Ya hemos
señalado anteriormente (1) que el contrato de exportación de gas del Lote 56
(firmado en el 2007 entre Repsol y México por 18 años) fue mal negociado porque
no se incluyó una cláusula de equilibrio contractual, que permitiera
renegociarlo en caso de variación brusca de precios, al alza como a la baja.
Por ello los
precios de exportación del gas quedaron sujetos a los vaivenes del precio del
gas en EEUU (llamado Henry Hub, HH), que es el mismo que se utiliza en México.
Y sucede que el precio HH bajó enormemente del 2010 al 2014 –en relación a los
precios del gas en Japón, Corea de Sur y Europa- debido a que en EEUU comenzó
la llamada “revolución del gas esquisto” (shale gas), que emplea nuevas
técnicas para la extracción del gas.
Así, en Japón
el precio estaba en US$ 17 por millón de BTU (MMBTU), mientras que el precio HH
bajó a US$ 3 MMBTU: una diferencia de 6 veces. Debido a ello, del 2010 al 2014,
el gas del Lote 56 exportado a México (y no a los mercados asiáticos y/o
europeos) pagó menos regalías, lo que causó una pérdida que hemos calculado en
US$ 1,500 millones.
La cuestión es
que estas cláusulas de equilibrio contractual no solo se aplican en los países
asiáticos y europeos sino que también son práctica común en varios países de
América Latina. Tomemos el caso de Bolivia.
En 1999 se
terminó la construcción del gasoducto a Sao Paulo y comenzó la exportación a
Brasil. El contrato se firmó durante el gobierno de Hugo Banzer.
¿Cómo se fijó
el precio? Se firmó un Acuerdo de Servicio de Gas (ASG) que fijó un precio
inicial, el mismo que variaría cada tres meses de acuerdo a una fórmula que
tomaba en cuenta los precios de tres derivados del petróleo: el fuel oil de
3.5% de azufre de Italia; el fuel oil de 1% de azufre del Golfo de México
(EEUU) y el fuel oil de 1% de azufre de Rotterdam (NWE).
Aquí la clave
es que estos tres fuel oils están directamente ligados al precio del petróleo,
que es el combustible sustituto del gas (2). En otras palabras: el precio a
pagar por el gas exportado boliviano tiene que estar ligado al precio del
combustible sustituto que tendría que pagar el importador (Brasil). Lógico para
ambas partes.
Lo mismo
sucedió en el 2006, con el gas exportado por Bolivia a Argentina bajo otro
contrato ASG. La única diferencia fue que se agregó un cuarto producto: el
Diesel de bajo azufre (LS) Waterborne del Golfo de México.
Una de las
ventajas adicionales que obtuvo Bolivia en esta negociación es la siguiente: si
bien el precio del HH se derrumbó en EEUU desde el 2008 de US$ 9 a US$ 2 por
millón de BTU porque se comenzó a producir “shale gas”, eso no sucedió con el
precio del petróleo, que se mantuvo en US$ 100 por barril hasta fines del 2014.
Por tanto, el precio del gas exportado por Bolivia a Argentina y Brasil
(indexado a derivados del petróleo) se mantuvo alto durante todo este periodo.
Eso no hubiera
sucedido si hubiera tenido éxito el planteamiento de Repsol en el 2001 de
exportar el gas boliviano a EEUU con el consorcio Pacific LNG (con British
Petroleum y British Gas). Les hubiera pasado lo que nos ha pasado a nosotros.
Pero en Bolivia hubo una protesta generalizada en el 2002-2003 (llamada la
“guerra del gas”) para que no se exportara el gas a EEUU por los precios bajos
que se iban a obtener.
Después de más
de 70 muertos, Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada tuvo que renunciar a la
Presidencia. En el 2004, bajo Carlos Mesa, hubo un referéndum sobre la
propiedad el gas, que fue ganado a más de 90% por los partidarios de que
Bolivia recupere la propiedad de la molécula del gas.
Por ello, los
ingresos de divisas en Bolivia han sido cuantiosas: del 2010 al 2015, los
precios llegaron a US$ 12 por millón de BTU, comparado con los US$ 2 a 3 por
millón de BTU exportados a México al precio HH. Eso es ganar por goleada en
soberanía nacional. Ni vuelta que darle.
Esto quiere decir,
además, que no solo se aumentaron las regalías del 18% a 50% en el 2005 como
consecuencia del referéndum del 2004, sino que los precios de los contratos de
exportación protegieron los ingresos provenientes de la exportación de los
recursos naturales.
Qué tal
diferencia con el Perú, pues Repsol nos dejó “enganchados” al precio HH sin
prever cláusula de equilibrio contractual. Ni, tampoco previó, claro está, la
indexación (al precio del petróleo) del precio del gas exportado a EEUU.
Las lecciones
son muchas. Cuando el gobierno nacional tiene una responsabilidad frente a un
contrato de exportación, sabe que la vigilancia política y de los medios de
comunicación, es muy grande. Por eso, hasta Hugo Banzer tomó sus precauciones.
Pero cuando el privado es el dueño del recurso natural (como en Perú), hace y
deshace a su antojo.
Lo que, en
nuestro caso, ha derivado no solo en pérdidas cuantiosas, sino en engaños
flagrantes a nuestras autoridades, como en el 2011 por Repsol cuando reexportó
el gas a países europeos y asiáticos que pagaban más (lo que el CIADI condenó y
ordenó que se nos devuelvan US$ 62 millones). Algo parecido hizo Shell en el
2014, lo que todavía no se ha aclarado y seguramente será materia de
investigación por el actual Congreso.
Todo lo expuesto
nos lleva a plantear la renegociación de los contratos de gas para que sean
contratos de servicios. Y, también, que la renegociación del contrato con
México no la haga Shell, sino el Estado peruano, liderado por el Presidente
Kuczynski. Es hora de recuperar la soberanía para que el gas pueda llegar a
todos los peruanos, a sus casas, vehículos e industrias. Ese es el plan de
masificación del gas que todo el Perú necesita, en el norte, sur, sierra y
selva. Los Andes de Perú
(www.losandes.com.pe)
EL
TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA
Pese
a sus carencias y a la insatisfacción de los ciudadanos, el sistema democrático
predomina en la región, aunque enfrenta más conflictos distributivos y una
demanda creciente de políticas públicas atentas a la cuestión social
La
Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Por Oscar Oszlak.-
En esta época de bicentenarios, pasa bastante desapercibido el hecho de que el
próximo 12 de octubre, se cumplirá el primer centenario desde la asunción al
gobierno de Hipólito Yrigoyen, primer presidente argentino elegido por
aplicación de la ley Sáenz Peña, norma que estableció el sufragio universal,
secreto y obligatorio. No muy universal que digamos, ya que el derecho al voto
sólo alcanzó a los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados,
mayores de 18 años de edad, habitantes de la nación e inscriptos en el padrón
electoral. Entre otros, excluyó a las mujeres (que sólo pudieron votar a partir
de la reforma constitucional de 1949), a los habitantes de los territorios
nacionales, a los sordomudos incapaces de expresarse por escrito, a los
religiosos y soldados. O sea, mucho más de la mitad de la población no pudo
ejercer este elemental derecho ciudadano.
