El
resultado de la segunda vuelta electoral en Bolivia, el pasado diecinueve de octubre,
podría entenderse como un giro derechista, dentro del típico movimiento
pendular entre izquierda y derecha que suele definir el vocabulario político al
uso. Con certeza se sabe que hubo elecciones, una segunda vuelta y un
presidente electo con el 54,6 % de los votos: Rodrigo Paz Pereira, más allá de
los saludos a Estados Unidos y los gestos como no invitar al gobierno de
Nicolás Maduro a la toma de posesión.
Rodrigo
Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino-nieto de Víctor
Paz Estenssoro, proviene de una de las familias políticas más reconocidas de
Bolivia. Fue alcalde de Tarija y senador nacional y, aunque ha construido una
trayectoria propia, es difícil no vincularlo con la impronta de su padre, el
emblemático “Gallo” Jaime Paz Zamora, fundador del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), partido inscrito en la Internacional Socialista. A Paz Zamora le tocó marcar distancia y para
llegar a la presidencia le convino presentarse como un hombre de centro, que
representa a quienes “quieren cambios profundos para salir de la miseria a la
que nos llevaron estas peleas ideológicas”. En efecto, ese mensaje resultó
ganador, por lo que su victoria expresa una demanda de renovación más que una
adhesión ideológica: tanto Estado y tanto mercado como sea necesario, podría
ser su lema. Este pragmatismo ha regido su trayectoria política: pasó por el
MIR (2002-2006), fue independiente desde 2006 y, más tarde, participó en
alianzas con Podemos (2005-2008), Comunidad Ciudadana (2020-2025) y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), con el que finalmente ganó la presidencia. Como
alguien que toma distintos taxis para llegar a un lugar determinado de antemano,
Paz eligió bien su ruta y llegó a su destino.
Así,
un candidato que antes de la primera vuelta no alcanzaba ni el 8 % en las
encuestas, se prepara para asumir el
mando de un país sin dólares, con reservas internacionales en mínimos
históricos, escasez de combustible, subsidios insostenibles, crecimiento del
0,6 % e inflación del 20,8 %. Se suman
un déficit fiscal superior al 9 % del PIB y una economía prácticamente
paralizada por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de confianza.
El
desafío para Paz es enorme, tan grande como su optimismo. Ha asegurado que
Bolivia contará con provisión garantizada de combustibles a partir del 8 de
noviembre, fecha en que se iniciaría su gobierno. Con la misma convicción que
mostró durante la campaña, en su primera rueda de prensa como presidente electo
reveló que ha estado dialogando especialmente con Estados Unidos y con otros
países amigos para el cumplimiento de este objetivo. Parece empezar con buen
augurio: Estados Unidos y ocho países latinoamericanos expresaron su apoyo a un
cambio de rumbo en la gestión económica de Bolivia.
Pero,
además del respaldo que está recibiendo desde fuera del país, el flamante
mandatario necesitará de soporte interno para garantizar la gobernabilidad. Si
bien el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se constituye como la primera fuerza
en el parlamento, no tiene mayoría absoluta, razón por la que deberá construir
consensos con los bloques de Alianza Libre, que acompañó a Jorge “Tuto”
Quiroga, y el autodefinido como centrista Unidad Nacional, del excandidato
Samuel Doria. Ambos bloques aún están definiendo si actuarán como oposición u
optarán por integrarse en eventuales coaliciones. El verdadero desafío será
transformar esa mayoría relativa en una capacidad efectiva de gobierno, capaz
de llevar adelante una agenda tan ambiciosa como arriesgada, con la que Paz
tendrá que hacer realidad su propuesta de “Capitalismo para todos”. Este lema
de campaña prometía “créditos baratos para los emprendedores, una rebaja de
impuestos y de aranceles para la importación de tecnología y vehículos, además
de acabar con el ‘Estado tranca’ y otorgar el 50 % del presupuesto general
directamente a las nueve regiones bolivianas”. A ello se suma otro tema
sensible: el plan para la eliminación gradual del subsidio a los combustibles,
una promesa de campaña que probablemente sea una de las más difíciles de
implementar, ya que pondrá a prueba su capacidad de diálogo con los sectores
sociales que lo llevaron al poder.
Ciertamente,
luego de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo, existe gran
expectativa sobre el rumbo que tomará Bolivia en los próximos años. Las
tensiones no son menores en un país donde la figura de Evo Morales sigue
teniendo fuerte presencia en la política, en los medios y en las redes
sociales. El mismo día de las
elecciones, tras conocerse los resultados, el líder cocalero escribió en X:
“Paz y Lara ganaron con el voto evista”. Advirtió que el evismo no extendió un
cheque en blanco y exige la continuidad del Estado Plurinacional, de las
conquistas sociales y del espíritu antineoliberal y antiimperialista.
Cerrando
la página del tema electoral, vale la pena destacar que la distribución del
voto no giró necesariamente en torno al tema étnico, como suele asumirse que
ocurre siempre en Bolivia. De hecho, el analista Carlos Toranzo se refiere a
una caída del discurso identitario, al explicar que el país se define en el
presente como mayoritariamente urbano y mestizo. En la misma línea, conviene
recordar lo que desde hace tiempo ha venido advirtiendo el académico Fernando
Untoja: el discurso identitario fue una “herramienta política para imponer un
modelo autoritario bajo el pretexto del marxismo indígena”.
Bolivia
ha entrado en una nueva etapa política, con un líder de perfil pragmático que
ganó en bastiones del MAS, como La Paz y Cochabamba, pero no en Santa Cruz,
tradicional adversaria del “evismo” donde Tuto Quiroga obtuvo la mayoría de los
votos. Quiroga fue un candidato temido por sus posibles políticas de “shock”
neoliberal, como diría la izquierda de los años noventa, lo cual abre signos de
interrogación respecto a las futuras alianzas políticas de cara a la influencia
de Morales. En este tablero, que la identidad étnica haya dejado de ser el eje
dominante del voto favorece que se ponga el foco en otras preocupaciones más
vinculadas con la economía y la gestión del Estado. Falta saber todavía si
Rodrigo Paz Pereira guardará una postura equidistante hacia políticos
completamente opuestos entre sí como Quiroga y Morales, lo que luce poco
probable dada la necesidad de alianzas, o si tratará de actuar en función de
realidades complejas que exigen un alto grado de consensos y gobernabilidad. Letras
Libres de México (https://n9.cl/huyol)
TRAS
20 AÑOS DE GOBIERNO DEL MAS: LA DERECHA VUELVE AL PODER EN BOLIVIA
Izquierda
Revolucionaria Net. (https://n9.cl/fuopq)
El
pasado domingo 19 de octubre tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Bolivia entre los dos candidatos que presentaba la derecha:
Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz. La victoria fue para Paz, del Partido
Demócrata Cristiano, que obtuvo el 54% de los votos. La causa de esta victoria
de la derecha, que marca el fin de 20 años de gobierno de la izquierda, radica
en la política socialdemócrata, de concesiones continuas a la burguesía y a las
multinacionales de los sucesivos Gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo),
que le ha enajenado el apoyo de los trabajadores y el pueblo, preparando el
camino para la catastrófica derrota electoral de la primera vuelta, donde su
candidato no pasó del 3%.
De
la revolución a la contrarrevolución democrática
El
Gobierno del MAS fue consecuencia directa del levantamiento revolucionario de
los años 2003-2005. Fruto de las políticas privatizadoras de diferentes
Gobiernos de la derecha, incluido el de “Tuto” Quiroga (que ya gobernó en 2002)
y particularmente el de Sánchez de Lozada, se llegó a privatizar hasta el uso
del agua de lluvia y se entregaron a las multinacionales norteamericanas los
recursos naturales del país. Todo ello tuvo como resultado el empobrecimiento
de las masas, que mostraron su hartazgo mediante una explosión social que tumbó
al Ejecutivo de Lozada y sacudió los cimientos del régimen capitalista
boliviano.
La
crisis revolucionaria fue de tal calado y el nivel de conciencia de los
trabajadores tan alto que se formaron órganos de autoorganización de la clase
obrera, como cabildos abiertos y otros órganos de poder obrero a lo largo y
ancho del país. La acción de la movilización fue tan potente que el Parlamento,
odiado por los trabajadores, tuvo que huir de la capital, la Paz, hacia Santa
Cruz para poder reunirse. Una situación de doble poder se desarrolló a lo largo
y ancho del país: los órganos de poder capitalistas: la policía, el ejército,
la judicatura, el Parlamento, estuvieron suspendidos en el aire sin que
pudieran hacer nada ante la movilización contundente de la clase obrera.
Sin
embargo, la ausencia de una estrategia para tomar el poder por parte de la COB
(Central Obrera Boliviana), que agrupaba a los sectores más organizados de la
clase obrera, y crear un auténtico Estado socialista, extendiendo y unificando
los órganos de poder obrero, organizando el nuevo poder entorno a ellos, dio
margen a la clase dominante para ganar tiempo y convocar elecciones, tratando
de desviar el movimiento de masas hacia el terreno electoral.
