El
cultivo de la hoja de coca ha sido siempre un problema público en Bolivia. Al
menos desde que Estados Unidos la criminalizó en la década de 1920, como parte
de su cruzada contra la cocaína. La tensión entre la producción tradicional y
el narcotráfico llegó a su punto más álgido a finales del siglo pasado y
comienzos de este, cuando los planes de erradicación, financiados desde
Washington, enfrentaron al Gobierno con los campesinos, dejando una veintena de
muertos. El fantasma de aquellos tiempos violentos vuelve a asomarse con las
propuestas de cooperación internacional de los candidatos a la presidencia para
combatir el tráfico de drogas, principalmente en el Chapare, feudo y refugio
del expresidente Evo Morales.
A
diferencia de los Yungas, zona ubicada al norte de La Paz donde se cosecha coca
desde tiempos prehispánicos, el cultivo en el Chapare comenzó en 1953.
Entonces, el Gobierno promovía el trabajo de terrenos desocupados, pero solo se
alcanzó una producción significativa con el auge de la cocaína entre 1970 y
1989. Ese dato suele esgrimirse para justificar el esfuerzo por erradicar las
plantaciones en esa región, como lo hace el candidato y expresidente Jorge Tuto
Quiroga (2001-2002). “La coca de los Yungas ha sido, es y siempre será legal,
milenaria y tradicional. La del Chapare tiene un solo fin: ir al narcotráfico”,
declaró recientemente en una entrevista televisiva.
Quiroga,
al frente en los sondeos para la segunda vuelta del 19 de octubre, fue
justamente parte de los gobiernos que diseñaron un plan de “mano dura” para la
eliminación forzosa de los cocales. En 1986, se intentó la erradicación
voluntaria y compensada: a cambio de eliminar las plantaciones se entregaba
dinero e insumos para cultivar otros productos. El plan fracasó porque ninguna
otra cosecha es tan rentable como la coca, que puede recolectarse hasta cuatro
veces al año, y los precios de los alimentos alternativos nunca alcanzaron lo
prometido por el Estado. Se ejecutó entonces el Plan Dignidad (1997-2002),
durante las gestiones de Hugo Banzer y Quiroga, en el que la eliminación de la
coca era custodiada por el Ejército y supervisada por la DEA estadounidense.
Evo
Morales, oriundo de Oruro pero agricultor migrante del Chapare, surgió en ese
contexto como figura política al liderar las protestas de los cocaleros. El
Gobierno de Quiroga respaldó la expulsión de Evo Morales como diputado,
acusándolo de incitación a la violencia. “La razón por la que me gané la
aversión eterna de Morales, que me honra, es que redujimos en 80% la producción
de coca: bajamos de 250 a 45 toneladas”, recuerda ahora el expresidente. Si
bien Quiroga no menciona directamente un retorno de la DEA, sí habla de
cooperación internacional “con la [policía] federal brasileña, con la federal
argentina y con agencias de seguridad de Europa y Estados Unidos”.
Las
declaraciones se dan en un marco de escalada inédita de violencia en el país
relacionada con el narcotráfico, después de que fueran identificados en Bolivia
dos altos mandos de la red criminal brasileña Primer Comando de la Capital
(PCC). Libros como Antología sobre la hoja de coca, de Alison Spedding, o
Memorias cocaleras. Una lucha orgánica y política, recogen testimonios sobre lo
sangriento que resultó el enfrentamiento entre cocaleros y militares en los
años de la mano dura.
El
coautor de este último, el antropólogo Andrés Huanca, cree que es inminente una
vuelta al estallido social. “Son comunes los relatos de la policía militar
entrando al trópico cochabambino y los campesinos escapando por la cantidad de
arrestos arbitrarios”, dice. “Vas al trópico y ves esa hermosa naturaleza, pero
ya dentro empiezas a notar monumentos, bustos, esculturas, placas en cada
lugar. Son por todos los dirigentes asesinados”, continúa Huanca.
El
otro candidato presidencial, el senador Rodrigo Paz, es menos frontal en sus
planes respecto a la coca, pero ha dicho públicamente que Bolivia necesita
colaboración internacional contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando era
senador habló de una “coca mala que quiere apoderarse desde el Chapare de la
coca buena yungueña (…) 95% de la coca del Chapare va al narcotráfico”. Huanca
cree que, en caso de que llegue al Ejecutivo, su política será similar a la de
su padre, Jaime Paz, quien en su mandato optó por la erradicación concertada.
“En
el trópico están preparados para un enfrentamiento duro con Tuto. Con Paz es un
mal por conocer. Él igual tiene cercanía con Washington, y la línea de Estados
Unidos para lidiar con el problema de la cocaína en Bolivia es de mano dura con
asesoría de la DEA, muy contraria a la visión de ‘nacionalizar’ la guerra
contra las drogas de Evo”, dice Huanca. No obstante, el candidato a la
vicepresidencia de Paz, Edman Lara, aseguró que “se respetará la producción de
coca en el Chapare” y apeló a la “conciencia para evitar que esa coca llegue a
la producción de cocaína”.
