En la localidad de Pacajes, en el interior del departamento de La Paz, una lluvia de azotes caerá sobre la espalda de quien robe una vaca. Y lo mismo o peor le sucederá a cualquier mujer que sea atrapada engañando a su marido: latigazos o un corte compulsivo de su cabello delante de toda la comunidad.Como en ese pueblo aymara en pleno Altiplano, la justicia comunitaria de los ancestros aborígenes está viva en gran parte de Bolivia. Y todo parece indicar que formará parte de la receta que incorporará la nueva Constitución que, con dificultades y enfrentamientos, comienza a redactarse en la histórica ciudad de Sucre, donde en 1825 se fundó este país con una mayoría indígena históricamente postergada.La inclusión de los sistemas jurídicos originarios y el ejercicio de la justicia indígena figuran en el proyecto que el oficialista Movimiento al Socialismo presentará ante la Asamblea Constituyente que antes de agosto del 2007 deberá tener lista la nueva Carta Magna.¿Podrá un país estratégico en la región por el gas y el petróleo que vende a Argentina y Brasil, recuperar con rango constitucional formas de organización social, política y jurídica ancestrales en pleno siglo XXI? Esto es parte de lo que está en juego en la Asamblea que se inauguró hace casi un mes, aunque no está claro cómo se formulará. Para algunos analistas y miembros de la Constituyente, el desafío será encontrar un equilibrio entre la justicia "occidental" y la de los pueblos originarios."No vemos una justicia verdadera, por eso queremos la comunitaria. Que sea la comunidad la que castigue, con sus usos y costumbres", resume Silvia Lazarte, la dirigente campesina de origen quechua que ahora preside la Asamblea, con su sombrero de mimbre y sus trenzas ya grises largas hasta la cintura.
EL PRESIDENTE BOLIVIANO BUSCA SUMAR A LAS FF.AA.
EVO SEDUCE A LOS MILITARES
Desde el principio de su mandato, Morales llamó a los militares a sumarse a su revolución indigenista. Un grupo comando, antes dominado por Estados Unidos, fue clave en la nacionalización del gas.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Desde sus primeros días en el palacio Quemado, Evo Morales se dedicó con perseverancia a una tarea que para muchos –obnubilados por su discurso indigenista– pasó desapercibida: tejer una alianza militar-campesina como base de apoyo a su gobierno, pensado a sí mismo con una “revolución democrática y cultural”.
La revisión de sus últimos discursos deja en evidencia esta huella. “Todos juntos, los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas, debemos asumir la nueva tarea de dignificar Bolivia, de defender a la patria, porque no habría razón de ser de una nación si no tenemos Fuerzas Armadas, que son el alma para defender la unidad, la integridad, la soberanía de nuestra patria”, dijo el 7 de agosto, día de las Fuerzas Armadas en Sucre. “Quiero decirles al Alto Mando Militar y a las Fuerzas Armadas que tengo mucha confianza en ustedes para garantizar este cambio en democracia. En los pasados años se ha visto una enorme confrontación y siento que se ha terminado para siempre”, sostuvo nuevamente una semana después, cuando 25 jóvenes indígenas y afrobolivianos –20 varones y 5 mujeres– fueron beneficiados con el programa “Igualdad de oportunidades con enfoque de género” para ingresar al Colegio Militar de Ejército Gualberto Villarroel, cosa que hasta ahora les era impedido de facto. “Siento que en nuestro gobierno hemos empezado a dignificar a las Fuerzas Armadas. Esos tiempos de las dictaduras ha terminado, esos tiempos de confrontación de las Fuerzas Armadas con el pueblo han terminado. Eran otros tiempos, en los que seguramente algunos gobiernos usaron muy mal a las Fuerzas Armadas, quiero decirles a los oficiales de las tres fuerzas que ustedes nunca han sido responsables de una confrontación interna sino intereses externos, intereses ajenos, impuestos desde arriba, importados desde afuera”, había apuntado Morales el 7 de agosto.
No es difícil percibir en esta reiterativa invitación a los militares la voluntad del gobierno del MAS de actualizar, en las condiciones del presente, la vieja alianza popular-militar que constituyó la base social de todos los regímenes nacionalistas en América latina. Y Bolivia no fue una excepción: la historia comienza con el “socialismo militar” de la generación de la Guerra del Chaco (1932-1935) –representado por David Toro y Germán Bush–, sigue con el nacionalismo militar de Gualberto Villarroel –colgado de un farol de la plaza Murillo por una suerte de Unión Democrática a la boliviana– y tiene un fugaz coletazo a principios de los ’70 con la alianza obrero-militar de Juan José Torres, que se expresó en la Asamblea Popular truncada tempranamente por el golpe de estado fascistoide de Hugo Banzer Suárez.
En el caso de Evo Morales, fue con la nacionalización de los hidrocarburos que su romance con los militares pasó al acto. En la vicepresidencia, un comando militar trabajó herméticamente durante varios días, con mapas y computadoras, ajustando los detalles del ingreso a los campos petroleros. Y el decreto del 1º de mayo y la escenificación de la medida siguió la matriz de anteriores nacionalizaciones: ocupación militar de las instalaciones petroleras. Este hecho marcó un acercamiento institucional y personal entre el nuevo presidente y las Fuerzas Armadas. Allí apareció en escena el grupo de elite F-10 –antes controlado por Estados Unidos y hoy claramente del lado del nuevo gobierno nacionalista–, que luego custodiarían a Evo Morales, Hugo Chávez y Carlos Lage durante su visita al Chapare. Y los beneficios de este acercamiento son mutuos: al gobierno le permitió dar un golpe de fuerza ante la comunidad nacional e internacional; y a los militares, limpiar su imagen de represores del pueblo boliviano luego de las masacres de los últimos años, especialmente la de octubre del 2003, con un saldo de más de 60 muertos.
El segundo momento en esta incipiente relación fue el vibrante desfile indígena-militar del 6 de agosto, para inaugurar la Asamblea Constituyente. El alto mando puso en marcha su maquinaria para cooperar con el traslado de los campesinos desde las regiones más remotas del país, además de un rápido curso de “paso de ganso” para estar acorde con el evento histórico.
“Estamos frente a la versión actualizada, rebosada, de escenas repetidas hasta el cansancio durante el gobierno del general Barrientos (1964-1969) y en los sucesivos regímenes militares hasta finales de los ’70”, dice el analista Iván Arias.
“No es comparable. Mientras el viejo pacto militar-campesino era liderado por militares populistas, la actual alianza popular-militar parece su cara inversa: son los indígenas quienes la hegemonizan; por otro lado, el famoso pacto militar-campesino del general René Barrientos en 1964 fue en un momento de reflujo de la revolución nacional del ‘52 y puso a los campesinos contra los sindicatos mineros. Hoy estamos en un contexto muy diferente, de emergencia indígena y popular, autónoma en torno de un nuevo proyecto de nación”, opina, a su turno, el periodista Walter Chávez.
Sin embargo, subsisten varias dudas e interrogantes. ¿Se está consolidando efectivamente una corriente nacionalista al interior de las FF.AA.? ¿Se impondrá esta corriente a las tradicionales tendencias conservadoras y proestadounidenses? ¿Qué harán los militares cruceños ante un posible agravamiento de la crisis con Santa Cruz? Hasta ahora, las respuestas son pura especulación. Mientras tanto, en medio de la pelea cada vez más dura en la Asamblea Constituyente, el país asiste a lo que puede terminar en una polarización a la venezolana.
Repsol YPF
EVO SEDUCE A LOS MILITARES
Desde el principio de su mandato, Morales llamó a los militares a sumarse a su revolución indigenista. Un grupo comando, antes dominado por Estados Unidos, fue clave en la nacionalización del gas.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Desde sus primeros días en el palacio Quemado, Evo Morales se dedicó con perseverancia a una tarea que para muchos –obnubilados por su discurso indigenista– pasó desapercibida: tejer una alianza militar-campesina como base de apoyo a su gobierno, pensado a sí mismo con una “revolución democrática y cultural”.
La revisión de sus últimos discursos deja en evidencia esta huella. “Todos juntos, los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas, debemos asumir la nueva tarea de dignificar Bolivia, de defender a la patria, porque no habría razón de ser de una nación si no tenemos Fuerzas Armadas, que son el alma para defender la unidad, la integridad, la soberanía de nuestra patria”, dijo el 7 de agosto, día de las Fuerzas Armadas en Sucre. “Quiero decirles al Alto Mando Militar y a las Fuerzas Armadas que tengo mucha confianza en ustedes para garantizar este cambio en democracia. En los pasados años se ha visto una enorme confrontación y siento que se ha terminado para siempre”, sostuvo nuevamente una semana después, cuando 25 jóvenes indígenas y afrobolivianos –20 varones y 5 mujeres– fueron beneficiados con el programa “Igualdad de oportunidades con enfoque de género” para ingresar al Colegio Militar de Ejército Gualberto Villarroel, cosa que hasta ahora les era impedido de facto. “Siento que en nuestro gobierno hemos empezado a dignificar a las Fuerzas Armadas. Esos tiempos de las dictaduras ha terminado, esos tiempos de confrontación de las Fuerzas Armadas con el pueblo han terminado. Eran otros tiempos, en los que seguramente algunos gobiernos usaron muy mal a las Fuerzas Armadas, quiero decirles a los oficiales de las tres fuerzas que ustedes nunca han sido responsables de una confrontación interna sino intereses externos, intereses ajenos, impuestos desde arriba, importados desde afuera”, había apuntado Morales el 7 de agosto.
No es difícil percibir en esta reiterativa invitación a los militares la voluntad del gobierno del MAS de actualizar, en las condiciones del presente, la vieja alianza popular-militar que constituyó la base social de todos los regímenes nacionalistas en América latina. Y Bolivia no fue una excepción: la historia comienza con el “socialismo militar” de la generación de la Guerra del Chaco (1932-1935) –representado por David Toro y Germán Bush–, sigue con el nacionalismo militar de Gualberto Villarroel –colgado de un farol de la plaza Murillo por una suerte de Unión Democrática a la boliviana– y tiene un fugaz coletazo a principios de los ’70 con la alianza obrero-militar de Juan José Torres, que se expresó en la Asamblea Popular truncada tempranamente por el golpe de estado fascistoide de Hugo Banzer Suárez.
En el caso de Evo Morales, fue con la nacionalización de los hidrocarburos que su romance con los militares pasó al acto. En la vicepresidencia, un comando militar trabajó herméticamente durante varios días, con mapas y computadoras, ajustando los detalles del ingreso a los campos petroleros. Y el decreto del 1º de mayo y la escenificación de la medida siguió la matriz de anteriores nacionalizaciones: ocupación militar de las instalaciones petroleras. Este hecho marcó un acercamiento institucional y personal entre el nuevo presidente y las Fuerzas Armadas. Allí apareció en escena el grupo de elite F-10 –antes controlado por Estados Unidos y hoy claramente del lado del nuevo gobierno nacionalista–, que luego custodiarían a Evo Morales, Hugo Chávez y Carlos Lage durante su visita al Chapare. Y los beneficios de este acercamiento son mutuos: al gobierno le permitió dar un golpe de fuerza ante la comunidad nacional e internacional; y a los militares, limpiar su imagen de represores del pueblo boliviano luego de las masacres de los últimos años, especialmente la de octubre del 2003, con un saldo de más de 60 muertos.
El segundo momento en esta incipiente relación fue el vibrante desfile indígena-militar del 6 de agosto, para inaugurar la Asamblea Constituyente. El alto mando puso en marcha su maquinaria para cooperar con el traslado de los campesinos desde las regiones más remotas del país, además de un rápido curso de “paso de ganso” para estar acorde con el evento histórico.
“Estamos frente a la versión actualizada, rebosada, de escenas repetidas hasta el cansancio durante el gobierno del general Barrientos (1964-1969) y en los sucesivos regímenes militares hasta finales de los ’70”, dice el analista Iván Arias.
“No es comparable. Mientras el viejo pacto militar-campesino era liderado por militares populistas, la actual alianza popular-militar parece su cara inversa: son los indígenas quienes la hegemonizan; por otro lado, el famoso pacto militar-campesino del general René Barrientos en 1964 fue en un momento de reflujo de la revolución nacional del ‘52 y puso a los campesinos contra los sindicatos mineros. Hoy estamos en un contexto muy diferente, de emergencia indígena y popular, autónoma en torno de un nuevo proyecto de nación”, opina, a su turno, el periodista Walter Chávez.
Sin embargo, subsisten varias dudas e interrogantes. ¿Se está consolidando efectivamente una corriente nacionalista al interior de las FF.AA.? ¿Se impondrá esta corriente a las tradicionales tendencias conservadoras y proestadounidenses? ¿Qué harán los militares cruceños ante un posible agravamiento de la crisis con Santa Cruz? Hasta ahora, las respuestas son pura especulación. Mientras tanto, en medio de la pelea cada vez más dura en la Asamblea Constituyente, el país asiste a lo que puede terminar en una polarización a la venezolana.
