huellas de frenadas en el pavimento", aseguró, para luego recordar que "según un sereno de la zona la camioneta circulaba a alta velocidad". Sulca no la vio en ningún momento, sólo sintió el golpe y paró la marcha para ver lo que había pasado. "Esto es una terrible tragedia que me cayó muy mal", admitió.
"Colaboración y predisposición"
La cónsul de Bolivia en Salta, Rebeca Ibeth Auza de López, manifestó ayer su "profundo dolor y consternación" por lo sucedido y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Además, agradeció de modo especial "la colaboración y la predisposición" encontradas en el hospital, en la policía y en el pueblo de Joaquín V. González. "Estamos muy agradecidos a esa gente", remarcó la diplomática. A su vez, hizo llegar su gratitud a los directivos de los hospitales San Bernardo y Del Milagro de Salta, a los médicos, enfermeros y demás empleados que intervinieron en el trámite de traer y disponer los cadáveres en las morgues.
El agradecimiento de la representante del gobierno boliviano aquí alcanza a comisarios, subcomisarios y policías, de Joaquín V. González y de la Capital, como así también al juez de Metán, Mario Dilascio, "quien permitió agilizar los trámites para el traslado de los cuerpos de las víctimas".
Puso de relieve, también, la decisión de la empresa aérea boliviana de disponer de una aeronave de mayor tamaño que las habituales, lo que permite el traslado de los cinco féretros en un solo viaje.
En el mismo vuelo Fiorela, acompañada por su papá y otros familiares, volverá a la capital boliviana. Se prevé que en La Paz o en Santa Cruz de la Sierra, la pequeña será operada para luego afrontar un período de recuperación.



La familia siniestrada regresaba de Punta del Este

HOY, EN UN VUELO DEL LLOYD

La pequeña Fiorela Arce Dávalos (9), única sobreviviente del accidente sobre la ruta 30, es hija de Erika Viviana Dávalos Del Río, quien conducía la camioneta siniestrada, y una de las cinco víctimas fatales.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

La nena permanece internada en el Hospital de Niños de Salta adonde fue derivada desde Joaquín V. González, con politraumatismos y fractura de fémur y de tobillo derechos, por lo que posiblemente deba ser intervenida quirúrgicamente. Su vida no corre peligro y su estado general es bueno, según informó ayer el director del Hospital de Niños, Luis Herrera.
El martes a las pocas horas de ocurrida la tragedia, la cónsul boliviana en Salta, Rebeca Ibeth Auza de López comunicó la noticia a Sergio Arce, padre de la niña -y de otros dos hijos de 6 y 7 años-, y esposo de la mujer que guiaba la camioneta. De inmediato, el hombre viajó desde Santa Cruz de la Sierra a Salta y, tras visitar a su hija internada en el Hospital de Niños, pidió a los médicos la autorización para llevarla a La Paz.
El traslado será hoy en las primeras horas de la tarde, en un vuelo de línea, luego de que sea enyesada convenientemente para inmovilizarla y evitarle dolores.
En el mismo avión trasladarán los cinco cadáveres hacia la capital boliviana: los cuerpos sin vida de la conductora de la Grand Vitara, y los de Ernesto Dávalos Del Río y de su esposa, Mirna Sanjinés Carrazana, junto a sus pequeños hijos Ernesto Fabio Dávalos Sanjinés y Andrea Luciana Dávalos Sanjinés.
Sus cadáveres fueron trasladados el mismo día del accidente desde Joaquín V. González a Salta. Una vez aquí, tres cuerpos quedaron depositados en la morgue del Hospital San Bernardo, en tanto los otros dos fueron al hospital Del Milagro, ambos en la capital de la provincia.
Allí estarán hasta hoy cuando serán trasladados al aeropuerto Martín Miguel Güemes, para emprender el destino final hacia la ciudad de La Paz.
La familia protagonista de este mortal accidente regresaba de unos días de vacaciones en Punta del Este, y se dirigían a su país.



Opinión:

BOLIVIA: CARLOS MESA EN SITUACIÓN DIFÍCIL

La República de Perú (www.larepublica.com.pe)

El romance entre el presidente Carlos Mesa y el pueblo boliviano parecía ser duradero. El sucesor legal del depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada había ganado el referéndum que convocó para resolver el problema del gas de Tarija y recibió también la autorización para convocar a una Asamblea Constituyente. Pese a los problemas de no contar con un partido político que lo sustente –o acaso por eso mismo– Carlos Mesa cerró el año con 58% de apoyo a su gestión.
Pero eso fue hasta el 31 de diciembre, día en que el gobierno se vio obligado a elevar los precios de los combustibles en 23%, incluido el del gasóleo, que es el más utilizado por los transportistas y por los productores agrícolas. Esta alza ha sido muy mal recibida en Bolivia, donde el Comité Cívico de Santa Cruz, capital de la región más rica del país, acordó un paro indefinido hasta doblarle la mano al gobierno y que los precios bajen.
Curiosamente, al mismo tiempo que la ciudad más rica paralizaba a la ciudad más pobre, El Alto, satélite de La Paz que jugó un rol decisivo en la destitución de Sánchez de Lozada. El Alto paró por otras razones: la población demanda la salida de la empresa Suez Lyonnaise des Eaux, que tiene a su cargo la gestión de los servicios de agua y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto a través de su filial Aguas del Illimani.
En lo que respecta al alza de combustibles, todo parece indicar que continuará vigente a pesar de amenazas de los santacrucinos de radicalizar la huelga. Se ha anunciado, eso sí, una rebaja de aranceles para la importación de fertilizantes y maquinaria agrícola e industrial. Pero el gobierno ha debido ceder a las demandas de El Alto y rescindirá el contrato vigente con la empresa francesa, pese a desconocer la competencia de la autoridad local para fiscalizar prestaciones de servicios.
Estos anuncios, por cierto, no han resuelto las cosas. No solo sigue la huelga en Santa Cruz, sino que ahora El Alto exige el inmediato cese de actividades de Aguas del Illimani. En cuanto al empresariado, ha criticado fuertemente que el gobierno haya cancelado un contrato con una empresa extranjera, lo que califica de pésima señal para los inversionistas. Pero Carlos Mesa, que –recordando lo ocurrido a su antecesor– ha ofrecido su renuncia antes que reprimir al pueblo, se encuentra atado de manos.
Hay quienes sostienen que una posible salida a la crisis consistiría en un adelanto a la aconvocatoria al proceso de elecciones para la Asamblea Constituyente, pero entonces el mandatario tendría que lidiar con un poder paralelo que incluso podría destituirlo del cargo y cerrar el Congreso. El apoyo brindado a los paros por Evo Morales y Felipe Quispe parece indicar que aún hay crisis para rato.




Análisis:

UN GOBIERNO VULNERABLE A LA PRESIÓN SOCIAL

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Si bien el panorama político en Bolivia es en este momento tan incierto como impredecible, de algo están seguros los analistas y observadores locales: el presidente Carlos Mesa está cada vez más solo, más débil y más vulnerable a las presiones sociales.
"Es como si hubiera renunciado a su derecho a gobernar. De hecho, es gobernado desde afuera por los reclamos populares, a los que sigue cediendo", señaló a LA NACION el analista y ex juez de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte.
"Y esto es muy peligroso -agregó- porque se produce un efecto contagio. «Si el gobierno puede dar algo, entonces pidamos más», es la lógica que parece prevalecer en los grupos que actualmente mantienen la huelga", opinó.
De ahí que el escenario político sea, para Lazarte, claramente desolador.
"Creo que Mesa, acorralado por la cadena de conflictos, terminará adelantando las elecciones. Pero hay que aclarar -subrayó- que esta convocatoria es una salida y no una solución a la crisis. Cualquier eventual gobierno tendrá que hacer frente a una serie de problemas irresueltos, y tendrá a las organizaciones sociales o al empresariado en contra. Así será muy difícil gobernar", sentenció.
Por otro lado, el sociólogo Fernando Mayorga es menos lapidario en su pronóstico.
"Es cierto que el presidente enfrenta una creciente debilidad. Pero en lugar de renunciar o adelantar las elecciones, tiene que esforzarse por sostener su gobierno. La única solución viable al conflicto es, en este sentido, el mantenimiento de la estabilidad política", opinó.
¿Cómo lograrlo cuando el presidente parece tambalearse al filo del precipicio y más de uno está dispuesto a darle un empujón?
"Los cruceños son los más interesados en una caída de Mesa, no sólo porque el reciente aumento en los precios de diesel han afectado sus intereses agroindustriales, sino porque se anticipan a una actitud desfavorable del mandatario en relación con el tema que más los desvela, que es la convocatoria a un referéndum para decidir su autonomía."
"Pero -se atajó Mayorga- a los vecinos de El Alto no les conviene la salida de Mesa. A diferencia de los cruceños, ellos no se han montado sobre una protesta social para impulsar una consigna política."
Según explicó a LA NACION el analista y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios, la principal exigencia de los manifestantes del altiplano es revocar la concesión a la empresa Aguas del Illimani (un reclamo al que el gobierno ya ha cedido) y expulsar del país a la trasnacional francesa que la opera.
"Si se desactiva el conflicto de El Alto, y el presidente está empeñado en lograrlo, las protestas de Santa Cruz quedarán más aisladas y Mesa estará en una posición más fuerte para negociar."
"Además -subrayó Mayorga-, un cambio de presidente implicaría abortar la agenda que la sociedad pactó en octubre de 2003, cuando cayó el gobierno de Sánchez de Lozada."
"Uno de los puntos planteados es la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, que daría a los sectores más relegados mayor representación y espacio. Por supuesto que los vecinos de El Alto son los más favorecidos por este nuevo texto y, en consecuencia, los menos dispuestos a dejar ir a su principal impulsor."
En tanto, para el economista Gonzalo Chávez, "aún es muy difícil decir qué puede pasar en los próximos días en Bolivia". "No hay duda de que los niveles de gobernabilidad de Mesa están por el piso. Y los escenarios posibles van desde el más radical, que es la renuncia presidencial, hasta el más optimista, que sería que el mandatario pueda reconstruir dichos niveles de gobernabilidad con la bancada del Congreso y el respaldo de los nuevos alcaldes, que es en lo que actualmente está trabajando", opinó.
"Pero más allá de la crisis política, lo que hay aquí es un serio trasfondo económico", advirtió Chávez a LA NACION.
"La rescisión del contrato con Aguas del Illimani no sólo genera incertidumbre y preocupación en las demás empresas, sino que desalienta las inversiones en el país, no sólo nacionales sino extranjeras. Y Bolivia no puede darse ese lujo", concluyó.



