El Gobierno aún no comunica su decisión, pero todo parece indicar que
decidirá impugnar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre el requerimiento presentado por Bolivia que busca obligar a Chile a
negociar una salida soberana al mar para el país altiplánico.
La opción es ampliamente compartida por parlamentarios y ex cancilleres
chilenos que ven esta posibilidad como una alternativa para evitar que la
resolución de la Corte de La Haya sea desfavorable para el país.
Sin embargo, existen posturas como las del ex candidato
presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien en conversación con
TERRA.cl, reconoce que impugnar al tribunal internacional no es una buena
salida para Chile.
“Nosotros
primero, queremos que Chile gane en La Haya y es re importante ese detalle,
porque me doy cuenta que hay que decirlo con más claridad que Chile gane. Nosotros queremos que Chile gane en los
tribunales”, sentencia.
ME-O agrega que
Chile debe además de ir a la Corte, reactivar el diálogo con Bolivia para
analizar la posibilidad de una salida al mar para el país altiplánico. Sin
embargo, deja claro que en esas conversaciones no puede estar ausente Perú, parte importante a su juicio de una
posible solución al tema.
“A la misma
hora que se están revisando la estrategias jurídicas, que nosotros apoyamos,
sugiero que Chile reactive el mecanismo de consulta entre los subsecretarios,
en los últimos cuatro años los únicos que han hablado son los carabineros y la
policía boliviana. Es inquietante que las cancillerías no hablen”, sentencia.
El ex
presidenciable asegura que es importante que se reactive el mecanismo de
consulta “que no se activó desde que Piñera se peleó con Bolivia” para avanzar
en la llamada agenda de los ‘trece puntos’.
No obstante,
insiste ante la consulta de si ese diálogo debe incluir la salida al mar de
Bolivia, que “nada se puede hablar si no está Perú”.
“Todo esto es
un juego, tiene algo de juego infantil, si Perú no concurre a esto, no hay como
conversar. Hay que convencer a Humala de que debe participar en esta
conversación por el bien de los peruanos, de los chilenos y de los bolivianos”,
explica.
ME-O plantea
que el diálogo es necesario además para evitar que se repita lo que ocurrió con
Perú en el Tribunal de La Haya.
“Yo busco el
interés de Chile y es en el interés de Chile que le quiero decir a los
nacionalistas afiebrados, que La Haya
nos costó veinte millones de dólares, que perdimos mar, porque nunca quisimos
conversar en serio estos temas”.
“Yo 20 millones
de dólares prefiero ponerlos en los niños del Sename que gastármelo en abogados
que además son malos porque perdimos. Hay que recordar que perdimos en La Haya
con aquel Chile que planteaba que era malo conversar”, acota.
BACHELET Y REFORMAS
Para Marco
Enríquez-Ominami, los primeros cien días de Bachelet han sido “infinitamente
mejor que los primeros cien días de Sebastián Piñera, infinitamente mejor que
los primeros cien días de ella misma en 2006”.
La positiva
evaluación que realiza el presidente de la Fundación Progresa, reconoce tiene que
ver con las reformas que el Gobierno está impulsando. “Sería obtuso no
reconocer que este gobierno ha recogido causas que eran nuestras causas, sería
obtuso no admitir que hay un tremendo cambio en ellos”, evalúa.
Eso sí, ME-O
precisa que el apoyo que pueda entregar a los proyectos que el Ejecutivo
impulsa, no se traduce en una incorporación del PRO a la Nueva Mayoría,
minimizando el trabajo que ha realizado el PS y el PPD para hacerlos parte del
conglomerado.
Respecto de las
reformas que impulsa el Ejecutivo, Enríquez- Ominami, reconoce que van por el
buen camino, aunque presenta reparos con algunos aspectos que a su juicio
no están bien enfocados.
“Creemos que la AFP estatal es una mala idea, como es una mala idea no avanzar en la asamblea constituyente”.
En la misma
línea, cuestiona que en la Reforma a la Educación no se haya puesto el foco en
la educación pública, acotando que eso demuestra que, a pesar de ser positivo,
lo que se está haciendo “está mal planteado en el orden”.
Sobre el mismo
tema, el ex presidenciable lamenta que personajes asociados a la Concertación y
a la Democracia Cristiana estén interpretando con sus declaraciones “el voto de
la UDI y de Renovación Nacional”.
“Walker,
Mariana Aylwin y Velasco están haciendo algo que me parece a mí bien poco
presentable, pidieron el voto para Bachelet, porque era ella la que iba a ganar
y cuando ella hace exactamente lo que iba a hacer la acusan de estatista”.
“O sea, no se
entiende, porque no levantaron la voz ahí, probablemente porque era mal negocio”,
concluye. (www.noticias.terra.cl/nacional)
ESTRATEGIA DE CHILE FRENTE A DEMANDA BOLIVIANA
La política de Estado que se ha seguido frente a la
demanda de Bolivia no puede estar ajena al debate público.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
EN ENTREVISTA
con este medio, el agente encargado de la defensa chilena ante la Corte
Internacional de Justicia por la demanda interpuesta por Bolivia, lanzó duras
críticas hacia “actores políticos relevantes” -a quienes no identificó-, por lo
que considera un intento de “pautear” la defensa chilena, lo que a su juicio
rompe un capital que siempre ha tenido el país, cual es tratar estos casos como
una política de Estado, generando así un clima político que a su parecer no
tiene precedentes. Alertó de los riesgos de promover una discusión pública
sobre la estrategia judicial, lo que es contrario a la prudencia.
