La justicia boliviana debe aplicar la ley, dictar sentencia y establecer qué suma, de los 49 millones de dólares que Mario Cossío estafó, fue desviada para financiar la campaña electoral de la ultraderecha paraguaya y comprar el estatus de refugiado político
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La amistad de Mario Cossío con la ultraderecha paraguaya, que presionó para su refugio político oficial en el vecino país, no tenía límites.
El columnista Luis Agüero Wagner, citado por el director de la revista Día D, Rafael Sagárnaga, menciona que el potentado –parte de la alta cúpula radical de derecha del Paraguay y dueño del periódico ABC Color– Aldo Zucolillo (y amigo de Cossío) respaldó los planes divisionistas de Bolivia en 2008. Para ello recurrió a la Fundación Nacional para la Democracia (NED), por sus siglas en inglés, de Estados Unidos.
Zucolillo, “con el respaldo de la NED, lanzó campañas en apoyo al secesionismo en Bolivia desde Asunción, antigua base de operaciones del Plan Cóndor”, señala Sagárnaga en su reportaje Cossío, su refugio dorado y el plan Acero.
Según Wikipedia, la NED “es una organización estadounidense fundada en 1983 para ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en el continente americano, específicamente en América Latina. Aunque, de acuerdo a New York Times –citado por esa enciclopedia digital– la NED se creó (...) para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.
El 2008, la desaparecida ‘media luna’, bloque conformado entonces por los ex prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossío, de Tarija, y Leopoldo Fernández, de Pando, con apoyo de cívicos, llevó al nivel más alto la tesis de dividir Bolivia, bajo la bandera de autonomías. Entre agosto y septiembre protagonizaron violentas movilizaciones con tomas de instituciones y muestras de racismo y discriminación contra la población del occidente del país. El gobierno de Evo Morales calificó ese hecho como un intento de golpe cívico-prefectural.
De esos hechos, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández está recluido en el penal de San Pedro de La Paz, acusado de ser impulsor de la llamada masacre de Porvenir, donde murieron más de una decena de campesinos.En la investigación periodística de Sagárnaga, difundida el martes, y a la que tuvo acceso Cambio, se menciona que “la conducta del poderoso amigo del gobernador Cossío (es decir Zucolillo) recae en los viejos fantasmas que el dictador Alfredo Stroessner esgrimió durante décadas: la llegada del comunismo y la amenaza de la revancha militar boliviana. Pero además se proyecta a su versión del siglo XXI, ésa donde la amistad de Cossío con los potentados paraguayos cobra su particular acepción. Entre 2006 y 2008 diversos intereses político-empresariales confluyeron y hasta cooptaron un proyecto: la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Eran años de la dura pulseta ‘media luna’ versus Movimiento Al Socialismo (MAS en Bolivia”, señala Sagárnaga.
Zicosur y Rubén Costas
Entre 2006 y 2008, el empresario Marcio Schussmüller y el vicepresidente Federico Franco, “los otros amigos” del gobernador tarijeño suspendido, en su calidad de ejecutivos de Zicosur, hicieron “abierta campaña a favor de Cossío”.
Zicosur, con orígenes en la década de 1990 y consolidada en octubre de 2005, está conformada por dirigentes de las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; de los departamentos bolivianos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; del estado brasileño de Matto Grosso do Sul; de las regiones chilenas de Tarapacá y Antofagasta, y de los departamentos de Paraguay.
Rubén Costas Aguilera, en 2007, en su calidad de prefecto de Santa Cruz, presidió ese bloque. Sagárnaga recuerda que la reunión extraordinaria de Zicosur del 24 de julio de 2007 abordó “la demanda de autonomía para las regiones tanto frente a los gobiernos centrales como a organismos como el Mercosur. Los oradores principales fueron Rubén Costas y Federico Franco; el coordinador fue Marcio Schussmüller.
En la ocasión, Cossío se comprometió a dar 50 hectáreas de tierra en Villamontes a título gratuito a los empresarios de Zicosur.
El dueño de ABC y el plan Zicosur
“La región comprendida por la Zicosur resulta de particular importancia no sólo por su ubicación geopolítica estratégica, sino también por las múltiples fuentes de recursos humanos, naturales y energéticos que posee, suficientes para enfrentar los competitivos mercados internacionales”, es el enunciado que justifica el nacimiento de esta entidad, según el portal www.zicosur.org.ar.
La subregión Zicosur reúne a una población cercana a los 30 millones de habitantes, en una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados.
El origen de este proyecto integracionista –agrega el portal de Zicosur, “tiene como antecedente inmediato las iniciativas que surgieron del sector privado coordinado con el público, generando su mayor impulso en la década del 1990 y tiene como objetivo básico coordinar posiciones conjuntas para luego canalizarlas hacia los gobiernos nacionales y regionales”.
Según el director de la revista mensual Día D, Rafael Alberto Sagárnaga, “Zicosur sonaba a sinfonía a cuatro manos para (Aldo) Zucolillo (dueño del influyente periódico de derecha del Paraguay), los suyos y sus editoriales en ABC Color. Era algo así como un plan acero en marcha, incluidas perspectivas petroleras (el sueño de Zucolillo) y metalúrgicas”. A diferencia del senador Alfredo Jaeggli y el empresario Marco Schussmüller, Zucolillo es más discreto, pero el más poderoso.
Conocido en su país como ‘Acero’, él juega en las ligas mayores de los multimillonarios paraguayos, reservadas para fortunas que bordean o superan los mil millones de dólares”, señala Sagárnaga.
Desde la creación de ABC Color en 1967, Zucolillo, quien realizó gran campaña por el refugio de Cossío, entre otros, se hizo de la Financiera Atlas, Consultora Atlas, diversos shopings, telefónica Personal y la Inmobiliaria del Este (la mayor del país y base de su fortuna).
“Usó dinero de la Gobernación”
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas criticó ayer el accionar del ex gobernador tarijeño Mario Cossío, quien armó amistades con la derecha paraguaya, pagando incluso sus campañas políticas, hecho que en su opinión debe ser investigado.
“Creo que Mario Cossío tenía una relación más intima, algunas visitas más fluidas con la gente política de la derecha de Paraguay. Ha estado tejiendo en ese sentido sus amistades y esto tiene que trabajarse (investigarse). ¿De dónde salió el dinero para apoyar la campaña electoral en Paraguay a la derecha?”, señaló Rojas.
Según el senador, el hecho de que Cossío pagara la campaña del Partido Liberal del Paraguay (partido de derecha de ese país) demuestra que éste no es un perseguido por el Gobierno boliviano y que Cossío tendría que regresar a Bolivia para asumir su defensa en los casos de corrupción que enfrenta.
Calificó de “reprochable” el hecho de que se gaste dinero de la Gobernación de Tarija para financiar a esos partidos, para luego pedir favores para ser aceptado como refugiado en Paraguay.
“Está muy mal utilizar los recursos de una gobernación, de un departamento para la subvención de una campaña. Ese dinero es de los bolivianos, de los tarijeños, no creo que haya salido de su mano, (a no ser que sea) por actos de corrupción que se haya desviado ese dinero. Actitud reprochable del señor Cossío”, agregó Rojas.
Mario Cossío se encuentra refugiado actualmente en Paraguay, gracias a la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de ese país.
El columnista Luis Agüero Wagner, citado por el director de la revista Día D, Rafael Sagárnaga, menciona que el potentado –parte de la alta cúpula radical de derecha del Paraguay y dueño del periódico ABC Color– Aldo Zucolillo (y amigo de Cossío) respaldó los planes divisionistas de Bolivia en 2008. Para ello recurrió a la Fundación Nacional para la Democracia (NED), por sus siglas en inglés, de Estados Unidos.
Zucolillo, “con el respaldo de la NED, lanzó campañas en apoyo al secesionismo en Bolivia desde Asunción, antigua base de operaciones del Plan Cóndor”, señala Sagárnaga en su reportaje Cossío, su refugio dorado y el plan Acero.
Según Wikipedia, la NED “es una organización estadounidense fundada en 1983 para ayudar a los grupos que están a favor de la democracia en el continente americano, específicamente en América Latina. Aunque, de acuerdo a New York Times –citado por esa enciclopedia digital– la NED se creó (...) para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.
El 2008, la desaparecida ‘media luna’, bloque conformado entonces por los ex prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossío, de Tarija, y Leopoldo Fernández, de Pando, con apoyo de cívicos, llevó al nivel más alto la tesis de dividir Bolivia, bajo la bandera de autonomías. Entre agosto y septiembre protagonizaron violentas movilizaciones con tomas de instituciones y muestras de racismo y discriminación contra la población del occidente del país. El gobierno de Evo Morales calificó ese hecho como un intento de golpe cívico-prefectural.
De esos hechos, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández está recluido en el penal de San Pedro de La Paz, acusado de ser impulsor de la llamada masacre de Porvenir, donde murieron más de una decena de campesinos.En la investigación periodística de Sagárnaga, difundida el martes, y a la que tuvo acceso Cambio, se menciona que “la conducta del poderoso amigo del gobernador Cossío (es decir Zucolillo) recae en los viejos fantasmas que el dictador Alfredo Stroessner esgrimió durante décadas: la llegada del comunismo y la amenaza de la revancha militar boliviana. Pero además se proyecta a su versión del siglo XXI, ésa donde la amistad de Cossío con los potentados paraguayos cobra su particular acepción. Entre 2006 y 2008 diversos intereses político-empresariales confluyeron y hasta cooptaron un proyecto: la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Eran años de la dura pulseta ‘media luna’ versus Movimiento Al Socialismo (MAS en Bolivia”, señala Sagárnaga.
Zicosur y Rubén Costas
Entre 2006 y 2008, el empresario Marcio Schussmüller y el vicepresidente Federico Franco, “los otros amigos” del gobernador tarijeño suspendido, en su calidad de ejecutivos de Zicosur, hicieron “abierta campaña a favor de Cossío”.
Zicosur, con orígenes en la década de 1990 y consolidada en octubre de 2005, está conformada por dirigentes de las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; de los departamentos bolivianos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; del estado brasileño de Matto Grosso do Sul; de las regiones chilenas de Tarapacá y Antofagasta, y de los departamentos de Paraguay.
Rubén Costas Aguilera, en 2007, en su calidad de prefecto de Santa Cruz, presidió ese bloque. Sagárnaga recuerda que la reunión extraordinaria de Zicosur del 24 de julio de 2007 abordó “la demanda de autonomía para las regiones tanto frente a los gobiernos centrales como a organismos como el Mercosur. Los oradores principales fueron Rubén Costas y Federico Franco; el coordinador fue Marcio Schussmüller.
En la ocasión, Cossío se comprometió a dar 50 hectáreas de tierra en Villamontes a título gratuito a los empresarios de Zicosur.
El dueño de ABC y el plan Zicosur
“La región comprendida por la Zicosur resulta de particular importancia no sólo por su ubicación geopolítica estratégica, sino también por las múltiples fuentes de recursos humanos, naturales y energéticos que posee, suficientes para enfrentar los competitivos mercados internacionales”, es el enunciado que justifica el nacimiento de esta entidad, según el portal www.zicosur.org.ar.
La subregión Zicosur reúne a una población cercana a los 30 millones de habitantes, en una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados.
El origen de este proyecto integracionista –agrega el portal de Zicosur, “tiene como antecedente inmediato las iniciativas que surgieron del sector privado coordinado con el público, generando su mayor impulso en la década del 1990 y tiene como objetivo básico coordinar posiciones conjuntas para luego canalizarlas hacia los gobiernos nacionales y regionales”.
Según el director de la revista mensual Día D, Rafael Alberto Sagárnaga, “Zicosur sonaba a sinfonía a cuatro manos para (Aldo) Zucolillo (dueño del influyente periódico de derecha del Paraguay), los suyos y sus editoriales en ABC Color. Era algo así como un plan acero en marcha, incluidas perspectivas petroleras (el sueño de Zucolillo) y metalúrgicas”. A diferencia del senador Alfredo Jaeggli y el empresario Marco Schussmüller, Zucolillo es más discreto, pero el más poderoso.
Conocido en su país como ‘Acero’, él juega en las ligas mayores de los multimillonarios paraguayos, reservadas para fortunas que bordean o superan los mil millones de dólares”, señala Sagárnaga.
Desde la creación de ABC Color en 1967, Zucolillo, quien realizó gran campaña por el refugio de Cossío, entre otros, se hizo de la Financiera Atlas, Consultora Atlas, diversos shopings, telefónica Personal y la Inmobiliaria del Este (la mayor del país y base de su fortuna).
“Usó dinero de la Gobernación”
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas criticó ayer el accionar del ex gobernador tarijeño Mario Cossío, quien armó amistades con la derecha paraguaya, pagando incluso sus campañas políticas, hecho que en su opinión debe ser investigado.
“Creo que Mario Cossío tenía una relación más intima, algunas visitas más fluidas con la gente política de la derecha de Paraguay. Ha estado tejiendo en ese sentido sus amistades y esto tiene que trabajarse (investigarse). ¿De dónde salió el dinero para apoyar la campaña electoral en Paraguay a la derecha?”, señaló Rojas.
Según el senador, el hecho de que Cossío pagara la campaña del Partido Liberal del Paraguay (partido de derecha de ese país) demuestra que éste no es un perseguido por el Gobierno boliviano y que Cossío tendría que regresar a Bolivia para asumir su defensa en los casos de corrupción que enfrenta.
Calificó de “reprochable” el hecho de que se gaste dinero de la Gobernación de Tarija para financiar a esos partidos, para luego pedir favores para ser aceptado como refugiado en Paraguay.
“Está muy mal utilizar los recursos de una gobernación, de un departamento para la subvención de una campaña. Ese dinero es de los bolivianos, de los tarijeños, no creo que haya salido de su mano, (a no ser que sea) por actos de corrupción que se haya desviado ese dinero. Actitud reprochable del señor Cossío”, agregó Rojas.