COMENZO UNA NUEVA OLA DE HUELGAS CONTRA EL FRAGIL GOBIERNO DE BOLIVIA

EL GAS Y EL AGUA QUE ASFIXIAN A CARLOS MESA

Dos revueltas simétricas, una contra las prácticas de una empresa de agua y otra contra el alza de los precios de los carburantes, están desestabilizando al gobierno de Carlos Mesa, luego de un año de relativa calma social. El precedente es la ola de protestas que, en octubre de 2003, expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Página 12 de Argentina (www.pagina12web.com.ar)

El presidente boliviano Carlos Mesa, quien asumió en octubre de 2003, luego de que una asonada popular expulsara del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, se enfrenta a una nueva ola de conflictos, potenciados por el alza de los carburantes. Los paros cívicos en las ciudades de El Alto, colindante a La Paz, y Santa Cruz de la Sierra, el motor de la economía boliviana, han crispado el clima político en el país andino, luego de un año de relativa calma social.
Las protestas iniciadas el lunes responden a múltiples causas, que tienen como sustrato el empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de los bolivianos. En el caso de la ciudad de El Alto, el conflicto se vincula al pedido de expulsión de la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Lyonnaise des Eaux y acusada por los vecinos de incumplir sistemáticamente el contrato, no extendiendo la cobertura a los barrios más pobres y aumentando las tarifas en función de la cotización del dólar. Desde el lunes, las principales avenidas y accesos de esta urbe de 750.000 habitantes amanecieron bloqueadas por miles de vecinos, pertenecientes a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que amenazaban con “chicotear” (azotar) a quienes se atrevieran a atravesar los puntos de bloqueo. Las características geográficas de esta ciudad, mayoritariamente aymara, permiten que los bloqueos dejen casi aislada la sede de gobierno, lo que contribuye a amplificar sus movilizaciones.
Después de dos días de paro total, el gobierno puso a consideración de la Fejuve un decreto de “ruptura concertada” con la firma francesa, para evitar el pago de una elevada indemnización, resolución que debe ser evaluada por las bases en los distintos distritos y que, en caso de aceptarse, desactivaría las protestas. El antecedente del actual conflicto es la expulsión, en abril de 2000, de la firma Aguas del Tunari –subsidiaria de la transnacional Bechtel– de la ciudad de Cochabamba, que hoy le reclama 25 millones de dólares al Estado boliviano.
Por otro lado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el contundente paro cívico de 48 horas, convocado por el Comité pro Santa Cruz contra el aumento de los carburantes se produce en un contexto de reivindicaciones de autonomía regional, liderada por los sectores empresariales, pero con un significativo apoyo social.
En el día de ayer, la propuesta del gobierno, que incluye la eliminación de aranceles de importación a bienes empleados en la agricultura y la prórroga de deudas para los pequeños agricultores y productores campesinos fue rechazada por los cívicos cruceños, y el presidente del Comité Cívico, Raúl Costas, habló de profundizar las medidas de presión destinadas a anular el decreto de aumento de los carburantes. Dichas medidas serán analizadas en una Asamblea de la Cruceñidad, en cuyo seno cobró fuerza el reclamo de renuncia del presidente de la república. Costas calificó a los seis decretos supremos emitidos por el gobierno como “ofensivos” y los rechazó, pues aseguró que la consigna de la lucha es “por el bolsillo del pueblo”.
Frente a este panorama, el presidente Carlos Mesa intenta consolidar una mínima base de apoyo parlamentario. El recientemente conformado “bloque patriótico de unidad nacional” en el Parlamento, conformado por los denominados “transversales”, intenta suplir la falta de estructura partidaria del actual mandatario, que el pasado domingo amenazó con renunciar si las protestas se radicalizan.
La estructuración de este bloque está visibilizando las divisiones al interior del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, ya que algunos senadores, como Carlos Sandy, se sumaron a la iniciativa, uno de cuyos más entusiastas operadores es el senador Filemón Escobar, expulsado hace algunos meses del MAS, luego de la aprobación de la ley de inmunidad para las tropas estadounidenses con la ausencia de los senadores masistas. Desde el comienzo de la crisis el partido de Evo Morales estuvo ausente y, en sus escasas declaraciones, la posición del líder cocalero fue vacilante: luego de proponer el llamado a elecciones anticipadas como salida a la crisis, Morales se retractó ante la falta de consenso interno, repitiendo la pendularidad que caracterizó al MAS en la crisis de octubre de 2003.
El Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra apuesta a la salida anticipada del presidente Mesa, en el marco de su oposición al clima nacionalizante que siguió a la “guerra del gas” y su alineamiento con los intereses de las empresas petroleras. En la vereda opuesta, la Central Obrera Boliviana (COB), sin capacidad efectiva de movilización, y algunos sectores campesinos liderados por Felipe Quispe, ha coincidido con este reclamo, mientras que amplios sectores sociales del resto del país consideran que una salida del actual mandatario –sin una alternativa de gobierno progresista a la vista– podría agravar la situación actual, ya que asumiría el senador Hormando Vaca Diez, asociado a la vieja política y con nula representatividad en el oeste del país. Abel Mamani, presidente de la Fejuve de El Alto, sostuvo que se trata de “una protesta cívica, alejada de los intereses políticos” que no busca la renuncia del primer mandatario sino lograr que “cumpla con sus promesas”. En ese temor, junto a la incertidumbre política que supondría su renuncia, se apoyó el discurso del domingo de Carlos Mesa, quien convocó a los sectores moderados –potencialmente mayoritarios, pero portadores de una fuerza social difusa– a no dejarse “capturar por los radicales de uno y otro signo”. Así, perpetuando la irresolución del poder y en un contexto de fuerte fragmentación política y social, los movimientos sociales del oeste y los sectores elitarios del este conservan capacidad para incidir sobre las políticas públicas, combinando métodos institucionales y extrainstitucionales.
Irónicamente, fue una situación de este tipo la que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien Mesa era su vicepresidente, pero supo despegarse a tiempo para asumir su lugar en una situación de caos.



AMERICA LATINA: AMENAZA DE PARO INDEFINIDO POR EL AUMENTO DE COMBUSTIBLES

EL GOBIERNO CEDIÓ, PERO SIGUE LA HUELGA EN BOLIVIA

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Las ciudades bolivianas de El Alto y Santa Cruz de la Sierra continuaban ayer paralizadas por las huelgas en rechazo al aumento del precio de los combustibles y las protestas se radicalizaron. Aunque el gobierno de Carlos Mesa cedió a uno de los principales reclamos de El Alto, los pobladores no quedaron conformes y anunciaron para hoy una marcha a La Paz.
Desde el lunes, El Alto, la tercera ciudad más importante de Bolivia, pegada a La Paz, lleva adelante un paro indefinido para exigir, entre otros puntos, la rescisión del contrato de la empresa proveedora de agua potable, Aguas del Illimani, filial de la francesa Lyonnaise des Eaux del grupo Suez que, según los vecinos, cobra tarifas altas y no extendió el servicio a los barrios más pobres desde que comenzó a operar, en 1997.
El martes, en un intento por bajar la tensión que amenazaba con extenderse a otras ciudades, el gobierno de Mesa anunció que "iniciará la terminación del contrato" con la compañía, "en forma concertada y por las vías legales que le asistan".
En una carta, el ministro de Obras Públicas, Jorge Urquidi, instó a la población de El Alto "a evitar cualquier acción que sea utilizada por la empresa como motivo para demandar por daños y perjuicios al Estado boliviano", ante los intentos de ocupación pacífica de las instalaciones de la concesionaria.
Pero la medida no fue suficiente para los dirigentes vecinales, que ahora piden la expulsión inmediata de la compañía y exigen al gobierno la aprobación, en 24 horas, de un decreto que garantice que la empresa dejará de operar en el país.
"Lo que se quiere es que el gobierno garantice la salida inmediata de Aguas del Illimani por una libre decisión", señaló el dirigente Abel Mamani, tras anunciar que el paro indefinido continuará y que, si no es atendida la nueva demanda, hoy realizarán una marcha hasta la sede del gobierno, junto con la Central Obrera Departamental, los gremiales y otros sectores laborales.
A la protesta de El Alto se sumó una marcha en La Paz, con cortes de calles, para exigir el retiro de la empresa concesionaria del servicio eléctrico, Electropaz, del grupo Iberdrola, y de la Telecom italiana que gerencia las comunicaciones en Bolivia.
Mientras, el gobierno de Mesa intentaba sin éxito entablar un diálogo con los dirigentes cívicos de Santa Cruz (900 kilómetros al este de La Paz), la región más rica del país, que cumplió el segundo y último día de paro total. Los bancos y el comercio seguían cerrados y las calles cortadas por manifestantes, que reclaman la derogación del decreto que elevó el precio de las gasolinas un 10% y del gasoil un 23%.
El Comité Cívico convocó para hoy a una nueva asamblea de instituciones de la región para decidir nuevas medidas de presión, que podrían incluir un paro indefinido desde la semana que viene, según advirtió el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rubén Costas.



NO CEDE LA TENSIÓN EN BOLIVIA: LAS PROTESTAS AMENAZAN A LA PAZ

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

La crisis política se profundizó ayer en Bolivia, donde el presidente Carlos Mesa se encontraba aún más acorralado por las protestas: las manifestaciones de los últimos días llegaron a la ciudad de La Paz, sede del gobierno, y amenazaban con prolongarse en forma indefinida a medida que se multiplicaban los reclamos.
"Vamos a tumbar a Carlos Mesa", amenazó Felipe Quispe, líder de la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y uno de los impulsores de las violentas manifestaciones que en octubre de 2003 provocaron la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mientras vecinos de barrios periféricos de La Paz bloqueaban dos avenidas de la ciudad en apoyo a las huelgas de Santa Cruz y El Alto, Quispe exigió que el gobierno atienda un antiguo pliego sectorial de 70 puntos. Por otra parte, anunció el corte de las rutas andinas -que comunican La Paz con el Altiplano y a éste con Perú y Chile-, probablemente desde el lunes próximo.
También en la provincia de Santa Cruz, la más rica del país, los impulsores de una huelga de 48 horas iniciada anteayer amenazaron con convocar a un paro indefinido desde el lunes si Mesa no da marcha atrás con el aumento del precio de los combustibles, de hasta un 23 por ciento, vigente desde el 30 de diciembre pasado.
Y en El Alto, ciudad de 750.000 habitantes ubicada a sólo 12 kilómetros de La Paz, las protestas continuaban ayer por tercer día consecutivo, pese a que el gobierno anunció anteanoche que cedería ante el principal reclamo: la rescisión de un contrato vigente desde 1997 con la empresa Aguas del Illimani, acusada de cobrar altas tarifas y de no extender el servicio de agua a los barrios más pobres.
Sin embargo, el gobierno anunció ayer que buscaba acordar la rescisión del contrato "de mutuo acuerdo" con Aguas del Illimani, filial del poderoso grupo económico Suez Lyonnaise Des Eaux, para evitar la posibilidad de un juicio internacional por parte de la empresa.
A la espera de que se concretara la medida, el líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Abel Mamani, exigió además que el gobierno deje en claro su "predisposición" a analizar otras 18 demandas de los alteños, entre ellas la anulación del aumento de los combustibles.
En tanto, horas después de que el gobierno anunció que rescindiría el contrato de Aguas del Illimani, la apuesta fue doblada en La Paz: allí se exigió también el retiro de la operadora de electricidad, Electropaz, y de Telecom Italia, asociada con Entel Bolivia.
Aunque un paro de actividades convocado para ayer en La Paz no tuvo éxito, los manifestantes lograron cerrar la salida a la región agrícola de Yungas, en la zona norte, y un millar de paceños perturbó el tránsito en una de las avenidas del sur de la ciudad.
Mientras, los vecinos de El Alto, foco de la manifestación popular que provocó la caída de Sánchez de Lozada, mantenían ayer la ciudad paralizada por tercer día consecutivo. La protesta, sin embargo, se flexibilizó anteanoche: el tráfico se restableció parcialmente, lo que permitió a La Paz abastecerse de combustible y de otros productos básicos.
En cambio, en Santa Cruz, la región más pujante del país, las actividades fueron suspendidas totalmente con mayor rigor que anteayer. Las calles de Santa Cruz de la Sierra -capital de la provincia de Santa Cruz, habitada por más de un millón de habitantes- estaban cortadas por manifestantes y los bancos y comercios permanecían cerrados. El aeropuerto internacional de Viru Viru operó normalmente, aunque los pasajeros debieron llegar y salir caminando.
El cívico Comité Pro Santa Cruz, organizador de la huelga, resolvió proseguir con la medida pese a un decreto en el que Mesa planteó anteanoche medidas para reactivar la economía agraria en esa región del país. El líder del comité, Rubén Costas, consideró "ofensivas" las medidas y amenazó con convocar a un paro indefinido desde el lunes si Mesa -a quien acusó de haber demostrado "una absoluta incapacidad para gobernar"- no rectifica su decisión de aumentar el precio de los combustibles.
De actividad principalmente agropecuaria, Santa Cruz consume el 60% del diesel que se vende en Bolivia, cuyo precio subió un 23%. Sin embargo, el gobierno dijo que el aumento de los combustibles es "irreversible".
Aunque las protestas en El Alto y Santa Cruz fueron hasta ayer pacíficas, el gobierno teme que se desencadenen hechos de violencia como los que en 2003 dejaron unos 80 muertos y desembocaron en la caída de Sánchez de Lozada.
De hecho, el presidente Mesa amenazó el domingo pasado con renunciar si las manifestaciones llegaban a forzar al gobierno a reprimirlas.



