EL POLÉMICO PANORAMA DE LAS OBRAS DE SINOHYDRO EN BOLIVIA

La constructora china tiene seis proyectos en el país, pero ha tenido dificultades para ganarse al público, enfrentándose a quejas por daños ambientales, problemas laborales y la calidad de las obras 

En la madrugada del 6 de mayo, un vehículo atropelló a un jaguar cerca de las obras de ampliación de un tramo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en el centro-este de Bolivia. El incidente habría pasado desapercibido de no ser por lo que ocurrió con el cuerpo del felino.
Tras ser alertados del incidente por lugareños y guardabosques, agentes de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) encontraron su cabeza desmembrada y tres de sus extremidades semienterradas, junto con su piel entera extendida sobre una tabla, en un campamento de la empresa china Sinohydro, encargada de las obras.
Funcionarios del gobierno declararon a los medios de comunicación que sospechaban que las piezas habían sido desmembradas con la intención de venderlas. Las partes fueron recuperadas por las autoridades, y tres empleados de Sinohydro ―dos bolivianos y un paquistaní― fueron vinculados al incidente, aunque inicialmente no se informó de ninguna detención, ni se había identificado al conductor que golpeó al jaguar. El trabajador paquistaní habría entregado voluntariamente la cabeza y los cuatro dientes del jaguar, según un informe policial al que Dialogue Earth tuvo acceso.
En el país, al menos cinco leyes nacionales protegen a los animales y sancionan el biocidio y el tráfico de fauna silvestre con hasta ocho años de cárcel. En el caso del jaguar, existe un plan nacional para su conservación en Bolivia, ya que está “casi amenazado”, según la UICN. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades. Al proceso legal se sumó la Gobernación de Cochabamba, dijo Sandra Montaño, asesora legal de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba, un organismo ambiental estatal.
El hecho cobró relevancia nacional por fotografías cruentas que circularon por redes sociales del cuerpo del animal.
Otros tres empleados de Sinohydro, de sus departamentos jurídico, de recursos humanos y de medioambiente, ayudaron a las autoridades policiales a recuperar las partes de los animales, mientras que los dos trabajadores bolivianos presuntamente implicados en el incidente abandonaron el campamento de la empresa poco después, según informaron medios locales. Pero este hecho ha sido otro episodio potencialmente perjudicial para la empresa en Bolivia, donde se ha enfrentado a desafíos desde que llegó al país en 2013.
La constructora china ―filial de la empresa estatal PowerChina― participa en seis proyectos de infraestructura vial y de energía en Bolivia, pero ha sido objeto de quejas por parte de organizaciones ecologistas y funcionarios del gobierno, relacionadas con su historial de deforestación en los alrededores de los emplazamientos de los proyectos, conflictos laborales y la calidad de las obras que ha entregado.
Denuncias ambientales
La primera vez que el nombre de la empresa apareció en medios de prensa por denuncias ambientales fue en 2017. Tomás Monasterio, entonces diputado del partido Demócrata, de oposición al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó una demanda penal por la deforestación de 6,8 hectáreas de bosque, a orillas del río Surutú en Santa Cruz, lo que, según él, aumentaba el riesgo de inundaciones y ponía en peligro a las comunidades locales. Casi un mes después, presentó una segunda querella por 1,8 hectáreas más, esta vez a orillas del río Piraí, que se produjo a pesar de la normativa que prohíbe cualquier tala a menos de 100 metros de un río para proteger el medioambiente. En ambos casos, las actividades se dieron como parte de la doble vía Montero-Yapacaní, en Santa Cruz.
“Fue un desmonte salvaje”, recuerda ahora el exparlamentario en entrevista con Dialogue Earth. Durante la inspección ocular en el Surutú , dijo, el personal de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) también encontró “desechos tóxicos enterrados”.
La ABT anunció la imposición de una multa de unos 14.000 BOB (2.018 USD) por el primer caso, junto con la orden de reforestar toda la zona, y la duplicación de la multa por el segundo. En ambos casos, la ABT confirmó que no había autorización para desmontar el terreno. Sin embargo, Humberto Nazra, fiscal de obras de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), declaró a los medios que no creía que Sinohydro hubiera actuado de mala fe, y dijo que la empresa había reconocido sus errores y estaba cumpliendo las órdenes que le habían dado las autoridades.
Monasterio presentó entonces una tercera denuncia penal. Dijo que mientras realizaba una inspección en el sitio deforestado del Surutú, un grupo de miembros de la comunidad local ―que según él estaba formado por empleados de Sinohydro y personas que apoyaban a la empresa y a los políticos que aprobaron los proyectos― lo “retuvieron” y “amenazaron con lincharlo”, por lo que “tuvo que salir huyendo del Surutú”.
El exparlamentario dice que se sorprendió al ser informado, cuando terminó su mandato legislativo en 2021, de que sus tres denuncias fueron rechazadas por supuestas pruebas insuficientes, a pesar de que los delitos ambientales cometidos estaban demostrados y ya eran objeto de multas.
El caso Ivirizu
Sinohydro se ha enfrentado a nuevas críticas sobre su actuación medioambiental en Bolivia, al ser mencionada ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) en 2023. El caso de la central hidroeléctrica Ivirizu, en construcción en Cochabamba, fue destacado por Franco Albarracín, investigador de la organización ambientalista Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), quien presentó ante el Comité un informe que evalúa las actividades empresariales de China en América Latina y su cumplimiento con las obligaciones internacionales y las leyes de derechos humanos.
En el documento se lee que las obras de la central hidroeléctrica “han afectado más de 280 hectáreas de bosque dentro del área protegida del Parque Nacional Carrasco [en Cochabamba], hábitat de especies de flora y fauna en peligro de extinción”. Asimismo, dijo que “habrá un impacto sobre 18 comunidades ubicadas en los municipios de Pocona, Totora y Mizque”.
“Ivirizu es un proyecto particularmente complicado”, dijo a Dialogue Earth el investigador Marco Gandarillas, responsable de monitoreo de inversiones chinas de la ONG Latinoamérica Sustentable. “Desde la deforestación y el tratamiento de residuos de la deforestación, hasta la intervención como tal”, aseguró. Además, denunció incursiones en el área protegida por parte de “colonos” (término utilizado a menudo en Bolivia para referirse a personas de la región andina que buscan tierras en la zona tropical), lo que, según él, ha sido posible gracias a la creación de carreteras y caminos para el movimiento de trabajadores y materiales.
Para el desarrollo de este proyecto ―que la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) declaró en 2016 que serviría para generar excedentes de electricidad para la exportación―, un dossier del Cedib señala que se modificó la zonificación del área protegida. La obra había sido declarada “de interés y prioridad nacional” por el gobierno apenas un mes antes de la modificación. En mayo de 2023, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía anunció que el proyecto tenía un avance de “más del 86%”.
Además, cuando más de 50 organizaciones ambientalistas bolivianas enviaron una carta en 2020 a Sinohydro, una de las peticiones que se hizo fue que hicieran públicos los estudios ambientales, en los que se afirmaba que la intervención de la central en el parque “tendrá impactos irreversibles”, denuncia Gandarillas. “Pero tanto la empresa como las autoridades bolivianas se negaron”, asegura.
Sinohydro no ha respondido directamente a estas cuestiones, y no respondió a los pedidos de comentarios de Dialogue Earth. En un artículo de 2023 publicado en el sitio web de la empresa matriz PowerChina se hacía referencia a la obtención de los permisos de evaluación de impacto ambiental y de tala de árboles en 2018, e hincapié en los intentos del proyecto de adherirse a la legislación ambiental boliviana, afirmando que había “seguido estrictamente” las medidas de protección del ambiente y “garantizado que no se dañe la ecología local”.
En su página oficial, ENDE da cuenta de que Ivirizu “es una solución sostenible para enfrentar los desafíos energéticos de Bolivia”. Además, asegura que se realizaron estudios de impacto ambiental y se implementaron medidas de prevención y mitigación para proteger la biodiversidad y los ecosistemas locales. “Ivirizu es el primer proyecto en Bolivia que implementa planes de rescate de flora y herpetofauna como medida de mitigación con base a la licencia ambiental”, se lee.
Demandas laborales y de calidad
En 2021, Sinohydro también estuvo vinculada a presuntas vulneraciones laborales en Ivirizu, constatadas por la Defensoría del Pueblo, cuyo informe también señalaba la falta de actuación del Ministerio de Trabajo. Estas infracciones estaban relacionadas con la subcontratación y la externalización, así como con las malas condiciones de los alojamientos de los trabajadores.
También se denunciaron conflictos en la construcción de la carretera Padilla-El Salto, en el departamento de Chuquisaca, en 2018, donde un empleado chino de Sinohydro fue detenido tras presuntamente agredir a una mujer que trabajaba para uno de sus subcontratistas, que protestaba por el impago de sus salarios. El incidente desató hostilidades más amplias, con trabajadores de la empresa subcontratada y otras organizaciones locales bloqueando los campamentos de Sinohydro. La empresa negó inicialmente las acusaciones, afirmando que el pago era responsabilidad de su subcontratista, y afirmó por el contrario que sus trabajadores eran las víctimas del incidente, al habérseles impedido por la fuerza la entrada en su campamento. Sin embargo, más tarde se informó que había pagado los salarios no percibidos y aceptado retirar del proyecto al empleado implicado en la supuesta agresión.
En otra de las obras —la doble vía El Sillar, que une a Santa Cruz con Cochabamba— Mikenny, una empresa subcontratada por la compañía asiática, fue demandada por “incumplimiento de normas laborales y de seguridad industrial” en 2022. De hecho, entre 2015 y 2019, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) registró 153 denuncias a Sinohydro por temas laborales en Bolivia —la empresa con más denuncias entre las 17 compañías chinas activas en el país durante el periodo— y seis “proyectos conflictivos”, o que han causado conflictos ambientales y laborales.
El proyecto El Sillar fue entregado e inaugurado en noviembre de 2023, pero posteriormente recibió quejas de la ABC después de que la prensa registrara socavones y derrumbes en al menos diez tramos de la carretera, lo que llevó a la autoridad a exigir garantías a Sinohydro sobre las obras de reparación. Estas obras siguen en curso, y se encuentran cerca del lugar donde fue golpeado el jaguar.
Dialogue Earth intentó comunicarse con autoridades y representantes de Sinohydro, sin éxito. En una revisión hemerográfica exhaustiva, se evidenció que la firma emite comunicados de prensa por temas sociales, pero rara vez concede entrevistas. En una de las pocas disponibles, el director de la filial en Bolivia en 2016 trató de defender a la empresa en medio de los retrasos en varios de sus proyectos. En diciembre de 2023, un gerente concedió otra en la que afirmaba el compromiso de la empresa de realizar obras de reparación en el proyecto El Sillar.
Sinohydro tiene políticas de desarrollo sostenible, pero son muy poco conocidas fuera de China
Tanto la actual senadora Cecilia Requena, del opositor partido Comunidad Ciudadana, como el entonces diputado Monasterio dijeron que, en sus atribuciones fiscalizadoras, pidieron informes a diferentes ministerios por las denuncias ambientales contra la firma china.
En el caso de Requena, a raíz del caso del jaguar desmembrado, en junio pasado pidió mayores datos al Ministerio de Gobierno sobre la intervención de la Policía en el caso, al Ministerio de Ambiente para conocer las licencias ambientales concedidas a Sinohydro, y al Ministerio de Obras Públicas sobre la afectación a fauna silvestre, entre otros. Al cierre del presente reporte, todavía esperaba las respuestas.
“Sinohydro tiene políticas de desarrollo sostenible, pero son muy poco conocidas fuera de China. De hecho, China también tiene mecanismos de diálogo abiertos y efectivos para facilitar el intercambio de información sobre temas de interés común, como los medioambientales. Nosotros hemos hecho la única compilación en español de ello, pero no ha habido ninguna respuesta a las comunicaciones”, lamenta Gandarillas de Latinoamérica Sustentable.
Tras la revisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 2023, en cuyo marco las ONG latinoamericanas presentaron su informe sobre las inversiones chinas en la región, el gobierno chino emitió una respuesta en la que declaraba su intención de estudiar las conclusiones y “cumplir sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos”. Afirmó que “continuará entablando un diálogo constructivo y cooperando con todas las partes”.
Dialogue Eharth https://acortar.link/f6scAy)
 
 
 
 
 
SE PROFUNDIZA LA COLISIÓN ENTRE FACCIONES RIVALES DEL MAS EN BOLIVIA
 
Casi cinco años después de haber sido objeto de un golpe de Estado militar respaldado por EE.UU. en 2019, el expresidente boliviano Evo Morales marchó hacia La Paz con miles de partidarios el lunes, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce, su exministro y sucesor elegido a dedo.
 