Las críticas
podrían llevar a confundir aspectos distintos en la definición de una política
de Estado. Con este adjetivo se alude a aquellas definiciones relevantes para
el país y que deben ser adoptadas más allá de los intereses de cada corriente
política, de manera que al definirse una posición deben aunarse todos los
sectores tras ella. Esto no debe confundirse con la exclusión del debate
público de esas políticas, el que es no sólo legítimo, sino
indispensable.
Conviene
recordar que la discusión que se ha generado en el país dice relación con
definir el momento apropiado para solicitar la incompetencia de la corte frente
a la demanda boliviana, pues el tratado de 1904 es definitivo y ha zanjado a
perpetuidad las fronteras entre ambos países, por lo que el reclamo paceño ante
el tribunal no tiene fundamento alguno. La solidez de la argumentación chilena
no ha estado en cuestión; la solicitud de incompetencia, en cambio, dice relación
con una estrategia jurídica, pero también política, por lo que es saludable que
al respecto se hayan escuchado diversas voces.
Será la
Presidenta de la República la que zanje si acaso esta incompetencia será
presentada durante esta fase preliminar, o se esperará incluirla en la
contramemoria que el país debe presentar el próximo año ante la corte. Por lo
demás, ha sido el propio gobierno el que ha promovido un debate amplio sobre
este asunto. Para tales efectos se convocaron a los ex presidentes de la
República a La Moneda, quienes se manifestaron partidarios de invocar estas
excepciones. El canciller ha señalado en distintas ocasiones que ha cobrado
fuerza la idea de hacer esta recusación, y distintos miembros del consejo
asesor presidencial encargados de brindar consejo y asesoría en la defensa han
manifestado públicamente su parecer frente a esta materia, lo que lejos de
debilitar la “racionalidad” del caso, ha permitido un enriquecedor debate de
cara a la ciudadanía.
No podría
desconocerse que la Corte Internacional de Justicia tampoco ha demostrado
anteponer criterios exclusivamente técnicos o jurídicos en sus decisiones -el
fallo de La Haya en el caso de Perú fue evidente-, lo que ha generado un
justificado recelo y que explica por qué frente a esta nueva demanda se ha
generado un debate intenso, y la necesidad de incluir también una defensa
política y no puramente jurídica. La idoneidad y excelencia del equipo a
cargo de la defensa chilena no está tampoco en cuestión, y su labor se ve
complementada al establecerse una defensa integral de los intereses del país,
que naturalmente incluye una ofensiva política.
BOLIVIA, EL PRIMER PAÍS AMERICANO EN PROHIBIR BITCOIN
Panampost
de Panamá (www.es.panampost.com)
El Banco
Central de Bolivia (BCB) emitió el 6 de mayo la resolución 044/2014 que prohíbe expresamente el uso de monedas no emitidas o reguladas
por los Estados, entre las que figuran Bitcoin y otras tantas criptomonedas. De
esta manera, Bolivia se convierte en el primer país de América Latina en
institucionalizar la ilegalidad de las monedas virtuales.
Mientras tanto,
en el resto de la región Bitcoin ha ido inmiscuyéndose y encontrando su lugar
como la arena en un frasco lleno de piedras. Su condición global y el hecho de poder
generar transacciones anónimas ha sido crucial para su expansión a todos los rincones
del mundo. Hoy existen vastas oportunidades para emprendedores en ámbitos ultra
regulados, como las apuestas sobre quién ganara el mundial de brasil 2014.
El Artículo 1
del documento resuelve que “A partir de la fecha queda prohibido el uso de
monedas no emitidas o reguladas por estados, países o zonas económicas, y de
órdenes de pago electrónicas en monedas y denominaciones monetarias no
autorizadas por el Banco Central de Bolivia en el ámbito del sistema de pagos
nacional”.
En el escrito
se detallan monedas virtuales como “el Bitcoin, Namecoin, Tonal Bitcoin,
IxCoin, Devcoin, Freicoin, 10coin, Liquidcoin, Peercoin, Quark, Primecoin,
Feathercoin y otras que no pertenecen a ningún Estado, país o zona
económica”, y que por no estar regulado su uso y emisión, se considera que
pueden “ocasionar pérdidas a sus tenedores”.
De esta manera,
expresan que los pagos con billeteras móviles deben estar denominados exclusivamente
en bolivianos, la moneda nacional.
Esta resolución
se inscribe en sintonía con la normativa conforme al Artículo 331 de la
Constitución Política de Bolivia, que establece que la prestación de servicios
financieros y cualquier otra “actividad relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público” y solo pueden
ser ejercidas con una autorización previa del Estado boliviano.
El documento,
firmado por el directorio del Banco Central, explica que esta resolución, como
todas las realizadas por esta entidad, tienen como objeto “procurar la
estabilidad del poder adquisitivo interno”, y que con ese fin se llevan a cabo
las políticas monetarias.
Pero Iván
Carrino, analista económico argentino, estima que los principales responsables
de que la moneda nacional pierda valor son los gobiernos y los bancos
centrales. “Un caso paradigmático lo tenemos en Argentina, donde el Banco
Central, desde su creación, destruyó cinco signos monetarios”.