SOLUCIONES CAUSAN DESCONTENTO

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

El clima social en Bolivia, lejos de calmarse ante las soluciones entregadas por el gobierno en las últimas horas, parece convulsionarse cada vez más. Las protestas llegaron ayer a La Paz, pero, eso sí, mucho más suaves que las desatadas desde el lunes en la ciudades de El Alto y Santa Cruz.
La demanda general es por el incremento en los precios de los carburantes (entre 10% y 25%) producto del término de la subvención estatal, y en el caso de los alteños con el agravante de que exigían la salida de la empresa que controla el agua potable, petición que fue oída el martes en la noche por el gobierno del Presidente Carlos Mesa.
Los vecinos de El Alto piden que se ratifique el anunció mediante un decreto antes de pensar en levantar la huelga. Respecto a este último caso, el mundo empresarial boliviano alzó la voz ante la decisión del gobierno de rescindir el contrato a la empresa Aguas de Illimani, filial de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, argumentando incumplimiento del contrato suscrito en 1997 -en el que se comprometían a dotar de agua al sector más pobre de esta ya pobre ciudad-, además de aumentar constantemente las tarifas.
"Como sector productivo rechazamos el hecho de que el gobierno haya cortado el contrato con Aguas de Illimani", indica Viktor de Los Heros, presidente de la Cámara Nacional de la Industria boliviana.
Agrega que un país tiene que respetar los contratos firmados y además dar seguridad jurídica a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, de lo contrario "perdemos la seriedad como Estado".
"Si con el tema de los hidrocarburos ya tenemos problemas de imagen en el exterior, con la decisión del gobierno de sacar a una empresa, empeorará", explica.
Asegura no apoyar la forma de protestar de los movimientos sociales y sindicales, ya que "sólo trae problemas al sector productivo boliviano". "Los que hacemos funcionar la economía del país no estamos de acuerdo con algunas actitudes del Estado ni con otras de los sectores sociales, ya que nosotros somos los que ponemos la plata en la economía, damos empleos, y además salimos perjudicados", agrega.
Indicó que anoche, tras reunirse con el viceministro de Saneamiento Básico, esperaban juntarse con empresarios de El Alto, para decidir que acciones seguir "porque ya estamos cansados con esto". Hoy anunciarán las resoluciones.
"Esta situación obviamente repercutirá en la inseguridad jurídica de invertir en Bolivia. Entonces, si existió incumplimiento del contrato hubo que revisarla antes bajo otra lógica y no esperar situaciones límite y presiones de esta magnitud", explica el analista político José Luis Scotto.
Esto hace que el contexto actual sea sumamente delicado para el gobierno. "Si cedes de esta manera, después todos querrán imponerte situaciones. Es un pésimo mensaje", agrega.
"El gobierno mandó decretos por necesidades antiguas planteadas por sectores agropecuarios de esta región, sin mayor repercusión actual en nuestra economía", señala Germán Antelo, vicepresidente de la Comisión Cívica de Santa Cruz, organismo que convoca al paro y reúne a la elite dirigente de la ciudad, respecto a las soluciones entregadas por el gobierno.
Políticas claras
Aclara que, por sobre la eliminación del aumento del precio del diésel, "pedimos políticas públicas claras que reactiven la economía y disminuyan los índices de pobreza".
El paro por 48 horas finalizó ayer, pero hoy, en la "Asamblea de la Cruceñidad", discutirán las medidas a adoptar. "Lo más probable es que sean resoluciones más drásticas y que no repercutirán directamente sobre la población, porque 48 de paro es suficiente para un sector que sustenta gran parte de la economía del país", explica. Cuenta que ya se siente el impacto en el aumento de precios de los carburantes. A nivel productivo, indica, que al subir el valor del transporte de los productos agrícolas, resta competitividad frente a los países vecinos. "Además, a menor escala, aumenta el costo de la canasta familiar", añade.
NO VIAJAR
La dirección general consular de la Cancillería chilena recomienda por ahora no viajar a Bolivia. Dicen que reevaluarán la situación.



AHORA ES EL SERVICIO DE AGUA EL QUE ACORRALA AL GOBIERNO DE CARLOS MESA

Bolivia intenta que la multinacional deje la administración del servicio de agua potable de manera concertada. De tal modo se busca evitar un arbitraje internacional y las protestas en la capital de la nación andina.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

Las autoridades bolivianas señalaron que buscarán que la filial local de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux deje la gestión del servicio de agua en la ciudad de El Alto de manera "concertada y ordenada".
El gobierno afirmó que no desea un arbitraje internacional y que buscará que la filial local de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux deje la gestión del servicio de agua en la ciudad de El Alto de manera "concertada y ordenada".
El viceministro boliviano de Servicios Básicos, José Barragán, dijo que la terminación de "mutuo acuerdo" es una figura legal prevista en el contrato firmado en 1997 con "Aguas del Illimani" para que operase en La Paz y El Alto por un período de 30 años.
El Gobierno decidió dar ese paso para aplacar la huelga iniciada el lunes en El Alto, con el objeto de expulsar a la trasnacional a la que los alteños acusan de cobrar tarifas abusivas y de incapacidad para ampliar su servicios en esa ciudad, que es la más pobre del país. "No es una figura extra legal, no es una figura arbitraria, no es una figura que quede fuera del marco del respeto a la seguridad jurídica", subrayó Barragán sobre el proceso que, según otras fuentes, puede durar entre tres y seis meses.
Soberanía
El desconocimiento de la multinacional a la competencia de las autoridades nacionales para supervisar sus actividades fue otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para revisar el contrato y también motivó una protesta oficial de la Cancillería contra el gerente de la empresa, el francés Antoine Kuhn.
El canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, demandó a Kuhn que se disculpe por los términos de una misiva enviada al presidente Carlos Mesa el pasado 7 de enero en la que no reconoce la competencia de las autoridades locales para la revisión de los acuerdos.
La empresa cobraba 196 dólares por la conexión de agua potable y 249 dólares por la de alcantarillado, que suman 445 dólares, una cifra que la población alteña considera prohibitiva.
Según datos oficiales, el 16 por ciento de los 650.000 habitantes de El Alto no tiene acceso a los servicios básicos. La empresa, en su descargo, afirma que sus inversiones alcanzaron 63 millones de dólares en La Paz y El Alto y, como signo de expansión de su servicios, la cantidad de usuarios servidos subió de 155.900 a 233.000 en ambos municipios, entre 1997 y octubre del 2004.
Los líderes de la huelga exigen que el gobierno emita hoy un decreto presidencial que refleje la decisión de resolver la salida de la compañía de capitales franceses.
El viceministro Barragan sostuvo que es prematuro hablar de la posibilidad de indemnizar a la firma y subrayó lo que se preyende es que el cese de la concesión se haga en una "negociación concertada".
Bolivia enfrenta actualmente un pedido de indemnización por 25 millones de dólares de la estadounidense Bechtel, socia de Aguas del Tunari de la ciudad de Cochabamba, donde la población se levantó en el año 2000 para que el gobierno la expulsase.
Las ciudades bolivianas de El Alto y Santa Cruz continuaban paralizadas por huelgas, pues sus dirigentes consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno en respuesta a sus reclamos.
En Santa Cruz
Mientras que El Alto cumple hoy su cuarto día de paro a la espera de un decreto en el que el Ejecutivo formalice la intención de rescindir el contrato con la empresa Aguas del Illimani, filial de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux, la ciudad de Santa Cruz cumplió ayer su segundo día de una huelga convocada por el Comité Cívico contra el alza de los precios de los combustibles.
Las subas, de un 10 a un 23 por ciento, encarecieron los costos de producción de los sectores industrial y agrícola. El Comité Cívico cruceño, que aglutina a sectores empresariales, sindicales y vecinales, ratificó anoche la continuidad del paro en esta jornada por considerar una "burla" las decretos anunciados para apoyar al sector productivo.
El líder regional Rubén Costas anunció que hoy se hará una "Asamblea de la Cruceñidad" en la que se definirán nuevas medidas de presión para lograr la rebaja de los combustibles.
La Federación de Juntas Vecinales de La Paz, de escasa convocatoria, también ha programado movilizaciones para hoy en apoyo a las reivindicaciones de El Alto
En asamblea
Por su parte, el máximo dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), Abel Mamani, advirtió que el Ejecutivo debe dejar en claro su "predisposición" a analizar otras 18 demandas de los alteños, entre ellas la anulación de la subida del costo de los combustibles.
El decreto anunciando el comienzo del proceso para rescindir el contrato con la firma de capitales franceses será presentado, en asamblea popular, a los pobladores de la ciudad de El Alto, anunció el viceministro de Servicios Básicos, José Barragán.



