TURBIO PASADO VUELVE A ACORRALAR A UN DEBILITADO EVO MORALES

En lugar de dar cara a la justicia para desestimar acusaciones de estupro y trata de personas, se esconde en bastión electoral y promueve protesta social. Existe prueba plena de que tuvo relaciones sexuales con una niña de 15 años en el tiempo en que gobernaba el país.

 

ATRINCHERARSE en su mayor bastión electoral, impulsar el estallido social y promover el bloqueo a medio país en lugar de dar la cara a la justicia es la estrategia de defensa del expresidente boliviano, Evo Morales, a las acusaciones de abuso sexual a menor de edad, trata y tráfico de personas.
Más allá de los calificativos con que ha rechazado la investigación en su contra y el duro enfrentamiento político con su otrora aliado -hoy presidente Luis Arce- por la candidatura del 2025, el exmandatario indígena ha preferido las vías de hecho a cumplir con las citaciones judiciales por lo que, legalmente, puede ser detenido.
“Una mentira más”, un “proceso ilegal” y una “persecución judicial” han sido los reiterativos argumentos con los que Morales ha plantado cara tanto al poder judicial como al gobierno Arce, al que acusa de reactivar el mencionado proceso de ‘violación’ a una joven de 15 años para impedirle buscar la candidatura del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) del que fue fundador.
Desde mediados de septiembre, la fiscalía del departamento de Tarija lo citó en dos ocasiones para que rinda su testimonio dentro de un nuevo proceso por "estupro, trata y tráfico de personas", hecho que se remonta a la época en que el líder indígena fungió como presidente, en 2015.
La orden de aprehensión expedida el pasado 26 de septiembre por fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Según la misma, los padres de la menor (también investigados) la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor", lo que configuraría el delito de trata de personas.
La mencionada orden de arresto quedó sin piso al ser removida sorpresivamente del cargo la fiscal Gutiérrez, pero una vez restituida y ante la negativa de Morales de comparecer en dos ocasiones a la justicia se expedirá otra. Caso contrario del progenitor de la presunta víctima quien fue arrestado el viernes por no a presentarse a ese mismo despacho, tal cual confirmó la Policía Nacional.  Por ello se le dictó prisión preventiva de cuatro meses. La madre sigue en libertad.
El ministro de Justicia, César Siles, recordó que eso es lo que manda la ley, ya que "cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión".
Destacó el funcionario que "hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años".
Según Siles, "producto de esa violación (la madre) engendró a otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma".
"Existe un proceso abierto" que "está en curso de investigación", enfatizó el ministro.
Como era de esperarse, el exmandatario indígena calificó la denuncia como “otra mentira más”, agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos, “demostrándose que no hubo nada” y que el actual proceso es “ilegal” por lo que no comparecería.
Sin embargo, la fiscal Gutiérrez, quien fungió como ministra de Justicia de uno de los gobiernos de Morales (2006 a 2019) reabrió el proceso contra su antiguo jefe para investigar no solo el “estupro" -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, sino una posible trata y tráfico de personas. De allí que el ojo judicial se amplíe a la actuación de los progenitores de la víctima.
El líder cocalero de 64 años, desde que se reactivó la investigación, se atrincheró en la región  cocalera del Chapare, su mayor fortín electoral en el departamento de Cochabamba, desde donde ha insistido que éste y otros procedimientos indagatorios abiertos recientemente en su contra son un "lawfare" (persecución judicial) orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro de finanzas, ahora rival para conseguir el liderazgo del MAS y la candidatura para la presidencial del próximo agosto.
Y, como acostumbran otros líderes de izquierda en la región, se ha mantenido activo en X para ir más allá, asegurando que el gobierno quiere incluso “acabar” con su vida.
"El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral", agregó en la mencionada red social.
"El gobierno traidor ha desatado una guerra judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución a la oposición política para pretender proscribirnos", añadió.
Días antes presidió el inicio de la llamada "Marcha para salvar Bolivia", una extensa caminata de 190 kilómetros de sus seguidores hacia La Paz que degeneró enfrentamientos violentos entre éstos y los seguidores de Arce, quien en su momento lo acusó de tramar un plan para dar un "golpe de Estado".
Esta investigación penal aviva aún más el enfrentamiento político de los dos líderes del MAS, tal cual lo destacan analistas como Williams Bascopé, quien sostiene que “el escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estarían peleados evistas y arcistas nunca se habría conocido".
Para la socióloga de la universidad estatal San Simón, esta denuncia entra "en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad" de que Morales sea culpable.
En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas para poner contra las cuerdas al gobierno Arce, cuya popularidad está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares.
De prosperar la denuncia penal, "se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político" cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia "verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto" al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
Escondido y resguardado
Ante el revuelo que provocó la declaración de la fiscal Gutiérrez, exactamente hoy hace ocho días, los seguidores de Morales dijeron que su líder está resguardado en algún lugar de la región de Chapare, en el centro de Bolivia, ante el riesgo de ser capturado.
"Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales", afirmó su exministro y abogado Carlos Romero, mientras que el líder indígena, sin dar pistas sobre su paradero, escribió en X: “seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron".
Y desde la clandestinidad ha promovido la movilización de indígenas y campesinos que hoy completa cuatro días, con amenaza de radicalizarse.
Organizaciones de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se suman desde hoy a las protestas que comenzaron el lunes e interrumpirán el tráfico en esos departamentos, advirtió Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
Las protestas mantienen aislado al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política y permanece resguardado.
"Esto es a nivel nacional. De manera escalonada, los departamentos están asumiendo (la medida)", dijo Claros a la AFP.
Ayer los manifestantes mantenían ocho puntos de bloqueo, tres más que el martes, en las rutas que conectan Cochabamba con las ciudades de La Paz(oeste), Sucre (sur) y Santa Cruz (este).
En los primeros dos días de movilización, convocada por el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines a Morales, se registraron enfrentamientos entre los campesinos y la policía en Parotani, entre Cochabamba y La Paz.
Los cortes de rutas se convocaron inicialmente con la finalidad de "resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro" del líder sindical de 64 años, según el Pacto de Unidad.
Sin embargo, ahora protestan contra el gobierno Arce. Sus reclamos se centran en la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y dólares, así como el repunte de la inflación.
Pero en el trasfondo estas protestas buscan mostrar la fuerza política de Evo Morales, quien se ve de repente enfrentado a su pasado, el que como dice el refrán no perdona.
(https://acortar.link/GkhqBp)
 
 
 
 
 

EL DOBLE “LAWFARE” QUE TENSIONA A BOLIVIA
 
Evo Morales se atrincheró en el Chapare resistiendo la orden de detención en su contra por las denuncias de estupro y trata que pesan en su contra, mientras se dice víctima de persecución judicial del gobierno y mueve influencias en la Justicia, para que Luis Arce sea procesado por acoso sexual.
 