Mario Cossío se encuentra refugiado actualmente en Paraguay, gracias a la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de ese país.
MARIO COSSIO PAGO POR SU REFUGIO
La mentira tiene patas cortas y al final la verdad siempre se impone. Esto es precisamente lo que ocurrió con el tristemente caso del ‘perseguido político’ Mario Cossío, el millonario suspendido gobernador de Tarija, quien, pese a tener cuentas pendientes con la justicia boliviana, logró —mejor dicho compró— el estatus de ‘refugio’ politico por parte del Consejo Nacional para los Refugiados del Paraguay (Conare), producto de sus incestuosos vínculos que mantiene con poderosos e influentes empresarios y políticos de ese país.
La anterior afirmación se desprende de la confesión del senador paraguayo Alfredo Jaeggli, uno de los principales promotores de la connivencia que montó la extrema derecha paraguaya y boliviana para proteger a Cossío, desde meses antes de que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendiera al gobernador de marras para que enfrente, como un ciudadano más, las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
“Usted sabe que hay un código entre los políticos de las mismas ideas. Mario nos ayudó mucho para nuestras elecciones, para que nosotros ganemos acá en Paraguay”, dijo el senador liberal Jaeggli al periodista Rafael Sagárnaga, director de Día D.
“Nos ayudó con camisetas, con lapiceras, financiando algunas cuestiones…, es normal, entre los políticos nos ayudamos ¿verdad? (...) Y Mario fue uno de los que nos ayudó. Nos ayudó gracias a un señor que es Marcio Schussmüller, que era muy amigo suyo. Es un industrial metalúrgico que era muy amigo de (presidente) Lugo, muy amigo de Lugo”, afirmó el político.
No obstante, durante el diálogo con el periodista Sagárnaga, Jaeggli también reveló que cuando la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija se aprestaba a aplicar el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibañez’ para suspender temporalmente a Cossío, acusado por el Ministerio Público de presuntos hechos de corrupción; el vicepresidente paraguayo Federico Franco y el empresario Marcio Schussmüller le consultaron si él “podía ir a sacarlo de Bolivia. Entonces yo pensé tomar mi avión, entrar a Bolivia, rescatarlo a Mario. (…) La idea era irme de contrabando, recogerlo y traerlo acá para su refugio. Pero no necesitamos eso porque él vino en un auto. Cruzó la frontera en un auto”.
Según Sagárnaga, Jaeggli es el expresivo del círculo de poderosos amigos que Cossío tiene en Paraguay. Dentro de las clásicas definiciones de política, encarna a cabalidad al ultraderechista desfachatado. Parece un personaje salido de aquellos filmes que reconstruyen las historias de los años 30 en Estados Unidos, tal vez alguno de Coppola. No sólo por los habanos, trajes, motocicletas y autos deportivos con los que gusta posar, sino por las ideas que postula. Es que este senador liberal propugna, por ejemplo, el derecho de cada ciudadano paraguayo a portar un arma de fuego, ha planteado, en un libro de su autoría, la dolarización de la moneda y es un fervoroso defensor del uso discrecional de transgénicos en la agricultura.¿Algo más impactante? Sí. Jaeggli es autor de proyectos como la exoneración de impuestos a la importación privada de aviones. Defiende otro para que sean levantados todos los niños que mendigan y trabajan en las calles, “porque son un peligro para la seguridad pública y el buen estado de nuestros coches”.Obviamente, Jaeggli conjura contra los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), en especial al de Hugo Chávez y a la ‘dictadura’ de Evo Morales. Jaeggli hace gala, además, de ser generoso colaborador de la disidencia cubana opuesta al régimen de Fidel y Raúl Castro. Vale sumar el hecho de que apenas iniciado el Gobierno de Fernando Lugo, el polémico senador liberal le auguró que duraría “escasos seis meses”. Esta es la clase de políticos y empresarios —como el propietario del diario ABC Color, Aldo Zucolillo Moscarda, conocido en su país como “Acero”, y que juega en las ligas mayores de los multimillonarios paraguayos reservadas para fortunas que bordean o superan los mil millones de dólares— quienes planificaron y ejecutaron la huida de Cossío a un país, paradógicamente con altos niveles de extrema pobreza.
Este grupo de poderosos políticos y empresarios, desde antes de que Cossío pise territorio paraguayo, ya habían decidido que el Conare le otorgue el estatus de refugiado político. Y tras que el Conare acató esa orden y cuando la prensa le preguntó al ‘ilustre’ refugiado ¿por qué eligió Paraguay y no otro país?, Cossío respondió: “Estoy vinculado desde hace muchos años, he trabajado con sus líderes, he conocido su profundo sentido democrático y en lo político su pluralismo”. No obstante, cuando las preguntas apuntaron a las acusaciones de corrupción que enfrenta en Bolivia, “tomó nerviosamente el brazo de su asesor Rubén Ardaya y buscó la salida”, relató Rafael Sagárnaga.
Además, según el testimonio de Aida Robles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y que renunció al Conare —no estaba de acuerdo en considerar a Cossío como perseguido político—, horas antes de la reunión que decidiría darle refugio, esa instancia no sólo que nunca analizó las denuncias de corrupción en contra del suspendido gobernador, sino que obedeció “la orden era aceptar el refugio; esto estaba cantado, ya estaba resuelto”.
En ese contexto, lo que corresponde es que la justicia boliviana —más allá del refugio que sus amigos paraguayos le otorgaron a Cossío— aplique la ley, dicte sentencia y establezca qué suma, de los 49 millones de dólares que el gobernador de marras estafó, fue desviada para financiar la campaña electoral de la ultraderecha paraguaya, lo que le permitió comprar el estatus de refugiado político para no rendir cuentas sobre los millones que robó al pueblo tarijeño.
LITIO DESDE BOLIVIA AL PUERTO DE VIGO PARA FABRICAR TODOS LOS COMPONENTES DE LAS BATERÍAS
La Voz de Galicia de España (www.lavozdegalicia.es)
El consorcio Mitsubishi-GS Yuasa tiene trazado desde hace meses el proyecto industrial para la producción de baterías de litio en la Plataforma Logística de Salvaterra.
Según el borrador, la planta entraría en funcionamiento en una primera fase, en la que los componentes necesarios (incluido el litio semielaborado) para la fabricación de las baterías llegarían procedentes de las plantas japonesas del consorcio (Lithium Energy Japan) que ya están operativas. De este modo, en la factoría gallega solo se realizaría el proceso de montaje y ensamblaje.
En una segunda fase (al cabo de un año) la fábrica de Salvaterra asumiría el proceso integral de producción de las baterías y de todos sus componentes, incluidas las células de litio, con la materia prima que llegaría al puerto de Vigo procedente de Bolivia.
Para todo este proceso, que requiere mano de obra intensiva, la alianza japonesa ha diseñado unas necesidades de plantilla de 4.000 trabajadores, de los que 2.200 operarios comenzarían su actividad ya en la primera fase productiva
EVO MORALES Y EL REINADO DEL TERRORISMO JURIDICO (11)
REARME DE BOLIVIA OBLIGA A PARAGUAY A COMPRAR ARMAS
El rearme de Bolivia obligó a países de la región a adquirir armamento. Paraguay se ve arrastrado a invertir dinero en la modernización de sus fuerzas armadas. El gobierno “popular” de Evo Morales consolida su hegemonía militar en la frontera chaqueña, mientras sus voceros afirman que las denuncias son obra de la derecha paraguaya.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El lunes 31 de enero, a las 19:30, aproximadamente, uno de los bloques del noticiero de Televisión Boliviana incluyó imágenes de una formación militar; de fondo, soldados entonando una canción guerrera.
Uno de los estribillos, cantado a voz de cuello, expresaba: “Vamos a recuperar el Chaco, expulsando a nuestros enemigos, que saldrán del suelo sagrado”.
¿Recuperar el Chaco? El tratado definitivo de paz se firmó el 21 de julio de 1938, luego de una guerra de tres años, con un saldo de 50 mil muertos y dos países destruidos por el peso de la contienda.
Paraguay y Bolivia no tienen ningún tema pendiente en materia limítrofe, la línea de hitos fue plenamente ratificada.Se puede decir que es una simple fanfarronada para levantar la moral de la tropa, utilizando canciones patrióticas. Pero esos soldados, al retornar a la vida civil, quedarán con las estrofas de “vamos a recuperar el Chaco”, con la convicción de que Paraguay es un enemigo.
Rearme boliviano
El gobierno de Evo Morales inició un fuerte proceso de rearme de sus fuerzas armadas.
En los últimos cinco años, el presupuesto militar tuvo un incremento del 64 por ciento.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el año 2011 representa el 26 por ciento del total de gastos de Bolivia.
Ningún otro ministerio tendrá a su disposición un porcentaje similar; al contrario, el Ministerio de Educación apenas llevará el tres por ciento del total.
A lo largo de 2010, el presupuesto militar fue ejecutado en un 92 por ciento, lo que permitió aumentar el número de efectivos hasta alcanzar la cifra actual de 70 mil soldados.
El Comando Militar del Plata, con sede en el departamento de Santa Cruz, es el más poderoso de Bolivia y está integramente desplegado en la frontera con Paraguay.
En junio próximo Bolivia está recibiendo los primeros jets de combate K-8, adquiridos de China Popular, junto con fusiles de asalto y helicópteros.
Voceros del gobierno de Evo Morales insisten en que “sectores reaccionarios y la prensa derechista de Paraguay” son responsables de las informaciones que hablan del rearme boliviano.
No dudan en acusar a ABC Color de liderar un plan de desprestigio de la revolución liderada por Evo Morales.Gobierno “popular”
El Ministerio de Hacienda de Bolivia tiene previsto invertir el ocho por ciento de su presupuesto del 2011 en salud y deportes, mientras que el Ministerio de Obras Públicas será beneficiado con el 13 por ciento.
El Ministerio de Gobierno (Interior) tendrá el 24 por ciento y el Ministerio de Defensa el 26 por ciento, lo que incluirá la compra de armamento diverso.
El presupuesto militar para el año 2011 es de 288 millones de dólares.
Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo se ufanan de llevar adelante un gobierno popular. Veamos cifras del Ministerio de Hacienda, en materia de inversiones previstas hasta el año 2015: salud, 0.2 por ciento del total del PIB; desarrollo rural, 0.8 por ciento; educación, 0.9; erradicación de la pobreza, 0.8 por ciento.
Bolivia arrastra a Paraguay en la compra de armas y al final un dinero fundamental para salir de la pobreza se debe emplear en consolidar el aparato militar.
Si fuera “popular” su gobierno, las inversiones de Bolivia no serían armas.
CUESTIONA LAS INFORMACIONES DE NUESTRO DIARIO SOBRE FF.AA. DEL PAIS VECINO
AGENCIA OFICIAL DE NOTICIAS DE BOLIVIA INTENTA DEMERITAR REFUGIO A COSSÍO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/nota)
La Agencia Boliviana de Información (ABI), agenda informativa estatal del gobierno de Evo Morales, dio un amplio destaque el pasado miércoles a una publicación de la revista El día D de Tarija en un intento de demeritar el refugio que otorgó nuestro país a Mario Cossío, destituido gobernador de Tarija (Bolivia).
El informe titulado “Senador paraguayo revela razones políticas de concesión de refugio a Cossío en Paraguay” se basa en una entrevista que hizo el periodista Rafael Sagárnaga al senador liberal Alfredo Luis Jaeggli, en la que este reconoce que políticos de nuestro país, como el industrial Marcio Schussmuller, son muy amigos de Cossío.
En la entrevista Jaeggli informa también que en algún momento se pensó en sacar a Cossío de Bolivia por vía aérea. Además brinda detalles de las conversaciones que se mantuvieron en el ámbito político días previos a que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) otorgue el pedido de refugio al gobernador destituido. Critican a nuestro diario
En informe también cuestiona a nuestro diario por haber dado cabida al caso Cossío.
“Aldo Zuccolillo, dueño del periódico ABC Color, y varios otros medios de comunicación en Paraguay, y que se constituyó en uno de los principales protectores que influyó en la Conare, abonó el terreno en la opinión pública de su país con una serie de artículos, editoriales y notas en que se denunció una presunta campaña de Bolivia para atacar militarmente a Paraguay”, señala el artículo.
También se critica que nuestro diario haya informado sobre la creciente militarización de las fronteras del Chaco con Bolivia. “Entre editoriales, notas y reportajes, al menos 33 planas aluden al presunto y amenazante armamentismo boliviano. El director de ABC Color parece llegar al delirio guerrerista a principios de este año, a propósito del ‘gasolinazo masista” señala.
La AFIP detecto trabajadores en “condiciones infrahumanas” en predios del diputado sojero
UNA DE OLMEDO QUE NO ES GRACIOSA
La inspección realizada ayer en olivares del salteño Alfredo Olmedo, en La Rioja, encontró 400 trabajadores alojados en forma precaria, con letrinas improvisadas y falta de higiene. El diputado dijo que se trata de “una persecución política”.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
La AFIP realizó un operativo en la provincia de La Rioja, donde detectó cerca de 400 trabajadores en “condiciones infrahumanas”, en dos predios propiedad de la empresa del diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo. A pesar de gozar de un régimen de promoción agrícola, en el olivar que administra el actual precandidato por la gobernación de Salta había extranjeros indocumentados, personal tercerizado viviendo en carpas, improvisadas letrinas y malos olores producto de la falta de higiene, según los inspectores. Olmedo se defendió de la acusación y aseguró que es “una campaña para desprestigiar a una familia”, y lo vinculó con su lanzamiento por la gobernación salteña. Además aclaró que la Subsecretaría de Empleo riojana lo autorizó a hacer un campamento “tipo boy scout”.
