El procurador
Anticorrupción, Joel Segura, aseguró que no hubo mayor cambió en la solicitud
de extradición para Martín Belaúnde Losio (MBL) que el presentado en febrero
pasado ante la sala presidida por Javier Villa Stein.
“No
cambio nada, hay mayor precisión de hechos, se incorporó unos términos de
peculado de uso, porque se identificó luego de una reciente declaración de un
testigo en el proyecto Chinecas”, dijo Segura
en el programa televisivo ‘d6A9’ de Canal N
El procurador
indicó que los datos en la primera solicitud fueron “concretos”, pero “detalles
como los tiempos la zona, eso no es un observación de fondo, sino de forma,
subsanable sí”. Segura asimismo dijo que la sentencia de Villa Stein fue
cuestionada, pues afirmó que el delito de peculado no podría ser sancionado en
Bolivia, debido a que Belaúnde Lossio no es funcionario.
“Bolivia
acepta la detención preventiva, el Tribunal boliviano hace un análisis previo
de la doble incriminación es decir acepta que no solo en Perú, sino también en
Bolivia es posible sancionar al cómplice en delito de peculado, se lo dije a
Javier Villa Stein pero no me hicieron caso, ahora este Tribunal sí lo tomó en
cuenta”,
sostuvo.
Segura además
indicó que si el cuadernillo con el pedido de extradición no llega a Bolivia
antes del sábado, Belaúnde Lossio podría fugar de este país pues vence el plazo
de prisión preventiva. “Si el 21 no llega el documento podría salir”,
dijo. El titular de la Procuraduría finalmente informó que por el delito
de peculado las sanciones fluctúan entre los 4 a 8 años y por asociación
ilícita de 5 a 10 años. Expreso de
Perú (www.expreso.com.pe)
EL VIERNES SE PRESENTA EN BOLIVIA SOLICITUD DE
EXTRADICIÓN DE BELAUNDE
Consejo de Ministros dictó
resolución suprema, que se debe publicar hoy en El Peruano, que dispone
presentar la solicitud de extradición. Corte Suprema definió que prófugo
empresario usó fondos públicos para "La Centralita".
La República de Perú
(www.larepublica.pe)
En una marcha
contra el reloj, pues en 72 horas vence el plazo para presentar los documentos
en Bolivia, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al cuadernillo de
extradición de Martín Belaunde Lossio, por peculado y asociación ilícita en el
caso "La Centralita", aprobado el miércoles por la Corte Suprema de
Justicia.
La resolución suprema
que aprueba presentar a Bolivia lasolicitud de extradición debe
publicarse hoy en el diario El Peruano, con lo cual todo estará listo para que
la Cancillería presente los documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia
boliviano, con sede en la ciudad de Sucre. El plazo vence el sábado 21 de
marzo.
El procurador
Joel Segura, quien sigue batallando por la expulsión de Belaunde Lossio,
viajará en las próximas horas a La Paz para acompañar al equipo consular que
presentará el expediente.
El equipo legal
peruano insistirá ante el magistrado boliviano Pastor Mamani en la necesidad de
ampliar la prisión domiciliaria de Belaunde, para evitar que pueda trasladarse
a un tercer país, mientras se evalúa su extradición.
Expulsión
En tanto, la
presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el ministro de Justicia, Fredy
Otárola, insistieron en que el gobierno sigue haciendo todos los esfuerzos para
lograr la expulsión de Belaunde Lossio, que sería una decisión política de ese
país.
"Nosotros
tenemos más de una solicitud presentada a través de la embajada de Perú con
sede en Bolivia, pidiendo la expulsión de Martín Belaunde, porque él habría
ingresado de manera irregular y le corresponde a Bolivia tomar una
decisión", afirmó Jara.
Por su parte,
Otárola explicó que la presentación de la solicitud de extradición no impide la
expulsión y entrega inmediata del prófugo empresario al Perú.
El martes, el
ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que su país no
podía expulsar a Belaunde Lossio mientras persistiera el pedido de extradición.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, afirmó que si no se
presenta la extradición hasta el sábado, el empresario peruano quedaría libre
para irse a donde quisiera.
Expediente
Al aprobar el
expediente de extradición la Sala Penal de la Corte Suprema definió que la
primera resolución negativa podía revisarse, como ha sucedido en otros casos de
extradición, entre ellos el del israelí Dan Gabriel Cohen.
Es decir, la
resolución de la Sala de Villa Stein no generaba cosa juzgada o decidida, como
planteó la defensa del empresario peruano.
Luego, se
estableció que el Ministerio Público, a través del fiscal Elmer Chirre, y el
juzgado de investigación preparatoria, con el juez Richard Concepción, habían
subsanado los defectos formales, observados por la Sala de Villa Stein, lo que
permitía tomar una decisión a favor de la extradición.
Respecto al
delito de peculado, se precisó los hechos que se atribuyen a Belaunde Lossio y
el tiempo en que estos ocurrieron, indicándose las declaraciones y pruebas
documentales que forman parte del cuadernillo de extradición
Se precisa que
es investigado por utilizar fondos públicos del proyecto Chinecas para el
funcionamiento de la "Centralita", pretendida sucursal de Ilios
Producciones, lo que ocurrió entre finales del 2009 y setiembre del 2011.
En cuanto a la
asociación ilícita, se estableció que el prófugo empresario formó parte de la
cúpula de la organización del ex presidente regional de Áncash César Álvarez,
con poder de decisión, y se encargó del "aparato de prensa" desde el
2004 hasta mayo del 2014.
Igualmente,se
subrayó que este delito en Bolivia tiene una pena superior a tres años de
prisión y que, además, de acuerdo con los tratados internacionales de lucha
anticorrupción, Bolivia debía aceptar su extradición por este delito.
Por
lavado de activos
El viernes 20
de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el cuadernillo
ampliatorio de extradición de Martín Belaunde por el delito de lavado de
activos, también por "La Centralita", que se podría presentar a
Bolivia la próxima semana. Este segundo expediente aporta mayores pruebas sobre
las actividades ilícitas del controvertido ex asesor de campaña del presidente
Ollanta Humala.
Es de señalar
que presentado el primer cuadernillo de extradición por peculado y asociación
ilícita se abre un nuevo plazo, de al menos tres meses, para presentar nuevos
requerimientos a la justicia boliviana.
Las autoridades
bolivianas dispusieron anoche redoblar la vigilancia en la casa del
"Curaca Blanco", en Bajo Llojeta, en La Paz, donde Belaunde cumple
arresto domiciliario, para evitar que fugue, algo poco probable dada la orden
de captura internacional en su contra.
Perú
21 (www.peru21.pe/politica)
Luego de
escuchar al canciller de Bolivia,
David Choquehuanca, indicando que para que proceda la expulsión de Martín
Belaunde Lossio no puede estar activo un pedido de extradición,
quedan en el aire dos interrogantes: ¿qué debe hacer el Perú? y ¿qué es lo que
más beneficiaría y protegería al empresario peruano?.
Perú21
conversó con la ex procuradora Supranacional para Casos de Derechos Humanos,
Delia Muñoz, y con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, quienes
señalaron que el camino más
recomendable es la expulsión.
“Lo
recomendable sería apostar por la expulsión. Es mucho más rápida, no viene
sujeta a ningún otro trámite adicional y deja libre la posibilidad de investigación por diferentes delitos”, remarcó
Muñoz.
Muñoz advirtió que la extradición es “más
beneficiosa” para Martín Belaunde Lossio porque solo será juzgado en el
Perú por los delitos que se le imputan en el expediente (hasta ahora peculado y
asociación ilícita para delinquir) y en el caso que se quiera ampliar la
investigación se deberá realizar otro trámite ante Bolivia.
“*Que venga
con extradición evidentemente es una condición más beneficiosa para él* porque
solo podrá ser juzgado por los delitos por los que la extradición es procedente
y si se quiere ampliar la investigación hay que volver a pedir a Bolivia
autorización”, insistió Delia Muñoz.
¿Considera que hay voluntad de Bolivia para ayudar al Perú en este caso?
Bueno,
Bolivia está entendiendo la posición peruana desde el momento en que ha
rechazado el pedido de refugio y el juez concedió una medida cautelar (de
detención). Creo que por el lado de las autoridades bolivianas no tenemos
mayores cuestionamientos.
¿Al insistir con la extradición, se estaría tratando de beneficiar a
Martín Belaunde Lossio?
El canciller
(Choquehuanca) ya señaló la posición de Bolivia, nos guste o no, tengamos
posiciones jurídicas discrepantes. Ya dijo: si presentas la extradición no lo
voy a expulsar. El canciller de Bolivia ya le marcó la cancha. ¿Qué podemos
pensar?.
