Álvaro García Linera es un referente del Movimiento al Socialismo en Bolivia y exvicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019. Es probablemente el más brillante intelectual latinoamericano que representa lo que fue un movimiento progresista en toda América Latina que hoy parece entrar en un proceso de fin.
Tras la derrota de la izquierda, el exvicepresidente
sostuvo que el nuevo presidente deberá "entender que Bolivia ha cambiado
para bien". "La gobernabilidad no es solamente la que tienes en el
Parlamento, sino la que tienes con la sociedad", agregó.
Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia,
sostuvo que las transformaciones sociales iniciadas por el Movimiento al
Socialismo (MAS) en su país llegaron a su fin por errores políticos y
económicos, lo que redujo la representación del partido en el Parlamento. Sin
embargo, destacó los avances en el “empoderamiento indígena” y la mejora en los
niveles de ingresos. “No estará la fuerza política que representó esos cambios,
pero sí están los cambios estructurales que van a ser decisivos”, afirmó.
Me gustaría si usted nos pudiera explicar, de la
manera más didáctica posible, qué significa el casi convertirse en algo
infinitesimal el MAS hoy en Bolivia y, al mismo tiempo, si es buena noticia de
que no gana la extrema derecha, como normalmente ha venido sucediendo en los
países que han pasado durante cierto tiempo movimientos progresistas.
Lo que ha pasado en Bolivia es el cierre de un periodo
largo de transformaciones sociales que se iniciaron a inicios del siglo XXI con
una serie de levantamientos populares, una modificación del sentido común de la
sociedad y una victoria electoral que le dio a Evo Morales mayorías absolutas.
Durante 13 años se pudieron llevar adelante reformas económicas y sociales. Las
más importantes fueron el empoderamiento de sectores indígenas, un crecimiento
económico de 5% anual a lo largo de 14 años, una reducción sorprendente de la
pobreza y de la extrema pobreza que caracterizaba a Bolivia como el segundo
país más pobre del continente, y ahora ya está en un nivel de ingresos mínimos.
Ese proceso ha llegado a su fin por fallas internas, por debilidades internas, por
errores políticos y económicos, y hemos entrado en un momento lineal en el que
va a definirse un nuevo sistema político, no sabemos si largo o corto.
Y si bien el partido de Morales, y las fuerzas
políticas que lo acompañaron, han sido derrotadas catastróficamente el 17 de
agosto al quedar marginados del Parlamento -de haber estado siempre con los dos
tercios, ahora no se llega ni al 5%-, lo interesante es que la sociedad no ha
girado de manera pendular hacia otro extremo, sino que ha girado hacia un
centro derecha que ha sorprendido a todos. Y veremos qué resulta el 19 de
octubre, que serán la segunda vuelta de esa modificación del sistema político.
Y ahí se definirá si es que es la extrema derecha que encabeza el señor Quiroga
o si es este centro derecha que encabeza el señor Rodrigo Paz el que se queda
con la presidencia del Estado.
Cuando uno analizaba América Latina se decía hace unos
años que la gran diferencia de Argentina con el resto de América Latina era que
Argentina había tenido peronismo, y que al haber tenido peronismo a mediados
del siglo pasado se había generado una conciencia social, una valoración de los
derechos, una autonomía del ciudadano que no tenía el resto de América Latina.
Y que dejó un cambio cultural respecto de la autopercepción de las personas de
menores ingresos respecto de una dignidad y de la posesión de derechos que
reclamaban al Estado. ¿Se podría decir que estos años de un proceso que ahora
concluyó, pero dejan una base definitiva para que Bolivia no vuelva a ser nunca
el segundo país más pobre de América Latina?
Lo que usted menciona es clave. Si bien el partido
político que encabezó estos procesos de transformación ha sido derrotado y
literalmente marginado de la representación parlamentaria, el conjunto de
logros, de derechos y de empoderamientos que ha llevado adelante este proyecto
político no han desaparecido. En primer lugar, el empoderamiento indígena. No
se olvide que en Bolivia los indígenas eran considerados subhumanos, personas
que no tenían derechos, reconocimiento ni facultades para ejercer funciones públicas
hasta hace 20 años. Eso se ha modificado. Los indígenas de mi patria hoy son de
pleno derecho, empoderados no solamente políticamente por su presencia en la
vida política, desde presidente, ministros, parlamentarios, gobernadores,
alcaldes, sino también en la vida económica. Ha habido un proceso de ascenso
social de los sectores indígenas que hoy se han convertido en sectores de
ingresos medios. Algunos son ricos en dinero.
Esta revolución social y estas transformaciones
sociales están ahí, no han desaparecido y hay que ver cómo el siguiente
gobierno va a tratar eso. Ya no está con los indígenas de hace 40, 50 años que
se movían en la oscuridad y a quienes se podía tratar con un desprecio
colonial. Hoy el sector indígena de Bolivia es un sector que se siente seguro,
que tiene poder económico, que tiene poder, que no quiere a las catacumbas de
la marginación. Y veremos si el nuevo presidente, las nuevas fuerzas políticas,
el Parlamento pueden lidiar, si tienen la habilidad de entender que Bolivia ha
cambiado para bien, negocian posiciones y saben recoger expectativas, pueden
tener gobernabilidad, porque la gobernabilidad no es solamente la que tienes en
el Parlamento, sino la que tienes con la sociedad. Pero si son personajes
fósiles políticos, estos nuevos gobernantes que quieren regresar a los años 50,
60 o 70 en términos de discriminación y marginamiento de los pueblos indígenas,
con seguridad que van a tener problemas, porque Bolivia ha cambiado para bien.
No estará la fuerza política que representó esos cambios, pero sí están los
cambios estructurales que van a ser decisivos a la hora de garantizar la
estabilidad y la gobernabilidad del nuevo presidente en los siguientes cinco
años. (https://n9.cl/7wcxn)
EVO MORALES:
“FUI EL PRIMER INDÍGENA EN CERRAR BASES MILITARES… EEUU NO PERDONA ESO”
Resumen Latinoamericano Org. (https://n9.cl/i2uei)
Dos días después de liderar las elecciones
presidenciales bolivianas sin presentarse como candidato, Evo Morales recibió a
Brasil de Fato en Lauca Eñe, un pequeño pueblo de la provincia de Cochabamba, a
600 kilómetros de La Paz, en la región conocida como el Trópico, epicentro de
la producción de coca de Bolivia y hogar de los principales líderes sindicales
del país. Entre ellos, el propio expresidente.
Tras la primera vuelta de las elecciones
presidenciales, el 17 de agosto, el recuento reveló que el 20% de los
bolivianos votaron nulo o no se presentaron a votar. Este es un récord
histórico en la historia del país, y los analistas locales no dudan de que Evo
Morales es el responsable de este récord.
Los tribunales bolivianos entienden que tres mandatos
presidenciales es el límite máximo para cualquier político en el país. Evo
esperaba postularse para un cuarto mandato en 2025, pero se le impidió y ha
estado denunciando públicamente que fue víctima de un golpe de Estado
orquestado por su sucesor y antiguo aliado, el actual presidente Luis Arce.
Ambos hombres libraron una larga batalla por el
liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido más grande del país,
que siempre había apoyado a Evo Morales. El líder cocalero se vio obligado a
abandonar el partido y vio cómo se desvanecían sus posibilidades de
candidatura.
En las últimas semanas de la campaña electoral, Evo
lanzó una campaña por el voto nulo, afirmando que el senador Andrónico
Rodríguez, otro líder cocalero de Cochabamba y su afiliado político, era un
traidor, y que Eduardo del Castillo, el candidato presidencial del MAS, era de
derecha.
Con el éxito del voto nulo, dos candidatos de derecha
pasaron a la segunda vuelta, que se realizará el 19 de octubre: Rodrigo Paz y
Jorge “Tuto” Quiroga, ambos blancos e hijos de familias adineradas del país.
Para hablar sobre las elecciones presidenciales y el
futuro de Bolivia, Evo Morales recibió a Brasil de Fato en el edificio donde se
encuentra aislado desde octubre de 2024, rodeado y protegido por activistas
campesinos e indígenas que ocupan todas las calles aledañas al inmueble, en un
gran campamento que impide a las fuerzas policiales ingresar al espacio y
detener al expresidente, quien tiene una orden de captura emitida en su contra
por tráfico de menores, delito que niega haber cometido.
Aislado en el edificio de tres plantas, donde solo
tiene contacto directo con dos asistentes, Evo se describe como «solitario y
soltero a los 65 años». Durante el día, el expresidente sale a charlar con los
campistas, cuida su piscifactoría, su huerto de mandarinas y sus arrozales, y
se ejercita en un minigimnasio improvisado en la primera planta del edificio.
Brasil de Fato: Presidente, acabo de pasar por el
campamento. Crucé unas barricadas y vi a mucha gente protegiendo este espacio,
protegiéndolo a usted. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y cómo es para un
expresidente vivir escondido en su propio país en estas condiciones?
Evo Morales: Primero, bienvenido a Bolivia y gracias
por la entrevista. Durante el golpe, antes de que Lucho (Luís Arce) asumiera el
cargo, pasé casi un año en el exilio. Y con Lucho, a quien elegimos presidente,
fue otro año de confinamiento. No hay forma de explicárselo. No entiendo cómo
la ambición lleva a la traición. La ambición lleva a la traición, traición por
la ambición. Eso es lo que estamos viviendo aquí.
El 27 de octubre del año pasado, al día siguiente de
mi cumpleaños, cuando llegaba a mi programa de radio dominical a las 7 a. m.,
se oyó un disparo. Policías y militares se encontraban a las puertas de la 9.ª
División del Ejército, a unos 10 km de Villa Tunari, con tres helicópteros, en
un operativo militar y policial con personal extranjero. Uno de los
helicópteros estaba pilotado por un colombiano.
Automáticamente, la gente vino y se congregó. Cada
comunidad se acercó a esta propiedad de la federación y se organizó una
vigilia. Después de tres días, dije: «No, mejor que me arresten». Pero la gente
no quiso, no lo aceptó. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto… han pasado casi diez meses, y me asombra.