Según el informe de la AFIP, los trabajadores de AHO SA vivían en dos predios: 360 dormían en carpas de nylon y los restantes, en dos “precarias habitaciones” de un parque industrial. La explotación, con una extensión de 800 hectáreas y un predio total de 950, se dedica a la cosecha de aceitunas, estaba bajo el Régimen de Promoción Agrícola y es administrada en forma directa por el diputado Olmedo. Alrededor de 20 inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, junto a la Policía Federal, fueron parte del operativo realizado ayer. En los campos encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Allí vivían 33 adultos y tres menores en dos habitaciones “sobre cartones apoyados en el piso”. De la inspección visual se desprendió que “esas personas compartían un solo inodoro y guardaban sus bebidas y alimentos sin ningún tipo de refrigeración”.
Por otra parte, había un “campamento” con 120 carpas de nylon, armadas con palos y apoyadas sobre la tierra, que eran habitadas por tres peones cada una. Según relataron los agentes, en el asentamiento había “olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas”, a causa de la descomposición de los alimentos de-sechados y de la cercanía con doce “improvisadas” letrinas.
Para ser beneficiario del régimen de promoción, AHO SA se comprometió a hacer inversiones y a tener a la mayor cantidad de gente en relación de dependencia. Solo podría contratar personal en forma temporaria por el lapso de tres meses al año. Aun así, según la AFIP, se registraron en el campo de Olmedo 140 trabajadores tercerizados y otros 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia, que declararon que la empresa estaba en tratativas de regularizar su situación.
“Hay una persecución política”, denunció Olmedo en diálogo con Página/12. Aseguró que las actas oficiales del operativo no registraron ninguno de los delitos comunicados por la AFIP. “La inspección no encontró nada irregular, ni de trabajo ilegal. La gente que dicen que es de Bolivia no estaba trabajando porque estaban esperando el certificado de buena conducta y de residencia”, indicó el diputado sojero, que defendió el hecho de tener personal tercerizado para determinadas tareas. En ese sentido, se despegó de las “condiciones infrahumanas” denunciadas y explicó que “las fotos que se ven de los baños no son del campo”, sino “de locales que hay en el centro de La Rioja”. “El campamento está autorizado por la Subsecretaría de Empleo de La Rioja. Tienen televisión color, cancha de fútbol, de voley y sapo”, indicó Olmedo. “Si hay alguien que querellar no es a mí, sino a la provincia de La Rioja que autoriza a que vos hagas un campamento ‘tipo boy scout’”, aclaró el empresario.
De acuerdo con lo que confirmó la encargada del operativo, Laura Bologna, las actas dejaron constancia de los pasos que tuvo el procedimiento y los videos y las fotografías del lugar permitieron hacer una evaluación de las condiciones reales en las que se encontraban los trabajadores. El director general de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, indicó a Página/12 que tras “constatar si el personal estaba registrado o no, se puso en conocimiento de la situación al juez”, y anticipó que este caso también formará parte de la querella que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsará para que se investigue si se trata de otro caso de trabajo esclavo.
Bolivia
¿ALIANZAS ENTRE AGROINDUSTRIA Y GOBIERNO?
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
La crisis alimentaria el 2011 podría ser peor que la soportada el 2008, advierten agencias de Naciones Unidas y señalan que los precios de los principales productos alimenticios relacionados al comercio internacional ya se han elevado en un 3,4% según la FAO. Simultáneamente a causa de campañas agrícolas y cosechas menos exitosas por condiciones climáticas desfavorables y una mayor demanda de países cuyo crecimiento económico ha permitido aumentar su consumo, las reservas o stocks almacenados de diversos productos alimenticios como soya, azúcar están relativamente bajos y continúan disminuyendo. Por otra parte la producción agrícola no alimenticia como el algodón para textiles y la de agro-combustibles compite por tierras agrícolas y otros insumos con los cultivos alimenticios lo que pone una presión adicional sobre la situación de la producción agrícola mundial. De hecho algunos de los conflictos y protestas en Medio Oriente y Norte de África (Jordania y Argelia) e incluso el derrocamiento del presidente tunecino guardan relación con el descontento de la población respecto a la disponibilidad de alimentos [1]. Las proyecciones para el 2011 preocupantemente no parecen cambiar el panorama y también nos hablan de precios internacionales que continuarían elevándose de manera parecida, pese a que aún no se conocen con certeza los resultados de la producción agrícola para el 2011.
Ante este panorama no podemos negar el discreto optimismo que sentimos cuando vemos a los representantes de gobierno y la agroindustria cruceña realizar acercamientos e incluso conversar sobre alianzas estratégicas en temas tan fundamentales como la seguridad alimentaria para la población boliviana teniendo en cuenta las distancias mantenidas en años pasados. Pero este tímido optimismo no nos impide ver con preocupación algunas señales que empiezan a emerger respecto a los elementos y tendencias que se incluyen en las alianzas que toman forma en estas últimas semanas.
Cuando recordamos rápidamente algo de la historia entendemos que la agroindustria cruceña ha sido directa e indirectamente uno de los sectores beneficiados con mayores inversiones estatales desde el 53 durante la llamada “marcha al oriente” debido a la necesidad desde ese entonces de diversificar la base minera de la economía estatal, y con especial énfasis en las políticas de gobierno a favor del desarrollo de la agroindustria durante el periodo 70-90. Estas políticas que fueron sostenidas pese a los incesantes cambios de gobierno durante la época, pueden ser consideradas como una de las pocas políticas de Estado conducidas en el pasado siglo. Tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras contribuyeron primero para los procesos de colonización sucesiva de las tierras bajas como para la construcción de infraestructura (caminos, puentes, canalizaciones, etc), el sustento y respaldo de políticas financieras, la otorgación de perdonazos a créditos contratados y favores políticos para acceder a las mejores tierras agrícolas y ganaderas disponibles en el país. Esto ha contribuido a crear uno de los sectores productivos más exitosos de la economía nacional no tradicional que el año 2004 contribuía con el 25% del valor de las exportaciones [2] y la acumulación de grandes ganancias durante las pasadas décadas de condiciones y precios favorables.
En la actualidad Bolivia tiene un sector agroindustrial relativamente competitivo que no debería requerir de más subvenciones ni apoyos estatales directos, sin embargo escuchamos preocupantemente que entre los temas de negociación entre el Estado y empresariado cruceño se incluyen el respaldo financiero y excepciones a normativas para el uso de suelos y el cumplimiento de la función económica social (FES), que en la práctica pueden significar la legitimación de tierras improductivas, la erogación de financiamiento público tan requerido por sectores menos atendidos pero igualmente estratégicos, aumentos en la tasa de deforestación y degradación de suelos y la mecanización y uso de biotecnología para aumentar la productividad (claramente pensando en los transgénicos). Recordemos que sólo en el departamento de Santa Cruz existen cientos de miles de hectáreas de tierras desertificadas como producto de las acciones de la agroindustria en el pasado y es de esperarse que la expansión de la frontera agrícola anunciada en últimas semanas en suelos de vocación forestal y no agrícola ocasione los mismos daños.
Esto naturalmente no quiere decir que el Estado no pueda hacer nada por la producción agroindustrial para que esta re-establezca parte de su inversión en este sector, porque según algunos datos proporcionados por representantes de la FAO en Bolivia, en la actualidad se ha registrado una mayor inversión en el rubro de la construcción y otros rubros no agropecuarios. Existen acá una serie de medidas que deben ser parte de este tipo de acuerdos y que deben ser discutidas y analizadas detenidamente por las autoridades y los agroindustriales, considerando la importancia de las exportaciones pero también teniendo en cuenta que esta inversión privada debería aportar al abastecimiento interno del país de productos agroindustriales claves para la seguridad alimentaria como el maíz y el azúcar. Por otro lado, el mantener o no la subvención de carburantes para este sector debe ser parte de estas negociaciones.
La historia de la agroindustria no ha sido una historia de rosas por supuesto y ha tenido altos costos sociales, ecológicos y económicos que han subvencionado una problemática concentración de riqueza que además ocurrió parcialmente a costa de la generación de deuda externa y principalmente del abandono de la producción campesina indígena por parte del Estado. La tesis de entonces era sencilla: “la producción indígena campesina es inviable[3]”, pero además no eran considerados productores sino “etiquetados” como pobres; por tanto el Estado ha apostado por las formas de producción agroindustriales que sí eran viables según los criterios de la época.
Si bien el gobierno del presidente Evo Morales mostró desde un inicio claramente la voluntad de revertir estas políticas y dirigir el apoyo estatal hacia la producción pequeña y mediana campesina indígena a través de iniciativas posiblemente con mayor o menor acierto como el programa de mecanización, la otorgación de créditos mediante el BDP y el apoyo productivo de EMAPA; en la práctica debemos reconocer el escaso avance y éxito de estas. EMAPA por ejemplo, ha llegado a apoyar la producción en unas 240 mil hectáreas entre los años 2007-2010 beneficiando a unos 16 mil productores, sin embargo esto representa un apoyo de aproximadamente sólo el 5% de la superficie cultivable en manos de la producción indígena campesina y aún si supusiéramos que en todos los casos hubiera tenido buenos resultados, esto es descomunalmente insuficiente en un gobierno que se supone apuesta estratégicamente a la seguridad y soberanía alimentaria y la producción campesina indígena. Debemos aclarar además que esta suposición contrastaría con los reclamos y quejas sobre los precios pagados por acopiadores de EMAPA, la falta de puntualidad en la entrega de insumos a los productores en ciertas regiones del país y otras ineficiencias de esta empresa pública. Por otra parte, en algunos, por no decir muchos casos los productores se han visto imposibilitados de honrar los créditos contraídos por el fracaso de su producción, demostrando la ausencia de un acompañamiento técnico y malas condiciones con que todavía se realizan los créditos. En resumen vemos una política nacional de apoyo a la producción campesina indígena que es claramente insuficiente y ha demostrado escasos resultados como además lo refleja el desabastecimiento de productos como el azúcar, maíz, arroz y trigo en los últimos años que si bien se desarrolla en un contexto internacional de crisis alimenticia advertida desde años atrás, tiene como trasfondo políticas nacionales que no han sido capaces de encontrar soluciones ni respuestas a estos problemas. Bolivia de hecho puede ser considerado como un país con un potencial agropecuario aún no aprovechado y que podría hacer grandes aportes a la seguridad alimentaria regional, evidentemente con políticas productivas adecuadas.
Ante este panorama las señales que recibimos del gobierno nacional respecto a las inversiones públicas en sectores tradicionales (minería, hidrocarburos) y las actuales conversaciones con la CAINCO, CAO, ANAPO y federaciones de ganaderos, parecen indicar un re-direccionamiento de las prioridades nacionales y ¿posiblemente indicarán una aceptación implícita del postulado de tiempos liberales sobre la inviabilidad de la economía campesina indígena?, ¿al menos en el corto-mediano plazo?. Y también podríamos preguntarnos si esto significa una capitulación de las políticas nacionales a las presiones externas y la dominancia de una línea pragmática en el gobierno del presidente Evo Morales. En otras palabras ¿sería posible que el gobierno haya llegado a la conclusión de que la producción campesina indígena no es estratégica y vuelque ahora su mirada a la agroindustria en un intento desesperado de evitar mayores problemas con el desabastecimiento interno ante una crisis alimentaria que expertos anuncian desde hace varios años?.
Pese a este sistemático abandono histórico, la producción agropecuaria indígena campesina, que es medio de vida de varias familias, sigue haciendo fundamentales aportes a la seguridad alimentaria aunque en los últimos años éste se habría reducido. Pero pese a ello, se debe recuperar y aumentar este aporte que históricamente habría sido fundamental, avanzando en subsanar la inaceptable deuda social y económica del Estado con la población del área rural, como para lograr avances en la tan golpeada seguridad y soberanía alimentaria.
Es imprescindible entender las dinámicas propias con que funciona este heterogéneo sector productivo para saber dónde y de qué manera dirigir los esfuerzos. Algunas de estas pautas están ya identificadas en la propuesta para una Ley de la Década Productiva elaborada por la CSUTCB y que bajo la actual coyuntura constituye una excelente oportunidad de avanzar en el diseño participativo de políticas productivas.
Pero debemos además como país aprovechar esta oportunidad para lograr progresos en la construcción de una matriz agropecuaria sólida, respetuosa con el medioambiente y la población quien la desarrolla, incluyendo políticas y acciones de soporte estatal masivo al menos en los siguiente cinco rubros productivos estratégicos para Bolivia según sus potenciales agropecuarios y características socioambientales: a) El fortalecimiento de una nueva forma de ganadería para tierras bajas con la incorporación de técnicas de manejo de pasturas, bosques y fuentes de agua para ganado; b) Apoyo a la ganadería altoandina a través de la mejora de la calidad del hato, recuperación, conservación de pasturas nativas y bofedáles, dotación de establos tecnificados y atención de sanidad animal; c) Soporte a la agricultura sostenible y la producción diversificada con la expansión de la capacidad de captación, almacenamiento, manejo de cuencas y riego incluyendo la implementación de tecnologías de goteo y aspersión además de recuperar y promover técnicas de manejo de fertilidad de suelos, áreas donde ya existen experiencias exitosas ajustadas a las diferentes condiciones del territorio nacional; d) La implementación de sistemas agroforestales para el Trópico y la Amazonía que permitan la recuperación de tierras degradadas, frenar los procesos de deforestación y hacer frente a los efectos de las inundaciones y sequías crecientemente perjudiciales por el proceso de cambios climáticos, al mismo tiempo que se promueve la producción tanto de cultivos anuales como multianuales no tradicionales con potenciales no aporvechados hasta ahora y finalmente e) Es de gran importancia la formulación de normativas e implementación de programas que apoyen y promuevan la Gestión Territorial Integral para garantizar el aprovechamiento equilibrado del conjunto de recursos contenidos en el país, madera, caza, pesca, energías renovables, turismo, recolección etc, aprovechando y recuperando los conocimientos y estrategias campesinas indígenas originarias de incalculable valor para Bolivia y el mundo, sin olvidar el acceso a la tenencia de la tierra para las personas que no tienen o la tienen de manera insuficiente.
