El salar de
Uyuni es, con sus 12.000 kilómetros cuadrados, el mayor desierto de sal del
mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura en el Departamento de Potosí,
en el Altiplano de Bolivia, sobre la Cordillera de los Andes. El Salar de Uyuni
es la mayor reserva mundial de litio, una materia prima que será fundamental
para la producción de baterías destinadas a abastecer los nuevos modelos de
autos híbridos y los futuros vehículos totalmente eléctricos. “Bolivia puede
convertirse en la Arabia Saudí del litio para las baterías eléctricas”, afirmó
Jerome Clayton Glenn, director del Proyecto Millennium de Naciones Unidas.
La mayoría de
las materias primas estratégicas, que son los principales componentes de
nuestros productos estrella del presente -como los smartphones- y de los que
pueden llegar en el futuro, están concentradas en unos pocos estados como
China, Bolivia, Congo o los países del Golfo Pérsico. Esto podría poner en
peligro el acceso del resto del planeta o el coste que deberán pagar por ellos.
Aunque los investigadores en materiales no dan lugar a perspectivas
catastrofistas, apuntan a la necesidad de políticas claras para evitar
conflictos geopolíticos que podrían bloquear nuestros avances tecnológicos.
¿El fin del
petróleo?
El final del
oro negro es un mantra que se repite desde hace años, pero la industria que
gira entorno a esta materia prima es cada vez más grande. Desde combustibles, a
fábricas de plástico, pasando por el estallido del grafeno, la influencia de
este elemento parece alargarse más que sus reservas. «La sociedad no es
consciente de que vive rodeada por polímeros y que se extraen del petróleo»,
asegura José Manuel Torralba, director Adjunto del Instituto IMDEA Materiales y
catedrático del departamento de materiales de la Universidad Carlos III de
Madrid, refiriéndose a la ropa, el mobiliario o los utensilios que se hacen a
partir de estas sustancias. «Además del petróleo, hay elementos muy
estratégicos, pero todos los que tengan que ver con el acero son
imprescindibles, porque sin ese material sería imposible vivir», añade.
La geopolítica
mundial del siglo XX ha estado dominada por los países que disponen de grandes
reservas de petróleo. Incluso EEUU lleva años almacenando este material mientras
lo compra a otras naciones. «Hay una carrera por apoderarse de los enormes
yacimientos de clatratos (como fuentes de gas natural) que yacen en los fondos
marinos del Polo Norte», explica Pablo San-Jose experto del Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC).
China, dueña de
las tierras raras
No hay que
dejarse llevar por su nombre. 17 elementos de la tabla periódica son tierras
raras, pero no son escasos ni extraños. En realidad, estos materiales se
encuentran mayoritariamente en China y son fundamentales para el avance de la
tecnología. Fibra óptica, pantallas y altavoces de móviles, células solares o
LED cuentan con estos componentes casi monopolizados por el gigante asiático.
«Las tierras
raras tienen desventajas como su localización y, por lo tanto, que su coste
depende de lo que marque China, pero son únicos y no se pueden reemplazar
fácilmente porque sería un paso atrás para la tecnología», opina David
Amabilino, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona
(ICMAB-CSIC). Amabilino tiene claro que la ventaja de las tierras raras es que
«su actividad por peso es mucho mayor que cualquier otro material que se
conozca hasta ahora». Y es que, según el investigador, «en términos de imanes
se usaban hierro o cobalto pero no tenían la fuerza que tienen los basados en
tierras raras» como el neodimio o el samario, con mucha demanda, como dice
Martí Gich, también del ICMAB, «para motores eléctricos o turbinas de molinos
para la eólica».
Nuevos
materiales
«Algunos
materiales que se están investigando, como el arseniuro de cadmio, el seleniuro
de molibdeno o el hexaboruro de samario tienen ingredientes más o menos
exóticos, pero no exigen grandes yacimientos. Por ahora son sujetos de estudio
fundamental y no aumentan sustancialmente la demanda de materiales», asegura
San-José, de CSIC. El experto sostiene que la cosa cambiaría en el caso de que
alguno de estos nuevos materiales se convirtiera en una pieza fundamental para
la tecnología, como un superconductor a temperatura ambiente. En ese caso,
San-José vaticina que «incluso se podría llegar a una guerra». Lo mismo cree
Teresa Puig, investigadora del ICMAB, especialista en superconductores, con
base de cobre pero con componentes de bario o itrio. «Llevamos 15 años
desarrollando estos materiales y aún no se producen masivamente, pero si se
hiciera, quizá se entraría en conflicto», opina quien cree que se producirá el
salto a la producción en cuatro o cinco años.
Más allá de las
tierras raras, existen metales como el litio que también sufren concentración
-en este caso en Bolivia-, lo que ha provocado que se abran líneas de
investigación para hacer pilas de baterías de sodio, que están en un estadio de
sustitución más avanzado que las tierras raras, dice Anna Roig, investigadora
del ICMAB.
La importancia
industrial
La extracción
de materias primas y la fluctuación de su precio tiene una vinculación directa
con la industria. Las fábricas del planeta basan su producción en estas
sustancias que en épocas convulsas pueden trastocar el devenir de una economía.
«En el período de entre guerras hubo escasez de muchas materias primas
estratégicas, como el molibdeno o el silicio. Estas circunstancias provocan
descubrimientos muy interesantes, ya que los países se interesan por buscar
sustitutos», explica Torralba, de IMDEA Materiales. «En ese período faltó mucho
wolframio, un elemento esencial para las herramientas de corte. Sin ellas, el
mundo tiembla porque se paraliza toda la industria», agrega.
El ejemplo de
la gran repercusión que puede tener para una potencia la disponibilidad en su
propio territorio de estos elementos es China. El gigante asiático ha pasado de
ser la gran mina, al gran fabricante. «Eran productores pero ya han aprendido a
fabricar», dice Teresa Puig, del ICMAB. «En el ámbito que trabajamos no hemos
notado nada pero si no se crean las políticas adecuadas podrían controlar el
precio o acabar fabricando sólo ellos», apunta Puig.
Investigar las
alternativas
Otra de las
líneas a seguir es el correcto reciclaje o reutilización de los materiales.
Ahora, explica Anna Roig del ICMAB, «existen chatarreros de estos metales» en
países como India o Ghana, pero lo hacen sin seguridad para los trabajadores y,
en el proceso de recuperación, contaminan mucho. Incluso se atribuye a la
exportación del coltán la ayuda a la financiación varios bandos en la Segunda
Guerra del Congo, país que posee posee el 80% de las reservas mundiales de este
mineral óxido, usado para la fabricación de móviles y ordenadores, entre otros.