¿Usted qué piensa?
Mi posición
siempre ha sido que la extradición es lo que más le conviene (a Belaunde)
porque viene para ser investigado, pero viene protegido. Si viene con mandato
de extradición, viene también con un manto de protección.
VACÍOS EN LA NORMA BOLIVIANA
Muñoz indicó que la ley boliviana que regula el
asilo tiene vacíos para casos como los de Martín Belaunde Lossio.
Mencionó, por ejemplo, que la norma establece que cuando hay un pedido de asilo
es posible tramitar de manera paralela la extradición. Sin embargo, contempla
solo un supuesto si se declara favorable la solicitud. En ese caso, la
extradición queda sin efecto y se archiva.
“Hay un vacío
normativo y los bolivianos están optando por decir que no pueden haber dos tramites
al mismo tiempo. No puede haber expulsión y no puede haber extradición. Es la
forma como la que interpretan la ausencia de regulación que menciono. (…) *El
canciller (Choquehuanca) como que está dando una salida*”, aseveró.
“HAY QUE ANALIZAR LO QUE DICE CHOQUEHUANCA”
En la misma
línea que Muñoz, el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu puntualizó que el
camino a seguir en el caso de Belaunde Lossio siempre ha sido la expulsión.
“En primer
lugar, porque es lo lógico porque el mismo Martín Belaunde Lossio reconoció que
ingresó de manera irregular a Bolivia violando normas de migraciones. Entonces,
la consecuencia de eso es la expulsión. En segundo lugar, porque una expulsión no restringue ningún delito
para que sea investigado, lo que no ocurre con la extradición”, remarcó.
Sin embargo, consideró que ahora un eventual retiro del
proceso de extradición es complejo porque supondría que se cancele la
detención preventiva y se tendría que analizar si existe algún tipo de arraigo
para garantizar la expulsión de Belaunde Lossio.
Arbizu indicó
que el envío del cuadernillo de extradición por parte del gobierno es una forma
de “asegurarse” que Belaunde Lossio no quede en libertad con la posibilidad de
escapar a un tercer país.
“*Hay que
evaluar seriamente la declaración del canciller Choquehuanca* para saber cuáles
podría ser los mecanismos de arraigo si se retira la extradición. Si no hay
ningún mecanismo de arraigo es muy peligroso”, sentenció en diálogo con este
diario.
BELAUNDE: LO QUE EVO MORALES Y SUS MINISTROS DIJERON
SOBRE ÉL
El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe)
En dos meses y
medio, el gobierno boliviano, expresó posturas diferentes sobre la
situación del empresario Martín Belaunde Lossio. Si bien la Comisión
Nacional del Refugiado (Conare) estableció que no es un perseguido político en el Perú y, por ende, le negó
definitivamente el refugio, ahora Bolivia dice no poder expulsarlo.
¿La razón?
Según explicó ayer el canciller boliviano David Choquehuanca, La Paz no puede
expulsar a Martín Belaunde Lossio
porque existe un trámite de extradición contra el ex asesor electoral de
Ollanta Humala, iniciado por el Perú cuando pidió su detención preventiva.
Choquehuanca
remarcó que si la justicia peruana quiere que Belaunde Lossio sea expulsado,
antes deberá retirar el pedido para ampliar su arresto domiciliario.
Esta postura de
Bolivia fue considerada por la oposición en el Perú como un intento de bloqueo,
sobre todo cuando anteriormente tanto el presidente boliviano Evo Morales como sus ministros de mayor
confianza señalaron que no protegerían al sindicado cerebro de ‘La Centralita’.
A continuación las recordamos:
1. “Bolivia no será basurero de corruptos”
No fue una sino
dos veces en las que el presidente boliviano, Evo Morales, se pronunció sobre
el Caso Belaunde Lossio. A inicios de enero dijo que si ingresó ilegalmente debía ser capturado y a fines de ese mismo mes soltó una frase
aún más certera: "Bolivia no va a ser basurero de corruptos, Bolivia no va a proteger a corruptos". Incluso, dijo
que se cumplirían las normas internacionales para que el ex asesor humalista
"sea entregado a su pueblo, a su país, y que internamente pueda defenderse
de todos los procesos que tiene".
Otro dato que
dio y que hoy cobra importancia es que conversó telefónicamente con su par
peruano, Ollanta Humala, sobre la situación de Belaunde Lossio.
"Si
conversamos varias veces, compartimos, y siento que alguna gente se aprovecha
también de usar con fines electorales a Martin Belaunde Lossio, pero al margen
de que sea el tema político electoral en el Perú, Bolivia no va a permitir a
esta clase de sujetos", aseguró.
2. “No protegeremos a procesados”
La primera
autoridad boliviana en pronunciarse sobre el pedido de refugio formulado por
Martín Belaunde Lossio fue el canciller altiplánico David Choquehuanca. El ministro de RR.EE. no solo confirmó que
el empresario peruano estaba en su país y decía ser un perseguido político,
sino también sentó una posición respecto a su caso: Bolivia no protegería a
personas con procesos penales.
3. “Si Conare rechaza su pedido, será expulsado”
El 29 de enero,
cuando ya se conocía que la Conare había rechazado en primera instancia el
refugio solicitado por Belaunde Lossio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo
Moldiz, sostuvo que si el empresario no probaba ser un perseguido político en
su apelación, Bolivia lo iba a extraditar, entregar o expulsar.
"Hasta
ahora el señor Martín Belaunde Lossio no ha probado ser un perseguido político.
Si no prueba eso, Bolivia o lo va extraditar o lo va entregar o lo va
expulsar", afirmó.
CANCILLER
MUÑOZ ESPERA QUE CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA TOME NOTA DE ‘LOBBY’ BOLIVIANO
Radio
Bio Bio de Chile (www.biobiochile.cl)
Como una
instancia productiva, en la que se trabajó para afinar la argumentación del
equipo nacional de cara a los alegatos orales que comienzan el 4 de mayo,
calificó el canciller Heraldo Muñoz la jornada preparatoria llevada a cabo en
Francia con los abogados asesores de Chile por la demanda marítima.
El secretario
de Estado llegó acompañado del agente Felipe Bulnes hasta París, donde se reunió
con los juristas internacionales.
Sobre las
acciones realizadas por Bolivia y su vocero, que mantuvo una cita con
representantes de la corte en Nueva York, el ministro señaló que es un hecho
que llama la atención y que cree que el máximo tribunal tomará nota de ese tipo
de lobby.
Radio Bío Bío
tomo contacto con el vocero de la demanda altiplánica, el ex presidente
boliviano Carlos Mesa. Sin embargo, desde su departamento de comunicaciones
indicaron que hasta el 23 del mes en curso no realizará ninguna declaración al
respecto.
El gabinete
del otrora mandatario indicó que “hay que seguir bajando las tensiones
bilaterales”, pues “Chile tiene otros problemas delicados”.
FALTA
DE ADAPTACIÓN Y HUMILDAD EN BOLIVIA: "LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS HAN SIDO LAS
PEORES"
El
Confidencial de España (www.elconfidencial.com)
Frente a una
fachada azul turquesa que ha vivido tiempos mejores, Gary frena su destartalado
Toyota y señala al suelo: “Antes de que hubiese alcantarillado, los desechos se
arrojaban a un pozo ciego.
Cuando se llenaba, uno pagaba a una empresa para vaciarlo”. La vivienda se
encuentra en una zona privilegiada del barrio conocido como Plan 3.000,
en la periferia de Santa Cruz de la
Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia.
La localidad, de casi 1,5 millones de habitantes, está al otro lado de los Andes y a unos 400 metros de altitud,
muy por debajo de los 4.000 metros del altiplano
boliviano. En un ambiente relajado, de tráfico lento y calor pegajoso,
es donde se desarrolla el mayor proyecto del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en el país.
Un vaivén de
calles estrechas, caminos de tierra y tramos esporádicos de pavimento llevan a
la casa turquesa. En sus alrededores aún se intuye la huella de la guerra
del agua que estremeció al país a comienzos del siglo XXI. Desencadenada en
Cochabamba por el intento de privatizar
el agua, la gestión del servicio pasó a un consorcio empresarial en el que
participaba la española Abengoa.
El aumento de las tarifas y, sobre todo, la exigencia de una licencia para
recoger el agua de lluvia
incendiaron los ánimos de la población. El conflicto boliviano fue el detonante
de un proceso político y social a favor del reconocimiento del derecho humano al agua que ha marcado la trayectoria de
Bolivia.