El balance de
la democracia durante los cien años transcurridos no arroja un resultado digno
de celebración. Cuando transcurría su segundo gobierno, en 1930, Yrigoyen fue
derrocado por un golpe militar, al que siguió el intervalo dictatorial que
anticipó la denominada "década infame", período con elecciones
formalmente libres pero fraudulentas. Luego del nuevo golpe militar de 1943,
Juan Domingo Perón ganó la presidencia en las elecciones de 1946. Sin embargo,
su reelección para un segundo período estuvo rigurosamente controlada. Perón
fue derrocado en 1955, luego de otra intervención militar que inició el aciago
ciclo de golpes de Estado que impidió a presidentes posteriormente elegidos
(Frondizi, Illia, Isabel Perón) completar su mandato.
Se inauguró
así una etapa en la que el peronismo estuvo proscripto durante casi dos
décadas. Dos nuevas dictaduras militares se sucedieron al iniciarse el último
tercio del siglo XX, con un breve interregno democrático, de 1973 a 1975, que
marcó el regreso del peronismo al gobierno. Finalmente, después del brutal
régimen represor que enlutó a la sociedad argentina entre 1976 y 1983, comenzó
el período de democracia electoral más largo de nuestra historia. Desde
entonces, año tras año, celebramos la recuperación de la democracia. ¿Pero qué
recuperamos? ¿Cuánta democracia tuvimos en el pasado? ¿Qué democracia supimos
conseguir? ¿Semidemocracias? ¿Cuasidemocracias?
Parecería que
el sustantivo "democracia" necesita ser adjetivado. La academia
registra decenas de términos para calificarlas, lo cual demuestra la gran
controversia que existe sobre su naturaleza. Gran parte del debate gira en
torno a si la democracia debe ser entendida sólo en términos de la vigencia de
ciertos "mínimos procedimentales" o si debe incluir otras dimensiones
y variables. De los dos atributos planteados por Robert Dahl (participación
ciudadana y competencia electoral) pasamos a los ocho propuestos por Diamond y
Morlino: 1) imperio de la ley; 2) participación; 3) competencia; 4)
accountability vertical; 5) accountability horizontal; 6) libertad; 7) igualdad
y 8) capacidad de respuesta del Estado. También se le sumaron variables como
género, calidad del medio ambiente y sociedad de la información. Democracia
terminó siendo no sólo un concepto polisémico, sino también un híbrido que
termina designando un modo deseable de existencia para todos los integrantes de
una sociedad.
La
coexistencia de regímenes relativamente democráticos en el nivel nacional e
importantes bolsones de autoritarismo en el nivel subnacional, como ocurre con
varias provincias argentinas de conspicua tradición patrimonialista agrega aún
mayor complejidad. ¿Cómo calificar esta combinación? También podríamos
preguntarnos si puede existir democracia con ciudadanos no democráticos. ¿Cuál
es el nivel de cultura cívica de nuestros ciudadanos? ¿Cuán dispuestos, están,
a participar en la vida pública? Al ciudadano argentino, ¿le da igual vivir
bajo un régimen autoritario o un régimen democrático? ¿Cuántos creen que la
democracia puede funcionar sin Congreso o sin partidos políticos? Nuestras
investigaciones sugieren que hay poblaciones en nuestro país donde los
ciudadanos son "más" democráticos que en otras. Y esa
"calidad" varía según edades, nivel socioeconómico, momento del ciclo
económico, lugar de residencia, grado de arraigo de la población, tamaño del
municipio donde habitan o partido político en el poder.
Definitivamente,
el desarrollo de la democracia, en este último siglo, está lejos de satisfacer
los requisitos con que la literatura ha venido engrosando el concepto. Pero,
comparativamente, la experiencia de América latina y el Caribe no ha sido
mejor. Al contrario. Desde 1902 hasta comienzos del siglo XXI, hubo en 25
países de la región un total de 327 golpes de Estado documentados. Algunos
impusieron largas dictaduras; otros duraron pocos días, como en los repetidos
golpes en Bolivia, país que registró el mayor número en toda la región: 56.
Siete
naciones (Venezuela, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina y
Bolivia) pasaron varias décadas del siglo XX bajo regímenes militares. En los
únicos casos donde los ejércitos fueron derrotados y sustituidos temporalmente
por milicias revolucionarias o formas irregulares de organización militar,
están México (1910), Bolivia (1952), Cuba (1959) y Nicaragua (1979). Países,
como Paraguay, Guatemala o Haití, recién conocieron en los últimos 20 años del
siglo (o redescubrieron después de décadas) el voto y la libertad de expresión,
aunque con libertades recortadas recurrentemente. Los países donde las
democracias han durado más en el siglo XX son: Chile, Uruguay, Colombia,
Venezuela (segunda mitad) y Costa Rica. Contra lo que se cree, la Argentina es
uno de los países con menos golpes (ocho desde el de 1930 hasta el último del
coronel Seineldín en diciembre de 1991).
En un siglo
caracterizado por tal profusión de golpes militares, es ineludible mencionar lo
que muchos consideran un golpe civil o parlamentario, al calificar así a la
destitución de Dilma Rousseff luego de un juicio político ajustado a las normas
constitucionales. Es muy probable que en otro contexto y momento político, los
cargos contra la presidenta electa jamás habrían generado un proceso de este
tipo, lo cual invita a reflexionar acerca de si las propias reglas de la
democracia pueden ser utilizadas para torcer la voluntad popular.
La democracia
es hoy la forma mayoritaria de gobierno en la región, pese a la heterogeneidad
de sus formas, contradicciones y carencias. Paradójicamente, América latina es
también la única región del mundo que combina regímenes democráticos en casi
todas partes con la distribución del ingreso más desigual del planeta, altos
niveles de corrupción y las tasas de homicidio más elevadas del mundo. En
ninguna otra parte la democracia presenta esta inédita combinación que
repercute en su calidad.
Más de la
mitad de los ciudadanos apoya la democracia, pero menos de la mitad está
satisfecha con su funcionamiento. Hay una demanda creciente de mayor
transparencia, mejor liderazgo y políticas públicas que resuelvan los problemas
de una agenda social recargada. Pero las perspectivas de crecimiento económico
ya no son las típicas de la "década ganada" en que la región crecía
en promedio, 5% y 6%, con creciente equidad social. Es probable que los
conflictos distributivos se agudicen, con movilizaciones que tal vez no pongan
en riesgo la continuidad democrática, pero tornen más compleja la
gobernabilidad. Bajo tales condiciones, la democracia deberá garantizar no sólo
su legitimidad de origen, sino también su legitimidad de ejercicio, a través de
la capacidad demostrada de gobiernos abiertos, dispuestos a alentar la
deliberación ciudadana en la búsqueda de mejores soluciones a los problemas
estructurales de sociedades cada vez más exigentes. Ésta es la agenda del
próximo centenario.