Agregó que
Bolivia “también es un buen ejemplo, ya que pocos años antes de nuestra última
hiperinflación, ese país también experimentó este estremecedor acontecimiento
monetario”.
Con respecto a
esto, Mauro Betschart, co-fundador de Moneero, una empresa de servicios de
Bitcoin, le había comentado a PanAm Post en una entrevista que justamente
Bitcoin había nacido como resguardo de las políticas monetarias distorsionantes
de los gobiernos.
“Las personas
que viven en América Latina (…) no confían en la dirección del gobierno sobre
la política monetaria. Han sufrido, entre otros problemas, de hiperinflación
crónica, crisis bancarias y restricciones monetarias”, explico el joven
emprendedor.
Franco Amati,
pionero de esta moneda en Argentina y cofundador de Bitcoin Buenos Aires, un
centro de Bitcoin próximo a ser inaugurado en pleno centro de Buenos Aires,
expresó que el Bitcoin es una moneda válida independientemente de lo que
establezca una ley, ya que la verdadera legitimidad de una moneda surge de “la
realidad del uso de la misma”.
Explicó a PanAm
Post que en este caso “El BCB estaría prohibiendo que se intercambien
productos y servicios utilizando lo que él no autorizó previamente, permitiendo
sólo el uso de monedas emitidas por Estados.”
Para él, pagar
un bien o un servicio con Bitcoin, que como bien señala es un bien intangible,
no es muy distinto legalmente al pago con cualquier otro bien.
“Lo que está
haciendo el BCB no es sólo una medida autoritaria que restringe la libertad
individual de los ciudadanos, sino que va a contramano del marco regulatorio
que se viene generando en el resto del
mundo, donde países como Australia, Estados Unidos y Alemania
brindan claridad legal e incluso indican cómo declarar impuestos ante el uso de
Bitcoin. Sólo Islandia y Vietnam manifestaron una prohibición similar a la de
Bolivia”, expresó Amati.
Bitcoin Buenos
Aires, el proyecto de Amati, será un espacio de reunión para la comunidad bitcoiner y centro de
capacitación y oficinas para emprendimientos del rubro como BitPay y BitPagos.
LA IZQUIERDA COLABORÓ CON LAS EXPROPIACIONES
La Gaceta de España (www.gaceta.es)
Para el que no lo conozca, el Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CEPS) es una fundación española de izquierdas cuya base radica en Valencia y
que ha estado colaborando activamente en la elaboraciónn de las reformas
constitucionales en países como Venezuela, Bolivia o Ecudador. Como
resultado de esta colaboración y mediante el asesoramiento jurídico
proporcionado a los mismos, los textos constitucionales han tenido una clara
vocación expropiadora que ha dañado la estabilidad de las empresas españolas en
la zona.
La nacionalización de tierras llevadas a cabo por el Gobierno de Hugo
Chávez en Venezuela o las expropiaciones de Red Eléctrica en Bolivia son
algunos ejemplos de esta "nueva política" llevada a cabo en
Latinoamérica bajo el asesoramiento de CEPS. Entre los fundadores de dicha
fundación se encuentra el catedrático de Derecho Constitucional Roberto
Viciano, que además de su colaboración con estos países, ostentó el cargo de
director de Programas de Cooperación Técnica para América Latina de la
fundación, que fue subvencionada durante el Gobierno de Zapatero.
El ex presidente de CEPS, Rubén Martínez, ha reconocido su participación
en la elaboración de la Constitución ecuatoriana del 98, la venezolana del 99 y
su trabajo en Bolivia en 2007. Además, el citada Roberto Viciano participó como
ponente en el décimo aniversario de la Constitución bolivariana, donde se le
presentó como "asesor de Venezuela, Bolivia y Ecuador en las reformas de
sus Constituciones".
Estas reformas dejan claro desde el preámbulo la "promoción y
desarrollo de empresas de propiedad de capitales nacionales" y establecen
"que las minas e hidrocarburos, los yacimientos y las costas marítimas son
bienes de dominio público de la República". De esta manera, la Carta Magna
de Venezuela aclara también que "el Estado conservará la totalidad de las
acciones de Petróleos de Venezuela SA".
Muchas personas afines a CEPS se han pronunciado en favor de estas
medidas. Entre ellas se encuentra Alfredo Serrano, miembro del Consejo
Ejecutivo de la fundación, que justificó la nacionalización de YPF asegurando
que "Argentina mostraba de nuevo que su política es soberana"
añadiendo después que "es complicado que el Gobierno entienda esta medida
porque tienen concepciones opuestas de soberano".
COMBATE AL TRABAJO INFANTIL, TAREA PENDIENTE
El debate en Bolivia en torno a rebajar la edad del
trabajo infantil llama la atención. Más aún cuando -también en el marco del
Mundial de Brasil- los países de la región se han comprometido a su
erradicación.
DWorld de Alemania (www.dw.de)
“Tarjeta roja
al trabajo infantil”: en el marco del mundial de fútbol, el lema de la campaña
de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) suena en una América Latina en
donde en este momento hay 12 millones de menores trabajando, de ellos nueve
millones en situaciones peligrosas, según la OIT.