World Socialist Web Site (https://acortar.link/2dofxd)
 
La marcha tardó una semana en cruzar 190 km a lo largo de la principal carretera andina desde la pequeña ciudad de Caracollo. Una multitud desplegada por el Gobierno de Arce se enfrentó con los evistas cuando estos intentaron irrumpir en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB). La policía antidisturbios luego utilizó gases lacrimógenos para dispersar ambos grupos.
La última vez que Morales encabezó una marcha similar fue a finales de 2021 para defender a Arce de nuevas amenazas de la extrema derecha en respuesta a la detención de líderes del golpe de 2019.
Se abrió una brecha entre ambos a fines de 2021, al menos en público, sobre el control del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS). Después de que un tribunal descalificara en diciembre pasado la candidatura de Morales para reelegirse, el conflicto se intensificó y sus partidarios comenzaron a organizar bloqueos extensos y mítines masivos.
A fines de junio, el titular de las fuerzas armadas en ese momento, el general Juan José Zúñiga, amenazó con arrestar a Evo Morales por buscar otro mandato. Después de que Arce lo depusiera de su cargo, Zúñiga atacó el palacio de gobierno el 26 de junio con cientos de soldados y algunos vehículos blindados en un intento fallido de derrocar a Arce. Los amotinados exigieron la liberación de los líderes golpistas de 2019, demostrando su alineación con la derecha fascista y Washington.
Inicialmente, Morales llamó a una movilización para detener lo que describió como un intento de derrocar a Arce. Pero poco después de que fracasara la revuelta militar, afirmó que Arce había escenificado un “autogolpe” para ganar popularidad.
Morales argumenta que Arce no ha logrado resolver la creciente crisis económica y debe entregar el poder.
Sin embargo, la implosión del MAS resume el fracaso no solo del MAS, sino de toda la llamada “marea rosa” de Gobiernos nacionalistas burgueses latinoamericanos a la hora de resolver el atraso económico y social histórico de la región y unir a cualquier país, ni mucho menos a la región, contra la opresión imperialista.
El Gobierno afirma que Morales espera provocar otro golpe de Estado para instalar al presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, como presidente interino y permitir que Morales se postule en elecciones anticipadas. Actualmente, las próximas elecciones presidenciales no están programadas hasta agosto de 2025.
Las elecciones judiciales del 1 de diciembre, que incluyen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, también podrían resultar en la elección de jueces que favorecerán la candidatura de Morales. Finalmente, un referéndum nacional sobre la cuestión de la reelección anunciado por Arce fue suspendido indefinidamente.
Durante meses, el público boliviano ha sido sometido a un bombardeo mediático de amenazas intercambiadas entre las dos facciones del MAS, cobertura continua por los medios corporativos y una alineación de la burocracia sindical detrás de una u otra facción del partido capitalista en el poder.
La lógica de la riña ha sido anteponerse a cualquier intervención independiente de la clase trabajadora en la crisis política.
El viernes, los líderes evistas, que incluyen a sectores de la burocracia sindical y organizaciones campesinas, anunciaron que no se llevarían a cabo los bloqueos nacionales previstos para el 30 de septiembre, fingiendo preocupación por sus efectos en los pobres y en el combate de los incendios forestales.
Por su parte, la cúpula de la COB ha pasado de respaldar el golpe de 2019 e integrar burócratas como funcionarios del régimen de extrema derecha a convertirse en el principal bastión del Gobierno de Arce. La burocracia sindical minera aprovechó su congreso del 20 de septiembre para llamar, con muy poco éxito, a movilizarse contra el “intento de golpe” de Morales.
A principios de este mes, los funcionarios de la COB vigilaron las puertas de la Asamblea Nacional para intimidar a los legisladores evistas y otros para que votaran a favor de $140 millones en nuevos préstamos de los bancos internacionales. 
Cada facción del MAS está concentrada en demostrar a diferentes sectores de la clase dominante y sus socios entre los imperialistas y otras grandes potencias internacionales que son los ejecutores más confiables de sus intereses.
Esto se reduce a su capacidad para sofocar la lucha de clases e implementar medidas de austeridad y una importante reorganización económica en medio de una creciente guerra económica y militar instigada por el imperialismo estadounidense y europeo contra China, Rusia e Irán, potencias con estrechos vínculos con ambas facciones del MAS.  
Huelgas y protestas del magisterio, los recolectores de basura en Cochabamba, los aseadores de calles en El Alto y varios grupos de trabajadores manufactureros apuntan a un creciente malestar contra el aumento del costo de la vida y de la pobreza.
Significativamente, Arce ha utilizado las movilizaciones pro-Morales para imponer una legislación represiva contra los bloqueos. Tanto Morales como Arce tienen un historial de enviar policías antidisturbios y militares contra protestas pacíficas de trabajadores y campesinos.
La incapacidad del régimen golpista y fascistizante de Jeanine Áñez para contener el malestar popular mientras implementaba su agenda económica lo obligó a convocar elecciones y permitir que el MAS regresara al poder en 2020.
En Washington han dicho poco sobre la disputa del MAS y se han mantenido enfocados en promover e influenciar a la élite política y empresarial de extrema derecha en el departamento de Santa Cruz, junto a sus pandillas fascistas, que fueron el principal contingente detrás del golpe de 2019. El imperialismo estadounidense no ha abandonado sus planes de desestabilizar Bolivia e instalar un régimen títere para asegurar el control de los recursos naturales estratégicos del país.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, según el periodista Carlos Fazio, ha financiado al legislador fascista santacruceño Svonko Matkovik, quien fue encarcelado durante ocho años por organizar una insurrección armada por la independencia de Santa Cruz. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos también ha buscado unir a la oposición de extrema derecha antes de las elecciones programadas para 2025, que podrían usarse para una provocación en torno a acusaciones de fraude electoral, como en Venezuela.
Al mismo tiempo, Washington está colaborando estrechamente con el Gobierno fascistizante de Javier Milei en Argentina para prepararse para un conflicto militar en toda la región contra sus rivales. Buenos Aires ya lanzó una provocación militarista al afirmar en abril, sin ninguna evidencia, que Bolivia está acogiendo a cientos de miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní.
La guerra al interior del MAS solo ha socavado aún más el apoyo popular de ambas facciones. Las encuestas muestran que la mayoría de los bolivianos —el 81 por ciento, según la última de Ipsos— piensa que Morales simplemente busca ganancias personales. Mientras tanto, la tasa de aprobación para el Gobierno de Arce ha caído del 42 por ciento al 22 por ciento desde enero.
Según la encuestadora Diagnosis, las preocupaciones sobre la economía son la principal causa. La opinión positiva de la situación económica cayó drásticamente del 43 por ciento en julio de 2022 a solo el 5 por ciento este mes.
La escasez de dólares y combustible se cita regularmente en los medios de comunicación. Los principales socios comerciales de Bolivia en América del Sur han sufrido su peor década económica, mientras que el yacimiento de gas de la “cuenca subandina sur”, que ha representado la mayor fuente de ingresos y reservas de divisas durante décadas, se está agotando. Se descubrió una nueva cuenca importante, pero quedan dudas sobre su tamaño real, la rentabilidad y los años que tardará en comenzar la producción.
Las reservas internacionales también se han desplomado de $15 mil millones a $1,7 mil millones, y la deuda pública de Bolivia se encuentra entre las de más rápido crecimiento en la región. Con casi la mitad del gasto público destinado al servicio de la deuda, el capital global exige ataques más profundos a los limitados programas sociales implementados por Morales cuando los precios del gas y la producción estaban en auge.
El factor más importante es que Bolivia tiene los mayores yacimientos de litio del mundo, un ingrediente clave para las baterías que van en los vehículos eléctricos y aparatos electrónicos. Pero una caída en los precios mundiales del litio, trabas legislativas y la gran inversión necesaria han impedido que la producción realmente despegue.
El Gobierno de Arce ha respondido a esta crisis sistémica aplicando un pacto con los principales grupos empresariales, proporcionando incentivos fiscales y crediticios, más subsidios, inversiones gubernamentales en industrias químicas y de otro tipo, y libertad para que los exportadores e inversores saquen dólares del país. El presidente ha propuesto “relajar” las regulaciones en el sector petrolero para permitir que las empresas extranjeras posean y exploten más. El Gobierno ha levantado regulaciones ambientales y otros obstáculos para la minería y la venta de oro, cuyos precios y producción han seguido aumentando.
En cuanto al litio, Arce firmó un acuerdo de inversión con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú en junio pasado para procesar el mineral, mientras que ha negociado varias concesiones mineras con empresas chinas. Sin embargo, los proyectos están en su fase piloto.
El contexto actual presenta enormes peligros para los trabajadores en Bolivia.
Una y otra vez en toda América Latina, las luchas revolucionarias de la clase trabajadora han sido bloqueadas de tomar el poder por sus líderes, que respaldaron a una u otra sección de la clase dominante presentándola como más “democrática” o “progresista”. Esto abrió las puertas a golpes y regímenes fascistas respaldados por el imperialismo que luego aplastaron al movimiento obrero y a las organizaciones de izquierda.
En 1971, el Partido Obrero Revolucionario (POR) pablista, que tenía influencia de masas en la clase trabajadora, incluidos los sindicatos mineros, desempeñó el papel más importante en colaboración con los estalinistas en la realización de la traición más significativa a los trabajadores bolivianos. Proporcionó apoyo político al dictador nacionalista burgués J.J. Torres y su Asamblea Popular, sugiriendo que podrían ser presionados para luchar contra el imperialismo. El líder del POR, Guillermo Lora, puso esperanzas en que Torres armaría a los trabajadores contra la amenaza de la extrema derecha, facilitando el golpe del coronel fascista Hugo Banzer Suárez, que lanzó un régimen de tortura masiva, secuestros y asesinatos de izquierdistas a instancias del imperialismo y la oligarquía local.
La guerra interna entre Arce y Morales y las ilusiones en la burguesía promovidas por la burocracia sindical y sus apologistas pablistas y morenistas amenazan con convertirse en otro desarme político catastrófico de la clase trabajadora.
La clase obrera y el campesinado empobrecido han permanecido al margen hasta ahora, ya que no los convence ningún bando. Pero sin un partido revolucionario auténtico que lleve a la clase trabajadora al poder, otra dictadura fascista será inevitable.
Analizando una traición similar por parte del estalinismo en China en 1927, León Trotsky explicó:
Todo lo que pone de pie a las masas oprimidas y explotadas de los trabajadores empuja inevitablemente a la burguesía nacional a un bloque abierto con los imperialistas. La lucha de clases entre la burguesía y las masas de obreros y campesinos no se debilita, sino que, por el contrario, se agudiza por la opresión imperialista, hasta el punto de una sangrienta guerra civil en cada conflicto grave. La burguesía china siempre tiene una sólida retaguardia detrás del imperialismo, que siempre la ayudará con dinero, bienes y proyectiles contra los trabajadores y campesinos.
La tarea más crucial hoy en Bolivia y América Latina es la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, que por sola encarna las lecciones de la lucha del movimiento trotskista contra las traiciones del estalinismo, el pablismo y todos los movimientos nacionalistas pequeñoburgueses y burgueses.
 