LA
TENSIÓN SOCIAL ESCALA EN BOLIVIA TRAS EL ASESINATO DE UN VICEMINISTRO
Bez
de España (www.bez.es)
Rodolfo
Illanes, viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, fue asesinado el
pasado 25 de agosto, previo secuestro y tortura, por parte de algunos mineros,
colectivo con el que se había ofrecido mediar en nombre del Gobierno. Semejante
episodio de violencia es el segundo gran revés de Evo Morales en los últimos
meses, y muestra el todavía elevado grado de tensión social existente en
Bolivia.
Su cuerpo
apareció de madrugada, enrollado en una manta y tirado en una carretera de
Panduro, una localidad fronteriza entre los departamentos bolivianos de La Paz
y Oruro. Rodolfo Illanes había desaparecido
el jueves 25 de agosto al ir a negociar con los mineros
cooperativistas bolivianos, en pie de guerra desde el mes de julio. Pocos se
esperaban un resultado tan extremo de las negociaciones, a pesar de ser un país
tristemente acostumbrado a los conflictos entre distintos colectivos y las
fuerzas del Estado, habitualmente con trágicos balances.
Más llamativo
resulta todavía que fuese precisamente este colectivo, el de los mineros
cooperativistas, uno de los mayores graneros de votos para Evo Morales desde su
primera elección en 2005, quien pusiese contra las cuerdas al Ejecutivo de La
Paz. A pesar del notorio desarrollo que ha tenido Bolivia bajo los mandatos del
primer presidente indígena, en el país todavía existen poderosos intereses en
torno a los recursos naturales que colisionan de manera violenta cuando desde
el Estado se intenta legislar sobre el asunto.
La minería,
eterno foco de tensión
El minero -o
minería- cooperativista es una figura particular en Bolivia. Con casi un siglo
de vida, se ha hecho un hueco como agente privado ajeno a las grandes
empresas privadas -especialmente extranjeras- y las corporaciones públicas
dentro del sector minero, fundamental en la economía boliviana. Su fuerza
también reside en los números, ya que se estima que existen en el país cerca de 180.000 cooperativistas dedicados a la minería.
El conflicto
minero no ha distinguido entre Gobiernos e ideologías, ya que ser el tercero en
discordia en un debate habitualmente reducido a privatización frente
a nacionalización, les ha llevado habitualmente a confrontar con todo tipo
de proyectos. El actual, que se ha ido desarrollando durante julio y agosto,
responde a las intenciones de Evo Morales de regular esta forma de actividad
dentro del sector minero. Y es que el cooperativismo ha estado acostumbrado a
producir sin demasiadas restricciones y aportando escasas regalías al
Estado, apenas un 2,5%.
En líneas
generales, los mineros se oponen a la ley que permite la sindicalización en sus
cooperativas; a que empresas privadas no puedan invertir en sus concesiones,
además de que Comibol (Corporación Minera de Bolivia) sea la entidad que
realice las concesiones de explotación. Estas cooperativas también exigen la
relajación de las regulaciones ambientales y que el Estado reinvierta en su
sector los beneficios obtenidos de las cooperativas. En definitiva, una serie de privilegios en la tierra de nadie entre la
liberalización del sector y el proyecto de soberanía económica impulsado por
Evo Morales que no terminan de convencer al Gobierno.
Tiempos
difíciles para Evo Morales
El pulso con
los cooperativistas no llega en el mejor momento para su presidente. En febrero
de este año perdió el referéndum para modificar la Constitución y
posibilitar así una tercera reelección. A pesar de que este revés no ha sentado
nada bien al mandatario boliviano -ha expresado claramente sus deseos de
repetir la consulta-, las lecturas se han sobredimensionado. Ni el ajustado
"no" representa en su totalidad la oposición o el rechazo a Morales,
ni existía urgencia para dicha aprobación, ya que el mandato expira en 2019.
Sin embargo, este error al marcar los tiempos ya ha erosionado buena
parte de su capital político.
De lo que no
parece haber duda es de los notables resultados obtenidos por Bolivia bajo los
Gobiernos de Evo Morales. Incluso la oposición, beligerante en los primeros
años de mandato del líder indígena, ha acabado asimilando que el país
marcha excepcionalmente bien. En datos del Banco Mundial, que alaba la
“política macroeconómica prudente”, el país creció entre 2005 y 2014
-Evo Morales accedió a la presidencia en enero de 2006- a un 4,9% de media; la
inflación está controlada; el coeficiente de Gini, habitual medidor de
desigualdad, se ha reducido del 0,60 al 0,47 y la pobreza moderada ha caído en
veinte puntos en apenas una década, del 59% al 39%. Y todo esto sin hablar de
la deuda pública, reducida hasta el 33% del PIB cuando antes de los Gobiernos
de Morales alcanzaba el 80%.
Bien es
cierto que este desarrollo se sustenta fuertemente en los recursos minerales,
un modelo cuanto menos inestable. No obstante, Bolivia es consciente de la
necesidad y las limitaciones de su explotación -el hondo debate del
extractivismo en América Latina-. Es por ello que las actividades y
los actores relacionados con la minería se vuelven doblemente críticos en el
país, motivando choques violentos en caso de desavenencia. Sin embargo, todo el
mundo en Bolivia espera que este asesinato haya sido el primer y último
precedente.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA RECUPERA 31 CONCESIONES MINERAS
La medida es en respuesta al linchamiento del
viceministro Rodolfo Illanes ocurrido el pasado fin de semana durante una
protesta de mineros
El País de España (www.internacional.elpais.com)
El Gobierno
boliviano ha respondido con mano dura al linchamiento del
viceministro Rodolfo Illanes ocurrido al pasado fin de semana durante una
protesta de los mineros por cuenta propia o "cooperativistas". El
Estado aprobó la revocación de las 31 concesiones que estaban formalmente en
manos de estos mineros y que ellos habían subalquilado a su vez a empresas
privadas internacionales, así como de todas las concesiones que no explotan
actualmente. Además, la Fiscalía detuvo a alrededor de una veintena de
dirigentes y trabajadores, a los que investiga por el asesinato de Illanes.
Pedro Mamani Massi, uno de los heridos durante los enfrentamientos registrados
en las protestas de la localidad de Panduro ha muerto este jueves, según
ha informado la agencia de noticias boliviana Fides.
El derecho a
subarrendar los yacimientos de los cooperativistas estuvo en el centro del
bloqueo de caminos que estos organizaron, y que terminó con la muerte del
funcionario, apaleado por una turba mientras estaba secuestrado en una
carretera por los dirigentes de la movilización con los que había ido a hablar.
De acuerdo a la
nueva Constitución, tanto las cooperativas, supuestamente dedicadas a la
minería de subsistencia, como las empresas privadas deben recibir concesiones
temporales y exclusivas, es decir, que no pueden entregar a terceros. Con esta
medida, la Constitución altera el sistema de propiedad minera que tenía el país
desde la Colonia y que consideraba una mina como un activo ordinario, es decir,
uno que se podía vender y heredar. El objetivo de la protesta minera, que comenzó a mediados de agosto, era
retornar, al menos en el espíritu, al viejo sistema.