Repsol YPF
LAS INCERTIDUMBRES SOBRE BOLIVIA ESTANCAN LA COTIZACIÓN DE REPSOL
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
Repsol no acaba de despegar. Aquejada por las malas noticias que llegan de Bolivia y la incertidumbre que genera su exposición a Latinoamérica, la acción cotiza en un rango estrecho desde hace meses. Los expertos reconocen que ofrece múltiplos atractivos respecto al sector, pero aconsejan prudencia de aquí a final de año. Pocos comprarían por encima de 23 euros.
Repsol ha sufrido un ejercicio salpicado por las malas noticias. Y la semana pasada la situación en Bolivia se agravó aún más cuando el Ejecutivo de Evo Morales amenazó con demandar a la petrolera ante la justicia internacional por 'saqueo'.
La acción, sin embargo, apenas se resintió. Perdió el 0,66% en las últimas cinco sesiones para situarse en 22,39 euros. 'Bolivia representa el 1% del beneficio de Repsol y así lo ha recogido la acción', comenta Fernando Murillo, de Ahorro Corporación.
La incertidumbre que genera la elevada exposición de Repsol a Latinoamérica, sin embargo, explica su peor comportamiento relativo este año, según comentan los expertos. Así, la acción cae el 9,24% en 2006 frente a la subida del 0,56% del sector.
'Las noticias que llegan de Bolivia no ayudan y dejan entrever que en cualquier momento nos encontraremos con un problema serio. Parece que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos terminará con medidas drásticas para Repsol. De concretarse no sentaría bien a la acción por miedo a que se pudieran implantar medidas similares en otros países como Argentina', comenta Javier Barrio, de Capital Markets.
Los problemas de Repsol, no obstante, no se reducen sólo a Latinoamérica. El primer susto bursátil se desató en enero cuando la compañía admitió una reducción del 25% de sus reservas de petróleo y gas.
La petrolera sufre además una serie de debilidades que acentúan la incertidumbre sobre la acción. Tiene un ratio de reemplazo de reservas muy débil, problemas para aumentar la producción y una vida de las reservas limitada a ocho años, a lo que hay que sumar su elevada exposición a Latinoamérica. 'Los grandes fondos europeos, los que mueven realmente la acción, no están dispuestos a asumir el riesgo que implica la compañía aunque ofrezca una valoración más atractiva que sus rivales', añade Barrio.
La última compra que realizó para diversificar, la adquisición del yacimiento de Shenzi, no acabó de convencer por el alto precio, y otros expertos como Murillo comentan que el precio también recoge el miedo a nuevas adquisiciones a precios elevados.
La acción, sin embargo, cuenta con un soporte claro en torno a 20 euros que impide grandes descalabros. 'A estos precios es un objetivo claro de compra', añade Barrio. 'No vemos mal la compañía. Compraríamos en el entorno de 20-21 euros. La posibilidad de un movimiento corporativo le da solidez al valor pero venderíamos en 23 euros por las incertidumbres que tiene abiertas', comenta Eduardo Liñán, de Inversis.
REPORTAJEREPSOL, EN EL LABERINTO BOLIVIANO
Evo Morales desconcierta a la petrolera hispano-argentina con sus buenas palabras y sus duros hechos
El País de España (www.elpais.es)
Las cosas están así: te pueden llamar a declarar como testigo y terminar encerrado". Un directivo de la compañía petrolera hispano-argentina Repsol-YPF resume la situación que atraviesa la empresa en Bolivia poniendo como ejemplo lo ocurrido al síndico de la compañía, Saúl Encinas Miranda, quien fue liberado el pasado domingo después de pasar dos noches en el calabozo tras declarar como testigo -no como imputado- por su relación con un contrato firmado entre Repsol y la brasileña Petrobras que, según la fiscalía de Santa Cruz, ha supuesto un fraude para los intereses bolivianos. El hecho provocó la primera respuesta medianamente dura de la compañía en el conflicto que atraviesa desde que Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo.
El nuevo presidente boliviano, que ascendió al poder el pasado enero tras una victoria espectacular en la primera vuelta de las elecciones, ha convertido el nacionalismo energético en el eje de su mandato. Es más, ésa fue la bandera que le llevó al poder. Morales está convencido de que, para que su país progrese y para que se comience a atajar la pobreza que afecta a la mayor parte de su población, es imprescindible un nuevo reparto de la tarta petrolera: un pedazo mucho más grande para el Estado. Su gran reto es conseguirlo de forma negociada y sin provocar una estampida, ya que, hoy por hoy, Bolivia no parece en condiciones de gestionar por sí sola la riqueza de su subsuelo, ni siquiera con la ayuda de su gran aliado: el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Repsol amenazó con acciones ante organismos internacionales. Inmediatamente, desde La Paz, el Gobierno advirtió de que puede llevar a la empresa ante los tribunales internacionales por "saqueo". "Si esto fuera un combate de boxeo, habría que decir que Repsol está siendo un gran encajador, pero tendrían que recordar que la pelea se puede perder aunque no caigan en la lona", opina un alto responsable de una firma auditora afincada en Bolivia. "Hay demasiados factores ajenos al conflicto de las nacionalizaciones que influyen en lo que pasa con Repsol", añade.
Con un proceso negociador en marcha -en el que se ha comprometido al más alto nivel el Gobierno español- más basado hasta ahora en las declaraciones que en los resultados concretos, la compañía asiste prácticamente cada semana a acciones judiciales contra sus directivos y a declaraciones de abierta hostilidad desde las instancias políticas. "En lo formal insisten en privilegiar el diálogo, pero hay una crisis interna fenomenal, los tiempos de la nacionalización no alcanzan y no es posible una prórroga", advierte el directivo de Repsol.
La crisis interna a la que se refiere la citada fuente ha hecho explosión esta misma semana con la destitución de Jorge Alvarado como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal que, según el plan de Morales, va a protagonizar el proceso de nacionalización y que terminará controlando la extracción, producción y comercialización del gas y el petróleo bolivianos. Alvarado -un antiguo diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, quien se había destacado por su beligerancia contra Repsol-YPF- fue acusado en julio por la Superintendencia de Hidrocarburos boliviana de firmar en junio un contrato de exportación de petróleo a Brasil que no sólo violaba el decreto de nacionalización, sino que además resultaba lesivo para los intereses bolivianos por los términos en los que estaba suscrito.
La detención del síndico
Morales defendió a Alvarado con vehemencia -"el compañero Alvarado es incorruptible"- y aseguró que "intereses internos y externos quieren frenar la nacionalización con acusaciones falsas". Cinco días después, la fiscalía de Santa Cruz enviaba cuatro requerimientos al síndico de Repsol, Saúl Encinas Miranda, en los que exigía documentación de la empresa desde 2001 "en un plazo absurdamente perentorio", según ha denunciado la propia compañía.
Encinas se presentó en la Fiscalía con la documentación y allí quedó detenido. Y por segunda vez en pocos meses, varios fiscales allanaron la sede de Repsol en Santa Cruz en un acto calificado por Repsol de "injustificado".
"Simplemente queremos que Repsol colabore con la investigación, y si hemos allanado ese domicilio, es porque no ha colaborado con la justicia como tiene que hacer cualquier ciudadano boliviano", subraya el fiscal de distrito, Jaime Soliz, quien recalca que las investigaciones que él y otros cuatro fiscales llevan a cabo son contra Andina y no contra Repsol-YPF. Hasta el decreto de nacionalización, Andina estaba participada por Repsol, con mayoría accionarial, e YPF.
Cómo se hace con el control YPFB y cómo queda Repsol son algunos de los puntos cruciales pendientes de negociación. Por ahora, Repsol tiene en el Consejo de Administración de Andina cuatro representantes, por tres YPFB.
Finalmente, Encinas Miranda fue puesto en libertad, aunque debe presentarse ante el juez todas las semanas y está sujeto a un arresto domiciliario fuera de sus horas de trabajo. Y Morales ha destituido a Alvarado, aunque también ha relevado de sus cargos al viceministro y al superintendente de Hidrocarburos, quienes habían denunciado a su protegido.
Antes de destituir al superintendente, éste recibió varias llamadas del vicepresidente del país y del ministro de Hidrocarburos con la intención de que retirara el informe en el que denunciaba que YPFB, bajo la dirección de Alvarado, había violado la ley, pero el alto funcionario no se retractó.
"El problema de Morales es que su gente no sabe cómo funciona la maquinaria de la Administración y aquí suceden dos cosas: puede nombrar a gente poco idónea para los puestos y, por otro lado, le pueden mover el suelo bajo los pies quienes sí conocen cómo se maneja el Estado", opina un diplomático destinado en La Paz.
Morales parece haber captado la misma idea y ha colocado al frente de YPFB a Juan Carlos Ortiz, un economista nacido en Santa Cruz, de perfil mucho más técnico que su antecesor, ex directivo de Petrobras y además sobrino del embajador boliviano en Argentina, un dato que no escapa a los responsables de Repsol-YPF. "El tema de las simpatías políticas queda en el ámbito de lo personal, de lo que se trata es de hacer de este proyecto profesional una herramienta para el progreso de Bolivia", asegura Ortiz.
Más radical ha sido el nombramiento para la Superintendencia de Hidrocarburos. Santiago Berrios es un periodista partidario directamente de eliminar el cargo para el que acaba de ser nombrado "porque es una máquina burocrática que ni fiscaliza ni controla, que son los objetivos para los que fue creada".
A pesar de las declaraciones públicas del presidente de la empresa, Antonio Brufau, de que la voluntad de Repsol-YPF es permanecer en Bolivia, se albergan serias dudas sobre la verdadera voluntad del Gobierno boliviano, que combina los gestos y declaraciones de colaboración con los ataques más furibundos.
Especial daño a la confianza en sus interlocutores ha causado lo sucedido con el anterior responsable de la empresa en Bolivia, Julio Gavito. Tras estar varios días con una orden de busca y captura, Gavito se presentó voluntariamente el pasado marzo ante las autoridades después de que las palabras conciliadoras de Morales a Brufau durante una reunión mantenida en La Paz fueran interpretadas en la compañía como una garantía hacia el directivo perseguido por la justicia.
Gavito fue detenido inmediatamente y, tras pasar una noche en prisión, se le impuso una "orden de arraigo", es decir, la imposibilidad de abandonar el país, levantada temporalmente a principios de julio.
Bolivia sola no puede
Algunos observadores bolivianos advierten de que una ruptura total no sólo causaría daño a la compañía hispano-argentina. "YPFB no tiene capacidad para hacerse cargo de todo el proyecto. No hay dinero ni para la exploración ni para la explotación", subraya en su despacho de Santa Cruz Julio César Caballero, un politólogo que presenta un programa semanal de entrevistas en la televisión, y que se ha convertido en un referente para seguir la crisis boliviana. "Lo que pretende hacer el Estado es quedarse con todo el negocio con un mínimo de inversión, y eso no funciona ni aquí ni en la China y por eso es necesaria la participación de las empresas extranjeras que obtengan ganancias, pero que también beneficien al país", añade.
Los números hablan por sí solos de la importancia, mucha o poca, de la inversión de Repsol-YPF en Bolivia. Según datos de la propia compañía correspondientes a 2005, Bolivia representa 31,2 millones de euros de beneficio neto, exactamente el 1% del total de la empresa. Su resultado operativo se sitúa en el 1,5% del total y el capital empleado es el 2,5% de los 25.000 millones de euros de capital de la firma. Tiene en Bolivia 300 trabajadores, aunque genera otros 3.000 empleos indirectos. Tal vez eso explica el escaso impacto que los problemas en Bolivia han tenido estos días en la cotización bursátil de la compañía, que, en cambio, sí se vio gravemente afectada por la reducción en la cuantificación de las reservas.
Con todos estos datos en cartera llegará próximamente a Madrid el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en lo que supondrá, si no un cambio claro de rumbo, sí una variación notable del perfil del Ejecutivo boliviano en la negociación sobre las nacionalizaciones.
Interlocutor con España
Morales ha decidido dejar en un segundo plano al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, un experto en el tema, pero también de una reconocida hostilidad hacia las compañías extranjeras. García Linera ya ha actuado de interlocutor del secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las visitas que ambos, por separado, han realizado a La Paz en los últimos meses.