En los últimos
años, la Unión Europea ha hecho convocatorias como las del proyecto ERA-MIN
(Red de Tratamiento Industrial de materias primas para las industrias europeas)
dedicadas a investigaciones sobre materias primas no energéticas u otras calls
para proyectos de minería de recuperación de materiales, de sustitución de
estratégicos y de reducción de materiales contaminantes. Además, ha creado
Grupos de Acción para sustituir cerio en los LED de los automóviles
o el indio de las pantallas táctiles por grafeno.
Normativas
confusas
Muchos socios
europeos luchan por cumplir con los compromisos medioambientales del Protocolo
de Kioto. Para ello, la deslocalización de industrias, la apuesta por las
renovables y la desincentivación de ciertas materias son algunas de las
estrategias adoptadas. Para el caso de sustancias tóxicas o que provoquen
enfermedades, como el cobalto y su vinculación con diferentes tipos de cáncer,
la UE creó la normativa REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción
de Químicos, en sus siglas en inglés). «Este documento regula qué materias
primas podemos usar y cuáles son, según cómo afecten a la salud. Pero se da el
caso de sustancias como el níquel o el cobalto, prácticamente prohibidas para
la industria europea, pero luego los socios de la UE compran a países terceros
herramientas o bienes que los utilizan en su fabricación», concluye Jose Manuel
Torralba, de IMDEA Materiales.
Las sustancias
'prohibidas' para cualquier enemigo
Muchos de los
avances técnicos de los que disfruta el mundo civil han nacido en el área
militar. Internet, los móviles e incluso la realidad aumentada han saltado a la
sociedad tras ser estudiados para el mundo bélico. Los materiales con los que
se fabrican estos componentes son especialmente delicados por cuestiones de
seguridad.Por este motivo, existen los materiales de doble uso, que son
aquellos que los países amigos, como los socios de la OTAN o la UE, ni exportan
ni dejan que sus potenciales enemigos puedan manipularlos a pesar de que pueden
ser también usados en el mundo civil. El reglamento del Parlamento Europeo
1232/2011 establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. Entre
estos materiales se encuentran sustancias como el uranio, el tricloruro de
fósforo o el bencilato de metilo. Además, se indica expresamente la prohibición
de transacciones que tengan que ver con software o tecnología ligada al mundo
nuclear o al lanzamiento de cohetes, entre otros. (www.elmundo.es/economia)
DENUNCIAN QUE GENDARMES TIENEN ÓRDENES DE "NO
ACTUAR" EN EL NORTE
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Ellos sabían
que la frontera en el Norte es un virtual colador, pero cuando viajaron hacia
allá, al límite que separa las provincias de Salta y Jujuy de Bolivia, no
podían dar crédito de lo que veían. Un grupo de siete diputados del interbloque
Pro pudo comprobar cómo, ante las propias narices de agentes de la Gendarmería,
decenas de "pasadores" contrabandeaban todo tipo de mercadería desde el país vecino
montados en gomones, a través del río Bermejo.
"Pero ¿por
qué no los detienen?", le preguntó Federico Pinedo, jefe del bloque
macrista, al agente de la Gendarmería que estaba parado junto a él, sobre la
playa del río, en el lado argentino. Así se los muestra en la filmación y en
las fotos que obtuvieron los legisladores . El gendarme, cuyo rostro fue
deliberadamente tapado para que no sufriera reprimendas de sus superiores, le
explicó: "Hay un costadito fronterizo permitido para el contrabando.
Tenemos órdenes de no actuar", según relataron ayer.
Los diputados
vieron cómo esa mercadería, que bien podía contener droga, era descendida de
los gomones para cargarla en autos y camionetas que los esperaban en la playa.
Desde allí se la trasladaba por la ruta 50 hasta unos 300 metros antes del
puesto de la Gendarmería. Para esquivar el control, la mercancía era descargada
otra vez y se la transportaba a pie, para luego ser cargada en los vehículos
rumbo a la estación de ómnibus de Orán. En ese playón esperaba una fila de una
veintena de ómnibus -llamada "el gusano"- que llevaría las mercancías
rumbo a Rosario y Buenos Aires.
Los diputados
viajaron al Norte durante el fin de semana del 16 al 18 del mes pasado. Fueron
de la partida, además de Pinedo, sus pares Patricia Bullrich, Guillermo Durand
Cornejo, Gisela Scaglia, Gladys González y Roberto Pradines. Los acompañó el
subsecretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad, Horacio García. Todos
volvieron escandalizados después de lo que allí presenciaron.
"Las
conclusiones son devastadoras y alarmantes -expresaron los legisladores en un
documento-. Hay una desarticulación absoluta del aparato estatal preventivo y
represivo del delito; una limitación extrema de las fuerzas de seguridad;
desprotección de la frontera; falta de medios para la tarea que debe efectuar
la Justicia e inacción generalizada de policías y organismos aduaneros y de
migraciones."
El documento
será entregado a la presidenta Cristina Kirchner; al presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; a los presidentes del Senado y de la
Cámara de Diputados, Amado Boudou y Julián Domínguez, respectivamente, y a la
jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
Los
legisladores se entrevistaron con funcionarios judiciales en Orán. Por de
pronto, se encontraron con un juzgado federal desbordado. Los fiscales,
relataron los diputados, no tienen adjuntos y carecen de los elementos mínimos
para investigar y avanzar en las causas. De hecho, Orán ostenta el récord de
ser el distrito con más causas federales (unas 30.000, estiman los funcionarios
judiciales), pero no hay delegación de la Policía Federal. Mientras tanto,
proliferan delitos de narcotráfico, trata de personas y contrabando, tal como
se desprende de las causas iniciadas allí.
El contrabando
de droga se realiza por medio de "mulas" o "camellos",
relataron los legisladores en su informe. Las "mulas" son personas
que transportan la droga en sus estómagos, mientras que los
"camellos" son aquellas que la trasladan pegada al cuerpo. Lo que más
sorprendió a los legisladores fue la facilidad con que, en algunos tramos, se
podía cruzar la frontera con Bolivia. En una de las fotos se ve a los diputados
macristas ante un alambrado que apenas se sostenía, parecido al de un campo.
Ésa era la frontera; obviamente los legisladores cruzaron de un lado al otro
sin dificultades.
Los
legisladores recorrieron las localidades de Orán, Aguas Blancas, Bermejo,
Tartagal, Campo Durán, Salvador Mazza, Yacuiba y Salta.