Doce Tv de Argentina (https://acortar.link/rZleWj)
 
El enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce está ensombreciendo la izquierda boliviana y también impacta negativamente sobre las dirigencias aliadas en particular al líder cocalero que presidió el país del Altiplano.
Mientras los funcionarios que responden al ala del Movimiento Al Socialismo (MAS) que el controla intentan promover el procesamiento del presidente actual con denuncias de supuestos acosos sexuales, el ex presidente se recluye en su feudo de El Chapare para resistir contra la orden de arresto dictada por una Fiscalía en su contra. O sea, además de intentar derrocar al presidente Arce, el ex presidente Morales está en rebelión contra la Justicia de su país.
Ese referente de la izquierda indigenista fue un potente símbolo del auge de gobiernos populistas en toda la región, pero hoy lo opaca la guerra personal contra su camarada en el MAS y ex ministro de Economía de su gobierno, que hoy ocupa la presidencia de Bolivia.
Por cierto, tampoco a Luis Arce lo beneficia está lucha inescrupulosa y descarnada por el poder que está librando con su ex jefe en el partido MAS y en el Estado. Su ahora archienemigo está dañando parte de la economía con los piquetes con que sus seguidores cortan rutas claves en el país. De todos modos, en materia de imagen el derrumbe más llamativo es el de Evo Morales.
La razón es que le ha quitado a la izquierda el argumento que siempre usó para demonizar al centrismo y a la derecha dura con base en Santa Cruz de la Sierra: acusarlos de golpistas y de obstruccionismo a la acción gubernamental.
Hoy es una facción de la izquierda la que está debilitando la democracia y la economía en Bolivia para derribar al gobierno de otra facción de la izquierda. No le faltan flancos débiles a la gestión del presidente Arce, pero el accionar del ex mandatario para monopolizar el control del MAS, imponer su candidatura presidencial a pesar del impedimento constitucional y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por las imputaciones que se le hacen de tener sexo con menores de edad, implican lisa y llanamente el derribo de su estatua.
Ese líder con el que gustaba mostrarse Cristina Kirchner y la dirigencia kirchnerista, además de Lula da Silva, Hugo Chávez y Rafael Correa, hoy es sospechado de haber recurrido a la trata y a comprar padres con cargos públicos para que le entreguen a sus hijas. Y en esta guerra está mostrando otras miserias personales.
Los dirigentes campesinos alineados con Evo Morales que están convulsionando el país con sus piquetes y protestas, exigen para sentarse a dialogar al gobierno de Arce abrogar el decreto que impone una pausa ambiental indefinida, lo que impide las quemas de bosques y montes para extender áreas de cultivo. O sea que Evo Morales está en la misma vereda desde la cual el ultraderechista ex presidente brasileño Jair Bolsonaro promovía los incendios en los bosques amazónicos.
Eso no es lo único que lo vincula a las peores prácticas de los poderes fácticos: las acciones de fuerza de su movimiento también le exigen al presidente Luis Arce que permita su candidatura presidencial en el 2025, violentando la ley vigente, y que obligue a la Justicia a levantar los procesos judiciales en su contra por las denuncias de trata, violación y estupro.
¿Existe un derrumbe más calamitoso que el de la imagen del líder cocalero que presidió largos años un gobierno exitoso en muchos aspectos?
Por estos días también se opaca la imagen de Lula da Silva, quien aún “espera” en silencio que Nicolás Maduro muestre las actas de la elección que destruyó para continuar en el poder a pesar de haber sido abrumadoramente derrotado. Y en el medio, el derrumbe también patético de Alberto Fernández, el presidente que más defendió a Evo y a Lula cuando estaban en graves problemas: Alberto Fernández.
Para el kirchnerismo y el correísmo, que rechazan los procesos por corrupción contra Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa, aduciendo que ambos sufren lawfare (guerra jurídica) porque la derecha siempre recurre a ese instrumento contra los líderes de izquierda y sus gobiernos “progresistas”, el enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce es un problema grave, ya que ambos están recurriendo al lawfare en su afán por destruirse
La denuncia contra Evo Morales ya existía pero dormía silenciada en tribunales, hasta que el ministro de Justicia del gobierno de Arce la desempolvó cuando el ex presidente y su movimiento campesino junto al ala del MAS que le es leal, embistieron contra el actual presidente para derrocarlo. Y cuando la Justicia activó los procesos contra el líder cocalero por trata y estupro, incluso una presunta violación, Evo Morales movió sus influencias en los aparatos judicial y legislativo para que Luis Arce sea acusado de acoso sexual.
De ese modo, los dos líderes de la izquierda boliviana recurren abiertamente a lo que ellos y los demás gobernantes latinoamericanos de esa vereda siempre denunciaron el lawfare. Además, prueba que ese instrumento no es utilizado exclusivamente por las derechas contra las izquierdas.
En rigor, ya existían muchas pruebas en América Latina, donde varios presidentes derechistas fueron sacados del poder y encarcelados tras ser procesados por casos de corrupción.
En el lawfare a dos puntas que está tensionando la política en Bolivia, el caso menos creíble es la acusación contra Arce, porque no hay antecedentes o claras señales previas de que se trate de un acosador sexual. En cambio, la sospecha de que Evo Morales tiene adicción a las relaciones sexuales con menores viene de lejos y hay videos en el que parecen mostrar a dirigentes abocados a la trata acercando adolescentes al ex presidente.
De ser así, lo cuestionable no es que se haya activado una denuncia contra Evo Morales, sino que esa y otras denuncias vinculadas al estupro, la trata y también la violación hayan estado durmiendo en los tribunales.
 
 
 
 
 
LA DEFENSA DE EVO COHESIONA A SUS BASES, PERO NO GENERA SIMPATÍA EN LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Cientos de seguidores de Evo Morales bloquearon este martes 15 de octubre las principales vías de conexión del departamento de Cochabamba, centro de Bolivia, en el segundo día de protestas contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato.
 
El Mostrador de Chile (https://acortar.link/IYWttj)
 
A Evo Morales se le investiga por estupro, trata y tráfico de personas. Según la fiscalía de Tarija, Morales tuvo una relación en 2015 con una joven que tenía 15 años y un año después nació una niña de ambos.
El expresidente boliviano tilda el caso de una mentira más en su contra y recuerda que esta misma causa fue investigada y archivada por la justicia en 2020.
Según Morales, el Gobierno de Luis Arce, su ex aliado y hoy rival político, reactivó el caso para impedirle que concurra a las presidenciales de 2025.
“Es otra de las acciones impulsadas por el Gobierno para dañar la imagen de Evo Morales, que ya está mellada. En caso de que haya una sentencia ejecutoria en su contra, él no podría ser candidato a la presidencia. También está en riesgo la vigencia de la personería jurídica del partido, el Movimiento al Socialismo, MAS. Evo Morales, por su parte, insiste en ser candidato único del MAS”, analiza para RFI el sociólogo y politólogo Fernando Mayorga.
El expresidente boliviano rechazó el jueves pasado comparecer a la citación del Ministerio Público. Ante su negativa, la fiscal del caso advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario. Evo Morales escogió la acción directa mediante un bloqueo de caminos.
“El ex presidente tiene una defensa del tema que, en realidad, es evitarlo. Le ha solicitado a su abogado anular el caso y no se ha presentado a declarar”, dice Mayorga, quien considera que lo más conveniente sería “aclarar el asunto públicamente”.
“Arce, Evo y el MAS están descreditándose”
Según el profesor de la Universidad Pública de Cochabamba, Morales refuerza “su liderazgo en el núcleo más duro del MAS”, con una marcha “exitosa para él como la realizada hace un par de semanas”. No obstante, el experto considera que tanto Morales como Luis Arce están perdiendo en términos de opinión pública. “El MAS como partido está teniendo enorme descrédito”.
Las bases que apoyan a Evo Morales en las calles no esgrimen reivindicaciones que conciernan a amplios sectores, puntualiza Mayorga. Pero, tampoco se trata de una defensa ciega del líder ante su llamado, insiste.
La defensa a Evo es una defensa sindical
El profesor explica que la defensa a Evo Morales es, sobre todo, corporativa o gremial. Se trata, en sintesis, de una lucha sindical. “Evo Morales no es como los otros líderes de izquierda de América latina, Chavez, Correa, etc. El nace del mundo sindical. Y existe un grado de control de mandato sindical que le pone límites al ejercicio de su liderazgo”, explica.
El experto recuerda que Morales es el dirigente principal de los sindicatos de productores de coca y que desde 1989 es presidente de la coordinadora de las seis federaciones de trabajadores cocaleros.
“Por eso, la defensa popular en las calles no es solo en torno a la figura de Evo Morales, sino que se trata de una defensa corporativa porque, en la medida que a su principal dirigente, que además ha sido presidente, le hacen una acción judicial o lo encarcelan, se pone vulnerable todo el sector”. Sin embargo, “esta defensa corporativa, si bien cohesiona a la base social, no genera simpatía en la opinión pública”, concluye Fernando Mayorga.
 