La guerra
de antaño se ha sustituido por una nueva disputa en torno al agua en este
barrio cruceño, levantado para realojar a las más de 3.000 familias que se
quedaron sin hogar por el
desbordamiento del río Piraí en 1983.Y de nuevo, una compañía española vuelve a
ser protagonista. Las obras de la planta
de tratamiento, a cargo de la empresa pública Tragsa, se han retrasado por la oposición de varias comunidades
vecinas preocupadas por los efectos
medioambientales.
Este no ha
sido el único problema de un proyecto que lleva casi dos años de demora. En el
retraso han influido desde las dificultades
de adaptación al país hasta la subida
del salario mínimo para los trabajadores locales, una de las medidas
aprobadas por el presidente Evo Morales
antes de su reelección en octubre de 2014.
Aunque el 45%
de la población de Bolivia se encontraba debajo del umbral de pobreza, el país
ha crecido en los últimos años por encima del 5%. (Paula Guisado)
“Es un palo
muy grande”, lamenta Sara Aizpún, delegada de Tragsa en Bolivia. “Es uno de
esos detalles que tienes que conocer antes de hacer un presupuesto a tres años.
También es verdad que las obras eran para un año y se han alargado”.
Si desde el
Gobierno boliviano sólo hay alabanzas hacia la cooperación española, el gesto se tuerce cuando se menciona a
las adjudicatarias españolas. Sentado en su despacho del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua en La Paz, el ministro José Antonio Zamora reconoce estas
dificultades. “La coordinación ha sido excelente. Extrañamente, en algunos de
los proyectos sí hemos tenido problemas
con las empresas españolas”, confirma en referencia al Plan 3.000.
'El Banco de
las letrinas'
La percepción
general es que Bolivia ha aprovechado los 87,7 millones de euros aportados por España, hasta el punto de ser
la cuarta región con mayor porcentaje de ejecución. La agenda común de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Evo Morales
tiene como prioridad el acceso al agua y saneamiento para toda la población en
2020.
El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que complementa la donación española con créditos reembolsables, es el
encargado de supervisar el proyecto del Plan 3.000. “El BID lleva trabajando desde 1959 y el primer proyecto que
hizo fue uno de agua en Bolivia. Tal es así que Che Guevara lo llamaba el Banco de las letrinas”, relata
Omar Garzonio, especialista sectorial del banco. La entidad gestiona cuatro de
cada cinco euros del Fondo en Bolivia a través de distintas entidades
dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En el caso de Plan
3.000, esta labor la lleva a cabo la Unidad Coordinadora de Proyectos
(UCP).
Obras del
emisario en el barrio del Plan 3.000, donde se desarrolla el mayor proyecto del
Fondo del Agua en Bolivia. (Paula Guisado)
“Las empresas
españolas han sido las peores. Y entre ellas tenemos con nombre y apellido a
Tragsa, una compañía que no ha podido
asimilar el lugar donde estaba trabajando”, corrobora el ingeniero Ramiro
Tirao, coordinador general de la UCP.
Los problemas de adaptación a la realidad
boliviana han sido la tónica general entre las empresas españolas,
adjudicatarias de los mayores contratos del Fondo del Agua en el país. Tragsa
ha ganado concursos por importe de 15,4 millones de dólares, mientras que
Imesapi, del grupo ACS, se ha
quedado en los 14,1 millones. Esta última “también ha tenido dificultades para
adaptarse, y eso ha influido tanto en el tiempo de ejecución como en los costos”, juzga Tirao desde su
oficina en Calacoto, el barrio acomodado de La Paz.
"Las
calles están hechas una desgracia"
A 270
kilómetros de Santa Cruz de la Sierra se encuentra San José de Chiquitos. El trayecto de cuatro horas en coche hasta
este municipio de 17.000 habitantes, fundado el 19 de marzo de 1697 por los
jesuitas, transcurre por una carretera recién inaugurada, a lo largo de la cual
desfila la fauna típica de la zona, desde tucanes que sobrevuelan el asfalto hasta avestruces andinas que observan el escaso tráfico desde la
distancia.
Los miembros
de la comunidad de Icrana, a orillas del lago Titicaca, trabajan para construir
su propia red de saneamiento. (Carlos del Álamo - AECID)
Finalizadas
las obras de saneamiento, las pocas calles empedradas de la localidad –aquellas
que desembocan en la plaza central– aún tienen zanjas y baldosas levantadas entre las que se acumula el agua de
lluvia. José Antonio vive en la misma plaza, a escasos metros de la iglesia que
levantaron los jesuitas y hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. “La obra del
alcantarillado se ha hecho mal. La empresa dejó las calles hechas una
desgracia”, se queja.
No es el
único que opina así. En el Hotel Villa Chiquitana, la residencia de los
representantes de Imesapi durante
el año y medio que duraron las obras, el francés Jerôme Maurice coincide en
señalar la falta de compromiso de la compañía del grupo ACS. “La empresa
española dejó muy mala impresión
en el pueblo”.
En las
afueras, la casa del alcalde, con su impecable fachada bermellón, destaca entre
las demás. Para Germaín Caballero, regidor de San José de Chiquitos desde hace
diez años, ha faltado dedicación: “No es el estado en el que dejaron las
calles, sino la falta de preocupación”.
El
responsable de la Unidad Coordinadora de Proyecto reparte culpas. Por un lado,
al afán electoral del primer
edil: “Existió una gran incidencia política por parte de la alcaldía. Estábamos
muy próximos a unas elecciones nacionales y el alcalde quiso usar el proyecto
en beneficio particular”. Por
otro, a la falta de humildad de
Imesapi. “Llegaron a la población con cierta soberbia. Esto ha generado antipatías y los resultados los
estamos procesando ahora”, sostiene Ramiro Tirao.
Llegar a la
comunidad de Calapunco exige un vehículo capaz de atravesar caminos de tierra
sin compactar. (Paula Guisado)
En su
despacho del barrio Equipetrol, la zona ejecutiva de Santa Cruz de la Sierra,
Alejo Murillo, delegado de Imesapi en Bolivia, responde a las acusaciones. “Ha
habido falta de definición”,
apunta. Y añade: “Estos proyectos están abiertos a la socialización. Hay una parte inicial de mostrar el proyecto y una
final, después de la construcción, de ver las bondades del uso y mantenimiento
de esas instalaciones. Pero no soy yo el que tengo que evaluar si se ha hecho
bien o mal”.
El desafío de
la coordinación
De esa labor
de socialización depende la sostenibilidad
de los proyectos. Por eso, de manera paralela a la construcción, se
realiza el denominado desarrollo
comunitario, que va acompañado de iniciativas de fortalecimiento institucional
y que representa un pilar fundamental en las actuaciones de la cooperación
española. La socialización recibe entre el 5% y el 20% del presupuesto de cada
programa, cantidad insuficiente
a juicio de Mar Humberto, responsable del Fondo del Agua en Bolivia.
El actor
principal en este apartado, el SENASBA, institución creada por el gobierno en
2006 para ofrecer asistencia técnica
a los proyectos, ha evidenciado algunas carencias. “Una cosa es la parte formal
y otra, el día a día. Y si eso no lo sabemos superar en la etapa consultiva…
Ahí el SENASBA no ha cumplido su rol como esperábamos”, critica el ingeniero
Tirao.
Mar Humberto
insiste en la importancia del desarrollo comunitario para alcanzar lo que en la
jerga de la cooperación se conoce como apropiación, que en algunos
proyectos lleva a la comunidad a construir sus propias infraestructuras. “No es
sólo poner una pileta o el alcantarillado. La gente tiene que participar. Es una transformación cultural”, enfatiza.
Este trabajo
directo con la comunidad significa que el desarrollo de las actividades depende
en gran medida de la relación entre las partes: desde las cooperativas que gestionan las tarifas hasta las constructoras que levantan las calles, pasando por los vecinos que se erigen en supervisores
mientras duran las obras.
Los Comités
para Agua Potable y Saneamiento están formados por miembros de la comunidad que
se encargan de la gestión y el mantenimiento. (Paula Guisado)
“Si pones en
juego a todos los actores, tienes el desafío de coordinarlos. Es un trabajo del día a día y lo que hace sostenible
el proyecto”, asevera Cristina Mecerreyes, técnico del BID que hasta el verano
de 2014 fue la responsable de proyectos del Fondo del Agua en pequeñas
comunidades rurales.
Sentados en
el patio de la sede de la AECID, en un edificio contiguo a la embajada española
en La Paz, Cristina Mecerreyes y
Sergio Martín-Moreno, coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación,
se atreven a poner una nota al Fondo del Agua en Bolivia: notable. Cuando ya han finalizado
varios proyectos y a falta de dos años
para el cierre previsto del programa, el reto principal es la
continuidad.