"Hasta
esta inspección entendíamos la gravedad del problema, pero una vez allí
comprendimos la necesidad de actuar de manera urgente. No queremos que parte
del territorio argentino termine dominado por las fuerzas delictivas",
concluyeron.
Una red que se
sostiene con varios delitos
Los
legisladores escucharon azorados, de boca de funcionarios judiciales de Orán,
cómo la Justicia y la Gendarmería tienen "las manos atadas" para
combatir el contrabando en la frontera con Bolivia.
El año pasado
-relataron estos funcionarios y reseñaron los legisladores- personal de la AFIP
y de la Gendarmería intentó hacer un operativo de control en la playa que da al
río Bermejo, donde se cruzan con gomones las mercancías desde Bolivia, pero
fueron apedreados y obligados a retirarse.
"Son gente
pesada", insistieron ante los legisladores tanto jueces como fiscales,
quienes sindicaron como presunto jefe de los contrabandistas a un poderoso
personaje de Tucumán, ex dirigente de un club de fútbol en esa provincia y que
fue investigado por tráfico de personas con fines de trata y lavado de dinero.
Editorial
DEFENSA DE LA SOBERANÍA ANTE DEMANDA DE BOLIVIA
El Diario Financiero de Chile (www.df.cl/editorial)
El canciller Heraldo
Muñoz ha hecho una férrea y contundente defensa de la posición chilena frente a
la demanda limítrofe que interpuso Bolivia ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, insistiendo en que la delimitación entre los dos países
quedó zanjada en el Tratado de 1904, que fue válidamente suscrito y plenamente
vigente.
Junto con
reiterar que Bolivia, de hecho, cuenta con condiciones preferenciales para el
tránsito de sus productos por los puertos chilenos, el ministro de Relaciones
Exteriores también ha sido categórico en que la soberanía del territorio
chileno no está en juego. Más aún, Muñoz ha insistido en que Chile ha estado y
estará dispuesto a dialogar en materias de integración con todos los estados
vecinos, incluyendo Bolivia, pero con pleno respeto a los tratados vigentes,
como ha sido tradicional por parte de Chile.
La reacción del
canciller se dio en el marco de la XLIV Asamblea de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Paraguay, un foro donde en otras ocasiones Bolivia ha
intentado multilateralizar un debate que Chile considera una materia
exclusivamente bilateral y donde ha quedado en claro una sólida política de
Estado, más allá del gobierno de turno.
"GUÍA PARA ENTENDER LA DEMANDA BOLIVIANA"
Publimetro de Chile (www.publimetro.cl/nota)
El episodio que
se relata en las siguientes líneas, tuvo lugar esta semana, durante la sesión
plenaria de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Al hacer
uso de la palabra, el canciller boliviano, David Choquehuanca, aludió a la
demanda de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde le
pide a Chile negociar “de buena fe” una salida soberana al océano Pacífico. La
autoridad paceña recordó que “Arturo Alessandri, en 1922; Gabriel González
Videla, en 1950, o Augusto Pinochet, en 1975, se sentaron con otros
diplomáticos chilenos y bolivianos a buscar una solución”. Y a reglón seguido
dijo que abrigaba “la esperanza de que con estas ideas podamos explorar y
comprender la controversia que Bolivia sostiene con nuestro vecino Chile, a
quienes hemos invitado a través de la Corte Internacional de Justicia a
dialogar, de manera pacífica, de buena fe”.
La respuesta
chilena se demoró menos de un suspiro en llegar. El ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz, aclaró que “Chile siempre ha estado dispuesto a
dialogar sobre materias de integración con todos los países vecinos, incluido
Bolivia, pero con pleno respeto a los tratados”.
Aquí está la
clave de la defensa chilena, la misma que será fijada formalmente en los
próximos días por la presidenta, Michelle Bachelet. Según ha argumentado
siempre nuestro país, con la vecina nación no hay disputa alguna pues ambos
Estados acordaron sus límites territoriales y marítimos al firmar el Tratado de
Paz y Amistad de 1904, luego de que en 1879 y en el marco de una guerra con
Chile, Bolivia perdió prácticamente 400 kilómetros de costa y 120 mil
kilómetros cuadrados de territorio.
Entre las
alternativas que tiene la Presidenta, está la de impugnar la competencia del
Tribunal Internacional, argumentando que éste no tendría las facultades para
revisar tratados anteriores al Pacto de Bogotá de 1948, que es el acuerdo que
le da jurisdicción a la corte. El Tratado de 1904 que puso fin a la guerra, no
podría ser considerado por la entidad, porque es anterior al de 1948. Esta
opción se podría materializar antes del 15 de julio o en febrero del próximo
año, cuando se presente la contramemoria chilena.
Si la cosa es
tan clara, ¿cuál sería entonces la estrategia del gobierno de Evo Morales? Para
recuperar su acceso al mar, Bolivia podría demandar la nulidad de dicho
tratado, argumentando que lo firmó bajo presión. Según la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, un acuerdo pierde todo efecto jurídico, si
fue rubricado bajo coacción o amenaza. El tema es que si argumenta eso, tiene
que probarlo. Por lo mismo, todo indica que se inclinará por el camino de
exigirle a Chile a través de La Haya que cumpla con el supuesto compromiso que
asumió de negociar la salida al mar, basándose en conversaciones que ocurrieron
en anteriores gobiernos. Básicamente, su argumento sería que las negociaciones,
conversaciones y compromisos asumidos por Jefes de Estado, que nunca fueron
materializados en algún tratado o acuerdo específico, de todas formas generan
obligaciones para Chile. Es decir, promesas incumplidas o “derechos
expectaticios”.
Aunque suena
rebuscado argumentar que hubo ofertas o supuestas palabras empeñadas, lo cierto
es que la obligatoriedad de cumplir compromisos verbales sí podría tener un
efecto legal vinculante. Claro que depende mucho del contexto en que se hizo la
promesa. Por ejemplo, en el caso de los ensayos nucleares entre Australia y
Francia, el tribunal de La Haya reconoció que París estaba legalmente obligada
a poner fin a esas pruebas atómicas precisamente porque hubo varias
declaraciones públicas dadas por sus funcionarios, comprometiéndose a
detenerlas.
Chile y Bolivia
estuvieron a punto de llegar a acuerdo en varias oportunidades.