Expulsión
de la DEA
Morales
llegó al poder en 2006 y dos años después expulsó a la DEA de Boliva . La idea
era entonces optar por un sistema negociado con los sindicatos, y se estableció
un límite legal de 12.000 hectáreas para el consumo tradicional, medicinal y
ritual. El número se amplió a 22.000 en 2017 con la Ley 906, pero se supera
constantemente. En 2024 se habla de 31.000 hectáreas cultivadas: 22.000 en los
Yungas, 8.900 en el Chapare y el resto en provincias del norte de Santa Cruz,
de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
La
UNODC aseguró en 2020 que el 94% de la producción del Chapare no pasa por el
mercado legal de coca. Por eso, Tuto propone “nacionalizar los mercados de
coca” para que el Estado controle rigurosamente que ninguna hoja se desvíe
hacia actividades ilegales. Pero no puede determinarse con exactitud que toda
esa cantidad se destine únicamente a laboratorios de pasta base: parte puede
quedarse en el consumo local, venderse en mercados informales o exportarse a
Argentina o España.
Huanca
sostiene que el problema no está en negar la evidente presencia del
narcotráfico en la zona, sino en criminalizar a toda la población chapareña por
ello. “El problema es la estigmatización que se reproduce”, dice. “La cadena
del narcotráfico tiene eslabones débiles y peces grandes que viven en
Cochabamba o Santa Cruz; no por eso todos los que viven en esas ciudades son
narcotraficantes”. El País de España (https://acortar.link/QhWyve)
BOLIVIA
LUCHA PARA RECUPERAR LA HOJA DE COCA DEL ESTIGMA
Criminalizada
durante mucho tiempo por ser la materia prima de la cocaína, la hoja está muy
presente en la vida boliviana. El gobierno presiona a la ONU para que
flexibilice las restricciones internacionales.
El
Diario de México (https://acortar.link/EdEBcz)
La
coca, materia prima de la cocaína, ha sido tratada como contrabando durante
décadas. En los Andes la policía arranca las plantas, y Washington ha invertido
miles de millones en campañas de erradicación.
Sin
embargo, aquí en Bolivia, el cultivo, la venta y el consumo de coca son
legales. En una tarde reciente, un funcionario de comunicaciones del gobierno
instaló un trípode en la pequeña localidad andina de San José de Pery para
filmar a un agricultor mientras preparaba la tierra para la coca.
“Yo
me voy a dar la molestia de explicar más o menos cómo se prepara esta
herramienta que se llama wallhua”, dijo el agricultor Jaime Mamani, de 64 años,
mientras levantaba un rastrillo de tres púas. “Acabas de poner la plantita”.
Para
muchos, la coca solo es la base de la cocaína, una planta que se cosecha, se
mezcla con productos químicos, se transforma en laboratorios clandestinos y se
trafica por todo el mundo. Pero en su forma natural es algo completamente
distinto: un estimulante suave que desde hace siglos se mastica, se elabora y
se venera en las comunidades andinas.
De
hecho, la coca es una parte tan integral de Bolivia, la pequeña nación
sudamericana sin litoral, que su gobierno está liderando una campaña con el fin
de presionar a las Naciones Unidas para que eliminen la hoja de la lista
mundial de drogas más peligrosas.
La
ONU clasifica la coca, junto con el fentanilo y la heroína, como “altamente
adictiva y susceptible de abuso”. Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha
opuesto a cualquier cambio, y ha advertido que facilitaría la expansión de la
producción de cocaína. En Colombia, el mayor productor mundial de cocaína,
Washington ha gastado miles de millones en operaciones de erradicación y lucha
contra el narcotráfico, a pesar de que la producción sigue aumentando.
Se
espera que los resultados de una revisión formal de la ONU estén listos en
marzo.
Eliminar
la hoja de coca de la lista de drogas peligrosas liberaría a los países que han
firmado la convención de la ONU sobre drogas de la obligación de penalizar la
coca. (Bolivia ha quedado exenta de esa norma). La reclasificación de la coca
en una categoría menos restrictiva podría abrir el camino al comercio legal, la
investigación científica y el desarrollo industrial.
Pero
no hay certeza de que las Naciones Unidas vayan a introducir ningún cambio.
Los
defensores de esta medida argumentan que la hoja en sí misma no es
intrínsecamente dañina y que equipararla con la cocaína criminaliza una piedra
angular del patrimonio indígena andino.
El
borrador de un informe de la Organización Mundial de la Salud, la agencia de
salud pública de la ONU, concluyó que la coca tenía un potencial muy bajo de
dependencia y no suponía riesgos importantes para la salud.