El origen de
las cooperativas mineras
Las
cooperativas aparecieron en Bolivia en la última parte de los años ochenta, como una
respuesta espontánea de los trabajadores mineros a la incapacidad del Estado de
mantenerlos empleados. Desde entonces este grupo no ha hecho más que crecer,
hasta contar hoy con más de 100.000 miembros. Gracias a su capacidad de
movilización, las cooperativas han obtenido algunos de los mejores sitios para
explotar minerales y, con el boom de los precios de la pasada
década, muchas se han convertido en empresas ilegales sin licencia ambiental.
Hasta este conflicto,
fueron importantísimas aliadas del movimiento dirigido por Evo Morales, a quien
ayudaron a llegar al poder. Por eso las empresas privadas acudieron a ellas
para poder hacer unas inversiones que les resultaban muy difíciles de concretar
negociando directamente con el Estado.
PARLAMENTARIOS PIDEN CITAR A CANCILLER MUÑOZ TRAS NUEVA
OFENSIVA LIMÍTROFE DE PERÚ
Senadores y diputados de las comisiones de RR.EE. piden
que el ministro exponga la próxima semana. Esto, luego de que su par limeño
dijera que ya le había propuesto abordar el "triángulo terrestre".
Tele 13 de Chile (www.t13.cl/noticia)
Parlamentarios
de las comisiones de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado pidieron invitar al canciller Heraldo Muñoz para las sesiones
de la próxima semana. El objetivo: abordar
la nueva ofensiva peruana en torno al límite terrestre.
El lunes
pasado, el nuevo canciller de Perú,
Ricardo Luna, intervino por primera vez ante la comisión de RR.EE. de su
país. En su presentación –informada este jueves por T13.cl-, el diplomático dijo que ya había planteado a su par
chileno, Heraldo Muñoz, “abordar” el
llamado “triángulo terrestre”, zona bajo control chileno que Perú
reclama como propia.
Luna aludió a
que ni Lima ni Santiago admiten que exista dicho triángulo, pues ambos
sostienen que la zona está bajo su soberanía. Así, señaló -con algo de ironía-
que “no se llama triángulo terrestre, vuelvo a insistir. Y de alguna manera se lo he insinuado al canciller Heraldo Muñoz,
le he dicho, si no es marítimo y no es terrestre, es extraterrestre. Tenemos que ponerle algún nombre para poder abordarlo en los términos que
sean más adecuados por los canales diplomáticos y con el timing que sea
satisfactorio y conducente para los dos países”.
Además, el ministro peruano puso en duda el acuerdo
de 2014 de que ambos países inscriban de manera conjunta ante la ONU la
cartografía con los nuevos límites marítimos –producto del fallo de la corte de
La Haya de enero de ese año- y lanzó
cuestionamientos a dichos del ex Presidente Sebastián Piñera.
Los dichos del
canciller limeño sorprendieron en Chile.
En las semanas previas, Santiago había
celebrado la llegada a la presidencia peruana de Pedro Pablo Kuczynski,
calificado por algunos en Lima como “chilenófilo” por sus posturas
moderadas hacia nuestro país. En ese contexto, las expectativas de la
Cancillería apuntaban a congelar
cualquier controversia limítrofe, avanzar rápidamente en algunas tareas
pendientes por la aplicación del fallo de La Haya de 2014 –adecuación de leyes
internas en ambos países, por ejemplo- y, sobre todo, impulsar una agenda
“positiva”, de cooperación e intercambio comercial.
Para Chile, relanzar la relación con Perú
–congelada en el período final de Ollanta Humala- es altamente positivo,
considerando la permanente tensión con
el otro vecino del norte, Bolivia.
En este
contexto, la Cancillería chilena
declinó comentar en público las palabras del ministro limeño. En
privado, altos personeros de gobierno reaccionaron con cautela: esperan que el
tono de la intervención de Luna –reflotando una controversia que molesta en
Santiago- tenga que ver con que “hablaba ante parlamentarios y ellos siempre
quieren escuchar a un canciller hablar de esa forma”.
El tema, en
todo caso, podría ser abordado en un par de semanas más, cuando tanto los
presidentes Bachelet y Kuczynski
como los cancilleres Muñoz y Luna
coincidan en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.
Mensajes a Lima
Como sea, la molestia chilena fue graficada por
parlamentarios de distintos sectores.
El ex canciller Ignacio Walker (DC)
indicó que “el límite está absolutamente definido por el Tratado de 1929 y las
actas de los peritos del año 30. Estas establecen que es la línea de la
Concordia, hasta el Océano Pacífico, que parte desde el Hito 1. Por lo tanto,
no hay nada que discutir con Perú en este tema”. “Desgraciadamente, uno tiende
a constatar que es parte de una
doctrina de algunos sectores de Torre Tagle mantener algún conflicto sobre la
mesa. Cuando ya la corte de La Haya había resuelto el tema del
límite marítimo y estaba finalmente todo zanjado, desde Lima levantan este
supuesto conflicto, que en realidad no es tal, porque está todo resuelto con el
Tratado de 1929”.
A su turno, el
RN Francisco Chahuán –miembro de
la comisión de RR.EE.- indicó que “es
necesario invitar al canciller Muñoz a la comisión para conversar sobre este
tema. Vamos a pedir que vaya la próxima semana”. “Claramente, sus
expresiones son un retroceso y desdibujan las expectativas que teníamos con el
nuevo gobierno peruano”, agregó.
Planteamiento
similar al de su par Jorge Pizarro (DC),
quien explicó a T13.cl que “nos
interesa conversar con el ministro” tras los dichos del canciller
peruano, debido a que la comisión de RR.EE. ya había enviado una comunicación a sus pares del Congreso peruano para reunirse.
“Será necesario abordar este escenario con el canciller Muñoz”, indicó el ex
timonel DC.
Mientras que el
presidente de la UDI, Hernán Larraín,
también integrante de la comisión de RR.EE. de la Cámara Alta, sostuvo que “hay
que lamentar que el canciller de Perú, al iniciar un nuevo período de gobierno,
ponga en la mesa el tema del triángulo”. “Si Perú quiere tocar el tema,
tiene los canales institucionales para hacerlo, si reclama algo tiene que recurrir a Estados Unidos, pero si no lo
hace entonces que no lo ponga en la mesa”, agregó el parlamentario, aludiendo a
que el mismo Tratado de 1929 establece a Washington como árbitro de cualquier diferencia.
En el caso de
la Cámara de Diputados, el diputado Jorge
Tarud (PPD), de la comisión de RR.EE., dijo que “ciertamente el canciller será invitado para tratar este tema, que
insistentemente Perú cuestiona el territorio chileno”. El parlamentario
agregó que en este contexto no se debe reactivar el mecanismo “2+2”, que reúne
a cancilleres y ministros de Defensa de ambos países, como había solicitado el
ministro Luna.
Mientras que su
par de la comisión, el RN José Manuel
Edwards, indicó que “este triángulo que el canciller llama
extraterrestre va a ser parte de las relaciones y lo lamentamos, porque
este es un tema que evidentemente
pone fricción entre ambos países y que no lleva a ningún buen puerto”.