Tres días después de la vigilia, dije: «No, me
entrego». Eres de Brasil. Pensé en Lula. Cuando se emitió la orden de arresto
en su contra, la gente se congregó en la puerta del sindicato y los
trabajadores no permitieron que se lo llevaran. Pero Lula decidió entregarse y
lo arrestaron. Aquí no quisieron entregarme. Pensé en hacerlo, pero no
quisieron. Es gracias al esfuerzo de mis compañeros de la vigilia que seguimos
resistiendo y que sigo aquí. No me quedo aquí; voy a cualquier reunión en
Trópico, y ellos (la policía) no se atreven a entrar.
Aquí estamos completamente organizados y podemos
movilizarnos en cualquier momento. Cerca de aquí, en Chimoré, había una base
militar. Desde los 24 o 25 años, vi cómo la DEA [la agencia del gobierno
estadounidense que trabaja para combatir el narcotráfico], los estadounidenses,
llegó armada y nos atacó, disparando desde tierra y desde el aire, desde
helicópteros. El 27 de junio de 1988, hubo 11 muertos en Villa Tunari. Yo no
era el máximo dirigente de la federación; era el secretario general de la Central
2 de Agosto, que tenía 20 sindicatos. Lo vi de primera mano; hubo ráfagas de
disparos.
Nuestros camaradas no lo han olvidado. Aquí estamos de
nuevo, unidos, muy unidos, sindicalmente, socialmente y políticamente . Y
frente a la derecha y a los militares, frente a las balas, nos organizamos. Por
eso existen estas vigilias.
Brasil de Fato: Quería hablarle sobre las acusaciones
que llevaron a su condena. Ya declaró públicamente que son falsas, pero ahora
me gustaría que le explicara a Brasil qué significan las acusaciones de acoso
sexual. ¿Cuál es su versión de los hechos?
Mire, primero, durante el golpe de Estado,
investigaron mi vida durante un año entero por corrupción y no encontraron
nada. Personas que trabajaban conmigo en la Casa Grande del Pueblo (la sede
presidencial) me dijeron que tenían instrucciones de investigar la corrupción
de Evo, de construir un caso de corrupción, pero no pudieron. Desde el golpe de
Estado, en 2019, en Chimoré, desde la base militar, me llamaron. El ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, quien ahora está detenido en Estados Unidos, dijo:
«Construyan algo que lo vincule con el narcotráfico». Tampoco pudieron hacerlo,
ni siquiera pudieron inventarlo.
Durante todo 2020, me investigaron y no encontraron
nada. Según el Código de Procedimiento Penal, si no encuentran nada, el caso se
cierra y no se puede reabrir. En mi caso, no hay víctima. Si no hay víctima, no
hay delito. Es una regla universal.
La propia mujer (la joven identificada como la
víctima) presentó una declaración ante la policía, afirmando que no había
cargos, que no había ocurrido nada y que no había habido trata de personas.
Este caso ya debería estar cerrado.
Brasil de Fato: Bolivia salió de las urnas hace dos
días con casi el 20% de votos nulos, la tasa más alta en la historia del país.
¿Considera este resultado una victoria personal? ¿Por qué decidió, en las
últimas semanas de las elecciones, pedir a los bolivianos que anularan sus
votos?
Pasamos dos semanas haciendo campaña por el voto nulo
y quedamos terceros. Eso nos sorprendió. Si hubiéramos tenido un mes, habríamos
quedado primeros. Debo admitir que el capitán [Edman] Lara [candidato a la
vicepresidencia de Rodrigo Paz, quien se presentará a la segunda vuelta] nos
sacó un 12% de ventaja. Eso nos alejó del primer puesto. Este movimiento que
lidero sigue siendo el más grande de Bolivia y no está dividido. Esa es la
prueba definitiva.
Vean la última marcha, el 16 de mayo de este año, para
seguir mi candidatura. Según el Atlas Electoral, participaron 3,6 millones de
personas. No hubo otros candidatos presentes. Esto demuestra que el movimiento
político más fuerte de la historia aún existe.
Este resultado fue un voto de castigo para la vieja y
la nueva derecha. Lamentablemente, nos enfrentamos a un nuevo Lenín Moreno
[expresidente de Ecuador, quien fue vicepresidente de Rafael Correa y rompió
con el correísmo tras asumir la presidencia], peor que Lenín Moreno.
En noviembre pasado, Donald Trump ganó las elecciones
estadounidenses, y el presidente boliviano, Luis Arce, tuiteó: «Fieles a
nuestro firme e inquebrantable compromiso con la democracia, saludamos al
pueblo estadounidense por su participación y felicitamos a Donald Trump por su
victoria». Este mismo Trump aplaudió mi salida en 2019, tras la presión del
ejército golpista por el litio. Esta es la nueva derecha.
Así que, el 17 de agosto, el pueblo votó, castigando
tanto a la vieja derecha como a la nueva. Y les demuestro: todas las encuestas
que me incluían como candidato me colocaban en primer lugar, con diferencia.
Luego, robaron el nombre de nuestro partido. Presenté dos partidos, pero se
negaron a autorizarlos. Se denunció un pago de $200,000 al Tribunal Supremo
Electoral para deslegitimar a los partidos que me ofrecieron la candidatura.
Esto es persecución no solo contra candidatos, sino contra partidos enteros.
Así que lanzamos la campaña para votar por los votos
nulos. Los resultados son claros: nunca ha habido tantos votos nulos, en
ausencia y en blanco. Antes, alcanzaban el 10% y el 12%. Ahora, están en el
20%. Esto es histórico.
Brasil de Fato: Algunos críticos lo culpan por la
derrota de la izquierda. Otros culpan a Arce. Álvaro García Linera escribió que
un gobierno progresista no podía perder las elecciones y que Arce es
responsable. Pero algunos dicen que Evo antepuso sus intereses personales a los
de Bolivia y la izquierda. ¿Siente el peso de esta derrota de la izquierda?
Cuando regresé de Argentina el 11 de noviembre de
2020, me reuní con los líderes de las seis federaciones, además de los alcaldes
de la región de Cochabamba. Les dije: «No soy el presidente. Consulten con sus
bases para que decidan si debo seguir como líder sindical o político». El 28 de
diciembre de 2020, decidieron que debía seguir como candidato presidencial.
Sin embargo, Lucho quería tomar cartas en el asunto y
estaba muy nervioso. Cuando regresé, tuve una reunión con él, el movimiento
campesino y la dirección nacional del MAS. Dije: la candidatura presidencial
debería decidirse en el último año del gobierno de Arce. Dije que si Lucho
hacía un buen trabajo, debía ser ratificada. No estaba desesperado; tengo una
buena trayectoria, y mucha.
Me ofrecieron un escaño en el Senado, la
vicepresidencia, y dije que no. Estoy aquí para terminar la obra que comencé en
2005. El país está peor ahora que cuando asumí el cargo en 2005. Los salarios
siempre se pagaban con crédito, pagábamos el decimotercer sueldo y nunca hubo
escasez de combustible. Resolví el déficit fiscal con austeridad. Como
diputado, ganaba 25.000 bolivianos y el presidente 40.000. Como presidente, lo
reduje a 15.000. Construí el país sin crédito, con la solidaridad de otros
países, pero sin subir los impuestos. Eliminé gastos personales, como los
viajes.
Ahora, una vez más, estoy preparado con mi equipo
técnico para resolver el déficit fiscal, que es el problema de fondo. La crisis
económica es consecuencia del giro a la derecha. Me distancié de Lucho porque
gobierna con la derecha. Igual que en el caso de Lenín Moreno con Correa: allí,
Moreno persiguió a Correa. Pero Lenín no ordenó la ejecución de Correa. Aquí,
quieren fusilarme, y nadie ha sido arrestado.
Estoy dispuesto a resolver el problema, como lo hice
en 2005 y 2006, sin emitir moneda, sin subir impuestos y sin endeudar a
Bolivia. Detrás de todo, incluido el golpe de Estado, está el problema del
litio. Saben que si yo fuera candidato, habría ganado con el 60% de los votos.
Brasil de Fato: ¿Está unida la izquierda boliviana?
Por supuesto.
Brasil de Fato: ¿Quién es la izquierda boliviana hoy?
Nosotros, Evo, somos la izquierda. No es el MAS; nos
robaron el partido. Nos quitaron las siglas, pero no a nuestros militantes.
Brasil de Fato: La izquierda boliviana se pondrá a
prueba en el próximo período ante el avance de la derecha y un gobierno de
derecha. El MAS prácticamente ha desaparecido del parlamento y sus principales
líderes están divididos. ¿Cómo resistirá la izquierda boliviana? ¿Tiene la
fuerza suficiente para construir la unidad?
Estoy mostrando las encuestas: sin Evo, los candidatos
del gobierno obtienen el 14%, el 11%. Con Evo, obtengo el 42%, el 45%. Esto
demuestra que el movimiento está vivo. El problema es que no nos dejan
participar. Saben que si me presento, ganaremos.
Brasil de Fato: Se espera que la derecha presione para
su arresto e inhabilitación política. ¿Cree que la decisión del Tribunal
Supremo puede revocarse?
Esto ocurrió en toda Latinoamérica. Dilma sufrió un
golpe de Estado parlamentario. Cristina Kirchner fue procesada y ahora
condenada. Rafael Correa fue perseguido en Ecuador. Quieren hacerme lo mismo,
pero no pueden.
Lo que está sucediendo aquí en Trópico (región de
Cochabamba) es histórico. Los sindicatos, las comunidades, todos están
organizando una vigilia. Cada sindicato tiene 30, 40 o 50 afiliados. Se turnan
trabajando las 24 horas del día para garantizar mi seguridad. Se organizaron
automáticamente.
Al principio, drones y aviones sobrevolaban nuestra
región, pero no se atrevían a entrar. No es que me esté escondiendo; salgo por
aquí, Trópico. Pero no puedo ir a La Paz ni a Santa Cruz. Ese es mi problema.