Los índices de
menores que trabajan varían según la fuente: entre 20% y el 35% oscilan en Perú
y Bolivia, entre el 10% y el 17% en Colombia, Ecuador y Paraguay. Y entre el 5%
y el 8% en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
Según la
campaña de la OIT se trata de erradicar no sólo las peores –como la
prostitución, la servidumbre y el reclutamiento- sino toda forma de trabajo de
menores que estén en edad de educación obligatoria. La frontera está en los 14
años. Y para el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12.06), no faltaron las
declaraciones a favor del lema mundialista.
Por ello, que
se debata reducir a 12 la edad mínima en Bolivia y que su presidente Evo
Morales se declare a favor de no limitar la edad laboral infantil llama mucho
la atención. Más todavía, que en su país, firmante de los convenios de la OIT,
haya sindicatos de niños trabajadores que salen a las calles para exigir su
derecho a trabajar.
Cultura,
comunidad, familia
En esta
situación “lo más importante no es establecer prohibiciones de trabajo que
siempre están combinadas con la definición de una edad mínima, sino hacer
políticas que cambien las condiciones de vida de las familias para darles más
oportunidad de decidir libremente si los niños deberían contribuir al ingreso
familiar o no”, explica a DW Manfred Liebel, catedrático emérito de la
Universidad Técnica de Berlín.
Liebel,
sociólogo alemán, es asesor de Unatsbo (Unión de Niños, niñas y adolescentes
trabajadores de Bolivia); y lucha desde hace décadas por una visión más
diferenciada del trabajo infantil.
“En Bolivia
desempeñan un papel muy importante las tradiciones indígenas, según las cuales
se incluye que los niños desde muy temprana edad en las actividades productivas
de las comunidades. Por ejemplo en la cosecha o en la pesca, en actividades que
la comunidad considera importantes. Usualmente son contextos protegidos, no es
un trabajo donde los menores dependan de una persona o una empresa que explota
a los niños, sino que son vistos como parte de la comunidad”, dice Liebel.
“ Algo parecido
se puede ver con los trabajos que se hace dentro de las familias. Si las
familias no se encuentran en la extrema pobreza, normalmente toman en cuenta
las capacidades de sus propios hijos”, explica el catedrático trazando un línea
muy clara entre esto y las condiciones urbanas en donde los menores están
desprotegidos. “Aunque tampoco allí la edad mínima es una solución”, agrega.
Sólo prohibir
no basta
Efectivamente,
“la prohibición del trabajo infantil puede llevar a que los menores entren al
sector ilegal”, explica a DW por su parte Nikoletta Pagiati de Earthlink, una
organización alemana pro derechos humanos. “El problema debe ser acometido no
sólo a nivel político y legislativo y policial, sino a nivel de organizaciones
locales de protección al menor”, afirma Pagiati.
En su opinión,
multar a los empresarios que contraten menores no tiene sentido si luego nadie
asume la responsabilidad de ofrecerles alternativas, también educativas o de
formación profesional.
Según su
organización, sigue Pagiati, “hay que cambiar las estructuras de pobreza, para
llegar a que el trabajo infantil no sea necesario. Si a los adultos se les paga
salarios que aseguren su existencia, no tienen que obligar a los menores a
trabajar”, afirma.
En cuanto al
caso de Bolivia, “es buena cualquier iniciativa que lleve a cambiar la
situación, también la de que los menores se organicen y se apoyen. Con todo, se
corre el riesgo de promover una situación de explotación laboral infantil”,
dice Pagiati para quien este movimiento podría estar caminando en la cuerda
floja.
Trabajar versus
estudiar
Por otro lado,
si bien Earthlink asume que la edad mínima laboral puede diferir por las
culturas y las costumbres de cada país, un menor “de ninguna manera debe
trabajar antes de los 16 años”, la edad de la escolarización básica.
“Es demasiado
sencillo decir que el trabajo en general obstaculiza el estudio de los niños”,
contrapone Liebel. “Hay condiciones que obstaculizan, pero hay otras que son
combinables con el estudio. Hay muchos niños que trabajan para pagarse la
escuela o los útiles escolares, conozco muchos que trabajan para que sus
hermanos ellos tengan la oportunidad de ir a la escuela”, dice.
En todo caso,
Liebel –autor de libros como Kinderrechte aus Kindersicht (Derechos de los
niños, desde la óptica infantil)- sabe de la complejidad del asunto y el
desafío que representa una concepción de la educación que incluya las
tradiciones y las experiencias infantiles con el trabajo. Éste, en su opinión,
“ puede ser también un elemento importante del proceso de aprendizaje y del
estudio mismo”.
¿Si es
voluntario es bueno?
Como fuere,
para el debate en Bolivia, los menores sindicalizados hacen diferencia entre la
edad mínima de diez años para el trabajo por cuenta propia y de doce en régimen
de dependencia. También solicitan un censo de los menores trabajadores y
protección para los menores.
“Muchos niños
distinguen entre obligación y necesidad. Si el trabajo es necesario para su
familia o para sí mismos mismo no es obligación, es algo que talvez no siempre
es agradable pero es otra cosa”, puntualiza Liebel y concluye matizando la
tarjeta roja de la OIT: “podría ser no contra todo tipo de trabajo infantil
sino contra todo tipo de violencia”.