GBNO. BUSCA FIN AMIGABLE A CONTRATO CON ILLIMANI

BN Américas (www.bnamericas.com)

Presionado por las huelgas por los servicios de agua en El Alto, el Gobierno boliviano acordó trabajar para lograr un término amigable al contrato vigente con Aguas del Illimani, la concesionaria para El Alto y la capital del país, La Paz.
Según el titular del regulador de saneamiento básico, Franz Rojas, se buscará un acuerdo que reconozca las inversiones de Aguas del Illimani. El valor contable de Illimani es de US$12mn, sin incluir los préstamos que ha recibido de entidades crediticias multilaterales, informó el gobierno.
Sin embargo, es posible que la medida no sea suficiente para apaciguar a los manifestantes de El Alto, quienes el miércoles entraron en su tercer día de paralización, dijo a BNamericas Jim Shultz, director ejecutivo del grupo de defensa Centro para la Democracia, añadiendo que los grupos de El Alto rechazaron la oferta porque no establecía ningún plazo.
Illimani -la única sanitaria de Bolivia bajo el control del sector privado- presta servicios a más de 230.000 habitantes en virtud de una concesión de agua y alcantarillado a 30 años en El Alto y La Paz. Los manifestantes están descontentos tanto con las tarifas del agua como con la cobertura del servicio, la que aseguran no es suficiente para suministrar la cantidad de agua adecuada a toda la ciudad
REACCIÓN DE ILLIMANI
Controlada por la sanitaria francesa Lyonnaise de Eaux, Illimani afirma que cumplió con las obligaciones contractuales. La sanitaria -que recibió información del gobierno sobre los planes de poner fin a su contrato- está evaluando la situación, según el comunicado de Illimani. La sanitaria quiere reunirse con el regulador de saneamiento básico para determinar la forma de poder garantizar el servicio en La Paz y El Alto.
Illimani ha invertido US$63,2mn desde el inicio de la concesión, ampliando la cobertura un 50% en siete años de 155.900 a 233.900 clientes. "Aguas del Illimani se compromete a asegurar el normal desarrollo de sus actividades preservando la continuidad del servicio de agua potable en este tiempo de transición", concluye el comunicado.



BOLIVIA: GOBIERNO RESCINDIRÁ CONTRATOS DE AGUA TRAS PROTESTAS

La medida no logró levantar los bloqueos vecinales en la localidad de El Alto, que desde el pasado lunes han cortado el principal acceso a la sede de gobierno.

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)

Un paro convocado por organizaciones barriales consiguió que el gobierno boliviano cancelara un contrato con la empresa transnacional que gestionaba la distribución de agua potable en la ciudad de El Alto.
El gobierno presidido por Carlos Mesa enfrenta desde comienzos de año una serie de protestas, de las cuales la más seria ha sido el reclamo de los habitantes de la localidad vecina a La Paz contra la compañía francesa Suez Lyonnaisse des Eaux.
Sin embargo, el anuncio de la rescisión del contrato con esta firma no logró aún levantar los bloqueos vecinales, que desde el pasado lunes han cortado el principal acceso a la sede de gobierno.
Los habitantes de El Alto, ciudad de más de 700 mil habitantes y una de las más pobres de Bolivia, exigen que el gobierno emita un decreto que consolide la conclusión del contrato con la transnacional francesa.
Esta empresa ha sido acusada por organizaciones barriales de incumplir el contrato en varios puntos y de cobros injustificadamente altos por sus servicios.
Una revisión del contrato y de las razones de sus tarifas, que había sido pedida por autoridades del sector, fue rechazada por la compañía francesa que gestiona el agua potable y el alcantarillado, a través de su representante local, Aguas del Illimani.
El gobierno anunció que se "iniciará la terminación del contrato de concesión con Aguas del Illimani en forma concertada por las vías legales que le asistan y que sean consistentes con las legítimas pretensiones y necesidades de servicios básicos de La Paz y el Alto".
Santa Cruz paralizada
Mientras las autoridades intentan resolver el conflicto en El Alto mediante esta propuesta, la ciudad de Santa Cruz, la más importante de Bolivia en términos económicos, está paralizada por segundo día.
Los bloqueos de calles y la paralización de actividades en Santa Cruz fue convocada por un Comité Cívico liderado por grupos empresariales privados que exigen que se deje sin efecto una subida de combustibles que rige desde hace dos semanas en Bolivia.
Una serie de decretos emitidos por el gobierno a favor de los empresarios y la región de Santa Cruz ha sido insuficiente para detener la protesta.
Los dirigentes de esta movilización rechazaron el contenido de esos decretos e insisten en la reconsideración de los nuevos precios de combustible, e incluso exigen la renuncia del presidente de la República.
Una asamblea de las instituciones que llamaron el paro ha sido convocada para este jueves con la intención de aplicar otras medidas de presión dirigidas a conseguir la rebaja de los precios de la gasolina y el diesel, que subieron en 10% y 23%, respectivamente.
La inquietud por las protestas anunciadas a partir del pasado lunes empujaron al presidente Carlos Mesa a emitir un largo mensaje a la nación en el que aseguró que prefería renunciar antes que ordenar una represión violenta de las manifestaciones.
Mesa dijo que hay pequeños grupos y "fuerzas oscuras" que defienden sus propios intereses y pretenden provocar actos violentos con fines políticos.



MESA BUSCA “BLOQUEO PATRIÓTICO”

Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, logró el apoyo de los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) y los alcaldes de La Paz y El Alto para su idea de crear un “bloque patriótico”, en el marco de las mayores protestas sociales en sus 14 meses de gestión.
La idea del mandatario es reformular el sustento político y social para su gobierno y neutralizar, también con concesiones, la heterogénea ola de conflictos sociales que paralizaron El Alto y Santa Cruz y que, según informó, amenazaba con extenderse a Cochabamba y La Paz.
Pero el respaldo de los senadores del MAS, principal partido político de Bolivia desde el punto de vista electoral, no fue compartido por el líder de esa fuerza izquierdista, Evo Morales. Morales dijo que con el bloque que propone el presidente Mesa “sólo se rodeará de tránsfugas de los partidos tradicionales”.
El líder del MAS había criticado la amenaza de Mesa de dimitir si se desbordaban las protestas sociales. “Si renuncia, ingresa (como presidente el titular del Senado) Hormando Vaca Díez y la mafia y los más maleantes van a tomar el poder”, advirtió.
Los principales líderes del MAS en el Senado, Filemón Escobar y Carlos Sandy, desde el año pasado en disidencia con Morales, dijeron que al menos 10 legisladores de esa Cámara se alinearán con el presidente.
Sandy explicitó la intención de su bancada, la mayor del Senado, de “coordinar acciones” desde el Parlamento con el Ejecutivo a fin de impulsar “la agenda de octubre”, incluidas la la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Aludió así a los compromisos con los que asumió Mesa después de generalizadas luchas sociales, reprimidas con decenas de muertos, que forzaron el 17 de octubre de 2003 la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el caudillo neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
El diputado de este partido Hugo San Martín se apartó esta semana de su bancada, al parecer dispuesto a sumarse al “bloque patriótico”, y denunció que un sector del MNR, afín a Lozada, está interesado en derrocar a Mesa.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossio (MNR), opinó que “no es lo más sano” crear un bloque como el propuesto por Mesa sin antes redefinir el escenario político.
En el mismo sentido se pronunciaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), que fueron parte del gobierno de Lozada, junto al MNR.
Los alcaldes de La Paz, Juan del Granado, y de El Alto, José Paredes, electos al margen de los partidos tradiconales en los recientes comicios municipales, se sumaron a la propuesta de Mesa de integrar un bloque político que abarque también a líderes sociales, incluso los que encabezan protestas.
El ministro de la Presidencia, José Galindo, afirmó que la idea de un nuevo bloque es dar viabilidad en el Congreso a la aprobación de leyes vitales, pero que no se trata de una bancada oficialista ni de crear un partido político. En tanto, los principales conflictos sociales se concentran en El Alto, la populosa y empobrecida ciudad aledaña a La Paz, donde juntas vecinales reclaman la expulsión de la transnacional Aguas del Illimani, a la que atribuyen incumplimientos en los servicios de agua potable y alcantarillado.
Los recientes incrementos en los precios de los combustibles motivaron también protestas de otros movimientos sociales, como la Central Obrera de Bolivia (COB), distante de los comités cívicos regionalistas de Santa Cruz y Tarija en otros temas.
El gobierno buscó esta semana desactivar los conflictos con concesiones como una fuerte rebaja en el costo de la conexión de los servicios de agua y alcantarillado en El Alto, y el martes aceptó desvincular a la prestadora Aguas del Illimani aunque de modo “concertado”, para evitar demandas indemniza



CEDE EL GOBIERNO BOLIVIANO Y DEROGA CONCESIÓN DE EMPRESA FRANCESA DE AGUAS

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

A pesar de que el gobierno boliviano cedió al reclamo popular de poner fin a la concesión de la compañía francesa Aguas del Illimani, la crisis tendía hoy a crecer con el surgimiento de protestas en La Paz y la exigencia de cancelar también operaciones de empresas extranjeras de electricidad y telecomunicaciones. A lo anterior se sumó una nueva amenaza de las organizaciones campesinas que dirige Felipe Quispe Huanca, al anunciar que la próxima semana se sumarán a las protestas con bloqueos en las rutas andinas que comunican La Paz con el Altiplano y con Perú y Chile, y que el objetivo es "tumbar" al presidente Carlos Mesa.
Mientras se mantiene el paro por tercer día consecutivo en El Alto hasta que se promulgue el decreto presidencial que rescinde el contrato con la firma francesa, el paro cívico de 48 horas en Santa Cruz entró en su segunda jornada y con amenazas de extenderlo por tiempo indefinido al rechazar las propuestas del mandatario. Dirigentes de la poderosa Federación de Juntas de Vecinos, que decretó el paro en El Alto, poblado vecino de La Paz de unos 800 mil habitantes, en su mayoría obreros e indígenas, fueron convocados a una asamblea de urgencia para pronunciarse en torno al anuncio gubernamental de finalizar la concesión con la empresa de aguas.
Sin embargo, los dirigentes aún se mantenían reacios a la espera de conocer el contenido del decreto presidencial y de su promulgación. De hecho, a pesar de que el gobierno anunció la víspera la ruptura unilateral del contrato de operaciones de la concesionaria francesa, todavía buscaba hoy un "acuerdo mutuo".
Aunque el gobierno está de acuerdo con los pobladores de El Alto en que la empresa ha incumplido el contrato, estaría buscando evitar un eventual juicio internacional y quizá hasta una indemnización por unos 70 millones de dólares, según rumores de la filial del poderoso grupo económico Suez Lyonnaise des Eaux.
Pero la decisión oficial, que busca atajar que crezca la efervescencia social, también podría generar incertidumbre entre los inversionistas a unos días de que el Congreso aborde la nueva y controvertida ley de hidrocarburos, objeto de otros conflictos, a decir de analistas políticos.
Con todo, la cancillería boliviana divulgó el texto de una carta que dirigió a Aguas de Illimani, en la que le exigió presente "las disculpas correspondientes" al presidente Mesa, a raíz de una misiva remitida por la empresa al jefe de Estado en que le reclamaba su "pasividad" y falta de "seguridades" ante el conflicto en El Alto. En el oriental departamento de Santa Cruz, especialmente en su capital del mis-mo nombre -de un millón 200 mil habitantes-, se cumplía el paro cívico de 48 horas en protesta por una reciente alza en los precios de la gasolina y del diesel, tras el retiro de un subsidio estatal.
Los líderes de ese paro rechazaron un decreto del gobierno para impulsar los sectores productivos y agropecuario de Santa Cruz, cuyo aporte a la economía del país equivale a un tercio de los 8 mil millones de dólares del producto interno bruto, al considerar que las medidas contenidas son "ofensivas" y "una tomadura de pelo".
A la par que estos sectores amenazaron con prolongar la paralización de Santa Cruz por tiempo indefinido, unos mil vecinos de La Paz iniciaron bloqueos de calles y avenidas en respaldo a que se revoque el aumento del precio de los combustibles, ante la irritación de peatones y automovilistas.
Además, los paceños también efectuaron una marcha para exigir el retiro de la operadora de electricidad Electropaz, del grupo español Iberdrola, y de la compañía de telecomunicaciones Telecom, de Italia, ambas con sede en la capital del país.
Las organizaciones de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que dirige Quispe Huanca, anunciaron que la próxima semana emprenderán movilizaciones y bloqueos, e incluso amenazaron que tomarán puestos militares y policiales.
El dirigente campesino fustigó al presidente Mesa, dijo que presionarán por su salida y calificó de "mentiroso" al gobierno por su incapacidad para resolver los problemas sociales que vive Bolivia. Dijo que una salida a la crisis consiste en celebrar elecciones anticipadas.