Ante
la ausencia de una salida revolucionaria por parte de una organización o
partido que desarrollase y consolidase el poder obrero, y ante la tesitura
electoral, las masas se orientaron a votar al MAS de Evo Morales. Así, su
victoria fue al mismo tiempo fruto del levantamiento revolucionario y de las
limitaciones políticas del mismo: la falta de un partido revolucionario. La
burguesía, y el aparato del Estado, paralizado, incapaz de reprimir, sin
control del país, desprestigiados, antes de
perderlo todo tuvieron que aceptar obligados por las circunstancias un Gobierno de la izquierda sometido a la
presión de las masas.
Balance
de 20 años de políticas reformistas
El
Gobierno de Rodrigo Paz ha declarado que entre sus planes está abrir Bolivia al
capital extranjero, particularmente al norteamericano, y desnacionalizar los
hidrocarburos. La nacionalización de los mismos y de la extracción del gas en
2006 por el Gobierno de Evo Morales fue consecuencia directa del levantamiento
revolucionario. Sin embargo se realizó otorgando a las multinacionales de
diferentes países (Petrobras, Total Energies y Repsol entre otras) la
extracción del mismo, sin un control del proceso por parte de la clase
trabajadora. Esto ha tenido efectos nefastos que guardan mucha relación con la
crisis que sufre actualmente el país.
Sobre
la base de los ingresos de la extracción de gas pudieron acometer reformas
sociales que ayudaron a consolidar al Ejecutivo, aunque todo ello manteniendo
el Estado capitalista y el poder burgués. Esta política reformista ha conducido a la situación actual en que la
nacionalización del gas hecha a medida del capital extranjero, el cual no ve
más allá del beneficio a corto plazo, ha terminado provocando la caída de la
inversión y el mantenimiento y la explotación de nuevos yacimientos.
Esto
unido a la ausencia de ningún plan serio para diversificar la producción desde
el Estado y desarrollar fuentes de ingresos y trabajo alternativas ha tenido
consecuencias catastróficas para la economía. Entre 2006 y 2019, se invirtió el
70% en explotación y el 30% en mantenimiento y desarrollo de nuevas
inversiones. El resultado ha sido una caída dramática de la producción. En 2014
el país recibió por exportación de gas 6011 millones de dólares, en 2024 sólo
2050 millones de dólares.
Bolivia
atraviesa desde hace dos años una crisis económica marcada por la escasez de
dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas que ha provocado un
alza en el precio de la canasta familiar. El último dato de la inflación
interanual supera las cifras de los últimos 30 años, según el Instituto
Nacional Estadística (INE). Y la proyección inflacionaria del Gobierno para
este año fue rebasada en los primeros cinco meses. Esto se refleja en el
aumento de la miseria y el hambre entre las masas. En octubre del año pasado
cerca de 2,2 millones de personas (el 19 % de la población) se encontraba en
situación de inseguridad alimentaria aguda, según Naciones Unidas.
Mientras
Bolivia, entre 2012 y 2014, era el país latinoamericano con las mayores
reservas internacionales en relación al PIB, en la actualidad por la caída del
ingreso de la producción gasífera, se ve abocado a una crisis profunda, que ha
tenido su reflejo en estas elecciones.
Durante
estos años la oligarquía y el imperialismo norteamericano han intentado una y
otra vez sacar al MAS del Gobierno para sustituirlo por una fuerza más afín a
sus intereses saqueadores. Una y otra vez el movimiento de masas, siguiendo la
inercia revolucionaria de los años 2003-2005, lo impidió.
Dos
intentos golpistas resonaron con fuerza: el primero, en 2019, acabó con la
salida de Evo Morales del país y fue contestado por un levantamiento de
masas[1]. La insurrección popular fue descarrilada por la huida de Morales y el
llamamiento de los dirigentes del MAS y la COB a abandonar las calles. Sin
embargo, el rechazo masivo al Gobierno golpista de Jeanine Áñez continuó,
obligando a Áñez a convocar elecciones. En estas las masas dieron un triunfo
arrollador al candidato del MAS, Luis Arce, en ese momento apoyado por Evo
Morales[2].
Otra
tentativa golpista se produjo el 26 de junio del año pasado. El comandante en
jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, que hizo su carrera como responsable de
los servicios de inteligencia y fue colocado al frente de la cúpula militar por
el propio MAS en 2022 y ratificado por
el propio Arce, intentó derrocarle[3]. El golpe fue abortado por temor a la
respuesta de las masas. Sectores decisivos de la clase dominante vieron en las
elecciones de 2025 una oportunidad mejor para que los candidatos de EEUU pudieran
llegar al poder y apostó por esa vía.
Paz, EEUU y la lucha interimperialista por el
litio boliviano
Siguiendo
los dictados de Washington, Rodrigo Paz ya ha señalado que echará por tierra
todo el proceso de nacionalizaciones que llevó a cabo el MAS, abriendo la propiedad a las empresas de
capital norteamericano. Aunque demagógicamente, durante la campaña electoral,
defendió mantener las reformas sociales y habló de beneficiar a los
cooperativistas y pequeños propietarios frente a las grandes empresas (lo que
le dio ventaja sobre “Tuto” Quiroga), su Gobierno será de ataques a la clase
trabajadora y aplicación de la agenda de la oligarquía y el imperialismo.
Utilizando
la coartada de la crisis económica, la inflación y la escasez de dólares y
combustible y otros insumos, tratará de alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI,
con un programa de choque fiscal y venta de empresas al capital norteamericano.
Su lema de campaña “Capitalismo para
todos” no fue más que un engaño para
colar sus planes de ajuste fiscal y llenar los bolsillos a los de siempre.
Como
era de esperar, la victoria de Paz ha sido vista con satisfacción desde EEUU.
Marco Rubio, secretario de Estado de la Administración Trump, señaló en un
comunicado que su victoria “marca una oportunidad transformadora para ambas
naciones” y que Estados Unidos está dispuesto a “aliarse” con Bolivia.
Bolivia
-junto a Argentina- lidera el ranking mundial de recursos de litio, con 23
millones de toneladas cada uno, según los últimos datos del Servicio Geológico
de Estados Unidos. Dicho de otro modo, el territorio boliviano posee un cuarto
de todo el litio conocido hasta ahora en el planeta, aunque las mayores
reservas certificadas con potencial comercial las tiene Chile.
El
Gobierno del MAS presidido por Arce firmó este mismo año un acuerdo con China y
Rusia para explotar este valioso mineral
por el que se construirán tres plantas con una inversión de 1400 millones de
dólares. El objetivo es que cada una de las tres plantas produzca 25.000
toneladas anuales de carbonato de litio con calidad de batería, aspirando a
convertirse en la principal proveedora
de esta sustancia de Sudamérica, superando a Chile, que produce 40.000
toneladas y a Argentina, que exporta
6.000 toneladas anuales.
El
Gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas
cercanas al salar de Uyuni (hasta 2024 el depósito más grande de litio conocido
del mundo), con capital ruso y chino para que funcione la planta piloto de
producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Sin embargo, las
reticencias de las comunidades indígenas por
los efectos medioambientales de la extracción del mineral y la
contaminación de las aguas han paralizado el proyecto. En agosto de 2025 una
jueza suspendió los contratos con China y Rusia para la extracción del litio.
Probablemente la Administración de EE.UU presionará para que las empresas
norteamericanas si puedan explotar estos recursos.
La
victoria de Paz no es un punto final, sino un nuevo capítulo que va a venir
marcado por ataques a los trabajadores y el intento del imperialismo
norteamericano de poner la mano encima a los recursos naturales de Bolivia,
particularmente al litio. Es por ello que el futuro depara no una
estabilización del país sino una lucha feroz entre revolución y
contrarrevolución. Las masas retomarán
la lucha de los años 2003-2005 sumada a toda la experiencia acumulada
estos años de Gobiernos masistas.
La
lección es clara: no hay salida para las masas de la clase trabajadora bajo el
capitalismo. La tarea es construir un partido revolucionario en Bolivia que
organice la lucha revolucionaria contra la oligarquía y el imperialismo y la
lleve esta vez a la victoria.
QUIÉN
ES RODRIGO PAZ, EL HIJO DE EXPRESIDENTE QUE QUIERE SUSTITUIR EL SOCIALISMO EN
BOLIVIA POR EL “CAPITALISMO PARA TODOS”
La
sociedad boliviana optó por un cambio, pero sin rupturas drásticas.
Insurgencia
Magisterial de Argentina (https://n9.cl/c5v81g)
Tras
casi 20 años de gobiernos de izquierda, el senador moderado Rodrigo Paz, de 58
años, asumirá el 8 de noviembre la presidencia de Bolivia tras ganar este
domingo el balotaje a Jorge Tuto Quiroga con el 54% de los votos.