“El gran
desafío es mantener y seguir avanzando
en la sostenibilidad”, destaca Omar Garzonio, responsable sectorial del BID.
Con el 77% de los fondos ejecutados, los responsables del BID empiezan a hablar
de lecciones aprendidas: la apropiación de los proyectos, el seguimiento de los
objetivos del Gobierno y la adaptación
de la regulación.
Saber
adaptarse en un contexto cambiante
A dos horas y
media en coche de La Paz, en un lugar recóndito del altiplano boliviano donde la agricultura y la ganadería son el
principal sustento, la comunidad de Calapunco
tiene jornada de evaluación. Pequeños y mayores comprenden el
castellano, pero aquí sólo se habla en
aimara, la lengua del pueblo indígena del mismo nombre.
Carlos del
Álamo, técnico de Tragsatec –filial de Tragsa que da apoyo técnico a proyectos
públicos–, acude a la escuela para comprobar el uso y estado de las piletas y
los baños ecológicos que se
inauguraron hace menos de un mes y que han beneficiado a 32 familias. Libreta
en mano, pone a prueba los conocimientos adquiridos durante el desarrollo
comunitario, llevado a cabo por la ONG Catholic
Relief Services.
Para llevar
agua potable a la unidad educativa de Achica Arriba ha sido necesario cavar un
pozo de 80 metros de profundidad. (Paula Guisado)
A
continuación visita algunas casas de
adobe en las que sus habitantes han construido un baño ecológico y una pileta que les lleva agua potable
desde las lejanas montañas. “Waliki”, saluda en aimara una anciana
cuando Carlos entra al patio de su casa. Se llama Lucía y es una de las beneficiarias de la ayuda española.
En un
contexto cambiante, donde los ciclos de poder tienen un año de duración, es
fundamental saber adaptarse.
Sergio Martín-Moreno lo tiene claro: “Si fuese un proceso estático sería muy
fácil de valorar, pero es dinámico.
Hace diez años había mucha reglamentación que no existía porque nadie invertía
en agua”.
Ajena a las
preocupaciones de los responsables del Fondo del Agua, Lucía se moja el pelo en
la pileta construida en su patio gracias la cooperación española. Las manos de dedos nudosos rehacen las trenzas que,
como cada día, ordenarán su melena. Dirigiendo su mirada vidriosa al horizonte, agradece no tener que ir al río,
como cada día durante toda una vida, para poder peinarse. “Es que está muy lejos, ¿sabes?”, comenta
señalando a las montañas, “y yo ya estoy mayor”.
AMBIENTE ELECTORAL SE CALIENTA EN BOLIVIA CON HUELGAS DE
HAMBRE Y ENCUESTAS
Spanish China (www.spanish.china.org.cn)
El panorama
electoral se caldea en Bolivia a 11 días de los comicios municipales y
departamentales, con huelgas de hambre de un partido opositor en varias
regiones, videos contra candidatos del partido gobernante y encuestas.
En la recta
final de las campañas electorales los cerca de 14.000 candidatos, de una
centena de partidos y agrupaciones ciudadanas, intensificaron sus campañas y se
aprestan a cerrarlas en diferentes regiones.
La
característica de la última jornada preelectoral ha sido marcada con la
"guerra sucia", consistente en la difusión de grabaciones secretas
contra candidatos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los
oficialistas se vieron sorprendidos y se limitaron a responder con
pronunciamientos de rechazo, además de acusaciones contra sus detractores.
El presidente
del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwing Valverde, consideró que en
Bolivia se está profundizando la guerra sucia apoyada por la tecnología y las
redes sociales, aprovechadas por la oposición de derecha para desacreditar a
más de un candidato del MAS.
De alguna u
otra forma la difusión de estos videos en las redes sociales y amplificadas por
los medios de comunicación llegan a la gente indecisa que se forma un criterio,
con la posibilidad de generar antipatía contra los candidatos y el partido
involucrado en esos videos.
Los candidatos
intensifican sus campañas con una serie de estrategias desde el contacto
"puerta a puerta", marchas, conferencias de prensa, debates, ferias,
redes sociales, propuestas, concentraciones hasta el bombardeo de la propaganda
en los medios de comunicación.
Para el
politólogo Franklin Pareja, en esta parte crucial de las campañas, la pelea se
focalizará por conseguir los votos de los indecisos que es entre 10 y 30 por
ciento en distintas regiones, para conseguir una victoria en las gobernaciones
y municipios.
El objetivo del
MAS, según e presidente Evo Morales, es conseguir la mayor cantidad de
alcaldías y gobernaciones, aunque reconoció que los comicios regionales
"siempre han sido diferentes a las elecciones nacionales".
Para Morales,
el objetivo es no perder en regiones donde el MAS históricamente ha demostrado
buen caudal de votos, tanto para las elecciones generales como las regionales,
como el caso de La Paz.
De acuerdo con
varias encuestas, los pequeños partidos regionales de oposición dominan, pero
en ningún caso la oposición logra un frente nacional.
En cambio, las
diversas fracciones opositoras quieren ser vencedoras en sus regiones sin
necesidad de ir a la segunda vuelta o en el caso de municipios, sin apelar a
alianzas con otros frentes políticos.
Los bolivianos
y bolivianas elegirán el 29 de marzo en los comicios regionales 4.975
autoridades, las cuales ocuparán los cargos de gobernadores, subgobernadores,
corregidores, ejecutivos seccionales de desarrollo, asambleístas
departamentales, asambleístas indígenas y asambleístas regionales en los nueve
departamentos.
También se
eligirán a alcaldes y concejales en los 339 municipios del país.
HUELGAS-ENCUESTAS
Militantes del
opositor Unidad Demócrata (UD) iniciaron una huelga de hambre el martes en las
ciudades La Paz y Trinidad, con la finalidad de evitar que su partido sea
suspendido y pueda participar en las elecciones regionales del 29 de marzo.
Esta medida
extrema se extendió a poblaciones amazónicas Riberalta y Guayaramerín, donde se
instalaron manifestantes con candidatos y militantes de ese frente.
El candidato a
la gobernación del departamento de Beni (norte), Ernesto Suárez, exigió a las
autoridades electorales (Tribunal Supremo Electoral) que se haga justicia y le
dejen participar en las elecciones, como hicieron en otros dos casos similares
que se presentaron en Cochabamba y La Paz.
Dijo además que
la UD tuvo que suspender sus actividades de campaña ante la incertidumbre por
la personería jurídica.
Si el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) resuelve anular la personería jurídica a UD en Beni
serán inhabilitados 228 candidatas y candidatos, sin contar con las
candidaturas de Tarija y otras regionales, lo que provocaría, a decir de
Suárez, un gran conflicto social.
Al menos tres
encuestas autorizadas por el TSE muestran a partidos regionales de oposición
como victoriosos en cuatro gobernaciones, contra cinco del MAS.
El MAS se
perfila para asumir la administración de cinco gobernaciones del país, donde es
líder, aunque el porcentaje de indecisos, según un estudio de intención de
voto, es alto.
Esto puede
provocar que el "balotaje" (segunda vuelta) se asome a otras tres
regiones donde el electorado aún no marca una tendencia definitiva respecto de
su voto a 11 días de los comicios regionales.
En cambio, en
los municipios el MAS tiene desventaja en siete de las 10 alcaldías principales
de Bolivia, según los sondeos.
De acuerdo con
el politólogo Ludwing Valverde, este panorama es casi similar al de las
elecciones regionales de 2010, no obstante los partidos y candidatos han
intensificado por lograr el voto de los indecisos.
BOLIVIA:
DESPIDEN A FUNCIONARIO POR FALTA DE ORTOGRAFÍA EN TWITTER
RPP
de Perú (www.rpp.com.pe)
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia despidió este miércoles a
un funcionario encargado de su cuenta de Twitter por haber cometido un error
ortográfico
al informar sobre los colegios electorales para los comicios regionales del
próximo 29 de marzo. "¿Sabes dónde botarás?" fue la pregunta
publicada el martes en la cuenta oficial del organismo electoral en esa red, lo
que desató varias críticas contra la institución por parte de los tuiteros.
Una fuente
oficial del organismo electoral confirmó a Efe que el funcionario fue despedido
tras el fallo ortográfico.
Además, la publicación en la cuenta de la institución está actualmente suspendida, mientras se hacen ajustes. El vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, también confirmó el despido a la edición digital del diario El Deber y declaró que el error afectó a la imagen de la institución.