Sin
embargo, en Bolivia algunos vendedores comercializan hojas de coca mezcladas
con estimulantes como la cafeína, llamadas “coca recargada”, y los periodistas
locales han documentado los posibles riesgos para la salud de estos productos
no registrados.
Los
esfuerzos de Bolivia para cambiar el estatus legal de la hoja de coca podrían
verse afectados por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19
de octubre. La contienda se libra entre dos candidatos conservadores, y no está
claro si alguno de ellos defenderá la coca con la misma firmeza que los
gobiernos de izquierda que han liderado el país durante dos décadas.
Los
agricultores de las zonas designadas cultivan coca para venderla en los
mercados estatales. En Bolivia se produce cocaína, pero su producción es
inferior a la de Colombia y Perú; gran parte de la coca del país se cultiva
para uso tradicional y legal.
Y
la coca está presente en todas partes: se añade a las bolsitas de té de los
hoteles de lujo, se vende en quioscos callejeros en sabores como naranja y
sandía, la mastican los conductores en los viajes largos e incluso se coloca en
recipientes en los escritorios de los funcionarios del gobierno.
Esa
omnipresencia es relativamente reciente. La presión para arrancar los cultivos
que habían sustentado a las comunidades indígenas durante siglos, como parte de
la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, generó resentimiento y
movilización política, lo que contribuyó al ascenso de Evo Morales, líder
sindical de los cultivadores de coca que se convirtió en el primer presidente
indígena de Bolivia en 2006.
Morales
convirtió la planta en un elemento central de su agenda. Bajo el lema “Coca sí,
cocaína no”, su gobierno promovió los usos tradicionales y modernos, como el té
de coca, la harina, la pasta de dientes y otros productos, sin dejar de
comprometerse a combatir el tráfico de cocaína.
Su
gestión consagró la coca como parte del patrimonio cultural de la nación en la
Constitución de 2009, subrayando la identidad indígena y la resistencia a las
políticas antidroga extranjeras. En 2012, Bolivia se retiró del acuerdo de las
Naciones Unidas sobre drogas, pero se reincorporó al año siguiente después de
que la ONU concediera una exención que permitía el uso de la coca dentro de las
fronteras bolivianas.
En
2017, Bolivia aprobó una ley que regula el cultivo, el comercio y el consumo,
lo que formalizó un mercado interno legal.
“Yo
recuerdo cuando era niño era algo muy mal visto”, dijo Omar Pintones, de 36
años, coordinador de la agencia gubernamental que supervisa la industria de la
coca. “Este consumo de la hoja de coca era para la gente de la clase baja.
Entonces muchas veces había esa parte de la vergüenza”.
Hoy
en día, añade, “mucha gente profesional, abogados, doctores, médicos, gente en
las universidades, gente en cualquier rubro del trabajo” consumen hojas de
coca.
En
San José de Pery, a cinco horas en coche de la capital, La Paz, los residentes
se sienten orgullosos de su trabajo con la coca. Los agricultores se levantan a
las 3 a. m. para cuidar las plantas, que tardan entre tres y cuatro meses en
madurar. Las hojas cosechadas se secan, se empaquetan y se venden a
distribuidores que abastecen a minoristas de toda Bolivia.
El
Gobierno establece un límite de unas 21.800 hectáreas en todo el país para el
cultivo legal de coca, con el fin de ayudar a mantener altos los precios para
los agricultores locales. La industria genera empleos directos e indirectos
para decenas de miles de familias.
Luis
Arce, que sucedió a Morales como presidente en 2020, ha llevado el caso de
Bolivia ante la Organización Mundial de la Salud para que se elimine la coca de
la lista de las drogas más peligrosas. Un portavoz de la agencia dijo que su
evaluación sopesaría “los daños frente a los posibles beneficios” de la hoja de
coca, al tiempo que determinaría la facilidad con la que se puede convertir en
cocaína.
El
viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, una institución exclusivamente
boliviana, supervisa la industria de la coca en el país. Bolivianos vestidos
con trajes indígenas tradicionales suelen llenar sus pasillos para renovar sus
licencias de coca.
Pintones,
que trabaja en esa entidad, dijo que él y muchos de sus empleados provienen de
familias dedicadas al cultivo de la coca y presionaron para que se legalizara.
“Yo
he comido, he crecido, he vestido, he estudiado, he mantenido también a mi
familia gracias a la hoja de coca”, dijo. “Yo consumo la hoja de coca
diariamente acá dentro del trabajo y en mi diario vivir. Y nunca he estado loco
o nunca he perdido la conciencia”.
El
ministerio colabora con empresas que experimentan con nuevos productos
—refrescos, helados, pomadas, jarabes y jabones de coca— y con universidades
para estudiar la hoja.