Llega
con la promesa de desregular la economía sin descuidar a los más pobres.
Paz,
que se convertirá en el primer presidente opositor al Movimiento al Socialismo
(MAS) elegido de manera democrática desde 2005, prometió en campaña un
“capitalismo para todos” y terminar con el “Estado tranca”.
Para
concretarlo, Paz buscará salir de la dura crisis económica que atraviesa el
país por medio de una bajada de impuestos, el fomento al crédito, un esquema de
subsidios diferenciados en los precios de los combustibles y la
descentralización del presupuesto entre los departamentos y provincias.
Paz
es hijo del expresidente de centro-derecha Jaime Paz Zamora, un líder del
histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), vicepresidente
(1982-1984) y presidente de Bolivia (1989-1993), e integra su tradición
política.
A
pesar de haber empezado hace más de 20 años en política, habiendo sido
diputado, alcalde y senador por Tarija, Paz ha logrado ubicarse como un
outsider en una elección que demandaba nombres nuevos en medio de demasiadas
caras conocidas.
En
ese sentido, la victoria de Paz no se entiende sin el voto de las clases bajas,
que en las elecciones anteriores votaron por Evo Morales y Luis Arce, y que en
esta elección abandonaron las opciones de la izquierda del MAS.
“Paz
ha logrado capturar el voto, tanto rural como urbano, que ha perdido el MAS”,
le dice a BBC Mundo Eduardo Gamarra, doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Pittsburgh y autor de numerosas publicaciones sobre Bolivia.
De
igual manera, Fernando Molina sostiene que la clave de la sorpresa de Paz
estuvo en el comportamiento electoral de los “mestizos populares” de distritos
como El Alto, una de las ciudades determinantes en el escenario electoral.
“Este
sector étnico-racial, que ha conformado una identidad política autónoma gracias
al MAS, en esta elección ha decidido romper y votar por Paz, demostrando que
representan una mayoría”, explica el autor de “Las 4 crisis: Historia económica
contemporánea de Bolivia”.
Entonces,
¿quién es y cuáles son las propuestas del próximo presidente de Bolivia?
Infancia
en el exterior
En
1967, el mismo año que el ejército de Bolivia detuvo y ejecutó a Ernesto “Che”
Guevara en una pequeña localidad rural de Bolivia, Rodrigo Paz nació en
Santiago de Compostela, España.
Era
la época del general René Barrientos, quien había encabezado un golpe de Estado
para derrocar al gobierno constitucional del presidente Víctor Paz Estenssoro,
poniendo fin a la Revolución de 1952.
El
padre de Rodrigo Paz, Jaime Paz Zamora, era por aquel entonces dirigente
político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Bolivia estaba
sumergida en un largo ciclo de inestabilidad y agitación política.
Tan
solo entre 1978 y 1982 el país tuvo nueve gobiernos, siete regímenes militares
y solo dos presidentes civiles.
Por
esa razón, la familia Paz se vio forzada a abandonar el país y Rodrigo, junto a
su hermano Jaime, a crecer saltando de ciudad en ciudad, pasando por países
como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina.
Paz
define aquellos años como un momento en que se dio una “persecución a una
juventud y en el que había familias como las nuestras que estaban intentando
constituir democracias”, según sostuvo en una entrevista a la prensa local.
En
1982, Bolivia recuperó la democracia, Jaime Paz Zamora asumió su cargo de
vicepresidente de Hernán Siles Zuazo, y Rodrigo Paz llegó por primera vez, con
15 años, al país.
En
aquel momento, Paz cursó su bachillerato en el prestigioso colegio jesuita de
San Ignacio de La Paz.
Al
terminar, decidió instalarse en Estados Unidos, en donde estudió Relaciones
Internacionales y una maestría en Gestión Política, en la American University,
una universidad privada de Washington DC.
El
camino de la política
A
sus 32 años, casado con María Elena Urquidi Barbery con quien recibía entonces
a su primera hija, Rodrigo Paz decidió que se dedicaría a la política
electoral.
En
las elecciones de 2002, Paz fue elegido diputado por Tarija. Su partido poco
tiempo después perdió su personería jurídica al haber alcanzado menos del 2% de
los votos.
De
esa manera, el partido de Jaime Paz Zamora y de Rodrigo Paz, con más de 35 años
de existencia, quedaría disuelto.
En
2010, asumió como concejal y presidente del Consejo Municipal de Tarija para
cinco años después ser elegido alcalde de Tarija.
Paz
enfrentó imputaciones por presunta corrupción en obras públicas durante su
gestión como alcalde, incluyendo sobreprecios y contratos irregulares.
A
pesar de que en las elecciones de 2020, Paz se postuló como candidato a senador
por Comunidad Ciudadana, la alianza electoral del expresidente de centro Carlos
Mesa, esta elección la ganó como candidato del Partido Demócrata Cristiano, con
el que este domingo ganó las elecciones.
“El
PDC era una sigla muerta que la han recuperado para darles a los antiguos
votantes del MAS una oportunidad de mantener cierta identidad política a
diferencia de la élite tradicional boliviana”, explica el experto Fernando
Molina.
El
estilo de Paz ha sido a lo largo de su carrera –y en esta campaña política–
moderado y dialogante.
Para
el profesor Gamarra, Paz es “cauto y analítico”, un rasgo que lo distancia de
quien será su vicepresidente, el capitán Edman Lara, un policía popular por
denunciar escándalos de corrupción en sus redes sociales.
“Capitalismo
para todos”
Rodrigo
Paz camina al centro y alejado de los extremos en un país polarizado.
“Queremos
trabajar con todos, producir con todos y crecer con todos. Lo que buscamos es
diferenciarnos de los modelos que han polarizado al país en las últimas
décadas”, le dijo Paz a Radio Fides.
Desde
un discurso moderado, Paz intentó durante la campaña alejarse estratégicamente
de las ideologías.
Para
el periodista Molina, Paz es un hombre que viene de la herencia de
centro-derecha de Jaime Paz, con valores “socialdemócratas, democráticos y
pro-capitalistas, pero que no le tienen asco al pueblo”.
Molina
también lo define como un “oportunista” en la política, que fue saltando de
partido en partido, con el objetivo de alcanzar la presidencia en Bolivia.
En
su campaña presentó en lo económico el lema del “capitalismo para todos”, con
el que busca reactivar la debilitada economía boliviana, golpeada por la
escasez de reservas en el Banco Central, la alta inflación y la devaluación de
hecho de su moneda.
“A
mí lo que me importa es que la gente coma y pueda trabajar, que el Estado no te
joda la vida”, describió Paz ante la prensa local lo que suele definir como un
“Estado tranca”.
“Todos
los bolivianos salvo alguna excepción son capitalistas, viven del capital y
generan negocios con el capital, somos capitalistas, no somos socialistas”,
sostuvo Paz ante la prensa local tras los gobiernos socialistas de Evo Morales
y Luis Arce.
Paz
mencionó en campaña que va a crear un “fondo de estabilización del dólar”.
Para
alimentar ese fondo, Paz buscará una mayor bancarización en la economía
boliviana en la que, hasta el momento, la informalidad laboral se ubica por
encima del 80%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Esto
implica que existe una gran cantidad de dinero movida por el comercio a pequeña
escala por debajo del radar del Estado, no ingresa a los bancos privados y
tampoco paga impuestos.
Esto
incluye a vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y transportistas.
De
acuerdo a Paz, el “colchón bank” de los bolivianos –o los dólares que circulan
dentro del país sin estar declarados– en los márgenes del sistema bancario
rondan los US$9.600 millones.
Para
que la economía boliviana recupere esos dólares que al sistema financiero le
hacen falta, Bolivia necesita crear facilidades financieras y seguridades
jurídicas.
Para
eso, Paz prometió bajar impuestos e incentivar créditos.
Descentralizar
A
su vez, Paz sostuvo que podría avanzar con un incentivo tributario para que el
país recupere unos US$7.000 millones que los bolivianos tienen en el exterior.
Relacionado
con el problema de la escasez de combustible, el presidente electo aseguró en
campaña que eliminará el subsidio al combustible, pero que mantendrá uno
diferenciado a determinados sectores de la sociedad más afectados.
No
queda claro si habrá nuevos acuerdos con organismos internacionales de crédito
como del Fondo Monetario Internacional, así como proponía el candidato Tuto
Quiroga solicitar un préstamo de US$12.000 millones.
Por
otro lado, Paz propuso su plan “50-50”, que tiene el objetivo principal de
descentralizar el manejo de los recursos públicos y favorecer las autonomías,
un valor central en la organización política de Bolivia.
La
propuesta establece que las regiones administren el 50% de los recursos
estatales y que el mismo porcentaje que genere la recaudación impositiva y la
producción se quede en cada región.
Paz
asegura que su propuesta de descentralización nace de su experiencia en la
alcaldía de Tarija, en donde aprendió del poder de las autonomías locales en el
reparto del presupuesto y la toma de decisiones.