 
 
 
 
LA GUERRA EVO-ARCE LLEGA A LA FASE DE COLISIÓN
 
CDHAL Org. (https://acortar.link/DvLnRK)
 
Tras las marchas organizadas por Evo Morales contra la administración de Luis Arce, que terminaron con varios heridos, el gobierno ha lanzado una ofensiva judicial contra el ex-presidente, incluida una denuncia, ahora reflotada, de abuso a una menor. Morales la rechaza como un caso de lawfare.
Tras ir escalando desde el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder a fines de 2020, la guerra interna entre evistas y arcistas ha llegado a la colisión y ninguna de las facciones en pugna escatima medios contra la otra: los contendores se han lanzado uno contra el otro. Primero, el ala dirigida por el ex-presidente Evo Morales organizó a fines de septiembre una marcha de siete días hasta La Paz con el deseo apenas disimulado de crear las condiciones para que su ahora enemigo, el presidente Luis Arce Catacora, deba renunciar a su cargo. Acto seguido, el gobierno de Arce ha disparado una ráfaga de juicios contra Morales e incluso existe la posibilidad de que lo haga detener.
De estos procesos, el más importante en contra del líder indígena no es una sorpresa; es más bien lo que los bolivianos llaman un «plato recalentado». La fiscal del departamento de Tarija (sur de Bolivia), Sandra Gutiérrez, reactivó el 26 de septiembre de 2024 una investigación contra Morales que el gobierno de Jeanine Áñez había planteado a fines de 2019. Según la denuncia en la que se basa, el entonces presidente habría tenido un hijo en 2016 con una adolescente que entonces tenía 15 años y lo inscribió en el Registro Civil un año después.
Una copia del supuesto certificado de nacimiento ha circulado varias veces en las redes sociales. Esta investigación no avanzó durante la gestión de Áñez porque no hubo una denuncia directa de la presunta víctima y un fiscal de Yacuiba, la ciudad tarijeña de donde esta proviene, rechazó la acusación.
La denuncia se reactivó ahora en medio del conflicto entre Morales y Arce por la candidatura en 2025 y el control del MAS. De una manera que los allegados al ex-presidente consideran «clandestina», la fiscal Gutiérrez elaboró una orden de aprehensión contra Morales. Este relataría posteriormente que en ese momento comenzó un operativo policial para detenerlo. «Una fuente anónima me pidió que no salga de mi casa», reveló en la radio cocalera Kawsachun Coca.
Al mismo tiempo, los abogados de Morales, que también se enteraron de la existencia de la orden por filtraciones del Estado, plantearon un recurso ante una jueza de garantías, Lilian Moreno, la cual suspendió la detención. Además, intervino el jefe de Gutiérrez, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien la destituyó en tiempo exprés por supuesta «negligencia». Muy criticado por esta decisión, Lanchipa explicó, en un comunicado, que la investigación como tal seguía su curso.
Según Lilian Moreno, la jueza que detuvo el procedimiento de captura de Morales, la fiscal Gutiérrez pretendió presentar el caso como flagrante cuando tenía cinco años de antigüedad, un tiempo obviamente suficiente para que se notificara al acusado, que además vive en el departamento de Cochabamba y no en Tarija, donde se lo intentaba imputar.
El gobierno de Arce ha amenazado con procesos contra Lanchipa y Moreno. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha declarado que, como padre de familia, siente «repudio y asco» hacia estas autoridades judiciales. El presidente Arce también se ha pronunciado directamente sobre el caso, lo que muestra la importancia que tiene para el oficialismo. Pidió que no se politice y que se guarde reserva sobre los detalles para proteger a la menor involucrada (que ya no lo es en este momento), pero eso no puede ocultar la propia división política de la justicia, atravesada también por la guerra intestina del MAS.
Los miembros del oficialismo, algunos de los cuales tuvieron que defender a Morales en el pasado, son conscientes de que los ataques más dañinos contra el fundador del MAS son los que aluden a sus relaciones sentimentales. En 2016, la primera denuncia de este tipo, que reveló la existencia de Gabriela Zapata –una ex-novia que trabajaba como gerente de una contratista del Estado sin credenciales para ello- y la historia de un supuesto hijo con ella que derivó en un culebrón contribuyeron a que Morales perdiera el referéndum constitucional de entonces, en el que se consultaba una cuestión fundamental para él: si podría reelegirse en 2019.
La derrota lo llevó a habilitarse mediante un recurso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que, a su vez, creó las condiciones para su derrocamiento ese año. Tras la salida de Evo Morales al exilio, la nueva mandataria, Jeanine Áñez, lo denunció dos veces por supuestos vínculos amorosos con menores de edad. Uno de estos casos es el que ahora ha vuelto a reflotar. El otro fue sustentado por el ministro Arturo Murillo, el «halcón» del gobierno interino, más tarde detenido por corrupción en Estados Unidos. Murillo hizo publicar de manera ilegal, en medios «amigos», mensajes telefónicos de una joven que entonces tenía 19 años, pero que, alegaba el entonces ministro, había comenzado una relación con el ex-presidente cuando aún era menor de edad. Además, denuncias extraoficiales sobre vínculos entre Morales y muchachas muy jóvenes han aparecido varias veces en las redes sociales. 
«No me extraña ni me preocupa!», escribió Morales en la red X. «Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!», subrayó.
Posteriormente convocó a una conferencia de prensa en su baluarte, el Chapare, donde vive rodeado de sus leales cocaleros. «Me acuerdo perfectamente que [la entonces presidenta Jeanine] Áñez me procesó e investigó. Y se demostró que era falso. El 10 de diciembre, en Yacuiba, hubo una resolución [del] fiscal de rechazo» de la acusación de estupro, aseguró. «No hay nada y no va a haber nada. Lucho [Arce] igualito que la Áñez. Lucho es Áñez», afirmó el ex-mandatario rodeado de más de una decena de dirigentes del ala evista del MAS.
Morales recordó que, según la legislación boliviana, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo cargo. «¿No sabe el ministro de Justicia [César Siles] el código de procedimiento penal?», se preguntó.
Morales mostró varias encuestas que lo ubican primero en la intención de voto, en tanto que los cifras de Arce están en el piso. Según su visión, expresada en tercera persona, la arremetida judicial obedece a la necesidad de «desgastar la imagen de Evo». «Esta campaña sucia y mentirosa tiene el objetivo de anular políticamente cualquier opción electoral que represente una alternativa para salir de la crisis económica. Y la desesperación los arrastra a buscar conseguir con el abuso de poder lo que ya no pueden conseguir con la legitimidad que otorga la democracia», insistió en otro posteo en X, donde suele ser muy activo.