LA COCA, EL GRAN NEGOCIO A ERRADICAR EN COLOMBIA
El Gobierno y las FARC han pactado desarrollar programas
para sustituir cultivos ilícitos
El País España (www.internacional.elpais.com)
La expresión
“coronar” tiene varias acepciones y casi todas sirven para explicar una
tendencia al alza en Tumaco. Muchachos jóvenes que regresan a sus casas como
reyes después de haber completado una obra perfecta, de haber llegado a lo más
alto del pico, esto es, haber cruzado buena parte de la costa pacífico de
América Latina con un cargamento de cocaína. De vuelta al barrio, lucen cadenas
de oro, coches antes impensables y donde había casas desvencijadas se levantan
edificios de dos o tres pisos. En Nuevo Milenio, conviven la pobreza más cruda
con esa nueva riqueza Una tendencia que preocupa a los que como Daniele
Zarantonello, cura italiano instalado en la zona desde hace años, trabajan para
que los jóvenes no caigan en estas trampas tan seductoras. “Si vuelven, lo
hacen como iconos. Los chicos me dicen: ‘A mí llegar pobre a viejo no me
interesa. Prefiero morir con 35 y tenerlo todo”.
Referirse a una
de las zonas más golpeadas del conflicto se ha vuelto casi una redundancia en
Colombia, donde 52 años de guerra han sacudido prácticamente todos los
rincones del país. En Tumaco, la expresión se puede quedar pequeña. La capital
del departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano, una de las zonas más
pobres del país, ha sufrido todo tipo de violencias: guerrillas, paramilitares, ausencia
del Estado, corrupción de las instituciones… Una lacra acentuada en los últimos
tres lustros por un crecimiento ingente de la producción de hoja de coca y el
consiguiente negocio del narcotráfico: Tumaco es el municipio con más cultivos
ilícitos, del departamento (Nariño) con más cultivos ilícitos, del país con más
cultivos ilícitos. Un negocio ilegal en manos de los grupos armados (FARC,
antaño los paramilitares), con redes en los principales carteles del
continentes.
A principios de
siglo, en 2001, el departamento del Putumayo, en el sur del país, tenía más de
47.000 hectáreas de plantaciones de coca. En Nariño, la cifra apenas superaba
las 7.000 hectáreas. A partir de dese año, el Plan Colombia, la alianza para
combatir el narcotráfico con financiación de Estados Unidos, golpeó de lleno al
Putumayo y al Guaviare, otro departamento con grandes cantidades de cultivos
ilícitos. Las fumigaciones aéreas provocaron que los campesinos cultivadores,
el eslabón más débil de la cadena, migraran hacia Nariño, un enclave ideal para
sacar la cocaína del país. Entre 2001 y 2004, el número de hectáreas de coca
sembradas no llegó a sobrepasar nunca la cifra de 20.000. El pasado año, la ONU,
quien aporta todas estas cifras, apuntaba que en el departamento del Pacífico
había casi 30.000 hectáreas: el 66% se encontraban en Tumaco.
A una hora en
bote se empiezan a percibir los lugares donde se planta la coca. Tablón Dulce,
una vereda que da la bienvenida con una bandera de las FARC en lo que viene a
ser una suerte de muelle, colinda con muchas de esas comunidades.Varios niños
juegan al futbol en un escampado rodeados de casas de adobe a las que les falta
parte de los tejados. En junio de 2015, durante la última gran arremetida de la
guerrilla durante el proceso de paz, hubo una operación del Ejército para
tratar de capturar a guerrilleros. La fuerza de los helicópteros al aterrizar
reventó. Así siguen. ¿A quién denunciar? “La misma ausencia del Estado ha hecho
que el productor se incline hacia lo ilícito”, admite Jersinho Boya, líder
comunitario.
Tablón tratar
de convertirse en un ejemplo a seguir. Boya defiende que en su comunidad apenas
hay rastro de coca. Lo corroboran agricultores de la vereda, como Óscar, 62
años y manos ajadas de cultivar coco, platano, cacao: “Nuestra microempresa es
la finca, es lo que nos da sustento”. En Tablón se benefician de algunos
programas de sustitución de cultivos que han implementado organismos
internacionales, como Usaid, la cooperación estadounidense. Desde hace años son
programas estables. Antes, la violencia no lo permitía. Los habitantes de
Tablón, no obstante, miran al futuro cercano con incertidumbre: “Acá hemos
estado abandonados por el Estado. El posconflicto es algo que nos tiene
preocupados porque no sabemos cuál va a ser la intervención del Estado”, afirma
Boya.
Erradicar los
cultivos ilícitos es uno de los grandes desafíos del posconflicto. Durante las
negociaciones de paz, el presidente, Juan Manuel Santos, prohibió la fumigación
con glifosato, lo que, para muchos, permitió un auge de los cultivos. El
Gobierno y las FARC acordaron poner en marcha un Programa Nacional Integral de
Sustitución (PNIS). La guerrilla se comprometió a “poner fin a cualquier
relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este
fenómeno”, en referencia a las drogas ilícitas. Las FARC siempre han negado
cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguran que el único dinero que han
recibido se debe al impuesto que le cobran a las redes que operan en sus
territorios, para proteger al campesino. En el acuerdo no se especifica si la
guerrilla contribuirá con información a desmontar las cadenas del narcotráfico.
Esa promoción
de la sustitución voluntaria es lo que, muchos en Tumaco, consideran el motivo
del repunte de la coca. A la espera de que fragüen los acuerdos, “ellos”, como
se refieren a los grupos armados, en este caso la guerrilla, han incitado a que
se cultive más. Es un comentario que sobrevuela pero que pocos se atreven a
decir en voz alta. La violencia como se conoció, la de las bombas retumbando
cada dos por tres, la de las fronteras invisibles entre las zonas guerrilleras
y las de los paramilitares, ha desaparecido. El padre Zarantonello, no
obstante, advierte: “El narcotráfico es transversal en el pueblo”. Coronar la
paz aún está lejos.
RAFAEL CORREA MIDE SU PODER CON LAS FUERZAS ARMADAS
La justicia ratifica al presidente de Ecuador como
comandante en jefe
El País de España (www.internacional.elpais.com)
Nuevo paso en
la guerra abierta entre Rafael Correa y el Ejército. El presidente ecuatoriano
consiguió el miércoles una acción de amparo para que se le ratificara en su
condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una de las funciones
que le confiere la Constitución del país latinoamericano. El antecedente es el
fallo de un consejo de disciplina al interior de la Armada que no le reconocía
su autoridad militar y no sancionó a un oficial de rango medio que, según el
mandatario, se saltó la cadena de mando y respondió a un correo electrónico de
Correa de forma desafiante.
El email del
presidente fue enviado el pasado 13 de mayo a unos 40.000 militares con la
intención de explicar el débito que hizo el Gobierno de 41 millones de dólares
que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cobró en exceso al
Ministerio del Ambiente por la venta de un terreno en Samanes (Guayaquil) en
2010. La comunicación del presidente ecuatoriano llegó cuando habían transcurrido tres
meses desde de que el primer mandatario había destituido anticipadamente a la
cúpula militar que se negó a devolver ese dinero.