No entran porque saben que estamos organizados.
Recuerden: Fui el primer indígena en cerrar bases
militares, expulsar extranjeros y nacionalizar recursos estratégicos. Estados
Unidos no lo perdona. Socavamos su seguridad global.
Brasil de Fato: Tienes 65 años. Aún eres joven…
Me dicen que tengo 30 o 40 años, por favor (risas).
Brasil de Fato: ¿Cómo imaginas tu vida a partir de
ahora, en los próximos años?
Dicen: «Evo se escapará a Cuba, Venezuela». Quiero
decir que no me escaparé. Implementaremos un plan de resistencia para proteger
y defender lo que hemos logrado: bonos, programas sociales. No defenderemos a
las empresas no nacionalizadas, porque planean privatizar de nuevo la
electricidad, los teléfonos, los hidrocarburos. Nos defenderemos, y tenemos un
plan de resistencia. Solo pido que nadie amenace nuestras vidas.
Personalmente, voy a trabajar. Soy trabajador, vivo de
la pesca, tengo naranjos. Soy un pequeño productor, gano lo suficiente para
comer y un poco más para venderle a un pequeño arrocero. Soy trabajador, vengo
de allá y volveré.
Brasil de Fato: Brasil, Chile y Colombia, con
gobiernos progresistas, aún no se han pronunciado sobre el proceso electoral
boliviano. ¿Cuál es su relación actual con estos países, especialmente con
Lula, Boric y Petro?
Seis presidentes se han pronunciado (sobre la
candidatura de Evo): Petro, Maduro, Claudia de México, Ortega de Nicaragua,
excepto Lula. Bueno, está en su derecho. Es una persecución política total.
Repito, por segunda vez, Arce es peor que Lenín Moreno.
¿Y aquí, dónde está el Foro de São Paulo? Bueno,
entiendo cuando me dicen que no querían tener estos problemas diplomáticos con
el gobierno de Arce. Estoy en el mismo bando que Fidel Castro y Hugo Chávez,
dos grandes libertadores. La lucha en el planeta Tierra es entre el imperio y
el pueblo. El pueblo resiste, derrotamos al imperio aquí y seguiremos
derrotándolo aquí. Esa es mi experiencia.
Brasil de Fato: Y Venezuela, un país que bajo su
gobierno siempre ha sido muy cercano a Bolivia, ¿cómo es su relación con
Nicolás Maduro?
Excelente. Maduro envió a tres representantes de
movimientos sociales a Bolivia. Petro me envió a un congresista. Honduras me
invitó a un evento internacional. Ortega dijo que enviaría a alguien, pero
nunca llegó. Bueno, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo.
Brasil de Fato: En Brasil, el presidente Lula ha
abogado por la desdolarización del comercio entre países que no comercian con
Estados Unidos, especialmente en el sur global. ¿Cuál es su postura sobre la
desdolarización del comercio?
Comparto esta opinión. Estados Unidos ya no es una
potencia económica, aunque sigue siendo una potencia militar. Dirigen la OTAN,
que se asemeja a un ministerio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Sin la OTAN, Estados Unidos no existiría. Durante la Guerra Fría, Estados
Unidos no quería gobiernos con tendencias progresistas, humanistas y
antiimperialistas.
Intentaron librar una guerra contra el terrorismo.
Pero mira, todos los que formamos parte de los movimientos populares somos
terroristas para ellos. Así que estás hablando con un expresidente terrorista.
Se les mete en la cabeza y se creen enviados por Dios, imagínatelo. Creen que
Dios los envió para gobernar el mundo. Así que empiezan a robar recursos
naturales, a instalar bases militares por todo el mundo, a financiar golpes de
estado y a cuestionar la democracia en otros países. ¿Qué democracia existe en
Estados Unidos? Aquí la derrotamos, y ese es mi delito.
Brasil de Fato: Seguramente has estado siguiendo en la
prensa la imposición de aranceles por parte de la administración Trump a varios
países. ¿Cómo ves este panorama?
Estados Unidos utiliza los impuestos como estrategia
de guerra, como instrumento de dominación, pero estas herramientas del imperio
se están agotando. Afortunadamente. Miren, necesitamos atacar estos
instrumentos de dominación y avanzar hacia la desmilitarización global.
Tenemos una propuesta para trasladar la sede de la ONU
desde Nueva York; tenemos que ir allí todos los años. Ese no es el camino. ¿Qué
exporta Estados Unidos al mundo? Balas, guerras y armas. Quiero sedes de la ONU
en Brasil, México, China, Rusia o África.
Brasil de Fato: Ahora tendremos un gobierno de derecha
en Bolivia. Como ocurrió en Brasil, Argentina y Ecuador, Bolivia enfrentará un
proceso de destrucción de conquistas sociales. ¿Qué cree que construyeron sus
gobiernos que no será destruido por la oposición?
Quien gane, ganará con el 30% de los votos y tendrá al
70% del país en su contra. ¿Con quién se confabularán para gobernar? Somos la
mayoría. ¿Creen que será fácil gobernar con tanta gente en su contra? Gané con
el 55% y goberné durante 14 años. Fui víctima de un golpe de Estado y debería
haberme presentado de nuevo.
Este estado colonial está unido contra los pueblos
indígenas. Esto no es solo un ataque contra Evo, es contra la gente humilde, y
necesitamos unirnos. El pueblo necesita al Estado para luchar contra el
capitalismo. Todo lo que el capitalismo produce es para destruir el planeta y
acabar con los movimientos populares. Pero nuestro mayor legado es la unidad;
solo con la unidad derrotaremos al imperio.
ENTREVISTA EXCLUSIVA A EVO MORALES SOBRE LAS
ELECCIONES EN BOLIVIA
Evo Morales denuncia un proceso electoral “sin la
Bolivia profunda”
Canarias Semanal Org. de España (https://n9.cl/fc9hp)
En esta entrevista exclusiva concedida a Juanlu
González y Txema Sánchez, el exmandatario boliviano, Evo Morales, analiza el
resultado de las elecciones del pasado 17 de agosto, en las que, pese a no
haber podido presentarse como candidato, su estrategia del voto nulo irrumpió
con fuerza como expresión del descontento popular.
Morales sostiene que se trató de unos comicios sin
verdadera representación de la Bolivia profunda, pues su inhabilitación impidió
la participación del que considera el principal referente político del país.
Asegura que el 22% de votos nulos, junto con la abstención y los votos en
blanco —que se impusieron en más de la mitad de los municipios— reflejan no
solo una protesta electoral, sino una condena a la actual gestión de gobierno.
El exmandatario califica al gobierno de Luis Arce,
David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez como una "nueva derecha" que
habría pactado con intereses extranjeros para facilitar el retorno del viejo
orden. Cita la reactivación de vínculos con Estados Unidos, declaraciones
favorables a Donald Trump y la supuesta colaboración con la DEA como pruebas de
esta deriva.
De cara al futuro, Morales afirma que su movimiento
político —bajo la nueva sigla “Evo Pueblo”— no participará en la segunda vuelta
y centrará sus esfuerzos en las elecciones subnacionales. Anuncia también la
formación de “comités de autodefensa” para proteger el Estado Plurinacional,
así como la preparación de eventos internacionales orientados a fortalecer la
articulación de movimientos populares a nivel continental.
En la conversación, Morales se detiene también en los
obstáculos legales y políticos que enfrentó para registrar su candidatura, a
los que califica como parte de una estrategia de persecución judicial.
Evo Morales lanza duras críticas a los dos candidatos
que pasaron al balotaje, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz, a quienes acusa de
compartir el mismo proyecto neoliberal y de querer desmontar los avances del
proceso iniciado en 2006.
Morales ofrece en esta entrevista su lectura del
momento político que atraviesa Bolivia y del camino que, según él, aún tiene
por delante el movimiento popular en su país.
EL FIN DE UNA ERA: BOLIVIA SE DESPIDE DEL “PROCESO DEL
CAMBIO”
El conteo oficial, con un 67% escrutado, confirma una
tendencia que parece no cambiará: Rodrigo Paz Pereira (PDC) lidera con el
30,54% de los votos, seguido de cerca por Jorge Quiroga (Libre) con el 28,4%.
Lejos en tercer lugar se ubica Samuel Doria Medina (Unidad) con el 21,77%,
mientras que la sorpresa negativa fue Andrónico Rodríguez (AP), quien apenas
alcanzó el 7,2% a pesar de ser considerado por muchos como el sucesor natural
de Evo Morales. El MAS-IPSP, con Eduardo del Castillo al frente, se limitó a un
magro 3,16%.
La victoria de Paz, aunque inesperada para las
predicciones basadas en redes sociales y encuestas, es inseparablemente ligada
a la fragmentación y marginación interna que sufrió el Movimiento al Socialismo
(MAS). La decisión de Luis Arce de apartar a Morales del partido y las
posteriores argucias legales que impidieron su participación allanaron el
camino para un escenario de dispersión electoral. El llamado al voto nulo,
impulsado por Morales y sus seguidores, se convirtió en la tercera fuerza más
votada, superando incluso el apoyo obtenido por Doria Medina.
El desmoronamiento del MASismo
El desempeño decepcionante de Andrónico Rodríguez es
un claro indicador de las fisuras internas que debilitaron al MAS. El senador,
visto como el heredero natural de Evo Morales, se vio arrastrado por
indecisiones estratégicas y un entorno político cuestionado, especialmente la
controvertida elección de Mariana Prado como candidata vicepresidencial. Su
campaña careció de la fuerza y cohesión necesarias para capitalizar el legado
del «Proceso de Cambio».
El fin del «proceso del cambio» iniciado a principios
de los años 2000, con su discurso anti-neoliberal y reivindicaciones por una
nueva Asamblea Constituyente, nacionalización de recursos naturales e
industrialización, se ha materializado en un panorama político fragmentado. Si
bien el modelo económico logró crecimiento sostenido en sus primeros años, la
resistencia de grupos de poder tradicionales y la pérdida de legitimidad
cultural erosionaron su base social. La corrupción percibida y la cooptación de
organizaciones sociales por parte del gobierno contribuyeron a desdibujar los
principios fundacionales del MAS.