“Hoy
el Estado central se queda con el 80% de los recursos y manda el 20% a más de
339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es
una miseria”, dijo Paz en campaña.
Tras
ganar las elecciones en un país donde la confianza en las instituciones y en la
política se desmorona, ahora Paz enfrentará la crisis económica más severa de
los últimos años.
LA
TESIS DE PULACAYO Y SU IMPORTANCIA EN LA HISTORIA DE BOLIVIA
Desinformémonos
Org. (https://n9.cl/fcco5)
Como
se ha dicho dos programas políticos fundamentales expresaron y alumbraron las
prácticas emancipatorias del pueblo boliviano en el siglo XX: la Tesis de
Pulacayo (1946) y el Manifiesto de Tiwanaku (1973).
La
Tesis de Pulacayo es el documento político más conocido por el proletariado
minero y el movimiento popular. Su influencia en el sindicalismo obrero
boliviano fue notable durante décadas.
Tiene
como objetivos la revolución y dictadura proletarias y aplica la teoría de la
Revolución Permanente de León Trotsky al análisis de la realidad boliviana.
Guillermo Lora, autor de la Tesis, reconocerá esta deuda con el gran pensador
ruso.
Elaborada
en 1946, tras la caída del Gobierno nacionalista del teniente coronel Gualberto
Villarroel, la Tesis define con mucho acierto a Bolivia como país capitalista
atrasado y economía combinada: “Bolivia es país capitalista atrasado. Dentro de
la amalgama de los más diversos estadios de evolución económica, predomina
cualitativamente la explotación capitalista, y las otras formaciones económico
sociales constituyen herencia de nuestro pasado histórico. De esta evidencia
arranca el predominio del proletariado en la política nacional”.
Las
ideas de la Tesis condujeron al proletariado a la Revolución Nacional de 1952,
proceso “confiscado” por la burguesía nacionalista expresada en el MNR, que se
entregará a los intereses del imperialismo.
Entre
las reivindicaciones de la Tesis están el salario mínimo vital con escala
móvil, el control obrero, la acción directa de masas y la ocupación de las
minas, consignas que el proletariado minero incluiría en sus luchas
reivindicativas sindicales y políticas a lo largo de las siguientes décadas.
Guillermo
Lora sostiene que se trata de un documento político “para subrayar que no se
limita a enunciar los problemas particulares del sector o del momento (cosa que
también lo hace), sino que formula los intereses generales de la clase, los
intereses históricos (la revolución y dictadura proletarias), que emergen del
lugar que ocupa aquella en el proceso de producción y del desarrollo de la
sociedad capitalista”.
Dice
Lora que este programa titulado “Tesis Central de la FSTMB” sienta los
principios de la política revolucionaria del proletariado, de la finalidad
estratégica de éste, cosa que, de una manera general, lo hace el partido
político.
Un
elemento central de la Tesis es la visión de Estado que propugna: “La clase
obrera no se limitará, como anotan los clásicos del marxismo, a tomar el
aparato estatal burgués, sino que lo transformará profundamente y esto desde el
primer momento. Desaparecerá la división del Estado en tres poderes,
supuestamente independientes e iguales entre sí, y se procederá a fusionar las
atribuciones legislativas y ejecutivas en las organizaciones de masas de
características soviéticas (creadas por los explotados durante su incorporación
a la lucha por la estructuración de la dictadura proletaria), que serán los
verdaderos órganos de poder”, afirma Lora.
Esta
es una idea central que conecta con la experiencia histórica boliviana y
latinoamericana de gobiernos locales y procesos de autoorganización social que
concentran los poderes de manera asamblearia.
Otro
aspecto medular de la Tesis de Pulacayo es que está vinculada al Programa de
Transición y a la relación entre táctica y estrategia, es decir, a las
reivindicaciones inmediatas de la lucha sindical por el mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo, y los objetivos de la conquista del poder
político y la construcción del socialismo. “La Tesis de Pulacayo es un programa
transitorio, por su método y por las reivindicaciones que incluye, muchas de
ellas tomadas del programa de la IV Internacional. Más tarde, el programa del
Partido Obrero Revolucionario (1975) será remodelado dentro de tales
características. En realidad, lo trascendental y definitivo no es la
enumeración de las reivindicaciones transitorias, que pueden ser modificadas e
inclusive abandonadas muchas de ellas, sino el método, la concepción de unidad,
a través de la política revolucionaria del proletariado, de esa lucha con la
que debe entablarse para convertir a esta clase social en gobernante. El método
utilizado en el programa sindical boliviano ha sido tomado de Trotsky, lo que,
por otra parte, aparece como indiscutible e inocultable”, reconoce Lora.
La
Tesis termina su convocatoria anunciando una alianza con todos los sectores
proletarios: “Los obreros deben organizar sindicatos campesinos y trabajar en
forma conjunta con las comunidades indígenas. Para esto es necesario que los
mineros apoyen la lucha de los campesinos contra el latifundio y secunden su
actividad revolucionaria con los otros sectores proletarios, estamos obligados
a unificarnos, a tal unificación debemos llevar también a los sectores
explotados del taller artesanal: oficiales y aprendices”.
Aquí
otro elemento central: la articulación de clases para el logro de los objetivos
históricos del proceso revolucionario, Lora lo deja establecido, se dará bajo
el liderazgo obrero: “Están equivocados los que señalan que la Tesis de
Pulacayo propugna la revolución socialista pura y un gobierno obrero aislado de
la mayoría nacional. Contrariamente, plantea la necesidad histórica de la
alianza obrero-campesina, de las fuerzas motrices de la revolución, partiendo
de la solución radical del problema de la tierra. Se trata de una alianza de
clases, del proletariado con la mayoría pequeño-burguesa, bajo el liderazgo y
la estrategia de aquel” (ibídem).
La
Tesis se expresó con intensidad 25 años después con la Asamblea Popular de
1971, el primer soviet en América Latina dirigido por el proletariado, como
producto de un trabajo político y programático desarrollado a partir de su
aprobación en Pulacayo en 1946, que es el inicio de una larga lucha y
afirmación de clase del movimiento obrero en Bolivia, dice Ricardo Zelaya.
Sostiene: “Inspirado políticamente por Lora y el Partido Obrero Revolucionario
(POR), ante cuyos lineamientos trotskystas se inclinó la mayoría de los
partidos de izquierda de aquel entonces, el «soviet» boliviano se proponía
avanzar a la estatización de los grandes medios de producción, lo cual lo
proyectaba —como señaló repetidas veces el propio Lora— hacia la dictadura del
proletariado, en términos casi tan clásicos como los del bolchevismo ruso de
1917” (Zelaya, 2021: 363).
Lora
afirma que la Tesis de Pulacayo influyó sobre la izquierda y diversos partidos
en Bolivia, y adquiere perennidad mientras el capitalismo no sea sepultado. Sin
embargo, dice Zelaya que “El propio Lora advierte en sus últimos escritos,
plasmados entre 2005 y 2008, que Bolivia atravesó su proceso de ascenso
revolucionario más intenso y decisivo entre los años 1946 y 1971, para luego
caer en un dilatado periodo de contrarrevolución profunda que, con altas y
bajas, se estaría prolongando aun hasta nuestros días”.
Una
explicación de esta situación, entre otras, es que el capitalismo mutó del
Estado de bienestar hacia el neoliberalismo y luego hacia el capitalismo
financiero mundial, dejando sin piso al proletariado local e internacional.
¿LOS
RESULTADOS ELECTORALES EN ARGENTINA Y BOLIVIA PUEDEN INFLUIR EN EL PROCESO
PERUANO DEL 2026?
El
último domingo, La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino, Javier
Milei, logró un claro triunfo en las elecciones parlamentarias del país. Una
semana antes, Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales
de Bolivia. ¿Ambos resultados, que representan un giro hacia el centro y la
derecha, pueden influir en lo que ocurra en el proceso electoral peruano del
2026? Los analistas políticos Juan Negri y Enrique Castillo opinan al respecto.
El
Comercio de Perú (https://n9.cl/6obp2)
"Las
elecciones en Argentina y Bolivia ofrecen un espejo para pensar el futuro
político del Perú en el 2026. En ambos casos, los votantes optaron por
respuestas distintas a un mismo malestar: el desencanto con los partidos
tradicionales y la fatiga con las élites políticas".
Las
elecciones en los países vecinos no suelen tener un impacto directo (pocos en
el Perú votarán por un candidato porque los argentinos eligieron a Javier Milei
o los bolivianos a Rodrigo Paz), pero sí ofrecen pistas sobre el clima político
regional. Son espejos que muestran humores, tendencias y advertencias que
pueden anticipar comportamientos del electorado peruano rumbo al proceso del
2026.
Las
elecciones recientes en Argentina y Bolivia ofrecen un espejo para pensar el
futuro político del Perú en el 2026. En ambos casos, los votantes optaron por
respuestas distintas a un mismo malestar: el desencanto con los partidos
tradicionales y la fatiga con las élites políticas.