DECLINAN MANIFESTACIONES EN BOLIVIA

La Segunda de Chile (www.lasegunda.com)

Los habitantes de la ciudad de El Alto están a punto de levantar la huelga que realizaban, ya que el gobierno aceptó su exigencia de anular la concesión de que gozaba una empresa transnacional para distribuir agua potable.
Los ciudadanos de El Alto, organizados en una Federación de Juntas Vecinales, habían declarado un paro y bloqueos de calles a partir del pasado lunes y por tiempo indefinido, informó bbcmundo.com.
Los vecinos acusaban a la empresa francesa Suez Lyonnaisse des Eaux de incumplir su contrato de concesión y de cobrar elevadas tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado a través de su subsidiaria, Aguas del Illimani.
Luego de dos días de paro, el gobierno dio la razón a los vecinos de El Alto y anunció que se rescindirá el contrato, aunque la protesta no fue levantada porque los manifestantes aún discuten la propuesta de las autoridades. El otro foco de conflicto, en la ciudad de Santa Cruz, a 800 Km. al este de La Paz, se disipó este jueves tras concluir un paro de dos días que paralizó la urbe a convocatoria del Comité Cívico, una organización civil liderada por grupos empresariales de la región.
El Comité Cívico de Santa Cruz exige que el gobierno deje si efecto un alza del precio de combustibles aplicado hace 15 días en Bolivia.
Algunos líderes de la movilización social de Santa Cruz, además de pedir la rebaja de combustibles, exigieron la renuncia del presidente Carlos Mesa en días pasados.
Rubén Costas, el principal líder del Comité Cívico de Santa Cruz, evaluó como exitosa la protesta y anunció que se adoptarían otras medidas de presión para los próximos días. Sin embargo, el paro de Santa Cruz no consiguió que el gobierno reconsiderara sus medidas y sigue vigencia el alza de 10% en la gasolina y de 23% en el diesel.
La subida del precio de combustibles también había provocado que la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sindicales convocaran a huelgas en todo el país, pero éstas fracasaron.
Según la evaluación de las autoridades, cada día de paro en El Alto provocó la pérdida de 3 millones de dólares, mientras en Santa Cruz se perdieron 10 millones diarios.
Santa Cruz es la ciudad económicamente más productiva de Bolivia, mientras El Alto es el paso obligado de exportación de mercadería hacia los puertos de Chile y Perú, además de ser el acceso de La Paz al resto del país. La ola de protestas que anunciaron dirigentes sindicales y empresariales para la presente semana causó que el presidente Mesa dirigiera un mensaje a la nación el domingo pasado, en el que dijo que renunciaría en lugar de reprimir posibles actos de violencia callejera.
Mesa aseguró en su discurso que existen pequeños sectores de sindicatos radicales y empresarios que defienden intereses de grupos pequeños y buscan provocar la violencia.




MESA NO LOGRA CONTROLAR PROTESTAS Y LÍDER OPOSITOR PIDE ANTICIPAR ELECCIONES

Analistas consultados por La Tercera consideran que la idea del líder cocalero Evo Morales de adelantar las elecciones como "salida" a la crisis es una opción bastante probable, aunque aún no hay consenso a nivel político.

La Tercera de Chile (www.latercera.com)

Las protestas que afectan a Bolivia desde hace tres días llegaron ayer a la ciudad de La Paz, sede del gobierno, donde vecinos de algunos barrios periféricos bloquearon dos vías en apoyo a las huelgas de El Alto y Santa Cruz. En medio de este escenario, el líder cocalero Evo Morales manifestó que "una posible salida" a la crisis social que afecta al país sería que el Presidente Carlos Mesa adelantara las elecciones. Analistas bolivianos consultados por La Tercera indicaron que esta opción se presenta como altamente probable, aunque destacaron que aún no hay consenso político para adoptarla.
El gobierno de Mesa decretó ayer el término de la concesión a la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Suez Lyonnaisse des Eaux, en un intento por neutralizar la huelga indefinida en El Alto, la ciudad más pobre del país y que exigía la expulsión de la compañía. Sin embargo, y pese a lo resuelto por el gobierno, la poderosa Federación de Juntas Vecinales, que decretó el paro, decidió mantener el movimiento. "El paro sigue", dijo su presidente, Abel Mamani, agregando que hay otros 16 puntos que debe aceptar el Ejecutivo. Mamani también anunció que hoy las juntas vecinales marcharán desde El Alto a La Paz para exigir la atención a sus demandas, entre ellas, la nacionalización de los hidrocarburos.
Por su parte, las organizaciones afiliadas al Comité Cívico de Santa Cruz cumplieron ayer el segundo día de paro en la región de mayor peso económico del país y ratificaron su exigencia de anulación del alza de los precios de los combustibles con la amenaza de tomar "otras medidas" de presión. El presidente del comité, Rubén Costas, declaró que el gobierno no ha dado respuesta concreta a la demanda de la institución y trasladó nuevas determinaciones a la Asamblea de la Cruceñidad, prevista para hoy. A su vez, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Céspedes, volvió a cuestionar la supuesta incapacidad de Mesa para gobernar y adoptar un modelo de recuperación de la economía nacional. "Estamos muy preocupados. El gobierno de Mesa está llegando a su final, porque el pueblo está muy descontento" con su gestión, remarcó.
El pedido de Evo Morales
"Si Carlos Mesa no se suma a la lucha del pueblo que quiere transformaciones profundas, no estamos pidiendo su renuncia, pero no tendría otra alternativa que convocar a elecciones adelantadas", volvió a plantear ayer Evo Morales.
Pero mientras el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) insistía en su propuesta, parlamentarios de su partido se sumaban a un grupo que, por primera vez en 14 meses, dio su apoyo político a Mesa. "Lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo mínimo de una agenda consensuada que podamos coordinar y que permita al país establecer líneas generales", dijo el ministro de la Presidencia, José Galindo.
Según el analista político boliviano Jorge Lazarte, la falta de apoyo al gobierno en el Congreso no justifica la creación de una bancada oficial, porque no le garantiza una mayoría y generaría una confrontación política. Respecto a la idea planteada por Morales de adelantar las elecciones, Lazarte cree que ésta "se está dibujando en el horizonte". A juicio del analista, la situación que enfrenta hoy el país es "crítica", por lo que ve como "bastante probable" que Mesa -cuyo mandato expira en 2007- anticipe los comicios. Si bien reconoce que sectores de Santa Cruz han planteado la idea, Lazarte piensa que el rol del MAS será clave.
Similar opinión tiene otro analista boliviano, José Blanes, quien cree que anticipar las elecciones "sería la salida menos dolorosa". Sin embargo, Blanes reconoce que el país aún no está preparado para ello.
Básicamente, porque si Mesa deja el cargo, quien tendría que enfrentar el proceso electoral sería el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, quien "no es de consenso", agrega. De hecho, Evo Morales enfatizó ayer que no permitirá que Vaca Diez ingrese a la presidencia. Según la Constitución de Bolivia, Mesa debe terminar su mandato o irse, pero no puede llamar a elecciones.



CAUTELA PARA VIAJAR HASTA BOLIVIA

Debido a las protestas, los manifestantes mantienen cerradas las vías en El Alto y Santa Cruz por lo cual se recomienda precaución a quienes viajan a la zona

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Cautela y prevención son los conceptos que se encuentra manejando el sector del transporte chileno que normalmente viaja a Bolivia, debido a la continuación del bloqueo de carreteras en el país altiplánico.
La Asociación de Dueños de Camiones de Arica (Asoducam), que preside Jaime Arancibia, mantiene la precaución de no viajar debido a las protestas que suelen radicalizarse en contra de vehículos chilenos.
Por su lado, empresas transportistas de carga como Boch Transportes Chileno-Boliviano S.A., expresaron que aunque no han tenido que viajar estos últimos días, están al tanto de las informaciones y saben que ante cualquier problema los choferes y sus camiones quedan esperando en la frontera (Tambo Quemado).
De hecho, esta última empresa tiene un envío de carga a Bolivia para este domingo, pero esperan que de aquí al fin de semana, la situación se normalice y puedan transitar sin problemas.
BUSES
Para el caso del transporte de pasajeros, las empresas “Chile Bus Internacional”, “Cuevas Internacional” y “Zuleta Internacional” mantienen suspendidas sus salidas a Bolivia ante el anuncio que prosiguen las movilizaciones y bloqueos. Distinta es la situación de las agencias de servicios de pasajeros, cuyas oficinas se ubican al interior del Terminal Internacional de avenida Diego Portales, ya que están saliendo de acuerdo a la demanda de pasajeros.
La única advertencia es que quienes se embarquen a Bolivia por este medio, llegan sólo hasta El Alto, producto de los bloqueos carreteros y protestas. Desde allí y bajo sus propios medios deben continuar camino a La Paz, Cochabamba, Oruro y sus alrededores.
VUELOS
Por su lado, la Cancillería chilena, llamó a mantener la prevención de los viajes a Bolivia, sobre todo para los turistas, por las diversas protestas sociales que tienen prácticamente inmovilizadas a las ciudades de La Paz y Santa Cruz. El consejero del consulado chileno en la capital altiplánica, Juan Luis Nilo, manifestó que las recomendaciones que se han dado a los turistas son más que nada por las molestias que están generando las protestas en ambas ciudades.
TURISTAS
En El Alto, los turistas que llegan al aeropuerto internacional deben caminar un kilómetro antes de poder abordar un taxi en el sector del peaje de la carretera (límite ente las comunas de El Alto y La Paz) con destino a los bajos de ciudad.
La oficina de LAN Chile en La Paz, confirmó la llegada de los vuelos regulares, pero a los pasajeros se les advierte que deberán caminar antes de poder acceder a transporte.
En Santa Cruz, una de las más turísticas y que últimamente ha hecho noticia por sus afanes de mayor autonomía, las complicaciones son mayores debido a que el paro fue total y hay dificultades para recibir servicios de transporte y otros.