Luego de la
guerra, Bolivia consiguió que Chile le reconociera una soberanía ilimitada
sobre la costa. Como una parte de las salitreras quedó en territorio boliviano,
nuestro país negoció que durante los siguientes 25 años no se le aplicaran más
impuestos a la explotación del salitre, que contaba con capital nacional y que
era trabajado por chilenos. Pero poco antes de firmar el acuerdo y sin que
Chile lo supiera, Bolivia había acordado un pacto secreto con Perú y a poco
andar, violó el convenio, aumentando los impuestos a las salitreras chilenas de
Antofagasta. Y fue al término de un conflicto que, en la práctica, Chile no
buscó, cuando Bolivia perdió ese litoral.
Años más tarde,
en 1895, ambos países firmaron otro acuerdo que le devolvía la salida al mar a
Bolivia. Nuestra promesa fue que le entregaríamos Tacna y Arica. En caso de no
poder cumplir ese compromiso, se le traspasaría la caleta Vítor hasta la
quebrada de Camarones u otra que fuera equivalente. Sin embargo, el país
altiplánico exigió una serie de otras “cortesías”, las que fuimos aceptando una
tras otra. Las cosas no resultaron porque La Paz seguía pidiendo nuevas
condiciones y nunca llegó a firmar el acuerdo. Fue en 1897 cuando nuestro
Presidente Federico Errázuriz Echaurren decidió decir no a tanta exigencia.
Ojalá la
historia hubiese quedado ahí. En 1902 y luego de que Chile y Argentina firmaran
un tratado general de arbitraje, Bolivia, que se sentía desamparada y al
margen, aceptó suscribir una paz definitiva que la dejaba sin salida al mar
pero a cambio recibía de nuestra parte una serie de beneficios, entre ellos el
ferrocarril Arica-La Paz, convenio que Santiago cumplió a partir de 1904. ¿Qué
pasó entonces? Pues bien, que Bolivia desconoció todo. En 1910 su canciller
dijo que “Bolivia no puede vivir aislada del mar” y tres años más tarde, el ex
presidente Ismael Montes, el mismo que firmó el pacto de 1904, pidió que le
cediésemos Arica.
Uno de los
últimos esfuerzos fue en 1975, con el famoso convenio de Charaña, pactado
en la localidad fronteriza del mismo nombre entre Augusto Pinochet y Hugo
Banzer. Ese concilio nos ayudaría a reanudar las relaciones y establecía el
canje de 3 mil kilómetros cuadrados bolivianos por igual superficie chilena.
Sería el famoso corredor para Bolivia, que confluía en el Pacífico. La
transacción se malogró porque Bolivia intentó enmendar lo negociado, al
principio ofreciendo un territorio fragmentado en lugar de continuo y luego,
retirando la oferta del trazo y a cambio pagándole a nuestro país por el
corredor. Al final lo pidió gratis. Las negociaciones se frustraron. Eran
tiempos en que Argentina estaba enfrentada a Chile por el Canal del Beagle y,
por lo mismo, animaba a La Paz a exigir salida al Pacífico. Justo cuando en
1978 Argentina rechazaba el fallo inglés que casi nos lleva a la guerra con ellos
por el Beagle, Bolivia solidarizó con ellos y, molestos con Chile por las
abortadas negociaciones, retiró a su embajador en Santiago. Sin embargo, Chile
y Argentina y superaron su diferendo gracias a una mediación del Vaticano.
Bolivia en cambio, quedó marginada.
No está fácil
la cosa. Convenir algo con Bolivia es complejo, no sólo porque no tenemos
relaciones a nivel de embajadas sino porque cualquier otro intento anterior ha
derivado en un fracaso. Además, no hay que olvidar lo más importante. Incluso
si quisiéramos, una salida soberana al mar para Bolivia que no corte a nuestro
país en dos, atravesará necesariamente por ex territorio peruano y según el
Tratado de 1929 con este país, necesita sí o sí de su consentimiento. Bolivia
necesita primero la autorización peruana. ¿La tiene? Sabemos que no.
Negociar con
ellos no ha sido fácil. Menos lo será si, a pesar de una eventual voluntad del
actual Gobierno chileno, Bolivia pretende hacerlo presionando ante La
Haya.
CHILE CERCA IMPUGNAR COMPETENCIA LA HAYA EN DEMANDA
BOLIVIA ASEGURA CANCILLER
La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com)
El ministro de
Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, aseguró esta noche que se país se
encuentra próximo a impugnar la competencia de la Corte de Justicia de La Haya
en la demanda marítima que presentó Bolivia contra este país.
"Estamos
muy cerca de impugnar la competencia de la Corte. Creo que esa es la clara
tendencia de todas las opiniones que hemos escuchado y las opiniones que nos
hemos formado, pero la decisión será de la presidenta", añadió Muñoz en
declaraciones a Televisión Nacional.
La demanda de
Bolivia, que el propio presidente Evo Morales presentó en persona en La Haya,
busca que la Corte obligue a Chile a negociar una salida soberana al océano
Pacífico.
La presidenta
Michelle Bachelet ha sostenido en los últimos días una serie de reuniones con
los principales actores políticos, entre ellos excancilleres y expresidentes,
para decidir si se objeta la competencia de La Haya.
En caso de que
Chile decida objetar la competencia de La Haya, la acción se debe realizar
dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que Bolivia presentó la
demanda, es decir, hasta el 15 de julio próximo.
De lo
contrario, el gobierno chileno debe presentar una contramemoria a la demanda
marítima de Bolivia, cuyo plazo definitivo es el 18 de febrero de 2015.
El canciller
Heraldo Muñoz afirmó que "la presidenta tendrá que ver qué le conviene más
a Chile".
Aquí lo
importante es cuán sólidos son nuestros argumentos, y nosotros creemos que son
muy sólidos, y cuál es el momento más apropiado para nuestros intereses",
subrayó el jefe de la diplomacia chilena.
La idea de
pedir que el tribunal se declare incompetente en la demanda boliviana se
sustenta en el argumento de que la Corte Internacional de Justicia sólo puede
pronunciarse sobre situaciones posteriores a 1948, cuando se suscribió el
llamado "Pacto de Bogotá", que le dio origen.
La opción de
que Chile objete la competencia de la Corte de La Haya en la demanda de Bolivia
para obtener una salida al mar tomó fuerza el pasado 15 de mayo, después de una
reunión entre Bachelet y los otros cuatro exmandatarios que ha tenido el país
desde 1990.
En esa
oportunidad, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), que participó en la
reunión junto a Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, adelantó:
"lo más probable es que haya una decisión de impugnar la competencia de la
Corte".
Bolivia perdió
su acceso al Pacífico en una guerra que, junto a Perú, mantuvo con Chile entre
1879 y 1883 y, desde entonces, el asunto ha obstaculizado las relaciones entre
ambos países, que actualmente no tienen vínculos a nivel de embajadores.