 
 
 
 
LA AUTOINMOLACIÓN POLÍTICA DEL MAS
 
Insurgencia Magistral (https://acortar.link/MYfkuv)
 
El conflicto del MAS nunca fue un conflicto sólo interno. Es lo que arrastra el “movimientismo” como cultura política; y el MAS, siendo heredero de ella, nunca supo resolver esta aporía que retrata a la izquierda nacional[1]. Nacido como una expresión popular, pero inclinándose siempre a la reposición del Estado que se proponía trasformar, hace inevitable su distanciamiento del horizonte popular que le dio origen; entonces, cuando ya no hay modo de disimular aquello y su derechización se hace evidente, sucede inevitablemente su descomposición y la fractura. Cuando el poder se convierte en la fe sustitutiva, entonces todo se reduce al puro cálculo político (ambos bandos ceden la poca fe que les queda a quienes acumulan poder, que es lo único que sirve en esa apuesta, pero así confirman su propia traición, reafirmando los credos y los dogmas de la política que, una vez, creyeron poder transformar).
De ese modo la izquierda testimonia, ante sí misma, una fatalidad que arrastra como una maldición histórica. Por ello asistimos a un ensañamiento hasta personalizado, que se expone de los modos más groseros y demuestra el maniqueísmo inmaduro de una apuesta política que manifiesta ya no tener puntos renovados de acercamiento con el horizonte político indígena-popular que le dio origen. Es decir, la improbabilidad de su permanencia como referencia política (más allá de su voto duro), despierta una lógica que, por pura sobrevivencia, opta por lo único que le queda: la amenaza del suicidio colectivo.
Todos los enfrascados en esta trifulca pierden de vista que los actores políticos no valen por sí mismos sino por los proyectos que representan. La exacerbación de los personalismos, sólo expresan apuestas corporativistas que, casi siempre, amparan sus propósitos en algún poder carismático. En ese sentido, ambos bandos son el continuismo de la subsunción del proyecto popular por una disputa de élites que necesitan del Estado tradicional, o sea, el liberal-oligárquico-colonial, para hacerse poder político continuo.
Cabe recordar que, los ahora en disputa, nunca cuestionaron el golpe suave que se produjo en las mesas de concertación del 2009, con la complicidad del gobierno del MAS, cuando el orden instituido (el Estado liberal-colonial que debía subordinarse, por lógica constitucional, al nuevo poder constituyente) neutralizó el carácter revolucionario del nuevo Estado plurinacional y, de ese modo, modeló a éste, a imagen y semejanza del Estado-nación oligárquico liberal.
El conflicto presente no retrata ni siquiera una polémica de legitimación del liderazgo (que la miopía del Evo cree), sino del enseñoramiento político. Por eso ningún bando, ni “evistas” ni “arcistas”, asumen algo distinto del otro, ninguno se propone nada nuevo, sólo cumplir obedientemente las reglas liberales del Estado señorial. Quienes antes creían tener la potestad de la inclusión, ahora son los “incluidos” en el orden colonial que van reponiendo en todos los sentidos. Por eso, por un lado, en su inercia política, el gobierno se somete a la tecnocracia de las decisiones estatales que ya no perfilan ningún horizonte estratégico y, el otro bando, cree que el boicot y el desgaste que está desatando, puede catapultar mesiánicamente a su líder y recobrar el poder añorado.
Ambos bandos renuncian a la esencia de lo político, ya que su trifulca manifiesta un puro cálculo de intereses, donde el verdadero ausente es el pueblo como poder constituyente, es decir, como sujeto histórico-político. Sin esta referencia trascendental, la política se reduce a la mera disputa del poder por el poder. Entonces, cuando sólo hay lucha de élites empoderadas, sólo aparece un nuevo ciclo estatal, del mismo Estado que se quería superar. El conflicto entonces se resume, ahora, a la disputa inconsciente de quién termina de disolver el Estado plurinacional remanente. ¿Qué nueva élite empoderada, asumirá la conducción de esta conclusión?
Antes del golpe del 2019 y, posteriormente, en el desgaste apresurado de la actual administración gubernamental, ya fuimos advirtiendo los riesgos de una inercia estatal que delataba no sólo su agotamiento sino la pérdida, en ambos bandos, de toda perspectiva estratégica[2]. Esto es lo que inevitablemente va conduciendo ya no sólo a la propia implosión del MAS sino, lo que es peor, a la fractura del bloque popular. El maniqueísmo actual, exacerbado por ciertos portavoces que expresan comedidamente la receta del “divide y vencerás”, sólo allana el camino fatídico de la autoinmolación política. Pero esta autoinmolación del MAS, como algo premeditado, sigue sospechosamente un guion que opera la escenografía del Estado fallido, con la consecuente intervención imperial. En ese sentido, no se trataría de quién es más revolucionario sino de quién se atribuye la conclusión definitiva de algo que ya se había perdido, incluso antes del golpe de 2019.
Hay que decirlo, fue el propio aparato gubernamental masista que, en 14 años, socavó las bases de legitimación de las organizaciones populares. Lo que los “evistas” critican al gobierno es lo que ellos mismos hicieron, prebendalizando a las organizaciones matrices del campo popular. Ahí se puede entender una suerte de penetración imperial consentida que hizo muy bien su tarea, corrompiendo los niveles decisivos de las organizaciones populares, para hacer lo que la derecha autóctona no sabe ni puede: descomponer al pueblo para desmantelar su propio proyecto político.
Antes de la intentona golpista de este año, propusimos, tanto a “arcistas” como “evistas”, un necesario y urgente abordaje de las consecuencias geopolíticas que está arrastrando la crisis del MAS. Pero todos andan más interesados en sus agendas que en nuestro propio país. Ahora bien, si la nueva movilización “evista”, anunciada con una marcha hacia La Paz (que podría devenir en un paro de varios sectores estratégicos, además del bloqueo de caminos y, obviamente, el enfrentamiento con dirigencias y bases paralelas de las organizaciones matrices), entorpece y complica las posibilidades de ingreso de Bolivia al BRICS+ en octubre, entonces se sabrá qué guion se está desplegando.
Añadiendo a este escenario, la activación, desde el Perú, del relato del desastre social y económico de Bolivia, que produciría un éxodo masivo de bolivianos al país vecino, provocando inevitablemente conflictos fronterizos. Todo ello constituye la elaboración de un plan mayor, al cual se presta sospechosamente el “evismo”.
La improvisada gestión gubernamental apenas puede leer y discernir los escenarios y hasta sus propias apuestas; por ejemplo, en torno a la crisis económica que se viene inflamando (también por el acoso constante del “evismo”), sin tener el gobierno respuestas de carácter estructural y estratégico, no es más que la constatación de que el “modelo económico social-comunitario-productivo” distaba mucho de ser un auténtico modelo, además demasiado dependiente de una coyuntura económica, sobre todo regional, favorable. La confianza no es una buena táctica.
Eso sólo demuestra que el gobierno actual sólo se dedicó a dar una continuidad automática a lo que se había hecho anteriormente. Cuando las decisiones estatales, que debieran ser siempre políticas y geopolíticas (sobre todo cuando asistimos al fin de la globalización, del orden unipolar y la expansión de las potencias emergentes reunidas en el BRICS+), no son enfrentadas y sólo se confía en la administración burocrática de la inercia estatal, se subsume lo político del Estado en favor de un poder burocrático jurídico-administrativo que responde “técnicamente” a la ideología oligárquico-liberal hecha credo estatal.
Por eso, la desidia de desmerecer el abordaje geopolítico de esta crisis (porque nos estamos jugando la permanencia del Estado plurinacional en el nuevo tablero geopolítico), será de completa responsabilidad de los implicados en una trifulca que, para deleite del morbo mediático, provocarán un asalto estatal, incluso “democráticamente”, mucho más contundente que el golpe de 2019.
En tal caso, el Estado boliviano habrá renunciado a ser el nuevo corazón geopolítico del arco sudamericano, dejando sola a una Venezuela amenazada hasta por la izquierda progre y woke de la región.
Una digresión: El 7 de marzo del presente año, se presentó en la vicepresidencia, el “Informe del Vivir Bien”. Se trataba de un acontecimiento inédito en nuestro país, porque es la primera vez que se presenta lo que constituye un “Informe a la Nación” de lo que pretendidamente se propone como una nueva doctrina estatal, que es aquello que se constituye después en una política de Estado. Es la primera vez que sucede un Informe de esa naturaleza en toda la historia política de Bolivia. El “Informe del Vivir Bien” lo presentó el vicepresidente David Choquehuanca. Pero nos resultó llamativa la ausencia de la máxima autoridad del Estado, los ministros de gobierno y del cuerpo legislativo. Más aun teniendo en cuenta que el autodenominado “gobierno del cambio”, en su segunda versión, se presenta como la expresión gubernamental del Estado plurinacional, cuyo horizonte político de referencia es precisamente el “vivir bien”.
Eso muestra, entre otras cosas, la miopía coyunturalista de reducir toda la atención política a las disputas circunstanciales que, en última instancia, acaban definiendo la concentración de poder; pero precisamente, si de poder se trata, la generación del poder popular y el esclarecimiento de su horizonte político, es lo decisivo, tanto en el sostén de legitimidad como en la amplificación de hegemonía. Pero en la trifulca actual, ambos componentes de lo político, se lo pretende concebir sólo desde el cálculo de intereses, es decir, desde la idiosincrasia demagógica de la política usual. Así podemos describir una pérdida de horizonte que ya era recurrente en la gestión de los 14 años del anterior “gobierno del cambio”.
Su versión actual muestra que, no sólo no comprendieron las razones y el modo cómo se produjo y tuvo éxito el golpe de Estado de 2019, sino que pareciera que el abandono de las banderas iniciales y legítimas del “proceso de cambio”, se van reduciendo a una mera administración de las apuestas que ya se habían generado en la gestión pasada, cuando se fueron abandonando paulatinamente el “vivir bien”, la “descolonización” y lo “plurinacional”.
Es decir, estamos presenciando, con el respaldo de los propios sectores protagonistas del cambio, el abandono del horizonte que el sujeto plurinacional había originado como revolución democrático-cultural. Por eso también se va advirtiendo que, en la contienda entre Evo y Arce, aparece un tercero excluido que, curiosamente, es la única voz que insiste todavía, solitaria e infructuosamente, en las banderas originales del cambio. Ello nos lleva a considerar que es el indio y aquello en lo que cree el indio, lo realmente excluido en esta disputa. Ya lo decía la juventud “linerista” antes del golpe de 2019, aupada en el poder político y legislativo: “el sujeto del cambio ahora lo constituye la clase media”. Pues esa clase media, a la que quería empoderarse, fue la misma que se movilizó a favor y aplaudió el golpe de Estado.
Todas las críticas que puedan hacerse ambos bandos (porque degeneraron en eso) del MAS, son en parte ciertas, hasta las exageradas por la belicosidad creciente, pero de nada sirven cuando ninguno de los polos de la confrontación manifiesta prudencia política, cuando lo que está en juego no es su jefatura sino la propia viabilidad del Estado plurinacional. Eso sucede cuando se pierde el horizonte político y todo se reduce a la mantención del poder a toda costa. Ambos juegan, sin saberlo o sin ya importarles, no sólo a su mutua anulación política sino a la mutilación del horizonte indígena-popular.
Mientras el gobierno se pierde otra vez, en el obrismo ocasional, como en la anterior gestión, pecando de ingenuidad política, creyendo que las obras generan, por sí mismas, consciencia revolucionaria o fidelidad ideológica, no se da cuenta que cae en la ilusión progresista. El gobierno anterior, fiel al credo socialista de cumplir las tareas pendientes de la burguesía, no reparó que eso puede significar la reposición de las condiciones subjetivas para restituir el sistema de creencias del capitalismo. Nunca aprendieron que, sin revolución cultural, el ascenso social sólo produce el aburguesamiento del pueblo. En eso fracasa también el gobierno actual: la sola objetividad, las obras (sobre todo las que promueven los mitos del desarrollo y el progreso), no producen el óptimo social de cambio, o sea, consciencia revolucionaria.
En ese sentido, si por lo menos los ministerios productivos y los encargados del financiamiento, se dieran cuenta del necesario factor descolonial en la lectura geopolítica del contexto actual –regional y global–, ello les brindaría una lucidez actualizada de las posibilidades nacionales y regionales que abre la inevitable transición civilizatoria. De ese modo podríamos proponernos, en vez de la consigna de “industrialización con sustitución de importaciones” (que además respondía y enfrentaba a un diseño geopolítico que ha entrado en colapso), por el más sugerente de “industrialización con sustitución de paradigmas” (pues hasta China se plantea, en las siguientes décadas, la transición a un paradigma post-capitalista y la Federación Rusa señala un nuevo orden post-occidental).
Pero lo que impulsa el gobierno es, otra vez, el paradigma desarrollista que ya no es posible en la nueva realidad y las nuevas y más complejas condiciones y escenarios que están replanteando todo lo referente a patrones y bases energéticas, procesos de industrialización sostenibles en medio del paradigma postindustrial atravesado por la IA, nuevos modos y procesos de integración en correspondencia con los nuevos corredores geoestratégicos y la cadena de suministros globales, etc. Nuevos modelos explicativos y cambio de paradigmas se hacen urgentes, pero esto sólo puede provenir de un nuevo horizonte político que proyecta un pueblo hecho poder popular; y que el Estado debe promover.
Pero, como en la gestión anterior, el pueblo es de nuevo recluido a mero obediente o llamado a acompañar, de modo instrumentalizado, las apuestas que se realizan en esferas divorciadas del campo popular. Y esto sucede en ambos bandos. Porque en ambos se nota que la idiosincrasia es la misma. Todos luchan sólo por su sobrevivencia política.
En este contexto es que la propia figura del Evo ya es anacrónica. Y quienes le rodean y miman sus aspiraciones son precisamente quienes no supieron leer lo que se les venía encima y lo que eso significaba para el pueblo. Ahora irresponsablemente están haciendo los mejores tramites para que la derecha se rearticule y haga del chenko (el embrollo) producido, el caldo de cultivo de la defenestración del proyecto plurinacional, que era los más genuino que se podía proponer como superación del concepto Estado-nación.
La figura del Evo está tan desgastada que, la apuesta del conflicto continuo a un gobierno que, hay que decirlo, él mismo organizó, a su conveniencia (desde Buenos Aires), sólo genera la erosión creciente de sus posibilidades políticas. Su sola presencia electoral servirá únicamente para que la derecha se una en bloque. En tal caso, aun cuando hipotéticamente triunfara, será por un margen tan exiguo que le obligará a pactar y así repetir el oprobioso fin de aquellos que “cruzaron ríos de sangre”.
Si la maldición de la derecha es que no actúa ni siquiera para sí misma, ahora parece que la dirigencia del cambio ha asumido esa misma suerte. Los movilizados en el golpe del 2019, los ingenuos “pititas”, en sus marchas y paros, sirvieron el poder en bandeja de plata, a una insurrección oligárquica apadrinada por los intereses imperiales. Ahora los movilizados son procedentes del “evismo”, que no aprendieron nada del golpe. Pues en la preocupante disputa geopolítica que estamos enfrentando regionalmente, atizar una crisis desde adentro sólo le hace el favor a la injerencia gringa que, después de fracasar, otra vez, en Venezuela, puede acelerar el escenario (con la complicidad de los países vecinos) del Estado fallido.
La finalidad siempre ha sido la misma y es lo que pretendieron con el golpe hibrido-geopolítico de 2019: anular al sujeto para, de ese modo, anular el proyecto. Por eso sus agencias de inteligencia trabajan para penetrar incluso el campo popular y, desde adentro, minar toda posibilidad del sujeto hecho horizonte político. Pero hoy asistimos a una paradoja mucho más trágica, que anunciamos el 2018[3]: para terminar por destruir una recomposición del campo popular, la entronización del indio sólo serviría para concluir en esta advertencia: “con un indio quisieron soñar en cambiar todo, con el mismo indio les enseñaremos que nada se puede cambiar”.
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ EL GOBIERNO DEL MAS QUIERE IMPEDIR QUE EVO MORALES SE PRESENTE A LAS ELECCIONES DE 2025?
 