Además, la publicación en la cuenta de la institución está actualmente suspendida, mientras se hacen ajustes. El vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, también confirmó el despido a la edición digital del diario El Deber y declaró que el error afectó a la imagen de la institución.
Para Ovando, la falta de ortografía podría haber sido
cometida a propósito con el fin de dañar la imagen del TSE. "No
creemos que haya sido un error porque es algo muy elemental, por eso nosotros
pensamos que ha sido intencionado y que nos querían dañar", dijo el
funcionario.
El TSE ha
recibido críticas en numerosas ocasiones, alguna de ellas también relacionada
con erratas en el material electoral.
Así, en las
papeletas de las elecciones presidenciales celebradas en octubre pasado podía
leerse "Estado Plurinominal de Bolivia", en lugar de "Estado
Plurinacional de Bolivia", que es el nombre constitucional de esta nación
andina.
HUMALA PIDE A BOLIVIA LA EXTRADICIÓN DE SU EX ASESOR
Agencia Reuters de Londres (www.thestar.com.my/News)
El gobierno del
presidente peruano Ollanta Humala, dijo que pediría a Bolivia la extradición de
un ex asesor para enfrentar cargos de corrupción en un escándalo que amenaza
con erosionar la popularidad de Humala. Una solicitud de extradición en breve
se enviará a La Paz, dijo el primer ministro Ana Jara en emisora local RPP
como críticos acusaron al gobierno de reparo para proteger a su antiguo aliado.
Martin Belaunde, asesor de campaña de Humala durante su campaña presidencial no 2006, huyó a la vecina nación andina el año pasado, después que la fiscalía exigió su arresto por cargos de soborno y asociación ilícita.
Martin Belaunde, asesor de campaña de Humala durante su campaña presidencial no 2006, huyó a la vecina nación andina el año pasado, después que la fiscalía exigió su arresto por cargos de soborno y asociación ilícita.
Los fiscales
dicen que Belaunde pertenecía a una red criminal que involucra el líder ahora
encarcelado de una región minera rica y había fijado los contratos públicos de
millones de dólares.
Belaunde ha
negado las acusaciones y dijo que está siendo perseguido políticamente. Su
regreso a Perú podría amplificar el escándalo seguido de cerca antes de las
elecciones del próximo año.
Humala ha
negado reiteradamente las acusaciones o conocimiento de presuntas actividades
delictivas de Belaunde.
El líder centrista ha estado luchando para impulsar el crecimiento económico de abanderamiento a la vez que defenderse de los ataques de un cada vez más poderosa oposición.
El líder centrista ha estado luchando para impulsar el crecimiento económico de abanderamiento a la vez que defenderse de los ataques de un cada vez más poderosa oposición.
Humala ha dicho
Belaunde fue asesor importante durante su campaña de 2006 y ayudó con algunas
actividades del partido en 2011, cuando el militar retirado ganó las elecciones
presidenciales en una carrera de segunda ronda cerca.
Pero los ex
miembros del partido activos en 2011 la candidatura de Humala han dicho
Belaunde era un coordinador de la campaña de alto nivel. Uno dijo Belaunde
había sido encargado de pagar los gastos relacionados con las reuniones
políticas.
Imágenes de
Belaunde con Humala y la primera dama, la cabeza de su partido nacionalista,
han circulado ampliamente.
Belaunde ha
estado bajo arresto domiciliario en Bolivia desde enero. Bolivia rechazó la
solicitud de Belaunde de asilo político de este mes.
En marzo, el
índice de aprobación de Humala subió 3 puntos a 25 por ciento en las reformas
educativas, el primer incremento desde diciembre. Aún así, la calificación se
mantiene en uno de los niveles más bajos de su gobierno, según Ipsos.
La creencia de
que hay corrupción en el gobierno de Humala ha sido la razón principal por la
desaprobación de él desde noviembre, tras el escándalo de Belaunde se hizo muy
conocido.
Humala también
se ha enfrentado a acusaciones, que él niega, que ordenó a espías para rastrear
oponentes. En Perú, los presidentes no pueden celebrar dos períodos
consecutivos. El partido de Humala no ha anunciado todavía un candidato 2016.
GARCÍA MEZA, A JUICIO EN ITALIA
El general García Meza está acusado en los tribunales de
Roma de ser uno de los exponentes del plan represivo Cóndor; actualmente se
encuentra detenido en su país y por eso el proceso se hará en ausencia.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
El ex dictador
de Bolivia general Luis García Meza será procesado como uno de los exponentes
del plan represivo Cóndor, junto a los 32 militares y civiles de cuatro países
latinoamericanos que están siendo ya enjuiciados en Roma por la misma causa. El
proceso al Plan Cóndor empezó en la capital italiana el pasado 12 de febrero,
después de más de doce años de investigaciones. Los militares y civiles
acusados, de Bolivia (2), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16) –algunos
detenidos y otros en libertad–, son procesados por la desaparición o asesinato
de 43 personas (6 ítaloargentinos, 4 ítalochilenos, 13 ítalouruguayos y 20
uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones
latinoamericanas en la década de 1970.
Del caso García
Meza se había hablado con insistencia sin que el juez de las investigaciones
preliminares, Alessandro Arturi, que mandó a juicio a los demás, hubiera podido
tomar una decisión definitiva por falta de cierta documentación. El martes, en
cambio, se dio a conocer que será enjuiciado junto a los demás.
Casi todos los
acusados serán procesados en ausencia, al menos por cuanto se sabe hasta ahora,
a excepción del uruguayo residente en Italia Jorge Néstor Troccoli, ex miembro
del servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, único acusado que se hizo
presente en la primera audiencia del proceso, el 12 de febrero, pero no en la
segunda del 12 de marzo. En esta oportunidad, su ausencia fue atribuida a la
presencia en el aula de la ex fiscal uruguaya Mirtha Guianze, actualmente
presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo, que en octubre declarará como testigo.
García Meza,
que se encuentra detenido en la cárcel de Chonchonoro de El Alto, en La Paz,
por estar acusado de asesinato y de complicidad con el narcotráfico, como general
y comandante de las Fuerzas Armadas fue el autor del golpe de Estado de julio
de 1980 contra la presidenta interina Lidia Gueiler, para evitar que el
candidato progresista Hernán Siles Suazo, que había ganado las elecciones,
asumiera la presidencia. En ese período hubo numerosos asesinatos políticos en
Bolivia.
En la lista de
los acusados se destaca también otro boliviano, el general Luis Arce Gómez,
jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor y luego, en el período
del golpe de García Meza, designado ministro del Interior. Arce Gómez también
está detenido en la cárcel de El Alto.
Unos 150
testigos de distintos países declararán en las audiencias del proceso Cóndor,
muchas a través de videoconferencias y otros presentes físicamente. La próxima
audiencia fue fijada para el 9 de abril y las restantes se harán hasta el mes
de diciembre de 2015 a un ritmo de dos a seis por mes, según los meses.
Entre los 33
acusados de este proceso, el primero que se realiza en Europa contra el Plan
Cóndor, se encuentran además los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de
Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del
Servicio de Informaciones de la Defensa (SID); y el coronel Pedro Antonio Mato
Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las
torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como
Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por
haber dirigido la Caravana de la Muerte, que asesinó presos políticos por todo
el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la
dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la
terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se
destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de
1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Martín
Martínez Garay; y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.
EL AMAZONAS CAPTURA MENOS CARBONO PORQUE LOS ÁRBOLES
ACORTAN SU VIDA
Noticias de la Ciencia de España (www.noticiasdelaciencia.com/not)
En las últimas
décadas, la selva amazónica ha actuado como un gran sumidero de carbono
ayudando a frenar el ritmo del cambio climático. Sin embargo, un artículo
publicado en Nature indica que esto comienza a cambiar. Los bosques están perdiendo
su capacidad de capturar carbono de la atmósfera porque la tasa de mortalidad
de los árboles se ha incrementado, según un amplio estudio que ha analizado
datos de 30 años en una serie de parcelas forestales y en el que han
participado casi 100 investigadores.
El dióxido de
carbono (CO2) es un ingrediente clave para la fotosíntesis, así que el aumento
de su presencia en la atmósfera, inicialmente estimuló el crecimiento de los
árboles de la Amazonia, que a su vez necesitaban absorber aún más carbono. Sin
embargo, a más largo plazo este fenómeno ha tenido consecuencias inesperadas.
Todas las fases de la vida de los árboles se aceleran, “viven más rápido”,
dicen los investigadores, así que también mueren más jóvenes.
Las tasas de
mortalidad se han incrementado más de un tercio desde mediados de la década de
1980 y esto está afectando a la capacidad del Amazonas para almacenar carbono,
según los datos recogidos en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guayana y Guayana Francesa.