BOLIVIA, UN PAÍS CON UNA MASA DE NIÑOS TRABAJADORES
Vívelo hoy de EE.UU (www.vivelohoy.com)
Desde los 8
años, Sergio M. hace ladrillos en la cantera de Alpacoma, en La Paz. Con los
ojos cubiertos por lentes protectores, emerge fatigado de la polvareda roja y
explica: Trabajo “para ayudar a mis papás y para tener mis cosas”.
Al igual que
él, centenares de miles de niños bolivianos son agricultores, arriesgan sus
vidas en las entrañas de las minas o hacen lo que sea para subsistir en las
ciudades de uno de los países más pobres de Sudamérica, donde muchos consideran
normal que salgan a trabajar.
Sergio, ya con
15 años, pasó la mitad de su vida fabricando ladrillos en un horno. Gana unos
50 dólares por semana en un país donde el salario mínimo es de unos 200 USD.
Pero en
Bolivia, con 850,000 niños y adolescentes trabajadores (28% de los chicos entre
5 y 17 años), el debate no pasa tanto por la prohibición, como en la mayoría de
países latinoamericanos, sino por las condiciones laborales.
Hasta el propio
presidente, Evo Morales, cree que los menores deben trabajar para desarrollar
“conciencia social”.
De hecho, los
niños son un segmento muy importante del ámbito laboral boliviano,
especialmente porque ofrecen mano de obra barata o gratuita si trabajan para la
familia.
El primer
presidente indígena del país recuerda que él mismo tuvo que trabajar como niño
pastor de llamas en la inhóspita región de Orinoca.
“Por supuesto,
no se puede explotar al niño, pero a veces la necesidad obliga a trabajar”, ha
repetido en varias ocasiones el presidente de origen aymara.
“El Chino” —da
sólo su apodo— hace cinco años que trabaja como “llantero” en un suburbio de La
Paz. Dejó la escuela y a los 8 años se dedicó a reparar neumáticos.
De pequeña
estatura, pero de brazos fuertes, trabaja intensamente. “Hago por lo menos unas
cien llantas al día” y el dinero que gana se lo da a su madre.
Un gremio de
niños trabajadores
Un grupo de
niños y adolescentes, afiliados a una Unión de Niños y Niñas Trabajadores de
Bolivia (Unatsbo), inició una campaña para protestar contra un proyecto de ley
que pretende erradicar el trabajo infantil y ratifica la edad de 14 años como
la mínima legal para conseguir un empleo.
Eddy Dávalos,
uno de los líderes de la Unatsbo, insiste en que que “hay que bajar la edad
legal (a menos de 14 años) porque hay niños de 6 y 7 años que trabajan” como
lustrabotas o vendedores.
La Unión
planteó por eso ante el Congreso que “la edad mínima para trabajar en Bolivia
debe estar en los 5 años”.
Bolivia adhiere
a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija la
edad mínima laboral en 14 años, pero la pobreza fuerza a ejércitos de niños a
trabajar, sobre todo en las zonas rurales, al igual que en la mayoría de países
de la región.
De acuerdo con
la OIT, en América Latina y el Caribe unos 13 millones de niños forman parte
del mercado laboral.
Distintas leyes,
realidad similar
Detrás de
Brasil, Perú es el segundo país con niños trabajores, con cerca de 1.6 millones
de niños y adolescentes en el mercado laboral, según la OIT.
“Si una ley
prohíbe no quiere decir que no va a existir la necesidad. En Perú muchos niños
necesitan trabajar para poder vivir”, dijo José Sánchez, director de un
Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores (Manthoc).
“Es un problema
social. Cuando hay niños que tienen que trabajar nosotros nos ocupamos de que
estén protegidos, que no sean explotados”, expuso.
En Paraguay,
otro de los países con problemas de pobreza estructural, algunos de los
trabajos más dañinos y contaminantes están en las caleras y canteras.
“Una de las
peores formas de trabajo infantil está en los vertederos de basura”, dijo el
director de la gubernamental Secretaría de la Niñez, Eduardo Sosa.
En el vertedero
de Asunción, más conocido como “Cateura”, falleció en febrero, aplastada por
una compactadora de basura, una niña de 10 años que buscaba botellas de
plástico para vender.
Muchos países
latinoamericanos quieren tomar medidas. En Nicaragua, por ejemplo, el gobierno
puso en marcha el programa “Amor” con la intención de sacar a los niños
trabajadores del mercado laboral.
Pese a muchos
intentos, hay una imagen que se repite en casi toda América Latina: La de niños
pidiendo limosna o cuidando coches.
Un pequeño de 5
años juega con un perro en una noche de La Paz con frío intenso en la antesala
del invierno. Por momentos busca divertirse mientras trabaja junto a su madre
cuidando autos.
Su joven madre
lleva un bebé atado a la espalda en un ‘aguayo’ (lienzo multicolor andino). “El
niño es el que trabaja”, comenta la mujer, mientras esconde el rostro. “Le
pagan un peso (14 centavos de dólar) o a veces más por cuidar” los coches,
dice.
BOLIVIA DESTACA COMPROMISO PARA ERRADICAR LA POBREZA,
MEJORAR LA SALUD Y JUSTICIA
Las tareas son grandes pero hemos avanzado un gran trecho
y hemos creado condiciones para un crecimiento y una estabilidad económica que
nos permitan proveer a mediano y a largo plazo más riqueza mayor distribución y
alcanzar procesos de industrialización” aseguró Álvaro García Linera.
ICN Diario de España (www.icndiario.com)
El
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera aseguró
que el objetivo del Ejecutivo es seguir trabajando para generar mejores
estructuras que garanticen el bienestar de la población, por lo que prevé
fortalecer las medidas para erradicar la extrema pobreza, mejorar la atención
de la salud y mejorar la justicia.
“No estamos
satisfechos con lo que hemos hecho, quisiéramos crecer más, distribuir más,
erradicar la extrema pobreza, mejorar la atención de la salud y mejorar la
justicia. Las tareas son grandes, pero hemos avanzado un gran trecho y hemos
creado condiciones para un crecimiento y una estabilidad económica que nos
permitan proveer, a mediano y a largo plazo, más riqueza, mayor distribución y
alcanzar procesos de industrialización”, aseguró.
Las
declaraciones las realizó el representante de gobierno en el marco de una
conferencia magistral sobre los avances del modelo económico vigente en
Bolivia, donde destacó que los pilares de la economía del país se sustentan en
la economía campesina comunal, la campesina mercantil, la pequeña economía
urbana mercantil, el capitalismo privado y la economía estatal.