El papel de los intereses económicos y el control de recursos en la política boliviana
 
CANARIAS–SEMANAL ORG. DE ESPAÑA (https://acortar.link/itQSQK)
 
El Gobierno de Bolivia ha decidido inhabilitar a Evo Morales para las elecciones de 2025. Detrás de esta medida, aparentemente legal, se esconden intereses políticos y económicos que buscan evitar un nuevo enfrentamiento con una figura que sigue teniendo gran influencia en el país andino. ¿Qué motiva realmente esta decisión? (...).
Para tratar de encontrar y posteriormente entender las razones que hay detrás de la decisión del Gobierno de Bolivia de inhabilitar a Evo Morales para las próximas elecciones de 2025 es necesario analizar este fenómeno desde la perspectiva de los intereses de clase en litigio que hay en Bolivia  y la lucha por el poder político y económico que se ha desencadenado en ese  país.
1.LUCHA POR EL CONTROL DEL APARATO ESTATAL
Contrariamente a la doctrina enseñada en las facultades de Derecho o Ciencias Políticas, el Estado no es neutral, sino el instrumento para la dominación de las clases dominantes sobre las clases subalternas. Aunque en el caso boliviano el aparato estatal ha sido históricamente controlado por las élites del país, durante los mandatos de Evo Morales se produjo una reconfiguración del poder que permitió a sectores indígenas y populares acceder a posiciones de influencia. Por ello, la reciente decisión de inhabilitar a Evo Morales debe leerse como un esfuerzo por mantener el control total del aparato estatal, frente a una figura como la de Morales, que determinados sectores, tanto las elites económicas bolivianas como sectores internos del propio Gobierno, siguen viendo como una amenaza  política.
2.  CONTRADICCIONES INTERNAS DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)
Dentro del MAS, (Movimiento al Socialismo),  el partido fundado por Evo Morales, existen fricciones internas que no han hecho más que crecer tras su salida del poder.
La cúpula actual del gobierno, bajo Luis Arce, interpreta  que Morales es un competidor que desafía su liderazgo. Morales, con una fuerte base popular, podría fracturar el partido o restarle cohesión si decide competir nuevamente. En este sentido, la inhabilitación de Evo Morales también podría interpretarse como una maniobra para asegurar la estabilidad y continuidad del liderazgo de Arce, evitando un enfrentamiento interno que debilitaría al MAs en las elecciones de 2025.
3. RELACIONES CON LA BURGUESÍA NACIONAL Y EL IMPERIALISMO
Evo Morales representó durante su mandato una ruptura parcial con los intereses de la burguesía nacional y las políticas dictadas por el imperialismo, en particular con los Estados Unidos. Su gobierno promovió la nacionalización de recursos y políticas sociales que, aunque no transformaron radicalmente el sistema económico, sí afectaron intereses económicos de ciertos sectores empresariales. El temor de estos sectores a un regreso de Morales al poder podría estar motivando, directa o indirectamente, presiones sobre el gobierno actual para que impida su participación electoral. La inhabilitación puede ser vista como una concesión a esos intereses, con el objetivo de mantener un equilibrio que favorezca a la burguesía y a los intereses económicos transnacionales.
4. Control de los recursos naturales
El control de los recursos naturales, especialmente el gas y el litio, ha sido un tema central en la política boliviana. Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia avanzó hacia la soberanía sobre estos recursos, desafiando a grandes corporaciones internacionales. En el contexto actual, con el litio convertido en un recurso clave en la transición energética global, ciertos sectores podrían ver a Morales como una amenaza a los acuerdos económicos que el gobierno actual podría estar negociando. Mantener a Morales fuera de la contienda electoral garantizaría que no haya retrocesos en esos acuerdos, lo que favorece tanto a actores internos como externos con intereses en los recursos bolivianos.
5. RELACIONES CON LA BURGUESÍA NACIONAL Y EL IMPERIALISMO
Evo Morales mantiene una fuerte conexión con movimientos sociales y sindicales, particularmente en áreas rurales e indígenas. Su regreso al poder podría reactivar esos movimientos, generando una mayor presión sobre el gobierno para llevar a cabo reformas más profundas que beneficien a las clases trabajadoras y campesinas. Inhabilitarlo es una forma de evitar que estos sectores recobren protagonismo en la arena política, lo que permitiría al gobierno mantener un clima de relativa estabilidad sin la presión constante de las movilizaciones populares.
TAMPOCO EVO MORALES HIZO UNA REVOLUCION EN PROFUNDIDAD
Un análisis realista del proceso boliviano exige reconocer, en cualquier caso, que  aunque Evo Morales llevó a cabo importantes reformas en Bolivia durante su mandato, estas no representaron ni mucho menos una revolución profunda que transformara radicalmente las estructuras económicas y sociales del país.
Aunque desde la perpectiva de determinados sectores reformistas occidentales se haya visto a Bolivia y a Evo  como un paradigmas revolucionario,  las reformas que el ex presidente impulsó, aunque  significativas, quedaron limitadas a  los marcos del capitalismo y no llevaron a una transformación socialista de la sociedad boliviana.
1. Mantenimiento del modo de producción capitalista
Si bien Morales impulsó la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, como el gas y los hidrocarburos, el modo de producción capitalista no fue alterado en su núcleo. Las reformas de Morales buscaron una redistribución más equitativa de la riqueza y una mayor participación del Estado en la economía, pero no se llevó a cabo una socialización de los medios de producción ni una transformación de las relaciones de propiedad. El capital privado siguió siendo el motor principal de la economía boliviana y los grandes sectores empresariales, aunque regulados, mantuvieron su poder.
2. Coexistencia con la burguesía nacional
Durante los gobiernos de Morales se estableció una suerte de pacto social entre el Estado y la burguesía nacional. A pesar de la retórica antiimperialista y las políticas a favor de los sectores populares, Morales no rompió con la clase capitalista nacional, sino que permitió su coexistencia y crecimiento. La nacionalización de ciertos sectores estratégicos no significó una expropiación o eliminación de la burguesía, sino que se negociaron condiciones favorables para el desarrollo de una burguesía nacional aliada al gobierno. Esta alianza impidió que Morales pudiera ir más allá en la implementación de un programa revolucionario que afectara directamente los intereses de esta clase.
3. La política de redistribución sin ruptura estructural
El llamado “modelo económico social comunitario productivo” que promovió Evo Morales implicó políticas de redistribución de la riqueza y el uso de los excedentes generados por los recursos naturales para financiar programas sociales. Estos esfuerzos, como la reducción de la pobreza y ciertas mejoras en los servicios de salud y educación, fueron sin duda logros muy estimables. Sin embargo, estas políticas  atenuadamente redistributivas no alteraron las bases del sistema capitalista, ya que no hubo una ruptura con la lógica de acumulación de capital ni un avance hacia un modelo socialista que redistribuyera el poder económico entre los trabajadores y campesinos.
 4. Falta de movilización para una revolución profunda
Si bien Morales contó con el apoyo de poderosos movimientos sociales, como los sindicatos campesinos, indígenas y obreros, estos movimientos fueron canalizados hacia la defensa del proyecto reformista del MAS, pero no hacia el impulso o la promoción de una revolución en profundidad. Aunque hubo movilizaciones populares, estas no se tradujeron en un proceso de autoorganización revolucionaria que cuestionara directamente la esencia del Estado capitalista boliviano o que impulsara una transición hacia el socialismo.
El Estado siguió siendo la herramienta principal de cambio, lo que limitó las posibilidades de una transformación más profunda basada en la movilización autónoma de las masas.
5. Limitaciones del Estado plurinacional
La creación del Estado Plurinacional de Bolivia fue una de las principales reformas políticas estructurales desarrolladas durante el gobierno de Morales, al reconocer la diversidad étnica y cultural del país y dar más protagonismo a los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de este avance en términos de representación política y derechos, las bases económicas de explotación y desigualdad que afectan a los pueblos indígenas no fueron completamente transformadas. Como consecuencia de ello, los problemas estructurales, como la concentración de la tierra y el poder económico en manos de pocas élites, no se resolvieron.
 