LA VOZ DE LOS TURISTAS

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Rodrigo Mencías viene de Bolivia. Este estudiante paceño de 15 años está desde el jueves pasado en la ciudad junto a su familia, dice estar encantado con la belleza de las calles y de todos los lugares turísticos. “Todo es muy lindo, pero por sobre todas las cosas, el mar, para nosotros que somos un país mediterráneo, conocer el mar es algo increíble, quizá para ustedes que ven el mar como algo más del paisaje no les impresiona como me ha impresionado”. El estudiante agregó que “tenemos un lago, que también es muy lindo pero es otra cosa, totalmente distinto. La gente es muy buena, la locomoción colectiva te lleva donde tu quieras.” Comentó además haber quedado muy agradecido de unas personas que lo vieron venir cargados con bolsas en el sector de la playa y lo llevaron unas cuadras hasta donde pudo tomar otra locomoción: ”eso en mi país no se ve” agregó.
“Arica está muy renovada”
Jame Cossio viene de Dinamarca. “Llegué hace 2 semanas a la ciudad y es muy linda. Hace calor, por eso voy harto a la playa El Laucho, es súper tranquilo y agradable tomar sol allá”.
Este chileno radicado desde hace 28 años en el país danés, reconoce que la ciudad se ha renovado completamente, en favor del turismo. He visitado muchos lugares turísticos como el lago Chungará, las playas, el centro y todo me ha gustado, yo viví hace muchos años acá en Arica y ahora está todo distinto, pero para mejor, Menos la gente, sigue siendo amable y cariñosa.”
Lo único que no le gustó fue ver las mismas micros de la locomoción colectiva las que veía cuando niño. “No puedo creer que todavía estén en circulación.” comentó con sorpresa.
“Aquí todo es muy diferente”
Jaime Moreno, chileno residente en Canadá. “Recién estoy conociendo porque estoy acá hace sólo 2 días, pero lo que he visto lo he encontrado muy bonito, sobre todo los paisajes. Es un país muy distinto a Canadá, es sorprendente la diferencia de cultura, de raza, la forma de vida que hay en cada país. Pero el recuerdo que tengo desde la última vez que vine, la ciudad ha cambiado mucho, da gusto pasear en lugares tan lindos.” Jaime trabaja como barman en unos clubes nocturnos y dice estar muy contento de vivir allá, que ya lleva 20 años en ese país, en donde ya se acostumbró al clima, al idioma a la gente, pero siempre es bueno venir a visitar y a recordar sus raíces.



LA JUNTA DE ANDALUCÍA IMPULSARÁ PROYECTOS DE TURISMO
Y DESARROLLO RURAL EN HONDURAS, BOLIVIA Y ECUADOR

Europa Press de España (www.europapress.es)

La Junta de Andalucía impulsará proyectos de turismo y desarrollo rural con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en zonas deprimidas de Honduras, Bolivia y Ecuador.
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Administración andaluza, Paulino Plata, se reunió en Washington con el presidente del BID, Enrique Iglesias, para analizar cómo se van a materializar estas iniciativas y cómo pueden participar en ellas las empresas andaluzas.
Según señalaron desde la Junta, estos proyectos se llevarán a cabo en el marco de los acuerdos de cooperación que mantienen el Gobierno andaluz y la entidad interamericana, a través de los cuales se acometen actuaciones conjuntas en materia de innovación y transferencia de conocimiento entre América Latina y Europa.
Plata destacó que la intención de esta iniciativa es "trasladar nuestra experiencia de los últimos años de desarrollo intenso en esos sectores".
Durante el encuentro, el consejero explicó también al presidente del BID los objetivos del Plan de Internacionalización de Servicios de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), así como el interés de las empresas de la Comunidad Autónoma por realizar programas de cooperación con Latinoamérica y participar en las licitaciones de los organismos multilaterales.
No obstante, reconoció que el tejido productivo andaluz "ha salido tarde" respecto a otras zonas del mundo en algunos sectores productivos, pero defendió al mismo tiempo que las empresas de la Comunidad se sitúan "a la cabeza" en otros sectores, como el turismo, la tecnología de desalación, el desarrollo de software o la energía fotovoltaica.



ANESVAD LANZA UNA CAMPAÑA EN INTERNET PARA RECOGER
SONRISAS DIRIGIDAS A LOS LEPROSOS DE BOLIVIA

El Mundo de España (www.elmundo.es)

Armando, el protagonista de la nueva campaña de Anesvad en Internet es un joven enfermo de lepra residente en Riberalta, una ciudad del departamento boliviano de Beni. A través de Internet, narra la situación de otros leprosos como él, para que estas personas dejen de sentirse rechazados. Para ello, solicita sonrisas en la Red bajo forma de mensajes de apoyo.
ANESVAD ha lanzado su nueva 'cibercampaña', 'Sonrisas', con el objetivo de recabar apoyo para los enfermos de lepra de Beni. La ONG, con el apoyo del banco Santander Central Hispano, pondrá en marcha un proyecto para la vigilancia y control de la lepra en esa región, y mediante la colaboración de los internautas, recogerá mensajes de apoyo que se trasladarán a los beneficiarios del proyecto.
"Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre una enfermedad que afecta a millones de personas", afirma José Luis Gamarra, presidente de ANESVAD. Y subrayó que "la lepra tiene cura desde 1987, y hay un tratamiento gratuito de la Organización Mundial de la Salud. Pero sigue existiendo debido, en parte, al rechazo social que padecen los enfermos en sus comunidades". La provincia más solidaria Se trata de conseguir el mayor número posible de sonrisas. Con la aportación del patrocinador se realizará un proyecto para vigilar y controlar la lepra en Beni, y con la sonrisa de todos aquellos que participen en la campaña se hará frente al rechazo social.
Quienes participen en esta iniciativa únicamente tienen que dejar un mensaje de apoyo, y lo pueden hacer tantas veces como deseen. La campaña incluye un contador geográfico que permitirá conocer cuál es la provincia española desde la que se ha enviado un mayor número de sonrisas.
El objetivo del proyecto de desarrollo que se va a poner en marcha en Bolivia consiste en mejorar la capacidad del personal de salud y de las organizaciones de la comunidad para controlar la lepra y poder llevar a cabo una búsqueda activa de casos en todo el departamento de Beni.
Para ello, se formarán equipos de trabajo, se capacitará al personal y se crearán redes de vigilancia que aseguren la información y comunicación de casos detectados. Se prevén campañas de información y sensibilización a la población, además de proporcionar atención sanitaria a los enfermos detectados. El proyecto busca la implicación de la comunidad en la lucha contra la lepra a través de sus organizaciones de base. La campaña ‘Sonrisas’ se pone en marcha con motivo de la celebración el próximo 30 de enero del 52º Día Mundial de la Lepra, enfermedad contra la que ANESVAD lucha desde 1971. En Bolivia, se trabaja en la vigilancia y control de la lepra en los departamentos de Beni, Pando y Chuquisaca; en éste último, también se realizan tareas de sensibilización y estudio sobre la enfermedad en comunidades indígenas. ANESVAD lleva a cabo proyectos contra la lepra en ocho países de Asia y América Latina, donde se desarrollan iniciativas de dotación y mejora de infraestructuras, campañas de sensibilización y detección precoz o programas para la reinserción social de los afectados, entre otros.



Entidad que coordina a empresas entre Taltal y Chiloé puso a operar tres centrales térmicas

ELÉCTRICAS ACTIVAN PLAN POR CRISIS DE GAS Y OPTAN POR CARBÓN Y PETRÓLEO

Generadoras decidieron sumar las centrales Ventanas y Bocamina y reincorporar Nueva Renca. La idea es guardar a las hidroeléctricas para el invierno y precaverse para el peor escenario: mayores cortes de gas de Argentina.

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

Las electricas reaccionaron. Quieren evitar el peor escenario. Por eso las firmas que operan entre Taltal y Chiloé activaron un plan de emergencia y pusieron a funcionar las centrales a carbón de Ventanas (AES Gener) y Bocamina (Endesa), a la vez que optaron por reincorporar al sistema a Nueva Renca, que aunque no tiene gas, podrá utilizar diésel para producir electricidad.
La idea es "cuidar los recursos hídricos de los embalses", informó Germán Henríquez, director de la entidad que coordina el sistema eléctrico en la zona central, el Centro de Despacho Económico de Carga (Cdec) del Sistema Interconectado Central (SIC). Las plantas a carbón que empezaron a producir electricidad tienen una capacidad conjunta de 450 megawatts (MW) y se agregan a los 379 MW de Nueva Renca. Tanto el carbón como el diésel son energéticos más caros que el agua o el gas natural y por eso son resistidos por las empresas.
El Cdec-SIC señala que ayer Nehuenco I y II, de Colbún, tenía una restricción de 1,16 millón de metros cúbicos de gas de los casi tres millones que requiere. Nueva Renca, que dejó de operar el lunes, ya que tiene cortado el 93% de su suministro gasífero, fue puesta en servicio por el organismo utilizando diésel. Si bien usar este combustible supone "un costo varias veces superior al gas", permite "resguardar el agua de la Central Rapel", señaló Henríquez. Según fuentes del sector, Nueva Renca será reemplazada en los próximos días por otra central de gas para que opere con petróleo.
En el caso de las centrales de Colbún, Nehuenco I funciona a toda su capacidad y no tiene inconvenientes con el gas. Sí tiene problemas su segunda unidad, Nehuenco II, "dado que la red de gas desde Argentina no tiene capacidad disponible", admitió la firma.
El Cdec-SIC decidió no usar el agua de los embalses para prepararse para el invierno, época en que sube la demanda eléctrica y se requiere más gas domiciliario para calefacción. Entonces aumentan las presiones sobre el sistema eléctrico y existen más posibilidades de que Argentina profundice los recortes de gas natural, los que afectan al 20% del suministro, con 4,18 millones de metros cúbicos menos del flujo.
"Esta disposición permite evitar un racionamiento en el invierno, ya que podríamos encontrarnos en esa fecha sin gas y sin agua suficiente y ahí tendríamos problemas", explicó la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Vivianne Blanlot. Pero hay un costo mayor de generar con carbón y diésel (ver recuadro) Y eso lo pagan las eléctricas, dice Blanlot, aunque no son compensadas por ello.
Rodríguez amenaza a las empresas
"Las críticas que se escuchan de las empresas porque en algún momento les toca pagar costos más altos, es una crítica oportunista que el gobierno no está dispuesto a aceptar. Y si alguna empresa llegara a tener un comportamiento que pusiera en peligro el aprovisionamiento eléctrico, vamos a aplicar toda la fuerza de la ley".
Así de enfático fue el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, al pedir a las eléctricas inversión y no lamentos. De paso, resucitó una discusión que se puso en boga en 1998, en pleno racionamiento energético: que las eléctricas socializan las pérdidas, pero privatizan las ganancias.
El ministro dijo que "si en el sistema eléctrico se debe usar más petróleo, ese mayor costo debe ser absorbido por las empresas". Explicó que "cuando ocurre al revés (los costos son bajos) los consumidores no nos beneficiamos y las ganancias quedan empozadas en las empresas".
En cuanto al suministro, vaticinó que "va a haber electricidad durante todo el 2005. Va a haber gas en las casas y en los pequeños negocios, esa es la responsabilidad mía".