En teoría, García Linera aterrizará con los resultados preliminares de las auditorías realizadas a las petroleras bajo el brazo. Son datos concretos en los que el Gobierno boliviano ha puesto grandes expectativas para poder convencer a sus interlocutores de las nuevas condiciones en las que quiere que se desarrolle la presencia de petroleras extranjeras en Bolivia. Sin embargo, fuentes de compañías auditoras en Bolivia consultadas por este periódico aseguraron que, de las ocho auditorías que debían ser adjudicadas por el Gobierno, apenas cuatro lo habían sido y que los trabajos de investigación iban muy lentos. Varias compañías auditoras incluso han rechazado la invitación del Gobierno de Morales para realizar el encargo. "Es una cuestión en la que hay mucho más que perder que por ganar", señaló un responsable.
El vicepresidente boliviano ya ha realizado la semana pasada un viaje de similares características a Brasil, aunque el caso de Petrobras presenta significativas diferencias con el de Repsol. La petrolera brasileña es estatal -el presidente Lula ha llegado a decir en público que "Petrobras es Brasil, y Brasil es Petrobras"-, se trata del primer inversor extranjero en Bolivia y la mitad del gas que a diario consume Brasil procede de Bolivia. Sin embargo, aunque todas estas coordenadas deberían hacer más urgente un compromiso -o tal vez por eso-, las negociaciones con los brasileños están siendo extremadamente difíciles. "Hace dos meses que no tenemos interlocución con el Gobierno boliviano. Mantuvimos dos reuniones y el Gobierno boliviano decidió suspenderlas", subraya José Fernando de Freitas, presidente de Petrobras Bolivia. "Hoy en Bolivia no se puede decir que haya seguridad jurídica. La ley de 2005 daba un marco adecuado, sin embargo el decreto de nacionalización, aunque haya sido emitido por un Gobierno legítimo, plantea graves problemas porque es incompatible con la ley. Con este marco, para Petrobras, la industria de los Hidrocarburos es inviable", añade el directivo, quien, no obstante, no cierra la puerta. "Siempre creemos que negociar es la mejor alternativa".
Trasiego en Santa Cruz
Mientras, sobre el terreno las cosas no han variado mucho desde que Morales decretara, con despliegue de militares y medios de información, la nacionalización de los hidrocarburos. En los campos situados a unas tres horas de Santa Cruz de la Sierra -la ciudad oriental convertida en el pulmón económico de Bolivia-, la actividad en las explotaciones es normal. En medio del contraste del verde de la vegetación y el color plateado de tuberías y depósitos hay un trasiego de vehículos todoterreno que entran y salen de las instalaciones rodeadas de alambradas y donde la llama que surge de altas chimeneas metálicas indica la presencia del hidrocarburo.
Muchos trabajadores no pertenecen a las compañías propietarias de la explotación, sino a contratas, y algunos explican, fuera de las instalaciones, que no ha habido gran variación en la actividad y que en alguna ocasión los campos han sido visitados por funcionarios bolivianos acompañados de otras personas a las que identifican como empleados de la venezolana Petrosur que han preguntado sobre características del funcionamiento de las instalaciones.
Esta percepción de normalidad no es compartida por los vecinos de Bolivia. Argentina, que ha anunciado inversiones millonarias para crear nuevas estructuras de transporte de gas entre ambos países, ha visto cómo esta semana Bolivia interrumpía durante algunas horas el suministro de gas debido a un bloqueo campesino en la frontera entre ambos países para cuyo levantamiento Morales se vio obligado a enviar al Ejército. Acto seguido declaró "en emergencia" a policías y militares para evitar que las instalaciones puedan ser tomadas por grupos de presión. El ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, tuvo que garantizar explícitamente a Argentina y a Brasil que los suministros de gas no se verán interrumpidos más.
Los términos de la negociación
RESPOL-YPF es una de las 21 petroleras extranjeras que operan en Bolivia cuyo plazo de negociación con el Gobierno de Evo Morales expira el 1 de noviembre, aunque tanto empleados de las compañías como analistas bolivianos creen que será superado. Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales, con importantes problemas internos derivados del estancamiento en la Asamblea Constituyente, ha pisado el acelerador para cumplir su compromiso, y el miércoles anunció que ya tiene definido el modelo de contrato que toca discutir.
Los dos puntos fundamentales giran en torno a la mayoría de las acciones en las empresas de las que la estatal YPFB es socio -por regla general, la empresa boliviana tiene el 49%, y la extranjera, el 51%- y donde la Administración boliviana pretende que el traspaso de títulos sea el menor posible, pero que garantice a YPFB la mayoría, algo a lo que las empresas extranjeras se oponen al considerar que se entrega el control a la petrolera boliviana a cambio de muy poco. Petrobras, por ejemplo, exige que se le siga garantizando el control de las explotaciones tal y como ya queda reflejado en los contratos firmados.
El otro asunto es el de los beneficios que obtienen las compañías. Desde que en los noventa, bajo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, procedió a las privatizaciones, el beneficio de las compañías adjudicatarias era del 82%, mientras que el Estado recibía el 18%. Éste ha sido el caballo de batalla sobre el que Morales ha llegado al poder. Primero exigiendo -y ganando- un referéndum popular, celebrado en 2004, que impusiera una relación del 50%-50%, y finalmente exigiendo que fuera el Estado quien recibiera el 82% de los beneficios. Por tanto, en principio, el Gobierno boliviano quiere que las empresas extranjeras se queden en el país sin el control de las empresas participadas y recibiendo un 18% de los beneficios que genere la explotación de los hidrocarburos.
La paradoja es que gran parte de la disputa en torno a los hidrocarburos en Bolivia se fundamenta no sobre realidades en la superficie, sino en promesas situadas a unos 5.000 metros de profundidad. Repsol actualmente opera en 32 bloques (zonas de trabajo), de los cuales la mayor parte, 9.264 kilómetros cuadrados, está dedicada a la exploración, por 2.174 kilómetros cuadrados a la explotación.
Sus zonas principales de actuación son el bloque Mamoré, a unos 220 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, y el Grigotá, a unos 60 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, y la exploración y explotación en los campos de San Antonio, San Alberto y Margarita, en el departamento de Tarija, al sureste del país. El campo de Margarita es considerado como la mayor reserva de gas de Bolivia.
CUESTIONAN VENTA DE TERRENOS A BOLIVIA
La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)
El diputado Fulvio Rossi señaló que las declaraciones vertidas por el presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, sobre que Chile debería otorgar salida al mar a Bolivia a través de la venta de terrenos en el norte del país, son únicamente a título personal y que no representaban el pensamiento de la Cancillería ni de la Presidenta Michelle Bachelet.
El parlamentario señaló también que debido al gran posicionamiento y legitimación política que posee el mandatario altiplánico, Evo Morales, "Chile se encuentra en una buena posición para poder zanjar este gran dilema, pero no soy yo el autorizado para referirme a esto, sino que hay autoridades competentes en esta área".
A lo anterior, el congresista recordó los actuales problemas limítrofes con Argentina y el pasado conflicto político fronterizos con el Perú, recalcando que sólo la Cancillería y la Presidenta Bachelet pueden tomar cartas en el asunto, "ya que todas las declaraciones que puedan salir de otras personas sobre esta materia son a título personal", expuso.
Terrenos
Sobre el ofrecimiento de los 6.500 metros cuadrados de terreno que el empresario hotelero Enrique Anguita hizo públicamente a través de los medios de comunicación, Fulvio Rossi señaló que tanto en Iquique como en Arica existen terrenos que maneja Bienes Nacionales y que podrían ser utilizados para este fin, "pero desconozco cuáles son las características que favorecerían la venta de un terreno ubicado en el sector de El Morro para ambos países".
Gobierno
Una opinión similar a la entregada por el parlamentario entregó el secretario regional ministerial de Gobierno, Sergio Asserella, quien señaló que la responsabilidad de decidir sobre la mediterraneidad de Bolivia le compete exclusivamente al ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidenta Michelle Bachelet, afirmando además que como parte del gobierno regional no han recibido orden alguna de fomentar ni de ejecutar ventas de terreno a Bolivia.
"Este tipo de decisiones las debe tomar única y exclusivamente el Gobierno central y nosotros no hemos recibido ninguna orden formal sobre este tema", aclaró.
De igual forma, el seremi señaló desconocer las pretenciones del empresario Enrique Anguita sobre el ofrecimiento de sus terrenos para darle salida al mar al país vecino, pero manifestó que sus declaraciones son hechas a título personal y que no representan en ningún sentido el lineamiento trazado por las autoridades del gobierno regional, presidido por la intendenta Patricia Pérez.
MORALES ANUNCIÓ QUE RECUPERARÁN RECURSOS NATURALES EN SILALARío que se ubica en la zona es aún foco de diferencias con nuestro país debido al uso de sus aguas.
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
Bolivia sentará soberanía en la región de Silala, fronteriza con nuestro país, informó el Presidente Evo Morales, ratificando de esta manera la iniciativa altiplánica de instalar un puesto militar en esta zona donde ambas naciones mantienen una controversia por el uso de las aguas.
"Gracias al patriotismo y a la conciencia de las fuerzas armadas pronto también sentaremos soberanía en la zona del Silala, porque aquí hemos llegado gracias al voto de ustedes para defender Bolivia, el territorio nacional y para recuperar nuestros recursos naturales'', aseguró el Mandatario, en una entrevista que publicó ayer el diario "La Prensa".
Morales formuló esta declaración en la víspera en la localidad de Huarina, donde entregó unas 336 computadoras a 48 colegios.
La versión indicó igualmente que la administración de Morales decidió que, "por cuestiones estratégicas'', sólo el Presidente y el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, "serán los únicos encargados de informar'' en torno a los temas marítimo y energético.
La decisión, de acuerdo con el portavoz de Gobierno, Álex Contreras, se adoptó después de que el gabinete de ministros decidió que la política de "gas por mar" -que supedita la venta del carburante a la solución del reclamo marítimo boliviano- continuará vigente.
Cabe precisar que voceros del Ejecutivo altiplánico han adelantado que Bolivia instalará puestos militares en la frontera (uno de ellos en Silala) dentro del plan que impulsa Morales para "nacionalizar" las áreas de reserva forestal.
En este sentido, Bolivia exige que Chile pague por el uso de las aguas del río Silala, torrente que, acusan, fue artificialmente desviado. Santiago, en tanto, argumenta que se trata de un río de curso internacional.
AUSENCIA DE INVERSIONES
LOS EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE UNA POSIBLE CRISIS ENERGÉTICA
Dicen que la oferta de energía no alcanza para sostener el crecimiento económico.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Mientras se debatía si el Gobierno debía apostar a mantener el ritmo de crecimiento económico o pisar el freno para evitar que la inflación se disparara, pocos advertían que la actividad económica podía encontrar un obstáculo inevitable: la falta de energía. Ayer Clarín publicó en el Suplemento Económico que la energía eléctrica está al tope de su capacidad. Hoy, cuando los últimos fríos del año obligan a las empresas proveedoras de energía a cortar el suministro a las industrias porque están obligadas a abastecer primero a los hogares, los expertos que consultó este diario recuerdan que estamos en medio de una crisis energética."Estamos en una crisis, porque la demanda energética viene creciendo 6% cada año y no hubo ningún incremento de la oferta", sostuvo Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación. Y señaló que "se trata de un problema estructural, que surge porque no se hicieron las inversiones necesarias para incrementar la producción de energía".
Lapeña se mostró preocupado: "La falta de energía impedirá que continúe este nivel de crecimiento económico", señaló.
Hace ya varios meses que las metalúrgicas y las papeleras sufren cortes en la provisión del gas que compran a las compañías distribuidoras. La interrupción del servicio las obliga a frenar su producción y a enviar a sus empleados a casa, a la espera de que vuelva la energía que necesitan para fabricar sus productos. "Las empresas quieren firmar contratos que no prevean cortes del servicio, pero las distribuidoras no pueden hacerlo porque están obligadas a abastecer a los usuarios residenciales primero", explicó el ingeniero Horario Cuaini, que hoy se desempeña como consultor energético y trabajó con Daniel Montamat en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Para Cuaini, la única manera de salir de la crisis energética es "darle seguridad jurídica a las empresas y solucionar el tema de las tarifas, para que hagan las inversiones necesarias para generar más energía". Y construir el gasoducto de Loma de la Lata, para transportar gas desde Neuquén hacia Buenos Aires, lo que en su opinión "puede hacerse en apenas 11 meses".
Pero, aún poniendo en práctica las recomendaciones de los expertos, existe un riesgo de tener que programar cortes de energía eléctrica. Eso opina Gustavo Callejas, experto en energía y miembro del grupo Moreno, que fundó Fernando 'Pino' Solanas.
"La parte eléctrica está al borde del colapso, ya en el interior y en muchos lugares del Gran Buenos Aires hay cortes de luz, aunque nadie lo diga", precisó Callejas, Y advirtió que "es probable que en los próximos meses, una alternativa sea programar los cortes, pero antes de llegar a eso sería recomendable bajar el nivel de consumo del alumbrado público, o de los shoppings". Por ahora, Edesur le ofrece a sus clientes que compren en cuotas lamparitas de bajo consumo.