6. Presiones externas e internas
También resulta necesario apuntar, no obstante, que el gobierno de Morales t tuvo que lidiar con grandes presiones externas, principalmente del imperialismo y de organismos financieros internacionales, lo que limitó su margen de maniobra para una transformación radical. A pesar de su postura formalmente antiimperialista, Morales no rompió completamente con las instituciones del sistema capitalista global, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, ni con las inversiones extranjeras en sectores estratégicos como el litio.
Internamente, el gobierno también tuvo que manejar las tensiones con sectores conservadores y empresariales que veían en Morales una amenaza para sus intereses, lo que lo obligó a moderar sus políticas en ciertos momentos.
EL CASO DEL EXVICEPRESIDENTE ÁLVARO GARCÍA LINERA
En los últimos años, la relación entre Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera se ha deteriorado profundamente. En el pasado, sin embargo fueron aliados cercanos, llegando a describir su relación como una “yunta” complementaria. Una conexión que se rompió después de los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Morales en 2019.
Actualmente, Morales ha llegado a considerar a García Linera como un "enemigo". La tensión surgió debido a desacuerdos sobre la dirección del Movimiento al Socialismo (MAS) y el futuro político del país. Morales  ha acusado a su ex vicepresidente de tener conocimiento del golpe de Estado de 2019 y de alinearse con sectores de la derecha y el imperialismo. Por su parte, García Linera, ahora alejado de la política activa y centrado en la academia, ha defendido su postura, argumentando que Morales ha perdido la capacidad de unir al pueblo boliviano y que el MAS necesita renovar su liderazgo.
Uno de los puntos de mayor fricción entre ambos ha sido, justamente, la propuesta de García Linera de renovación dentro del MAS, sugiriendo la necesidad de una nueva candidatura en 2025, mientras Morales busca retornar al poder como candidato presidencial.
En este complejo contexto, la inhabilitación de Evo Morales debe entenderse como una estrategia de preservación del poder político por parte del gobierno actual, que responde tanto a presiones internas, dentro de su propio partido, como a presiones externas de la burguesía y los intereses internacionales.
Impidiendo que Morales participe en las elecciones se busca neutralizar una figura que podría alterar la correlación de fuerzas en el país y poner en riesgo los intereses económicos y políticos que han emergido tras su salida del poder. Es, en última instancia, una maniobra destinada a asegurar la continuidad de un proyecto que, aunque se presenta como progresista, parece centrarse sus esfuerzos en establecer un acuerdo de "coexistencia pacífica" con las clases dominantes y el capital transnacional.
 
 
 
 
 
SUCESIÓN ENTRE CORRELIGIONARIOS NO GARANTIZA CONTINUIDAD EN AL
 
La Jornada de México (https://acortar.link/ygKEo5)
 
El traspaso de la banda presidencial de uno a otro gobernante de un mismo partido, con afinidades ideológicas y promesas de continuidad, no siempre se ha traducido en una transición tersa en América Latina en las últimas décadas. Más aun, en algunos casos la imagen de un mandatario saliente levantando el brazo de su sucesor o sucesora en señal de triunfo se llegó a tornar, a la vuelta de pocos meses, en un cisma, un divorcio político o una lucha interna feroz.
Con la transición de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo como telón de fondo, cabe hacer un rápido recuento de algunos de los momentos más significativos de estos recambios presidenciales latinoamericanos del siglo 21: Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia.
Morales vs Luis Arce
No menos virulento ha sido el conflicto entre otros correligionarios, el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce Catacora, a pesar de que pertenecen al mismo partido, Movimiento Al Socialismo.
En 2006 Evo Morales, indígena aymara, ganó las elecciones a una presidencia que siempre había sido detentada por una oligarquía blanca. Su liderazgo abrió un período histórico que por primera vez pusieron a los indígenas, campesinos y trabajadores en el centro de la atención. La ganancia de la exportación de recursos naturales –principalmente el gas—se invirtieron en gasto público. El llamado “milagro económico” logró el mayor crecimiento del PIB en Latinoamérica, redujo sensiblemente la pobreza y la UNESCO nombró a Bolivia “país libre de analfabetismo”.
Morales se reeligió tres veces, hasta 2019. Pero la Constitución le prohibía una cuarta reelección. Convocó a un referéndum y pese a que la mayoría votó “no” a una cuarta postulación, Evo se presentó. Ganó por pequeño margen, pero la oposición, respaldada por la OEA, alentó un golpe de Estado. Evo Morales huyó de un atentado contra su vida con ayuda de México y finalmente se exilió en Argentina hasta la caída de la presidenta golpista Jeanine Áñez.
Para las elecciones de 2020, Morales respaldó la candidatura de quien había sido su ministro de Economía durante 12 años, Luis Arce, quien ganó por amplio margen. Pero ya de regreso en Bolivia, el expresidente intentó interferir en la gestión de Arce, presionando para que ejecutara cambios de gabinete e impulsara leyes. Movilizó a legisladores afines para que boicotearan iniciativas del presidente, aliándose incluso con los partidos de derecha. Lo descalificó como artífice de lo que había sido su modelo económico diciendo que solamente había sido “su cajero”.
De cara a las elecciones de 2025, Evo pretende ser nuevamente candidato. Alega que ser electo es su derecho humano. Cuando el Tribunal Constitucional dictaminó que sería ilegal su postulación, Morales declaró que “será presidente por la buena o por la mala”.
El conflicto subió de tono en junio de este año, cuando hubo un intento de alzamiento militar que fue conjurado a las pocas horas. Arce y Morales se acusan mutuamente de haberlo orquestado.
Correa vrs Moreno
Quizá el caso mas virulento sea el de Ecuador y la persecución que lanzó Lenín Moreno contra su antecesor de Rafael Correa. La fotografía de ambos políticos el día de la toma de posesión de Moreno, con Correa de pie al lado de la silla de ruedas del presidente entrante, abrazándolo con afecto, no duró mucho en la historia.
Durante la década en la que Correa despachó en el Palacio de Carondelet de 2007 a 2017 Ecuador transitó un periodo de estabilidad que no había conocido desde los ochenta. Con la política económica concebida por Correa, que llamó “post-neoliberal”, los sectores populares experimentaron un periodo de crecimiento que incluso revirtió el proceso de fuertes migraciones que se produjeron a raíz de la dolarización.
Pero el viejo aliado y correligionario del partido Alianza País tardó poco en dar un viraje brusco y lanzarse contra todo el correísmo y lo que implicaba su Revolución Ciudadana. Empezó eliminando subsidios a los energéticos, reduciendo el gasto social, endeudando de nuevo al país y purgando a la administración pública de “correístas”. Emprendió juicios y todo un mecanismo de lawfare contra varios de ellos, empezando por el propio exmandatario que vive desde entonces en el exilio en Bélgica (país de origen de su esposa) y encarcelando a su vicepresidente Jorge Glas.
En abril de 2019, por órdenes de Moreno, la embajada ecuatoriana en Londres permitió ilegalmente el ingreso de la policía británica a su sede para detener al periodista Julian Assange, creador de Wikileaks, que se había refugiado ahí para eludir la venganza del poder judicial estadunidense. Washington pretendía lograr su extradición y condenarlo a cadena perpetua. Assange había esperado siete años el salvoconducto de Gran Bretaña, que nunca le fue concedido. En lugar de ello pasó otros cinco años en una prisión de máxima inglesa hasta que fue liberado este año.
El periodo morenista volvió a generar un empobrecimiento de la población, lo que trajo finalmente como consecuencia el retorno de la ultraderecha al poder con la figura del heredero millonario Daniel Noboa.
Muchos académicos consideran a Ecuador como un “caso de estudio” de “cuando las líneas ideológicas sucumben ante el pragmatismo y provocan un giro político radical”.
Fernández vrs Fernández
La debacle argentina que llevó a la presidencia al neofascista Javier Milei pudo tener su origen en la falta de entendimiento entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de referencia del peronismo, durante el periodo que ambos despacharon en la Casa Rosada entre 2019 y 2023.
Las elecciones de mayo de 2019 en Argentina se presentaron frente al reto de derrotar el macrismo que había hecho retroceder todos los logros del periodo kirchnerista (tanto del presidente Néstor como el de su esposa, de 2007 a 2015). Varios procesos judiciales en curso impedían a la influyente expresidenta postularse para jefa del ejecutivo, por lo que ella misma propuso la fórmula que llevaría como candidato presidencial a Alberto Fernández y a ella como vicepresidenta.
La estrategia sirvió para ganar los comicios con la alianza Frente de Todos, pero no para consolidar la continuidad del proyecto.
Dos años después y después de sortear la pandemia con altas y bajas (como casi todas las naciones) el gobierno estaba nuevamente en hiperinflación y con desempleo de dos dígitos. El mandatario y su vicepresidenta chocaban en público y en privado, se dejaban de hablar durante semanas. Cristina Fernández llegó a decir: “Hay funcionarios que no funcionan”, refiriéndose a su jefe. Los ataques verbales también llegaban desde la oficina presidencial y un día de marzo de 2022 llegaron en forma de pedradas que causaron destrozos en el escritorio de la señora de Kirchner.
El divorcio se hizo más que visible cuando en las elecciones primarias (las PASO) de ese año el peronismo fue derrotado por la alianza de Mauricio Macri.
Las fuerzas progresistas ya no pudieron remontar esa tendencia en las elecciones de 2024 cuando la irracionalidad de la propuesta de Milei se apoderó de la imaginación del electorado.
Lula y Dilma
La fotografía de la toma de posesión de Dilma Rousseff, la sucesora del exitoso periodo de Luiz Ignacio da Silva, Lula, el primero de junio, muestra a una elegante presidenta, primera mujer en su país, con la banda verde e amarela. A su izquierda, Lula feliz le levanta el brazo. Señal de una transferencia de poder que sí fue tersa, entre aliados. Pero a su derecha está su vicepresidente, Michel Temer. Es una señal ominosa.
Rousseff inició su primer periodo con el objetivo expreso de “consolidar la obra” de su antecesor. Contaba con apoyo en el Congreso y pronto pudo profundizar ciertos programas sociales. En sus primeros 100 días de gobierno ella superaba los 73 puntos de aprobación popular según el Instituto Brasileño de Opinión Pública.
Algunos rasgos marcaron su diferencia. Entre otros, su decisión de esclarecer hechos de violencia del ejército del pasado, con la creación de una Comisión de la Verdad. Habiendo sido de joven presa política y torturada, decidió andar caminos que Lula no había querido recorrer.
Logró su reelección para un segundo periodo, pero ya con un margen mínimo. Y pronto los problemas financieros, la animosidad sembrada por un poder mediático poderoso y adverso empezaron a socavar su poder hasta que en 2016 fue destituida mediante un golpe de Estado parlamentario. Y Temer asumió la presidencia. Ese mismo año Lula fue apresado por un caso de corrupción que no fue comprobada.
De inmediato empezó la tarea de demolición del legado de Lula y Dilma: organizó un gabinete masculino, de políticos blancos, mayores y oligarcas, abrió la puerta del poder a los militares, regresó la jornada laboral de 12 horas y en las elecciones siguientes la derecha extrema se consolidó con Jair Bolsonaro.
En 2023 el veterano sindicalista de Sao Paulo, a sus 78 años, volvió a ganar las elecciones y regresó a Brasilia. Para subrayar su aprecio y continuada alianza con Dilma la nombró presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS.
Uribe vrs Santos vrs Duque
Álvaro Uribe, ex gobernador de Antioquia, llegó a la Casa de Nariño en 2002. Anteriormente liberal, fundó su partido, Primero Colombia, de marcada agenda derechista. Durante los dos periodos que ejerció la presidencia implementó una implacable política contrainsurgente que pretendió acabar con las poderosas fuerzas guerrilleras de la época atacando, de paso, a todo el movimiento social y popular y alentando y financiando la formación de fuerzas paramilitares que ponto se constituyeron en un poder paralelo. En esa primera década del siglo la guerra se recrudeció en todos sus frentes y sus formas. Es el periodo de las grandes masacres y la llamada “parapolítica”. Su ministro de Defensa Juan Manuel Santos fue parte de esa estrategia.
Uribe pretendió presentarse a un tercer periodo presidencial, pero la Corte Constitucional declaró ilegal su pretensión. Entonces Santos presentó su candidatura como sucesor. Al día siguiente de su investidura empezó a gestarse su ruptura con Uribe: restableció relaciones con el presidente de Venezuela Hugo Chávez, a quien el antioqueño consideraba su peor enemigo.
Pronto varios funcionarios del uribismo ligados al narcotráfico empezaron a ser investigados por corrupción. Y Santos anunció que negociaría con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anatema del uribismo. En 2016 esas negociaciones en La Habana culminaron con los históricos acuerdos de paz.
A Santos lo sucedió en la presidencia otro correligionario suyo, Iván Duque, a quien el en ese momento senador Uribe utilizó para hostigar a Santos. Duque reforzó un sistema judicial que garantizara la impunidad de los aliados de Uribe, congeló y desmontó las piezas más importantes para la implementación de los acuerdos de paz e impulsó medidas antipopulares que en 2022, en plena pandemia, provocaron en varias ciudades estallidos de descontento, sobre todo entre los jóvenes. Esas protestas espontáneas devinieron en el actual movimiento de juventudes de “Primera Línea”. La virulencia de la represión de Duque le costó a la derecha la presidencia en junio de 2022. Por primera vez, en Colombia llegó la izquierda a la presidencia.
Y así, con esta ruptura radical, empezó una nueva historia para Colombia.
 