CHILE BUSCA ACUERDO ENERGÉTICO CON PERÚ

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Las autoridades ministeriales de Energía y Minas de Perú y Chile se reunirán hoy con el fin de evaluar la posibilidad de suscribir un Convenio de Cooperación Energética bilateral, informó el director general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Carlos Furche.
Explicó que se trata de un tema que están evaluando las autoridades ministeriales respectivas y consideró que sería conveniente que este asunto sea incluido en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Chile. “Nuestro objetivo es que este tema esté dotado de la mayor estabilidad posible”, enfatizó el funcionario chileno.
Socio importante
De otro lado, destacó que el Perú es un socio importante para Chile pues se trata de su tercer socio comercial en América Latina pero el segundo en lo que se refiere a recepción de inversiones chilenas. En los últimos 10 años las inversiones de Chile en el Perú acumulan un total de US$ 4,000 millones mientras que Perú tiene un stock de inversiones en el vecino país del sur de US$ 50 millones.



DECISIÓN DE ALTO COSTO / Tras últimos recortes, se evalúan posibles salidas a la crisis:

LA APUESTA PERDIDA POR EL GAS ARGENTINO

Tanto el Gobierno como el sector privado asumieron que el futuro es inestable con este recurso. Los expertos prevén que este año no habrá racionamientos ni alzas significativas de tarifas, pero 2006 y 2007 podrían ser críticos.

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Llegó la hora de las explicaciones. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, no pudo seguir eludiendo el impacto de los recortes de gas argentino que tienen en ascuas a los usuarios del sistema energético.
Debió enfrentar, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Sánchez Castellón, una avalancha de preguntas de los parlamentarios ayer en el Congreso.
Desde hace un año está claro que la apuesta por este recurso trasandino -nuestro único proveedor- hecha por el Presidente Eduardo Frei ya no es más la panacea prometida.
Hoy, el gobierno, los inversionistas y los expertos tienen claro que el gas natural nunca más será lo que fue: seguro y barato.
Por una decisión política del Presidente Néstor Kirchner de privilegiar el consumo interno, Argentina está restringiendo 20% la exportación de gas. Producto del recorte, Eléctrica Santiago de AES Gener y una de las plantas de Nehuenco de Colbún dejaron de operar. A Metrogas le cortaron 660 mil metros cúbicos, lo que puede poner en riesgo el abastecimiento de las industrias y hace más vulnerable el sistema energético que descansa en parte importante en este recurso.
La crisis partió en marzo de 2004 y la explicación para el recorte fue la falta de abastecimiento generada por la baja inversión de las empresas productoras en el país vecino. Este año, Kirchner obligó a usar todas las reservas de gas - cuatro veces más barato que el petróleo- en el mercado interno para sortear el aumento del consumo por las olas de calor y la reactivación económica. Quiere ahorrarse los costos políticos de un alza de precios.
Pese a que el Presidente Ricardo Lagos prometió que no habrá racionamientos, los expertos y las empresas saben que el suministro eléctrico será inestable en los próximos años.
Tal vez se podrá sortear este año sin cortes de luz por la entrada en operación de central hidroeléctrica Ralco. Sin embargo, la situación será crítica desde 2006 hasta 2008, cuando entren a funcionar nuevos proyectos. Para este año, los analistas afirman que los consumidores domiciliarios tienen el suministro asegurado. Quizás podrían subir levemente las tarifas. Las eléctricas deben cubrirse las espaldas de la falta de gas con otras fuentes energéticas, como el carbón y petróleo, más caras.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Gas Natural, Carlos Cortés Simon, dice que estudian las repercusiones en Chile con expertos argentinos, y que pueden asegurar que no habrá cortes de luz. "Hay muchas variables que pueden incidir: la oferta de gas boliviano al país trasandino y la disponibilidad de agua en Argentina y Chile, entre otras", explica.
Sin embargo, Cortés advierte que es una pésima señal. "Para cumplir lo más posible los contratos con Chile están funcionando a plena capacidad en verano cuando no están preparadas para hacerlo, lo que podría empeorar en invierno", dice.
Ralco salva sólo este año porque resuelve un problema de desinversión pasada del sector. "Como la demanda eléctrica creció 8% de un año a otro, Ralco cubre eso y no las alzas de demanda futuras", explica el socio de Electroconsultores.com , Francisco Aguirre.
Por eso nadie duda de que la situación empeorará en 2006 y 2007.
Las centrales que entran al sistema también usan gas, por lo que estarán sujetas a los mismos recortes.
Y en el caso de Candelaria de Colbún, que podría generar electricidad con diésel, no tendría los incentivos por los bajos precios, advierte Francisco Aguirre.
Empresarios y expertos han criticado la actitud asumida por el ministro Rodríguez por decir que éste es un problema entre privados y por bajarle el perfil.
"Cuando dices que no pasa nada, puede ser este año, pero nadie asegura lo que viene. Tampoco puedes decir que es un problema entre privados, ya que las inversiones en el gas fueron incentivadas por señales del Gobierno", dice María Isabel González, consultora y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien hoy está decepcionada de haber confiado en los argentinos.
Pero las críticas a la política energética del Gobierno vienen de mucho antes y estallaron cuando partió la crisis en marzo de 2004. Según técnicos, Rodríguez no prestó atención a los estudios del CNE, que ya en 2002 advertían que el suministro sería crítico en 2004.
Ni ellos ni los parlamentarios entienden que, una vez desatada la crisis, se esperara hasta ahora para tomar medidas y se prefiriera negociar en vez de exigir el cumplimiento de los tratados con Argentina, lo que puede ser una señal para futuros conflictos.
Salidas
El Gobierno anunció que la única forma de asegurar el abastecimiento a largo plazo y terminar con la dependencia es diversificar la matriz energética. Una idea es un proyecto de ley que limite las importaciones de gas natural desde una sola fuente, fijando cuotas de importación. Esa iniciativa es criticada por la experta del Instituto Libertad y Desarrollo, María de la Luz Domper, por ser "dirigista y proteccionista".
Pero la principal apuesta gubernamental es importar, almacenar y regasificar Gas Natural Licuado (GNL) en Chile. La Enap lideraría el proyecto y los privados tendrían que construir el puerto de descarga, que recién operaría en 2008.
Como esta solución es más cara que el gas argentino, los inversionistas todavía no se convencen de arriesgarse y esperan que el Gobierno dé señales claras de que valdrá la pena. La duda es qué pasará si se soluciona el conflicto con Argentina cuando ellos ya hayan invertido en el proyecto.
Licitar los contratos de gas natural para dar estabilidad podría motivarlos.
Otra alternativa que barajan los privados y que hasta ahora parece tener un poco más de aceptación en el Gobierno, es licitar los contratos de las distribuidoras con plazos bien definidos, lo que implicaría una modificación a ley eléctrica.
La discusión está en la fijación del precio.
Mientras las empresas esperarían una liberalización total, el Gobierno no está dispuesto a ceder porque se dispararían las tarifas, un costo muy alto en año de elecciones.
Consecuencias en todo el país
Si bien el Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende desde Taltal a Chiloé, abastece al 93% de la población, el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) -que surte a los usuarios entre la I y II Región- se ve en fuertes aprietos con los recortes de gas argentino.
El SINC representa un tercio del tamaño de todo el sistema eléctrico del país, y tiene una capacidad instalada de 3.245 megawatts y una demanda máxima de 1.467 megawatts.
Aunque abastece al 5,7% de la población, tiene como usuarios a grandes mineras.
El 66% de su capacidad de generación eléctrica depende de la nación trasandina. No tiene cómo alimentarse de recursos hidroeléctricos, una ventaja del Central.
En ausencia del gas natural pueden recurrir sólo al carbón como fuente de energía.
El punto es que este sistema -asegura el socio de Electroconsultores, Francisco Aguirre- debe alimentar a minas como Chuquicamata, que consume una cantidad de electricidad equivalente a 1 millón de metros cúbicos al día.
Para hacerse una idea de lo que significa esta cantidad, se puede comparar con la capacidad de plantas termoeléctricas como San Isidro o Nehuenco, que funcionan con 1,5 millones de metros cúbicos de gas por día. Los otros dos sistemas interconectados son el de Aisén y el de Magallanes. El primero abastece al 0,6% de la población, y el segundo al 1%.
Ahora el plan es limitar importaciones desde una sola fuente y que Enap y privados traigan gas licuado como otra opción.



Ministro Rodríguez dijo que la idea es aislar la influencia del mercado trasandino

GOBIERNO LIMITARÁ USO DE GAS ARGENTINO Y BUSCA REEMPLAZARLO POR GNL

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

Con el firme objetivo de minimizar la dependencia energética de Argentina, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, anunció este miércoles que en marzo enviará al Congreso el proyecto de ley que busca limitar la importación de gas natural desde el vecino país. Tras reunirse con parlamentarios pertenecientes a la comisión de Relaciones Exteriores y Minería y Energía de la Cámara Alta, el secretario de Estado fijó los lineamientos del gobierno para afrontar la crisis del gas y evitar impactos como los ocurridos en 2004.
“Tenemos varias alternativas de cambios legislativos que apuntan a la idea de disminuir la incertidumbre que genera el mercado argentino, de manera que las decisiones de inversión puedan tomarse con un poco más de tranquilidad. Dado que no podemos intervenir en el mercado argentino, lo que si podemos hacer es aislar su influencia en nuestro mercado”, precisó.
Añadió que la urgencia que demanda la crisis del gas hará que el Ejecutivo considere como prioritarias estas modificaciones, de las cuales no quiso profundizar. “Nuestra intención es poder ingresar el proyecto en marzo y ojalá sacarlo aprobado también en marzo. No puedo explicar detalles”, sostuvo.
Rodríguez manifestó que desde el año pasado que está preparado el sistema eléctrico y de distribución de gas para este tipo de contingencias, como el reemplazo de una central que funciona con el hidrocarburo a otra con un combustible alternativo. Dentro de los planteamientos formulados ante los parlamentarios, el ministro desestimó recurrir a instancias arbitrales para zanjar los problemas y, aclaró, que desde el principio de la crisis se ha optado por la vía práctica de tratar de conseguir el máximo de gas posible, “considerando que la vía legal no tiene ningún resultado positivo para Chile”.
Insistió en que el sector privado debe dejar de realizar cálculos de corto plazo y pensar en realizar inversiones para que Chile pueda conseguir una verdadera autonomía energética. “No puede ser que la electricidad y el gas esté dependiendo de políticas de otro país, el gas natural es un producto que se puede traer de otra parte y por lo tanto tenemos que hacer las inversiones y esa es la decisión del presidente Lagos”, dijo enfático.
En este sentido, dijo que la idea es que la planta de gas natural licuado (GNL) pueda partir en marzo con el llamado a licitación, separando la construcción del puerto, del depósito y de la fábrica que transforma el gas licuado en natural. Reconoció que recién en 2008 este proyecto podría ser una realidad, considerando que todas las faenas de instalación demoran a lo menos 2 años.
Por último, indicó que ve poco probable que en la próxima fijación tarifaria de precios de nudo se refleje un alza porque los últimos cálculos que se realizaron en octubre fueron “realistas”. “Las críticas que se escuchan en las empresas, porque en algún momento les toca pagar costos más altos, son oportunistas y el gobierno no está dispuesto a aceptarlas”, concluyó.
Cortes
Pese a lo anticipado que se produjeron los cortes en relación con la crisis ocurrida el año anterior, Rodríguez se mostró confiado en que 2005 debiera ser mejor que el año pasado en materia de provisión de gas porque la fuente principal del combustible, Neuquén, no ha ampliado su infraestructura hacia Buenos Aires, mientras que en la zona austral, la empresa que abastece a Methanex está haciendo inversiones mayores para expandir su producción.
En este sentido, al cierre de esta edición se informó que la redireccionalidad decretada por Argentina no sufrió variaciones respecto de lo ocurrido en la víspera y se mantuvo en los 8,8 millones de metros cúbicos, con lo que los cortes efectivos hacia Chile alcanzan los 4,18 m3, es decir un 20% del total de importaciones, siendo la zona central la más golpeada con 2,5 millones de m3 de las restricciones.
Reiteradas visitas al Congreso
Desde que el 25 de marzo del año pasado se desató la crisis del gas, el ministro Jorge Rodríguez Grossi ha debido asistir en múltiples ocasiones a reuniones y presentaciones para explicar los verdaderos alcances del problema que atraviesa el país en materia energética. El discurso del titular de Economía y Energía ha variado con el correr de los meses.
Tras partir con la convicción de que el sistema eléctrico es un negocio de privados y, que por lo tanto, en ese ámbito se debe buscar una solución porque el gobierno ha hecho todo lo posible, pasó a hablar de diversificación en las fuentes de energía y de mirar otros mercados.
Así, al poco andar de reiterar que los recortes de gas no afectarían el suministro del país, Rodríguez pasó a buscar fórmulas de incentivos para que los privados realicen proyectos de fuentes energéticas que no sean gas. De esta forma, el mismo Presidente Lagos anunció el año pasado el proyecto para crear una planta de Gas Natural Licuado (GNL), iniciativa a cargo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), como solución al problema. Tras volver con fuerza los recortes del gas en esta últimas semanas, la propuesta de GNL ha surgido con fuerza dentro de los dichos de Rodríguez ante un panorama energético más grave de lo presupuestado por las autoridades, durante 2005.