PREOCUPACIÓN POR AMENAZA DE CORTE EN SUMINISTRO DE GAS
El ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, se mostró preocupado por la petición hecha por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú al gobierno argentino de cortar el gas a Uruguay como represalia.
El Universal de México (www.eluniversal.com.mx)
"Son resentimientos que deberían ser desterrados del relacionamiento entre los pueblos latinoamericanos, y máxime tratándose de dos países hermanos como Argentina y Uruguay, con más confluencias que divergencias", dijo ayer Arana. De todas formas el secretario de Estado confió en que "el gobierno argentino actúe de acuerdo a la Constitución y la ley".
Arana exhibió su preocupación porque los sentimientos expresados desde la vecina orilla "pueden llegar a ser de xenofobia y exceso de nacionalismo, los cuales nunca han tenido consecuencias favorables".
En tanto, la Cancillería comenzó a trabajar en la preparación de la contramemoria que deberá presentarse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego que Argentina haga lo propio el próximo 15 de enero.
La reunión de trabajo fue encabezada por el canciller Reinaldo Gargano y participaron el director general de Cancillería, José Luis Cancel, el subsecretario de Industria, Martín Ponce de León, la directora de Dinama, Alicia Torres, el asesor del canciller, Juan Fisher, el director de Asuntos Multilaterales de Cancillería, Gustavo Alvarez, y asesores de Industria y Relaciones Exteriores.
El documento deberá contener la posición uruguaya en torno al conflicto, y fundamentos que prueben que no se violó el Tratado del Río Uruguay.
STORA ENSO. El presidente para América Latina de Stora Enso, Nils Grafström, y altos ejecutivos de la firma sueco-finlandesa estarán entre el 4 y el 5 de setiembre en Durazno y Tacuarembó para informar sobre su proyecto de instalar una nueva planta de celulosa.
La posibilidad de que la empresa escoja una localidad entre estos dos departamentos para edificar la planta es vista con buenos ojos por los jefes comunales.
"Lo que podemos decir es que los gobernantes de la región centro vemos con muy buenos ojos la posibilidad de instalación de una industria de estas características, que generaría riqueza y desarrollo sustentable, preservando el medio ambiente, del cual nosotros queremos ser sumamente cuidadosos", dijo el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Una de las zonas que la firma visitó con interés es la de los lagos del río Negro en Baygorria.
Según la información manejada hasta ahora por Stora Enso, la planta significará una inversión de 300 millones de dólares. Generará durante su fase de construcción unos 8.000 puestos de trabajo y estiman en 3.000 puestos directos e indirectos durante su fase operativa. La firma ya comenzó el proceso de forestación en campos de Tacuarembó.
EJECUTIVO ACLARA TAMBIÉN POSICIÓN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR
CHILE ESPERA QUE ARGENTINA CUMPLA CON SUMINISTRO DE GAS
“Nadie puede cerrarse por siempre al uso de la energía nuclear, pero es una materia que debe resolverse en base a estudios (…) Estos estudios duran dos o tres años y eso va a permitir que seguramente el próximo Gobierno resuelva”, informó el ministro Belisario Velasco.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl/prontus_noticias)
El ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, expresó ayer que el Gobierno confía en que se mantendrá el acuerdo que garantiza el suministro argentino de gas comercial y residencial a Chile. Así comentó las versiones de prensa procedentes de Buenos Aires, que afirman que los recortes de gas podrían ampliarse el próximo año incluso al consumo domiciliario, sector que hasta ahora no ha sido afectado.
“No ha habido un anuncio de corte de gas, sino que una información que habla de fuentes anónimas que señala que Argentina tendría dificultades para su suministro propio de gas, y eso es efectivo desde hace un tiempo a esta parte, porque producto de su tasa de crecimiento ha debido demandar más gas”, comentó Lagos Weber. La posibilidad de cortes al sensible consumo hogareño -que ha sido garantizado por La Moneda- fue sostenida el sábado en el matutino bonaerense “Clarín”.
“Argentina ha reiterado su compromiso de honrar el suministro de gas residencial y comercial a Chile en las cantidades que requerimos”, insistió el secretario de Estado, agregando que “hemos estado en conversaciones permanentes con las autoridades argentinas e incluso la semana pasado viajó una delegación de representantes de la industria privada de gas a Buenos Aires para conversar este tema”.
Según Lagos Weber, es efectivo que “hay un problema real y objetivo en el lado argentino de gas para ellos mismos”, pero indicó que “han sido muy claros y enfáticos en entender nuestras necesidades de suministro de gas residencial y comercial”.
“Confiamos en que vamos a poder llegar a un acuerdo con Argentina en esta materia y siempre preparados para tomar cualquier tipo de medida que sea necesaria”, agregó el portavoz.
ANÁLISIS
Asimismo, el ministro de Gobierno aclaró que durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet no se optará por construir una planta nuclear, “lo cual no significa que no se pueda llevar a cabo un estudio”.
“No prejuzguemos, el resultado de un estudio puede ser que (esa alternativa) es viable en Chile o no es viable”, añadió. A su juicio, “Chile no debe negarse a ninguna opción energética; lo que es responsable y corresponde es estudiar todas las alternativas que estén a nuestro alcance, desde la hidroeléctrica, termoeléctrica y, ciertamente, no descartar ninguna alternativa, incluida la nuclear”. Lagos subrayó que “con los estudios en la mano uno puede tomar decisiones”.
El año pasado, durante la campaña presidencial, Bachelet firmó un compromiso con organizaciones medioambientales en el cual se descartó la alternativa nuclear. Sin embargo, en el marco de las restricciones del abastecimiento trasandino y las condiciones que Bolivia ha puesto a Argentina para que no reexporte su energético a Chile, han aparecido portavoces de la Concertación y los privados que plantean que no hay que cerrarse per se a la opción nuclear. Así se ha discutido en el comité político y así se lo dijo, por ejemplo, el senador Eduardo Frei a la Presidenta el martes 29 en Cerro Castillo en la reunión con la bancada DC en la cámara alta.
Debido a esto, el ministro del Interior, Belisario Velasco, informó ayer que “hay unanimidad para que se inicien, en el período de la Presidenta Bachelet, los estudios destinados a saber científicamente qué es lo que le conviene al país”.
“Nadie puede cerrarse por siempre al uso de la energía nuclear, pero es una materia que debe resolverse en base a estudios (…) Estos estudios duran dos o tres años y eso va a permitir que seguramente el próximo Gobierno resuelva”, precisó Velasco.
POSICIÓN DE DERECHA
El senador UDI Pablo Longueira dijo que el abastecimiento de energía no se puede condicionar en cuanto a la negativa de estudiar la construcción de plantas nucleares a causa del compromiso de la Presidenta con ecologistas en la campaña. “La política energética del país no se puede hipotecar por unos votos más o unos votos menos”, indicó. A su juicio, no es factible que se adquieran compromisos en períodos presidenciales “para no estudiar opciones que el país pueda necesitar”. Longueira criticó las medidas adoptadas por los anteriores gobiernos de la Concertación, al dejar a Chile en “dependencia” de Argentina respecto al suministro de gas natural.
El senador afirmó que la Mandataria ha mostrado falta de liderazgo al momento de enfrentar esta materia por cerrar el debate sobre el uso de energía nuclear. En este mismo sentido se pronunció la secretaria general de RN, Lily Pérez, que aseguró que su partido “no se cierra a discutir la posibilidad” del desarrollo de plantas nucleares de energía.
TENSION EN BOLIVIA : REPORTAJE AL NOTABLE ESCRITOR Y JUEZ ARGENTINO
TIZÓN: "NO HAY QUE CONVERTIR LA EXCEPCIÓN EN REGLA"
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Después de la obligada siesta, desde su casa de Jujuy —tan cerca de Bolivia—, Héctor Tizón, uno de los más grandes escritores argentinos y juez de profesión, atiende el teléfono y le explica a Clarín por qué es fundamental que las legislaciones contemplen las variables sociales y culturales de los pueblos. Como hilando finito, Tizón estira la memoria y cuenta una historia que sirve como ejemplo para señalar la importancia que tienen las creencias de aquellos a quienes se juzga.
"La contratación de los zafreros —comenzará diciendo— se hace con el titular de una familia en sentido amplio: la mujer, una tía, los hijos... Se paga por kilo de caña cortada, y cuantos más son, más se corta y se gana. En esta historia, los miembros de una familia venían caminando y se encontraron con otro grupo que viajaba para lo mismo y decidieron hacer noche juntos. Al despertar, notaron que los otros les habían robado los machetes. Entonces los persiguieron y los mataron a todos, también a los niños. Conozco bien el caso. Durante el juicio determinaron que se trataba de un homicidio con agravante. Recuerdo que le pregunté al juez si les habían hecho la autopsia a los cadáveres. '¿Para qué?', se sorprendió el juez. 'Para saber si los degollaron antes o después de muertos', dije. Si había sido después, el degollamiento era un atenuante y no un agravante. En esa cultura existe la 'ceremonia del despenamiento', que es cuando se le corta la cabeza al difunto para que no se vaya penando".
—¿El entorno entonces importa para dictar sentencia?
—Claro. Otro tema en el que es clave el entorno cultural y social por estas regiones es el estupro, el acceso carnal con menores de 15 años. Aquí es bastante común, siempre hay hombres y mujeres que se juntan con menores. El despueble está convirtiendo al desierto en más desierto: diezma los poblados. Pero siempre hay un comisario que se leyó bien el Código Penal y va y los los mete adentro. Y aquí, los que se juntan con menores suele ser por necesidad.
—¿Qué piensa de los cambios que intentan introducir en la Constitución los indígenas bolivianos?
—Lo veo muy bien, pero hay que tomarlo con cuidado. Se deben tener en cuenta las realidades culturales pero sin ceder a la tentación de convertir la excepción en regla. Hay que observar la realidad y los valores sociales, pero también utilizar la sabiduría. Si no, el Código Penal se convierte en un lecho de Procusto (se refiere al mito griego): lo que sobra se corta y listo. Debe haber exceso de precaución. Y hay que darle facultad a los jueces, no para dictar sentencia discrecional, sino para que entienda el medio. Un juez con formación cultural nórdica no va a poder impartir Justicia en Cochabamba o los Yungas.
TENSION EN BOLIVIA : DESAFIANTE INICIATIVA DE EVO MORALES
LA NUEVA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA, CON LA LEY DE LA JUSTICIA INDÍGENA
Lo propuso el gobierno que controla la Asamblea Constituyente. Plantea legalizar las leyes de los pueblos originales que castigan el robo u otros delitos con sanciones físicas y morales que decide la comunidad.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
En la localidad de Pacajes, en el interior del departamento de La Paz, una lluvia de azotes caerá sobre la espalda de quien robe una vaca. Y lo mismo o peor le sucederá a cualquier mujer que sea atrapada engañando a su marido: latigazos o un corte compulsivo de su cabello delante de toda la comunidad.
Como en ese pueblo aymara en pleno Altiplano, la justicia comunitaria de los ancestros aborígenes está viva en gran parte de Bolivia. Y todo parece indicar que formará parte de la receta que incorporará la nueva Constitución que, con dificultades y enfrentamientos, comienza a redactarse en la histórica ciudad de Sucre, donde en 1825 se fundó este país con una mayoría indígena históricamente postergada.La inclusión de los sistemas jurídicos originarios y el ejercicio de la justicia indígena figuran en el proyecto que el oficialista Movimiento al Socialismo presentará ante la Asamblea Constituyente que antes de agosto del 2007 deberá tener lista la nueva Carta Magna.
¿Podrá un país estratégico en la región por el gas y el petróleo que vende a Argentina y Brasil, recuperar con rango constitucional formas de organización social, política y jurídica ancestrales en pleno siglo XXI? Esto es parte de lo que está en juego en la Asamblea que se inauguró hace casi un mes, aunque no está claro cómo se formulará. Para algunos analistas y miembros de la Constituyente, el desafío será encontrar un equilibrio entre la justicia "occidental" y la de los pueblos originarios.
"No vemos una justicia verdadera, por eso queremos la comunitaria. Que sea la comunidad la que castigue, con sus usos y costumbres", resume Silvia Lazarte, la dirigente campesina de origen quechua que ahora preside la Asamblea, con su sombrero de mimbre y sus trenzas ya grises largas hasta la cintura.
El gobierno del aymara Evo Morales, cuyo partido logró mayoría en la Asamblea de 255 miembros, decidió que ese lugar debía ocuparlo una mujer indígena, en un gesto destinado a dejar en claro que los sectores excluidos durante siglos serán protagonistas del cambio.