El capitán de
corbeta Edwin Ortega, ahora en el centro de la polémica, respondió al
presidente con una carta de un folio y medio en la que enumeraba los puntos de
roce entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas: el traspaso de colegios y hospitales
militares al Estado, la eliminación de edecanes y agregadurías militares en el
extranjero, el fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Inteligencia
(Senain) en perjuicio de la dirección de inteligencia de las fuerzas armadas,
el uso de sabatinas para desprestigiar a los militares, y la destitución del
Alto Mando.
En el párrafo
final, Ortega escribe: “Le ruego, pare de desinstitucionalizarnos, pare de
agredir a nuestros comandantes, respete nuestras tradiciones. Y, por favor,
pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta
impunidad y corrupción...”. Esto es lo que más ha molestado al presidente y por
lo que pidió la sanción que corresponda.
Consejos de
disciplina
Otros ocho
uniformados han sido procesados igual que Ortega —siete por contestar al correo
electrónico del presidente y la teniente Karla Pozo, que compartió en la red
social Facebook supuestos mensajes contra el Gobierno—, pero hasta hoy los
consejos de disciplina han archivado los casos. Sin embargo, nada garantiza que
no se instalen nuevos consejos de disciplina, como se hará con el capitán
Ortega tras la acción de protección concedida al presidente.
El abogado del
militar, Juan Vizueta, ya había anticipado que “jugaban en cancha inclinada,
con árbitro arreglado” y tras la audiencia expresó su decepción. “Me siento
frustrado de ver cómo se atropellan las leyes y bastante decepcionado del
estado en que vive el Ecuador
frente a un gobierno que secuestró la justicia para ponerla a su servicio y
convertirla en un instrumento para perseguir a los que no piensan igual”,
afirmó.
Juristas como
Farith Simon y Santiago Guarderas, ambos vinculados a la academia, coinciden en
que la acción de protección que pidió el presidente Correa es un derecho de los
ciudadanos para defenderse contra el poder público y que no aplicaba en un caso
en el que se ha enfrentado el Estado contra el Estado. La audiencia por la
acción de protección fue breve: en menos de cinco minutos la jueza dio la razón
al mandatario y refrendó la Carta Magna.
LA APUESTA DE LULA PARA VOLVER A PLANALTO
Pese al complejo escenario judicial que enfrenta, el
líder del PT busca articular una gran coalición inspirada en el modelo
uruguayo. La iniciativa no sólo busca encabezar la oposición al gobierno de Michel
Temer, sino también convertirse en plataforma para la eventual candidatura de
Lula en 2018.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
Luiz Inácio
Lula da Silva una vez más pone a prueba su liderazgo y su capacidad de
articulación política. Así como en abril pasado constituyó un Frente
Parlamentario en Defensa de la Democracia contra el impeachment de Dilma
Rousseff, consumada la destitución de la Presidenta brasileña, el ex mandatario
reactivó ahora la articulación de un frente amplio de izquierda para liderar la
“resistencia” al gobierno de Michel Temer con miras a las elecciones
presidenciales de 2018, según el diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con
este medio, Lula sugirió el miércoles a Carlos Lupi, presidente nacional del
Partido Democrático Laborista (PDT), la composición de un bloque de oposición
en el Congreso, el mismo día en que el líder del Partido de los Trabajadores
(PT) acompañaba la votación del impeachment al lado de Rousseff, en el Palacio
de Alvorada. En la oportunidad, según el periódico paulista, Lula le habría
ofrecido a los pedetistas el liderazgo de la minoría.
En mayo pasado,
cuando se aprobó el inicio del juicio a Rousseff, la prensa brasileña ya daba
por hecho que Lula estaba incentivando la creación de un frente inspirado en el
modelo uruguayo, es decir, una gran coalición que reuniría sindicatos,
asociaciones, partidos (como el comunista PCdoB, el PDT, además del PT), ONG’s
y otros movimientos de izquierda, además de intelectuales y artistas en torno
de un programa y con vistas a las presidenciales de 2018.
Por entonces,
el profesor de filosofía política de la Pontificia Universidad Católica de Río
de Janeiro, Rodrigo Nunes, explicaba a La Tercera que el impeachment de
Rousseff acabaría siendo “el resultado más confortable para el PT”. Ello,
porque “sacaba a Dilma de escena y prácticamente colocaba a Lula en campaña,
reforzado por la imagen de que hubo abusos en el proceso”. “Con esto, el PT no
sólo se sitúa para volver en las elecciones de 2018 (en el caso de que Lula no
esté preso), sino que puede reafirmar su hegemonía sobre la izquierda, que era
cada vez más cuestionada”, señalaba Nunes en mayo pasado.
Y es que pese
al complejo escenario judicial que enfrenta Lula en el marco del escándalo de
corrupción en la petrolera estatal Petrobras, el líder petista aparece como la
figura política con más opciones de cara a 2018. Si los comicios fueran hoy, el
candidato más votado sería Lula, con un 22% de las preferencias, según la
última encuesta de Datafolha. Con 17% aparece Marina Silva -tercera en las
elecciones de 2014-, seguida por un 14% de Aécio Neves, el candidato del PSDB
al que Dilma derrotó en segunda vuelta.
“Campeón de los
pobres”
“El PT debe
continuar con su versión de que hubo un golpe de Estado y presentar a Dilma y a
Lula como víctimas de una conspiración de la derecha, haciendo oposición a
todas las propuestas de Temer en el Congreso”, dijo al portal argentino Infobae
Rodrigo Stumpf González, cientista político de la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul. “Lula se presentará como el campeón de los pobres, en contra de
las reformas de Temer. Si la situación económica mejora, el PMDB y el PSDB
saldrán más fuertes. Si no, Lula tendrá posibilidades”, dijo.
Sin embargo, la
columnista de Folha de Sao Paulo, Mônica Bergamo, señaló que para el PT la
caída de Dilma era “el penúltimo capítulo de una saga que puede terminar con la
condena y hasta, al límite, con la prisión del ex Presidente”. Según Bergamo,
senadores del partido e interlocutores del petista creen que ahora podría
iniciarse una tentativa de “caza final” a Lula, para impedir que pueda
presentarse a las elecciones de 2018.
Se trata de un
escenario casi lógico, a juicio de Lincoln Secco, historiador de la Universidad
de Sao Paulo y autor del libro Historia del PT. En declaraciones a La Tercera,
Secco dijo que “el golpe parlamentario (contra Dilma) no tiene sentido si
preserva el liderazgo de Lula”. Sin embargo, reconoce que el ex
mandatario “podría volver como candidato fuerte en 2018 (las encuestas indican eso)
y el gobierno de Temer difícilmente habrá superado la crisis”. Un
escenario que el profesor de Etica y Filosofía Política de la Universidad
Estatal de Campinas (Unicamp), Roberto Romano, también comparte. “Será un casi
milagro si Temer llega incólume a 2018”, comentó a este medio.