En
Argentina, Javier Milei consolidó su poder con un discurso antisistema que
promete ordenar las cuentas públicas a cualquier costo. En Bolivia, en cambio,
el triunfo de Rodrigo Paz marcó un giro hacia el centro y un rechazo a la
polarización que había dominado la política del Movimiento al Socialismo. Dos
caminos distintos ante un mismo diagnóstico: la necesidad de renovación.
"Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
El
Perú llega al 2026 con instituciones más frágiles que las de sus vecinos y sin
un liderazgo consolidado. Pero las lecciones regionales son claras. Milei
muestra que el desencanto con la dirigencia anterior sigue siendo una fuerza
potente, capaz de desarticular el sistema político. Paz demuestra que, tras
años de confrontación, una mayoría puede preferir estabilidad y moderación.
De
cuál de esos ejemplos se inspire el electorado peruano dependerá el tono de su
próxima elección. Si predomina el hartazgo, puede emerger un outsider radical
con discurso antipolítico. Si prevalece el miedo al caos, la demanda será por
orden y gestión. En ambos casos, el desafío será reconstruir representación en
un sistema que hoy parece vivir, más que una transición, un vacío. "Diario
El Comercio. Todos los derechos reservados."
EL
NUEVO RUMBO POLÍTICO DEL PERÚ Y AMÉRICA LATINA
El
Montonero de Perú (https://n9.cl/yy73r)
América
Latina está cambiando de piel. Los vientos que soplan en Ecuador, Bolivia y
hasta Brasil anuncian el fin de una etapa y el inicio de otra. Ya no son
tiempos de discursos ideológicos ni de revoluciones prometidas. Son tiempos de
cansancio. De pueblos que, hartos del caos y la inseguridad, comienzan a mirar
con otros ojos a la derecha, no como símbolo de privilegio, sino como promesa
de estabilidad.
El
continente parece repetir su ciclo histórico: después del fervor populista,
llega la necesidad de orden. Lo vimos en Ecuador, donde el discurso progresista
perdió conexión con la calle. En Bolivia, el poder absoluto se agrieta. En
Brasil, los excesos desgastan la esperanza. Y en Colombia, la desaprobación al
gobierno actual revela un patrón: los ciudadanos no quieren más ideología,
quieren resultados.
En
ese contexto, el Perú se prepara para una elección que podría ser determinante.
Tras años de crisis política, escándalos de corrupción y un vacío de liderazgo,
los peruanos parecen listos para un cambio de tono. El país vive entre la
resignación y la expectativa, pero también entre el miedo y el deseo de
reconstrucción. Los extremos, tanto de izquierda como de derecha, han
demostrado su ineficacia. Lo que se avecina no es una guerra de banderas, sino
una búsqueda de equilibrio.
El
filósofo Nassim Nicholas Taleb hablaba del cisne negro como ese evento
impredecible que trastoca todo lo que se daba por sentado. En la política
peruana, ese cisne podría ser el voto silencioso: ese que no grita en las
calles ni aparece en las encuestas, pero que el día de las elecciones redefine
el futuro. Tal vez no gane el candidato más mediático ni el más populista, sino
el que logre interpretar el agotamiento colectivo y prometa reconstruir con
sentido común.
Los
peruanos están cansados del espectáculo político. Ya no creen en promesas
mesiánicas ni en proyectos refundacionales. Quieren gestión, seguridad, trabajo
y dignidad. Y ese deseo, compartido por millones, puede convertirse en el mayor
fenómeno electoral del país. Si algo demuestra la experiencia regional es que
los pueblos, tarde o temprano, reaccionan. América Latina está dejando atrás la
emoción ideológica para volver a la razón práctica.
El
próximo proceso electoral podría marcar el inicio de una nueva etapa para el
Perú: una en la que el ciudadano no vote por resentimiento, sino por esperanza;
no por revancha, sino por futuro. Ese voto silencioso —el del peruano común que
madruga, trabaja y ya no espera milagros— podría ser el verdadero cisne negro
de nuestra historia política. Porque cuando la paciencia se agota, el cambio
deja de ser un discurso y se convierte en una decisión. Y esa decisión, esta
vez, podría devolverle al Perú algo que hace tiempo perdió: la confianza en sí
mismo.
SENADOR
BOLIVIANO DESTRUYÓ A JOHANNES KAISER POR DICHOS CONTRA BOLIVIA: «SI QUIERE
HABLAR DE OTRO PAÍS, POR LO MENOS QUE APRENDA CUÁL ES LA CAPITAL»
Refiriéndose
al contrabando de autos entre ambos países, el candidato presidencial de
extrema derecha amenazó que en caso de ser electo, en Bolivia "no van a
volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven a pasar a humillar
de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le
van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser",
ignorando claramente que la capital boliviana es Sucre y no La Paz.
El
Ciudadano de Chile (https://n9.cl/0lcoa)
El
senador boliviano José Manuel Ormachea criticó duramente los dichos del
candidato presidencial chileno de extrema derecha, Johannes Kaiser, quien
refiriéndose al contrabando de autos entre ambos países, amenazó que en caso de
ser electo «no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven
a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a
pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La
Paz no va a ser».
Lo
que claramente no sabe Kaiser, es que la capital constitucional de Bolivia es
Sucre y no La Paz, que solo alberga las sedes de los poderes ejecutivo y
legislativo.
Esto
fue advertido por el recién electo senador Ormachea, quien sentenció, en
alusión a Kaiser, que «si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda
cuál es la capital».
«Es
importante informarse antes de opinar sobre otros países, cualquier criterio
sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su
historia y estructura», señaló el parlamentario boliviano.
ALICORP:
CRISIS EN BOLIVIA GOLPEA RESULTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN EL EXTERIOR
Alicorp,
la firma peruana de consumo masivo informó que durante el tercer trimestre del
año, la situación en Bolivia impactó su división de Negocio Internacional y
generó que su Ebitda ajustado cayera en casi 50%.
Gestión
de Perú (https://n9.cl/c8puvf)
Alicorp
difundió los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de
2025. Si bien a nivel de ventas consolidadas, en el periodo comprendido entre
julio y setiembre de 2025, la compañía alcanzó los S/3,123 millones, es decir
14% superior al resultado registrado al tercer trimestre de 2024 y su utilidad
bruta ajustada fue de S/798 millones, 6% mayor que el mismo periodo del año
anterior, en el desagregado, el Negocio Internacional se vio impactado por la
crisis en Bolivia, generando que su utilidad bruta ajustada cayera en cerca de
50%.
Según
indicó la empresa, este indicador financiero ascendió a S/53 millones, 47%
menos en comparación al tercer trimestre del 2024. Este resultado refleja,
principalmente, el complejo contexto macroeconómico en Bolivia, marcado por
alta inflación, limitado acceso a divisa y tipo de cambio volátil.
“Bolivia
reflejó una disminución del margen bruto ajustado durante el trimestre,
principalmente debido a un incremento en los costos del tipo de cambio producto
de un acceso limitado a divisas extranjeras, así como un incremento en la
volatilidad del tipo de cambio y una caída de 20.8% en volumen de ventas ante
la presencia de contrabando en categorías clave dentro de un contexto de alta
inflación”, detalló la empresa.
Asimismo,
el EBITDA ajustado totalizó S/ 9.9 millones en el tercer trimestre de 2025,
comparado con los S/ 52.3 millones del mismo periodo del año anterior. Este
desempeño se debe al decrecimiento en el margen bruto ajustado en medio del
retador escenario en el país altiplánico.
“Pese
a estos efectos adversos, nos mantenemos enfocados en la eficiente ejecución de
nuestra estrategia para navegar la volatilidad en la geografía”, indicaron.
En
tanto, la utilidad bruta por tonelada creció 3% en Ecuador y 11% en Otras
Geografías. Como resultado, el EBITDA ajustado fue de S/10 millones.
El
impacto del Consumo Masivo
El
negocio de Consumo Masivo Perú alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/395
millones, 2% más en comparación al tercer trimestre de 2024. Estas cifras
reflejan la contribución de Refinería del Espino, así como el crecimiento de
categorías clave como detergentes y salsas demostrando la relevancia y
preferencia de sus consumidores.
Entre
las marcas con mayor crecimiento destacan AlaCena y Don Vittorio. El EBITDA
ajustado fue de S/207 millones, 6% menos que en el mismo periodo del año
anterior como resultado de las inversiones realizadas mediante iniciativas en
comunicación y modelo de llegada al mercado.
Asimismo,
el negocio B2B (Alicorp Soluciones) alcanzó una utilidad bruta ajustada de
S/188 millones lo que representa un aumento de 24% comparado al mismo periodo
del año anterior.
Adicionalmente,
Alicorp ha venido implementando una serie de iniciativas en su portafolio para
continuar desarrollando los segmentos a los que se dirige. En términos de
EBITDA ajustado este registró S/124 millones, 26% superior al tercer trimestre
de 2024.