“Todavía no
entendemos lo suficiente cuál es la relación entre el crecimiento de los
árboles y su mortalidad”, afirma en declaraciones a Sinc Roel Brienen,
investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad de Leeds, que ha
liderado el trabajo. Por eso, aunque los niveles de CO2 sigan aumentando en el
futuro, no cree que necesariamente la vida de los árboles siga acortándose.
“Tiene que
haber un límite, de la misma forma que existe un límite en la estimulación del
crecimiento”, asegura, puesto que los nutrientes son limitados y el incremento
de las temperaturas, que también prevé el cambio climático, podría frenar el
crecimiento acelerado de la vegetación que se ha observado en la actualidad.
Los científicos
creen que las recientes sequías y las temperaturas inusualmente altas en la
Amazonia también pueden haber tenido cierta influencia en estos resultados.
Aunque el aumento de la mortalidad de los árboles comenzó mucho antes de la
intensa sequía de 2005, la ausencia de precipitaciones parece haber incrementado
las muertes de árboles en millones.
En cualquier
caso, el artículo no deja lugar a dudas sobre la pérdida de capacidad de esta
región como sumidero de carbono. Desde los años 90, la cantidad de CO2 que
almacena la biomasa de los bosques amazónicos ha disminuido a la mitad y en la
actualidad ya ni siquiera absorben las emisiones de combustibles fósiles de
América Latina.
Los bosques
almacenan carbono en forma de biomasa en sus tallos, hojas, raíces o en la
materia orgánica del suelo. Por eso, estos nuevos datos son especialmente
llamativos en relación con las previsiones sobre cambio climático, ya que
muchos modelos dan por supuesto el aumento continuo del almacenamiento de
carbono por parte de los bosques tropicales y ahora se demuestra justo lo contrario.
“Esperamos que
este trabajo sirva de acicate para mejorar los modelos, que también deben
simular la mortalidad de los árboles”, comenta Roel Brienen. “De las emisiones
humanas de CO2, el 45% son absorbidas por el océano y la tierra, pero más de la
mitad vuelve de nuevo a la atmósfera. Si observamos que otros bosques
tropicales también pierden su papel como sumidero y esta situación continúa en
el futuro, necesitaríamos recortes más profundos en las emisiones de gases de
efecto invernadero”, declara.
A partir de
este trabajo, los científicos se plantean, por un lado, comprender mejor el
aumento de la mortalidad de los árboles, y por otro, extender el estudio a
bosques de todo el mundo a la vez que siguen vigilando la Amazonia.
El trabajo
publicado por Nature ha sido coordinado por la Red Amazónica de Inventarios
Forestales (RAINFOR), una singular red de investigación dedicada a monitorear
los bosques amazónicos en 321 parcelas forestales permanentes de la Amazonia
distribuidas por los ocho países participantes y que juntas suman seis millones
de kilómetros cuadrados. Los investigadores han identificado y medido 200.000
árboles y han registrado la muerte y el nacimiento de otros muchos desde la
década de 1980.
Alhama de España (www.alhama.com/digital)
En esta segunda
oportunidad “ataba” esa carencia y con puntualidad alemana me recogían a las
ocho y me dejaban en la lancha para realizar esa salida, chocante y única: la
visita a las islas flotantes de los uros. El ingenio humano y el uso de los
recursos disponibles en el entorno de acuerdo con las características de la
naturaleza, coloca al hombre ante la tesitura de seguir adelante y no deja de
sorprender porque es apasionante descubrir que unos simples juncos [no sé si
las fotografías permitirán observarlos detenidamente]pueden obrar milagros;
aquí son materia prima insustituible para construir sus “barquitas” y todo
cuanto necesitan en sus “peculiares islas privadas”[personalmente me hacía
recordar la maestría con la que el “sillero” en las Calles Bajas hacía su tarea
cotidiana arreglando los culos de las sillas con las aneas que se podían
conseguir en diferentes puntos de la geografía “jameña”, entre otros en los
denominados “chortales” del Cortijo las Cuadras que me vio crecer].
La realidad es
sencilla, los juncos que crecen en las aguas del Lago Titicaca son seccionados
pacientemente en trozos más o menos de medio metro cuadrado y se transportan a
la “islita” que cada familia se ha montado, sólo permanece en contacto con el
agua la parte que estaba hundida, o sea, la de las raíces que ha creado una
especie de “tramado” que la hace compacta y permite flotar. Los restos se
utilizan a modo de alfombra natural que trata de combatir la humedad, sobre
todo durante la noche, cuando el lago se convierte en algo insalubre y acogota
a los nativos [sobre todo a los mayores] por los inevitables dolores de huesos:
artritis y reuma. Cada familia conforma “su espacio”, pero también encontramos
zonas comunales, mercado, escuela, restaurante, etc. Todo gestionado,
naturalmente, en sentido comunitario [en definitiva el sistema comunista no lo
inventó Marx ni mucho menos otros ideólogos, porque ese “teórico paraíso” ya
existía por otros lugares del mundo desde hacía centenares de años.
Evidentemente,
ponernos a tratar el tema nos llevaría a un camino sin salida y lo mejor es
dejar fluir el relato sobre esta peculiar zona andina]. La mayoría de los
habitantes de la zona vive de la pesca y de los pequeños trueques entre
comunidades. El turismo les aporta pequeños ingresos [pero los ha culturizado]
y la familia que te acoge en su islita tratará de sacar algunos soles vendiendo
las artesanías tan pacientemente confeccionadas [generalmente las hacen las
mujeres, aunque a decir verdad, todos “pencan”, aquí no tienen subsidios y hay
que ingeniárselas para sobrevivir]. No piden nada, pero lógico es agradecerles
la gentileza llevándose algún recuerdo que en el momento más inesperado te
devolverá a “revivir” aquella experiencia.
Las barcazas
tradicionales son de totora y disponen de una pequeña atalaya para que los que
quieran puedan contemplar el paisaje más allá del horizonte que, a veces, sólo
te deja ver las plantas acuáticas. Tras la visita suelen llevar a los grupos a
la isla que hace de Centro Social y allí se degusta algún pescado del lago,
cerveza o fruta, como en cualquier otro rincón del mundo al que llegan los
turistas. Si el sol es de campeonato [y lo es porque a 4000 metros de altura
estamos más cerca del astro rey y su potencia se hace notar, imprescindible
protector solar o gorra] en un cielo impecable en su coloración azul. Uno
entiende por qué el cuerpo te pide líquido y también por qué los que viven en
las islas son indígenas más morenos de lo habitual: salvo en el interior de las
cabañitas, prácticamente desde que sale el sol y hasta que se pone están bajo
su influencia, la región presume de casi once meses de sol espléndido y un azul
clarísimo durante todo el año. Según nos explicó el guía, apenas 300 personas
quedan en este peculiar archipiélago flotante.
Los uros fueron
un antiguo pueblo de la región, hoy desaparecido, aunque las islas flotantes
conservan el topónimo. Otras islas, como las tenemos asimiladas son las de
Taquile (la más visitada), Amantaní y, frente a ella, al otro lado del lago, se
encuentra la isla de Soto. Algunos viajeros prefieren tomar esa ruta más
salvaje [o sea: menos comodidades para realizar el trayecto hasta pasar a la
vecina Bolivia] partiendo desde la desolada Juliaca, ciudad en la que durante
mi estancia hubo varias muertes porque habían empinado el codo y se quedaron al
raso, durante la noche el mercurio baja con inusitada rapidez y la hipotermia
los abatió [sería interesante que nuestros sesudos “políticos” que ya han
dejado caer de hacer “soplar” hasta a los peatones, que propusieran esa
“vacuna” a sus colegas peruanos, igual conseguían salvar a alguien, aunque a
mime dice la “mosca” que lo único que están estudiante es cómo sacarnos “los
cuartos”; se ve que con el “trilerismo” que nos montaron no han tenido
suficiente y buscan nuevos “umbrales” de negocio –para ellos, claro-].
Los uros
llegaron a la zona cansados de las presiones que ejercieron los Collas e Incas,
en el lago se aislaron por completo y los restos de aquella huida idearon la
forma de sobrevivir montando las islas flotantes sobre las que continuaron con
sus tradiciones y, curiosamente, sus barcas tradicionales que ahora transportan
a los visitantes, dicen que son idénticas a las que se emplearon en el Antiguo
Egipto; la única diferencia es la planta empleada, papiro y totora
respectivamente. Los que tengan tiempo para quemar, en la región dicen que la
experiencia de pernoctar con los nativos es única e irrepetible aunque apenas
hablen español. Lo único realmente constatable es la pérdida de la autenticidad
ante el aluvión de extranjeros que se pasea por la región [hace dos décadas se
contaban con los dedos de la mano].