BOLIVIA
Y TANZANIA
PATRIMONIO
MUNDIAL EN PELIGRO: LA CIUDAD DE POTOSÍ Y LA RESERVA DE CAZA DE SELOUS ENTRAN
EN LA LISTA
ABC
de España (www.abc.com.es)
Qatar
acoge hasta el 25 de junio la 38ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de
la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco),
que comenzó el 15 de junio. Entre las medidas que éste ha tomado hasta ahora
destacan las siguientes:
Tanzania
Las Ruinas de Kilwa Kisiwani y Songo Mnara,
en Tanzania, salen de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Fueron
incluidas en 2004, debido a «daños y deterioros» que habían causado el derrumbe
de «estructuras históricas y arqueológicas» importantes.
Las ruinas de
Kilwa Kisiwani y Songo Mnara se sitúan en dos pequeñas islas muy cercanas entre
sí a unos 300 kilómetros al sur de Dar es Salaam, la ciudad más poblada de
Tanzania y antigua capital. Ambas fueron ciudades comerciales suajilis: su prosperidad se debió a que desde
allí se controlaba el comercio que pasaba por el océano Índico hacia y desde Arabia, India y China; en particular
entre los siglos XIII y XVI, cuando el oro
y el marfil procedentes del
interior del país se intercambiaban por plata, cornalina, perfumes, cerámica de
Persia y porcelana de China.
Las ruinas de
Kilwa Kisiwani y Songo Mnara parecen haber cedido su puesto en el índice a la Reserva de caza de Selous, localizada
también en Tanzania. El Comité de la Unesco entiende que «la caza furtiva a
gran escala está diezmando las poblaciones de animales salvajes del sitio», uno
de los espacios protegidos más grandes de África (50.000 km2). La cifra de elefantes y rinocerontes ha disminuido en casi un 90% desde 1982, año de
inscripción de la Reserva de Selous en la Lista del Patrimonio Mundial. La
Unesco ha pedido a la comunidad internacional, incluidos los países de tránsito
y de destino del comercio ilegal de marfil, que ayuden a Tanzania a combatir
esta actividad criminal.
Bolivia
La Reserva de
Selous no ingresa sola en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro: la Ciudad
de Potosí (Bolivia) la acompaña debido a la «actividad minera incontrolada que tiene lugar en su Cerro Rico,
que podría degradar el sitio», explica la Unesco en una nota. El riesgo de
derrumbes en Cerro Rico, las deficiencias en su conservación, una legislación de protección ineficaz en su aplicación y el impacto
ambiental del complejo hidráulico en el río, «que afecta al tejido histórico y
a la población local», han terminado por convencer a los miembros del Comité.
En el siglo XVI, se consideraba que Potosí
era el mayor complejo industrial del
mundo. La extracción de su mineral de plata se efectuaba por medio de un
sistema intrincado de acueductos, lagos artificiales y molinos hidráulicos.
La Ciudad de
Potosí, Lugar Patrimonio de la Humanidad desde 1987, comprende las antiguas
instalaciones industriales del Cerro Rico, el barrio colonial con la Casa de la Moneda, la iglesia de San
Lorenzo, varias mansiones nobles y los barrios de los mitayos que trabajaban en
las minas.
Australia
Las
preocupaciones de la Unesco sobre la Gran Barrera de Coral australiana
relacionadas con el desarrollo costero, en particular con un proyecto de equipamiento portuario y otro de tratamiento de gas licuado no han sido
suficientes para resolver su caso en el mismo sentido que con Selous y Potosí.
El Comité ha solicitado a Australia que le entregue un informe actualizado del
sitio antes del 1 de febrero de 2015. «La decisión de retrasar la inclusión de
la Gran Barrera de Coral australiana en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro es la correcta», aseguran desde la organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Dragado del
Guadalquivir
EFE | DOHA
El Comité de
Patrimonio Mundial de la Unesco ha pedido al Gobierno español que no autorice
el proyecto de dragado del río Guadalquivir debido a los posibles impactos que
pueden afectar «su valor excepcional universal». En el mismo documento, la
Unesco expresó su inquietud por la utilización de usos ilegales de agua, la
construcción de una presa en el río Guadiamar, la reapertura de la mina de
Aznalcóllar, el almacenamiento de gas y el proyecto de modernización de los
arrozales de la margen derecha del Guadalquivir.
ARQUEÓLOGOS DESCUBREN CEMENTERIO PREINCA TIAHUANACO EN LA
COSTA SUR DE PERÚ
Una expedición de arqueólogos de Polonia y Perú descubrió
un cementerio de la cultura preinca Tiahuanaco en la costa de la región
Arequipa, que representa la primera evidencia de la expansión de este pueblo
nacido en los alrededores del lago Titicaca hasta el océano Pacífico.
Radio Caracol de Colombia (www.caracol.com.co)
Una expedición
de arqueólogos de Polonia y Perú descubrió un cementerio de la cultura preinca
Tiahuanaco en la costa de la región Arequipa, que representa la primera
evidencia de la expansión de este pueblo nacido en los alrededores del lago
Titicaca hasta el océano Pacífico.
La expedición,
encabezada por los arqueólogos Jozef Szykulski y Luis Augusto Belan Franco,
realizó su trabajo de campo entre febrero y abril últimos en el valle del río
Tambo y esta semana dio a conocer el hallazgo de una necrópolis a tres
kilómetros del mar.