Morales no habla de la crisis económica por casualidad. Uno de los datos de los sondeos que mencionó en su conferencia de prensa es que 80% de los bolivianos desaprueban el manejo económico del gobierno. La crisis es la principal debilidad de Arce, que el presidente no puede resolver con el programa estatista, sustentado en la explotación de recursos naturales, sobre todo gas, que comparte con su gran rival; un programa que durante una década y media resultó bastante exitoso pero se ha venido agotando. Además, el gobierno se caracteriza por su débil gestión política.
La principal causa de las dificultades económicas del país es que tiene que importar combustibles por alrededor de 3.000 millones de dólares cada año y por eso sufre un déficit comercial que, sumado a la fuga de capitales, ha acabado con las divisas extranjeras. Sin dólares, la economía de Bolivia está muy apretada. Hay un semicorralito a los depósitos bancarios nominados en dólares y una incipiente pero inequívoca alza de precios. Hasta hora el país se ha salvado de entrar en default de su deuda externa, pero el riesgo país es muy elevado y eso le impide colocar bonos en el mercado internacional. Arce ha asegurado que no recurrirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque este condicionaría su ayuda a la adopción de medidas como la suspensión de la subvención de los combustibles, que el presidente ha descartado.
Morales, más pragmático, en parte porque no le toca gobernar, sí ha hablado de revisar las subvenciones a los combustibles, que aumentan la demanda y promueven el contrabando a los países vecinos, donde su precio es tres veces mayor. También Morales mantiene mejores relaciones con los empresarios, a los que les fue muy bien durante sus 14 años de gestión. Pero la sombra del FMI traza una línea que ni él ni Arce desean cruzar.
El recuerdo del tiempo de bonanza contribuye a mantener a Morales fuerte en las encuestas, aunque encerrado en los sectores de menores ingresos. Sin embargo, todavía falta ver cuál será el efecto de la nueva acusación de estupro en su tendencia electoral.
Con la economía boliviana haciendo aguas, los dos jefes del MAS se culpan mutuamente: «Cuando era ministro de Economía [Luis Arce] valoraba y reconocía los éxitos del modelo económico implementado por nuestro gobierno… y ahora, los desconoce para justificar los pésimos resultados económicos de su gestión», posteó Morales el 11 de septiembre. Por su parte, Arce atribuye los actuales descalabros económicos del país a que Morales «no cuidó la nacionalización» de los hidrocarburos y permitió que las reservas petroleras estatales se secaran.
Las diferencias económicas no son el más importantes motivo de disputa. Ambos quieren el liderazgo único de la izquierda boliviana. Arce asegura que Evo Morales está constitucionalmente impedido de postular en nuevas elecciones. Defiende la tesis, que aparece tangencialmente en una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de que la reelección discontinua está prohibida por la Constitución. Esto lo habilita a él, que no ha descartado presentarse pese a su actual debilidad en los sondeos.
Morales considera la sentencia del TCP inconcluyente y recuerda que en Bolivia siempre estuvo permitida la reelección discontinua antes de la aprobación de la Constitución de 2009 y sigue siendo posible con la nueva Carta Magna. Al mismo tiempo, ha señalado que los «arcistas» quieren «matar al MAS» en el que militan el presidente y él.
Ambas alas buscan que las instituciones electorales y judiciales las reconozcan como las únicas con derecho a usar el acrónimo, que sigue siendo muy importante en una elección. Como Morales cuenta con la directiva del partido, sus rivales no han logrado su propósito hasta ahora. Pero el ex-presidente no puede convocar a congresos porque necesita el acuerdo de organizaciones sociales que están en manos del «arcismo». El resultado es que es podría llegarse al extremo de que el MAS sea excluido de la competencia electoral del próximo año.
Varios líderes de la región, como los presidentes de Venezuela, Nicolas Maduro, de Cuba, Miguel Díaz Cancel y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva -así como el Grupo de Puebla- han tratado varias veces de reconciliar a los rivales, sin ningún éxito.
La escisión boliviana es un rompecabezas que la izquierda internacional o no entiende o se siente impotente para contribuir a resolver. Con el tiempo, se han comenzado a producir alineamientos. En este último asunto, el Grupo de Puebla se decantó por Morales. Expresó en un comunicado «su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se está empezando a desarrollar contra el compañero Evo Morales en Bolivia», un gesto que el boliviano agradeció.
También se cree que Venezuela se ha puesto del lado de Morales. Así lo permite suponer el que uno de los procesos que inició el arcismo en contra del ex-presidente sea por una camioneta Toyota 4Runner (2024) que este suele usar, que fue adquirida por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 90.000 dólares y revendida enseguida a una joven de 21 años por 100.000 bolivianos (14.000 dólares). El autor de esta denuncia, el ex-ministro de Justicia Iván Lima, a quien hasta ahora se ha considerado un influyente colaborador de Arce, dijo que esta camioneta implica una «intervención extranjera en la política boliviana». Morales respondió que no tiene vehículos propios y que Arce sabe quiénes lo apoyan: «Sabe el gobierno, el presidente especialmente, que diga la verdad… que diga quiénes me apoyan», declaró. Posteriormente, insistió en los mismo: «Que el presidente Lucho informe de donde viene el carro. [Que informe] de dónde recibo apoyo». Un mensaje encriptado para su ex-colaborador.
Lima también sugirió que Morales consiguió una cadena de televisión, un periódico y una empresa agroindustrial con dinero de Caracas. Esta denuncia también se hizo en tiempos de Áñez, pero las autoridades de entonces no tuvieron tiempo para encauzarla judicialmente. La prensa boliviana ha mostrado que Morales hizo varios vuelos internacionales en aviones del Estado venezolano. Al respecto, el ex-presidente señaló que no solo Venezuela, sino también otros Estados lo invitan y le mandan aviones para que «viaje a todas partes».
Con elecciones previstas para agosto de 2025 -en coincidencia con el Bicentenario de Bolivia- pocos imaginan que esta guerra interna interrumpa su escalada. Y la oposición al MAS, que hasta hace poco carecía de posibilidades, se entusiasma con aprovechar esta canibalización interna para mejorar sus posibilidades de dejar atrás la larga hegemonía de la izquierda.
 