Un retorno al pasado
La estrategia de campaña de Rodrigo Paz, dirigida por
el veterano Oscar Eid, se caracterizó por un enfoque territorial que contrastó
con la dependencia de las redes sociales observada en otros candidatos. Este
acercamiento directo a la población, —fue el único que llegó al altiplano
paceño—, resultó clave para su éxito.
Paz ha centrado su discurso en la «reconstrucción de la Patria» y la
lucha contra un «Estado tranca», una retórica que evoca los debates políticos previos
a 2022 y los tiempos en los que su padre, el expresidente Jaime Paz, hablaba de
«agrandar la nación y achicar el Estado».
Voceros del Cómite Cívico Pro Santa cruz, la punta de
lanza de los movimientos que se opusieron al “proceso del cambio”, afirman que
el masismo quedó “fuera de la historia”. “Lo más importante (es que) se
demostró que el MAS queda fuera de la historia de Bolivia de aquí en adelante”,
dijo Stello Cochamanidis.
Sin embargo, la polarización política persiste y el
llamado bloque popular, aunque debilitado, sigue siendo una fuerza relevante en
el escenario nacional, aunque primero debe enfrentar a sus propios demonios y
probablemente reconstruirse.
Eduardo del Castillo, uno de los personas más
enfrentados con Evo Morales y candidato del MAS en las elecciones en las que
logró apenas el 3% de votos, acusó a quienes se alejaron del MAS “siguiendo
falsos ídolos, ídolos de barro” de provocar la derrota. Pero el esmirrio 3% de
votos, demuestra que Del Castillo no es el indicado para liderar el «bloque
popular», lo mismo que Rodríguez.
El MAS, sobre todo en la etapa arcista, se sintió
omnipotente e impune. Durante este gobierno se sucedieron las denuncias de
corrupción que provocaron la salida de al menos cinco ministros y pusieron la
credibilidad de las instituciones pública en duda.
Al menos esto parece cambiar. Por lo pronto, el fiscal
general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se ha emitido una
alerta migratoria en contra de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis
Arce, en el marco de la investigación por presuntos delitos cometidos en la
adquisición del predio productivo “Adán y Eva” del departamento de Santa Cruz.
En este proceso, el denunciante es el diputado Héctor Arce, quien cuestiona al
hijo del presidente por haber recibido préstamos millonarios de parte del Banco
Ganadero para comprar el predio a 5 millones de dólares. Según el denunciante,
Rafael Arce declaró la transacción por menos dinero para evadir tributos y se
benefició con trámites exprés de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para
su propiedad.
Duelo de matices de una sola visión
En dos meses, Paz se enfrentará en segunda vuelta al
expresidente Jorge Quiroga. Aunque ambos
candidatos representan opciones políticas distintas, las diferencias
programáticas son más bien matices que rupturas profundas. Las elecciones del
17 de agosto marcaron el fin de una era y abierto un nuevo capítulo político.
La duda no está en quién ganará las elecciones, sino
cómo el nuevo gobierno hará frente al bloque popular, cuando este se
rearticule.
BOLIVIA AL BORDE DEL COLAPSO ECONÓMICO: RESERVAS EN
DUDA Y ORO HIPOTECADO PREOCUPAN A LA REGIÓN
Vilas Radio de Chile (https://n9.cl/k94nl)
El escenario económico de Bolivia comienza a despertar
atención más allá de sus fronteras. A semanas de la segunda vuelta presidencial
del 19 de octubre, la situación de las reservas internacionales, la provisión
de combustibles y la polémica por el oro hipotecado generan incertidumbre sobre
la estabilidad que encontrará la próxima administración.
El Banco Central de Bolivia (BCB) ha reiterado que el
país mantiene reservas en oro y divisas suficientes. Sin embargo, analistas
advierten que buena parte de esos activos están pignorados, es decir,
comprometidos como garantía de préstamos externos.
“El Gobierno contabiliza como reservas algo que ya no
está disponible de manera libre. Esto es un maquillaje contable que puede
costar muy caro”, afirmó Antonio Saravia, economista boliviano y académico en
Estados Unidos.
Saravia calificó la situación como una “bomba de
tiempo” que estallará en noviembre, cuando el nuevo presidente deba enfrentar
de inmediato la falta de liquidez.
Combustibles: abastecimiento hasta el límite
Otro de los focos de alerta son los combustibles. El
ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, garantizó gasolina y diésel
“hasta el 8 de noviembre”, apenas unas semanas después de la segunda vuelta
electoral.
Para el analista económico Joshua Bellott, la
afirmación es poco realista: “El proceso de importación toma al menos un mes.
Decir que se garantiza sólo hasta noviembre es reconocer que el próximo
gobierno asumirá con un déficit inmediato”.
La advertencia refuerza el temor de que el país
enfrente tensiones sociales si no se aseguran las importaciones al menos hasta
inicios de 2026.
La sombra de la opacidad institucional
El economista Darío Monasterio recordó que, sin
transparencia ni independencia del Banco Central, cualquier cifra oficial queda
en entredicho. “El 95% de las reservas está en bancos del exterior, pero no
sabemos cuántas están comprometidas. Esa falta de claridad alimenta la
incertidumbre”, subrayó.
El docente universitario Ernesto Bernal añadió que el
Gobierno ha ocultado datos en otras áreas, como encuestas de hogares, lo que
dificulta medir con exactitud la magnitud de la crisis.
Un futuro hipotecado
Los cálculos preliminares señalan que la próxima
administración necesitará al menos 2.000 millones de dólares en sus primeros
meses de gestión: 800 millones para cubrir las garantías del oro hipotecado y
más de 1.000 millones para importar combustibles entre abril y junio de 2025.
Para Gonzalo Colque, economista de la Fundación
Tierra, esto no es nuevo: “Desde 2014, las reservas se han ido depredando. El
país dilapidó más de 55.000 millones de dólares provenientes del gas y ahora
enfrenta el vacío”.
La advertencia política
El candidato presidencial Jorge Quiroga Ramírez
anunció que, si gana, pedirá cárcel para los responsables de hipotecar el oro
nacional. Sus palabras reflejan la tensión creciente en medio de una campaña
que se libra con un trasfondo económico cada vez más crítico.
Mientras tanto, en redes sociales, ciudadanos
denuncian que el Gobierno gasta en propaganda y consultorías mientras las arcas
públicas agonizan. “Nos quedamos sin oro, sin dólares y pronto sin gasolina,
pero con discursos vacíos”, resume uno de los comentarios más compartidos.
La cuenta regresiva hacia noviembre avanza y con ella
la sensación de que Bolivia se aproxima a un cambio de mando en condiciones tan
inciertas como peligrosas.
LA APUESTA DEL LITIO EN BOLIVIA PONE A PRUEBA EL AGUA,
LA CONFIANZA Y EL FUTURO DE UYUNI
Bajo el salar más grande del mundo yace suficiente
litio para impulsar la transición energética. Pero mientras los contratos se
apresuran en el Congreso y los humedales se agrietan, Bolivia enfrenta una
dolorosa pregunta: ¿puede extraer “oro blanco” sin agotar sus acuíferos ni la
confianza de sus comunidades?
Latinoamerican Post de EEUU (https://n9.cl/vq1bu)
En los ventosos bordes del Salar de Uyuni, los
pobladores de Río Grande recuerdan cuando los humedales brillaban con aves y
vicuñas. Hoy, el suelo está resquebrajado y seco. Los residentes dicen que el
cambio comenzó cuando la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) perforó
pozos y expandió su complejo industrial de Llipi. “Nuestras comunidades están
en estado de emergencia”, advierten las voces locales, observando cómo los
acuíferos se reducen mientras contratos con empresas rusas y chinas avanzan en
el Congreso.
El litio se presentaba como el boleto de Bolivia a la
prosperidad. Anunciada con bombo y platillo en 2008, la industrialización
tropezó entre crisis políticas, retrasos y acusaciones de corrupción. La
primera planta real recién abrió en 2023, produciendo solo una fracción de su
capacidad prometida —unas 2.000 toneladas en 2024 frente a un objetivo de
15.000. Para recuperar terreno, YLB firmó contratos multimillonarios con firmas
extranjeras, apostando por la tecnología de extracción directa de litio (DLE), promocionada
como menos intensiva en agua. Los críticos advierten lo contrario: la DLE
podría generar más salmuera residual y seguir dependiendo en gran medida de los
frágiles recursos subterráneos.
Las apuestas globales son innegables. Según el U.S.
Geological Survey, Bolivia tiene reservas de alrededor de 23 millones de
toneladas —una quinta parte del total mundial. Pero la geología es solo una
parte de la ecuación. El Salar de Uyuni y la puna circundante descansan sobre
acuíferos delgados y antiguos que se reponen lentamente. Incluso extracciones
modestas arriesgan un desequilibrio irreversible. Los investigadores insisten
en que cualquier proyecto debe comenzar con una rigurosa consulta a las comunidades
indígenas, como exigen los convenios internacionales de trabajo. Sin embargo,
en el terreno, los residentes dicen que las decisiones se toman primero y se
explican después.
Promesas, contratos y un vacío de consulta
En el Congreso, los nuevos contratos ya pasaron por la
comisión económica, pero esperan la votación en pleno —ahora enredada en la
temporada electoral, mientras los candidatos presidenciales Rodrigo Paz Pereira
y Jorge “Tuto” Quiroga se encaminan a una segunda vuelta. Los manifestantes
exigen que los legisladores congelen las aprobaciones hasta que asuma una nueva
administración. Su frustración va más allá del calendario. Las comunidades
denuncian que nunca fueron consultadas, pese a las garantías constitucionales.
YLB insiste en que el salar está bajo jurisdicción nacional, pero los locales
califican la secuencia de invertida: los estudios ambientales y el
consentimiento deberían ir primero, no después de las firmas.