"Sería lo
más cercano al mar de las evidencias típicamente Tiwanaku que encontramos en el
sur (peruano), y que hubo grupos que estaban cultivando en la zona de
Tambo", dijo Belan Franco a Efe.
El también
director del Museo de Arqueología de la Universidad Católica Santa María
explicó que los Tiahuanaco se desarrollaron en el altiplano, a orillas del lago
Titicaca que está a 3.800 metros de altitud, en territorios de la región
peruana de Puno y Bolivia.
La cultura
Tiahuanaco surgió en el año 200 antes de nuestra era y se extendió hasta el
1.000 de la era actual, y entre sus monumentos más representativos están la
Portada del Sol y el templo de Puma Punku, ambos en Bolivia.
La necrópolis
encontrada en Tambo data de la última expansión de los Tiahuanaco hacia la
costa peruana, ocurrida entre el 600 al 800 años de nuestra era, según indicó
el arqueólogo.
Desde el
altiplano de Puno y Bolivia donde se encuentran los restos monumentales de
Tiahuanaco hasta la costa de Arequipa hay unos 400 kilómetros de distancia
aproximadamente.
El cementerio
tuvo el tamaño de una hectárea, según los cálculos de Belan Franco, sobre un
terreno plano en uno de los laterales del valle de Tambo.
Sin embargo, la
mayor parte del lugar había sido profanado y estaba bajo la amenaza de ser
invadido por traficantes de tierras, agregó el experto.
"Es una
tumba bastante simple, hecha en base a piedra de canto rodado, sin argamasa y
que probablemente tuvo una tapa de esteras que ha desaparecido", indicó
Belan Franco.
Dentro de la
tumba se encontró "un fardo funerario con los tejidos prácticamente
desaparecidos y solamente restos óseos", además de dos piezas de cerámica:
"un kero (vaso) con boca expandida y un cuenco también con boca expandida
y decoración en colores negro, crema y rojo".
El arqueólogo
explicó que el equipo trabaja ahora en la limpieza y consolidación de los
ceramios en el laboratorio del museo que dirige.
Los Tiahuanaco
han dejado zonas de arquitectura monumental en Bolivia, y en las regiones
peruanas de Puno y Moquegua, pero no se han encontrado en Arequipa porque
probablemente, según Belan Franco, se construyó encima de esas edificaciones
durante la época colonial.
La Universidad
Católica Santa María de Arequipa trabaja desde hace cuatro años con la
universidad polaca de Wroclaw en un proyecto de investigación de las cuencas
del extremo sur de Perú, donde han encontrado más evidencias arqueológicas que
aún no dan a conocer para preservarlas de los "huaqueros" o traficantes
de bienes culturales.
El centro de
estudios peruano también tiene otros programas de investigación con la
universidad de Varsovia, que han derivado en publicaciones y puesta en valor de
otras zonas monumentales preincaicas de Arequipa.
SE VENDE MATERIAL GENÉTICO INDÍGENA EN EE.UU.
Científicos estadounidenses extrajeron ilegalmente sangre
a 600 indígenas en la selva amazónica ecuatoriana.
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Hace veinte
años, la petrolera Maxus (Texas, EE.UU.), que operaba en la selva Amazónica
ecuatoriana, contrató al instituto Coriell, un centro de investigación médica
con sede en New Jersey, para tomar 3.500 muestras de sangre a nativos huaorani,
con la excusa de realizar exámenes médicos cuyos resultados nunca se
entregaron.
Años después,
en agosto de 1996, dos científicos brasileños denunciaron que el instituto
Coriell estaba vendiendo muestras de ADN de indígenas karitania y suruí, que
habitan en el estado amazónico de Rondonia (limítrofe con Bolivia). Desde
entonces Brasil demandó al instituto por la venta ilegal de material genético.
En 2012, la
Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) denunció al mismo instituto por vender
material genérico de nativos huaorani de la selva ecuatoriana. El ADN de los
indígenas fue enviado por el centro médico a ocho países, en un caso que, según
la DPE, también compromete a la Universidad de Harvard que compró parte del
material.
Según
testimonios recogidos por la Defensoría, dos estadounidenses, entre ellos un
médico de la petrolera Maxus, tomaron las muestras. "Se comprobó que el
Instituto Coriell tiene en sus bases muestras y vende material genético de la
nacionalidad huaorani. Estas muestras fueron adquiridas por un científico de la
Escuela de Medicina de Harvard", señaló entonces la DPE.
Esta semana, el
defensor del pueblo ecuatoriano, Ramiro Rivadeneira, señaló nuevos
descubrimientos: "Coriell posee ilegalmente desde el 18 de diciembre de
1991 muestras de sangre de la etnia amazónica y desde 1994 habría distribuido
siete cultivos celulares y 36 muestras a ocho países". El funcionario dijo
al canal estatal CTV que, "estamos seguros de que, tratándose de otras
comunidades indígenas, el caso también se dio en otros países amazónicos. Hay
comunidades indígenas importantes en otras zonas de la Amazonia, en Perú, en
Bolivia, por lo que creemos que posiblemente estas muestras también fueron
tomadas fuera del país".