Pero Lula aún
no tiene asegurada la carrera por el Palacio de Planalto. Según Lupi, el
petista no descarta el lanzamiento de un candidato fuera del PT para la
Presidencia, entre ellos el ex ministro Ciro Gomes (PDT). “El (Lula) dice que
Ciro es el más preparado”, afirmó Lupi a Folha.
“Mirando a
2018, se debe apuntar una candidatura única de ese frente y de ese programa,
comprometida y emergida de ese proceso”, apunta el cientista político Aldo
Fornazieri, uno de los entusiastas de la idea. “Ese candidato puede ser Lula,
Ciro Gomes u otro nombre que no sea candidato de si mismo o de un único grupo”,
concluyó.
COMPLOT EN MARCHA: EL OMBLIGO ESTÁ EN WASHINGTON
Cuba Si (www.cubasi.cu)
Por Nicanor
León Cotayo.- Se había advertido que
Estados Unidos intentaría ir asesinando las causas progresistas que hay
en su antiguo “patio trasero”. Aquel plan hoy está en abierta ejecución, y a
manera de credencial exhiben, sobre todo, los casos de Argentina y Brasil.
Junto a ello
públicas señales conspirativas en Ecuador y Bolivia, nación esta última
donde elementos fascistas llegaron a torturar y matar a un viceministro.
Por cierto,
vale la pena detenerse en ese monstruoso caso, para revelar aún más hasta dónde
llegan las fuerzas ultraderechistas que comanda Washington en el afán de
recuperar su dominio en el área.
Se trata del
doctor Rodolfo Illanes, quien era un abogado de 58 años de edad a cargo del
Régimen Interior de Bolivia, secuestrado cuando trataba de establecer un
diálogo con cooperativistas mineros que bloqueaban una carretera.
Un informe del
fiscal general del país, Ramiro Guerrero, dice lo siguiente:
“Fue golpeado
en todo el cuerpo, en el cráneo y las extremidades, se ha podido evidenciar la
fractura de varias costillas y del tabique nasal”.
La autopsia
demostró que lo torturaron durante seis o siete horas antes de ser asesinado
por los mineros que lo secuestraron”.
Su cadáver fue
encontrado en una carretera de la localidad de Pandero, situada a 180
kilómetros de La Paz.
El Fiscal
General abrió un proceso judicial contra cinco cooperativistas.
Horas después,
Washington utilizaba la mayoría que controla en el Senado de Brasil para
imponer la salida de Dilma Rousseff de la presidencia.
Materializaron
así, el golpe parlamentario fraguado como eslabón de su conspiración regional,
en este caso dirigida hacia una pieza clave para sus objetivos.
Quizás lo más
cínico de este capítulo sea que Dilma fue juzgada por un colectivo de senadores
cuya mayoría tiene cuentas pendientes bajo cargos de corrupción.
Se le valora ya
como una de las puñaladas más sucias y alevosas que recuerde la historia de
Brasil.
Ella había
cometido el “pecado” de asomarles investigaciones por tal felonía, algo que,
entre otras cosas, se afanaron en evitar a cualquier costo.
De esta manera,
quien llegó a la jefatura del Estado con unos 54 millones de votos, fue victima
del zarpazo que le lanzaron 60 senadores plegados a Washington.
Pero fue tan
grotesco el espectáculo que no pudo llegar a inhabilitarla para desempeñar cargos
públicos.
De ahí sus
palabras finales al abandonar el local, cuando recordó que ha sido victima de
dos golpes de Estado.
Primero en su
juventud como gallarda combatiente clandestina, presa y torturada, y ahora bajo
otro régimen pro-estadounidense que le arrebata su alta investidura.
De ahí su
histórica despedida, avalada por quienes ya comenzaban a manifestarse en las
calles:
“No les digo
adiós, mejor hasta pronto”.
Todo en
momentos que la ofensiva subversiva de Washington se intensifica contra la
Venezuela de los enormes recursos petroleros.
Todos los
medios del Norte se encuentran activados para tratar de asestar un golpe mortal
a esta decisiva nación suramericana.
Pero este
jueves, la trascendental concentración de las fuerzas chavistas, cuando la ultraderecha
había proclamado, soberbia y aturdida, su “Toma de Caracas”, envía un mensaje
muy difícil de ignorar ni por los más recalcitrantes sabuesos de Washington.
Y es que el
discurso del presidente, Nicolás Maduro, en el que reiteró con una firmeza impresionante
la disposición de resistir y vencer, corrobora que Venezuela fue, es y será un
hueso imposible de roer.
Máxime cuando
se abre paso cada vez más una certeza, el ombligo del actual complot radica en
Washington.
EL NUEVO PLAN CÓNDOR DE EEUU SOBREVUELA AMÉRICA LATINA
La restauración colonial en el continente americano,
planeada e implementada desde Washington a través de sus tanques pensantes y
con las corporaciones mediáticas como punta de lanza, parece consolidarse tras
la destitución de Dilma Rousseff con un golpe de estado parlamentario con
colaboración del aparato judicial.
Cuba Periodistas (www.cubaperiodistas.cu)
Cuando en
diciembre de 2004 se fundaba el ALBA (Alianza Bolivariana para América,
devenida luego en ALBA-TCP) y el 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata,
Argentina, se enterraba el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), aires
de integración económica y política parecían convertirse en un huracán
imparable, al abrazo de Chávez, Lula y Kirchner, le siguieron el triunfo de Evo
Morales en Bolivia y su Revolución Plurinacional, Rafael Correa y la Revolución
Ciudadana en Ecuador, Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación
Nacional en Nicaragua, Fernando Lugo en Paraguay con la Alianza Patriótica para
el Cambio, un nuevo horizonte se abría para nuestro continente.
El ejemplo de
resistencia de la solitaria Cuba se impregnaba en los pueblos de América, la
dignidad humana comenzaba a prevalecer sobre el vil dinero y las políticas
sociales eran los objetivos de los gobiernos progresistas, una nueva era
transitaba los caminos del cambio en las sociedades explotadas y discriminadas
por más de 500 años que comenzaron a construir la segunda y definitiva
independencia.
El imperio no
se quedó expectante ante ésta situación, a pesar que sus intereses principales
se encontraban en Medio Oriente y el Norte de África no se olvidó de lo que
siempre definieron su “patio trasero”, y fue montando una red de ONGs,
fundaciones y estructurando con los grupos económicos mediáticos una política
injerencista que esperaba el momento oportuno para dar el zarpazo.
Manejando los
tiempos de las oligarquías locales y coordinándolas con los grandes grupos
económicos transnacionalizados, con apoyo de los poderes judiciales y
parlamentarios, los golpes blandos se pusieron en marcha.