Los
estudios sugieren que la coca puede ayudar a aumentar el estado de alerta y
reducir la presión arterial. Las investigaciones también han señalado efectos
antioxidantes y antinflamatorios que podrían ayudar a combatir las infecciones.
Si
las Naciones Unidas deciden disminuir las restricciones sobre la hoja de coca y
otros países avanzan hacia su despenalización, eso podría abrir un mercado para
el comercio mundial de productos de coca.
“A
nivel de todo el estado, de todo el país, de Bolivia ha generado muchos empleos
la hoja coca”, dijo Mateo Mamani, viceministro de Coca de Bolivia, en una
entrevista, y poder exportar la hoja de coca “va a generar buenos ingresos para
el Estado”.
Los
investigadores de Bolivia están realizando más estudios sobre los derivados de
la coca y sus posibles beneficios para la salud.
“Eso
queremos que entienda el mundo”, dijo Mamani. “Sí se usa para cosas ilícitas,
pero si se le da esa mirada buena a la hoja de coca podemos sacar muchas
cosas”.
En
Colombia y Perú, el uso tradicional de la coca también está protegido por la
Constitución, pero no es tan omnipresente como en Bolivia.
Los
partidarios de eliminar la hoja de coca de la lista de la ONU afirman que es
factible separar el uso tradicional del tráfico de cocaína porque los mercados
legales estrictamente regulados podrían ser vigilados cuidadosamente.
Las
autoridades estadounidenses argumentan que, aunque la hoja en sí misma es
relativamente inofensiva, sigue siendo la materia prima de la cocaína, y que
reconocer o legalizar la coca a nivel internacional podría debilitar los
esfuerzos para suprimir su cultivo y dificultar su aplicación. El gobierno de
Donald Trump ha citado el tráfico de cocaína para justificar sus ataques a
embarcaciones que, según las autoridades, salen de Venezuela con destino a
Estados Unidos.
Pero,
incluso si se abriera un mercado internacional de coca, algunos críticos temen
que las grandes empresas se lleven la mayor parte de los beneficios y que las
comunidades indígenas no se vean beneficiadas.
Sdenka
Silva, una socióloga boliviana que ha trabajado con cultivadores de coca, fundó
el Museo de la Coca, un pequeño edificio ubicado entre hostales para mochileros
en el centro de La Paz que educa a los visitantes sobre los 8000 años de
historia de la planta entre las comunidades indígenas.
Según
Silva, cuando la cocaína era legal en muchos países a finales del siglo XIX y
principios del XX, Bolivia y Perú obtuvieron pocos beneficios, mientras que
Inglaterra y los Países Bajos cultivaban coca en Malasia e Indonesia, donde era
más barata (las fuerzas japonesas destruyeron esos cultivos durante la Segunda
Guerra Mundial).
“Temo
que algo así pase de que grandes empresas”, dijo.
Pero
los defensores de la coca tienen esperanzas.
“Esto
no debería ser político”, dijo en una entrevista Arce, el presidente saliente,
que no se postuló a la reelección. “La hoja de coca no es un estupefaciente”.
"NO
HAY MANERA DE SACARME DE AQUÍ ESTA VEZ", DICE EVO EN SU REFUGIO EN BOLIVIA
El
expresidente recibe a Folha en un campamento protegido por indígenas donde
tiene rutina de ejercicios y cría peces; los bolivianos van a las urnas el día
19. Evo afirma que no permitirá que el futuro gobierno elegido elimine los
beneficios sociales y que no pretende dejar el país
Folha
de Brasil (https://acortar.link/NQWCKb)
Evo
Morales, de 65 años, acostumbrado a protagonizar eventos con miles de personas
en Bolivia, lleva hoy una rutina muy diferente. Pasa sus días en el campamento
de Lauca Ñ, en una zona selvática a 400 km de Cochabamba. El lugar está rodeado
de tiendas de campaña donde acampan indígenas de distintas etnias bolivianas
comprometidos a protegerlo las 24 horas del día.
En
la práctica, Evo no está escondido. Las autoridades saben que ése es su
domicilio actual. Aunque fue citado por corrupción y por el caso de violación
de una adolescente, hasta hoy nadie lo ha buscado para detenerlo o
interrogarlo. No se sabe si esa situación se mantendrá después del segundo
turno de las elecciones, el próximo domingo (19), cuando Bolivia volverá a
tener un gobierno de derecha.
"Lamento
que nuestro próximo gobierno vaya a ser de derecha. Ese sector siempre estuvo
desorganizado", dice.
Hay
dos pequeños edificios en el refugio del expresidente. En uno funciona la radio
del sindicato de cocaleros, donde inició su actividad política. En el otro,
trabaja su equipo de asesores.