En Taquile continúan
vigentes las normas impuestas en el histórico incanato y hay que realizar un
pago simbólico para poder acceder a ella, siempre hay alguien listo para
recordárselo al recién llegado [al margen de los letreros como espero refleje
alguna de las fotos]. Los pequeños poblados existentes a orillas del lago viven
de los recursos que este genera y el constante tráfico transfronterizo. El
pueblecito de Chimu sería una de esas escalas imprescindibles para ver cómo se
hacen las barcas de totora, allí encontraremos a los mejores artesanos de toda
la región, verdaderos maestros en el arte de trenzar y entrelazar las totoras
que permitirán cruzarlas aguas con toda tranquilidad. En Juli se puede uno
entretener esperando el transporte lacustre para ir hasta Bolivia a través de
algún catamarán, generalmente sale uno al día, así que hay que tener la
precaución de intentar conseguir alojamiento y llegar el día anterior para
poder saborear el ambiente sencillo de sus gentes; no hay mucho que ver, salvo
algunas iglesias coloniales que, lógicamente, están a un tiro de piedra entre
ellas, lo más aconsejable es disfrutar de la quietud que nos ofrece este lugar
que está a casi un centenar de kilómetros de Puno [también aquí se puede tomar
el barco hasta Bolivia, pero ciertamente no lo utiliza mucha gente, debido a su
alto coste, está pensado para el turismo].
DOS DOCUMENTOS REVELAN POLÍTICA INJERENCISTA DE ESTADOS
UNIDOS
VTV
de Venezuela (www.vtv.gob.ve/articulos)
Dos documentos
elaborados y suscritos por expertos del ejército de EEUU y el Comando Sur,
revelan que desde 2008 y hasta 2020, el Gobierno de Washington mantiene una
agenda con “empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva,
guerras de teatro principal, conflictos regionales y contingencias de menor
escala” en el hemisferio sur.
De acuerdo con
estos documentos, durante el período que media entre los años anteriormente
mencionados, se prevé “apoyar enérgicamente el financiamiento militar
extranjero, para que nuestros países socios puedan adquirir (…) servicios y
entrenamiento militar de Estados Unidos”.
DOS PROPUESTAS
Y UN SOLO OBJETIVO
Uno de los
documentos denominado United States Southern Command Strategy 2018 (Estrategia
del Comando Sur de EEUU 2018), fue redactado bajo la responsabilidad del almirante
James Stavridis y consignado en 2008, reveló la investigadora Rina Bertaccini,
presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los
Pueblos (Mopassol) de Argentina, y vice presidenta del Consejo Mundial por la
Paz.
De acuerdo al
referido informe, el plan del Comando Sur fue presentado al Gobierno
estadounidense en 2008, año en que coincidencialmente la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), creó el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) integrado
por los ministros de Defensa de Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú y Uruguay.
El otro
documento, Joint Visión 2020 (Visión conjunta 2020), elaborado por expertos del
ejército de EEUU, no está pensado como proyecto para el futuro sino como un
proceso de actualización permanente de la doctrina militar con el objetivo
estratégico de “prepararnos ya para un futuro incierto”.
La fase de
aceleración del programa –de acuerdo a las expectativas que manejan los
autores– podría producirse cuando se logre “trabajar a través de los canales
político-militares y diplomáticos para ampliar la libertad de movimiento de
Estados Unidos en todo el hemisferio occidental”.
TERRITORIOS,
ESPACIO Y COMUNICACIÓN
Para
desarrollar el programa JV2020, los expertos militares norteamericanos fijan
cuatro metas. Una de ellas (punto 1) contempla “la movilización avanzada de
Estados Unidos para defender los accesos del sur”, mediante la “capacidad de
operar en los espacios, aguas internacionales, aire y ciberespacio comunes
mundiales y desde ellos”, reza el texto.
Este aspecto
incluye de manera especial al uso intensivo de los medios de comunicación
nacionales e internacionales para “afectar la información y los sistemas de
información, al tiempo que se defiende la información y los sistemas de
información propios…”.
El proyecto
JV2020 destaca igualmente la coordinación “entre elementos del Departamento de
Defensa y las agencias involucradas del Gobierno de EEUU, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones voluntarias privadas, y organizaciones
regionales e internacionales”.
Para este punto
proponen una alianza que incorpore “todos los instrumentos de autoridad
nacional, entre ellos, diplomáticos, de información, militares, económicos,
financieros, de inteligencia y jurídicos” y “organizaciones no gubernamentales”
(…) “junto con el Plan Regional de Guerra contra el Terrorismo”.
Los analistas
militares están en conocimiento de las discrepancias internas entre los grupos
nacionales que apoyan a EEUU. En ese sentido, enfatizan que el objetivo debería
lograrse “a pesar de las diversas culturas, intereses en pugna y diferentes
prioridades de las organizaciones participantes”.
CÓMO ACTÚA EEUU
Y POR QUÉ
Bertaccini
subraya en su reporte la importancia del párrafo anterior, que a su juicio
contiene lo que el imperio está aplicando sistemáticamente en el continente.
En la política
de militarización actúan no solamente las fuerzas armadas de EEUU propiamente
dichas, sino además otras agencias gubernamentales –como la Usaid, la NED– y
cada vez más involucran a organizaciones no gubernamentales y organizaciones
privadas de voluntarios que supuestamente vienen a “ayudar generosamente” a la
población en proyectos de paz y desarrollo, los cuales cuentan con enormes
recursos financieros para llevar adelante sus planes.
Añade la
investigadora que el texto JV2020 deja entrever cómo el gobierno de EEUU
visualiza su propia política de dominación y su futuro desarrollo en la
siguiente frase: “Los intereses globales y las responsabilidades de Estados
Unidos persistirán, y no hay indicación de que las amenazas vayan a
desaparecer”.
El programa
prioriza “los conceptos estratégicos de fuerza decisiva, proyección de poder,
presencia en ultramar y agilidad estratégica (que) continuarán rigiendo
nuestros esfuerzos para cumplir con esas responsabilidades y enfrentar los
retos del futuro”.
EL IMPERIO DICE
LO QUE QUIERE
Según
Bertaccini el JV2020 evidencia “tres aspectos del mundo en el año 2020 que
tendrán implicaciones significativas”. El primero es que “Estados Unidos
continuará teniendo intereses globales y estará comprometido con una serie de
actores regionales”.
“Nuestra
seguridad e intereses económicos y nuestros valores políticos, darán el ímpetu
para nuestros compromisos con nuestros socios a nivel internacional. La fuerza
conjunta 2020 debe estar preparada para ‘ganar’ en todo el espectro de las
operaciones militares, en cualquier lugar del mundo”, destaca como la filosofía
gringa.
CONTROL AÉREO
SOBRE AMÉRICA LATINA
El programa
2008-2020 evalúa la potencialidad de los aliados de Estados Unidos a través de
ejercicios militares. Del 23 al 31 de julio de 2014, el Comando Sur organizó en
Tolemaida, Colombia, una competencia de habilidades entre equipos militares de
asalto y francotiradores de sus países aliados.
Como parte de la evaluación, el Comando Sur (AMC, por sus siglas en inglés) declaró que “casi la mitad del continente puede ser cubierto por un C-17 sin recarga de combustible” desde la base militar de Palanquero”. Colombia obtuvo el primer lugar del evento y Estados Unidos el segundo.
Como parte de la evaluación, el Comando Sur (AMC, por sus siglas en inglés) declaró que “casi la mitad del continente puede ser cubierto por un C-17 sin recarga de combustible” desde la base militar de Palanquero”. Colombia obtuvo el primer lugar del evento y Estados Unidos el segundo.
Estrategias
paralelas del Comando Sur
El Comando Sur
de Estados Unidos realiza en forma simultánea operaciones de guerra contra
algunos gobiernos no afectos a Estados Unidos, pero también asesora a los ejércitos
de los países aliados a fin de que realicen acciones de orden policial interno
en muchos de los 31 países de América Latina y el Caribe, en los que tiene
representación institucional y dependencias oficiales.
Ambos rostros
del Comando Sur son descritos en una extensa investigación publicada en la
versión digital del diario hondureño El Heraldo.
Tal es el caso
de la Operación Martillo, que tiene por objeto combatir el tráfico ilícito
marítimo en la zona de América Central.
El Comando Sur
participa a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatfs).
Forman parte de la Operación Martillo, además, unidades militares de Belice,
Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Reino Unido.