Los tribunales se están convirtiendo en campos de
batalla. Un grupo indígena demandó en mayo alegando falta de consulta; el caso
fue desestimado por cuestiones procesales. En agosto, otro juez ordenó una
pausa temporal en las aprobaciones hasta que se aseguraran los estudios
ambientales y el consentimiento local. Los residentes dicen que la confianza ya
está erosionada. Los empleos prometidos en su mayoría se destinaron a
forasteros. “Nos dijeron que seríamos el Dubái de Sudamérica. No hemos visto ni
un centavo”, afirma un exlíder cívico. Los operadores turísticos añaden que las
restricciones de caminos alejan a los visitantes de Río Grande, reduciendo
ingresos, mientras que rituales culturales en el cercano Cerro Llipi enfrentan
nuevas barreras de acceso.
Las promesas de prosperidad suenan vacías cuando los
medios de vida se reducen. Cada compromiso incumplido agranda la brecha de
credibilidad entre La Paz y las comunidades del altiplano llamadas a hospedar
la fiebre del “oro blanco”.
Agua, vida silvestre y el costo de la extracción
Para los pastores y agricultores de quinua, el agua es
vida. Los pobladores recuerdan que nunca tuvieron mucha; ahora temen perder lo
poco que queda. Los locales culpan a los pozos de YLB por el secado de
humedales. Las vicuñas, apreciadas por su fibra fina, pastan cada vez más
lejos, dificultando las tradicionales capturas y haciendo más inseguro el
ingreso. “Nadie compensa la pérdida”, lamentan los líderes comunitarios.
La hidrología de Uyuni es notoriamente compleja:
salmueras salinas se mezclan con escasa agua dulce, las lluvias son erráticas y
la recarga es glacial. Pero la ecuación es sencilla: extracciones que superan
la recarga acaban agotando la cuenca. Los críticos argumentan que la promesa de
la DLE de usar menos agua puede ser engañosa una vez que se cuentan el
tratamiento de la salmuera residual, los reactivos y la demanda energética. Los
defensores replican que sin industrialización Bolivia seguirá atrapada en la
pobreza, renunciando a su mejor oportunidad de beneficiarse de la transición
energética.
La caída de los precios del litio complica el sueño.
Un auge de oferta global, especialmente desde China, ha hecho caer los precios
casi un 90% en dos años. Ese desplome expone la vulnerabilidad de Bolivia: las
ambiciosas proyecciones de ingresos descansan en mercados volátiles e
instituciones frágiles. Los expertos advierten que las esperanzas de fabricar
baterías completas en una Bolivia sin litoral pueden ser poco realistas, dada
la distancia de los mercados y la falta de insumos. Propuestas alternativas,
como el coprocesamiento de magnesio con litio, pueden ser más viables, pero aún
están a años de concretarse.
Fiebre electoral frente a precios en caída
Mientras las campañas se intensifican, los candidatos
siguen proclamando al litio como salvación. Quiroga promete llevar la
producción de baterías al país; Paz Pereira destaca el procesamiento de
múltiples minerales. Las comunidades escuchan ecos de promesas pasadas, hechas
por gobiernos de izquierda y derecha, y permanecen cautelosas. Los tribunales
pueden frenar los contratos, pero el problema de fondo es la confianza: ¿quién
decide cómo se aprovechan las riquezas de Uyuni y en qué términos?
Los críticos sostienen que los líderes han usado por
mucho tiempo el lenguaje de los derechos indígenas mientras marginan las voces
indígenas. Lo que ha cambiado es la confianza. Las decisiones parecen
impulsadas por acuerdos políticos lejos del salar, mientras los estudios
ambientales se retrasan y los beneficios pasan de largo a las comunidades
locales. Los residentes ven repetirse el ciclo: promesas de prosperidad,
realidad extractiva y agua desaparecida.
Si Bolivia quiere romper ese ciclo, expertos y líderes
comunitarios dicen que el reinicio debe comenzar con transparencia y secuencia
adecuada: revisiones ambientales previas, consultas genuinas y una contabilidad
independiente del agua. La política industrial debe basarse en ventajas
realistas, no en eslóganes de campaña. Para Río Grande, eso podría significar
inversión en sistemas de agua, gestión de fauna y proyectos turísticos
diseñados con los locales, junto con un control más estricto de los pozos y el
manejo de salmueras.
En la tierra resquebrajada de Río Grande, el poblador
Franz Alí Ramos resume la esperanza que aún persiste en medio de la
desconfianza. Se siente impotente, pero quiere que el próximo gobierno coloque
el agua en el centro de todo plan de litio. El desierto puede ceder su tesoro,
dice, pero solo si la gente que lo custodia no queda más sedienta que antes.
CHILE, BOLIVIA Y ARGENTINA: EL TRIÁNGULO DEL LITIO
FRENTE AL RETO DE DESPEGAR
Pese a tener las mayores reservas y recursos de litio
a nivel mundial, estos tres países enfrentan desafíos muy distintos para
avanzar hacia una industria sostenible, con valor agregado, mayor producción e
impacto global.
Revista Nueva Minería y Energía de Chile
(https://n9.cl/w1hsx)
La transición energética global ha puesto al litio en
el centro de la estrategia minera de Sudamérica. Chile, Bolivia y Argentina
-que conforman el llamado “Triángulo del Litio”- concentran más del 50% de los
recursos mundiales de este mineral crítico. Sin embargo, cada país ha adoptado
modelos distintos para su desarrollo, con avances, oportunidades y desafíos que
marcan el rumbo de una industria clave para el futuro.
Con una geografía privilegiada de salares y salmueras
ricas en este mineral estratégico, los tres países del cono sur y, de forma más
incipiente Perú, marcan la pauta del desarrollo mundial de esta industria.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS, por su sigla en inglés), en su reporte Mineral Commodity Summaries 2025
– Lithium, los recursos identificados en el Triángulo del Litio alcanzan las 57
millones de toneladas (MTn), repartidas entre Bolivia (23 MTn), Argentina (23
MTn) y Chile (11 MTn).
No obstante, cabe destacar que técnicamente hablar de
recursos no es lo mismo que de reservas. Mientras los primeros se refieren a
las cantidades de litio identificadas geológicamente, con cierto grado de
confianza (medidos, indicados o inferidos), pero no necesariamente
económicamente viables de extraer en el momento, las reservas comprenden la
porción de esos recursos que sí pueden extraerse de forma rentable con la
tecnología y condiciones actuales.
De acuerdo con el USGS, Argentina posee 4 millones de
toneladas de reservas y Chile 9,6 millones, mientras que Bolivia no figura con
reservas reportadas en la tabla oficial del informe del organismo.
Este potencial establece a la región como pilar clave
de la transición energética global, aunque los caminos que cada país ha tomado
para desarrollar su industria son diferentes.
Históricamente Chile ha sido uno de los principales
productores mundiales de litio, con 234.000 toneladas de carbonato de litio
equivalente (LCE, por su sigla en inglés) producidas en 2024. Así, nuestro país
es actualmente el segundo productor mundial y poseedor de alrededor de un
tercio de las reservas globales, avanzando en la implementación de su
Estrategia Nacional del Litio (ENL), lanzada en 2023.
Simón Accorsi, jefe de la división de litio y salares
del Ministerio de Minería, comenta que este año es clave para la implementación
de dicho instrumento, y que el proceso se desarrollará “en diálogo con los
territorios, con un rol estratégico del Estado a través de asociaciones
público-privadas, integrando la ciencia al desarrollo productivo e incorporando
decididamente la dimensión de sustentabilidad y protección ambiental”.
Hoy, el país busca pasar de ser un mero exportador de
materia prima a una potencia industrial con control estatal, tecnologías
limpias y valor agregado. La estrategia ha priorizado la participación de
empresas públicas como Codelco y Enami, que han sellado alianzas con la
multinacional Rio Tinto y otros actores privados para desarrollar proyectos en
los salares de Maricunga y Altoandinos. Esto último implica la adjudicación de
Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL).
Adicionalmente, se creó el Instituto Nacional de Litio
y Salares (INLiSa), y se han lanzado convocatorias de I+D para tecnologías como
la extracción directa del mineral (EDL o DLE, por la sigla inglesa Direct
Lithium Extraction) y la producción de litio metálico.
José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de
Corfo, comenta que el Estado está impulsando proyectos de I+D para agregar
valor a la industria, como la producción de litio metálico -clave para baterías
de estado sólido-con una inversión de US$6 millones.
“Durante los tres años que durará la ejecución de este
proyecto, la entidad beneficiaria implementará y validará, a nivel de planta
piloto, procesos de producción de litio metálico a partir de diversas fuentes
de litio y salmueras no procesadas”, explica.
Además, se está desarrollando el diseño de una
plataforma piloto para tecnologías DLE y se apoya la instalación del Instituto
de Tecnologías Limpias en Antofagasta, con financiamiento de US$137 millones.
Retos técnicos y regulatorios
No obstante, persisten desafíos técnicos y
regulatorios. Daniel Jiménez, managing partner de iLiMarkets, es crítico:
“Chile es significativamente menos atractivo para invertir que Argentina o
Australia. Mientras en esos países, el carbonato de litio paga royalties de
3%-5%, en Chile aún no está claro cuánto pagarán. Sumemos a eso la
obligatoriedad de usar DLE, una tecnología que no es aplicable en cualquier
lugar; todo eso aumenta el riesgo de los proyectos”.
“Los procesos de aprobación ambiental, que son
probablemente los más engorrosos, caros e inciertos, hacen de Chile una mala
opción comparado con Argentina, Australia o Brasil”, añade.
“Chile debe liberar el litio, tratarlo como un metal
más; incorporarlo a la propiedad minera, grabarlo con royalty razonable (5-8%),
eliminar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) como organismo que
otorga permisos y crear reglas y plazos claros para las aprobaciones
ambientales”, es enfático Daniel Jiménez.
Frente a esto, Accorsi responde que la estrategia
nacional busca un equilibrio entre producción, protección ambiental y
generación de conocimiento. “Estamos promoviendo el monitoreo colaborativo y
participativo de aspectos socioambientales”, asegura.