Evo
también mostró su chacra. Allí, en 15 tanques, cría tambaquis. En otro terreno,
tiene una plantación de piñas y naranjas. Intenta mostrarse como un hombre del
campo que no busca enfrentamientos. Pero desde su base en esta región conocida
como el Trópico de Cochabamba, ha convocado marchas y protestas en varias
partes del país contra el presidente Luis Arce, quien desistió de postularse a
la reelección.
En
entrevista con Folha, el expresidente es enfático al afirmar que esta vez no
saldrá de Bolivia —al renunciar en 2019 se exilió en Argentina antes de volver
al país— y que luchará para que el próximo gobierno no elimine los programas
sociales que creó.
"No
hay manera de que me saquen de aquí esta vez. Porque estaré aquí para defender
que no eliminen los beneficios sociales, los planes de vivienda que creé, ni
que borren del nombre de Bolivia el ‘Estado Plurinacional’, porque con eso
incluimos a la sociedad y dimos dignidad a decenas de naciones indígenas",
dice Evo.
BOLIVIA,
A PESAR DE LA PARIDAD, CON UN HORIZONTE DESALENTADOR
Destacadas
periodistas revelan condiciones de violencia y precariedad contra periodistas.
Gane quien gane de los candidatos de derecha, un riego para el país.
SEM
de México (https://acortar.link/ZVPC8w)
Pese
a la apabullante mayoría femenina en la Asamblea Legislativa Plurinominal (ALP)
de Bolivia, como resultado de las elecciones el pasado 17 de agosto, con un
52,5 por ciento de los escaños ocupadas por mujeres, el panorama es gris, ya
que cualquiera de los dos candidatos de la derecha que triunfe en la segunda
vuelta el próximo 19 de octubre, carece de propuestas ante los problemas
económicos y la violencia contra las mujeres.
Destacadas
periodistas bolivianas, señalaron lo anterior en un conversatorio virtual
“Elecciones en Bolivia: La agenda y los derechos políticos de las mujeres” en
la que explicaron que los resultados obtenidos en agosto pasado, en la primera
vuelta, no tiene precedentes, “se hizo realidad la paridad”.
En
el conversatorio organizado por el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” y
Diakonia Perú, presididas por Diana Miloslavich y Patricia Tellería,
respectivamente, participaron la feminista y comunicadora Patricia Flores
Palacios, delCírculo de Mujeres Periodistas por la Paz, y Zulema Alanes,
presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
Señalaron
que, de acuerdo con los resultados en la Cámara de Senadores, 21 de los 36
curules estarán ocupados por legisladoras (58,3 %), mientras que en la Cámara
de Diputados las mujeres ocuparán 66 de los 130 asientos (50,7 %). Esto después
de 20 años de la izquierda, primero con Evo Morales, y luego con Luis Arce, que
en 2020 triunfó con 55 por ciento de los votos y quien dejará el poder el 8 de
noviembre próximo.
Cabe
señalar que, por primera vez, en Bolivia se realizará una segunda vuelta
electoral del 19 de octubre, al no haber obtener ningún candidato más de 40 por
ciento de los votos, con la disputa por la presidencia entre el actual senador
Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge
«Tuto» Quiroga, de Alianza Libre, quien fue vicepresidente durante la
experiencia democrática del militar golpista Hugo Banzer Suárez en 1997.
BanzerSuárez,
recordaron, fue un militar, político y dictador boliviano que ejerció la
Presidencia de Bolivia de 1971 a 1978, cuando fue despuesto por un golpe
militar. De 1997 a 2001 ocupo nuevamente la presidencia.
Fuerza
vital de las bolivianas
En
este contexto, la periodista Patricia Flores Palacios, activista y defensora de
los derechos humanos delCírculo de Mujeres Periodistas por la Paz, ve un
panorama desalentador, ante la ausencia de propuestas económicas, que significa
un riesgo de retroceso para el país y que podría pasar de ser un país con
pobreza media a ser un país de pobreza extrema.
Flores
Palacios, respecto a la paridad, se dijo orgullosa de la lucha histórica de las
mujeres que inició desde la época colonial. Aseguró que se ganó por las mujeres
y no por la concesión de los últimos gobiernos.
“Esta
fuerza vital está presente en las revueltas culturales y sociales de Bolivia
que la sociedad las sigue recordando, incluso en épocas de dictaduras como las
de Hugo Banzer”.
Reconoció
los avances importantísimos para las mujeres durante la presidencia de Evo
Morales, pero también lamentó la violencia contra de ellas, que afecta más a
las mujeres indígenas y el silencio ante los casos de pedofilia y el abuso
sexual infantil, no sólo de Evo Morales, lo que ha puesto en alerta a las
mujeres de diversas corrientes.
Se
refirió a los ataques a la libertad de expresión y persecución a periodistas
que se ha recrudecido en los últimos 20 años, acoso y violencia por lo que
terminan renunciando a sus medios de comunicación por el hostigamiento.