 
 
 
 
¡SINVERGÜENZAS!
 
Resumen Latinoamericano Org. (https://acortar.link/f88NTq)
 
El portavoz de dios en Bolivia, ha reclamado “dejen de pelear y dedíquense a salvar al país que está en cenizas” palabras más, palabras menos este encargado de negocios de la fe, se ha olvidado rápidamente que ellos, los portadores de sotanas han sido los culpables para que el país se encuentre “en cenizas” fueron ellos quienes en contubernio con la crema y nata colonial pusieron una presidenta que se dedicó a destruir la economía, a paralizar los proyectos previstos que deberían reemplazar el gas por el litio como garantía de ingreso de divisas. Fueron ellos que se sumaron al coro que repetía “fraude monumental” y tiraron al tacho todo principio de verdad, justicia, respeto y fueron los cómplices de las masacres, y fueron ellos los que acrecentaron el poder de los agroindustriales, que buscan de manera afanosa ampliar su frontera agrícola y autodotarse de miles de hectáreas.
“Dejen de pelear” dicen hoy cuando en el año 2019 fueron los impulsores y promotores de la violencia ¿Acaso no fueron los rosarios, las oraciones y las vírgenes, las protectoras de la violencia? Los bolivianos y bolivianas no hemos olvidado las oscuras reuniones en los locales de la obra de dios, y las bendiciones otorgadas a los “sepulcros blanqueados” que dieron el golpe de Estado.
La iglesia católica que llegó de Europa a los andes fue el mejor instrumento para destruir a la civilización que era mucho mejor a la Europa de finales del siglo XV. J. Barnadas, un ex jesuita nos recordaba: “..Había que derrotar el poder político americano (del Estado Inka, debemos añadir) políticamente, como una exigencia no solo para poder evangelizar sino para poder practicar la fe cristiana. Ese sentido mesiánico tenía, además, consecuencias de tipo social en tanto daba lugar a una mentalidad de superioridad sobre cualquier otro ser humano ajeno a la cultura europea en la que la religión es un elemento fundamental” esa es la raíz del racismo, practicada, como se explica a partir de la religión católica y asumida por todos los extranjeros.
Como hemos visto, pese a la declaración de “Estado Laico” en nuestra Constitución, la iglesia católica sigue teniendo el poder colonial, y es que, en la trama del poder, que entendemos como un sistema de relaciones de poder, la iglesia articula a los sectores más conservadores, racistas y económicamente poderosos.
Las dificultades para consolidar el Estado Plurinacional, por la poca dedicación de la gestión político-ideológica del gobierno Morales-García, también incidió en la implementación de mecanismos que permitan cortar los viejos lazos de poder de la iglesia católica con el Estado, para que el Estado laico sea una realidad, más que un enunciado.
Después del golpe del año 2019, nuevamente la iglesia ha manifestado su poder, pese a las reiteradas denuncias de las conductas perversas de varios sacerdotes, poder que se ha visto reflejado en la gestión de gobierno cuando un miembro del Opus Dei ejerció el cargo de ministro.
Las “cenizas” del país son causadas por la sed de tierra que tienen muchos de los feligreses ligados a la agroindustria y en detrimento de los pobres de la tierra como son los pueblos indígenas. Visto todo lo anotado resulta una actitud por demás perversa y sinvergüenza de convocar a la paz, cuando son portadores de poder, que como en el año 2019 se convierte en poder violento.
 
 
 
 
 
LA MAYOR REGIÓN DE BOLIVIA PROTESTA ANTE EL "DESASTRE ECOLÓGICO" CAUSADO POR LOS INCENDIOS
 
EFE Verde España (https://acortar.link/iHGo0p)
 
Miles de personas, entre indígenas, universitarios, bomberos y docentes han marchado en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, en protesta ante el más grande "desastre ecológico" en ese departamento por los incendios forestales que se registran en el país.
La marcha, convocada por la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), ha recorrido varias calles de la ciudad de Santa Cruz hasta la sede regional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Allí se han sumado los indígenas de la Chiquitania, una de las zonas más afectadas por los incendios en Santa Cruz, que hace unos días llegaron en marcha desde sus comunidades hasta la ciudad para exigir respeto por sus territorios afectados por los incendios.
"Sin bosques, sin agua no hay vida, no hay nada", ha sido una de las consignas coreadas en la movilización en Santa Cruz, que este martes ha registrado una calidad del aire "muy mala" a causa del humo.
En las puertas de la ABT, los movilizados han tenido una reunión en la que han considerado que el Gobierno de Luis Arce se demoró en declarar el "desastre nacional" ante los incendios.
"Nos estamos incendiando en vida", ha lamentado la líder indígena Beatriz Tapanache, quien ha anunciado que harán respetar sus territorios ante las invasiones de grupos a los que señalan de provocar los incendios para usar esas tierras para la producción agrícola.
Biocidio
El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, ha señalado por su parte que en el país está ocurriendo un "biocidio" y ha apuntado a entidades estatales como la ABT, a la que varios sectores acusan de dar autorizaciones para los 'chaqueos' o quemas controladas a grupos que invaden tierras en el oriente boliviano.
"Si estos incapaces de la ABT con sus cómplices del Ejército y la Policía no tienen valor para hacer defender la tierra, que nos digan y vamos a ir nosotros", ha manifestado Vargas.
Por su parte, el rector y candidato presidencial, Vicente Cuéllar, ha sostenido que la marcha se ha convocado ante la "quema indiscriminada de la naturaleza y los bosques".
"El Gobierno ha esperado a que se quemen más de 7 millones de hectáreas después de cuatro meses y recién, como una gran cosa, declara el desastre nacional", se ha quejado Cuéllar y ha emplazado a las autoridades a mover los recursos necesarios para apagar los incendios.
También ha advertido que se procesará penalmente a las autoridades nacionales por su supuesta complicidad y encubrimiento de los sectores que están provocando el fuego.
Millones de hectáreas afectadas
Los incendios son un problema recurrente en Bolivia en esta época y se atribuyen sobre todo a las quemas controladas autorizadas para preparar los suelos para la siembra y el pastoreo.
El último dato oficial proporcionado por el Gobierno de Arce señala que hasta principios de septiembre fueron afectadas 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales a nivel nacional, pero la Gobernación de Santa Cruz ha asegurado que únicamente en esa región los incendios arrasaron con más de 7 millones de hectáreas.
Arce ha declarado "desastre nacional" tras conocer los informes de “distintas instancias” y tras una reunión con autoridades de Santa Cruz, sin confirmar ni negar la cifra de la superficie afectada por el fuego en ese departamento, que ya supera el total nacional reportado en 2019.
 