Estamos en un momento en que el análisis crítico de dirigentes de las principales organizaciones sociales que respaldan el “proceso de cambio” en el país acertadamente han identificando problemas estructurales en la toma de decisiones y la insuficiencia de políticas nacionales que resuelvan los obstáculos del aparato productivo y la economía nacional. En esta coyuntura es importante que las autoridades nacionales interpreten esto como una oportunidad inmejorable para avanzar en la construcción participativa de las leyes del nuevo estado plurinacional y se corrijan algunas tendencias percibidas en funcionarios públicos de desautorizar y deslegitimar demandas, aportes y propuestas de sectores campesinos indígenas originarios y fabriles.
Finalmente de lo que se trata no es satanizar las alianzas entre el Estado y la agroindustria como apresuradamente algunas opiniones sugieren en los medios, y es importante entender que estas alianzas no sólo son deseables si no que son imprescindibles en la construcción de un nuevo país inclusivo, que entiende su propio bien y sabe aprovechar todas las capacidades y potencialidades. No obstante esto es igualmente importante que estas alianzas no impliquen el continuar priorizando a un sector ampliamente atendido históricamente y que cuenta con capacidad de reproducir y mejorar con recursos propios sus medios de producción, y canalizar principalmente estos apoyos, tanto técnicos como financieros a la agricultura campesina indígena, especialmente dada la desatención y los enormes desafíos que enfrentan estos pequeños productores en el Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía a causa de los cambios climáticos, el uso de prácticas inadecuadas y la migración rural-urbana. Además debemos ser coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo que anuncia desde hace cinco años la transformación de la estructura agraria, dinamización productiva de las comunidades campesinas y territorios indígenas y afianzamiento de los derechos indígenas para la soberanía alimentaria.
Necesitamos entonces encontrar un equilibrio y esclarecer las prioridades para evitar el riesgo de que algunas políticas pierdan horizonte en un panorama político que compresiblemente se torna más complejo cuando nos enfrentamos con una realidad nacional y global más compleja.
En este sentido también debemos continuar enfatizando la importancia de la generación de conocimiento sobre el sector productivo a través de la realización del 2do Censo Nacional Agropecuario y la institucionalización del mismo en forma similar al Censo de Población y Vivienda que se realiza cada diez años.
También es fundamental tomar medidas urgentes para garantizar el involucramiento de universidades públicas y privadas y centros de investigación en el desarrollo articulado y planificado de conocimiento práctico sobre tecnologías alternativas agroecológicas, conservación de suelos, recuperación e implementación de tecnologías ancestrales adecuadas y ajustadas para cada una de las condiciones agroecológicas de nuestro país.
POLICÍA FISCAL INCAUTA MÁS DE MIL 200 PARES VALUADOS EN S/. 90 MIL
LLEVABAN ZAPATILLAS A BOLIVIA
Correo de Perú (www.correoperu.pe/correo)
Ahora el contrabando entra de Perú a Bolivia. Un cargamento de más de mil 200 pares de zapatillas de reconocidas marcas internacionales, fueron decomisadas la madrugada de ayer por el personal de la Policía Fiscal de Puno.
El operativo desarrollado al frontis de la Garita de Huáscar, ingreso a la ciudad de Puno, permitió a los uniformados hallar la ilegal mercadería en las bodegas de los buses de las empresas Julsa, Flores Hermanos, San Juan y Señor de Los Milagros.
Según se conoció y de acuerdo a la constatación fiscal, la mercancía que provenía de la ciudad de Arequipa, está valorizada en unos 90 mil soles, la misma que tenía como destino final la ciudad boliviana de La Paz. La mercadería que fue presentada en conferencia de prensa por el general de la XII Dirtepol, Tomás Guibert, en el Complejo de Esparcimiento de la Policía Nacional (Cenespar), será internada en los almacenes de Aduanas.
BOLIVIA: LAS PROTESTAS POR ESCASEZ DE ALIMENTOS HACEN HUIR A EVO MORALES
Impulso Baires de Argentina (www.impulsobaires.com.ar)
Las protestas por la escasez de alimentos y las subidas de precios frustraron un acto del presidente de Bolivia, Evo Morales, en la ciudad andina de Oruro, y lo llevaron a volver a La Paz, mientras que en la oriental Santa Cruz los manifestantes bloquearon el paso al mayor aeropuerto del país.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que el mandatario decidió no ir al desfile de conmemoración de los 230 años de la revolución de Oruro, donde estaba desde el martes, porque hubo una manifestación violenta de la Central Obrera Boliviana que incluyó detonaciones de dinamita.
“El Gobierno ha tomado la decisión de no responder a este tipo de provocaciones tan vergonzosas, tan penosas”, dijo Canelas.
Los manifestantes protestaban contra los aumentos de los precios del transporte y los alimentos y contra la escasez de algunos víveres, particularmente el azúcar, que el Gobierno ha comenzado a importar desde Colombia para tratar de frenar la crisis alimentaria y la oleada de protestas.
Las protestas en Oruro, capital de unos 200.000 habitantes del departamento natal de Morales, fueron alentadas, según Canelas, por dirigentes sindicales que causaron “temor, miedo, violencia” con explosiones de dinamita.
Entre tanto, comerciantes minoristas realizaron otra manifestación en la ciudad de Cochabamba (centro) y en La Paz bloquearon con camiones el acceso a la zona comercial y cerraron tiendas, pero suspendieron las marchas callejeras que tenían programadas por las lluvias en la ciudad.
En la ciudad oriental de Santa Cruz, la más rica del país, de millón y medio de habitantes, los manifestantes bloquearon desde la madrugada el paso hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Los comerciantes minoristas exigen el cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por considerar que esa firma estatal es ineficaz, perjudica al comercio y practica el fraude tributario.
En medio de las protestas y la crisis alimentaria, causó revuelo una denuncia de la red de televisión ATB y otros medios sobre una exministra de Morales, Antonia Rodríguez, que usaba sus casas para vender azúcar acaparada en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.
Rodríguez, relevada en enero pasado del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su mando a Emapa -las dos entidades señaladas como culpables de la crisis-, negó las acusaciones de especulación, pero los medios insisten en sus denuncias.
MORALES NO PUDO LLEGAR A ORURO POR LAS PROTESTAS SOCIALES
El mandatario boliviano suspendió un acto debido a los reclamos por la escasez de alimentos y los aumentos de precios. En Santa Cruz, bloquearon los accesos al mayor aeropuerto del país.
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)
El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que el presidente decidió no ir al desfile de conmemoración de los 230 años de la revolución de Oruro, donde estaba desde el martes, porque hubo una manifestación violenta de la Central Obrera Boliviana que incluyó detonaciones de dinamita.
"El Gobierno ha tomado la decisión de no responder a este tipo de provocaciones tan vergonzosas, tan penosas", indicó el vocero.
Los manifestantes protestaban contra los aumentos de los precios del transporte y los alimentos y contra la escasez de algunos víveres, particularmente el azúcar, que el gobierno ha comenzado a importar desde Colombia para tratar de frenar la crisis alimentaria y la oleada de protestas.
En tanto, comerciantes minoristas realizaron una protesta en la ciudad de Cochabamba y en La Paz bloquearon con camiones el acceso a la zona comercial. Algunos locales permanecieron cerrados pero se suspendieron las marchas callejeras debido a las lluvias.
En Santa Cruz, la ciudad más rica del país, los manifestantes bloquearon desde la madrugada el paso hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Los comerciantes exigen el cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por considerar que esa firma estatal es ineficaz, perjudica al comercio y practica el fraude tributario.
En medio de las protestas y la crisis alimentaria, causó revuelo una denuncia de la red de televisión ATB y otros medios sobre una ex ministra de Morales, Antonia Rodríguez, que usaba sus casas para vender azúcar acaparada en la ciudad de El Alto.
Ante la falta de alimentos en las ciudades, Morales ha pedido en varios discursos sustituir, por ejemplo, el consumo de azúcar por la miel, o que la población tenga colmenas, lo que le ha valido duras críticas de la oposición y algunos medios.
El ex senador oficialista Filemón Escobar advirtió que la "cabeza" del mandatario podría acabar en la "guillotina", como en su momento ocurrió con los reyes de Francia cuando María Antonieta dijo, ante las protestas populares: "Si no tienen pan, que coman tortas o pasteles".
DETENIDOS POR INTENTAR PASAR 72 KILOS DE COCAINA EN LA QUIACA
El Comercial Argentina (www.elcomercial.com.ar)
Tres personas fueron detenidas hoy tras ser acusadas de intentar ingresar al país 72 kilos de cocaína en el vehículo con el que cruzaron la frontera desde Bolivia, informaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las detenciones se produjeron en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que une la ciudad Argentina de La Quiaca, en Jujuy, con la ciudad boliviana de Villazón.
Los aprehendidos son tres personas de nacionalidad boliviana y se trasladaban en una camioneta Nissan con patente de ese país.
Fuentes de la AFIP informaron que la droga estaba cuidadosamente acondicionada dentro del vehículo, pero fue detectada por personal de Aduana que actuó en forma conjunta con la División Narcotráfico e Investigaciones Especializadas y con la colaboración de Gendarmería.
Tras notificar al Juzgado Federal, los gendarmes extrajeron los paquetes con la cocaína, valuada en unos 750.000 dólares. El vehículo, tasado alrededor de 72.500 dólares, fue secuestrado y los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal 2, de Jujuy.
SECUNDINO PÉREZ TRECEÑO, NUEVO COLABORADOR EN BOLIVIA DE ‘SEGOVIA, DESDE FUERA’
El Adelantado de España (www.eladelantado.com)
Secundino Pérez Treceño se incorpora esta semana a la amplia relación de colaboradores que este diario tiene repartidos por todo el mundo. Este profesor jubilado, que en la actualidad se encuentra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) trabajando como voluntario en el Plan 3000, nos dejará en nuestra sección de opinión sus impresiones sobre la tremenda pobreza que se ha encontrado en este país suramericano y abordará también sus recuerdos de Segovia, a la que se encuentra unido desde los 13 años.
Docente durante 35 años de Geografía, Historia y Lengua, Pérez Treceño ha mantenido siempre una estrecha colaboración con diferentes medios de comunicación, tanto de radio como prensa.
El Plan 3000 es una idea de la Fundación Hombres Nuevos creada por Nicolás Castellanos, premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
'LA DEMOCRACIA VA EN PROGRESO EN AMÉRICA LATINA': OEA
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com)
También estará presente en el el Foro de los 100 años de EL TIEMPO, que se realizará en la Cámara de Comercio de Bogotá. Él se referirá al caso de Honduras y a la Carta Democrática.
Si fuera por José Miguel Insulza, Honduras ya debería estar de regreso en la OEA, la Carta Democrática en proceso de reforma y en marcha un gran debate sobre la legalización de las drogas. El Secretario General, sin embargo, es consciente que son los países los que deben tomar la iniciativa pese a su evidente malestar por la ausencia de avances en algunos frentes.
Insulza recibió a este diario en Washington para hablar de estos temas y otros relacionados con el futuro de la región en estos próximos 100 años.
Cuál su visión sobre los próximos 100 años para América Latina, tema del Foro organizado por EL TIEMPO y al que usted asiste.
La democracia está en progreso, pero como en todas las etapas hay fallas. El Economist publicó un escalafón en el que divide a las democracias en cuatro categorías y en general se califica como democracias a la mayoría. El único que aparece como régimen autoritario es Cuba. Pero si se compara con toda la historia de América Latina, con hace 25 años o más, es un progreso inmenso. Antes, al menos 10 aparecerían como regímenes autoritarios. Peligros hay y de eso hablaré en el foro.
La pobreza y la desigualdad, la violencia y el crimen organizado, la debilidad de las instituciones y de la gobernabilidad democrática. Eso se va a definir en las próximas décadas, según se vaya enfrentando. Hay la tendencia a pensar, en algunas partes, que el hacerse del poder ejecutivo da derecho a hacerse de todos los demás. Es decir, el concepto de separación de poderes está condensado. Pero yo espero que las próximas décadas sean mejores.
La frase más de moda por estos días es que esta es la década de América Latina. ¿Está de acuerdo?
Es temprano para decirlo. Pero si estamos en una situación que no soñábamos con estar cinco años atrás, cuando se decían que no estábamos quedar atrás. Me alegro que se sea tan optimista, pero persisten los problemas.
¿Qué le dice el hecho que ciertos países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, no parecen estar montados en este mismo tren?
Depende del indicador que se tome. La década del 2000 es mejor que la del 90 y la del 90 mejor que la del ochenta. Pero no es lo que queremos. Un tercio de pobres son demasiados. Me pone el caso de Venezuela y eso depende. Ellos tuvieron un crecimiento impetuoso al comienzo de la década (pasada) pero ahora han tenido una caída por el precio del petróleo. Pero si hay un puñado de países, que si se están quedando atrás. Los demás, fácil algunos, otros a trastabillones, van a cumplir con las metas del milenio.
¿Cómo calificaría estos primeros meses del nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos?
Tengo una gran opinión del presidente Santos. Ha tenido un buen inicio en todos los planos, económicos, políticos. Las encuestas también lo indican. Espero que en este gobierno se den pasos grandes hacia la pacificación del país. Pero también tengo una alta valoración del gobierno del presidente Uribe. No me parece valido comparar. Generalmente hay la tendencia a encontrar todo lo malo al anterior y todo lo bueno al nuevo. Hay una sucesión de gobiernos que han llevado a Colombia por un buen camino.
¿Cree que bajo un gobierno de Juan Manuel Santos hay espacio para un proceso de paz con las Farc?
Eso es lo que espero. Creo que las Farc ya deberían haber tomado conciencia a estas alturas que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Y que el único camino como fuerza política es un camino político. Se sostienen por la ayuda del tráfico ilícito. Si son todavía una fuerza una fuerza política, deberían buscar una negociación, eso sí dejando previamente en libertad a todos los secuestrados.