Patricia
Flores Palacios señaló que las mujeres no deben perder la voz crítica, sobre
todo, desde los territorios indígenas que a pesar de que han ocupado sus
tierras las siguen defendiendo contra viento y marea.
El
sentido gremial de las mujeres
La
representante delCírculo de Mujeres afirmó que existe un colchón invisible que
da fuerza a las mujeres que es la cultura gremial, se articulan en sindicatos,
en organizaciones, las mujeres de los mercados, de los transportes, ahí reside
la fuerza invisible de las mujeres.
Flores
Palacios agregó que en los años ochenta afloraron mujeres vinculadas a
movimientos de izquierda, por eso la paridad de hoy es resultado de esa
historia política.
En
su recuento dijo que, en 1997, Bolivia conquista la primera norma, la Ley de
Cuotas como un derecho mínimo al 30 por ciento de las posiciones políticas y en
1999 con la Ley orientada a la equidad de género se instala un piso normativo
fundamental. También reconoció que Influyeron las cumbres mundiales como
Beijing 1995.
Y
más allá, mencionó en los años veinte a la Federación Obrera Feminista se
enfrentaron a una sociedad colonialista y excluyente. En 1936 conquistaron los
derechos civiles. Con la Revolución Agraria de 1952 se visibilizó a los
municipios indígenas, se garantizó el sufragio universal, el voto popular para
todas las poblaciones indígenas y también para las mujeres.
Flores
Palacio mencionó el caso de las cinco mineras que se convirtieron en símbolo de
lucha por la libertad y los derechos humanos, y cuya huelga de hambre para
exigir amnistía para presos políticos y retorno a la democracia, se conviritó
en un duro golpe a la dictadura de Hugo Bánzer en 1977.
La
periodista citó los nombres de Angélica Flores, Luzmila Pimentel, Aurora Lora,
Nelly Paniagua y Domitila Barrios de Chungara, quienes durante la huelga fueron
objeto de burlas al principio, sin embargo, lograron el apoyo popular y
demostraron la fuerza de la resistencia civil, un golpe decisivo para la
dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y lograron el principio del fin de ese
gobierno.
El
“Cártel de las Mentiras” y los “guerreros digitales” de Evo Morales
Por
su parte, Zulema Alanes, presidenta de la ANPB, se mostró escéptica. Piensa
que, al contrario de otros analistas políticos, el cambio en el poder sin el
movimiento socialista sea la reconstrucción institucional en lo ejecutivo y
legislativo. Consideró que el desafío más grande es la recuperación de la
democracia.
Ante
la mayoría legislativa de mujeres, con el 52.5 por ciento de los escaños en la
Asamblea Legislativa Plurinominal, sostuvo que la llegada de una mujer a
espacios de poder no garantiza que actúen a favor de los derechos de las
mujeres. Como ejemplo citó a una diputada de la izquierda que está
obstaculizando una importante propuesta de ley para las mujeres, dijo la
presidenta de la ANPB.
Respecto
a la situación de las mujeres en la prensa, coincidió con Flores Palacios en
que existe un ataque a la libertad de expresión, vulnerando los derechos de las
y los periodistas. Ejemplo de ello son las acusaciones a la prensa sobre una
supuesta “guerra sucia” de parte de los candidatos a la presidencia y a la
vicepresidencia de Bolivia.
La
periodista señaló que se han utilizado mecanismos de cooptación para castigar a
las y los periodistas que no han aceptado el papel de apéndice del gobierno en
turno, como la Central Obrera que ha dejado de representar los intereses de las
y los trabajadores.
La
presidenta de la ANPB dijo que las periodistas han sido afectadas por campañas
de desprestigio, incluso hasta privarlas de su derecho al trabajo y denunció
una perversa campaña contra la prensa denominada “El Cartel de las Mentiras”,
orquestada por Evo Morales. Acción que incluye ataques físicos a las y los
periodistas durante las movilizaciones, como el hecho de rociar con gasolina a
dos reporteros, quienes fueron amenazados con prenderles fuego. Ante ese hecho
protestaron ante el organismo de los derechos humanos.
Por
otra parte, dijo se ha habilitado a servidores públicos, llamados “guerreros
digitales”, cuya tarea consiste en promover la desinformación y difundir
noticias falsas.
Tres
de cada 10 periodistas agredidos, son mujeres
Alanes
destacó que de cada 10 periodistas vulnerados al menos tres son mujeres. En
2024 se registraron más de 150 casos y el 2025 van 20.
Las
y los periodistas viven una situación precarizada, la brecha de género se
estima en 30 por ciento con respecto al sueldo que reciben los hombres.
Se
refirió a las cifras de un estudio realizado en 2023 por la Asociación Nacional
de Periodistas de Bolivia con el apoyo de la Red Unitas y el respaldo técnico
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que reveló
que el 42 por ciento de las y los periodistas percibe sueldos mensuales
inferiores al salario mínimo nacional.