Finalmente,
el negocio de Vitapro (alimento balanceado para la acuicultura) registró una
utilidad bruta ajustada de S/162 millones, lo que representa un crecimiento de
45% respecto al tercer trimestre del 2024. El EBITDA ajustado fue de S/127
millones, 64% mayor que el mismo periodo del año anterior. Dichas cifras
expresan la estabilidad del mercado de camarones y peces. En este contexto, el
negocio continúa avanzando en la generación de valor compartido con sus
clientes tanto de Ecuador como Chile.
EL
VIDEO DE LA EXTRADICIÓN DEL CIRUJANO PLÁSTICO BOLIVIANO ACUSADO DE VIOLAR A SUS
PACIENTES
La
PFA trasladó al detenido desde Bolivia hacia la Argentina, donde enfrentará a
la justicia por los hechos ocurridos en 2019
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/wgd2y9)
La
Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición de un cirujano plástico
boliviano acusado de abuso sexual con acceso carnal contra varias de sus
pacientes, a quienes habría atacado mientras se encontraban bajo los efectos de
la anestesia.
El
procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de
Cooperación Internacional de la fuerza, que trasladó al detenido desde Bolivia
hacia la Argentina, donde enfrentará a la justicia por los hechos ocurridos en
2019.
Según
surge de la investigación judicial, el acusado, un ciudadano boliviano de 41
años, ejercía como médico esteticista en un consultorio privado ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires.
Allí,
de acuerdo con los informes del caso, abusaba sexualmente de sus pacientes
luego de aplicarles la anestesia que él mismo suministraba antes de realizarles
los tratamientos.
Las
víctimas, bajo un estado de total vulnerabilidad, eran atacadas en momentos en
que se encontraban inconscientes o sin capacidad de reacción.
La
causa se inició tras las denuncias presentadas por las pacientes y el análisis
de los elementos recolectados durante la investigación. En 2020, el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Martín Carlos Del Viso,
ordenó la captura internacional del sospechoso. El requerimiento fue remitido a
la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que
solicitó la colaboración de Interpol para su localización fuera del país.
A
partir de esa orden, el Departamento Interpol Argentina emitió una Notificación
Roja, una herramienta de cooperación internacional que permite alertar a las
fuerzas policiales de todo el mundo sobre la búsqueda de una persona con pedido
de captura vigente. El objetivo era lograr su detención preventiva en el
exterior y posterior extradición a territorio argentino.
El
intercambio permanente de información entre la PFA, Interpol Bolivia y la
Dirección Nacional de Migraciones permitió establecer que el imputado había
abandonado la Argentina poco después de iniciarse la investigación y había
regresado a su país de origen.
Las
diligencias posteriores confirmaron que se encontraba residiendo en Santa Cruz
de la Sierra, donde trabajaba en una clínica local.
Durante
las tareas de rastreo digital, los investigadores descubrieron que el prófugo
utilizaba un perfil público en una reconocida red social para promocionar sus
servicios como cirujano plástico, lo que facilitó su identificación.
Con
esta información, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en La Paz
coordinó con las autoridades bolivianas la localización del sospechoso.
En
marzo de 2025, la policía de Bolivia informó oficialmente su detención, luego
de que se hiciera efectiva la alerta roja internacional. De inmediato, la
Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina formalizó el pedido
de extradición ante la justicia boliviana.
El
trámite fue aceptado en un breve lapso, tras verificarse la vigencia del pedido
judicial y la documentación remitida por las autoridades argentinas. Una vez
completadas las gestiones diplomáticas y judiciales, se organizó una comisión
policial de la PFA que viajó hasta Bolivia para concretar el traslado del
acusado.
La
entrega del detenido se realizó en cumplimiento de las normas de cooperación
judicial internacional entre ambos países. En las últimas horas, el equipo de
la Dirección General de Cooperación Internacional regresó a la Argentina junto
al ciudadano boliviano, bajo estrictas medidas de custodia.
El
operativo finalizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza,
donde el implicado fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional N°17. Desde allí, se dispuso su traslado a sede judicial, donde
se le notificará formalmente la acusación por abuso sexual con acceso carnal.
La
extradición del médico, efectivizada tras más de cuatro años de búsqueda,
constituye el cierre de una etapa clave dentro del proceso judicial.
MILITAR
CHILENO ENFRENTA ATAQUE DE MIGRANTES EN FRONTERA CON BOLIVIA
Radio
Agricultura de Chile (https://n9.cl/apgj7)
Durante
la madrugada de este jueves, un funcionario del Ejército fue atacado en un
punto fronterizo en Colchane, Región de Tarapacá.
El
hecho ocurrió cuando seis ciudadanos bolivianos intentaron ingresar por un paso
no habilitado, siendo sorprendidos por personal militar.
Según
detalló el Ejército de Chile, el uniformado pertenece a la Brigada Motorizada
N°24 “Huamachuco” y estaba desplegado en un puesto de observación.
El
grupo reaccionó lanzando piedras, hiriendo al funcionario en brazos y piernas,
lo que obligó a aplicar protocolos de seguridad.
Al
verse amenazado, el militar utilizó una escopeta antidisturbios, lo que provocó
que los migrantes retrocedieran y regresaran a territorio boliviano.
El
Ejército subrayó que el uso de la escopeta fue realizado según las Reglas de
Uso de la Fuerza y con armamento no letal.
NEXOS
DE NARCOS CHILENOS CON EL COMANDO VERMELHO Y GRUPOS BOLIVIANOS PONEN EN ALERTA
LA FRONTERA NORTE
La
mediación de bandas criminales bolivianas entre los narcos chilenos y el
Comando Rojo de Brasil -y los 62 pasos no habilitados solo en la Región de
Tarapacá- han encendido las alarmas de
las policías y fuerzas militares que patrullan la frontera. Los nexos fueron
advertidos en un informe de la Fiscalía sobre crimen organizado.
Ex
– Ante de Chile (https://n9.cl/90n5p)
La
Fiscalía Nacional detalló que los nexos de narcos chilenos con el Comando
Vermelho (Rojo) de Brasil —que esta semana dejó más de un centenar de muertos
en Río de Janeiro durante un masivo operativo policial en las favelas de la
ciudad— son a través de grupos criminales bolivianos que ingresan drogas por la
frontera norte del país.
• Así lo explicó Ignacio Castillo, jefe
de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, quien
abordó el informe sobre Crimen Organizado publicado este mes por el organismo.
• El reporte consignó que “se
identifican organizaciones con vínculos con el Primer Comando da Capital (PCC)
y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, dedicados al tráfico de cocaína desde
Bolivia y Paraguay”.
• Castillo detalló que lo que se
identificó son “eventuales vínculos con organizaciones extranjeras que operan
en la región y que, en algunas investigaciones —dijo a La Tercera— aparecen
relacionadas con estas estructuras; por ejemplo, (con) grupos bolivianos
dedicados al tráfico de drogas hacia Chile”.
• Bolivia, según el informe, uno de los
principales productores de cocaína a nivel mundial y —de acuerdo con el informe
de la fiscalía—, es el principal abastecedor de esa droga a traficanres
chilenos y también comparte frontera con Brasil.
• Los cabecillas brasileños del crimen
organizado suelen refugiarse en países fronterizos, como Paraguay, después de
ofensivas en su contra.
• La Fiscalía entregó la información
luego de que este miércoles este medio diera a conocer la mención al Comando
Rojo del informe, lo que generó presiones de diputados de oposición para que el
Ministerio Público entregara más detalles.
Por
qué importa. La gravedad del problema en la frontera se ha traducido incluso en
casos participación de efectivos militares chilenos en el tráfico con Bolivia.
• En junio fueron enviados a prisión
preventiva siete militares y una civil por su presunta participación en una red
de transporte de cocaína boliviana, entre Iquique y Santiago, detectada en la
Segunda Brigada Acorazada ‘Cazadores’ del Ejército.
• También se ha descubiero el
intercambio de autos robados por drogas con ese país, lo que generó
preocupación en La Moneda por el anuncio del hoy presidente electo Rodrigo Paz
de legalizar los autos contrabandeados.
• Los contactos con el Comando Rojo de
Brasil entregaron también otro antecedente sobre la expansión del crimen
organizado en Chile. Además del narcotráfico, han incursionado en la trata de
personas y la explotación sexual. Y también ejerce control en zonas urbanas y
en las cárceles, corrompiendo funcionarios.
• El informe de la Fiscalía Nacional
identificó a 16 bandas de crimen organizado internacional presentes en Chile.
Al conocido Tren de Aragua, nacido en la cárcel del Tocorón en Venezuela, se
sumaron otras provenientes de ese mismo país, además de Perú, Colombia,
Ecuador, República Dominicana y China.