“La economía
boliviana es compleja, la economía boliviana es plural, no existe una sola
economía boliviana. En Bolivia se entremezcla al menos cinco modos de
producción (ya mencionados) estos son vistos como herramientas para estudiar la
economía mercantil capitalista, pero no son útiles para estudiar la economía
comunal”, argumentó García Linera.
En este sentido
el titular valoró los avances que ha tenido el país en materia de superación de
la pobreza, destacando que el año 2005 la pobreza llegaba a un 38 %, ahora
tiene un 21 % y que el objetivo del Presidente, Evo Morales, es reducir la
pobreza hasta un 2 %.
Por último
acotó que la economía de país altiplánico crece a buen ritmo colocando como
ejemplo que “la economía chilena nos llevaba en crecimiento, en 2005, por 14
veces. Actualmente, solo por ocho, y al finalizar esta década el objetivo es
que nos lleve solamente por cuatro veces”.
PUEBLOS ABORÍGENES DENUNCIAN ATROPELLOS
Caciques denuncian que bolivianos armados cruzan la
frontera, desmontan y siembran caña. Ya les han matado 5 animales a tiros.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Las comunidades
se han visto amenazadas ahora por la incursión de productores del vecino país
que, aseguran, “sacan postes y cosechan caña y después se la llevan a Bolivia”
asegura Miguel Vidal, cacique de la comunidad costera. Lo acompaña el primer
cacique de la comunidad, Gerardo García. El especifica que estos cruces lo
hacen “personas armadas, en camiones que van y vienen”. García nació en la
comunidad de Algarrobito y recuerda que los conflictos comenzaron en 1996, pero
se fueron agudizando hasta llegar a la prepotencia que hoy están enfrentando.
“Se trata de una zona que está protegida por la ley de bosques, aunque se están
extrayendo postes sin que nadie diga nada. También llueve mucho a lo largo del
año por lo que no es necesario mantener el riego. El único trabajo que se
necesita es plantar una vez al año y después cosechar nomás”, dice García acerca
de la potencialidad de la región.
“Ya hemos
perdido cinco cabezas de ganado, a la que los bolivianos han matado a tiros.
También, por la costumbre de quemar el cañaveral después de la zafra, el año
pasado se provocó ese tremendo incendio que llegó hasta las fincas de varios
productores. Nosotros hemos hecho la denuncia en la Policía de Mosconi, pero lo
único que pasó es que nos han dado un papel con un número de teléfono, para que
avisemos por cualquier otra cosa”, cuenta el cacique de la comunidad Tape Iguapegui.
“Bolivia ya hizo llegar el asfalto hasta el frente”, señala Miguel Vidal, que
sabe bien de lo que habla ya que la única manera que tiene de salir de su
finca, es cruzarse de país porque Salta no logró realizar la necesaria red
vial. “Nosotros dependemos del municipio de Mosconi, en el departamento San
Martín, pero para poder llegar tenemos que venir hasta Orán y entonces dar toda
la vuelta”, describe el cacique.
La extrema
situación de estas comunidades fue planteada ante el representante legal del
Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, el abogado Joaquín Vélez.
Los guaraníes también explicaron que buscan la expropiación de las tierras que
ocupan. El funcionario se comprometió en plantear la alarma ante los organismos
de seguridad que deberían solucionar las irregularidades fronterizas y también
a presentar el tema ante la comisión de Límites de la Provincia, para que
definan la situación con sus pares bolivianos. Vélez también adelantó que
explicará a los legisladores del departamento San Martín la necesidad de las
comunidades de la vera del río Grande de Tarija, de expropiar el territorio
donde viven.
Las comunidades
de la Costa del río Grande de Tarija se conforman con una serie de parajes,
como Volcán, Trementinal, Madrejones, Algarrobito, San Telmo, Churqui, Isla de
los Novillos, Madrejones, comederos, Astilleros, Baule, Aujon y Porcelana.
Todas a una distancia de 15 kilómetros entre sí, siendo la más poblada
Algarrobito, que cuenta con cerca de 20 familias. En todos los casos, los pobladores
deben cruzar hasta Bolivia y recién “bajar” hasta la localidad de Aguas Blancas
para acceder a trámites o cuestiones de salud.
Estos
conflictos proliferan en ambas márgenes de la frontera, ante la falta de
autoridades que frenen cualquier tipo de atropellos. Se puede mencionar el
incidente del coronel Willy Gareca que acogió en el Ejército máquinas
confiscadas a productores de este lado de la frontera por los “comuneros”
bolivianos.
Fernando Vargas será candidato por el Partido Verde en
las próximas elecciones del 12 de octubre. Lo acompañarán varios ex
funcionarios desencantados con el oficialismo.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Después de
encabezar numerosas movilizaciones contra un proyecto vial del gobierno de Evo Morales
para la mayor reserva ecológica de Bolivia, el líder indígena
Fernando Vargas se animará a disputarle la presidencia en octubre.
Vargas es el
primer candidato opositor inscripto para competir en los comicios
presidenciales que se celebrarán el 12 de octubre. Lo hará como miembro del
ecologista Partido Verde, cuya consigna es luchar para "restituir el
respeto a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales".
Vargas
enfrentará el intento del candidato del Mas y actual presidente de ir por su
segunda reelección, aunque, advirtió, no posee los recursos económicos
necesarios para la campaña electoral.
Junto a Vargas,
aparecen varios ex funcionarios que rompieron con el actual presidente, como el
ex viceministro de Tierras Alejandro Almaráz y el ex presidente del Comité
Cívico de Potosí Celestino Condori.
El flamante
adversario de Morales saltó a la política como líder de la tenaz resistencia de
los habitantes de tierras bajas a un proyecto del Gobierno para construir un
camino por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis).
Hombres,
mujeres y niños marcharon 700 kilómetros desde la Amazonia hasta La Paz en 2011
para oponerse al plan vial y repitieron su larga caminata al año siguiente para
rechazar un intento del gobierno de imponerlo mediante una consulta posterior.
De acuerdo con
el diario local La Razón, en el contexto de esa lucha, Vargas fue víctima de
una golpiza propinada por policías durante la intervención de la marcha
indígena en la zona de Chaparina.
Tras la marcha,
los líderes de las movilizaciones indígenas se dispersaron, aunque en principio
habían anunciado su propósito de formar un partido "para restituir los
derechos indígenas y colectivos vulnerados por el oficialismo". El Partido
Verde es la única formación electoral que resultó de ese proceso y está
compuesta por ocho colectivos sociales y una Plataforma por la Vida.