Manuel Zelaya
derrocado en 2009, intento de magnicidio de Rafael Correa en 2010, destitución
de Fernando Lugo en 2012, permanente acoso a Hugo Chavez y tras su muerte a su
sucesor Nicolás Maduro y la pérdida de la mayoría parlamentaria en las últimas
elecciones de miembros de la Asamblea Nacional bolivariana en medio de una
permanente agresión externa y guerra económica, derrota en el plebiscito de Evo
Morales por una operación de prensa, triunfo electoral de los candidatos de la
Embajada Norteamericana en Argentina en 2015 y la reciente destitución de Dilma
Rousseff en Brasil, demuestran que nada es casual, sino causal, y dirigido
desde los centros de poder imperial al norte del Rio Bravo.
Los gobiernos
progresistas de la región se encuentran atrapados entre la legalidad de las
democracias construidas en épocas de la independencia de las colonias y
reformadas en la pos-guerra con propuestas liberales y bajo la tutela política
de los EEUU y la prédica de los medios hegemónicos de comunicación en lo que
podemos denominar un verdadero “Plan Cóndor de control Informativo”, lo que ha
condicionado inicialmente la implementación de reformas y políticas
alternativas.
Solo tres
países de la región han efectuado reformas constitucionales que rompen con la
legalidad reaccionaria del statu quo conservador, dando un cambio a la
concepción del rol del Estado y el modelo económico en el funcionamiento de la
sociedad, contrariando la lógica neoliberal, reconociendo la pluralidad étnica
de nuestras poblaciones y buscando un modelo de democracia más participativo:
Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), pero en ninguna de ellas se
estableció la comunicación y la información como un bien social que no puede
estar en manos de sociedades de capital ni de empresarios particulares.
Es tremendo
como dos de los países fundamentales en la economía continental y principales
sostenedores del acuerdo de integración económica más importante en volumen y
territorio del continente, el MercoSur, han sido dominados por las mafias empresariales,
mediáticas y judiciales, serviles al norte imperial.
Con una
metodología de inicio similar, medios y poder judicial coordinados, Cristina
Fernandez y Dilma Russeff sufrieron los ataques sistemáticos de la derecha, que
llevaron a la pérdida de las elecciones al Frente Para la Victoria de Cristina
y a la destitución a Dilma.
Los sucesores
de ambas presidentas, Mauricio Macri, en Argentina y Michel Temer en Brasil,
fueron denunciados en los WikiLeaks como informantes o colaboradores de
los funcionarios de las embajadas norteamericanas de sus respectivos países,
detalle no menor que debemos tener en cuenta cuando analizamos lo que está
pasando hoy.
Los ataques del
norte sobre el Mercosur tienen un claro objetivo compartido hoy por los
gobernantes argentinos y brasileros de destruirlo. Al ingreso de Venezuela al
mismo, se producía un interesante vuelco del acuerdo regional, de ser solo un
tratado comercial se pasaba a un tratado integrador económico-político-social,
con un estado miembro que hacía de bisagra con el otro tratado
económico-político-social del ALBA-TCP, liderado por Cuba y Venezuela, de
producirse una integración plena del estado bolivariano al Mercosur, de
desarrollarse el Banco del Sur (al que se oponían las burguesías empresariales tanto
de Brasil como de Argentina), se daban las condiciones de un proceso de
integración del Sur con América Central y el Caribe, generando un tremendo
mercado regional, no ligado a las políticas norteamericanas.
El golpe en
Brasil, no solo destituye a Dilma Rousseff, sino que, como en Argentina,
produce un brutal retroceso en las políticas sociales, poniendo al Estado en un
lugar de subsidio a las corporaciones económicas, a las que les entrega la
dirección del mismo y busca redirigir los acuerdos económicos internacionales,
los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), podían en corto
plazo poner en jaque el dominio comercial norteamericano, y sufrirán un
cimbronazo muy duro al retirarse Brasil cuya política se atará a los designios
del FMI y el BM sin ninguna duda.
La destitución
de Dilma y la asunción de Temer se da en momentos donde se intentaba dar un
golpe también dentro del Mercosur, no permitiendo que Venezuela asumiera la
presidencia pro-tempore, mientras que arrecian los intentos golpistas contra
Maduro, la derecha paraguaya, junto a la brasilera y argentina generan las
condiciones para la desintegración del acuerdo regional, aunque por diferentes
motivos, acuerdan con el objetivo, además de ser serviles a la política
exterior norteamericana.
A los
empresarios argentinos ligados a las transnacionales y encabezados por Macri,
los seduce la incorporación al Tratado Trans Pacífico y la participación en un
Mercosur activo e integrador lo consideran un escollo en sus objetivos, debe
ser eliminado, aunque ello signifique ceder soberanía política y económica a
las grandes corporaciones y a los países centrales, EEUU a la cabeza.
Por ello
afirmamos al principio de la nota que la restauración colonial en el continente
americano es planeada e implementada desde Washington, real beneficiario de los
desastres que se avecinan con la aplicación de las políticas del Consenso de
Washington en nuestros territorios.
Debemos
reconocer que éstos avances de la derecha se producen también por la inacción de
los gobiernos progresistas que pensaron que podían desarrollar políticas
sociales, generadoras de un mercado interno que sacaron a millones de personas
de la indigencia y la pobreza, recuperando para el pueblo la plusvalía de la
producción, fundamentalmente de bienes primarios y la explotación extractiva, y
al mismo tiempo que negociaban con las grandes corporaciones de capital
monopólico, controlarlas sin cambiar de raíz la matriz económica y
política del país.
No están dentro
del capitalismo los genes que permitan resolver el hambre, la distribución
injusta de los ingresos, la equidad en el ejercicio del poder y la
justicia social, por eso no hay acuerdos estables con los dueños del capital y
el imperio como su control fáctico, solo serán transitorios y tácticos, y tanto
en Argentina como en Brasil en ésta década ganada al neoliberalismo, sus
gobiernos no lograron desmontar las estructuras de poder económico, ni tomaron
medidas de fondo como la nacionalización de la banca y el comercio exterior y
una reforma agraria acorde con las nuevas necesidades de producción
agropecuarias, ni se dieron una política sobre los medios de comunicación y sus
propietarios y perdieron la oportunidad, cuando podían hacerlo, de modificar
las feudales constituciones que tenemos y desmantelar el aparato judicial,
convertido en un partido político al servicio imperial.
La formación de
cuadros políticos y el diseño de políticas de ocupación territorial, el impulso
al desarrollo de los movimientos sociales y de pueblos originarios, el
desmantelar y sustituir las viejas estructuras partidarias en el territorio, el
apoyarse permanentemente en la movilización popular, era una necesidad para
enfrentar la reacción que se avecinaba y poder asegurar un destino distinto a
Nuestra América.
No se podía
negociar con los serviles del imperio, eso debemos aprenderlo para el futuro,
no pueden haber más Cobos ni Temer en gobiernos populares, un proceso de cambio
debe ser profundizado a cada paso para sostenerse y avanzar, sino el enemigo te
destruye.
Ahora es de
esperarse que todos los cañones apunten a la Venezuela Bolivariana, hay que
defenderla y confiar en un pueblo movilizado, millones en la calle para
recuperar la iniciativa popular en el continente y resistir la restauración
colonial con la unidad de los pueblos, único camino para construir un mundo
mejor.
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