El debate con este componente que para algunos es una extravagancia y para otros pura justicia, se desarrolla en el histórico teatro Gran Mariscal de Ayacucho, en el centro de Sucre donde se mezclan hombres con saco y corbata, otros con pulóveres tejidos, mujeres de trajecito y también con ponchos y polleras amplias.
El historiador Carlos Mamani Condori, de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, ilustra con el caso de Pacajes y explica que "la justicia nativa es ejemplificadora. Los castigos, que pueden ser con azotes, con una multa o con el corte de pelo a una mujer infiel, apuntan a la vergüenza pública. Si una persona reincide puede ser expulsada y en casos extremos se puede llegar a la pena capital".
¿Fue justicia comunitaria el linchamiento en plena plaza del alcalde de la localidad andina de Ayo Ayo acusado de robar fondos de la comunidad, en junio de 2004? "No. No se mata de acuerdo a usos y costumbres. Eso es un exceso de justicia por mano propia", dice el analista político Carlos Toranzo.
Con poncho marrón y el sombrero redondo de las cholas, Marcela Choque, 23 años, egresada de Derecho y asambleísta del MAS, aclara: "La justicia comunitaria no es asesinato. Es donde se llega a una buena resolución, con castigos de acuerdo al delito. Por eso hay distintos tipos de chicote (látigo). Si una persona roba un huevo, no se lo castiga, sino que tiene que retribuirlo. Pero si roba en forma repetida, el castigo debe ser mayor".
La idea de incorporar la justicia comunitaria no es sólo del MAS, aunque son de este partido casi todos los representantes indígenas que llegaron a la Asamblea. "Pretendemos la incorporación de usos y costumbres indígenas. La comunidad aymara tiene autoridades y modos de administrar justicia ancestrales, que están vigentes en muchísimos pueblos alejados de las ciudades", cuenta José Antonio Aruquipa, vocero de la bancada del principal partido de derecha, Podemos, quien se presenta como "abogado, periodista y aymara". "La infidelidad, la separación o la homosexualidad reciben castigos muy severos en estas comunidades, porque se rompe un principio fundamental: la confianza. Cuando una persona es sorprendida en un acto de infidelidad es excluida de los rituales, pierde privilegios. Y puede haber castigos físicos", ejemplifica. Pero señala que estos modos de justicia "no podrían aplicarse en ciudades grandes".
La ex líder campesina y ministra de Justicia boliviana, Celinda Sosa, ha dicho en varias ocasiones que se propone combinar la justicia comunitaria con la ordinaria. Es claro que no será un debate sencillo.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y NACIONALIZACION DE HIDROCARBUROS
BOLIVIA: EVO Y LA OPOSICIÓN AMENAZAN CON LLEVAR LA CONFRONTACIÓN A LAS CALLES
El presidente insistió en que sus seguidores deben estar en estado "de emergencia" para defender los cambios constitucionales y el plan de hidrocarburos. Los opositores no descartan una huelga indefinida.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
El gobierno de Evo Morales y la oposición amenazan con llevar a las calles a partir de hoy su confrontación en la Asamblea Constituyente, que no ha logrado consensuar el reglamento de debates en su primer mes de sesiones. En discursos pronunciados en áreas rurales durante el fin de semana, Morales pidió a los movimientos indígenas, sociales y sindicales que lo respaldan que se declaren "en emergencia" para defender el cambio de la Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos.
Según el presidente boliviano, hay una "conspiración" opositora para que fracasen esas dos banderas fundamentales de su gobierno, y los sectores populares deben movilizarse para impedirlo, con el apoyo de los militares.
La oposición abandonó la Asamblea cuando el oficialismo aprobó el viernes, en primera instancia, que se tomen decisiones por mayoría, en vez de los dos tercios que fija la legalidad vigente, y hoy se reunirá en la ciudad de Santa Cruz para analizar la convocatoria de huelgas y otras protestas.
"Compañeros y compañeras, frente a lo que está pasando en Sucre —capital oficial del país y sede de la Asamblea— es necesario que todos nos declaremos en estado de emergencia", dijo Morales el sábado en Huarina, pueblo del norte del departamento de La Paz. "Sólo con las Fuerzas Armadas y las movilizaciones sociales vamos a recuperar todos los recursos naturales, no solamente los hidrocarburos —continuó—. La mejor garantía es el pueblo organizado legítimamente junto a las Fuerzas Armadas."
La semana que termina, con huelgas, manifestaciones y bloqueos de movimientos regionales, transportistas, educadores y otros sectores, ha sido una de las más difíciles para Morales desde que asumió el poder el pasado 22 de enero. El lunes tuvo que relevar al principal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de firmar un contrato ilegal, y el viernes se anunció que su popularidad cayó del 81 al 61% en los últimos meses.
Además, la insistencia de su Movimiento al Socialismo (MAS) en aprobar decisiones en la Constituyente sin respetar los dos tercios que fijan normas vigentes originó una bochornosa sesión en Sucre el viernes, que terminó en pelea, el jefe de la bancada oficialista en coma y con el retiro de los tres mayores grupos opositores. La noticia buena de Morales esta semana ha sido que Repsol YPF, Petrobras y Total Elf por fin pagaron los primeros 32,3 millones de dólares de un impuesto creado con la nacionalización de mayo, que no ha sido concretada en varios puntos clave.
La oposición se ha aliado con gobernadores y comités cívicos de departamentos que reclaman más autonomía, sobre todo en el oriente y en el sur tropical del país, y estudiarán hoy cómo hacer frente a lo que califican de intento de Morales de romper la legalidad vigente para dar un "autogolpe". El vicepresidente del Comité Cívico del departamento oriental de Santa Cruz, el más próspero del país, Germán Castedo, declaró que se estudia la posibilidad de convocar a una huelga indefinida. Alberto Melgar, líder cívico del departamento norteño de El Beni, dijo que no descarta la huelga y que los constituyentes de esa región estarán en la cita de Santa Cruz y no en las sesiones de la Asamblea.
El constituyente oficialista Raúl Prada advirtió que "la Asamblea va a seguir funcionando sin ellos", en referencia a los opositores, que hasta ahora no han anunciado un retiro definitivo.
MORALES PRETENDE UNA JUSTICIA "TALIBÁN" PARA BOLIVIA
El presidente y líder cocalero busca instaurar una justicia de antepasados indígenas. El nuevo código plantearía una reforma por la cual, quienes infrinjan la ley serían sometidos a latigazos y a la humillación.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Evo Morales está decido a instaurar en Bolivia un sistema de penas y castigos similares a los que algunos grupos fundamentalistas islámicos utilizan para impartir justicia entre sus pueblos. Así se desprende por lo menos de las inquietantes propuestas que el líder cocalero está llevando a cabo en la Asamble Constituyente de su país.
En ellas, Morales quiere implementar una "justicia indígena" para dirimir los conflictos legales dentro de las fronteras de Bolivia, iniciativas que ha llevado a un estado de tensión permanente entre los grupos políticos del altiplano.
La "justicia" de Morales implica desde reproches y sometimientos morales de la comunidad a la que pertenezca la persona a la que se "enjuicia" hasta azotes con latigazos.
Esta juticia "a lo Morales" implicaría una vuelta atrás en la práctica del Derecho en la región a pesar de todos los avances en materia de Derechos Humanos que se lograron luego de años de dictaduras.
Sin embargo, el cocalero -quien no puede calmar los ánimos de un país caldeado y al borde de la fractura- quiere que a quien robe una vaca se lo azote y que a una mujer que sea sorprendida engañando a su marido se la someta a latigazos delante de la gente, según consignó hoy el diario Clarín.
La justicia aymará figura dentro de los planes del oficialista partido Movimiento al Socialismo, para la nueva constitución boliviana. Silvia Lanzarte, aymará de origen -como el presidente de Bolivia- preside la Asamble Constituyente y pretende que esa ancestral cultura jurídica se aplique en pleno siglo XXI.
CONSTITUYENTE AMENAZA LA UNIDAD DE BOLIVIA
El gobierno de Evo Morales y la oposición amenazan con llevar a las calles a partir de hoy su confrontación en la Asamblea Constituyente. El principal líder opositor pidió a la OEA protección, mientras sesione la Asamblea.
ADN Mundo de Argentina (www.adnmundo.com)
Los comités cívicos de cuatro regiones se reunirán hoy en Santa Cruz, la capital económica del país, para analizar la convocatoria de huelgas y otras protestas con el fin de "frenar los afanes dictatoriales" del gobierno. Participarán del encuentro representantes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, cuatro de los nueve departamentos (provincias) de Bolivia, que reclaman más autonomía y advirtieron sobre la posible desintegración del país. Los otros cinco departamentos, incluido el de La Paz, son cercanos a Morales.
Por su parte, el gobierno impulsa movilizaciones para presionar a los asambleístas. En discursos pronunciados en áreas rurales este fin de semana, Morales pidió a los movimientos indígenas, sociales y sindicales que lo respaldan que se declararen "en emergencia" para defender el cambio de la Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos.
Según el presidente boliviano, hay una "conspiración" opositora para que fracasen esos dos objetivos fundamentales de su gobierno, y los sectores populares deben movilizarse para impedirlo, con el apoyo de los militares.
Los 86 asambleístas de los tres principales grupos opositores -Poder Democrático y Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN)- abandonaron la Asamblea cuando el oficialismo aprobó, el viernes, en primera instancia, que se tomaran decisiones por mayoría, en vez de los dos tercios que fija la legalidad vigente. El Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, tiene 137 de los 255 constituyentes, y el resto se reparte entre una decena de partidos menores.
Los asambleístas no han logrado iniciar el debate de fondo por discrepancias sobre la forma de votación y el alcance que debe tener la Asamblea. Los socialistas pretenden aplicar la mayoría absoluta (128 votos) contra la fórmula de los dos tercios, establecida en la actual Constitución, así como el carácter "fundacional" del foro, también contrario a la ley de su convocatoria.
Al ignorar esta última ley, "el gobierno no sólo atenta contra el Estado de Derecho, sino que pone en riesgo la unidad del país", dijo ayer Jorge Quiroga, ex presidente y líder de Podemos -el principal partido opositor-, en una carta dirigida al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por ese medio, Quiroga pidió a la OEA el envío de una misión para proteger a la Asamblea Constituyente, que no logró consensuar su reglamento de debates en su primer mes de sesiones, y advirtió sobre el riesgo de "atentados" del gobierno de Morales contra el foro. "La convivencia democrática y pacífica que creíamos haber alcanzado -sostuvo- tropieza ahora con actitudes e imposiciones del propio presidente Morales que atentan contra la legalidad y la legitimidad."
Por su parte, Germán Castedo, vicepresidente del Comité Cívico del departamento oriental de Santa Cruz, el más próspero de Bolivia, dijo ayer que se estudia la posibilidad de convocar a una huelga indefinida. La prensa local advirtió que la Asamblea está "en coma" o "en el limbo" y dijo que peligra la unidad del país. Al igual que la Iglesia Católica, pidió cordura y reflexión.
Varias fuerzas políticas pidieron que se aplazara la reapertura de las sesiones de la Asamblea, prevista para hoy, hasta lograr la concertación entre opositores y oficialistas.
Violento final
Con una ola de huelgas, manifestaciones y bloqueos de movimientos regionales, transportistas, educadores y otros sectores, la semana pasada fue una de las más difíciles para Morales desde que asumió el poder, el 22 de enero pasado. El lunes tuvo que relevar al principal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de haber firmado un contrato ilegal
La Asamblea Constituyente boliviana, que se desarrolla en Sucre, terminó este viernes en hechos de violencia y en un accidente que dejó al Jefe de la bancada del MAS, Román Loayza, en estado de coma. Tras el suceso, la oposición abandonó las sesiones y el partido del Presidente Evo Morales, en presencia de grupos minoritarios, aprobó en primera instancia el reglamento de debates.
Los enfrentamientos llegaron a su momento culminante cuando los opositores de la agrupación Podemos se arremolinaron en torno a la directiva para impedir que se continuara leyendo el proyecto de reglamento. Los oficialistas también subieron al escenario para sacar a los opositores y garantizar, entre insultos y golpes de ambos lados, la aprobación del reglamento.
Tras el hecho, los constituyentes de Podemos, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario, todos opositores, abandonaron la sesión.
Asamblea originaria
El MAS, que tiene mayoría en la Constituyente, aprobó el reglamento declarando originaria la Asamblea, lo que implica que se antepone a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, legalmente constituidos en el país. Además, el reglamento establece que los artículos de la nueva Constitución se aprobarán por mayoría absoluta y no por dos tercios de votos como quieren los opositores.
El vocero de la bancada de Podemos, la más numerosa entre los opositores, José Antonio Aruquipa, declaró a BBC Mundo que ese reglamento es "un golpe institucional contra la democracia" porque atenta contra los poderes constituidos.