Dinamismo productivo
Con seis proyectos operativos y más de una decena en
fase avanzada, Argentina se ha posicionado como el país con mayor dinamismo
productivo entre los tres del Triángulo del Litio.
En 2024 produjo unas 75.000 toneladas de LCE y espera
alcanzar 140.000 toneladas en 2025. Sus operaciones están concentradas en las
provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, ubicadas en el noroeste del territorio
trasandino.
Los proyectos Cauchari-Olaroz, Fénix, Sal de Oro y
Centenario-Ratones destacan por el uso creciente de tecnologías DLE y la
integración de capital internacional.
La abogada trasandina Victoria Cabral, especializada
en gestión minera e industria del litio, explica que el desarrollo de la
minería de este recurso en su país se sustenta principalmente en dos pilares:
la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal y económica.
“Para que los proyectos que estén vigentes y posean
factibilidad y viabilidad, es necesario que Argentina cuente con parámetros
claros en materia de seguridad jurídica, sea atractiva para las inversiones y
otorgue beneficios fiscales, aduaneros y económicos, junto con generar empleo
para la industria minera”, comenta la experta.
A diferencia de Chile, Argentina opera bajo una lógica
federal: cada provincia -Catamarca, Salta y Jujuy- gestiona sus permisos
mineros. Esto permite una tramitación ágil y una estructura institucional
descentralizada que, según Cabral, “funciona atendiendo las necesidades reales
del sector”.
Tensión hídrica y licencia social
El crecimiento acelerado también enfrenta desafíos
ambientales. La presión sobre el agua en regiones áridas cercanas a la
cordillera exige soluciones tecnológicas.
“Es importante que el recurso hídrico se gestione con
responsabilidad en todas las industrias. Y la minería, en particular, necesita
mostrarle a la comunidad que se maneja responsablemente, con inversiones
significativas en tecnologías para el cuidado del medio ambiente, a fin de
conservar la licencia social de los proyectos”, enfatiza Cabral.
En cuanto a los ámbitos donde es preciso focalizar los
esfuerzos para seguir progresando, la experta trasandina enfatiza la necesidad
de contar siempre con reglas claras. “Esto, porque las reservas minerales, las
fuentes de trabajo y los recursos humanos y comerciales existen. Sin embargo,
es fundamental demostrar a los inversores que Argentina es competitiva en
materia de seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y otorgamiento de
beneficios fiscales y aduaneros, además de garantizar la generación de empleo
local”, añade.
Dificultades estructurales
Ubicados principalmente en el Salar de Uyuni -en el
suroeste del país-, Bolivia cuenta con los mayores recursos de litio
identificados en el mundo, a la par de Argentina. Cada uno con 23 MTn, entre
los dos suman cerca del 40% del total global, es decir, 115 MTn calculadas por
el USGS en su reporte 2025.
El desarrollo de la industria está a cargo de la
empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y, aunque en el último
año se han cerrado acuerdos con compañías extranjeras, Bolivia aún no tiene
producción industrial significativa ni una cadena de valor consolidada. Aun
así, durante los primeros 11 meses de 2024, el país logró exportar 1.130
toneladas de carbonato de litio, que generaron US$9,75 millones en ingresos.
A juicio de Miguel Cardozo, vocero y exdirector del
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el país altiplánico enfrenta
dificultades estructurales como infraestructura deficiente, alta dependencia
del Estado y limitada inversión privada.
Pese a ello, el panorama apunta a mejorar en el corto
plazo, precisando que Bolivia planea producir hasta 100.000 toneladas anuales
en el período 2025-2026 por medio de acuerdos con empresas chinas y rusas para
los salares de Uyuni y Coipasa. “Existen movimientos políticos recientes que
proponen formas de privatización parcial o propiedad individual sobre recursos
estratégicos como el litio”, subraya el experto.
Asimismo, exautoridades bolivianas han planteado la
necesidad de reformar el marco normativo para permitir mayor participación
privada. En una entrevista reciente, el expresidente y actual candidato a la
presidencia, Jorge “Tuto” Quiroga, abogó por una alianza estratégica entre los
países del Triángulo del Litio, con el objetivo de que, al negociar de manera
conjunta, Bolivia, Chile y Argentina puedan establecer un precio de referencia
y obtener un mayor poder de negociación a nivel global, dejando de competir
entre sí para proyectarse como una “potencia mundial del litio”.
Actor emergente
Aunque su desarrollo es incipiente, Perú ha comenzado
a posicionarse con el proyecto Falchani, liderado por American Lithium en la
meseta de Puno, y Quelcaya, otra iniciativa de inversión que la compañía
impulsa en la zona, aunque con menor avance. Miguel Cardozo resalta que ambos
proyectos están en la fase final de permisos. “Falchani ya cuenta con un
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado en evaluación por el Ministerio de
Energía y Minas del Perú (Minem), con un plan de construcción de planta en 2027
y una inversión estimada de US$867 millones”, detalla.
Se proyecta una producción inicial de 25.000 toneladas
anuales de LCE, con capacidad de escalar hasta 100.000 toneladas al undécimo
año de operación.
“Falchani se encuentra en zonas sensibles, como
cabeceras de cuenca y áreas glaciares en Puno; su proximidad a ecosistemas y
comunidades locales agrava los riesgos ambientales. Además, el depósito está
asociado a uranio, lo que exige protocolos técnicos y normativos especializados
para evitar impactos radiactivos”, agrega Cardozo.
Vector geopolítico y tecnológico
El litio ya no es solo una oportunidad comercial: es
una pieza clave de la geopolítica energética del siglo XXI. Su papel en
baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos, almacenamiento
de energías renovables y futuras innovaciones como las baterías de estado
sólido lo convierte en un recurso estratégico, donde la soberanía, el medio
ambiente y la innovación pueden chocar o converger, dependiendo de las
políticas de cada país.
El futuro del “oro blanco” en Sudamérica dependerá de
la capacidad de los países para combinar marcos regulatorios estables,
inversión en tecnología, sostenibilidad ambiental y diálogo con las
comunidades. Como señala Benavente, “el litio metálico es clave para
aplicaciones tecnológicas avanzadas”. Quien logre controlar esa cadena de valor
estará en condiciones de liderar la próxima era de los minerales estratégicos.
LITIO EN EL SUR DEL MUNDO: ¿SOMOS UN TRIÁNGULO
PERFECTO?
El triángulo del litio: Chile, Bolivia y Argentina, no
es solo un espacio geográfico, sino el triángulo perfecto donde convergen
recursos naturales, conocimiento, innovación y talento humano.
Revista Nueva Minería de Chile (https://n9.cl/90mxjh)
Decir que el norte del mundo está en el sur puede
sonar absurdo, incluso revolucionario para quienes miran la geopolítica y la
economía desde los mapas tradicionales. Sin embargo, la realidad es que en
Chile, Bolivia y Argentina se concentra hoy la materia prima que mueve la
transición energética global: el litio.
Mientras los supuestos centros de poder buscan
recursos en todos los rincones del planeta, el verdadero motor del futuro
tecnológico, energético y estratégico late en el sur. La pregunta incómoda es:
¿estamos preparados para reconocer que somos el triángulo perfecto y trabajar
por ello?
El triángulo del litio: Chile, Bolivia y Argentina, no
es solo un espacio geográfico, sino el triángulo perfecto donde convergen
recursos naturales, conocimiento, innovación y talento humano. Concentramos la
mayor parte de las reservas mundiales de litio, y en Chile contamos con
experiencia minera consolidada y condiciones geográficas únicas para
desarrollar procesos sostenibles y tecnologías de vanguardia.
Durante mucho tiempo, el progreso se pensó mirando
hacia el norte. Sin embargo, hoy sabemos que el futuro energético y tecnológico
del planeta se juega en el sur del mundo. Y dentro de este sur, la región de
Antofagasta se erige como un laboratorio vivo, donde minería, energías limpias,
comunidades y ciencia se encuentran para dar forma a un modelo único.
Aquí conviven con fuerza transformadora el cobre, el
litio, el sol y los cielos más prístinos del planeta Tierra. La región de
Antofagasta concentra más del 55% de la producción de cobre de Chile y cerca
del 30% de las reservas mundiales de litio, minerales críticos para la
transición energética. A ello se suma un potencial solar incomparable: 2.800
horas de radiación al año y un cielo privilegiado que alberga proyectos
astronómicos de escala planetaria como ALMA y el Extremely Large Telescope
(ELT). Ningún otro lugar del mundo reúne con tal intensidad minería, plantas de
energías limpias y ciencia astronómica avanzada.
Pero la minería del futuro no puede medirse solo en
toneladas extraídas. Es también respeto por la memoria ancestral y por el agua,
un diálogo real con los pueblos Atacameños, Lickanantay y Quechuas que habitan
la singular región de Antofagasta.
Gracias a marcos de gobernanza más exigentes, sobre el
40% de los proyectos mineros y energéticos recientes en Antofagasta han debido
adaptarse tras escuchar a las comunidades. Ese diálogo, lejos de ser un freno,
es la base de una minería con visión de futuro, con legitimidad social y
proyección sostenible.
Desde aquí, además se conecta un horizonte geopolítico
mayor: el triángulo del litio, que concentra más del 65% de las reservas
mundiales de este recurso estratégico.
El mundo necesita litio y cobre, pero Sudamérica
necesita mucho más: convertirse en potencia exportadora de valor agregado,
innovación y sostenibilidad. Chile, con su experiencia y marcos regulatorios
avanzados, está llamado a liderar este proceso, aportando estándares,
tecnología y gobernanza.
EE.UU. COMPRÓ EL 10% DE INTEL: ¿QUÉ LECCIONES TIENE
AMÉRICA LATINA SOBRE LAS NACIONALIZACIONES? SPOILER: NO SON BUENAS
CNN en Español de EEUU (https://n9.cl/cha5z)
Cuando Trump anunció en agosto con “gran honor” que el
Gobierno de Estados Unidos es ahora dueño de cerca del 10 % de las acciones de
Intel, fabricante de microprocesadores, algunos economistas levantaron las
cejas, sorprendidos ante el intervencionismo de la Casa Blanca en el mercado.