El
79 por ciento de los periodistas están en contratos a plazo fijo, contratos por
producto, los equipos de periodistas trabajan tres días a la semana, para
evitar que haya despidos. Solo el 21 por ciento tienen empleo estable o a corto
plazo fijo.
El
70 por ciento de las y los periodistas no encuentra un futuro, porque no están
aportando para su jubilación, el 91 por ciento de los y las periodistas no
tiene un seguro de vida, ni mecanismos de seguridad ocupacional. El resto está
registrado en el seguro universal de salud que no garantiza.
A
la pregunta de ¿Qué va a cambiar en el futuro en Bolivia? Zulema Alanes afirmó
tajante que hay más dudas que certezas, sobre todo, porque los candidatos
presidenciales no tienen en la agenda la libertad de expresión, el alto a los
feminicidios y la solución a las crisis económicas.
Por
otra parte, Zulema Alanes señaló la denuncia pública presentada por el Centro
de la Mujer Peruana, que publicó en su perfil de Facebook, ante la indignación
que el presidente interino sea Jeri Jeri, expresidente del Parlamento, y quien
enfrenta una denuncia por violación. Opinó que Jeri está inhabilitado
éticamente para liderear al país hasta que se realicen las elecciones en abril
del 2026.
Incapacidad
moral de Dina Boluarte
Por
otra parte, durante el conversatorio, la moderadora Zuliana Lainez, presidenta
de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, lamentó los retrocesos para
las mujeres bajo el gobierno de Dina Boluarte de Perú, como la perdida de la
Ley de la alternancia paritaria, la desaparición del Ministerio de la Mujer y
el alto índice de feminicidios.
Por
ello señaló que la presencia de una mujer no garantiza que promueva los
derechos de las mujeres, Consideró que Dina Boluarte, destituida el pasado 10
de octubre, por su “permanente incapacidad moral”, en un país sumido en la
inseguridad por el crecimiento vertiginoso del crimen organizado y la gota que
derramó el vaso fue un tiroteo el pasado 8 de octubre en un concierto de cumbia
en Lima.
LA
FIEBRE DEL ORO EN BOLIVIA: UNA RIQUEZA QUE DESTRUYE VIDAS Y RÍOS
En
Bolivia, donde la minería legal prácticamente no existe, la explotación del oro
está fuera de control por la inacción de las autoridades y la obsesión
irracional por el metal precioso que devora la Amazonía. El Estado y los
candidatos presidenciales miran hacia otro lado. Reportaje especial de Gabriela
Orozco, corresponsal de RFI en Bolivia.
Radio
Francia Internacional (https://acortar.link/h9deGg)
Desde
hace décadas, y especialmente en los últimos veinte años, los gobiernos han
sellado acuerdos con las llamadas cooperativas mineras del oro, a las que han
entregado buena parte de la cuenca amazónica. Estas entidades gozan de
beneficios como la exención de impuestos, vulneran las normas laborales y
operan con total impunidad.
Una
familia enterrada por las explosiones con dinamita
Don
Isaac Catacora, floricultor del municipio de Yanacachi, en Los Yungas de La
Paz, perdió a sus padres y a otros cinco familiares en marzo de 2010, cuando se
derrumbó un cerro sobre la vivienda donde todos dormían.
"El
9 de marzo la caída del cerro pescó a mis padres durmiendo. Da pena
recordarlo", dice.
Las
explosiones con dinamita utilizadas por los mineros provocaron el derrumbe.
"Las explosiones hacen mover los terrenos. [Los cadáveres de] mi papá y mi
mamá, Humberto Catacora y Margarita Mamani Catacora, hasta la fecha no
aparecen", lamenta.
Isaac
y su hija Fanny, también floricultora, responsabilizan de estas muertes a la
cooperativa minera La Salvadora Yerbani, que sigue utilizando explosivos que
inestabilizan el suelo y provocan derrumbes en la comunidad Tres Marías.
Unos
240.000 cooperativistas auríferos
"Con
todos los derrumbes provocados por ellos, estuvimos medio año sin carretera.
Tuvimos que transitar a pie para sacar nuestras flores", cuenta Fanny.
El
uso de explosivos es una práctica común entre las cooperativas mineras. Estas
organizaciones surgieron en los años cincuenta, tras la nacionalización de las
minas, y cobraron fuerza en los ochenta, cuando la crisis económica empujó a
miles de trabajadores a formar agrupaciones semi-privadas.
Actualmente,
según el analista minero Héctor Córdova, existen unos 240.000 cooperativistas
auríferos en el país. "Cien mil trabajan de manera ilegal y en condiciones
precarias. No reciben salarios efectivos, se les paga en especie, no tienen
seguridad social ni protección legal", señala.