La OEA lleva años apoyando el proceso de desmovilización de grupos paramilitares. ¿Cómo calificaría eso a la luz del surgimiento de las bandas criminales que los han sustituido y el aparente incremento de la violencia en el último año, particularmente en las ciudades?
Esas son bandas criminales como ocurre muchas veces cuando se desmovilizan cuerpo armados. Ha sucedido en otros países pero ya no deben ser tratados como insurrectos, no tienten tinte ni cobertura política y deben ser combatidas como se combate el crimen. Hay que estar dispuestos a buscar para ellos, para los menores, para los "soldados" de estas bandas, una salida pacífica. En cuanto al proceso de desmovilización, queda mucho por hacer en reinserción, en la reparación, en justicia y tenemos recursos para seguir con la misión por varios años más.
Usted condenó la aprobación de decretos que le dieron poderes especiales al presidente Chávez para gobernar sin el concurso de la Asamblea por los próximos 18 meses. A parte de eso ¿qué más piensa hacer?
Yo puse el tema. En nuestros países existen muchas diferencias sobre qué es democracia y como tratar estos temas. Yo creo que es bueno discutirlo. Eso no daña la unidad de los latinoamericanos. Yo solo planteo los temas, pero no puedo exigir a los países que traten un tema y es el Consejo el que los debe adoptar.
Pero lo que hizo Chávez, no encaja en el modelo de democracia que está en la Carta Democrática. Frente a eso no parece haber discusión.
Cuando hablo lo hago refiriéndome a los principios de la Carta y eso hice. Decir que se ha vulnerado un derecho. Usted ya conoce mi opinión sobre esto. Pero la decisión de discutir el tema, de mandar una misión, son cosas que son del Consejo. Yo no lo lleve al Consejo por qué hubo países que me dijeron que no era un buen momento. Algunos que preguntan por qué el Secretario no es más firme ahora consideraron que no era un buen momento. No voy a entrar en más detalles. Estos son temas que tienen que enfrentar los países.
La crítica más recurrente que se le hace a la OEA y a la Carta Democrática es que carece de dientes. ¿Hay que reformarla?
En el mundo, salvo el Consejo de Seguridad de la ONU y en temas de seguridad, no hay instituciones con dientes que permitan intervenir en los asuntos internos de otros países. Ni la Unión Europea, Ni Unasur, ni nadie. Solo llamar la atención, o enviar una misión. Yo he planteado la necesidad de definir algunas violaciones de la Carta que pudiera ser consideradas rupturas del orden institucional, además de los golpes de Estado.
Como el fraude electoral, o una violación masiva de los DD:HH:, o la disolución de un poder del Estado. Pero eso no fue tomado por el Consejo. No creo que en este año haya condiciones para reformar la Carta en estos aspectos. Puede que se den debates, y se mencionará en el foro de EL TIEMPO, pero es el Consejo el que tiene que abordar el tema.
Si me piden mi opinión la daré y es que, efectivamente, tendríamos que mejorar la Carta, sobre todos las medidas preventivas sobre ruptura de la democracia. Son los países los que tiene que adelantar estos debate. Siempre me pregunto por qué, cuando se presentan estos problemas, ninguno de los países toma el micrófono.
El debate sobre la legalización de las drogas se pasmó luego que fracasara el referendo de California para legalizar la marihuana. ¿Ud. cree que hay que revivirlo?
Sigo con mucha atención este tema y creo que hay que planteárselo en serio. Pero no me voy a pronunciar pues los países aún no dicen nada. Ninguno ha dicho quiero legalización, o la rechazo ante cualquier circunstancia. Creo que existe un argumento poderosísimo de que las políticas que se han seguido hasta ahora no avanzan.
Lo de México sigue grave. Esta semana salió un reporte que sostiene que en 2010 los asesinatos relacionados con el narcotráfico crecieron en un 60 por ciento. ¿Cuál es su lectura de la situación?
No es fácil, pero tengo esperanza que se de progreso. Lo que si creo es que hay que darles más ayuda. Hay que parar el flujo de armas a México que viene de norte a sur. Cada vez tienen armamento más sofisticado. Nosotros esperamos que su cumpla lo que el presidente Obama dijo cuando anunció la adhesión de EE. UU. al tratado sobre tráfico ilícito de armas convencionales. México lo puede lograr, pero necesita de la cooperación de sus vecinos, no solo material sino en las políticas.
Vamos para dos años del golpe en Honduras y nada que regresa al seno de la OEA. ¿En qué va ese proceso?
Está faltando que se solucione el problema del exilio forzoso del presidente que fue derrocado (Zelaya). Yo soy partidario del retorno de Honduras a la OEA porque creo que el presidente Lobo ha intentado cumplir de buena fe con todo lo que se comprometió a hacer y ese esfuerzo debe ser premiado. Pero hay países que no están dispuestos mientas no regrese Zelaya. Es la misma situación del mes pasado y el anterior.
Esperé el fin de año anhelante de la visita de Santa Claus para ver si traía esa noticia, pero no se dio. Para algunos países importantes de América Sur no es fácil aceptar que el único que está siendo procesado por el golpe es la víctima y no los ejecutores. Creo que es más fácil conseguir que no se siga procesando a la víctima que procesar a los ejecutores y creo que los hondureños deben tomar una decisión al respecto.
TRABAJO ESCLAVO: LA AFIP DETECTÓ OTROS 400 CASOS
Fueron encontrados en un olivar correspondiente a la empresa Alfredo Olmedo S.A., en un operativo que involucró a 20 inspectores. Vivían en dos predios en los que 360 trabajadores dormían en carpas de nylon, y los restantes en dos precarias habitaciones de un parque industrial.
El Argentina (www.elargentino.com)
La explotación denunciada -a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del organismo recaudador- se dedica a la cosecha de aceitunas, y se beneficia de las ayudas impositivas del Régimen de Promoción Agrícola.
Los inspectores encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Por un lado, 33 adultos y 3 menores vivían en un predio dentro del Parque Industrial, donde dormían en dos habitaciones y sobre cartones apoyados en el piso, compartiendo un solo inodoro.
Por otra parte, se encontró un “campamento” con 120 carpas de nailon, armadas con palos apoyadas sobre la tierra (sin piso), en las que vivían en grupos de tres.
Según relataron los agentes fiscales, en todo el asentamiento se registra un olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas, debido a la descomposición de los alimentos y por las improvisadas letrinas.
La explotación, que tiene una extensión aproximada de 800 hectáreas y un predio total de 950, cuenta actualmente con los beneficios de promoción agrícola transferidos a su favor mediante la Resolución 35/2007, emitida por el Gobierno de la provincia de La Rioja.
Cabe recordar que al obtener los beneficios de la Promoción Agrícola, la empresa se comprometió a hacer una inversión de dinero, a tener una importante cantidad de personas en relación de dependencia y a contratar de forma temporaria sólo por tres meses al año.
Según lo relevado por la AFIP a través de un comunicado, el último compromiso de la firma no se cumple dado que se registraron 140 trabajadores tercerizados (de los 360) y 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia.
En tanto, la AFIP también informó que suspendió este jueves a la agroexportadora Nidera del registro de operadores de granos por "diferencias significativas de impuestos en favor del fisco", compañía que además ya había sido denunciada por casos de trabajo esclavo.
La anterior afirmación se desprende de la confesión del senador paraguayo Alfredo Jaeggli, uno de los principales promotores de la connivencia que montó la extrema derecha paraguaya y boliviana para proteger a Cossío, desde meses antes de que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendiera al gobernador de marras para que enfrente, como un ciudadano más, las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
“Usted sabe que hay un código entre los políticos de las mismas ideas. Mario nos ayudó mucho para nuestras elecciones, para que nosotros ganemos acá en Paraguay”, dijo el senador liberal Jaeggli al periodista Rafael Sagárnaga, director de Día D.
“Nos ayudó con camisetas, con lapiceras, financiando algunas cuestiones…, es normal, entre los políticos nos ayudamos ¿verdad? (...) Y Mario fue uno de los que nos ayudó. Nos ayudó gracias a un señor que es Marcio Schussmüller, que era muy amigo suyo. Es un industrial metalúrgico que era muy amigo de (presidente) Lugo, muy amigo de Lugo”, afirmó el político.
No obstante, durante el diálogo con el periodista Sagárnaga, Jaeggli también reveló que cuando la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija se aprestaba a aplicar el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibañez’ para suspender temporalmente a Cossío, acusado por el Ministerio Público de presuntos hechos de corrupción; el vicepresidente paraguayo Federico Franco y el empresario Marcio Schussmüller le consultaron si él “podía ir a sacarlo de Bolivia. Entonces yo pensé tomar mi avión, entrar a Bolivia, rescatarlo a Mario. (…) La idea era irme de contrabando, recogerlo y traerlo acá para su refugio. Pero no necesitamos eso porque él vino en un auto. Cruzó la frontera en un auto”.
Según Sagárnaga, Jaeggli es el expresivo del círculo de poderosos amigos que Cossío tiene en Paraguay. Dentro de las clásicas definiciones de política, encarna a cabalidad al ultraderechista desfachatado. Parece un personaje salido de aquellos filmes que reconstruyen las historias de los años 30 en Estados Unidos, tal vez alguno de Coppola. No sólo por los habanos, trajes, motocicletas y autos deportivos con los que gusta posar, sino por las ideas que postula. Es que este senador liberal propugna, por ejemplo, el derecho de cada ciudadano paraguayo a portar un arma de fuego, ha planteado, en un libro de su autoría, la dolarización de la moneda y es un fervoroso defensor del uso discrecional de transgénicos en la agricultura.¿Algo más impactante? Sí. Jaeggli es autor de proyectos como la exoneración de impuestos a la importación privada de aviones. Defiende otro para que sean levantados todos los niños que mendigan y trabajan en las calles, “porque son un peligro para la seguridad pública y el buen estado de nuestros coches”.Obviamente, Jaeggli conjura contra los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), en especial al de Hugo Chávez y a la ‘dictadura’ de Evo Morales. Jaeggli hace gala, además, de ser generoso colaborador de la disidencia cubana opuesta al régimen de Fidel y Raúl Castro. Vale sumar el hecho de que apenas iniciado el Gobierno de Fernando Lugo, el polémico senador liberal le auguró que duraría “escasos seis meses”. Esta es la clase de políticos y empresarios —como el propietario del diario ABC Color, Aldo Zucolillo Moscarda, conocido en su país como “Acero”, y que juega en las ligas mayores de los multimillonarios paraguayos reservadas para fortunas que bordean o superan los mil millones de dólares— quienes planificaron y ejecutaron la huida de Cossío a un país, paradógicamente con altos niveles de extrema pobreza.
Este grupo de poderosos políticos y empresarios, desde antes de que Cossío pise territorio paraguayo, ya habían decidido que el Conare le otorgue el estatus de refugiado político. Y tras que el Conare acató esa orden y cuando la prensa le preguntó al ‘ilustre’ refugiado ¿por qué eligió Paraguay y no otro país?, Cossío respondió: “Estoy vinculado desde hace muchos años, he trabajado con sus líderes, he conocido su profundo sentido democrático y en lo político su pluralismo”. No obstante, cuando las preguntas apuntaron a las acusaciones de corrupción que enfrenta en Bolivia, “tomó nerviosamente el brazo de su asesor Rubén Ardaya y buscó la salida”, relató Rafael Sagárnaga.
Además, según el testimonio de Aida Robles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y que renunció al Conare —no estaba de acuerdo en considerar a Cossío como perseguido político—, horas antes de la reunión que decidiría darle refugio, esa instancia no sólo que nunca analizó las denuncias de corrupción en contra del suspendido gobernador, sino que obedeció “la orden era aceptar el refugio; esto estaba cantado, ya estaba resuelto”.
En ese contexto, lo que corresponde es que la justicia boliviana —más allá del refugio que sus amigos paraguayos le otorgaron a Cossío— aplique la ley, dicte sentencia y establezca qué suma, de los 49 millones de dólares que el gobernador de marras estafó, fue desviada para financiar la campaña electoral de la ultraderecha paraguaya, lo que le permitió comprar el estatus de refugiado político para no rendir cuentas sobre los millones que robó al pueblo tarijeño.
LITIO DESDE BOLIVIA AL PUERTO DE VIGO PARA FABRICAR TODOS LOS COMPONENTES DE LAS BATERÍAS
La Voz de Galicia de España (www.lavozdegalicia.es)
El consorcio Mitsubishi-GS Yuasa tiene trazado desde hace meses el proyecto industrial para la producción de baterías de litio en la Plataforma Logística de Salvaterra.
Según el borrador, la planta entraría en funcionamiento en una primera fase, en la que los componentes necesarios (incluido el litio semielaborado) para la fabricación de las baterías llegarían procedentes de las plantas japonesas del consorcio (Lithium Energy Japan) que ya están operativas. De este modo, en la factoría gallega solo se realizaría el proceso de montaje y ensamblaje.
En una segunda fase (al cabo de un año) la fábrica de Salvaterra asumiría el proceso integral de producción de las baterías y de todos sus componentes, incluidas las células de litio, con la materia prima que llegaría al puerto de Vigo procedente de Bolivia.
Para todo este proceso, que requiere mano de obra intensiva, la alianza japonesa ha diseñado unas necesidades de plantilla de 4.000 trabajadores, de los que 2.200 operarios comenzarían su actividad ya en la primera fase productiva
EVO MORALES Y EL REINADO DEL TERRORISMO JURIDICO (11)
REARME DE BOLIVIA OBLIGA A PARAGUAY A COMPRAR ARMAS
El rearme de Bolivia obligó a países de la región a adquirir armamento. Paraguay se ve arrastrado a invertir dinero en la modernización de sus fuerzas armadas. El gobierno “popular” de Evo Morales consolida su hegemonía militar en la frontera chaqueña, mientras sus voceros afirman que las denuncias son obra de la derecha paraguaya.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El lunes 31 de enero, a las 19:30, aproximadamente, uno de los bloques del noticiero de Televisión Boliviana incluyó imágenes de una formación militar; de fondo, soldados entonando una canción guerrera.