Ojo
con. El cultivo de coca en Bolivia tiene raíces precolombinas y relevancia
política, ya que el expresidente Evo Morales se inició en este ámbito como
dirigente de los cocaleros. En octubre del año pasado se refugió en el Chapare,
al este de La Paz, para evitar ser detenido por cargos de trata de menores y
estupro, donde recibió la protección de los agricultores.
TENSIÓN
EN LA REGIÓN: ARGENTINA, PARAGUAY Y BOLIVIA EN “ALERTA” TRAS LA MASACRE EN RÍO
DE JANEIRO
El
operativo policial en Brasil contra el Comando Vermelho generó que los
gobiernos de los países vecinos activaran alertas ante el posible
desplazamiento de miembros de la organización criminal.
El
Diario de Argentina (https://n9.cl/t45zz)
La
operación más sangrienta en años contra el narcotráfico en Brasil desató una
ola de alarma en los países limítrofes. Luego de que al menos 132 personas
murieran en un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho en las favelas
de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, las autoridades de la Argentina, Paraguay
y Bolivia anunciaron medidas extraordinarias de control y vigilancia en sus
fronteras.
En
Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de una
supuesta “teoría del desbande” y reveló que este miércoles tuvo contacto con
sus pares brasileños y paraguayos. Ya había anunciado desde la Casa Rosda una
“alerta máxima” en todos los pasos fronterizos con Brasil, aunque no abundó en
detalles.
“La
lógica es que haya un desbande de 4 o 5 veces más la gente que fue detenida o
asesinada o muerta”, dijo Bullrich en A24, pero rápidamente aclaró: “'Nosotros
no tenemos ninguna información ni ningún hecho que preocupe a los ciudadanos
argentinos”. Anticipó que la medida no afectará a los turistas. En una orden
firmada y publicada en la red X, instruyó a las fuerzas de seguridad a utilizar
un “manual de reconocimiento de señas” para identificar posibles integrantes de
organizaciones narcoterroristas y a reforzar la cooperación con Brasil y
Paraguay. Lo que apuntó la funcionaria es que ordenó a los agentes a revisar si
hay viajantes con algunas de las señas características de Comando Vermelho,
como tatuajes o marcas en la piel.
En
Paraguay, el presidente Santiago Peña convocó al Consejo de Defensa Nacional
(Codena), que declaró la “alerta” en la zona de la triple frontera y ordenó
“acciones conjuntas y comunicación permanente” con los gobiernos de Argentina y
Brasil.
El
Codena informó que se reforzaron los controles migratorios, el patrullaje y la
inteligencia en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, donde
operan células vinculadas históricamente al crimen organizado brasileño. “La
idea es reforzar todas las comisarías de los departamentos que están vinculados
a la frontera de Brasil”, señaló el ministro del Interior, Enrique Riera, quien
confirmó la participación de las fuerzas militares en el operativo.
También
en Bolivia se encendieron las alarmas. El presidente electo Rodrigo Paz pidió
al gobierno saliente de Luis Arce que disponga medidas inmediatas para evitar
el ingreso de criminales provenientes de Brasil. “El resguardo de nuestras
fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad
nacional”, expresó en un comunicado.
Bolivia
comparte con Brasil una frontera de casi 3.500 kilómetros y en septiembre
pasado se conoció que Sérgio Luis de Freitas Filho, alias “Mijão”, uno de los
líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), había vivido en el país con
identidad falsa, un caso que reavivó las sospechas sobre la presencia de redes
del narcotráfico brasileño.
La
operación que detonó la reacción regional fue lanzada el martes por unos 2.500
agentes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, zonas empobrecidas del
norte de Río de Janeiro donde viven unas 200.000 personas. Según la Defensoría
Pública brasileña, al menos 132 personas murieron —entre ellas cuatro policías—
y 113 sospechosos fueron detenidos. Se decomisaron 119 armas, 14 artefactos
explosivos y toneladas de droga.
Los
enfrentamientos se extendieron durante horas y dejaron escenas de guerra
urbana: bosques cercanos amanecieron plagados de cuerpos tiroteados, y vecinos
denunciaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. El Gobierno regional
de Río solo ha confirmado oficialmente 119 fallecidos.
EE.UU
USA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS PARA EXPANDIR SU PRESENCIA MILITAR EN AMÉRICA
LATINA
La
«guerra contra las drogas» ha permitido a Estados Unidos mantener una huella
militar en América Latina —bases, tropas, inteligencia— bajo un velo
humanitario. Aunque logra incautaciones, no erradica el problema raíz. Los
resultados desmienten que se trate de una la lucha antinarcóticos genuina, y
apuntan que se trata más bien de un mecanismo para mantener su hegemonía.
Revista
Nueva Revolución de España (https://n9.cl/ditrf)
Desde
finales del siglo XX, Estados Unidos ha posicionado la «guerra contra las
drogas» como una prioridad de seguridad nacional. Iniciativas como el Plan
Colombia (2000) o la Iniciativa Mérida (2008) se presentan como esfuerzos para
combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo asociado. Sin
embargo, críticos académicos, organizaciones no gubernamentales y gobiernos
latinoamericanos argumentan que este pretexto encubre una estrategia
geopolítica para expandir la influencia militar estadounidense en la región.
Orígenes
Históricos: De la Doctrina Monroe a la Era Reagan
La
intervención estadounidense en América Latina no es nueva. La Doctrina Monroe
(1823) ya advertía contra influencias externas en el hemisferio, pero fue en la
Guerra Fría cuando se militarizó. En los años 80, bajo Ronald Reagan, la
«guerra contra las drogas» se fusionó con la contención del comunismo. La
certificación anual de países por el Departamento de Estado (Ley de Asistencia
Extranjera de 1961, amendada en 1986) condiciona ayuda económica a logros
antidrogas, presionando a naciones como Bolivia, Perú y Colombia.
Un
hito fue la creación de la DEA (Drug Enforcement Administration) en 1973, que
extendió operaciones encubiertas. En 1989, la invasión de Panamá para capturar
a Manuel Noriega —acusado de narcotráfico— resultó en la muerte de cientos de
civiles y la instalación de bases estadounidenses. Según el historiador Greg
Grandin en Empire’s Workshop (2006), estas acciones priorizaban control
territorial sobre erradicación de cultivos.
El
Plan Colombia: Laboratorio de intervención
Lanzado
en el año 2000 bajo la administración Clinton y expandido por George W. Bush,
el Plan Colombia destinó más de 10 mil millones de dólares hasta 2020, según el
Congressional Research Service. Oficialmente, financiaba fumigación de coca,
entrenamiento policial y desarrollo alternativo. Pero en realidad hubo un
aumento de la oresencia militar de EE.UU. Se establecieron siete bases en
Colombia. Las tropas estadounidenses rotaban bajo el pretexto de
«entrenamiento», alcanzando picos de 800 efectivos en 2005 (datos del Comando
Sur – SOUTHCOM).
Esto
comportó un uso de equipamiento bélico, como helicópteros Black Hawk, aviones
de vigilancia y radares, que se usaron no solo contra narcos, sino en
operaciones contrainsurgentes contra las FARC. Un informe de la GAO (Government
Accountability Office, 2016) reveló que el 80% de la ayuda era militar, no
civil.
Los
resultados fueron más que cuestionables. La producción de coca en Colombia
aumentó un 50% entre 2000 y 2016 (ONU Oficina contra la Droga y el Delito –
UNODC). Críticos como el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR)
argumentan que el plan desplazó cultivos a Perú y Bolivia, sin reducir el flujo
a EE.UU, pero fortaleció el control estadounidense sobre recursos como petróleo
en el Putumayo.
El
sucesor, Paz Colombia (2016), mantuvo la dinámica con énfasis en posconflicto,
pero incluyó drones y ciberoperaciones.
Iniciativa
Mérida y Expansión Regional
En
2008, la Iniciativa Mérida extendió el modelo a México y Centroamérica, con 3.5
mil millones de dólares hasta 2023 (Departamento de Estado). Justificada por la
violencia cartelera post-2006, se instalaron bases militares y se establecieron
operaciones de vigilancia. EE.UU operó centros de fusión de inteligencia en
México (como en Ciudad de México) e instaló radares en Honduras y Guatemala. La
Base de Soto Cano en Honduras, heredada de los 80, albergó 500 tropas
estadounidenses permanentemente (SOUTHCOM, 2022).
Un
cable de WikiLeaks (2010) reveló que funcionarios estadounidenses veían la
iniciativa como oportunidad para «profundizar la cooperación de seguridad» más
allá de drogas.
En
Centroamérica, operaciones como Martillo (2012-) involucraron buques de la
Marina estadounidense en el Caribe, interceptando no solo drogas sino
migrantes. Según Human Rights Watch (2021), esto ha militarizado fronteras,
exacerbando violaciones de derechos.
Evidencia
Actual: SOUTHCOM y la Doctrina de Seguridad Híbrida
El
Comando Sur de EE.UU (SOUTHCOM), con sede en Miami, coordina estas operaciones.