El Heraldo, sin
embargo, recuerda que el instrumento militar que utiliza Estados Unidos para
posicionarse en América Latina es el Comando Sur. El diario cita declaraciones
del almirante James Stavridis, ex jefe de esa institución militar, al ser
consultado sobre la relación del Comando Sur con la reactivación de la Cuarta
Flota estadounidense.
Stavridis
señaló que esa estrategia obedece a la aparición de regímenes
antiestadounidenses en América Latina y el Caribe, como los de Venezuela y
Bolivia, entre otros.
También refiere
que el objetivo que enmascara dichas actividades es neutralizar la influencia
de Rusia y China en la región, aparte de combatir al Hezbolá, una organización
antiisraelí, de origen libanés con presencia importante en Irán.
ESTADOS UNIDOS, VENEZUELA Y UNASUR: CUATRO PREGUNTAS
Las sanciones no se han tomado contra el país, sino
contra siete funcionarios responsables por violaciones a los derechos humanos
El País de España (www.elpais.com.es)
El reciente
anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos a siete
funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en razón de severas violaciones a
los derechos humanos ha gatillado pronunciamientos de alto calibre en la
región. La Asamblea Nacional venezolana concedió a Maduro autorización para
gobernar por decreto para “garantizar la pervivencia de la nación” ante
sanciones que el Presidente calificó como una intervención de tipo "enloquecido,
infame, infausto y vergonzante". Legislar “de manera ágil” evitaría
efectos perniciosos de la injerencia de “potencias extranjeras” —en plural— y
reforzaría la “protección de la economía local ante los causantes de la guerra
económica”.
No menos
dramática fue la encrucijada trazada por Maduro para el resto de la región (“o
se está con Venezuela, o se está con el imperio yanqui”). La Unión de naciones
sudamericanas, UNASUR, no dejó lugar a dudas de su posición, pues consideró
estas medidas como contravenientes de la legalidad internacional, al amenazar
—a su juicio— la soberanía y el principio de no intervención en asuntos
internos de otros Estados. La expresión “derechos humanos” brilla por su
ausencia en el breve comunicado de UNASUR. Su identificación con la posición
del gobierno venezolano es total, erosionando la posibilidad de ejercer buenos
oficios para fomentar diálogo o mediación en calidad de tercero imparcial.
Estos hechos
deben generarnos cuatro preguntas. Y la primera debe ser si estas reacciones
son proporcionales a la causa que las genera. No cabe duda que Caracas tiene el
derecho soberano de sentirse ofendida por las medidas tomadas por el gobierno
estadounidense. Sin embargo, estas acciones no son "el paso más agresivo,
injusto y nefasto jamás dado contra Venezuela" como las describió Maduro.
Las medidas no se han tomado contra el país en su conjunto, ni contra todos sus
ciudadanos, ni contra su economía, el comercio o las inversiones bilaterales,
sino sólo respecto de siete funcionarios con responsabilidades individuales por
violaciones severas y masivas a los derechos humanos. Individuos que —a mayor
abundamiento— no están amparados por inmunidad (que podría caber para altos
oficiales). A estos siete individuos se les prohíbe el ingreso a territorio
estadounidense y se les impide realizar transacciones relativas a bienes
localizados en Estados Unidos.
El restringido
ámbito material y personal de estas sanciones responde a la primera pregunta.
Lo siguiente es que nos preguntemos si estas sanciones —tan individuales que
llegan a ser simbólicas—se ajustan a derecho. ¿Tiene razón Unasur en llamarlas
ilegales? La justificación dada por la administración Obama fue el respeto a
los derechos humanos y la salvaguarda de instituciones democráticas en el marco
del derecho internacional. Estas normas se contienen tanto en tratados de los
cuales Venezuela y Estados Unidos son signatarios, como en el derecho
internacional consuetudinario.
Las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos
internos". Son la excepción al principio de no intervención
Unasur —que
curiosamente no contempla un director jurídico entre su staff senior,
recientemente reclutado— da la impresión a través de su comunicado que los doce
cancilleres firmantes no creyeron necesario evaluar la legalidad de estas
medidas con la ayuda de un jurista especializado. Pues si lo hubieran hecho,
los cancilleres habrían sopesado —antes de firmar— el hecho que las violaciones
graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Es decir,
tales violaciones son la excepción al principio de no intervención. Y en el
caso de Venezuela, estas violaciones han sido establecidas por la ONU y los más
respetados organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos,
incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Las
obligaciones internacionales esenciales relativas a los derechos humanos las
asume cada Estado frente a toda la comunidad internacional: no frente a grupo
de Estados en particular. Ni siquiera es necesario firmar un tratado para estar
obligado por estos principios. Como revisten suprema jerarquía, y los
mecanismos multilaterales existentes no cuentan con una policía central para
forzar la ejecución de estas obligaciones, es posible adoptar sanciones contra
el Estado infractor tanto en foros multilaterales como de manera unilateral. Lo
de Venezuela es un caso que tiene precedentes de sanciones de rango material y
personal muchísimo más elevado (Siria, Zimbabue, Irán, Corea del Norte, por
nombrar algunos). Frente a esas sanciones, las sanciones de Estados Unidos para
siete funcionarios venezolanos quedan como lo que son: un gesto menor y que el
derecho, excepcionalmente, permite.
La tercera
pregunta es ¿Por qué Estados Unidos? ¿No hay aquí doble estándares? Se
argumenta que que el récord de cumplimiento de derechos humanos de las
potencias –y hablemos en plural- dista de ser perfecto. Es verdad que pese a la
jerarquía de los derechos humanos en el sistema internacional, los países en
general tienden a evitar tomar acciones propias cuando se violan los derechos
humanos en otro Estado: inevitablemente, las medidas generarán una controversia
con el país frente al cual se adoptan. Pero tal renuencia no significa que cada
Estado –cualquiera- no pueda, individualmente, adoptar sanciones, algunas
pequeñas, otras más considerables. Y para hacerlo, el derecho internacional no
pide exhibir una hoja de vida sin mácula (no hay Estado que la tenga).
Los efectos
prácticos para los siete funcionarios venezolanos afectados por las sanciones
son mínimos. El impasse entre Washington y Caracas eventualmente se
solucionará. Pero la pregunta final, que es la más importante, queda sin
respuesta: ¿qué efectos tendrá para las garantías individuales de sus
ciudadanos el que Venezuela -donde ya la represión lleva una cuenta creciente
de muerte y tortura- sea gobernada por decreto?
PERU'S HUMALA TO ASK BOLIVIA TO EXTRADITE HIS FORMER
ADVISOR
Agencia Reuters de Londres (www.thestar.com.my/News)
(Reuters) - The government of Peruvian President Ollanta Humala said on
Wednesday it would ask Bolivia to extradite a former advisor to face corruption
charges in a scandal that threatens to erode Humala's popularity.
An extradition request will soon be sent to La Paz, Prime Minister Ana
Jara said on local broadcaster RPP as critics accused the government of
demurring to shield its former ally.
Martin Belaunde, Humala's campaign advisor during his failed 2006
presidential bid, fled to the neighbouring Andean nation last year, after prosecutors
demanded his arrest on charges of graft and unlawful association.
Prosecutors say Belaunde belonged to a criminal network involving the
now-jailed leader of a rich mining region and had fixed million-dollar public
contracts.
Belaunde has denied the accusations and said he is being persecuted
politically. His return to Peru could amplify the closely followed scandal
ahead of elections next year.
Humala has repeatedly denied any wrongdoing or knowledge of Belaunde's
alleged criminal activities.
The centrist leader has been struggling to jumpstart flagging economic
growth while also fending off attacks by an increasingly powerful opposition.
Humala has said Belaunde was an important advisor during his 2006
campaign and helped with some party activities in 2011, when the retired
military officer won the presidential election in a close second-round race.
But former party members active in Humala's 2011 bid have said Belaunde
was a high-level campaign coordinator. One said Belaunde had been tasked with
paying expenses related to political rallies.
Images of Belaunde with Humala and the first lady, the head of his
nationalist party, have circulated widely.
Belaunde has been under house arrest in Bolivia since January. Bolivia
rejected Belaunde's request for political asylum this month.
In March, Humala's approval rating rose 3 points to 25 percent on
education reforms, the first increase since December. Still, the rating remains
at one of the lowest levels in his government, according to Ipsos.
The belief that there is corruption in Humala's government has been the
top reason for disapproving of him since November, after the Belaunde scandal
became well-known.
Humala has also faced allegations, which he denies, that he ordered
spies to track opponents.
In Peru, presidents cannot hold two consecutive terms. Humala's party
has not yet announced a 2016 candidate.
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