BOLIVIA, CERCA DE OTRA CRISIS
Diario Yucatán de México (www.yucatan.com.mx)
Un escenario nuevamente polarizado entre el gobierno del presidente Evo Morales y la oposición amenazan con poner en vilo la Asamblea Constituyente en Bolivia y con revivir la incertidumbre política en el país. El distanciamiento entre el oficialismo y la oposición quedó en evidencia el viernes pasado, cuando del intercambio de propuestas se pasó a los gritos, insultos y empujones que terminaron con un grave accidente que mantiene en estado de coma a uno de los asambleístas.
La discusión en torno al reglamento de debates fue el detonante para un choque de fuerzas políticas, que se trasladará hoy del escenario de la Asamblea a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (oriente), donde se esperan reunir gobernadores, asambleístas, parlamentarios y otros líderes para pronunciarse contra el gobierno. Morales reiteró su convocatoria a los movimientos sociales, especialmente a los campesinos e indígenas, a declararse en emergencia para defender esta asamblea que se desarrolla en Sucre, la capital constitucional del país.
La oposición cuestiona la aprobación de un reglamento en el que se establece que será necesaria la mayoría absoluta para aprobar las reformas en el texto constitucional, desechando la propuesta de “dos tercios” planteada por otros sectores.
El reglamento prevé, además, darle carácter de “originaria” a la Asamblea, lo que, según voceros del Movimiento al Socialismo implica que no estará sujeta a la Carta Magna vigente ni a la ley que permitió su convocatoria.El vicepresidente del comité cívico local, Germán Castedo, no descartó que se convoque a un paro de la “media luna”, como se le conoce a la unión que conforman los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. El líder de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos) de Bolivia, Jorge Quiroga, pidió ayer a la OEA el envío de una misión para proteger a la Asamblea Constituyente del riesgo de “atentados” del gobierno de Evo Morales contra el foro.
El gobierno boliviano calificó la demanda como “parte de una confabulación” de la principal fuerza opositora contra la Asamblea, indicó el portavoz presidencial, Alex Contreras. En una carta al Consejo Permanente de la OEA, Quiroga sostiene que “la convivencia democrática y pacífica que creíamos haber alcanzado, tropieza con actitudes e imposiciones del propio presidente que atentan contra la legalidad y legitimidad” de la Asamblea.
OPOSICIÓN BOLIVIANA PIDE MISIÓN DE LA OEA
Sus representantes enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos para que disponga de observadores que sigan la Asamblea Constituyente. Tres partidos abandonaron las sesiones por irregularidades.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
El principal partido de oposición anunció que ha pedido la presencia de observadores de la OEA para un seguimiento a la Asamblea Constituyente, sumida en una crisis que ha puesto en peligro "la unidad del país", según los opositores.
En una carta que dijo fue enviada a la Organización de Estados Americanos, OEA, el ex presidente y líder de Poder Democrático Social (Podemos), Jorge Quiroga, señala que el gobierno del mandatario Evo Morales "no solo atenta contra el Estado de Derecho sino que pone en riesgo la unidad del país".
"Frente a la gravedad de estos acontecimientos, llamo nuevamente su atención para que la OEA, disponga que los observadores que realizaron el seguimiento a los comicios de julio de 2006, retornen a Bolivia y extiendan sus tareas de seguimiento al desarrollo de la Asamblea Constituyente, para contribuir a que el magno evento se realice en el marco estricto de la legalidad y de la paz social", dice la carta dirigida a John Ellsworth, Presidente del Consejo Permanente de la OEA.
Quiroga y los opositores en general acusan al oficialismo de imponer la mitad más uno de los votos de los asambleístas para aprobar las reformas constitucionales en lugar de dos tercios de voto.
La decisión del oficialismo de modificar ese mecanismo de votación en una accidentada sesión del viernes avivó la confrontación y ha derivado en el abandono de tres partidos de oposición de las sesiones de la Asamblea que debe redactar una nueva Constitución.
Morales acusó a los opositores y a influyentes grupos regionales de "conspirar" para "empantanar" con el supuesto propósito de frenar sus planes de cambio social. Podemos acusa al gobierno de interferir en ese órgano para asignarle atribuciones "plenipotenciarias" y "por encima de los poderes constituidos, lo que pone en riesgo la democracia..." según agrega la carta. Esa postura es coincidente con la opositora Unidad Nacional (UN).
Hasta el domingo no hubo intentos de acercamiento para superar la crisis, según informó a la AP el vocero de Podemos, José Antonio Aruquipa. Pero en medio del fuego cruzado, el vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Roberto Aguilar, anunció que se "hará consultas" a los jefes de bancada para definir la reanudación de sesiones.
El portavoz de Morales, Alex Contreras ha pedido "que se extremen esfuerzos para reanudar las sesiones el lunes", lo que parece poco probable. Los comités cívicos de cuatro regiones se reunirán en Santa Cruz, la capital económica situada en el oriente boliviano, para "frenar los afanes dictatoriales" del gobierno, según dijo Daniel Castro, vicepresidente del Comité Cívico de esa región.
Protagonistas del encuentro serán los cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que advirtieron sobre la posible desintegración del país.
Los departamentos (provincias) bolivianos son nueve. Los cinco del occidente, incluido el de La Paz, y del centro, son cercanos a Morales. En tanto, el gobierno ha llamado a movilizaciones a los sindicatos campesinos y organizaciones sociales afines para presionar a los asambleístas.
LA OPOSICIÓN BOLIVIANA SE MOVILIZA CONTRA EL GOBIERNO DE MORALES
El País de España (www.elpais.es)
El golpe de timón dado por el presidente boliviano, Evo Morales, en la Asamblea Constituyente, que permitirá aprobar una nueva Ley Fundamental únicamente con los votos de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ha agudizado las divisiones territoriales. La oposición habla de "autogolpe" y los gobernadores de las provincias autonomistas, las más prósperas del país, se reunirán hoy para convocar una huelga en sus territorios.
Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija -la llamada "media luna", con mayor riqueza y menor población indígena- se han rebelado contra el proyecto de Morales, que incluye la introducción de formas de Gobierno y de administración de la justicia anteriores a la llegada de los españoles. "Debe quedar claro que vamos a defender el estado de Derecho y la democracia, los cambios deben darse en paz", advirtió Rubén Costas, prefecto (gobernador) de la provincia de Santa Cruz, quien proclamó en febrero del año pasado la autonomía de la región, un hecho más simbólico que otra cosa, pero que ahora ve cómo esa autonomía peligra si sale adelante el modelo del primer presidente indígena del país. Para Costas, el cambio de reglas acaecido en el Parlamento de Sucre "es una agresión, una muestra de soberbia y un alarde de impunidad".
El pasado viernes, en una tormentosa sesión, el MAS cambió unilateralmente el reglamento en la Asamblea Constituyente, de forma que el articulado de la nueva Carta Magna pueda ser aprobado con los votos del partido oficialista, en lugar de con dos tercios de la asamblea, como estaba estipulado.
Los principales partidos de oposición (Podemos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Nacional), han acusado a Morales de preparar un "autogolpe de Estado".
Al bloque opositor se han unido las regiones orientales. A la reunión de hoy está previsto que acudan, además de los prefectos, parlamentarios, representantes en la Asamblea Constituyente y dirigentes de los movimientos cívicos presentes en las cuatro provincias, y que forman la base de la oposición autonomista.
Los autonomistas consideran que la cuestión quedó solucionada en el referéndum del 2 de julio, y que ahora la Asamblea Constituyente debe reconocer este derecho. El problema estriba en que en aquella votación la opción autonómica venció en cada una de esas provincias pero perdió en el computo global de votos en todo el país.
LAB BOLIVIANA ROMPE TRATO CON TAA
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) rompió el trato pactado hace tres semanas con la británica Trans Atlantic Aviation Limited (TAA), por incumplimiento, y busca inversionistas para reflotar la empresa, informaron ayer portavoces de la aerolínea. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de LAB, Óscar Salazar, dijo a Efe que la organización laboral "ha decidido pedir a TAA que devuelva las acciones porque el trato no ha sido honrado".
La ruptura con TAA es consecuencia de la inobservancia de la firma británica al compromiso financiero de dar US$ 1 millón y dos aeronaves 767 inmediatamente después de recibir el endoso del paquete de 50,4% de las acciones de la compañía, indicó.
Final para nueve días de bloqueo de rutas
LIBRE PASO ENTRE SALTA Y BOLIVIA
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Después de nueve días de protestas por las nuevas disposiciones migratorias argentinas, los habitantes de la localidad boliviana de San José de Pocitos levantaron anteanoche el bloqueo del puente internacional que une aquella ciudad con la localidad salteña de Salvador Mazza.
La medida de protesta fue levantada tras el compromiso asumido por funcionarios de ambos países, que el jueves pasado prometieron visitar la zona fronteriza y buscar una solución a la demanda que dio origen al conflicto. Tras el levantamiento de la medida de fuerza, en las primeras horas de ayer pudieron comenzar a circular por la frontera decenas de camiones y ómnibus que permanecían varados desde la semana pasada. El bloqueo del puente había comenzado el 24 de agosto último, con una medida conjunta entre comerciantes y bagayeros argentinos y bolivianos para protestar contra la resolución 2048 de la AFIP, que fija el cobro de una tasa migratoria, impone cupos para la libre llegada de productos primarios y establece la restricción horaria para cruzar la frontera a los pobladores de la zona, usuarios de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).
Editorial
SEGUIR CON ATENCIÓN LOS ACONTECIMIENTOS EN BOLIVIA
A siete meses de haber asumido en Bolivia, el presidente Evo Morales ya está recibiendo los cimbronazos de la realidad de su país, que le está demostrando claramente la imposibilidad de cumplir con varias promesas hechas durante su campaña. A la par que la ola de paros y protestas aumenta a raíz del malestar general predominante, la popularidad de Evo, como consecuencia, va bajando rauda y peligrosamente. Dentro de este marco, el Presidente boliviano acaba de conseguir autorización para construir, con apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez, dos bases militares, una de ellas no lejos de nuestras fronteras. Paraguay, como país amante de la paz y la buena vecindad, no debe cerrar los ojos ni mirar para otro lado ante los preocupantes acontecimientos que están ocurriendo en Bolivia.
Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
A siete meses de haber asumido en Bolivia, el presidente Evo Morales ya está recibiendo los cimbronazos de la realidad de su país, que le está demostrando claramente la imposibilidad de cumplir con varias promesas hechas durante su campaña. La nacionalización de hidrocarburos no le está dando hasta el momento los resultados esperados por él, sino más bien tremendos dolores de cabeza.
Desde su asunción hasta ahora, lo único resaltante que ha recibido Morales como respuesta del pueblo boliviano a su gestión gubernamental ha sido un conjunto de protestas y paros que van en constante aumento y una desconfianza de la comunidad internacional. Esta semana, un grupo de manifestantes paralizó por 12 horas un gasoducto que se utiliza para las exportaciones de gas a la Argentina, y Morales tuvo que recurrir a las fuerzas militares para destrabar la emergencia. También se reportó una amenaza contra otro gasoducto utilizado para exportar gas al Brasil. El transporte público fue paralizado en tres ciudades en demanda de mejoras salariales y otros beneficios. Los maestros igualmente llevaron a cabo una huelga que duró unos siete días, pretendiendo forzar la salida del ministro de Educación. Además, los trabajadores de la salud pública están de paro reclamando la recontratación de dirigentes despedidos. En general, en este ambiente crispado se hace difícil para Evo Morales el cumplimiento de sus polémicas promesas electorales y compromisos asumidos ante las diversas regiones del país, basados en fórmulas probadamente fracasadas en varias partes del mundo.
A la par que esta ola de paros y protestas aumenta a raíz del malestar general predominante, la popularidad de Evo Morales, como consecuencia, va bajando rauda y peligrosamente. Sin embargo, todo esto no es ninguna casualidad. Este conjunto de acontecimientos, altamente peligrosos y explosivos, era fácilmente previsible desde mucho antes de la asunción de Morales al poder porque desde un principio mostró una proclividad muy acentuada hacia el populismo, la demagogia, un nacionalismo trasnochado y una suerte de indigenismo absolutamente excluyente, tendencia que ha tenido la virtud de profundizar la división de la nación boliviana. Todo lo cual ha creado un ambiente enrarecido y de alta crispación política, que solo requiere una chispa para una peligrosa explosión social.