 
 

 
BOLIVIA: DENUNCIA DE ESTUPRO, BLOQUEOS Y AHORA DESAPARICIÓN DE UNA FAMILIA, NUEVO ROUND EVO MORALES - LUIS ARCE
 
Además del cruce de denuncias sobre estupro y abuso de poder, el nuevo asalto de la pelea del expresidente de Bolivia, Evo Morales; y el actual gobernante, Luis Arce, incluye bloqueos de carreteras y la novedad de la desaparición de la familia de la joven que, en 2016, siendo menor de edad, supuestamente tuvo una hija con el exmandatario.
 
France 24 (https://acortar.link/RFv7YI)
 
En los dos últimos años, la ruptura entre los dos líderes y sus facciones ha tenido varios episodios, cada vez con mayores tensiones, porque ambos aspiran a ser nominados candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) para los comicios generales programados para el 17 de agosto del 2025.
Con ese contexto de fondo, la Fiscalía de Tarija (sur) ha reactivado una denuncia de estupro, trata y tráfico contra Morales, que ahora se está tratando de forma reservada, pero que hace diez días provocó un revuelo político al conocerse una primera orden de detención contra el exmandatario, que luego fue anulada por una jueza. 
En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha indicado que la Policía no ha recibido una nueva orden de captura, aunque ratificó que, si llega, la misma será cumplida.
Además, la trama ha dado un giro al haberse confirmado que la joven, que en la actualidad tiene 23 años; su hija, y su madre, una militante del Movimiento al Socialismo (MAS), no han sido encontradas en la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, donde vivían, y ahora se consideran desaparecidas.
Del Castillo dijo que “lamentablemente” ha recibido la noticia de que se ha abierto una investigación y un proceso penal por la desaparición de quien “presuntamente habría sido la víctima del señor Evo Morales” y se ha elaborado un afiche de búsqueda.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Tarija difundió este miércoles en sus redes sociales el afiche de búsqueda con la fotografía de Cindy Saraí Vargas Pozo y con las iniciales del nombre de su hija, indicando que fueron vistas por última vez a las 18:00 horas, del pasado 2 de octubre pasado, cerca del colegio Espaady, en Yacuiba.
La diputada opositora de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, que es representante de Tarija y hace un seguimiento al caso, dijo a FRANCE 24 que ese día hubo un "intento de secuestro de la niña" en una vagoneta, pero fue frenado por los vecinos y padres de familia del colegio donde estudiaba la niña.
Además, aseguró que legalmente la familia no ha abandonado el país hacia Argentina como se ha señalado en algunos medios. Se sospecha que las dos mujeres (madre e hija) y la niña están retenidas en algún lugar dentro de Bolivia contra su voluntad.
En cambio, la Policía no ha aventurado ninguna hipótesis al respecto.
El caso, que tiene un antecedente de tratamiento en 2021, se reactivó el 26 de septiembre por orden de la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien emitió la orden de aprehensión contra Morales.
Esa orden provocó un revuelo político y la destitución de la fiscal Gutiérrez por orden del Fiscal General Juan Lanchipa, que ejerce el cargo desde el 2018 y que en su carrera fue cercano a Morales. Lanchipa dio marcha atrás en la destitución, tras la lluvia de críticas a su decisión. 
Bloqueadores piden reconocer la candidatura de Morales
Actualmente son ocho las rutas afectadas, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayoría en la región central de Cochabamba, donde Morales controla a los sindicatos cocaleros, y algunas zonas de Santa Cruz (este) y Oruro (oeste).
Desde el lunes, la policía ha dispersado algunos puntos, pero los manifestantes se han reorganizado en otros usando dinamita para amedrentar a los agentes policiales que intentan evitar la expansión de los bloqueos en esa ruta troncal de alto tráfico y clave para la economía de país.
El senador cocalero Leonardo Loza, afín a Evo Morales, dijo este miércoles que más de cien sindicatos de la zona del Chapare, de Cochabamba, encabezan los bloqueos y que solo se suspenderán si el Gobierno de Luis Arce ordena “cesar la persecución política” contra Morales y otros dirigentes campesinos detenidos, dijo:
En este país, en este momento, la Justicia es manejada desde la Casa Grande Del Pueblo. No pudieron tumbar a Evo Morales con temas de corrupción, desde hace mucho tiempo, no pudieron involucrarlo con temas de narcotráfico y ahora usan a niños, niñas, mujeres, temas sensibles, para afectarlo
A propósito de una convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno a los bloqueadores, el líder campesino Ponciano Santos, dijo que si Arce y el vicepresidente David Choquehuanca quieren dialogar, deben reconocer que Morales será candidato a los comicios del 2025.
"Si quieren diálogo, digan que Evo Morales está habilitado para ser candidato a la Presidencia. Si quieren diálogo, levanten los ocho procesos contra Evo Morales", aseguró el secretario ejecutivo de la confederación campesina afín al exmandatario en alusión al conjunto de denuncias que se han activado contra el líder político.
Anticipan el rechazo a una denuncia contra Arce
De su parte, el “evismo” también ha disparado sus dardos de forma directa contra Arce con la aparición pública hace unos días de la joven de 24 años Jessica Villarroel, que dijo haber tenido una relación con el actual mandatario hace tres años y que iba a denunciarlo por abuso de poder. 
Su versión causó escepticismo en varios medios, analistas y políticos, incluso opositores, por los detalles insólitos de esa supuesta relación como que Arce se disfrazaba de taxista para buscarla en las calles, lo cual provocó una lluvia de memes en las redes sociales sobre el mandatario y la joven. 
Al respecto, el ministro de Justicia, Cesar Siles, dijo que debido a errores procesales y a que la mujer no firmó la denuncia, la Fiscalía posiblemente rechazaría la acusación presentada por cinco legisladores “evistas” contra Arce por el supuesto uso de bienes del Estado, tráfico de influencias y acoso sexual.
Según Siles, además, Arce, como ciudadano y presidente, puede iniciar una contrademanda por injurias. 
 
 
 
 
 
CONMOCIÓN EN BOLIVIA: DAN POR DESAPARECIDA A JOVEN PRESUNTAMENTE ABUSADA POR EVO MORALES
 
El gobierno boliviano instruyó un operativo para dar con el paradero de la muchacha, quien tuvo una hija con el expresidente mientras era menor de edad. Por este motivo, el otrora mandatario es investigado por la justicia por los delitos de violación y trata de personas.
 
La Tercera de Chile (https://acortar.link/JsrNOs)
 
El gobierno boliviano instruyó a la policía un operativo de búsqueda de la joven que sufrió un presunto abuso sexual por parte del expresidente Evo Morales -caso por el cual es investigado-, luego que fue declarada desaparecida al desconocerse su actual paradero.
El caso se conoció luego que el líder indígena fuera citado por la Fiscalía del departamento de Tarija para que rindiera su testimonio dentro de una investigación en su contra por “estupro, trata y tráfico de personas”. Al negarse a comparecer, se dictó una orden de captura en su contra, lo que ha provocado manifestaciones de sus partidarios con bloqueo de carreteras y enfrentamientos con la policía.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó que el operativo se acompañó con afiches y datos de Cindy V.P., la presunta víctima de Morales.
“Lamentablemente el día de hoy hemos recibido la noticia de que se abrió un proceso penal, una denuncia investigativa por desaparición de persona. No se encuentra, lamentablemente, quien habría sido presuntamente la víctima del señor Evo Morales; han pasado ya un afiche de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Tarija”, explicó Castillo, según reporta el diario local ‘El Deber’.
La joven, según la Fiscalía boliviana, mantuvo una relación con Morales en 2015, de la que nació de una niña. Sus padres radicados en la localidad de Yacuiba fueron citados a declarar, al igual que Morales, pero ninguno se presentó en los tribunales.
Las investigaciones dieron con la aprehensión y encarcelamiento del padre de la muchacha, quien reveló en su declaración fiscal que su nieta es hija del expresidente y fue concebida cuando la joven era menor de edad.
Revelan intento de secuestro
Entre el lunes y martes circularon videos de la denuncia de un intento de secuestro de una mujer y una niña en la puerta de un colegio. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, aseguró el lunes que se trataba de la presunta víctima de Morales y de su hija.
En tanto, la madre de la víctima, Idelsa P.S., no ha sido ubicada y se encuentra prófuga. De acuerdo con la denuncia fiscal es quien se benefició de la relación de su hija con Morales, ya que fue candidata a asambleísta departamental y autoridad en el gobierno regional del Chaco.
“No hemos podido encontrarla hasta el momento, estamos sacando un afiche de desaparición para poder hallar a esta persona”, informó José Luis Zenteno, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Departamento de Tarija.
Morales acusa a su exaliado, el Presidente Luis Arce, de reactivar el caso como parte de una “persecución judicial” para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las elecciones presidenciales de 2025.
En un mensaje en la red social X, sostuvo que el gobierno boliviano reabrió el caso para detenerlo e incluso “acabar” con su vida.
 