Para Celestino
Condori, ex dirigente cívico de Potosí, "no es imposible ganarle al MAS,
porque la gente está decepcionada. En Potosí, por lo menos, la meta es cambiar
a este gobierno".
Por ahora sólo
Morales y Vargas fueron proclamados para las elecciones del 12 de octubre, en
que los bolivianos votarán para elegir presidente, vicepresidente, senadores y
diputados. El Frente Amplio, del empresario Samuel Doria Medina, el Movimiento
Demócrata Social, del gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, y el Movimiento
sin Miedo, del ex alcalde y ex aliado del gobierno Juan Del Granado, negocian
aún una posible alianza.
Editorial
DEPLORABLE ABANDONO DE LA RUTA TRANSCHACO
Pese a los dramáticos reclamos que formulan los sufridos
usuarios de la Ruta Transchaco por el pésimo estado de tránsito de dicha
arteria vial, en especial del tramo entre Mariscal Estigarribia y La Patria,
hasta ahora el MOPC no ha iniciado los trabajos de rehabilitación requeridos
con urgencia por tratarse de la única vía terrestre de comunicación que nos
conecta con Bolivia y por la cual se canaliza la totalidad del intenso tráfico
comercial entre ambos países. Quienes transitan por esta ruta tardan nada menos
que 16 horas para cubrir los 114 kilómetros que separan a ambas localidades;
vale decir, unos 7,2 km por hora, equivalentes al tranco normal de un caballo.
El rico y extenso Chaco, cuya soberanía fue recuperada a sangre y fuego por
nuestros héroes de la guerra con Bolivia, hoy habitado por esforzados
trabajadores compatriotas y extranjeros, de ninguna manera merece seguir siendo
el patio trasero de la República.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Pese a los
dramáticos reclamos que cotidianamente formulan los sufridos usuarios de la
Ruta Transchaco por el pésimo estado de tránsito de dicha arteria vial, en
particular del tramo comprendido entre la ciudad de Mariscal Estigarribia y La
Patria, hasta ahora el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no
ha iniciado los trabajos de rehabilitación requeridos con urgencia por tratarse
de la única vía terrestre de comunicación que nos conecta con Bolivia y por la
cual se canaliza la totalidad del intenso tráfico comercial entre ambos países.
Prueba de la importancia de esta ruta, la Dirección de Aduanas informa que en
el período de enero a mayo del 2014 ya se superó lo recaudado en todo el 2013,
por lo que estima que este año habrá un incremento de 500% en este concepto.
Habría que ver a cuánto podrían haber ascendido el tráfico y la recaudación si
la ruta estuviera en buenas condiciones.
Quienes
transitan por esta estratégica vía de comunicación dan cuenta de que en promedio
tardan nada menos que 16 horas para cubrir los 114 kilómetros que separan a
ambas localidades; vale decir, unos 7,2 kilómetros por hora, equivalentes al
tranco normal de un caballo, lo que da idea de la penuria humana y el perjuicio
económico que sufren los que transitan por ella.
Más allá del
perjuicio en términos de tonelada/kilómetro de carga transportada, no pueden
soslayarse la inseguridad y el agotamiento físico que sobrellevan los
conductores de los vehículos y pasajeros que recorren esta ruta. De hecho,
aunque nominalmente se trata de un supuesto corredor vial de interconexión
internacional, en el terreno se presenta como una carretera inutilizada por un
bombardeo aéreo, en peores condiciones que las polvorientas picadas que
cruzaban la inhóspita región antes de que fuera construida la primera ruta
pavimentada que se adentraba en ella.
Así como
desconcierta e irrita a la opinión pública –y ni qué decir a los usuarios– la
inacción del MOPC que, a casi un año de gestión del nuevo gobierno no haya iniciado
aún la rehabilitación de tan importante vía de comunicación internacional, la
gente no acaba de entender cómo las autoridades de ese ministerio, bajo el
gobierno de Nicanor Duarte Frutos, permitieron que el Estado fuera estafado con
la construcción de una ruta virtualmente inservible, pagando por ella US$
220.000 por kilómetro. Últimamente, la controversia suscitada entre el MOPC y
la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) sobre la responsabilidad genérica por la
mala calidad de las rutas construidas por las empresas viales paraguayas en las
recientes décadas, ha arrojado alguna luz acerca de la innegable colusión que
existía desde los tiempos de la dictadura entre los directivos de las empresas
constructoras viales y funcionarios corruptos del MOPC. Pese a ello, la
ciudadanía está lejos de conocer hasta qué punto ha perjudicado al país esta
asociación ilícita para delinquir a costillas de los contribuyentes.
Precisamente,
la construcción del tramo de la Ruta Transchaco desde Mariscal Estigarribia
hasta La Patria tiene una historia de cinismo e irresponsabilidad gubernamental
–por decir lo menos– digna de figurar en el libro de récords de Guinness.
Durante el gobierno de Duarte Frutos fungía como su ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones el señor José Alberto Alderete, como viceministro de Obras el
ingeniero Atilio Heisecke y como director general de Vialidad, el ingeniero
Juan Esteban Dioverti, bajo cuyas responsabilidades institucionales fue
contratado el consultor vial ingeniero Héctor Calcagno para elaborar el
pertinente proyecto para la rehabilitación y pavimentación del tramo de la Ruta
Transchaco entre Mariscal Estigarribia y La Patria. Este profesional propuso un
paquete estructural casi idéntico al de los dos primeros tramos de la citada
ruta arrancando de Villa Hayes, de excelente comportamiento en cuanto a
durabilidad. El precio estimado para esta calidad de obra vial fue de unos US$
600.000 por kilómetro.
El ministro
Alderete lo rechazó por considerarlo antieconómico, y encomendó a un consultor extranjero
la elaboración de un paquete estructural que fuera más barato. Este diseñó un
nuevo paquete estructural consistente en subbase de suelo-cal, base de
suelo-cemento y como carpeta de rodadura un tratamiento asfáltico superficial
doble. El costo estimado fue de US$ 220.000 por kilómetro. El ministro, con el
consentimiento del financista Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
entonces representado en nuestro país por Álvaro Cubillos, optó por este
proyecto y llamó a licitación pública para su construcción. Resultaron
ganadoras el consorcio Ingaer SA-Decypar (Ángel Auad y Federico Manzano) para
el primer tramo de 57 kilómetros partiendo de Mariscal Estigarribia, y el
consorcio Boquerón, integrado por Benito Roggio e Hijos SA (Óscar Franco),
Vialtec (Carlos Talavera) y CDD (de César Daniel Delgado) para el segundo tramo
de 57 kilómetros llegando a La Patria.