La medida también generó comentarios en América Latina, una región más
acostumbrada a la participación del Estado en el ámbito empresarial… y a su
polémico impacto económico, más negativo que positivo.
México y Brasil, las economías más grandes de la
región, cuentan respectivamente con gigantes como Pemex, bajo control 100 %
estatal, y Petrobras, que en los años noventa dejó atrás el monopolio estatal y
hoy cotiza en el mercado internacional. Chile tiene para la explotación del
cobre a Codelco, y el presidente Gabriel Boric anunció la creación de otra
empresa nacional que realizará colaboraciones público-privadas para la
exploración, producción y agregación de valor del litio.
Pero hay países de la región que en las últimas
décadas han apostado por incrementar la participación estatal bajo un modelo
accionario mixto, con casos emblemáticos que dejan un saldo a veces
parcialmente elogiado y muchas otras veces criticado por resultados que saltan
a la vista.
El petróleo en Venezuela
Venezuela es uno de los países con mayor imagen de
intervención estatal en la región, a raíz de un historial de nacionalizaciones
prácticamente totales en varias industrias como la siderúrgica o la
electricidad. Sin embargo, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó en
2007 que el Estado asumiera la mayoría accionaria de cuatro enormes proyectos
de la Faja Petrolífera del Orinoco (que concentra los principales yacimientos
nacionales y que pone a Venezuela en el primer lugar mundial de países con reservas
probadas de petróleo), lo hizo a través del modelo de empresas mixtas, sin que
implicara una expulsión de las compañías privadas.
“Las empresas tenían cierta independencia, pero
trabajaban con una base firme del control de PDVSA (Petróleos de Venezuela
S.A.) y del ministerio sobre esas actividades”, dijo a CNN el economista Manuel
Sutherland, profesor del Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Universidad Central de Venezuela (UCV).
El docente explica que los negocios fueron ampliándose
y la renta era muy alta durante ese boom de los commodities, lo que permitió
mantener los niveles de extracción, pero el panorama cambió alrededor de 2015.
“Cuando cae el (precio del) petróleo y la corrupción se hace más grande, las
empresas mixtas empiezan a tener problemas. PDVSA no puede cumplir con los
requerimientos de inversión y mantenimiento, empieza un declive grande y la
producción comienza a bajar”, señaló.
El chavismo ha reconocido fallas en la administración
y problemas de corrupción, pero con señalamientos individuales. En 2018, el
entonces presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, reconoció la falta de inversión,
pero culpó en un discurso a “mafias”, burocracia y “corruptela” que llevaron a
“una parálisis” en las instalaciones mejoradoras. Rafael Ramírez, quien había
sido antes ministro de Petróleo y Energía de Venezuela y expresidente de PDVSA,
fue acusado de presunto peculado doloso propio, evasión de procedimiento
licitatorio y asociación. En diálogo con CNN, dijo en 2019 que siempre hubo
corrupción con el petróleo en Venezuela, pero negó que haya prueba alguna de
que él haya cometido irregularidades.
Cuando Chávez asumió el poder en 1999, Venezuela,
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), colocaba
en el mercado 3,1 millones de barriles por día (bpd). Para 2008, la cifra
rondaba los 2,4 millones. Tras sucesivas caídas, en 2021 el promedio se
desplomó hasta los 636.000 bpd, aunque en 2025 volvió a superar el millón
diario, según reportó a la OPEP.
El declive también fue acelerado por las sanciones
estadounidenses al petróleo venezolano de 2017 e intensificadas en 2019, que a
su vez llevaron a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro dicte una
progresiva apertura a la actividad de las empresas privadas, repasó Sutherland.
Las medidas del Departamento del Tesoro marcaron restricciones como la
prohibición a bancos de EE.UU. comprar bonos de PDVSA o el bloqueo de fondos a
cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades estadounidenses.
Actualmente está vigente una licencia a la firma estadounidense Chevron que le
autoriza a operar en el país sudamericano.
Para Sutherland, el modelo mixto “se hizo con una idea
geopolítica más que política” y no logró resultados positivos. “La idea era
internacionalizar la Faja (del Orinoco). Crear uniones, acercamientos, bajo
formas de petrodiplomacia. Económicamente no resultó nada beneficioso”, dijo.
El economista dijo que la empresa mixta acarreó una
burocracia que ralentizó significativamente los procesos de compras e
inversión. “Hizo que no aproveche el boom petrolero como debía. Según los
planes, iba a sacar hasta 7 millones de barriles por día”, dijo. Una meta que
no se alcanzó ni al 50 % en su mejor etapa.
Por otra parte, el proceso de nacionalización parcial
no fue aceptado por todas las empresas y algunos gigantes petroleros se
retiraron del país, lo que desencadenó litigios y embargos que comprometen las
finanzas del país hasta hoy, como el caso de ConocoPhillips: en 2019, el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del
Banco Mundial falló que Venezuela le debía pagar una compensación de US$ 8.000
millones, todavía pendientes.
“El balance en Venezuela es bastante negativo por las
cosas que sucedieron, como la corrupción, la baja producción, la burocracia, la
falta de logística. No hubo transferencia de tecnología ni apropiación
tecnológica”, concluyó Sutherland, y opinó que un mejor modelo hubiera sido
apostar por contratos puntuales de servicio y operación con privados que a su
vez impulsen el crecimiento de la industria nacional.
YPF en Argentina
En Argentina, el Gobierno de la entonces presidenta
Cristina Fernández de Kirchner impulsó en 2012 la nacionalización del 51 % de
las acciones de la compañía petrolera YPF, controlada por la española Repsol,
una medida que fue aprobada por el Congreso. La ley declaraba como objetivo
prioritario el logro del autoabastecimiento energético, tras registrar en 2011
un saldo comercial negativo en combustibles.
“No era necesario comprar el total (de las acciones).
El móvil original de la estatización fue el vaciamiento que hubo por parte de
Repsol”, dijo a CNN Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política
Argentina (CEPA), y exdirectivo de YPF hasta 2023. Según expuso, para 2012 la
producción había caído un 30 % con respecto a 2006, y creció un 20 % en los
tres años siguientes a la nacionalización. También destacó que a partir de la
medida hubo un fuerte aumento en la inversión y en el número de pozos de
exploración.
Letcher afirmó que debido a la falta de inversiones
previa a la intervención “había un agujero fenomenal en la balanza energética”
del país. También, sostuvo que desde hace décadas se sabía del yacimiento de
Vaca Muerta, la gran promesa energética del país debido a que contiene algunas
de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, sin
que se avance en su explotación. “Nadie quería poner la plata para
desarrollarlo. Años después (tras la expropiación), aparecen las empresas privadas
a aprovechar la rentabilidad de la inversión generada por YPF”, dijo.
Por su parte, el economista Marcelo Elizondo, fundador
de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, mantiene hasta ahora
su postura inicial en contra de la nacionalización de YPF, como partidario de
que las empresas privadas operen siempre sin participación estatal, y de que
las autoridades se limiten a regular las condiciones y generar espacios
institucionales.
“Cuando el gobierno interviene en empresas
comerciales, existen serios riesgos de que la empresa se desvíe del objetivo de
abastecer al mercado, que opere con condiciones políticas y pierda el dinamismo
y la celeridad en materia de innovación”, comentó a CNN. Además, advierte que
puede haber distorsiones económicas como una manipulación de precios que
influya en otros competidores.
“YPF ha tenido muchos años con bastante lentitud en la
capacidad de reaccionar a las oportunidades”, aseguró. Elizondo considera que
la exploración de Vaca Muerta se retrasó por la gestión. “Hubo una lentitud
propia de los problemas de management”, insistió.
En 2012, la empresa reportó una producción total de
hidrocarburos de 485.000 barriles diarios, mientras que en 2024 la cifra fue de
536.100. Además, el año pasado las ganancias brutas de explotación subieron un
15 % con respecto al 2023.
Un informe de la Cepal de 2015 destacaba que la
inyección de recursos a partir de políticas gubernamentales permitió
“imprimirle otra dinámica a YPF y quebrar la tendencia descendente que
registraban los flujos de producción de petróleo y gas natural”.
Sin embargo, el debate sobre la nacionalización genera
aún hoy polémica, en medio de una disputa judicial clave para el futuro de las
arcas y de la economía de la Argentina. Una jueza federal de EE.UU. ordenó en
junio al Estado argentino transferir sus acciones de la empresa por una
sentencia a favor de fondos que demandaron a Argentina por no respetar los
estatutos de YPF en la expropiación de 2012. El Gobierno ha apelado la
decisión. La misma jueza dictaminó en 2023 que el país debía pagar más de US$ 16.000
millones a modo de indemnización.
El gas en Bolivia
El caso de Bolivia, que cuenta con enormes yacimientos
de hidrocarburos (y también de litio, aún no explotado a gran escala), también
expone una decisión estratégica en el área, pero con resultados a la baja para
las empresas en cuestión.
El Gobierno de Evo Morales (2006-2019) comenzó dos
años después de un fuerte conflicto social en el país sobre el gas, y el
presidente nacionalizó en su primer año de mandato el sector de los
hidrocarburos sin expulsar del todo a las empresas extranjeras. El principal
ajuste estuvo en la redistribución de la renta, cuando se invirtió la
proporción de ingresos que recibía el Estado, al pasar de 18 a 82 %. Sin
embargo, el decreto supremo firmado por el presidente indicó que Yacimientos
Petrolíferos Bolivianos (YPFB) debía controlar al menos el 50 % más 1 en las
compañías del sector.
El economista boliviano Enrique Ayo indicó a CNN que
las reformas permitieron “llevar adelante el modelo social productivo que se
sustenta en la redistribución de la riqueza”, con proyectos de asistencia
social; sin embargo, resaltó que el sistema aplicado “en el fondo no ha tenido
un retorno desde el punto de vista productivo”.