Dentro de este marco de caos social y político, Evo Morales, sin ninguna dificultad, acaba de conseguir del Congreso que él domina la autorización para construir dos importantes bases militares, una de ellas sobre el río Paraguay, en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, no muy lejos de nuestro país, seguramente con la intención de crear posteriormente una flota naval poderosa. Estas instalaciones serán posibles mediante la compra de bonos de Bolivia por parte del mesiánico presidente venezolano Hugo Chávez por valor de 100 millones de dólares en una primera etapa y luego por otro monto igual. No hay que olvidar que Hugo Chávez, a fin de concretar su sueño "bolivariano", sin fundamento alguno visible hoy, ya ha desatado la carrera armamentista en la región: hace poco compró armamento por más de 3 mil millones de dólares de Rusia, en tanto la pobreza crece en su país a pesar de los enormes ingresos que genera el petróleo a las arcas gubernamentales.
En un país como Bolivia, la mezcla del populismo y el nacionalismo de un gobernante, con un malestar popular general predominante y la creación de bases e instalaciones militares, es sin ninguna duda un cóctel imprevisible, una combinación peligrosa y de tomar en cuenta. Porque cuando los gobernantes populistas y demagogos no pueden cumplir las promesas que hicieron en sus campañas proselitistas y no logran dar satisfacción a las lógicas expectativas despertadas por ellas, no es infrecuente que trasladen el escenario de la crisis hacia el exterior, a lomo de supuestos objetivos nacionalistas, a fin de mantenerse en el poder. Ya ocurrió en el pasado y no existe ninguna razón para que no vuelva a pasar. Está fresca aún en la memoria la desatinada y lamentable decisión de quien fue presidente de facto de la Argentina general Galtieri, quien en el año 1982 invadió las Islas Malvinas cuando su popularidad andaba por el suelo y su país no estaba preparado para tal aventura bélica.
Sin embargo, el Paraguay, como país amante de la paz y la buena vecindad, de ninguna manera, debe cerrar los ojos ni mirar para otro lado ante los preocupantes acontecimientos que están ocurriendo en Bolivia, más aun teniendo un antecedente enojoso en el pasado -la Guerra del Chaco- que puede ser reavivado como salvavidas.
Mirada global
BOLIVIA: SEÑALES DE FRACASO DE LA RADICALIZACIÓN
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
El proceso de radicalización que viene impulsando el gobierno de Evo Morales muestra señales de fracaso, tanto en lo económico como en lo relativo a la probidad.
En lo económico, el gobierno reconoció que la empresa estatal YPFB carece de los recursos suficientes para concretar la exploración y operación de los yacimientos de hidrocarburos. Sólo el proceso de industrialización del gas natural y el petróleo crudo demandan una inversión de US$ 2.300 millones dinero con que el Estado no cuenta. Se evidencia así la distancia entre las aspiraciones populistas y la realidad. El discurso nacionalizador operó como buen instrumento para provocar escenarios de ingobernabilidad en su momento, pero es incompatible con la realidad en términos de ejecución de las aspiraciones generadas demagógicamente.De otra parte, el gobierno admite que tiene dificultades para operacionalizar los cambios de contratos con las empresas extranjeras después de la nacionalización, pues hay falta de claridad acerca de los términos de los mismos, con lo cual no hay un sustento legal para iniciar las negociaciones. En un categórico reconocimiento de su falta de competencia técnica, recurrirá a Noruega para asesoría en diseño e implementación de los mismos. Claramente en esta materia, la ministra de Justicia, una ex empleada del servicio doméstico, es poco lo que puede aportar.
Otro dato negativo lo entregó el Banco Central, al informar que el flujo de inversión extranjera directa retrocedió US$ 107 millones durante el primer semestre del año dado que las empresas que operan en el país han frenado sus inversiones ante el clima de inseguridad jurídica prevaleciente. Ello, además, en un contexto de crecientes movilizaciones como la protagonizada por un grupo indígena que ocupó por varios días un gasoducto de propiedad de la brasileña Petrobrás en conjunto con la española Repsol y la francesa Suez exigiendo un pago de US$ 9 millones por derechos de paso. El consorcio respondió proponiendo US$4,5 millones, con lo cual se revela que la intimidación política tiene efectos en beneficio de los grupos que recurren a las presiones violentas y al desconocimiento del derecho de propiedad.
Además, hay claras señales de que la corrupción sigue instalada al más alto nivel. El presidente de YPFB fue acusado de contratar a una empresa como intermediaria para exportar 2.000 barriles diarios de petróleo a Brasil con un descuento del 20%. El contrato fue adjudicado sin un proceso de licitación ni un informe técnico. Más allá de su condena discursiva a la corrupción, el presidente Morales si bien aceptó su renuncia, señaló que las imputaciones respondían a intereses que quienes quieren frenar la nacionalización y destituyó a los funcionarios denunciantes. El incremento de la discrecionalidad estatal en el proceso de toma de decisiones de alto nivel, cuando los criterios que se aplican están lejos de ser técnicos, sino que se inspiran en un propósito de confrontación que busca deliberadamente la polarización social, da como resultado inevitable un mayor nivel de corrupción.
Bolivia
MAS: 80 NO ES LO MISMO QUE 54
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Poco antes de consumarse las elecciones en diciembre de 2005, Evo Morales indicaba que las encuestas que lo ubicaban en un primer lugar con 32% de preferencia del electorado eran mentirosas, pues consideraba que fácilmente superaba el ansiado 50% más uno. Dicho y hecho, ganó con una apabullante 54%. Para la elección de constituyentes pidió a sus bases aunar esfuerzos para lograr el 80% de preferencia del electorado. No pudo hacerlo por dos razones, la primera que la Ley de Convocatoria para Asamblea otorgaba un delegado por minoría, lo que equivale a que en el mejor de los casos iba a controlar el 70% de la Asamblea, por otro lado, la mejor votación en las elecciones de diciembre la obtuvo en Occidente y no en el Oriente, por lo que sumadas las cosas era natural que la preferencia del electorado se sitúe por debajo del 54% logrado en las presidenciales. Aquí podemos verter un concepto 'El techo de vidrio de preferencia electoral por el MAS parece ser el 54%'.
Esta situación desde ya liquidó cualquier posibilidad de realizar cambios revolucionarios en el país, porque implicó que había una mitad de personas que no estaban de acuerdo con la propuesta masista. El tema es más complicado de lo que parece por el conjunto de reglas que el MAS ha optado respetar, es decir, que este gobierno se adscribe a la democracia y a sus instituciones. De esta manera, se aferra a la Constitución vigente y al conjunto de leyes que rigen la vida democrática. De ahí que su margen de acción sea tan pequeño. Para transformar el país necesita cambiar las leyes, para ello necesita controlar el Congreso, y en la cámara de senadores no está bien parado y en el plenario debe llegar a consensos que necesariamente se dirigirán a moderar las revolucionarias medidas. De hecho, hasta ahora no se promulgado una verdadera Ley transformadora.
La esperanza era la Asamblea Constituyente, no obstante, en la misma tampoco existe la mayoría y nuevamente se debe seguir el rumbo del consenso. Empero, el MAS ha optado por el camino inverso: Pensar que 80 es lo mismo que 54. De ahí su empecinamiento en que todo se apruebe por mayoría absoluta. Algo que por su puesto la oposición no va a aceptar.
Lógicamente al momento, ésta última está en una interesante encrucijada: Abandona la Asamblea o se queda e impugna la decisión tomada. La agrupación PODEMOS parece haber seguido la segunda opción, por lo que sí sigue así terminará de furgón de cola en la Asamblea. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con los sectores que se sentirán marginados por estas actitudes y el nuevo pacto surgirá, paradójicamente, sin pacto. Por supuesto, que todo puede imponerse pero este es el camino a la violencia o a la desintegración del país, y peor aún al surgimiento de gobiernos militares, porque el poder es algo que debe gravitar alrededor de un actor. Hace unos meses residía en Palacio de Gobierno, hoy gravita entre el Congreso y la Asamblea, pero cuando se empiece a hablar de separatismo se asentará en las Fuerzas Armadas. Así como en otros tiempos un gobierno de izquierda abrirá las puertas al fascismo. Por mi parte pienso que el tiempo de la revolución todavía no ha llegado a Bolivia. Vivimos tiempos de ilusiones democráticas y eso debe asumirse, por tal motivo, el mejor camino en la situación actual era la planteada por Raúl Prada: Consensuemos. Lástima que no le hicieron caso. * Jaime Durán Chuquimia es economista.
Análisis
YPFB Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NACIÓN BOLIVIANA
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
YPFB es una empresa pública que pertenece al pueblo boliviano por esencia y definición, pero además posee un carácter estratégico que la hace esencial para el desarrollo integral de la nación boliviana. YPFB se desenvuelve en el marco de la planificación energética y gestión de la energía en forma de hidrocarburos, hecho esencial para llevar adelante todas las actividades económicas, sociales, industriales y propiamente humanas. En resumen se constituye en el corazón y cerebro del futuro de Bolivia y los bolivianos.En el plano de la planificación energética es la única empresa en Bolivia que puede y debe necesariamente proveer energía barata y accesible a transportistas, viviendas, industrias, agro-industrias, generadores de electricidad, minería, telecomunicaciones y riego por bombeo. Por lo tanto YPFB está obligada a crecer al ritmo de las expectativas del pueblo boliviano - y que son exigentes - tanto cotidianas como de largo plazo. No tiene otra alternativa YPFB por lo tanto que huir o mejor planificar hacia delante.Entre las actividades diarias a realizar se encuentra la provisión segura de combustibles a la población y agentes productivos, es decir de diesel, gasolina y kerosen, pero también de jet-fuel para la aviación y aceites. La industria igualmente requiere diesel y grasas para mover sus maquinarias y generadores eléctricos. A largo plazo YPFB debería planificar la producción en gran escala de GLP y generación eléctrica mediante plantas de separación y fraccionamiento y termoeléctricas. Ambos productos se usan en el crecimiento de la industria y además tienen precio internacional en caso de que existieran excedentes para ser exportados a países vecinos, pero esta vez con precios de alto o al menos mediano valor agregado.
Ante esta situación que el pueblo la ve como de realización fácil y en derecho de exigir tanto a YPFB como al gobierno nacional - es la memoria histórica popular de cuando YPFB verdaderamente era una empresa gigante y con liquidez económica pero que no tiene en cuenta la situación actual que es de reinicio hacia arriba en una empresa expoliada y residual - deberían atraer inversiones urgentemente para proyectos energéticos populares.
Las inversiones pueden provenir desde dentro de Bolivia y por supuesto desde el exterior también. Desde el interior se trata de captar fondos de municipios, prefecturas y cooperativas que deseen libremente asociarse a YPFB en proyectos concretos y particulares como construcción endógena local de gasoductos para provisión de gas metano a termoeléctricas, empresas, domicilios y transporte en sus propias regiones alejadas. Igualmente para construcción de plantas medianas de refinación de petróleo y de producción de diesel ecológico con gas natural metano.
Regiones pobres pero en crecimiento y ciudades pujantes dentro de Amazonía, Chiquitanía, Ixiamas, Chaco, Pantanal, Andes y Valles, seguramente estarán de acuerdo en aportar a YPFB para la realización de proyectos de energía. Pero a cambio YPFB deberá crear un sistema de planificación ágil y descentralizado en cada región y provincia de Bolivia. Sería muy alentador imaginar que ciudades como Riberalta, Guayaramerín, Porvenir o Cobija en un próximo futuro reciban gas natural en gasoductos para producir energía eléctrica para la amazonía boliviana e inclusive con alcance para exportar a la amazonía brasileña necesitada e igualmente en expansión. Bolivia y concretamente YPFB demostrarían con esta acción que Brasil necesitado y demandador de electricidad puede ser provisto desde Bolivia, con el consiguiente beneficio en aporte de divisas para el desarrollo integral.
Con estas acciones se estaría poniendo bases de planificación industrial y energética en forma concertada entre YPFB y actores locales y regionales, pero también con las cooperativas y en algunos casos con empresas privadas que se jueguen por la producción y consumo de energía en Bolivia. Es el caso de la empresa GTL-Bolivia del empresario boliviano Carlos Kinn dispuesto a asociarse con YPFB y los fondos de pensiones para hacer realidad la producción de diesel ecológico, electricidad y agua con el proceso GTL. Una planta GTL de 12 mil barriles día de diesel precisa 3 millones MC de gas día e inversión de 360 millones dólares. Cifra accesible para GTL-Bolivia, YPFB y fondos de pensiones. Si a esto se suma la participación de cooperativas, prefecturas, municipios y empresarios locales se tendría una combinación de inversionistas nacionales liderados por YPFB aptos para emprender proyectos factibles de energía y petroquímica con demanda interna asegurada. Igualmente se podría acudir al interés de bolivianos residentes en el exterior que cada año envían a Bolivia más de 800 millones de dólares y que por tanto tendrían derecho a ser socios de YPFB en proyectos concretos y desconcentrados.