Uno de los estribillos, cantado a voz de cuello, expresaba: “Vamos a recuperar el Chaco, expulsando a nuestros enemigos, que saldrán del suelo sagrado”.
¿Recuperar el Chaco? El tratado definitivo de paz se firmó el 21 de julio de 1938, luego de una guerra de tres años, con un saldo de 50 mil muertos y dos países destruidos por el peso de la contienda.
Paraguay y Bolivia no tienen ningún tema pendiente en materia limítrofe, la línea de hitos fue plenamente ratificada.Se puede decir que es una simple fanfarronada para levantar la moral de la tropa, utilizando canciones patrióticas. Pero esos soldados, al retornar a la vida civil, quedarán con las estrofas de “vamos a recuperar el Chaco”, con la convicción de que Paraguay es un enemigo.
Rearme boliviano
El gobierno de Evo Morales inició un fuerte proceso de rearme de sus fuerzas armadas.
En los últimos cinco años, el presupuesto militar tuvo un incremento del 64 por ciento.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el año 2011 representa el 26 por ciento del total de gastos de Bolivia.
Ningún otro ministerio tendrá a su disposición un porcentaje similar; al contrario, el Ministerio de Educación apenas llevará el tres por ciento del total.
A lo largo de 2010, el presupuesto militar fue ejecutado en un 92 por ciento, lo que permitió aumentar el número de efectivos hasta alcanzar la cifra actual de 70 mil soldados.
El Comando Militar del Plata, con sede en el departamento de Santa Cruz, es el más poderoso de Bolivia y está integramente desplegado en la frontera con Paraguay.
En junio próximo Bolivia está recibiendo los primeros jets de combate K-8, adquiridos de China Popular, junto con fusiles de asalto y helicópteros.
Voceros del gobierno de Evo Morales insisten en que “sectores reaccionarios y la prensa derechista de Paraguay” son responsables de las informaciones que hablan del rearme boliviano.
No dudan en acusar a ABC Color de liderar un plan de desprestigio de la revolución liderada por Evo Morales.Gobierno “popular”
El Ministerio de Hacienda de Bolivia tiene previsto invertir el ocho por ciento de su presupuesto del 2011 en salud y deportes, mientras que el Ministerio de Obras Públicas será beneficiado con el 13 por ciento.
El Ministerio de Gobierno (Interior) tendrá el 24 por ciento y el Ministerio de Defensa el 26 por ciento, lo que incluirá la compra de armamento diverso.
El presupuesto militar para el año 2011 es de 288 millones de dólares.
Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo se ufanan de llevar adelante un gobierno popular. Veamos cifras del Ministerio de Hacienda, en materia de inversiones previstas hasta el año 2015: salud, 0.2 por ciento del total del PIB; desarrollo rural, 0.8 por ciento; educación, 0.9; erradicación de la pobreza, 0.8 por ciento.
Bolivia arrastra a Paraguay en la compra de armas y al final un dinero fundamental para salir de la pobreza se debe emplear en consolidar el aparato militar.
Si fuera “popular” su gobierno, las inversiones de Bolivia no serían armas.
CUESTIONA LAS INFORMACIONES DE NUESTRO DIARIO SOBRE FF.AA. DEL PAIS VECINO
AGENCIA OFICIAL DE NOTICIAS DE BOLIVIA INTENTA DEMERITAR REFUGIO A COSSÍO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/nota)
La Agencia Boliviana de Información (ABI), agenda informativa estatal del gobierno de Evo Morales, dio un amplio destaque el pasado miércoles a una publicación de la revista El día D de Tarija en un intento de demeritar el refugio que otorgó nuestro país a Mario Cossío, destituido gobernador de Tarija (Bolivia).
El informe titulado “Senador paraguayo revela razones políticas de concesión de refugio a Cossío en Paraguay” se basa en una entrevista que hizo el periodista Rafael Sagárnaga al senador liberal Alfredo Luis Jaeggli, en la que este reconoce que políticos de nuestro país, como el industrial Marcio Schussmuller, son muy amigos de Cossío.
En la entrevista Jaeggli informa también que en algún momento se pensó en sacar a Cossío de Bolivia por vía aérea. Además brinda detalles de las conversaciones que se mantuvieron en el ámbito político días previos a que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) otorgue el pedido de refugio al gobernador destituido. Critican a nuestro diario
En informe también cuestiona a nuestro diario por haber dado cabida al caso Cossío.
“Aldo Zuccolillo, dueño del periódico ABC Color, y varios otros medios de comunicación en Paraguay, y que se constituyó en uno de los principales protectores que influyó en la Conare, abonó el terreno en la opinión pública de su país con una serie de artículos, editoriales y notas en que se denunció una presunta campaña de Bolivia para atacar militarmente a Paraguay”, señala el artículo.
También se critica que nuestro diario haya informado sobre la creciente militarización de las fronteras del Chaco con Bolivia. “Entre editoriales, notas y reportajes, al menos 33 planas aluden al presunto y amenazante armamentismo boliviano. El director de ABC Color parece llegar al delirio guerrerista a principios de este año, a propósito del ‘gasolinazo masista” señala.
La AFIP detecto trabajadores en “condiciones infrahumanas” en predios del diputado sojero
UNA DE OLMEDO QUE NO ES GRACIOSA
La inspección realizada ayer en olivares del salteño Alfredo Olmedo, en La Rioja, encontró 400 trabajadores alojados en forma precaria, con letrinas improvisadas y falta de higiene. El diputado dijo que se trata de “una persecución política”.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
La AFIP realizó un operativo en la provincia de La Rioja, donde detectó cerca de 400 trabajadores en “condiciones infrahumanas”, en dos predios propiedad de la empresa del diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo. A pesar de gozar de un régimen de promoción agrícola, en el olivar que administra el actual precandidato por la gobernación de Salta había extranjeros indocumentados, personal tercerizado viviendo en carpas, improvisadas letrinas y malos olores producto de la falta de higiene, según los inspectores. Olmedo se defendió de la acusación y aseguró que es “una campaña para desprestigiar a una familia”, y lo vinculó con su lanzamiento por la gobernación salteña. Además aclaró que la Subsecretaría de Empleo riojana lo autorizó a hacer un campamento “tipo boy scout”.
Según el informe de la AFIP, los trabajadores de AHO SA vivían en dos predios: 360 dormían en carpas de nylon y los restantes, en dos “precarias habitaciones” de un parque industrial. La explotación, con una extensión de 800 hectáreas y un predio total de 950, se dedica a la cosecha de aceitunas, estaba bajo el Régimen de Promoción Agrícola y es administrada en forma directa por el diputado Olmedo. Alrededor de 20 inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, junto a la Policía Federal, fueron parte del operativo realizado ayer. En los campos encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Allí vivían 33 adultos y tres menores en dos habitaciones “sobre cartones apoyados en el piso”. De la inspección visual se desprendió que “esas personas compartían un solo inodoro y guardaban sus bebidas y alimentos sin ningún tipo de refrigeración”.
Por otra parte, había un “campamento” con 120 carpas de nylon, armadas con palos y apoyadas sobre la tierra, que eran habitadas por tres peones cada una. Según relataron los agentes, en el asentamiento había “olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas”, a causa de la descomposición de los alimentos de-sechados y de la cercanía con doce “improvisadas” letrinas.
Para ser beneficiario del régimen de promoción, AHO SA se comprometió a hacer inversiones y a tener a la mayor cantidad de gente en relación de dependencia. Solo podría contratar personal en forma temporaria por el lapso de tres meses al año. Aun así, según la AFIP, se registraron en el campo de Olmedo 140 trabajadores tercerizados y otros 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia, que declararon que la empresa estaba en tratativas de regularizar su situación.
“Hay una persecución política”, denunció Olmedo en diálogo con Página/12. Aseguró que las actas oficiales del operativo no registraron ninguno de los delitos comunicados por la AFIP. “La inspección no encontró nada irregular, ni de trabajo ilegal. La gente que dicen que es de Bolivia no estaba trabajando porque estaban esperando el certificado de buena conducta y de residencia”, indicó el diputado sojero, que defendió el hecho de tener personal tercerizado para determinadas tareas. En ese sentido, se despegó de las “condiciones infrahumanas” denunciadas y explicó que “las fotos que se ven de los baños no son del campo”, sino “de locales que hay en el centro de La Rioja”. “El campamento está autorizado por la Subsecretaría de Empleo de La Rioja. Tienen televisión color, cancha de fútbol, de voley y sapo”, indicó Olmedo. “Si hay alguien que querellar no es a mí, sino a la provincia de La Rioja que autoriza a que vos hagas un campamento ‘tipo boy scout’”, aclaró el empresario.
De acuerdo con lo que confirmó la encargada del operativo, Laura Bologna, las actas dejaron constancia de los pasos que tuvo el procedimiento y los videos y las fotografías del lugar permitieron hacer una evaluación de las condiciones reales en las que se encontraban los trabajadores. El director general de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, indicó a Página/12 que tras “constatar si el personal estaba registrado o no, se puso en conocimiento de la situación al juez”, y anticipó que este caso también formará parte de la querella que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsará para que se investigue si se trata de otro caso de trabajo esclavo.
Bolivia
¿ALIANZAS ENTRE AGROINDUSTRIA Y GOBIERNO?
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
La crisis alimentaria el 2011 podría ser peor que la soportada el 2008, advierten agencias de Naciones Unidas y señalan que los precios de los principales productos alimenticios relacionados al comercio internacional ya se han elevado en un 3,4% según la FAO. Simultáneamente a causa de campañas agrícolas y cosechas menos exitosas por condiciones climáticas desfavorables y una mayor demanda de países cuyo crecimiento económico ha permitido aumentar su consumo, las reservas o stocks almacenados de diversos productos alimenticios como soya, azúcar están relativamente bajos y continúan disminuyendo. Por otra parte la producción agrícola no alimenticia como el algodón para textiles y la de agro-combustibles compite por tierras agrícolas y otros insumos con los cultivos alimenticios lo que pone una presión adicional sobre la situación de la producción agrícola mundial. De hecho algunos de los conflictos y protestas en Medio Oriente y Norte de África (Jordania y Argelia) e incluso el derrocamiento del presidente tunecino guardan relación con el descontento de la población respecto a la disponibilidad de alimentos [1]. Las proyecciones para el 2011 preocupantemente no parecen cambiar el panorama y también nos hablan de precios internacionales que continuarían elevándose de manera parecida, pese a que aún no se conocen con certeza los resultados de la producción agrícola para el 2011.
Ante este panorama no podemos negar el discreto optimismo que sentimos cuando vemos a los representantes de gobierno y la agroindustria cruceña realizar acercamientos e incluso conversar sobre alianzas estratégicas en temas tan fundamentales como la seguridad alimentaria para la población boliviana teniendo en cuenta las distancias mantenidas en años pasados. Pero este tímido optimismo no nos impide ver con preocupación algunas señales que empiezan a emerger respecto a los elementos y tendencias que se incluyen en las alianzas que toman forma en estas últimas semanas.
Cuando recordamos rápidamente algo de la historia entendemos que la agroindustria cruceña ha sido directa e indirectamente uno de los sectores beneficiados con mayores inversiones estatales desde el 53 durante la llamada “marcha al oriente” debido a la necesidad desde ese entonces de diversificar la base minera de la economía estatal, y con especial énfasis en las políticas de gobierno a favor del desarrollo de la agroindustria durante el periodo 70-90. Estas políticas que fueron sostenidas pese a los incesantes cambios de gobierno durante la época, pueden ser consideradas como una de las pocas políticas de Estado conducidas en el pasado siglo. Tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras contribuyeron primero para los procesos de colonización sucesiva de las tierras bajas como para la construcción de infraestructura (caminos, puentes, canalizaciones, etc), el sustento y respaldo de políticas financieras, la otorgación de perdonazos a créditos contratados y favores políticos para acceder a las mejores tierras agrícolas y ganaderas disponibles en el país. Esto ha contribuido a crear uno de los sectores productivos más exitosos de la economía nacional no tradicional que el año 2004 contribuía con el 25% del valor de las exportaciones [2] y la acumulación de grandes ganancias durante las pasadas décadas de condiciones y precios favorables.
En la actualidad Bolivia tiene un sector agroindustrial relativamente competitivo que no debería requerir de más subvenciones ni apoyos estatales directos, sin embargo escuchamos preocupantemente que entre los temas de negociación entre el Estado y empresariado cruceño se incluyen el respaldo financiero y excepciones a normativas para el uso de suelos y el cumplimiento de la función económica social (FES), que en la práctica pueden significar la legitimación de tierras improductivas, la erogación de financiamiento público tan requerido por sectores menos atendidos pero igualmente estratégicos, aumentos en la tasa de deforestación y degradación de suelos y la mecanización y uso de biotecnología para aumentar la productividad (claramente pensando en los transgénicos). Recordemos que sólo en el departamento de Santa Cruz existen cientos de miles de hectáreas de tierras desertificadas como producto de las acciones de la agroindustria en el pasado y es de esperarse que la expansión de la frontera agrícola anunciada en últimas semanas en suelos de vocación forestal y no agrícola ocasione los mismos daños.
Esto naturalmente no quiere decir que el Estado no pueda hacer nada por la producción agroindustrial para que esta re-establezca parte de su inversión en este sector, porque según algunos datos proporcionados por representantes de la FAO en Bolivia, en la actualidad se ha registrado una mayor inversión en el rubro de la construcción y otros rubros no agropecuarios. Existen acá una serie de medidas que deben ser parte de este tipo de acuerdos y que deben ser discutidas y analizadas detenidamente por las autoridades y los agroindustriales, considerando la importancia de las exportaciones pero también teniendo en cuenta que esta inversión privada debería aportar al abastecimiento interno del país de productos agroindustriales claves para la seguridad alimentaria como el maíz y el azúcar. Por otro lado, el mantener o no la subvención de carburantes para este sector debe ser parte de estas negociaciones.