René Ramírez,
titular del Ministerio de Educación Superior y Ciencia de Ecuador señaló que
"hubo cerca de 3.500 procedimientos de extracción de sangre. En la época
en que se tomaron había unos 600 nativos huaoranis, lo que significa que
tomaron muestras más de una vez a la misma persona, y en más del 80% de las
extracciones no hubo consentimiento ni tampoco se informó el uso que tendrían
dichas muestras".
El presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, planteó una demanda en 2012 contra el instituto.
Sin embargo, esta semana señaló que "no existe ninguna ley federal de los
EE.UU. que provea un fundamento jurídico para la demanda en cortes contra
Coriell, Maxus o los investigadores de Harvard. Pero buscaremos vías para los
juicios".
Correa expresó
que el plasma fue sometido a "experimentos" debido a que los
aborígenes, que se mantenían alejados de la civilización, "son inmunes a
ciertas enfermedades". Y agregó: "Se les mintió, se les dijo que iba
a ser para temas sobre salud, y en el 95% de los casos nunca se llegó con
información sobre las enfermedades que tenían, algo indignante para el
país", agregó el mandatario, quien reveló que existen 31 artículos de
investigación publicados entre 1980 y 2012 sobre muestra de sangre huaoranis,
de ciertos "autores asociados a Harvard y científicos que vinculan a
Coriell como 'proveedor de la sangre'".
El defensor del
pueblo, por su parte, sostuvo que hay que defender el patrimonio genético
humano. "Esto implica haber vulnerado derechos humanos de la nacionalidad
huaorani (...)". Finalmente, recordó que la Constitución de Ecuador
prohíbe el uso de material genético y la experimentación científica que atente
contra los derechos humanos.
GEOPOLÍTICA CONSTRUIDA POR CHÁVEZ SIGUE INTACTA, AFIRMA
CANCILLER VENEZOLANO
Elías Jaua aseguró que en todas las Cumbres, "145
países, de 190 que constituyen las Naciones Unidas, respaldaron a
Venezuela"; son Gobiernos que apoyan la democracia venezolana, al
presidente Nicolás Maduro y su iniciativa al Diálogo por la Paz, así como su
rechazo a la injerencia estadounidense.
Telesur de Venezuela www.telesurtv.net/articulos)
El canciller
venezolano, Elías Jaua, destacó la solidaridad recibida internacionalmente bajo
las circunstancias que atraviesa país en el intento de la derecha para derrocar
al presidente Nicolás Maduro.
Durante una
entrevista realizada en el programa del presidente del Parlamento venezolano,
Diosdado Cabello, el Canciller refirió que todo se debe a la arquitectura geopolítica
que construyó el Comandante Hugo Chávez, donde el entonces canciller Nicolás
Maduro "jugó el papel ejecutor de esa geopolítica, que está intacta y más
fortalecida que nunca", afirmó.
Explicó, que al
margen de la problemática en la Patria Bolivariana, internacionalmente
coincidieron diversos eventos, ya planificados, como la reunión del Consejo de
los Derechos Humanos, "en la que fijamos posición, e inmediatamente se vio
la solidaridad" (con el Gobierno Bolivariano); así como Unasur, el Alba,
el Movimiento de los No Alineados, donde 120 países dieron su respaldo
absoluto".
Señaló, que las
condiciones fueron propicias para que el mandatario venezolano asistiera a la
"Cumbre del Grupo 77+ China", la cual fue convocada por el presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
Aseguró que en
todas las Cumbres, "145 países, de 190 que constituyen las Naciones
Unidas, le han dado respaldo a Venezuela"; Gobiernos que apoyan la
democracia venezolana, al presidente Nicolás Maduro, su iniciativa al Diálogo
por la Paz, así como también han rechazado las amenazas por parte del Congreso
de los EE. UU. y la injerencia de sectores de su gobierno en los asuntos
internos de Venezuela.
Jaua destacó
que fue Chávez quien los dejó protegidos en función de la relación de respeto
que él logró para Venezuela, y el amor y la admiración que los pueblos del
mundo y muchos Gobiernos del mundo sienten por la lucha del pueblo venezolano.
¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA SIGUE SIENDO TAN DESIGUAL?
En los 80 América Latina se ganó el mote de la región más
desigual del planeta. El crecimiento económico de los últimos años no ha
conseguido revertir la situación. ¿Por qué?
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)
A pesar del
crecimiento de la última década y de la aplicación de políticas
redistributivas, América Latina sigue siendo la región más desigual del
planeta, sólo superada por una zona plagada de guerras y hambrunas: el África
Subsahariana.
Los logros
sociales son indudables. En los últimos 15 años unos 100 millones de
latinoamericanos salieron de la pobreza y, sin embargo, la distancia que los
separa de los más ricos apenas ha variado.
Diversas
mediciones de la norma internacional usada para la desigualdad, el Coeficiente
Gini, coinciden en este dato.
Según el Banco
Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS),
África Subsahariana tiene un nivel de desigualdad del 56,5, seguido por América
Latina (52,9) y bastante lejos de Asia (44,7) y Europa del Este y Asia Central
(34,7).
Uno de los
autores de esta medición es Leonardo Gasparini, del CEDLAS, quien explicó a BBC
Mundo que esta desigualdad tiene fuertes raíces históricas.
“América Latina
es muy desigual desde la colonia. Parte de las brechas actuales tienen su raíz
en una larga historia de sociedades elitistas, con sistemas políticos poco
democráticos y modelos económicos excluyentes. Los avances que se lograron a
partir de 2000 sólo han compensado la profundización de la desigualdad en la
década de los 80 y 90 que llevó a que la región consiguiera el mote de la más
desigual del planeta”, señala Gasparini.