 
 
 
 
LOS HALLAZGOS DE ARQUEÓLOGOS ESPAÑOLES QUE DEMUESTRAN LA “FEROCIDAD” DE LA GUERRA DEL CHACO ENTRE PARAGUAY Y BOLIVIA
 
Un equipo español de la Universidad de Alcalá excava en el paraguayo Fortín Boquerón, una labor que permitirá a los historiadores, a los arqueólogos y al público en general obtener una visión más detallada de las condiciones de vida y combate en el conflicto más sangriento del siglo XX en América Latina
 
El Diario de España (https://acortar.link/SKvrf3)
 
El pasado 29 de septiembre se conmemoró el aniversario del fin de la Guerra del Chaco. Este conflicto enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal, una vasta región semidesértica, con temperaturas que llegan a los 40 grados en invierno y a 50 en verano. Fue una batalla “feroz” cuya estela aún permanece bajo tierra en forma de munición, armas y artillería.
Así lo han certificado Andrés San José Gutiérrez y Jorge Gutiérrez Pociña, de la Universidad de Alcalá (UAH), que lideran al equipo español que ha iniciado una campaña de excavaciones en el Fortín Boquerón, en Paraguay, con la participación de la Secretaría Nacional de Cultura de este país.
El Fortín Boquerón fue uno de los puntos estratégicos durante la Guerra del Chaco. Cuentan los arqueólogos que el paisaje inhóspito y el calor extremo se convirtieron en un “verdadero calvario” para los soldados, que lo bautizaron como “el infierno verde”.
Mientras la sed y la escasez de agua “exacerbaban la lucha diaria por sobrevivir”, la vegetación espinosa, las tormentas de polvo y la amenaza constante de enfermedades tropicales hicieron de este entorno un escenario “por el control del último espacio no explorado en América del Sur”.
De las municiones a los restos de una máscara de gas
Allí han encontrado municiones de la batalla que fueron vendidas a ambos bandos, provenientes de excedentes de la Primera Guerra Mundial y de la producción durante el preludio del conflicto. Incluso han descubierto balas de origen rumano y algunas fabricadas en el siglo XIX, que permanecieron almacenadas en Europa durante décadas antes de ser vendidas en los años previos a la guerra y utilizadas en el Fortín.
Por todo ello, han podido documentar que la batalla fue “feroz”, evidenciado por la constante presencia de restos de municiones en todas las áreas excavadas, tanto en las trincheras como en el patio de armas, e incluso en las zonas de vivienda (principalmente chozas), que “teóricamente deberían haber estado más protegidas del combate”.
El equipo de arqueólogos también ha observado que durante el sitio del Fortín por parte de las tropas paraguayas hubo bombardeos masivos con artillería y morteros, cuyos restos se encuentran dispersos por todas las áreas.
Uno de los hallazgos más interesantes, por su letalidad, ha sido la munición de mortero, así como restos de una máscara de gas. “Aunque las fuentes escritas confirman que nunca se utilizaron ataques químicos en la Guerra del Chaco, ambos bandos compraron o fabricaron máscaras debido al miedo a que se emplearan este tipo de armas”, detallan.
La denominada ‘Batalla de Boquerón’, librada en septiembre de 1932, se convirtió en una de las confrontaciones más significativas de la guerra. Durante más de tres semanas, las tropas paraguayas sitiaron el fortín, que estaba bajo control boliviano, hasta lograr su capitulación. “Esta victoria marcó un punto de inflexión en el conflicto, consolidando la resistencia paraguaya en una guerra que se prolongaría por otros tres años”.
Ahora, el proyecto arqueológico tiene como objetivo explorar en profundidad las áreas clave del Fortín, incluyendo las trincheras, los nidos de ametralladoras y los barracones donde los soldados vivían y combatían.
A través de una combinación de excavación tradicional y tecnología avanzada, como el uso de drones para realizar estudios aéreos, los investigadores esperan mapear y documentar el sitio de la primera gran batalla de la Guerra del Chaco. Esta labor permitirá a los historiadores y al público en general obtener una visión más detallada de las condiciones de vida y combate en el conflicto más sangriento del siglo XX en América Latina.
A nivel local, confían en que genere un impacto positivo en el turismo cultural de la región, la más aislada y poco poblada del Paraguay, y la economía local, a través de la preservación de su propia historia.
Esta batalla guarda ciertos vínculos con la Guerra Civil Española. Parte del armamento utilizado llegó desde Latinoamérica, y en el caso concreto del procedente de la Guerra del Chaco, ayudó a reforzar a ambos bandos en la primera etapa del conflicto español, cuando había escasez de equipo militar.
El armamento que llegó hasta la Guerra Civil Española
Andrés San José Gutiérrez cuenta, además, en relación a esta campaña de excavaciones, que Bolivia fue el país latinoamericano que más armamento tenía para exportar, ya que durante la Guerra del Chaco había invertido en adquirir armas modernas de Alemania, la antiguaChecoslovaquia, Bélgica y Estados Unidos, entre otros.
Paraguay por su parte, tras haber ganado la guerra, también tenía excedentes de armas y municiones. Sin embargo, sus recursos no eran tan grandes como los de Bolivia. aunque capturó mucho armamento abandonado por el ejército boliviano. Paraguay vendió grandes cantidades de municiones sobrantes de fusiles y artillería. Aunque en menor medida que Bolivia, Paraguay también exportó parte de su inventario de artillería ligera y fusiles de infantería.
El tráfico de armas desde Latinoamérica a España se realizó a través de intermediarios, generalmente empresas de armas europeas que actuaban como facilitadores. “Aunque las transacciones no siempre se realizaban de manera oficial, varios envíos lograron llegar a ambos bandos, si bien el ejército nacionalista, liderado por Franco, recibió la mayor parte del armamento latinoamericano gracias a su red de contactos con proveedores de armas internacionales”, precisa el arqueólogo.
“Este tráfico de armas es un ejemplo de cómo los conflictos regionales pueden tener consecuencias globales, ya que el armamento sobrante en un conflicto latinoamericano terminó alimentando un conflicto mucho más grande y devastador en Europa”.
Finalmente, otro paralelismo que establece con la Guerra Civil Española es la comprobación de que los objetos encontrados, aparte del material bélico, son escasos. “Esto recuerda al último periodo de la Guerra Civil, cuando el ejército republicano estaba quedándose sin recursos, y los hallazgos en sus trincheras son cada vez más limitados conforme nos acercamos al final del conflicto”.
 
 
 
 
 
LA EXTRACCIÓN DIRECTA DE LITIO ESTÁ EN AUGE POR LA NECESIDAD DE ACELERAR EL SUMINISTRO Y SATISFACER LA DEMANDA MUNDIAL
 
Wood Mackenzie prevé que la demanda de litio pase de los 1,2 millones de toneladas (Mt) de este año a unos 6 Mt en 2050
 
El Periódico Digital de España (https://acortar.link/BsZJj0)
 
En 2020, la demanda mundial de litio rondaba las 383 kt de carbonato de litio equivalente (LCE). En 2024, sin embargo, esta cifra se había más que triplicado hasta alcanzar 1,2 Mt LCE, en gran parte gracias a la industria de los vehículos eléctricos (VE). En estos momentos, los analistas de litio de Wood Mackenzie prevén que esta tendencia continúe y que el consumo de litio alcance unos 6 Mt de LCE en 2050, impulsado por la evolución del panorama de las baterías recargables.
Los analistas pronostican que la industria del litio registrará un excedente de oferta a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, el crecimiento de la demanda superará al de la oferta, y el mercado se enfrentará a un déficit. Se necesitará más oferta para satisfacer la demanda, aseguran.
Tradicionalmente, el litio se extrae de fuentes minerales y salmueras. Sin embargo, la evaporación de las salmueras puede tardar hasta 18 meses. Esto la convierte en una opción menos viable cuando se trata de satisfacer las necesidades inmediatas del mercado. Por tanto, explorar nuevas tecnologías de extracción es crucial para diversificar las fuentes y reducir la dependencia del mercado de unos pocos productores y tipos de recursos importantes.
Otro inconveniente es la superficie necesaria para crear las enormes balsas de evaporación. La necesidad de acelerar el suministro y satisfacer la demanda mundial ha impulsado el auge de la tecnología de extracción directa de litio (DLE).
La velocidad es esencial
La DLE hace referencia a tecnologías avanzadas que procesan eficazmente salmueras continentales y diluidas sin necesidad de grandes balsas de evaporación. Utilizando métodos químicos o físicos, la DLE aísla selectivamente el litio de las soluciones de salmuera mediante diversos métodos, como la adsorción, el intercambio iónico, la extracción con disolventes y la tecnología de membranas.
En Woodmac creen que la DLE ofrece una alternativa más rápida y eficaz a los métodos tradicionales de extracción de litio. A diferencia de los procesos de evaporación convencionales, que pueden llevar meses, la DLE puede lograr la extracción en sólo horas o días. Además, la DLE promete mayores tasas de recuperación y una menor huella medioambiental que los métodos tradicionales. “Estimamos que las recuperaciones de litio podrían pasar del 40% al 60% con las balsas de evaporación a entre el 70% y el 90% con la DEL”, estiman.
En 2023, la DLE produjo alrededor de 83,7 kt de carbonato de litio equivalente (LCE), con una producción concentrada en Argentina y China. Para 2028, Wood Mackenzie prevé que el suministro de DLE aumente a unas 301 kt de LCE, lo que multiplicará por 2,6 la cuota de mercado de DLE desde 2023. Más de 30 empresas y start-ups de todo el mundo están desarrollando actualmente la tecnología DLE.
Obstáculos por superar
Sin embargo, la tecnología DLE debe superar una serie de obstáculos para prosperar a gran escala. Estos son, a juicio de los analistas de Woodmac, los siguientes:
Competitividad de costes. Actualmente, la DLE cuesta más que los métodos tradicionales de extracción de litio. El uso de energía renovable podría compensar algunos de estos costes. Las intensidades de capital tienden a ser más elevadas para la DLE que para los métodos tradicionales de extracción y procesamiento.
La viabilidad económica y el atractivo de invertir en instalaciones de DLE y explotarlas pueden verse empañados por la inestabilidad del precio de mercado del litio. En este caso, el apoyo financiero gubernamental podría reducir los riesgos y ayudar a atraer la inversión privada.
La venta de subproductos del proceso DLE -metales como magnesio, potasio, calcio y otros- podría añadir más valor al proceso DLE en su conjunto, haciéndolo más atractivo para los inversores. Arcadium Lithium, por ejemplo, ya vende subproductos como potasio y bromuro.
Escalabilidad. En lo que respecta a la escalabilidad, la mayoría de las tecnologías DLE se encuentran todavía en una fase incipiente o piloto y siguen afrontando retos técnicos con vistas a su comercialización a gran escala. La infraestructura disponible para apoyar las operaciones de DLE a gran escala es limitada.
Algunas empresas petroleras y gasísticas cuentan con el tipo de infraestructura que podría apoyar la DLE, pero no necesariamente tienen el litio necesario presente en sus recursos. Además, cada proyecto requiere un proceso de DLE único y a medida, que dependerá de la composición química de la salmuera.
Desde el punto de vista legislativo, la obtención de permisos operativos y medioambientales puede llevar tiempo y ser compleja, lo que, a juicio de los analistas de Woodmac, puede provocar retrasos en los proyectos.
Cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Desde el punto de vista del medio ambiente, la extracción de litio a partir de salmuera puede requerir mucha agua, lo que puede agotar los recursos hídricos locales. Los yacimientos de salmuera de litio suelen encontrarse en países con condiciones áridas, por lo que esto sería muy preocupante. En Argentina, el Salar del Hombres Muerto utiliza tecnologías DLE. El consumo total de agua dulce es aproximadamente un 200% superior al del mayor salar de Chile, el Salar de Atacama.
La reinyección de salmuera en el proceso reduce el consumo neto de agua, pero diluye la pureza de la salmuera. Cabe señalar que el proceso de reinyección no utiliza agua dulce.
La preocupación por la contaminación del suelo y el agua podría paralizar las operaciones, dependiendo de la política reguladora de la región. Desde el punto de vista de las emisiones, la DLE tiene una huella de carbono inferior a la de las explotaciones mineras, pero superior a la de las balsas de evaporación tradicionales.
 