La historia de la agroindustria no ha sido una historia de rosas por supuesto y ha tenido altos costos sociales, ecológicos y económicos que han subvencionado una problemática concentración de riqueza que además ocurrió parcialmente a costa de la generación de deuda externa y principalmente del abandono de la producción campesina indígena por parte del Estado. La tesis de entonces era sencilla: “la producción indígena campesina es inviable[3]”, pero además no eran considerados productores sino “etiquetados” como pobres; por tanto el Estado ha apostado por las formas de producción agroindustriales que sí eran viables según los criterios de la época.
Si bien el gobierno del presidente Evo Morales mostró desde un inicio claramente la voluntad de revertir estas políticas y dirigir el apoyo estatal hacia la producción pequeña y mediana campesina indígena a través de iniciativas posiblemente con mayor o menor acierto como el programa de mecanización, la otorgación de créditos mediante el BDP y el apoyo productivo de EMAPA; en la práctica debemos reconocer el escaso avance y éxito de estas. EMAPA por ejemplo, ha llegado a apoyar la producción en unas 240 mil hectáreas entre los años 2007-2010 beneficiando a unos 16 mil productores, sin embargo esto representa un apoyo de aproximadamente sólo el 5% de la superficie cultivable en manos de la producción indígena campesina y aún si supusiéramos que en todos los casos hubiera tenido buenos resultados, esto es descomunalmente insuficiente en un gobierno que se supone apuesta estratégicamente a la seguridad y soberanía alimentaria y la producción campesina indígena. Debemos aclarar además que esta suposición contrastaría con los reclamos y quejas sobre los precios pagados por acopiadores de EMAPA, la falta de puntualidad en la entrega de insumos a los productores en ciertas regiones del país y otras ineficiencias de esta empresa pública. Por otra parte, en algunos, por no decir muchos casos los productores se han visto imposibilitados de honrar los créditos contraídos por el fracaso de su producción, demostrando la ausencia de un acompañamiento técnico y malas condiciones con que todavía se realizan los créditos. En resumen vemos una política nacional de apoyo a la producción campesina indígena que es claramente insuficiente y ha demostrado escasos resultados como además lo refleja el desabastecimiento de productos como el azúcar, maíz, arroz y trigo en los últimos años que si bien se desarrolla en un contexto internacional de crisis alimenticia advertida desde años atrás, tiene como trasfondo políticas nacionales que no han sido capaces de encontrar soluciones ni respuestas a estos problemas. Bolivia de hecho puede ser considerado como un país con un potencial agropecuario aún no aprovechado y que podría hacer grandes aportes a la seguridad alimentaria regional, evidentemente con políticas productivas adecuadas.
Ante este panorama las señales que recibimos del gobierno nacional respecto a las inversiones públicas en sectores tradicionales (minería, hidrocarburos) y las actuales conversaciones con la CAINCO, CAO, ANAPO y federaciones de ganaderos, parecen indicar un re-direccionamiento de las prioridades nacionales y ¿posiblemente indicarán una aceptación implícita del postulado de tiempos liberales sobre la inviabilidad de la economía campesina indígena?, ¿al menos en el corto-mediano plazo?. Y también podríamos preguntarnos si esto significa una capitulación de las políticas nacionales a las presiones externas y la dominancia de una línea pragmática en el gobierno del presidente Evo Morales. En otras palabras ¿sería posible que el gobierno haya llegado a la conclusión de que la producción campesina indígena no es estratégica y vuelque ahora su mirada a la agroindustria en un intento desesperado de evitar mayores problemas con el desabastecimiento interno ante una crisis alimentaria que expertos anuncian desde hace varios años?.
Pese a este sistemático abandono histórico, la producción agropecuaria indígena campesina, que es medio de vida de varias familias, sigue haciendo fundamentales aportes a la seguridad alimentaria aunque en los últimos años éste se habría reducido. Pero pese a ello, se debe recuperar y aumentar este aporte que históricamente habría sido fundamental, avanzando en subsanar la inaceptable deuda social y económica del Estado con la población del área rural, como para lograr avances en la tan golpeada seguridad y soberanía alimentaria.
Es imprescindible entender las dinámicas propias con que funciona este heterogéneo sector productivo para saber dónde y de qué manera dirigir los esfuerzos. Algunas de estas pautas están ya identificadas en la propuesta para una Ley de la Década Productiva elaborada por la CSUTCB y que bajo la actual coyuntura constituye una excelente oportunidad de avanzar en el diseño participativo de políticas productivas.
Pero debemos además como país aprovechar esta oportunidad para lograr progresos en la construcción de una matriz agropecuaria sólida, respetuosa con el medioambiente y la población quien la desarrolla, incluyendo políticas y acciones de soporte estatal masivo al menos en los siguiente cinco rubros productivos estratégicos para Bolivia según sus potenciales agropecuarios y características socioambientales: a) El fortalecimiento de una nueva forma de ganadería para tierras bajas con la incorporación de técnicas de manejo de pasturas, bosques y fuentes de agua para ganado; b) Apoyo a la ganadería altoandina a través de la mejora de la calidad del hato, recuperación, conservación de pasturas nativas y bofedáles, dotación de establos tecnificados y atención de sanidad animal; c) Soporte a la agricultura sostenible y la producción diversificada con la expansión de la capacidad de captación, almacenamiento, manejo de cuencas y riego incluyendo la implementación de tecnologías de goteo y aspersión además de recuperar y promover técnicas de manejo de fertilidad de suelos, áreas donde ya existen experiencias exitosas ajustadas a las diferentes condiciones del territorio nacional; d) La implementación de sistemas agroforestales para el Trópico y la Amazonía que permitan la recuperación de tierras degradadas, frenar los procesos de deforestación y hacer frente a los efectos de las inundaciones y sequías crecientemente perjudiciales por el proceso de cambios climáticos, al mismo tiempo que se promueve la producción tanto de cultivos anuales como multianuales no tradicionales con potenciales no aporvechados hasta ahora y finalmente e) Es de gran importancia la formulación de normativas e implementación de programas que apoyen y promuevan la Gestión Territorial Integral para garantizar el aprovechamiento equilibrado del conjunto de recursos contenidos en el país, madera, caza, pesca, energías renovables, turismo, recolección etc, aprovechando y recuperando los conocimientos y estrategias campesinas indígenas originarias de incalculable valor para Bolivia y el mundo, sin olvidar el acceso a la tenencia de la tierra para las personas que no tienen o la tienen de manera insuficiente.
Estamos en un momento en que el análisis crítico de dirigentes de las principales organizaciones sociales que respaldan el “proceso de cambio” en el país acertadamente han identificando problemas estructurales en la toma de decisiones y la insuficiencia de políticas nacionales que resuelvan los obstáculos del aparato productivo y la economía nacional. En esta coyuntura es importante que las autoridades nacionales interpreten esto como una oportunidad inmejorable para avanzar en la construcción participativa de las leyes del nuevo estado plurinacional y se corrijan algunas tendencias percibidas en funcionarios públicos de desautorizar y deslegitimar demandas, aportes y propuestas de sectores campesinos indígenas originarios y fabriles.
Finalmente de lo que se trata no es satanizar las alianzas entre el Estado y la agroindustria como apresuradamente algunas opiniones sugieren en los medios, y es importante entender que estas alianzas no sólo son deseables si no que son imprescindibles en la construcción de un nuevo país inclusivo, que entiende su propio bien y sabe aprovechar todas las capacidades y potencialidades. No obstante esto es igualmente importante que estas alianzas no impliquen el continuar priorizando a un sector ampliamente atendido históricamente y que cuenta con capacidad de reproducir y mejorar con recursos propios sus medios de producción, y canalizar principalmente estos apoyos, tanto técnicos como financieros a la agricultura campesina indígena, especialmente dada la desatención y los enormes desafíos que enfrentan estos pequeños productores en el Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía a causa de los cambios climáticos, el uso de prácticas inadecuadas y la migración rural-urbana. Además debemos ser coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo que anuncia desde hace cinco años la transformación de la estructura agraria, dinamización productiva de las comunidades campesinas y territorios indígenas y afianzamiento de los derechos indígenas para la soberanía alimentaria.
Necesitamos entonces encontrar un equilibrio y esclarecer las prioridades para evitar el riesgo de que algunas políticas pierdan horizonte en un panorama político que compresiblemente se torna más complejo cuando nos enfrentamos con una realidad nacional y global más compleja.
En este sentido también debemos continuar enfatizando la importancia de la generación de conocimiento sobre el sector productivo a través de la realización del 2do Censo Nacional Agropecuario y la institucionalización del mismo en forma similar al Censo de Población y Vivienda que se realiza cada diez años.
También es fundamental tomar medidas urgentes para garantizar el involucramiento de universidades públicas y privadas y centros de investigación en el desarrollo articulado y planificado de conocimiento práctico sobre tecnologías alternativas agroecológicas, conservación de suelos, recuperación e implementación de tecnologías ancestrales adecuadas y ajustadas para cada una de las condiciones agroecológicas de nuestro país.
POLICÍA FISCAL INCAUTA MÁS DE MIL 200 PARES VALUADOS EN S/. 90 MIL
LLEVABAN ZAPATILLAS A BOLIVIA
Correo de Perú (www.correoperu.pe/correo)
Ahora el contrabando entra de Perú a Bolivia. Un cargamento de más de mil 200 pares de zapatillas de reconocidas marcas internacionales, fueron decomisadas la madrugada de ayer por el personal de la Policía Fiscal de Puno.
El operativo desarrollado al frontis de la Garita de Huáscar, ingreso a la ciudad de Puno, permitió a los uniformados hallar la ilegal mercadería en las bodegas de los buses de las empresas Julsa, Flores Hermanos, San Juan y Señor de Los Milagros.
Según se conoció y de acuerdo a la constatación fiscal, la mercancía que provenía de la ciudad de Arequipa, está valorizada en unos 90 mil soles, la misma que tenía como destino final la ciudad boliviana de La Paz. La mercadería que fue presentada en conferencia de prensa por el general de la XII Dirtepol, Tomás Guibert, en el Complejo de Esparcimiento de la Policía Nacional (Cenespar), será internada en los almacenes de Aduanas.
BOLIVIA: LAS PROTESTAS POR ESCASEZ DE ALIMENTOS HACEN HUIR A EVO MORALES
Impulso Baires de Argentina (www.impulsobaires.com.ar)
Las protestas por la escasez de alimentos y las subidas de precios frustraron un acto del presidente de Bolivia, Evo Morales, en la ciudad andina de Oruro, y lo llevaron a volver a La Paz, mientras que en la oriental Santa Cruz los manifestantes bloquearon el paso al mayor aeropuerto del país.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que el mandatario decidió no ir al desfile de conmemoración de los 230 años de la revolución de Oruro, donde estaba desde el martes, porque hubo una manifestación violenta de la Central Obrera Boliviana que incluyó detonaciones de dinamita.
“El Gobierno ha tomado la decisión de no responder a este tipo de provocaciones tan vergonzosas, tan penosas”, dijo Canelas.
Los manifestantes protestaban contra los aumentos de los precios del transporte y los alimentos y contra la escasez de algunos víveres, particularmente el azúcar, que el Gobierno ha comenzado a importar desde Colombia para tratar de frenar la crisis alimentaria y la oleada de protestas.
Las protestas en Oruro, capital de unos 200.000 habitantes del departamento natal de Morales, fueron alentadas, según Canelas, por dirigentes sindicales que causaron “temor, miedo, violencia” con explosiones de dinamita.
Entre tanto, comerciantes minoristas realizaron otra manifestación en la ciudad de Cochabamba (centro) y en La Paz bloquearon con camiones el acceso a la zona comercial y cerraron tiendas, pero suspendieron las marchas callejeras que tenían programadas por las lluvias en la ciudad.
En la ciudad oriental de Santa Cruz, la más rica del país, de millón y medio de habitantes, los manifestantes bloquearon desde la madrugada el paso hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Los comerciantes minoristas exigen el cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por considerar que esa firma estatal es ineficaz, perjudica al comercio y practica el fraude tributario.
En medio de las protestas y la crisis alimentaria, causó revuelo una denuncia de la red de televisión ATB y otros medios sobre una exministra de Morales, Antonia Rodríguez, que usaba sus casas para vender azúcar acaparada en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.
Rodríguez, relevada en enero pasado del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su mando a Emapa -las dos entidades señaladas como culpables de la crisis-, negó las acusaciones de especulación, pero los medios insisten en sus denuncias.
MORALES NO PUDO LLEGAR A ORURO POR LAS PROTESTAS SOCIALES
El mandatario boliviano suspendió un acto debido a los reclamos por la escasez de alimentos y los aumentos de precios. En Santa Cruz, bloquearon los accesos al mayor aeropuerto del país.
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)
El portavoz presidencial, Iván Canelas, dijo que el presidente decidió no ir al desfile de conmemoración de los 230 años de la revolución de Oruro, donde estaba desde el martes, porque hubo una manifestación violenta de la Central Obrera Boliviana que incluyó detonaciones de dinamita.
"El Gobierno ha tomado la decisión de no responder a este tipo de provocaciones tan vergonzosas, tan penosas", indicó el vocero.
Los manifestantes protestaban contra los aumentos de los precios del transporte y los alimentos y contra la escasez de algunos víveres, particularmente el azúcar, que el gobierno ha comenzado a importar desde Colombia para tratar de frenar la crisis alimentaria y la oleada de protestas.
En tanto, comerciantes minoristas realizaron una protesta en la ciudad de Cochabamba y en La Paz bloquearon con camiones el acceso a la zona comercial. Algunos locales permanecieron cerrados pero se suspendieron las marchas callejeras debido a las lluvias.
En Santa Cruz, la ciudad más rica del país, los manifestantes bloquearon desde la madrugada el paso hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Los comerciantes exigen el cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por considerar que esa firma estatal es ineficaz, perjudica al comercio y practica el fraude tributario.