 
 
 
 
PIDEN EN BOLIVIA INVESTIGAR SI EVO MORALES CONVIVIÓ CON MENORES DE EDAD CUANDO ESTUVO ASILADO EN LA ARGENTINA
 
El exministro de Economía, Branko Marinkovic, le envió una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
 
NTN 24 de Argentina (https://acortar.link/PQu2r5)
 
El empresario y dirigente opositor boliviano Branko Marinkovic le pidió al gobierno de Javier Milei que investigue al expresidente de ese país Evo Morales, por delitos contra menores de edad que habría cometido durante su estancia como refugiado en la Argentina.
En una carta difundida este miércoles y enviada el 15 de octubre a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el exministro de Economía solicitó que se inicie de oficio una investigación contra el exmandatario.
El pedido se conoció después de que la exdirigente campesina Angélica Ponce denunciara que Morales “convivió” con cuatro menores de edad mientras estaba asilado en Argentina, tras su salida de Bolivia durante la crisis social y política de 2019.
Ponce contó a medios locales que cuando ella y otros representantes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, viajaban hasta Argentina para visitar al expresidente, siempre se veían jóvenes menores de edad en su “entorno”.
Qué dijo el dirigente opositor boliviano
“Me permito dirigirme a usted para solicitar que (...) se inicie de oficio una investigación en contra del señor Evo Morales Ayma, quien, de acuerdo a información periodística (...), habría incurrido en delitos contra menores de edad durante su estancia en Argentina”, dice la carta.
Además, Marinkovic afirmó: “Entiendo que los hechos denunciados exigen una atención urgente y un esclarecimiento exhaustivo” del caso. También señaló que normas argentinas y convenciones internacionales permiten investigar “de oficio” delitos en los que los principales afectados sean menores de edad.
Marinkovic fue ministro de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020) y antes ocupó el cargo de presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, siempre opositor de los Gobiernos del MAS.
En Bolivia, el Ministerio Público investiga a Morales por los delitos de posible “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
El exgobernante tenía que declarar el jueves ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Sin embargo, no acudió y su defensa presentó una excusa legal.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque por ahora no fue ejecutada y se desconoce si el documento fue emitido.
Los sectores del gubernamental MAS leales a Morales bloquean este miércoles, por tercer día consecutivo, las carreteras en la región central de Cochabamba en defensa del exmandatario ante la citación para que declare ante la Fiscalía.
 
 
 
 
 
SEGUIDORES DE EVO MORALES SUMEN A BOLIVIA EN UN BLOQUEO FEROZ PARA IMPEDIR SU ARRESTO POR UN PRESUNTO ABUSO A UNA MENOR
 
El Gobierno de Luis Arce le acusa de utilizar a los bolivianos con fines políticos
 
ABC de España (https://acortar.link/5hFUPM)
 
Cientos de seguidores de Evo Morales bloquearon este martes las principales vías de conexión del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en el segundo día de protestas contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato.
Morales, quien asegura que la causa abierta por la fiscalía forma parte de una persecución urdida por el Gobierno del exministro y hoy adversario Luis Arce, permanece resguardado en la provincia cocalera del Chapare, en Cochabamba.
Por su parte, el Ejecutivo de Arce le acusa de estar utilizando a la población para su interés particular, cuando se cumplen ya tres días de bloqueos y protestas que mantienen aislado el departamento de Cochabamba.
«A Evo Morales no le interesa el perjuicio que está provocando a la población, es un bloqueo político por un interés individual», ha denunciado la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, para quien esta nueva medida de presión está encaminada a habilitar la candidatura del expresidente para las elecciones de 2025.
"Morales está dispuesto a estrangular la economía boliviana por intereses personales", ha insistido Alcón, quien ha advertido de que de continuar los bloqueos, serán clases populares quienes más los sufran. "Provocará incremento de precios y especulación", ha explicado, informa el diario 'Los Tiempos'.
Alcón ha lamentado que Morales y sus socios no hayan respondido a las numerosas invitaciones del Gobierno a sentarse a negociar una tregua y que "a costa de estrangular la economía de las familias bolivianas" esté buscando que se le permita presentarse a las elecciones y levantar los procesos que tiene en su contra.
 
 
 
 
 
EL GOBIERNO DE BOLIVIA ACUSÓ A EVO MORALES DE MANIPULAR LAS PROTESTAS: “ES UN BLOQUEO POLÍTICO POR INTERÉS INDIVIDUAL”
 
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció que los bloqueos que aíslan Cochabamba buscan fines políticos, acusando al ex mandatario de poner en riesgo la economía del país.
 
Infobae de Argentina (https://acortar.link/mkWRjA)
 
El Gobierno de Bolivia acusó al ex presidente Evo Morales de estar utilizando a la población en su interés particular, cuando se cumplen ya tres días de bloqueos y protestas que mantienen aislado el departamento de Cochabamba.
“A Evo Morales no le interesa el perjuicio que está provocando a la población, es un bloqueo político por un interés individual”, denunció la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, para quien esta nueva medida de presión está encaminada a habilitar la candidatura del expresidente para las elecciones de 2025.
“Morales está dispuesto a estrangular la economía boliviana por intereses personales”, dijo Alcón, quien ha advertido de que de continuar los bloqueos, serán clases populares quienes más los sufran. “Provocará incremento de precios y especulación”, explicó.
Alcón lamentó que Morales y sus socios no hayan respondido a las numerosas invitaciones del Gobierno a sentarse a negociar una tregua y que “a costa de estrangular la economía de las familias bolivianas” esté buscando que se le permita presentarse a las elecciones y levantar los procesos que tiene en su contra.
Uno de estos casos abiertos que tiene es el del supuesto abuso de menores y trata de personas que habría cometido en 2016, cuando mantuvo una relación con una entonces menor de 15 con la que habría tenido una hija.
El padre de la entonces menor fue detenido y confirmó que la niña habría nacido fruto de esta relación, mientras que la madre continúa prófuga. La supuesta víctima del abuso fue dada por desaparecida, según confirmó el martes el portavoz del Gobierno, Eduardo del Castillo.
“No se encuentra, lamentablemente, quien habría sido presuntamente la víctima del señor Evo Morales ha pasado ya un afiche de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Tarija”, explicó del Castillo.
De acuerdo con la investigación, los padres de la entonces menor habrían consentido y facilitado la relación de ella con Morales a cambio de puestos en la administración, así como con una candidatura a la Asamblea de Tarija.
Los grupos afines a Morales anunciaron que continuarán los bloqueos hasta que no se escuchen sus demandas, principalmente para paliar la crisis económica, si bien también hay demandas que garanticen que el expresidente no sea detenido por las causas pendientes que tiene abiertas y por las que se ha negado a declarar.
Bloqueos en Bolivia cumplen su tercer día
Este miércoles se cumplió el tercer día consecutivo de los bloqueos organizados por sectores afines a Morales, informó la Administradora Boliviana de Caminos. A las 09:30 de la mañana, se registraban siete cortes en rutas clave que conectan Cochabamba con Santa Cruz y con el occidente del país.
Las organizaciones sociales que respaldan a Morales han condicionado el diálogo con el Gobierno a varias demandas específicas. Durante una conferencia de prensa, el dirigente campesino Ponciano Santos afirmó que “si Luis Arce quiere diálogo” debe cumplir primero con varias exigencias: abrogar el decreto que establece la pausa ambiental indefinida y prohíbe las quemas, reconocer el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó a Morales como jefe del partido, declarar públicamente que el ex mandatario está habilitado para ser candidato presidencial en las elecciones de 2025, y finalmente, levantar los procesos judiciales en su contra.
Además, Santos declaró que para que el diálogo sea posible, el presidente Arce debe presentarse en uno de los piquetes de bloqueo instalados en las carreteras. “Si no es cobarde ni traidor, venga a un punto de bloqueo para el diálogo”, afirmó el dirigente. El Gobierno había convocado a Morales y a otros cinco dirigentes a una reunión el lunes por la tarde, pero ninguno de ellos asistió.
 