Privados afirman que crisis del gas permite “consenso” en el proyecto

GOBIERNO SE ACERCA A EMPRESAS PARA ALCANZAR DEMANDA DE GNL

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

Si algo en limpio se puede sacar de esta nueva crisis del gas con Argentina es que el gobierno reafirmó su compromiso con el proyecto de levantar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) encabezada por ENAP. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, lo ha dado a entender en distintas declaraciones: “llegó la hora de dejar de pensar en el gas argentino y decidirse de una vez por todas en apoyar la iniciativa gubernamental”, ha indicado.
Y estas palabras tienen un destinatario común: los privados. Es que si en un comienzo las empresas miraban con recelo el proyecto del Ejecutivo, los últimos acontecimientos abrieron la puerta para estudiar con más detalle el proyecto. Así lo reconocen distintas compañías del sector quienes afirman que “llegó la hora de analizar todas las opciones”.
Incluso, el líder de los empresarios, Hernán Somerville, señaló que “así como este país consiguió autonomía financiera en el pasado, tenemos hoy que un nivel de riqueza y bienestar que nos obliga a conseguir autonomía energética”, declaró el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) tras una reunión precisamente con el gobierno.
Incluso, el propio Rodríguez afirmó ayer que “con el sector privado estamos en conversaciones para que ellos se sumen con rapidez, porque esto hay que resolverlo rápido, no puede seguir aguardando”. La idea expresada por el personero de gobierno es que en marzo se esté realizando el llamado a licitación para la construcción de la planta. Sin embargo, el gerente general de Enap, Enrique Dávila, aseguró que ya tienen definido el “pool de consumidores” para el proyecto, por lo que el llamado a licitación podría realizarse en las próximas semanas.
Apoyo privado
La confianza del Ejecutivo radica en que de la incredulidad inicial de los privados se pasó a una oportunidad concreta de lograr el apoyo de las empresas para sacar este proyecto. Y la nueva crisis con Argentina sirvió para unir criterios. Es más, entre los privados existe la convicción de que el redireccionamiento ordenado por las autoridades trasandinas fue la “gota que rebalsó el vaso” y el hecho necesario para darse cuenta que la situación no mejorará en el futuro.
“Es claro que no se podrá contar con que la situación se normalice y, por tanto, se está dando un creciente consenso entre los consumidores de gas respecto de la necesidad de disponer de un terminal para descargar GNL”, declaran las empresas. Según ENAP, hasta ahora han sido varias las firmas que han mostrado interés, como Endesa, Colbún y Metrogas.
Sin embargo, las empresas señalan que aún restan algunas “modificaciones regulatorias necesarias para asegurar que el mercado eléctrico pueda ajustarse rápidamente a las nuevas condiciones”, como la progresiva liberación de los precios. “La realización de este proyecto depende esencialmente de la velocidad con que el gobierno haga estos cambios”, dicen los privados.
Claro que las firmas están preocupadas por otro tema: si bien reconocen que la planta de GNL resuelve el problema a contar de 2008, antes de esa fecha las condiciones de abastecimiento continuarán siendo inciertas. Por eso reclaman que pese a tener una crisis grave como la argentina, el 2004 fue “un año perdido” para presentar señales adecuadas que puedan dar estabilidad para el periodo 2005-2006. Por eso, las empresas reconocen que están más abiertas al diálogo con el gobierno y así no perder este año en discusiones inútiles.



GAS: LIMITADA OPCIÓN DE MANIOBRA

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

El regreso de la crisis del gas natural, desde el punto de vista de su dimensión pública y aumento de los recortes, encontró al país mejor preparado que en el pasado. Existe coordinación e información entre las empresas afectadas por la reducción de los envíos desde Argentina y un diálogo permanente con las autoridades de gobierno.
Hasta el momento, los consumidores generales no se han visto perjudicados por el menor abastecimiento, como tampoco lo estuvieron en los momentos más duros y complejos de esta crisis.
Sin embargo, esta prevención no es suficiente como para mostrarse optimistas frente al comienzo de lo que a todas luces aparece como un año ajustado en materia de provisión energética. Y la razón de ello es que el problema no radica en Chile ni puede ser controlado por las empresas o autoridades locales.
La crisis se vive en Argentina, con cortes de suministro eléctrico, discusiones tarifarias, déficit de infraestructura e insuficiencia de gas natural, todo resultado –en mayor o menor medida- de la falta de inversiones por parte de empresas que no advierten las señales suficientes de precio y regulación como para emprender nuevos proyectos de exploración y mejoramiento de la infraestructura existente.
Las reservas de gas natural del país vecino se han reducido y las autoridades trasandinas cuentan con los envíos de energético provenientes de Bolivia para enfrentar el incremento en el consumo producto de su propia decisión de priorizar la generación eléctrica utilizando gas natural.
El problema para Chile se agrava en el corto y mediano plazo porque no existen alternativas inmediatas para suplir las importaciones de gas desde Argentina, al menos no con las ventajas de precio y cercanía que ofrecen los gasoductos en operación.
Esta situación limita de forma importante la capacidad de maniobra que tienen las empresas y autoridades chilenas. Hoy la prioridad parece centrada en disponer de la mayor cantidad de información posible para administrar la disponibilidad de energético. La vía más confrontacional, apelando a los acuerdos o contratos firmados, tiene el inconveniente de que implica enfrentarse con el único proveedor inmediato con que cuenta el país.



OPINION: EL GAS Y EL PAPEL DEL GOBIERNO

La Tercera de Chile (www.latercera.cl)

A partir de la firma del Protocolo de Integración Energética suscrito con Argentina hace 10 años, el que se convirtió en Ley de la República de rango superior en ambos países, las principales empresas del rubro energía que operan en Chile suscribieron acuerdos para adquirir gas natural de los principales productores argentinos y luego invirtieron más de US$ 5.500 millones en siete gasoductos, 10 centrales eléctricas, redes de distribución y plantas petroquímicas.
Estos proyectos tienen horizontes de recuperación del capital invertido que se sitúan entre 15 y 26 años, no obstante lo cual comenzaron a generar de inmediato enormes beneficios para toda la comunidad por la vía de permitir significativas reducciones en los precios de la energía eléctrica y térmica, un aumento en la eficiencia de los procesos industriales y un significativo mejoramiento de la calidad del aire.
La distorsión del sistema de precios en Argentina, incluidos los rubros gas y electricidad desde hace tres años, se tradujo en un desincentivo a las inversiones y a un incentivo al consumo, el que culminó en un desajuste severo desde mediados del año 2004, el que ha sido abordado por el gobierno argentino privilegiando la demanda local en desmedro de los contratos de exportación en firme. Esto es en un claro incumplimiento del acuerdo de no discriminación establecido en el Protocolo con Chile.
La resolución del gobierno argentino resultó completamente inesperada para las empresas y gobierno chilenos y sus acciones y reclamos encontraron mínima acogida. Aun así se esperaba un cambio de disposición política en Argentina que los cortes de los últimos días lamentablemente desmienten.
En este contexto, a nuestro juicio resulta indispensable avanzar en dos frentes en forma simultánea: en el ámbito de las nuevas inversiones, por la vía de facilitar la diversificación de tecnologías y de fuentes de origen del gas y en el ámbito de las inversiones y contratos existentes, por la vía de acordar con Argentina el restablecimiento de los términos fundamentales bajo los cuales se concretaron los proyectos y contratos de suministro respectivos.
Para algunos emprendimientos futuros, el proyecto de gas natural licuado (LNG) traído en barcos desde orígenes distantes que impulsa la Enap es una buena vía de diversificación técnica y geopolítica.
Pero tal proyecto, que no puede entrar en servicio antes de cuatro años, representa menos de un décimo del nivel de inversiones ya materializadas en Chile para gas natural y proporcionaría sólo un séptimo del volumen de gas hoy comprometido por Argentina. Es por ello que resulta tan importante una acción coordinada y perseverante de las compañías privadas y del Estado de Chile para acordar con Argentina el pleno restablecimiento de los flujos de gas comprometidos (unos 30 millones m3/día).
En este ámbito cabe al Estado, en calidad de garante del cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos, un rol insustituible. Las empresas privadas demandan a sus contrapartes argentinas el cumplimiento de los contratos, pero éstas, pese a tener la capacidad de producción para satisfacerlos, son obligadas por el gobierno argentino a entregar el gas a otros usuarios argentinos con los que ni siquiera tienen contratos vigentes, por lo que se excusan en la fuerza mayor.
A partir del reconocimiento de la actual situación de default, el gobierno debería intentar acordar con su contraparte argentina un plazo de restablecimiento de las condiciones básicas, como la no discriminación y el respeto a los permisos de exportación ya otorgados, y cualquier señal de desincentivo al uso de gas natural argentino, en caso de ser indispensable, debiera aplicar exclusivamente a futuros emprendimientos.
Desde luego, la solución de fondo está vinculada a la capacidad de Argentina de regularizar su situación de precios internos en los rubros de gas y electricidad, de las compañías productoras de materializar inversiones suficientes, de los acuerdos que alcance Argentina con Bolivia para que ésta le suministre parte de la demanda futura de Buenos Aires, así como de la voluntad política para retomar la senda de los compromisos suscritos con Chile.

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