Bolivia alcanzó el hito de US$ 50.000 millones
recibidos en renta petrolera en 2022, a 16 años de la estatización parcial. Fue
unos meses después de esa marca que el país comenzó a sufrir una crisis de
escasez de combustible, como consecuencia de la falta de divisas. YPFB reportó
una producción de gas natural en 2024 de 31,8 millones de metros cúbicos
diarios, casi 20 millones menos que en 2018.
“Bolivia tiene gas, pero no tenía la experiencia para
explotarlo”, dijo Ayo. “La participación del privado había sido fundamental y
no ha habido un aprendizaje en el tema técnico”, agregó. El economista indica
que el sector empresarial continúa participando, pero “se ha supeditado a las
condiciones” de las autoridades. Según destaca, la exploración bajó
considerablemente desde 2015 por falta de capacidad técnica. “Al final del día,
a partir de 2015, sonó la campanita: no tenemos dinero, no tenemos gas y estamos
entrando en una estanflación”.
El economista Luis Paz Ybarnegaray es más enfático en
resaltar la bonanza económica y social que trajo la renta de hidrocarburos en
Bolivia en un contexto de precios internacionales altos y “mucha presión de la
deuda social del Estado”, pero también señala fallas en la administración.
El analista, que destaca la difícil situación actual
del sector por la caída de producción e inversión, considera correcta la
decisión de nacionalizar más de la mitad de las acciones, pero dijo que las
autoridades debieron implementar un fondo de estabilización para tiempos
difíciles y asegurar también los niveles de exploración. “Fue fatal”, dijo en
retrospectiva.
Si bien la gestión de Morales nacionalizó también
otros sectores, Paz destaca este por tratarse del que más divisas aporta a la
economía de Bolivia.
“El balance general no lo veo tan malo. Si no hubiera
habido ningún cambio, Bolivia habría recibido US$ 8.000 millones de dólares, y
hemos recibido US$ 38.000 millones (netos). Para una economía como la
boliviana, jamás en la historia se había visto, son cifras enormes para un país
pequeño”, apuntó.
YPFB informó en febrero que la renta de 2024 fue de
US$ 1.635 millones, casi un 20 % menos que el año previo. En 2014, antes de la
caída de los precios internacionales, había superado los US$ 5.400 millones.
Las lecciones en la región
Trump adelantó luego del anuncio de Intel que su
Gobierno podría apuntar a otras empresas. “Haremos muchos acuerdos como ese.
Haré más de esos”, dijo desde la Casa Blanca.
Sutherland, de la UCV, considera, tras la experiencia
en Venezuela, que para una participación mixta el porcentaje estatal debe ser
minoritario, especialmente en sectores que puedan potenciar capacidades que el
país aún no tiene.
En Argentina, Letcher considera que el esquema mixto
“es interesante”, al permitir una mirada estratégica de la participación
estatal y a la vez la reinversión de las utilidades da mayor valor a las
acciones. Además, cree que el modelo no implica necesariamente una tensión
entre lo público y lo privado. En el caso de YPF, “no ha habido conflictos con
accionistas minoritarios” para el manejo de la empresa, aseguró.
En tanto, Elizondo apuntó que “América Latina es un
mal laboratorio en términos de evaluación” de la participación estatal en
empresas. “Ha habido casos de corrupción, de condicionamiento político, de
ineficiencia, de politización en la dirección de empresas. Hasta accionistas
privados se sienten incómodos” con la presencia estatal, argumentó.
Desde Bolivia, Ayo indica que “por la inexperiencia
del sector público para manejar un sector estratégico”, el país perdió recursos
clave en la producción de hidrocarburos y la renta que otorgaba. “La gallina de
los huevos de oro ha desaparecido”, resumió.
A su vez, Paz considera importante que el Estado tenga
un papel sobre recursos estratégicos, pero indicó que las empresas “deben
mantener un criterio empresarial y no tener mucha injerencia”.
BREVÍSIMA HISTORIA REPUBLICANA DE BOLIVIA
Periódico La Esperanza de España (https://n9.cl/ydj5u)
Concluimos con la tiranía del que más tiempo gobernó
Bolivia, Evo Morales (2006-2019), el primero de origen indígena en presidir el
país y profundizador de la Revolución perpetuada o ralentizada por todos los
gobiernos anteriores. Bajo el auspicio de su partido, el Movimiento Al
Socialismo (MAS), Morales no tardó en impulsar una Asamblea Constituyente para
reformar la Constitución Política del Estado, no sin fuerte resistencia de
diversos sectores.
Entre los cambios que impulsaría esta Constitución
están el impulso del «progresismo», el indigenismo, el feminismo y el
ecologismo. Los conflictos de 2008 pusieron en jaque al Gobierno, pues los
prefectos de varios departamentos querían detener el peligro
indigenista-marxista. Sin embargo, con sus hábiles mentiras, el Gobierno
orquestó una trama para descabezar a la oposición, involucrando al prefecto de
Pando como culpable en la Masacre de Porvenir (11/09/2008) y a los demás
prefectos como culpables de un contubernio separatista en asociación con
mercenarios de la ex Yugoslavia (15/05/2009). Con estas fechas, quedaría
sellado el destino de la oposición boliviana, un golpe del cual no se
recuperaría jamás.
Promulgada la nueva Constitución en 2009, Bolivia pasó
a denominarse Estado plurinacional y ya no república, en un (falso) intento de
rechazar el modelo republicano afrancesado centralista y promover a las 33
etnias indígenas que conforman gran parte del país; pero en la práctica,
centrándolo todo en los aymaras. Una vez consolidado en el poder, el MAS
impulsó más medidas revolucionarias: la Ley contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación (2010, excusa perfecta para encarcelar a opositores), la Ley Avelino
Siñani-Elizardo Pérez (2011, anulatoria de la educación católica e impulsora
del odio indigenista en las escuelas), la Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida libre de Violencia (2013, excusa perfecta para encarcelar a
los antifeministas y varones inocentes). Al mismo tiempo, el Gobierno intentó
relocalizar a Bolivia en el panorama internacional, asociándolo a la Venezuela
chavista, la Argentina kirchnerista, la Nicaragua orteguista, el Chile
bacheletista y el Brasil lulista en Sudamérica, y a Rusia, China e Irán a nivel
mundial.
Varios escándalos de corrupción sacudirían al MAS,
como el del Fondo Indígena en 2015, protagonizado por Nemesia Achacollo, que
desvió mucho dinero para indígenas corruptos beneficiados por el partido. Más
adelante, estaría el Caso Zapata en 2016, con la novia de Morales beneficiando
contratos millonarios con empresas chinas. Esto motivó al triunfo del No en el
referéndum por la continuidad del régimen el 21 de febrero de aquel año.
Tras un hartazgo generalizado y más metidas de pata
del MAS, noviembre de 2019 brindó esperanza a los bolivianos, muchos de quienes
salían a las calles rezando el rosario y clamando a Dios por el fin del régimen
tiránico. Uno de los líderes del movimiento fue Luis Fernando Camacho,
presidente entonces del Comité Cívico pro Santa Cruz. Tras la renuncia de
Morales, la intervención de la Iglesia Católica y dos días de terror, saqueos e
incendios provocados por masistas, el poder recayó inesperadamente en la beniana
Jeanine Áñez.
Fue bajo Áñez que floreció la libertad para quienes
injustamente habían sido apresados por el MAS: el gral. Gary Prado, Zvonko
Matković y muchos otros. Fue también en esta época que se homenajeó a los
valientes contraguerrilleros de Ñancahuazú, efectivos del Ejército boliviano
que derrotaron al Che Guevara.
Con una tibieza explicable y constantemente amenazada
por los masistas y sus actos de terrorismo, vandalismo y hostilidad, y siendo
derrotada por Luis Arce, Áñez entregaría el poder al año siguiente y terminaría
inaugurándose una nueva época turbia para el país. Arce poco a poco fue
persiguiendo a quienes propulsaron la caída del MAS en 2019, encarcelando a
Camacho, Áñez y otros más.
Tras un gobierno tal vez peor que el de Morales y
provocando una crisis de dólares que se prolonga desde 2023 hasta la
actualidad, tenemos a un débil Arce apoyado por muy poca gente. Con una
oposición fragmentada y afín a sus propios intereses, Bolivia celebra un
bicentenario lleno de incertidumbres y ahogado en preocupaciones. Mientras
tanto, los católicos bolivianos parecen entusiasmarse demasiado con la
sinodalidad y la falsa paz democrática, sin impulsar en lo más mínimo la
doctrina del Reinado Social de Cristo.
UN EX ALTO FUNCIONARIO DE BOLIVIA Y UN ANALISTA
ECONÓMICO VALORAN POSITIVAMENTE EL DISCURSO DE XI JINPING
CGTN en Español de China (https://n9.cl/tz0fz)
Un ex alto funcionario de Bolivia y un analista
económico se refirieron al discurso que el presidente Xi Jinping pronunció en
la cumbre virtual del BRICS. Estos destacan la búsqueda de una cooperación
mutua de beneficios compartidos y la meta de un comercio internacional más
equitativo y solidario entre los pueblos.
"El tema de la apertura también creo que es muy
importante, recordó que la globalización es imparable y quién levante muros se
condena directamente a sí mismo, a caer en una irrelevancia, aislamiento, ¿No?
Creo que tanto el presidente de China como el presidente de Brasil
coincidieron, y que lo esencial es que el comercio no puede usarse para
disciplinar a los demás países", dijo Benjamín Blanco, subsecretario de la
ALADI, también exviceministro de Comercio Exterior de Bolivia.
"Se necesita de la multipolaridad para que todos
tengamos una misma distribución y una misma generación de oportunidades, para
que todos seamos competitivos en las diferentes áreas y no haya un monopolio de
mercado y eso es interesante, lo que propone el BRICS. El BRICS está
proponiendo abrir todo lo que estamos hablando de medio, casi la mitad de los
habitantes del mundo. Más del 30 % del PIB que maneja el BRICS, tiene un banco
respaldado en oro", dijo Martín Moreira, un analista económico.
No comments:
Post a Comment