 
 
 
 
DEMOCRACIA & STRESS EN BOLIVIA: ELECCIONES JUDICIALES SÍ / NO
 
Urgente 24 de Argentina (https://acortar.link/3vjMnX)
 
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia -autoridad del Órgano Electoral Plurinacional- convocó al proceso de Elección de Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo De Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura para el domingo 01/12/2024 (elecciones judiciales) y aprobó el Calendario Electoral correspondiente. Luego ocurrió un intento de bloqueo y ahora un fallo para concretar esos comicios. Muy difícil la democracia en el Altiplano.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de 6 años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para promover jueces afines al oficialismo.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios.
Bloqueo
Las decisiones de 2 salas constitucionales de Bolivia de declarar este martes 15/10 “desiertas” las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP) han puesto en riesgo esas elecciones judiciales previstas para diciembre.
Los fallos fueron emitidos en salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni, a instancias de candidatos inhabilitados, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fue notificado aún sobre estas decisiones, de las que se enteraron a través de la prensa, dijo a los medios en La Paz el vocal Francisco Vargas, presidente en ejercicio del TSE.
“Vamos a realizar todas las acciones legales, vamos a interponer un recurso, una medida tutelar a esta decisión porque no estamos de acuerdo”, declaró Vargas.
A su juicio, estas salas se han “extralimitado en el análisis” al buscar que el órgano electoral “sea una especie de suprapoder por encima del Legislativo”, encargado de la fase de preselección de candidatos para los comicios judiciales, sobre todo en lo referido a la calificación de los postulantes.
“Es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años. Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas”, alertó.
Según Vargas, preocupa “de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo” del órgano electoral y anunció que este miércoles la Sala Plena se reunirá “para analizar los alcances y emitir un pronunciamiento como órgano electoral”.
Al rescate de las elecciones
El diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, publicó la novedad que intenta destrabar la situación:
"La Sala Constitucional 3ra. de El Alto ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) continuar con la organización de las elecciones judiciales, que están convocadas para el 1 de diciembre y cuya realización nuevamente quedó en duda tras polémicos nuevos fallos judiciales.
El citado tribunal dispuso, “en calidad de medida cautelar, la prosecución del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral para las elecciones” de los magistrados porque, con su nueva paralización, “podría generarse daño irreparable e irremediable”, según una publicación de Unitel.
Se conoce que esta determinación fue asumida tras una acción de cumplimiento planteada por Esteban Alavi, dirigente de los Interculturales del ala arcista.
Horas antes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que un tribunal admitió una acción de cumplimiento que busca garantizar la continuidad de las elecciones judiciales y que la audiencia está programada para el jueves.
“Hemos tenido conocimiento de que se ha admitido una acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que ha sido presentada (…) con anterioridad a la resolución de los amparos, tanto de Beni como de Pando, y que dicha admisión tiene audiencia el día de mañana”, afirmó la autoridad gubermanental.
El martes, Charles Mejía, presidente de una sala constitucional de Beni, ordenó al TSE devolver a la Asamblea Legislativa las listas de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y declaró “desierta la convocatoria” para ambas instancias.
El mismo día se conoció que en Pando también se emitió un fallo en contra de la continuidad de las judiciales, aunque, sobre este segundo caso, el TSE aseguró que no fue notificado."
 
 
 
 
 
PRESIDENTE GABRIEL BORIC CONFIRMA CONVERSACIONES CON BOLIVIA PARA RECONDUCCIÓN DE MIGRANTES IRREGULARES
 
Radio Paulina de Chile (https://acortar.link/thnM8s)
 
En el marco del Encuentro Nacional del Agro (Enagro 2024), el presidente Gabriel Boric afirmó que Chile está llevando a cabo diálogos de alto nivel con Bolivia para abordar temas migratorios, en especial aquellos relacionados con la regulación de la migración y la visa Mercosur.
El mandatario señaló que las conversaciones se realizan directamente con el mandatario boliviano, Luis Arce, con el fin de llegar a acuerdos que permitan una migración ordenada y regular en beneficio de ambos países.
“Quiero que sepan que he estado hablando directamente con el presidente de Bolivia para poder tener acuerdos en estos temas que son particularmente delicados como la migración y también el tema de la reconducción en el caso de la migración irregular”, comentó.
Boric agregó que las conversaciones también incluyen la posibilidad de reconducir migrantes irregulares y mejorar los tiempos de espera para la obtención de la visa Mercosur, un permiso que permite a los trabajadores extranjeros participar en las labores agrícolas de temporada en Chile.
“Además, estamos capacitando trabajadores en Bolivia para que no demoren sus trámites por falta de documentación. En esto, el trabajo en conjunto con la SNA, ha sido fundamental”, agregó.
“Estamos trabajando para implementar cambios importantes en los próximos meses, en conjunto con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), para mejorar la eficiencia de este proceso y cubrir la alta demanda de trabajadores en la cosecha del trigo”, complementó.
El mandatario también destacó que se están capacitando trabajadores en Bolivia para que no enfrenten retrasos en sus trámites debido a la falta de documentación, lo que refuerza el compromiso de ambos países en regularizar y ordenar la migración laboral.
 
 
 
 
 
OTRO PASO PARA LLEVAR LLEVAR GAS DE VACA MUERTA HASTA BRASIL: BOLIVIA INICIÓ OBRAS EN EL GASODUCTO JUANA AZURDUY
 
Dinamicarg de Argentina (https://acortar.link/0rArG8)
 
La petrolera del país vecino YPFB empezó los trabajos en el puente de medición del ducto que conecta con sus redes con las de la Argentinas, en la frontera con Salta. Informaron que se habilitaron dos tramos de medición para transportar la producción de Neuquén.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició las obras en los puentes de medición del Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA). Se trata de un proyecto clave para las intenciones de la Argentina de exportar el gas de Vaca Muerta a los mercados regionales, en este caso, a Brasil, usando la infraestructura ociosa que hoy tiene Bolivia por el declive en su producción.
La obra se centra en la instalación de puentes de medición necesarios para registrar el flujo de gas que ahora se dirigirá desde Argentina hacia Bolivia, invirtiendo el sentido del transporte de gas que había estado en operación durante 19 años. Los trabajos se llevan a cabo en las cercanías de la refinería de Campo Durán, en Salta.
Sumado a la reversión del Gasoducto Norte, estas tareas facilitarán la integración de las redes de gas entre los tres países.
Óscar Claros, gerente de contratos de exportación de YPFB, subrayó que ya se habilitaron dos tramos de medición, lo que permitirá que el gas producido en Argentina fluya hacia Brasil a través de la infraestructura de gasoductos, culminando en el punto de entrega en Mutún. Además, se han realizado ajustes en la Estación de Compresión en Campo Grande, que permitirá revertir la presión de uno de los tres compresores disponibles.
“Esta configuración es exclusivamente para recibir y comprimir el gas producido en Argentina, si fuese necesario. Los otros dos compresores seguirán comprimiendo el gas proveniente del Gasoducto Santa Cruz – Yacuiba (GSCY), que se destina al suministro de la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas Quiroga (PSLCVQ)”, explicó Claros, enfatizando la importancia de optimizar la infraestructura existente para maximizar la capacidad de transporte.
Según informes, los trabajos en el GIJA están diseñados para permitir el tránsito de hasta 4 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d) de gas natural, cifra que determina la capacidad inicial de exportación de Argentina hacia Brasil.
Para potenciar aún más el transporte es esencial que el sistema de compresión en Villa Montes, operado por YPFB Transierra, se adapte y flexibilice la configuración actual del parque de compresores. Así, se elevaría la capacidad del Gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG) hasta 10 millones de MMm³/d.
Bolivia como compradora de gas
El socio director de Gas Energy Latin America y exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca advierte que Bolivia no debe ser visto únicamente como un país de tránsito, sino también como un potencial cliente para el gas argentino.
El especialista, quien recientemente visitó Argentina, manifestó su preocupación por la falta de inversiones en infraestructura que aseguren volúmenes constantes de gas a lo largo del año. Según su análisis, tras la reversión del Gasoducto Norte, solo quedarán disponibles volúmenes interrumpibles, que oscilarán entre menos de 1 millón y un máximo de 2 millones de metros cúbicos diarios.
Esta situación plantea serios desafíos para el suministro, especialmente durante los meses de invierno, cuando la demanda de gas es más alta.
“En Bolivia podemos importar diésel de varios puntos en camión, pero la única alternativa que tiene Bolivia para importar gas es Argentina y por eso Argentina tiene que trabajar duro y prepararse para empezar a transitar más gas”, aseguró el especialista.
“Bolivia va a necesitar gas en firme para sus industrias y sus termoeléctricas dentro de tres años para adelante. Pero no veo en Argentina ningún indicio de que haya inversiones en infraestructura para tener gas firme en la frontera en los próximos cinco años”, completó.
 