 
 
 
 
CUANDO BOLÍVAR LE DIO UN PUERTO A BOLIVIA QUE LUEGO SERÍA ARREBATADO POR CHILE
 
Unos años atrás, en La Haya, la Corte Internacional desestimó el reclamo boliviano para lograr un acuerdo con el país trasandino que le permita resolver su grave problema de mediterraneidad.
 
Marcelo Bonelli de Argentina (https://acortar.link/FKkvJj)
 
Unos años atrás, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia desestimó el justo reclamo de Bolivia para lograr un acuerdo con Chile que le permita resolver su grave problema de mediterraneidad que ya lleva 135 años tras la apropiación de buena parte del territorio que, en su momento, a pedido de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, la Argentina había canjeado con el naciente país del altiplano. Algo que hizo posible el entonces ex presidente argentino Bartolomé Mitre cuando logró que una mayoría de senadores que le respondían rechazase el acuerdo que había firmado su sucesor, Domingo Faustino Valentín Sarmiento, quién para evitar la pretensión chilena había pactado que en caso de una invasión militar a Bolivia la Argentina saldría en su defensa. Chile, si bien no se enfrentó abiertamente con Bolívar ya desde 1828, tres años después de la creación del estado boliviano luego de la derrota final del colonialismo español en la batalla de Ayacucho, comenzó a plantear su postura de reclamar el control de esos territorios para lo cual siempre contó con el apoyo del entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Así es como en sus intentos de avanzar sobre esa zona ya entre 1836 y 1839 Chile enfrentó a Bolivia y Perú en la conocida como “Guerra de la Confederación” para retomar su propósito expansionista en la “Segunda Guerra del Pacífico” entre 1879 y 1884 la cual prevista por Sarmiento lo llevó a firmar el tratado con la Confederación Peruano-Boliviana.
Bolívar el 28 de diciembre de 1825 determinó como puerto marítimo de Bolivia, el país del cual es epónimo, la actual localidad chilena de Cobija habitada mayoritariamente por pescadores, al que denominó La Mar, estableciendo allí las oficinas de la “hacienda pública”, y del cual hoy sólo quedan algunas ruinas. Ya en 1842, tras la victoria chilena en el primero de esos conflictos bélicos, el presidente de ese país, Manuel Bulnes, inició una serie de reclamos para apoderarse de esos territorios e incluso del argentino de Atacama que había sido cedido por Bolívar a la Argentina en canje por la hoy provincia boliviana de Tarija, zona de grandes yacimientos gasíferos. La economía chilena se encontraba en problemas a raíz del agotamiento de las reservas mineras de plata de Chañarcillo y la pérdida de mercados en el área del Océano Pacífico por lo que, con el apoyo del Reino Unido inició reclamos por las reservas de guano y salitre de Coquimbo, Atacama y otras áreas adyacentes En ese momento las cosas se facilitaron para Chile cuando en 1864 el corrupto general Manuel Mariano Melgarejo diera un golpe de estado en Bolivia tras lo cual concesionó la explotación de guano y salitre en la zona pretendida por los chilenos a una empresa de ese país la que, a su vez, la cedió a otra, pero británica. No fue casual, entonces, que años más tarde, los bancos también británicos Barrington y Lloyds financiasen a Chile en la Segunda Guerra del Pacífico, ni que los senadores mitristas hayan rechazado el acuerdo firmado por Sarmiento a pesar de la enfática defensa del mismo en la cámara alta por parte de Dardo Rocha, el histórico fundador de La Plata. Esa clara postura de Sarmiento y Dardo Rocha también fue compartida por otros argentinos que se alistaron en los ejércitos peruano-bolivianos como el luego presidente Roque Sáenz Peña, herido durante el conflicto, quién abandonara su cargo de legislador nacional para alistarse, como coronel, a las órdenes del general Francisco Bolognesi, el héroe peruano muerto en la batalla de Arica. En esa guerra por el guano y el salitre, financiada por los británicos, la Argentina también perdió apropiados por Chile unos 20.000 kilómetros cuadrados de territorio (la provincia de Tucumán tiene 22.524 y Tierra del Fuego 21.571) respecto de los cuales desde Julio Argentino Roca, entonces presidente, hasta la fecha, no hubo reclamos oficiales. La guerra, sobre la que se ocuparon importantes historiadores argentinos como Ricardo Rodolfo Caillet-Bois y María Sáenz Quesada, tuvo su punto de partida con el descubrimiento del yacimiento argentífero de Caracoles en la zona concesionada por Melgarejo por lo que, al no haber acuerdos sobre los reclamos bolivianos, el 14 de febrero de 1879 Chile ocupó militarme Antofagasta. Como resultado de la guerra se apropió Chile de territorios bolivianos, peruanos y argentinos, que en el caso de Bolivia significaron la pérdida de su salida al mar y la condena a la mediterraneidad por lo que realizó numerosos reclamos, el más reciente por el hasta hoy presidente Juan Evo Morales quién llegó a tener algún diálogo pasajero con la ex presidente de ese país Verónica Michelle Bachelet pero los gobiernos chilenos se mantuvieron firmes al concepto del “uti possidetis de facto” (posesión de hecho), ahora convalidado por la Corte de La Haya, contra el “uti possidetis iuris” (posesión por derechos), planteado por Bolivia que tiene sus su origen en las guerras por la Independencia de hispano-américa y en el propio Bolívar.
 
 
 
 
 
LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ RECIBE A DOS DELEGACIONES DE BOLIVIA PARA CONOCER SUS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 
En este encuentro se han abordado temas como la situación de emergencia por la que atraviesa el país latinoamericano por los numerosos incendios
 
La Crónica de Bajadoz, España (https://acortar.link/yrA2HN)
 
La diputada de Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls Muñoz, ha recibido a dos delegaciones de Bolivia para conocer los proyectos de la institución en materia de cooperación internacional.
La primera de estas delegaciones, encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Fernando Trigo, se enmarca en el proyecto financiado por la Diputación de Badajoz a través del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo de Extremadura (Felcode), denominado 'Emprendiendo Juntas'.
Se trata de un proyecto que fomenta el emprendimiento y la independencia económica de mujeres de sectores vulnerables del municipio de Cercado-Tarija, en Bolivia, con el objetivo general de contribuir a reducir la desigualdad entre géneros.
La segunda visita contó con la presencia del presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y alcalde de Tiahuanaco, Flavio Eduardo Merlo, en el marco de los proyectos que vinculan a Bolivia con la cooperación municipalista extremeña a través de Felcode.
En este encuentro se han abordado varios temas de posible colaboración, como la situación de emergencia por la que atraviesa el país por los numerosos incendios y, además, los efectos graves de la sequía que afecta a un importante número de municipios bolivianos.
 
 
 
 
 
Un sueño en carrera: la atleta que llegó embarazada desde Bolivia y hoy compite por España
 
Allí en Bolivia el deporte no tiene el valor que tiene aquí. Cosas que en Bolivia nunca me hubiera planteado hacer sola, aquí sí puedo. Vine a buscar un futuro mejor para las dos y creo que lo he conseguido.
 
Salamanca Hoy de España (https://acortar.link/m0Wj6W)
 
'El latido del deporte de Salamanca' vuelve al atletismo para conocer una historia de superación que comienza con un embarazo en Bolivia y acaba en Salamanca en un Campeonato Mundial de Skyrunning de la mano de la Selección española. Juana Montaño logró la nacionalidad hace un año, aunque dejó su país natal hace seis, y complementa su vida de deportista, con el trabajo en el mundo de la hostelería y ser mamá, su mayor lucha y fuente de motivación.
Una carrera de vida continua
«Mi vida es correr. Estoy todo el día corriendo». Cuando le preguntas por su historia, las lágrimas inundan sus ojos. Sin apenas palabras. Su hermana fue el impulso que le llevó a dejar su país, donde no se le permitía hacer la vida que quería, años «duros», que quedan en la lejanía al llegar a Salamanca. «Echo de menos todo, pero cada vez tengo menos apego a mi país. Allí no podía hacer lo que me gusta, competir y correr», reconoce.
«Cosas que en Bolivia nunca me hubiera planteado hacer sola, aquí sí puedo»
¿Por qué? «Porque no hay apoyo. Solo trabajas. Allí el deporte no tiene el valor que tiene aquí. Cosas que en Bolivia nunca me hubiera planteado hacer sola, aquí sí puedo. Vine a buscar un futuro mejor para las dos y creo que lo he conseguido. Mi vida es un continuo correr, para ir al trabajo, para ir a por niña, para entrenar... Ahora estoy bien. Me duele lo que he pasado, lo que he vivido, pero todo lo sufrido ha sido para bien.», explica.
Seis años dan para mucho y Juana ha logrado representar a la Selección de Castilla y León, además de a España, en el último Campeonato Mundial de Skyrunning. Por el camino...
«Después de dar a luz decidí comenzar a correr poco a poco y me apunté a la Media Maratón de Salamanca; el primer año hice pódium y el segundo también, así que al no verme tan mal volví a la montaña. Los resultados fueron buenos y quise seguir. Me encontraba cosas nuevas todos los días, nuevos clubes, selecciones, amigos... y así he llegado a competir en la montaña a nivel internacional», cuenta.
¿Se ha cumplido todo lo que en su día soñó? «La verdad es que sí, los sueños se están haciendo realidad y también los de mi pequeña, por lo que estoy feliz por ello después de todo. A nivel deportivo estoy satisfecha, dentro de lo que puedo, y puedo competir, que es lo que más me gusta. Todo consiste en hacer un esfuerzo extra para sacar tiempo de donde no parece que hay. Es normal que cueste un poco llegar a donde uno quier estar».
Sobre su futuro
Mirar más allá del hoy resulta imprescindible para un deportista de élite, sin embargo, Juana necesita de permisos de trabajo para poder competir. Dentro de su calendario anual restan tres carreras más; en Huesca, en La Rioja y en León. Pero hasta el último momento no sabrá si sus superiores -trabaja en un residencia de estudiantes- le darán el día libre.
Y finaliza: «Estoy tranquila y feliz, ya veremos que pasa el año que viene. Mis lágrimas de tristeza se han convertido en emoción».