Su estrategia 2035 enfatiza «amenazas híbridas» (narcoterrorismo, China,
Rusia), usando el pretexto de las drogas para desplegarse por la región. 2500
efectivos sobre el terreno; un centro de inteligencia y 8 bases militares.
En
2024, EE.UU presionó a Ecuador para permitir operaciones navales contra
narcosubmarinos, resultando en acuerdos de acceso a puertos (Reuters, 2024). En
Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, Washington justifica
operaciones de vigilancia aérea desde Curazao.
Críticas
y consecuencias
La
militarización ha causado miles de muertes colaterales (e.g., falsos positivos
en Colombia: 6.402 casos, Fiscalía colombiana 2021) y desplazamientos.
Gobiernos de izquierda, como Bolivia bajo el mandato de Evo Morales, expulsó a
la DEA en el año 2008 acusándola de injerencia y de organizar un golpe de
Estado en su contra.
Expertos
como Noam Chomsky (Hegemonía o Supervivencia, 2003) y Eva Golinger (The Chavez
Code, 2006) ven patrones imperialistas: el uso de la lucha contra las drogas
como pretexto para contrarrestar la influencia china en el continente
(inversiones en puertos) o rusa (armas a Nicaragua).
EE.UU
defiende que con esta lucha ha logrado reducir el suministro (DEA:
incautaciones récord 2023), pero UNODC reporta que el 90% de la cocaína llega a
EE.UU lo hace vía rutas marítimas controladas por supuestos aliados.
La
«guerra contra las drogas» ha permitido a Estados Unidos mantener una huella
militar en América Latina —bases, tropas, inteligencia— bajo un velo
humanitario. Aunque logra incautaciones, no erradica el problema raíz. Los
resultados desmienten que se trate de una la lucha antinarcóticos genuina, y
apuntan que se trata más bien de un mecanismo para mantener su hegemonía.
EXPERTOS
AVISAN QUE LA ACCIÓN MILITAR DE EEUU CONTRA LOS CÁRTELES PODRÍA DEGENERAR EN
UNA GUERRA INTERMINABLE
Infobae
de Argentina (https://n9.cl/epacl)
El
grupo de expertos Soufan Group, especializado en política y seguridad
internacionales, ha pedido a la Administración Trump que cese inmediatamente
sus ataques militares contra la navegación del narcotráfico y cancele cualquier
operación en preparación para atacar sus países de origen, como Venezuela, ante
el riesgo que representa a futuro: una campaña sin fin contra un enemigo bien
organizado y bien armado, capacitado para tomar represalias en suelo
norteamericano.
En
su evaluación de esta crisis, el Soufan Group destaca el papel predominante que
ha adquirido el Ejército en la lucha contra las drogas de la segunda
Administración Trump. Hay que recordar que el despliegue de fuerzas militares
en suelo extranjero como Colombia o México "no es una novedad". Es
más: se trata de operaciones que han contado con el respaldo de
administraciones tanto demócratas como republicanas. La diferencia reside en el
hecho de que, hasta ahora, "casi en su totalidad", estas iniciativas
han tenido un carácter consultivo.
Ahora,
el método ha cambiado de forma tan radical que contradice la política
instaurada por Trump durante su primer mandato. En 2017, Trump firmó la orden
ejecutiva 13773, que declaraba la lucha contra los cárteles y las
organizaciones delictivas internacionales como una cuestión sujeta a las
decisiones de las agencias contra el crimen de Estados Unidos amparadas en
legislación doméstica e internacional (como la Convención contra el Crimen
Transnacional Organizado de Naciones Unidas).
Esta
orden ya no tiene validez en 2025. Ha sido reemplazada a efectos prácticos por
una segunda orden, la 14157, un documento que designa a los cárteles y otras
organizaciones criminales como grupos terroristas y se aparta del
"carácter metódico" de su predecesora para, en su lugar,
"inclinarse por una acción más inmediata y letal". Es una orden con
un lenguaje deliberadamente esquivo: nunca hace mención explícita al uso de
fuerza militar, la misma que precisamente está empleando estos días.
Los
expertos del Soufan Group recuerdan en su informe las graves consecuencias
resultantes de emplear al Ejército como sustituto de la acción policial o,
dicho de otra forma, de maximizar los recursos ofensivos para conseguir
victorias decisivas contra amenazas complejos: datos de inteligencia poco
fiables redundan en operaciones militares apresuradas; violaciones de soberanía
acompañadas de enormes daños colaterales en forma de víctimas civiles, cuyos
éxitos suelen ser puntuales pero van acompañados de la prolongación del
conflicto, dada la imposiblidad de abordar las raíces del mismo.
Al
equiparar a los cárteles con el nuevo terrorismo de principios del siglo XXI,
como llegó a hacer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al comparar a los
cárteles con Al Qaeda, Estados Unidos se expone a cometer las mismas
equivocaciones vistas en Irak o Afganistán.
EL
RIESGO DE ESCALADA
El
Soufan Group avisa que estas operaciones podrían acabar degenerando todavía más
en una "guerra irregular para la que Estados Unidos no está
preparado" porque los cárteles del narcotráfico son un enemigo imposible
de subestimar. Por un lado, además de los enormes recursos económicos que
tienen a su disposición, buena parte de sus miembros disponen de formación
militar o, como mínimo, en combate de guerrillas, lo que se traduce en acceso a
artillería pesada y explosivos.
Por
otro, y esta circunstancia debería preocupar especialmente a la Administración
Trump, "todos estos cárteles se encuentran activos en los principales
núcleos urbanos de Estados Unidos e incluso en zonas rurales.
Sumados
todos estos factores, el Soufan Group determina que los cárteles estarían
capacitados para ejecutar ataques a gran escala contra civiles en suelo
estadounidense, por no mencionar su disposición para efectuar asesinatos
selectivos contra agentes de las fuerzas de seguridad norteamericanas. De
hecho, sobre algunos de ellos el narco ha publicado recompensas de hasta 50.000
euros por cabeza.
Las
consecuencias de un conflicto abierto contra los cárteles no terminan ahí. El
Soufan Group aventura una serie de repercusiones menos impactantes pero más
amplias a nivel internacional, como la interrupción de las cadenas de
suministro comerciales con México, el incremento del precio del petróleo debido
a su campaña contra Venezuela, el incremento de producción de drogas sintéticas
por grupos criminales estadounidenses, a largo plazo, la aparición de
escisiones de estos cárteles que podrían, con el tiempo, convertirse en
organizaciones más poderosas que sus predecesores. Escenarios para los que el
pueblo estadounidense tampoco cuenta con la disposición adecuada, muy en parte
por el escaso conocimiento que tienen de la realidad de la lucha contra las drogas.
UNA
RESPUESTA CAUTA Y COORDINADA
Buena
parte del problema de la guerra de Estados Unidos contra las drogas reside en
que el producto que descansa en su epicentro es uno de los más demandados en el
país. Cualquier iniciativa destinada a eliminar su suministro debe ir
acompañada por otra complementaria para reducir su consumo. La "total
eliminación" del primer aspecto, apunta el Soufan Group, el objetivo
marcado en la segunda orden ejecutiva de Trump, solo tendrá un "efecto
atenuante" porque ahora mismo sigue existiendo una "demanda sostenida
de narcóticos en Estados Unidos. "El dinero manda", zanja en este
sentido el grupo de expertos.
Otro
problema reside en que, en pos de esa "total eliminación" la
Administración Trump corre el riesgo de escribir otro "torpe, en ocasiones
miope y a veces desastroso" episodio de la historia de la política
exterior norteamericana, de ahí que, antes de ejecutar la solución recomendada
por el Soufan Group, hace falta actuar "de manera razonada, legal, ética y
moral, guiada por unas razonables expectativas en caso de éxito".
La
solución que propone el grupo consiste en el retorno al trabajo policial
internacional a través de la colaboración entre agencias de seguridad de los
países interesados combinado con el respaldo a las instituciones de seguridad
de aliados como México. "Los cárteles", aduce el Soufan Group en este
sentido, "son un problema del Estado mexicano", pero ello no
significa que tenga que combatir en solitario.
"El
Ejército de Estados Unidos", incide en este sentido, "está capacitado
para desarrollar su cooperación con México aportando datos añadidos de
inteligencia, así como logística y equipos, como viene ocurriendo desde hace
mucho tiempo"
El
caso de Venezuela, un estado hostil, es más delicado y el propio Soufan Group
reconoce que la solución es más insatisfactoria: dado que las autoridades
venezolanas "no van a cooperar con Estados Unidos para reducir la
actividad de los cárteles en su propio suelo", será necesario echar mano
de la "cooperación internacional por tierra, mar y aire" para
intentar cortar las rutas de suministro, sin recurrir en ningún momento a los
ataques unilaterales que ocurren ahora por una mera cuestión ética y moral, dadas
las nefastas consecuencias que contempla el grupo de expertos.
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