 
 
 
 
BRONCA EN LA FRONTERA: POLICÍAS BOLIVIANOS LE QUITAN MERCADERÍA A LOS BAGAYEROS
 
Fuertes cruces y enfrentamientos entre bagayeros y policías bolivianos.
 
Que Pasa Salta de Argentina (https://acortar.link/RhM7dR)
 
En un clima de creciente tensión, la frontera entre Bolivia y Argentina se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre bagayeros/chancheros y las fuerzas de la policía naval boliviana. Este conflicto se desató tras la decisión del presidente boliviano, Luis Arce, de intensificar los controles fronterizos, impidiendo el paso de mercaderías hacia Argentina.
En videos difundidos recientemente, se puede observar el enfrentamiento directo entre los "paseros" de frontera, conocidos como bagayeros, y la policía boliviana. Las imágenes muestran momentos de gran tensión y violencia, evidenciando la resistencia de los paseros frente a las medidas de control impuestas.
Una de las principales preocupaciones derivadas de esta situación es el impacto en el comercio de coca, un producto de alta demanda en Salta y otros puntos de Argentina. Los paseros han denunciado que las autoridades bolivianas les están confiscando la coca, lo que podría provocar un aumento significativo en su precio en el mercado argentino.
La decisión del presidente Luis Arce de reforzar los controles en la frontera responde a la intención de frenar el contrabando y regular el comercio informal. Sin embargo, esta medida generó un fuerte rechazo entre los paseros, quienes dependen de este comercio para su subsistencia y ven sus ingresos amenazados por las nuevas restricciones.
El endurecimiento de los controles en la frontera boliviana no solo afecta a los paseros, sino que también tiene repercusiones en las provincias argentinas cercanas, como Salta. La posible escasez de coca y el aumento de su precio preocupan a los consumidores y comerciantes locales, quienes podrían enfrentar dificultades para acceder al producto.
 
 
 
 
 
AREQUIPA: DICTAN NUEVES MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA TRES BOLIVIANAS QUE TRANSPORTABAN 18 KG DE DROGA
 
El destino final de la mercadería era Desaguadero y por el traslado, recibirían un pago de 4 mil bolivianos.
 
Perú 21 (https://acortar.link/DjOU47)
 
El juez de Investigación Preparatoria de Hunter, César Ballón Carpio, dictó nueve meses de prisión preventiva para las ciudadanas bolivianas, María del Carmen Heredia Barrientos, Isabel Valda Avalos y Naydi Ferrel al haber encontrado graves elementos de convicción que las vincularían con la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.
Las mujeres fueron intervenidas en el terminal terrestre de Arequipa el pasado 1 de octubre en posesión de más de 18 kilos de clorhidrato de cocaína cuando descendían de un vehículo de transporte interprovincial procedentes de la ciudad de Ica.
Las trés féminas levantaron sospecha de la Policía por cuanto presentaban dificultades para movilizarse al tener adheridos al cuerpo 6 paquetes de 1 kilo cada uno conteniendo clorhidrato de cocaína.
De acuerdo a las primeras indagaciones del Ministerio Público, las ciudadanas bolivianas fueron captadas en Desaguadero, siendo llevadas a la ciudad de Lima, donde fueron embarcadas a Ica, donde las esperaba una mujer que las habría llevado a un hotel donde les colocaron la droga para luego embarcarlas a la ciudad de Arequipa. El destino final de la mercadería era Desaguadero y por el transporte de esta droga, recibirían un pago de 4 mil bolivianos.
 
 
 
 
 
SALTA CONTARÁ CON UNA BASE DE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA FRONTERA NORTE
 
Con el objetivo de implementar nuevas estrategias para combatir el narcotráfico y proteger la frontera norte, el Gobernador Sáenz y la Ministra de Seguridad nacional avanzaron en el Plan Güemes, que implica mayor despliegue de fuerzas en la zona, el envío de efectivos de Prefectura naval y la utilización de mejor equipamiento tecnológico.
 
El Vocero hoy de Argentina (https://acortar.link/6Xow4h)
 
Con el foco puesto en reforzar la seguridad e incrementar el control en la frontera norte del país, el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich para avanzar en un nuevo programa de acción y colaboración entre Provincia y  Nación denominado Plan Güemes.
Durante el encuentro la ministra Bullrich confirmó la creación de una Base Naval en Aguas Blancas y el envío de fuerzas de seguridad a Orán con el propósito de combatir el crimen organizado en la zona fronteriza. Reiteró que “este operativo se enmarca en una estrategia similar a la implementada en Rosario, donde se logró un notable éxito en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos”.
El despliegue de fuerzas incluirá la participación de Gendarmería y Prefectura Naval, lo que representa una novedad significativa, ya que es la primera vez que efectivos de la Prefectura se envían a Aguas Blancas. Este río es un punto crítico, ya que establece la frontera con Bolivia. En este sentido Bullrich y Sáenz coincidieron en la importancia de contar con estas fuerzas para asegurar la región, que hasta ahora había estado custodiada únicamente por personal boliviano.
“Por primera vez en la historia Prefectura Naval Argentina va a estar en Salta para la vigilancia del puerto de chalanas que une a través del río Bermejo las localidades de Aguas Blancas en Argentina y Bermejo en el Estado Plurinacional de Bolivia”, destacó el Gobernador.
Sáenz resaltó en este sentido el trabajo conjunto y coordinado entre Provincia y Nación con el fin de mejorar la seguridad y lograr cambios significativos en las estrategias de control y vigilancia en la frontera norte del país, lo que implica, en el marco de este Plan, además de un mayor despliegue de fuerzas, la utilización de drones y mayor equipamiento tecnológico.
“Nuestra Provincia contará con delegaciones de todas las Fuerzas Federales de Seguridad lo que representa la profundización y optimización del vínculo entre las fuerzas provinciales y nacionales.”, aseguró Sáenz.
Finalmente, el mandatario mencionó que durante la reunión con la funcionaria nacional se decidió nombrar Güemes a este Plan, “en homenaje a nuestro héroe gaucho y a quien fuera el mayor defensor de nuestra frontera norte argentina”.