En medio de las protestas y la crisis alimentaria, causó revuelo una denuncia de la red de televisión ATB y otros medios sobre una ex ministra de Morales, Antonia Rodríguez, que usaba sus casas para vender azúcar acaparada en la ciudad de El Alto.
Ante la falta de alimentos en las ciudades, Morales ha pedido en varios discursos sustituir, por ejemplo, el consumo de azúcar por la miel, o que la población tenga colmenas, lo que le ha valido duras críticas de la oposición y algunos medios.
El ex senador oficialista Filemón Escobar advirtió que la "cabeza" del mandatario podría acabar en la "guillotina", como en su momento ocurrió con los reyes de Francia cuando María Antonieta dijo, ante las protestas populares: "Si no tienen pan, que coman tortas o pasteles".
DETENIDOS POR INTENTAR PASAR 72 KILOS DE COCAINA EN LA QUIACA
El Comercial Argentina (www.elcomercial.com.ar)
Tres personas fueron detenidas hoy tras ser acusadas de intentar ingresar al país 72 kilos de cocaína en el vehículo con el que cruzaron la frontera desde Bolivia, informaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las detenciones se produjeron en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que une la ciudad Argentina de La Quiaca, en Jujuy, con la ciudad boliviana de Villazón.
Los aprehendidos son tres personas de nacionalidad boliviana y se trasladaban en una camioneta Nissan con patente de ese país.
Fuentes de la AFIP informaron que la droga estaba cuidadosamente acondicionada dentro del vehículo, pero fue detectada por personal de Aduana que actuó en forma conjunta con la División Narcotráfico e Investigaciones Especializadas y con la colaboración de Gendarmería.
Tras notificar al Juzgado Federal, los gendarmes extrajeron los paquetes con la cocaína, valuada en unos 750.000 dólares. El vehículo, tasado alrededor de 72.500 dólares, fue secuestrado y los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal 2, de Jujuy.
SECUNDINO PÉREZ TRECEÑO, NUEVO COLABORADOR EN BOLIVIA DE ‘SEGOVIA, DESDE FUERA’
El Adelantado de España (www.eladelantado.com)
Secundino Pérez Treceño se incorpora esta semana a la amplia relación de colaboradores que este diario tiene repartidos por todo el mundo. Este profesor jubilado, que en la actualidad se encuentra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) trabajando como voluntario en el Plan 3000, nos dejará en nuestra sección de opinión sus impresiones sobre la tremenda pobreza que se ha encontrado en este país suramericano y abordará también sus recuerdos de Segovia, a la que se encuentra unido desde los 13 años.
Docente durante 35 años de Geografía, Historia y Lengua, Pérez Treceño ha mantenido siempre una estrecha colaboración con diferentes medios de comunicación, tanto de radio como prensa.
El Plan 3000 es una idea de la Fundación Hombres Nuevos creada por Nicolás Castellanos, premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
'LA DEMOCRACIA VA EN PROGRESO EN AMÉRICA LATINA': OEA
El Tiempo de Colombia (www.eltiempo.com)
También estará presente en el el Foro de los 100 años de EL TIEMPO, que se realizará en la Cámara de Comercio de Bogotá. Él se referirá al caso de Honduras y a la Carta Democrática.
Si fuera por José Miguel Insulza, Honduras ya debería estar de regreso en la OEA, la Carta Democrática en proceso de reforma y en marcha un gran debate sobre la legalización de las drogas. El Secretario General, sin embargo, es consciente que son los países los que deben tomar la iniciativa pese a su evidente malestar por la ausencia de avances en algunos frentes.
Insulza recibió a este diario en Washington para hablar de estos temas y otros relacionados con el futuro de la región en estos próximos 100 años.
Cuál su visión sobre los próximos 100 años para América Latina, tema del Foro organizado por EL TIEMPO y al que usted asiste.
La democracia está en progreso, pero como en todas las etapas hay fallas. El Economist publicó un escalafón en el que divide a las democracias en cuatro categorías y en general se califica como democracias a la mayoría. El único que aparece como régimen autoritario es Cuba. Pero si se compara con toda la historia de América Latina, con hace 25 años o más, es un progreso inmenso. Antes, al menos 10 aparecerían como regímenes autoritarios. Peligros hay y de eso hablaré en el foro.
La pobreza y la desigualdad, la violencia y el crimen organizado, la debilidad de las instituciones y de la gobernabilidad democrática. Eso se va a definir en las próximas décadas, según se vaya enfrentando. Hay la tendencia a pensar, en algunas partes, que el hacerse del poder ejecutivo da derecho a hacerse de todos los demás. Es decir, el concepto de separación de poderes está condensado. Pero yo espero que las próximas décadas sean mejores.
La frase más de moda por estos días es que esta es la década de América Latina. ¿Está de acuerdo?
Es temprano para decirlo. Pero si estamos en una situación que no soñábamos con estar cinco años atrás, cuando se decían que no estábamos quedar atrás. Me alegro que se sea tan optimista, pero persisten los problemas.
¿Qué le dice el hecho que ciertos países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, no parecen estar montados en este mismo tren?
Depende del indicador que se tome. La década del 2000 es mejor que la del 90 y la del 90 mejor que la del ochenta. Pero no es lo que queremos. Un tercio de pobres son demasiados. Me pone el caso de Venezuela y eso depende. Ellos tuvieron un crecimiento impetuoso al comienzo de la década (pasada) pero ahora han tenido una caída por el precio del petróleo. Pero si hay un puñado de países, que si se están quedando atrás. Los demás, fácil algunos, otros a trastabillones, van a cumplir con las metas del milenio.
¿Cómo calificaría estos primeros meses del nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos?
Tengo una gran opinión del presidente Santos. Ha tenido un buen inicio en todos los planos, económicos, políticos. Las encuestas también lo indican. Espero que en este gobierno se den pasos grandes hacia la pacificación del país. Pero también tengo una alta valoración del gobierno del presidente Uribe. No me parece valido comparar. Generalmente hay la tendencia a encontrar todo lo malo al anterior y todo lo bueno al nuevo. Hay una sucesión de gobiernos que han llevado a Colombia por un buen camino.
¿Cree que bajo un gobierno de Juan Manuel Santos hay espacio para un proceso de paz con las Farc?
Eso es lo que espero. Creo que las Farc ya deberían haber tomado conciencia a estas alturas que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Y que el único camino como fuerza política es un camino político. Se sostienen por la ayuda del tráfico ilícito. Si son todavía una fuerza una fuerza política, deberían buscar una negociación, eso sí dejando previamente en libertad a todos los secuestrados.
La OEA lleva años apoyando el proceso de desmovilización de grupos paramilitares. ¿Cómo calificaría eso a la luz del surgimiento de las bandas criminales que los han sustituido y el aparente incremento de la violencia en el último año, particularmente en las ciudades?
Esas son bandas criminales como ocurre muchas veces cuando se desmovilizan cuerpo armados. Ha sucedido en otros países pero ya no deben ser tratados como insurrectos, no tienten tinte ni cobertura política y deben ser combatidas como se combate el crimen. Hay que estar dispuestos a buscar para ellos, para los menores, para los "soldados" de estas bandas, una salida pacífica. En cuanto al proceso de desmovilización, queda mucho por hacer en reinserción, en la reparación, en justicia y tenemos recursos para seguir con la misión por varios años más.
Usted condenó la aprobación de decretos que le dieron poderes especiales al presidente Chávez para gobernar sin el concurso de la Asamblea por los próximos 18 meses. A parte de eso ¿qué más piensa hacer?
Yo puse el tema. En nuestros países existen muchas diferencias sobre qué es democracia y como tratar estos temas. Yo creo que es bueno discutirlo. Eso no daña la unidad de los latinoamericanos. Yo solo planteo los temas, pero no puedo exigir a los países que traten un tema y es el Consejo el que los debe adoptar.
Pero lo que hizo Chávez, no encaja en el modelo de democracia que está en la Carta Democrática. Frente a eso no parece haber discusión.
Cuando hablo lo hago refiriéndome a los principios de la Carta y eso hice. Decir que se ha vulnerado un derecho. Usted ya conoce mi opinión sobre esto. Pero la decisión de discutir el tema, de mandar una misión, son cosas que son del Consejo. Yo no lo lleve al Consejo por qué hubo países que me dijeron que no era un buen momento. Algunos que preguntan por qué el Secretario no es más firme ahora consideraron que no era un buen momento. No voy a entrar en más detalles. Estos son temas que tienen que enfrentar los países.
La crítica más recurrente que se le hace a la OEA y a la Carta Democrática es que carece de dientes. ¿Hay que reformarla?
En el mundo, salvo el Consejo de Seguridad de la ONU y en temas de seguridad, no hay instituciones con dientes que permitan intervenir en los asuntos internos de otros países. Ni la Unión Europea, Ni Unasur, ni nadie. Solo llamar la atención, o enviar una misión. Yo he planteado la necesidad de definir algunas violaciones de la Carta que pudiera ser consideradas rupturas del orden institucional, además de los golpes de Estado.
Como el fraude electoral, o una violación masiva de los DD:HH:, o la disolución de un poder del Estado. Pero eso no fue tomado por el Consejo. No creo que en este año haya condiciones para reformar la Carta en estos aspectos. Puede que se den debates, y se mencionará en el foro de EL TIEMPO, pero es el Consejo el que tiene que abordar el tema.
Si me piden mi opinión la daré y es que, efectivamente, tendríamos que mejorar la Carta, sobre todos las medidas preventivas sobre ruptura de la democracia. Son los países los que tiene que adelantar estos debate. Siempre me pregunto por qué, cuando se presentan estos problemas, ninguno de los países toma el micrófono.
El debate sobre la legalización de las drogas se pasmó luego que fracasara el referendo de California para legalizar la marihuana. ¿Ud. cree que hay que revivirlo?
Sigo con mucha atención este tema y creo que hay que planteárselo en serio. Pero no me voy a pronunciar pues los países aún no dicen nada. Ninguno ha dicho quiero legalización, o la rechazo ante cualquier circunstancia. Creo que existe un argumento poderosísimo de que las políticas que se han seguido hasta ahora no avanzan.
Lo de México sigue grave. Esta semana salió un reporte que sostiene que en 2010 los asesinatos relacionados con el narcotráfico crecieron en un 60 por ciento. ¿Cuál es su lectura de la situación?
No es fácil, pero tengo esperanza que se de progreso. Lo que si creo es que hay que darles más ayuda. Hay que parar el flujo de armas a México que viene de norte a sur. Cada vez tienen armamento más sofisticado. Nosotros esperamos que su cumpla lo que el presidente Obama dijo cuando anunció la adhesión de EE. UU. al tratado sobre tráfico ilícito de armas convencionales. México lo puede lograr, pero necesita de la cooperación de sus vecinos, no solo material sino en las políticas.
Vamos para dos años del golpe en Honduras y nada que regresa al seno de la OEA. ¿En qué va ese proceso?
Está faltando que se solucione el problema del exilio forzoso del presidente que fue derrocado (Zelaya). Yo soy partidario del retorno de Honduras a la OEA porque creo que el presidente Lobo ha intentado cumplir de buena fe con todo lo que se comprometió a hacer y ese esfuerzo debe ser premiado. Pero hay países que no están dispuestos mientas no regrese Zelaya. Es la misma situación del mes pasado y el anterior.
Esperé el fin de año anhelante de la visita de Santa Claus para ver si traía esa noticia, pero no se dio. Para algunos países importantes de América Sur no es fácil aceptar que el único que está siendo procesado por el golpe es la víctima y no los ejecutores. Creo que es más fácil conseguir que no se siga procesando a la víctima que procesar a los ejecutores y creo que los hondureños deben tomar una decisión al respecto.
TRABAJO ESCLAVO: LA AFIP DETECTÓ OTROS 400 CASOS
Fueron encontrados en un olivar correspondiente a la empresa Alfredo Olmedo S.A., en un operativo que involucró a 20 inspectores. Vivían en dos predios en los que 360 trabajadores dormían en carpas de nylon, y los restantes en dos precarias habitaciones de un parque industrial.
El Argentina (www.elargentino.com)
La explotación denunciada -a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del organismo recaudador- se dedica a la cosecha de aceitunas, y se beneficia de las ayudas impositivas del Régimen de Promoción Agrícola.
Los inspectores encontraron dos precarios asentamientos, donde se alojaban los empleados de la firma. Por un lado, 33 adultos y 3 menores vivían en un predio dentro del Parque Industrial, donde dormían en dos habitaciones y sobre cartones apoyados en el piso, compartiendo un solo inodoro.
Por otra parte, se encontró un “campamento” con 120 carpas de nailon, armadas con palos apoyadas sobre la tierra (sin piso), en las que vivían en grupos de tres.
Según relataron los agentes fiscales, en todo el asentamiento se registra un olor nauseabundo, gran cantidad de insectos y líquidos estancados en los pasillos que separan las carpas, debido a la descomposición de los alimentos y por las improvisadas letrinas.
La explotación, que tiene una extensión aproximada de 800 hectáreas y un predio total de 950, cuenta actualmente con los beneficios de promoción agrícola transferidos a su favor mediante la Resolución 35/2007, emitida por el Gobierno de la provincia de La Rioja.
Cabe recordar que al obtener los beneficios de la Promoción Agrícola, la empresa se comprometió a hacer una inversión de dinero, a tener una importante cantidad de personas en relación de dependencia y a contratar de forma temporaria sólo por tres meses al año.
Según lo relevado por la AFIP a través de un comunicado, el último compromiso de la firma no se cumple dado que se registraron 140 trabajadores tercerizados (de los 360) y 42 extranjeros indocumentados, provenientes de Bolivia.
En tanto, la AFIP también informó que suspendió este jueves a la agroexportadora Nidera del registro de operadores de granos por "diferencias significativas de impuestos en favor del fisco", compañía que además ya había sido denunciada por casos de trabajo esclavo.
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