A estar por
referencias de directivos de las mencionadas empresas que tuvieron a su cargo
la construcción de este tramo de ruta inutilizado a menos de un año de su
terminación, tan pronto fueron adjudicados con los respectivos contratos,
plantearon al MOPC el “cambio” del paquete estructural del proyecto, aduciendo
que era inadecuado, por lo que no tendría la duración prevista. El ministro
Alderete desestimó su solicitud. Ante esta situación –según los representantes
de las empresas adjudicadas con el contrato para construir el tramo– ellos
aceptaron ejecutar la obra vial en cuestión, pero dejando constancia escrita de
que no asumían la eventual responsabilidad por la mala calidad de la misma que
pudiera resultar.
Como puede
entenderse, los empresarios asociados a Cavialpa optaron por lavarse las manos
como Pilatos, aunque en los pliegos de las condiciones generales del contrato
figuraba taxativamente una cláusula por la que “la omisión de la fiscalización
no exime al contratista de la responsabilidad de ejecutar en buena forma los
trabajos”. Obviamente, esta supuesta resalva contractual no les eximía de la
responsabilidad civil por aceptar implícitamente ser cómplices del MOPC al
aceptar construir una obra que, así como estaba proyectada, no iba a tener la
calidad ni la duración legal previstas según los términos del contrato. El
Código Civil de la República considera cómplice al profesional que a sabiendas
acepta construir una obra mal proyectada o calculada.
Este es el lado
oscuro de la historia del tramo de la Ruta Transchaco de Mariscal Estigarribia
a La Patria, como de muchas otras obras viales defectuosas construidas por las
vialeras paraguayas en complicidad con las autoridades del MOPC, en perjuicio
del fisco y de la ciudadanía que transita por ellas a lo largo y a lo ancho del
país. No lo decimos nosotros; lo ha admitido la propia Cavialpa en uno de sus
recientes comunicados a la opinión pública, junto con el propósito de enmienda
implícito en las reconciliadoras declaraciones del flamante presidente del
gremio, el ingeniero Guillermo Mas.
Le corresponde
ahora al ministro Jiménez Gaona honrar, sin más demora ni excusas, la promesa
que hiciera en ocasión de su visita al Chaco en abril pasado, cuando anunció
que el llamado a licitación para la reconstrucción del tramo Mariscal
Estigarribia-La Patria, y del recapado del tramo desde este último punto hasta
Infante Rivarola se haría en mayo. Del dicho al hecho, nada hasta ahora.
El rico y
extenso Chaco, cuya soberanía fue recuperada a sangre y fuego por nuestros
héroes de la guerra con Bolivia, hoy habitado por esforzados trabajadores
compatriotas y extranjeros, de ninguna manera merece seguir siendo el patio
trasero de la República.
API CALIENTE CONTRA EL FRÍO
Con la llegada del frío, nuevos y a la vez antiguos
preparados son recuperados para combatir a rigores de la época.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
El api es una
bebida a base de maíz, ya sea morado, amarillo o de ambos. Aunque hay
variedades según las zonas, además del maíz molido, el preparado en general se
hace con agua y limón, a la que se calienta y se le echa azúcar, clavo, canela
y, en esto varía, algunas frutas. Es una costumbre arraigada en las regiones
altas de Perú y Bolivia y también en los valles bolivianos, de donde dicen
pertenece su origen, más exactamente en Oruro. Desde allí se proyectó hacia las
actuales provincias de Salta y Jujuy, y en sus ciudades se sirve api en los
mercados y comedores regionales sobre todo con la llegada del invierno.
Respecto a este
último punto, difieren acerca de cuál es el lugar donde mejor lo preparan.
Aunque lo más tradicional es tomarlo por la mañana, para muchos es bueno a
cualquier hora. En los mercados, siempre hay una olla hirviente con la bebida,
ya que se debe tomarlo lo más caliente que la boca aguante.
Historia del
api
Genetista y
exdirector del Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas Pairumani
(Cochabamba) Gonzalo Ávila, señala que el api es antiguo, de origen inca y que
ha llegado modificado hasta nuestros días. Con la intervención europea y la
caña de azúcar, el api hoy es una bebida muy dulce, se la industrializa e
incluso se la exporta en esencias.
Uno de los
cronistas de la Colonia, Garcilaso de la Vega, escribió en sus “Comentarios
Reales”, titulado “Del maíz y lo que llaman arroz, y de otras semillas”:
“También hacían gachas, que llaman api, y las comían con grandísimo regocijo,
diciéndoles mil donaires, porque era muy raras veces”. Las últimas
investigaciones nos muestran muy claramente una secuencia evolutiva del maíz
que parte desde México. En varias cuevas del país centroamericano,
especialmente en la llamada “del Murciélago”, se ha encontrado todo su proceso
evolutivo, desde el polen del teocintle (el pariente más cercano) hasta el
maíz.
El maíz morado
es un conjunto de variedades de Zea mays con un marlo morado. Crecen en los
Andes de Perú, Bolivia Ecuador y Argentina, dispersos y cultivados. Existen diferentes
variedades de maíz morado todas derivadas de un línea más ancestral denominada
“Kculli” aún cultivada en Perú, Bolivia y en el norte de nuestro país.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Los diputados
porteños aprobaron por 41 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones avalar
el Convenio de Colaboración y Cooperación para restaurar y relocalizar el
conjunto escultórico que se encuentra desmembrado sobre la plaza Colón, detrás
de la Casa Rosada.
El acuerdo
había sido firmado el 26 de marzo por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y
su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y mereció críticas de organizaciones
civiles y de la comunidad italiana que se oponían a su traslado del lugar
original donde estuvo durante 93 años.
Los diputados
también sancionaron en primer lectura un proyecto de la legisladora
kirchnerista Gabriela Alegre que prevé emplazar el monumento en un espacio
verde ganado al Río de la Plata, en la Costanera Norte.
De acuerdo con
el reglamento parlamentario, la ley deberá ser puesta a consideración en una
audiencia pública y remitida nuevamente a la Legislatura, para su aprobación
definitiva.
La organización
Basta de Demoler cuestionó hoy tanto la ratificación del acuerdo entre las dos
administraciones para el traslado del conjunto escultórico como la decisión de
llevarlo frente al aeroparque metropolitano.
El monumento a
Colón, donado por la colectividad italiana, quedó en medio de la polémica por
la decisión del gobierno nacional de trasladarlo a otro emplazamiento y ubicar
en su lugar otra escultura dedicada a Juana Azurduy, figura de la lucha por la
Independencia obsequiada por Bolivia.
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