YPFB podría realizar uno y cien proyectos diferentes con uno y cien socios diferentes tanto nacionales como internacionales, pero siempre bajo la batuta planeadora de YPFB interesada objetivamente en desarrollo integral de la nación. Cada proyecto debe convertirse en empresa aparte con propia ingeniería financiera funcionando de forma eficiente y particular. Por esta vía habría inversiones necesarias y descentralización eficiente y particularizada en regiones y provincias también.
YPFB por suerte también puede acudir a su alianza estratégica con PDVSA y el apoyo de Venezuela Bolivariana para conseguir créditos necesarios en banca de países de la OPEP, donde Venezuela tiene un evidente liderazgo y aval. El gobierno podría acceder a una cifra probable de 10 mil millones dólares por esta vía con intereses bajos o inexistentes. Es hora de actuar con dinamismo para no dejar sin apoyo financiero necesario a YPFB.
YPFB con PDVSA deberían dar ejemplo concreto a Sudamérica en creación de empresas mixtas de beneficio mutuo con alcance internacional, es decir para asegurar la demanda creciente en energía de todos los países hermanos de la región. También Argentina se ha declarado dispuesta a cooperar a Bolivia en industrias y tecnologías de valor agregado.
Ante este abanico de posibilidades financiaras y empresariales concretas tanto el gobierno nacional como YPFB y fundamentalmente los constituyentes no tienen derecho a reposo ni falta de inventiva, so pena de dejar pasar esta oportunidad histórica actual. La Asamblea Constituyente debe dar el poder necesario a YPFB para desarrollar integralmente Bolivia. Por: Ricardo Angel Cardona
Embajador Botafogo Goncalves señala que Lula y Chávez no son equivalentes
"Brasil puede ser influencia moderadora sobre Chávez"
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
Con cuatro años de ejercicio del poder y en plena campaña por la reelección, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, todavía se ve obligado a remarcar ciertas diferencias: "No voy a hacer ningún chavismo. Primero, porque no soy Chávez. Segundo, porque este país no es Venezuela".
La aclaración, ofrecida por el mandatario durante una cena que sostuvo junto a un grupo de artistas el pasado 21 de agosto, surge cuando la oposición al líder del Partido de los Trabajadores (PT) vuelve a recurrir al expediente de la comparación con Hugo Chávez para atacar sus aspiraciones de continuidad.
El embajador retirado y jefe del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri), José Botafogo Goncalves, observa que si bien "existe un componente ideológico y político" en los lazos que unen a Caracas y Brasilia, "Lula y Chávez no son equivalentes".
Diplomático de carrera, ex ministro de Industria y Comercio y antiguo representante de su país ante Mercosur, Botafogo Goncalves opina que realmente la influencia del dignatario nacional en la región es menor que lo que pregona su discurso.
_¿Cómo interpreta el momento que atraviesan las relaciones entre Venezuela y Brasil? El gobierno de Chávez asigna un valor estratégico a este vínculo, bajo una óptica más política que comercial. ¿Para Lula es igual?
_Las relaciones bilaterales y las Brasil-Mercosur-Venezuela sólo tienden a intensificarse en todos los campos, pero obviamente las áreas más importantes son la energética y la comercial, por la complementariedad que existe entre las estructuras productivas de ambas naciones. No olvidemos que el polo industrial de Manaos es un gran productor que tiene como destino mercados externos y los amazonenses ven con mucho interés la posibilidad de incorporar sus productos al resto del mundo. Si se amplía la infraestructura, habrá un impacto positivo en las relaciones del norte de Brasil con Venezuela, que es una puerta hacia Norteamérica, el Caribe y Europa.
_¿Y el aspecto político?
_El componente ideológico y político existe, pero diría que Lula y Chávez no son equivalentes. Lula ha logrado mantener muy buenas relaciones con su colega de Estados Unidos, George W. Bush. La política exterior no es la misma, nosotros no tenemos ese componente antinorteamericano que tiene Chávez. Por último, no tenemos ninguna resistencia al modelo capitalista de producción, queremos perfeccionarlo, evitar que sea el motivo para una mayor desigualdad social. No creemos que la manera de combatir la desigualdad sea a través de la adopción de políticas socialistas y retornar a los ideales de la intervención del Estado en la economía y la producción. Creo que Brasil puede ejercer una influencia moderadora sobre Chávez.
_¿Qué quiere decir con "influencia moderadora"?
_Se trata de evitar que se agraven innecesariamente las relaciones entre Chávez y sus vecinos del Norte. Sin embargo, el mismo Chávez no hace tantas tonterías, su discurso es muy agresivo pero en la práctica es otra cosa.
_¿La tensión que mantienen Washington y Caracas incomoda a Brasil?
_Por supuesto que incomoda mucho. Estoy convencido de que no habrá conflicto, no veo qué puede ganar con eso Chávez, pero una perturbación extrafrontera sería un desastre. Pienso que si no es una cosa dramáticamente absurda, como una invasión o un ataque aéreo, Brasil no se solidarizará con Chávez.
_Analistas han planteado la posibilidad de que Lula utilice a Chávez para molestar a Estados Unidos y que, por tal motivo, apoya políticas como la aspiración venezolana a ocupar un puesto de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
_No, creo que esa es una aspiración normal. Es parte de la rotación del organismo. No pensamos que sólo porque un señor agresivo como Chávez gobierna Venezuela, ese país no tenga derecho a sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Brasil no lo apoya para hostilizar a Estados Unidos, sino porque cree que es natural para la representación latinoamericana.
De papel
_Señala que las estructuras productivas de estos países son complementarias; sin embargo, la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia sirvió para demostrar que hay puntos sensibles que deben ser respetados.
_Las relaciones entre Bolivia y Brasil, aunque por algún tiempo puedan sufrir los efectos de ese proceso político que se vive en La Paz, tenderán a ser más intensas en el corto plazo por la proximidad geográfica y la historia. Esa relación encontrará su camino en las discusiones bilaterales y no será afectada por ninguna intervención externa fuerte.
_Un roce similar se presentó cuando Chávez manifestó que respaldaría los reclamos de Uruguay y Paraguay en el Mercosur.
_Sí, Chávez no tiene la capacidad de integración que piensa. El problema de Hugo Chávez es que siempre tendrá un discurso muy provocador, pero la capacidad de ejecutarlo en la práctica es mucho más limitada, aunque guarde mucha plata en el bolsillo.
_¿El protagonismo alcanzado por Chávez en la región terminó por opacar a Lula? ¿Cree que esa situación obstaculiza los planes de Brasil para América Latina?
_Es evidente que si uno mira los titulares de los diarios, Chávez ocupó con gran competencia ese espacio. Ahora, es más complicado saber si eso se traduce en liderazgo real. Creo que eso representa un liderazgo más mediático que real. No creo que esa situación haya afectado los planes de Brasil para la región, no tiene un efecto determinante.
OPOSICIÓN NO DESCARTA POSIBILIDAD DE RETIRARSE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA REENCAMINAR SU MARCHA
La polarización entre el oficialismo y la oposición puede llevar a una división de Bolivia, alertaron analistas políticos. La oposición política y regional se reunirá este lunes para tomar posiciones ante lo que consideran un “avasallamiento”.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
POR ADALID CABRERA LEMUZ
La oposición política y regional al gobierno del presidente Evo Morales no descartó hoy la posibilidad de sus asambleístas se retiren de la Constituyente para presionar el reencaminamiento de la marcha de este organismo encargado de elaborar la nueva Constitución Política del Estado.
La determinación fue sometida a consulta en los partidos Poder Democrático y Social (PODEMOS), Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que suman 86 de los 255 miembros de la Asamblea Constituyente, que desde hace casi un mes delibera en la sureña ciudad de Sucre.
A esos partidos se sumarán las Prefecturas y Comités Cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando que denunciaron presuntos avasallamientos de la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente. En ese evento a celebrarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra podrían adoptarse determinaciones que debiliten a la actual Asamblea Constituyente y, peor aún, establecer una nueva Asamblea que funcione en Santa Cruz con la misión de elaborar una otra Carta Magna.
QUIROGA EXIGIRÁ A LA OEA ENVIO DE OBSERVADORES INTERNACIONALES
El constituyente de PODEMOS, José Antonio Aruquipa, informó hoy que el jefe de su agrupación, el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, enviará mañana una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíe una comisión de observadores que velen por el cumplimiento de las leyes y llamen la atención “a las violaciones y a la prepotencia oficialista”.
Aruquipa sostuvo que PODEMOS ve peligro en la unidad nacional y puede derivar en una división de imprevisibles consecuencias, al reiterar que la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente quiere aprobar una Constitución que beneficie solamente a un sector del país y no a la totalidad.
¿MORALES CON UN GOBIERNO AUTORITARISTA?
Fue coincidente hoy el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien anotó que Morales “Gobierna como en la peor de las dictaduras” y cree que Bolivia está conformada “solamente por aymaras, quechuas y otros pueblos indígenas”.
En casi un mes de trabajo los 255 constituyentes no pudieron ponerse de acuerdo para aprobar un reglamento de debates de consenso que permita un desarrollo equitativo de las discusiones de las propuestas.Ante esa falta de consenso y los permanentes enfrentamientos verbales entre ambos sectores, la oposición se retiró la madrugada del viernes de la reunión ante la determinación del frente gobiernista de imponer nuevas reglas en el debate.
Ante la ausencia opositora en el hemiciclo Constituyente, el frente oficialista aprobó en grande un reglamento de debates con atribuciones plenipotenciarias sobre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese reglamento debe ser discutido esta semana en Sucre y no se descartan nuevos enfrentamientos.ENTRE LOS DOS TERCIOS Y LA MAYORÍA ABSOLUTA
La oposición reclama que todas las decisiones de la Constituyente sean aprobadas con el apoyo de por lo menos 170 de los 255 integrantes, es decir los dos tercios.
El oficialismo considera que la aprobación de la nueva Constitución solamente debe pasar por el respaldo de los dos tercios, mientras que el debate sobre los artículos con el sí de la mayoría absoluta, es decir el 50 por ciento más uno de los constituyentes.
ASAMBLEA CONSTUTUYENTE CON PODERES PLENIPOTENCIARIOS
Además, los constituyentes del gobiernista Movimiento al Socialismo (MAS) pretenden otorgar a la Asamblea Constituyente poderes plenipotenciarios, con la suficiente capacidad de introducir cambios en los Poderes instituidos.
El propio presidente Evo Morales manifestó que está dispuesto a renunciar a su cargo, si es que la Asamblea Constituyente se lo pide. Morales ganó las elecciones generales de diciembre de 2005 en forma contundente con el respaldo de 53,7 por ciento de los electores.
El segundo clasificado, el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, del conservador PODEMOS, consiguió sólo un poco más de la mitad de los votos logrados por Morales, un líder indígena aymara que aún continúa como presidente de las federaciones de productores de coca de Bolivia.
¿CIERRE DEL CONGRESO?
Para la oposición, lo que Evo Morales pretendería es el cierre del Congreso, al mero estilo de lo sucedido en el gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori, para poner en marcha un gobierno con preferencia para los pueblos indígenas y campesinos.
El Jefe de Estado manifestó que con su ascenso al poder había concluido 500 años de discriminación, abuso y explotación de los pueblos indígenas.
CUMBRE POLÍTICA CON MEDIACIÓN ECLESIAL
El analista Iván Arias propuso hoy una Cumbre Política entre los jefes de los partidos políticos con la mediación de las Iglesias Católica y Evangélica que permita al país ver una luz en el camino constitucional.Arias manifestó que en menos de un mes de trabajo la Asamblea Constituyente ha perdido la credibilidad del pueblo por los incidentes que diariamente protagonizan en el hemiciclo.
A su vez, el jefe de la conservadora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó que los sucesos de la pasada semana en la Constituyente “Han herido de muerte a las esperanzas de los bolivianos de contar con una Constitución Política del consenso”.
Recordó que la convocatoria y elección de la Asamblea Constituyente tiene como objetivo elaborar una nueva Constitución que trace el mapa político, social y económico del país y no constituirse en un Poder Supremo con capacidad de cerrar el Congreso, elegir a la Corte Suprema de Justicia e inclusive colocar otro Gobierno.
EVO HABLA DE SABOTAJE A LA CONSTITUYENTE
Morales denunció que PODEMOS, UN y el MNR pretenden “sabotear” la Constituyente, como lo hicieron con la nacionalización de los hidrocarburos, cuando presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que la autorizó.
Si bien ese intento no prosperó porque los propios políticos que lo presentaron optaron por retirarlo, fue una demostración de la polarización en la que se debaten opositores y oficialistas.
Morales repitió en varias oportunidades que la Constituyente está por encima del Congreso, de los tribunales de Justicia y de él mismo, y que si le pide la renuncia, él aceptará con gusto. La oposición ha denunciado que Morales, por esa vía, está preparando un "autogolpe".
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