El vaso medio
lleno
El coeficiente
Gini analiza la distribución del ingreso en distintos sectores sociales con
valores que van del 0 (igualdad total) al 1 (desigualdad absoluta).
Se calcula que
desde 2000 la pobreza ha descendido en un 30% en la región y que esta caída
tuvo un impacto en la desigualdad que pasó de 0,54 en 2000 a 0,5 en 2010.
Aun así,
comparado con los países más igualitarios la distancia es abismal: el
coeficiente Gini de los escandinavos es de 0,25.
Según Gasparini
los avances en la última década se han debido a una mezcla de factores
económicos y de política social.
“La caída de la
desigualdad se debe en parte a factores exógenos, como la fuerte mejora en los
términos de intercambio (precios de las exportaciones versus el de las
importaciones), y en parte a políticas aplicadas, como el aumento del gasto
social, con programas focalizados como las transferencias monetarias
condicionales”, indicó a BBC Mundo.
Ejemplo de
estas transferencias condicionales es el programa de Bolsa Familia que recibe
un cuarto de la población en Brasil a condición de que la familia garantice la
escolarización de sus hijos.
En toda la
región existen programas similares. El Plan Familias y el Plan Jefes y Jefas de
Hogar en la Argentina, el Bono Juancito Pinto y el Madre Niño-Niña en Bolivia,
el Chile Solidario, el Familias en Acción en Colombia, el Bono de Desarrollo
Humano en Ecuador y Oportunidades en México son algunos de los ejemplos.
El impacto es
doble. Por un lado se mejora el ingreso, por el otro se avanza en la educación
de los sectores más pobres, lo que ayuda a una mayor movilidad social.
Pobreza,
desigualdad, exclusión
A estas
políticas se han añadido otras que han contribuido en el combate a la pobreza
como el aumento del salario mínimo en toda la región y la implementación de
planes específicos para la tercera edad, donde suelen concentrarse los bolsones
más duros de pobreza e indigencia, en países como Argentina y Bolivia.
Pero según le
indicó a BBC Mundo Marta Lagos, directora de Latinbarómetro, una encuestadora a
nivel regional, estos indudables avances en la pobreza no tienen un impacto
similar en la movilidad social.
“Los pobres en
América Latina son siempre los mismos. Tenemos sociedades muy estratificadas
con muy poca movilidad social. De hecho, podríamos eliminar toda la pobreza y
seguir teniendo fuerte desigualdad. Para atacar la desigualdad se necesita un
mayor acceso al poder, la educación, la salud”, señaló Lagos.
En el campo del
poder político una señal clara de exclusión es que la región tuvo que esperar
hasta 2006 para tener su primer presidente democráticamente electo de origen
indígena, el boliviano Evo Morales.
En una región
con unas 40 millones de personas de origen indígena, el presidente boliviano es
una excepción más que una regla.
Esta exclusión,
que estimula la desigualdad, no se limita a una cuestión étnica.
“Hay una salud
y una educación para los ricos y otra para los pobres que tienen que salir a
competir en una clara desventaja”, indicó Lagos a BBC Mundo.
Esta
desigualdad se ve reflejada y reforzada por lo que debería ser una de las
soluciones del problema: la política impositiva, verdadero talón de Aquiles de
la región.
¿Quién paga?
Los impuestos
pueden ser directos (a la renta y la propiedad) o indirectos (al consumo).
Los primeros
favorecen la equidad bajo el principio de que el que más tiene más paga.
impuesto al
consumo – también llamado al valor agregado o VAT – es exactamente lo opuesto.
En vez de un efecto redistributivo tiene uno regresivo: el rico y el pobre
pagan el mismo impuesto añadido al precio de un producto.
Un reciente
trabajo sobre la política fiscal en América Latina de dos economistas de la
CEPAL, Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá, señala el desequilibrio de la carga
impositiva sobre ricos y pobres.
“En América
Latina, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos.
El grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos
indirectos. La carga tributaria no solamente es baja, sino que tiene un claro
sesgo regresivo”, señalan.
No sólo eso. La
enorme evasión fiscal que hay en la región, alimento de la fuga de capitales,
implica que los que más tienen pagan todavía menos de lo que deberían, mediante
artilugios que proveen contadores y abogados especializados y paraísos o
guaridas fiscales.
El impacto
concreto que tiene esto sobre la desigualdad se ve a las claras en un estudio específico
sobre Argentina, “Fuga de Capitales III (2002-2012)”, que halló un aumento del
Coeficiente Gini de 0,42 a 0,49 puntos una vez que se contabilizaban los fondos
fugados a paraísos fiscales.
Así las cosas,
no sorprende que la percepción de los latinoamericanos coincida con el mote de
“región más desigual del planeta”.
Según un sondeo
de Latinbarómetro, el 75% de los latinoamericanos cree que la distribución de
la riqueza es injusta y que no hay movilidad social.
En la misma
encuesta, a la pregunta de qué grupos sociales son los que menos cumplen con la
ley, la mayoría ubicó en primer lugar a los ricos (que detentan el poder
económico) y a los políticos (que manejan el poder gubernamental).
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