Aunque
la ley obliga a realizar consultas previas con las comunidades antes de iniciar
una explotación minera, en Tres Marías nunca se otorgó esa autorización.
"Nosotros como comunidad no hemos querido dar permisos para sus trabajos
ilegales, por eso ellos crearon una comunidad ficticia para darse su propia
consulta previa", denuncia Fanny Catacora.
Héctor
Córdova confirma que esta práctica —inventar comunidades indígenas que avalen
los proyectos— es un modus operandi habitual en países donde el control del
Estado es débil. "Estos grupos actúan como mafias internacionales y
aprovechan la flexibilidad del gobierno para explotar la riqueza
nacional", afirma.
El
efecto devastador del mercurio en los ríos
El
impacto ambiental es devastador. En los ríos y cerros de Los Yungas, la
búsqueda del oro se realiza mediante amalgamación con mercurio, un metal
altamente tóxico. "El agua que antes era cristalina ahora está
completamente negra", dice Don Isaac, mostrando una botella de la
vertiente contaminada. "Cuando era chico había truchas; hoy no queda ni
siquiera un árbol en la orilla del río".
Estudios
recientes revelan que comunidades amazónicas bolivianas presentan niveles de
mercurio en la sangre hasta veinte veces superiores a los permitidos.
"Este metal daña el sistema neurológico, limita la capacidad de
aprendizaje de los niños y puede causar deformidades en los fetos",
advierte Córdova.
Aunque
Bolivia firmó en 2013 un convenio internacional para reducir el uso del
mercurio, no ha cumplido sus compromisos. Peor aún, el contrabando de este
metal ha crecido, afectando a países vecinos como Perú y Brasil.
“Estamos
destruyendo de manera irreversible la ecología de nuestras cuencas y las
poblaciones indígenas”, denuncia la senadora ambientalista Cecilia Requena.
"Hay alternativas, pero es escandaloso que no se haya hecho nada".
Cooperativas
mineras, fuera de la ley
Desde
2018, enormes dragas chinas y planchones colombianos se han multiplicado en los
ríos amazónicos bolivianos. Aunque operan sin autorización estatal, el gobierno
ha realizado un solo operativo en años, incautando apenas una draga. "El
Ministerio de Gobierno no cumple las órdenes judiciales para intervenir la
minería ilegal en áreas protegidas como el Madidi", explica la senadora
Requena.
Las
cooperativas mineras se han convertido en un poder político. No solo evaden
impuestos, sino que influyen en el nombramiento de autoridades del sector.
"Quienes han puesto a las autoridades de minería son precisamente las
cooperativas. Varios ministros y funcionarios ambientales han sido designados
como cuotas de poder de este sector", afirma la senadora.
Para
conocer la versión de las autoridades, RFI intentó entrevistar a la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar licencias a
las cooperativas, pero no hubo respuesta. En 2022, una exdirectora fue
destituida por recibir una joya de oro a cambio de conceder una gran área de
explotación.
DEBER
CUMPLIDO: LAS NIÑAS BOLIVIANAS YA NO LE PERTENECEN AL MATRIMONIO
Bolivia
prohibió el matrimonio infantil. Como senadora y como mujer de pollera, lo
siento como un compromiso renovado, el de seguir trabajando para que ninguna
adolescente tenga que casarse antes de tiempo, y pueda soñar sin miedo
El
País de España (https://acortar.link/cq60dU)
En
Bolivia, hemos dado un paso histórico. La Asamblea Legislativa Plurinacional
aprobó una ley que prohíbe, sin ninguna excepción, el matrimonio y la unión
libre con menores de 18 años. Puede sonar a algo sencillo, a una formalidad
legal, pero para quienes hemos acompañado de cerca esta lucha significa abrirle
la puerta a miles de niñas y adolescentes a una vida con más oportunidades y
menos violencia.
Lo
digo con la emoción de quien viene de un pueblo donde las injusticias contra
las mujeres no son teoría, sino una realidad; de un pueblo donde hay
adolescentes de 14 o 15 años convertidas en esposas, en madres, en concubinas
de hombres mucho mayores; donde todavía se normaliza que un embarazo temprano
se “resuelva” casando a la adolescente con el padre de su bebé.
Y
donde muchas veces la pobreza obliga a las familias a entregar a sus hijas como
parte de un acuerdo. Por eso, esta ley era necesaria, porque ninguna
adolescente debería cargar con un destino que no eligió. Esas experiencias
marcan. Y fueron parte de lo que me impulsó, como legisladora, a presentar este
proyecto de ley.
Hay
cifras que confirman lo que ya sabíamos quienes caminamos en las comunidades.
El informe defensorial Sueños interrumpidos registró 4.804 matrimonios y
uniones infantiles hasta 2023. El Servicio de Registro Cívico reportó más de
6.000 adolescentes casadas en los últimos 11 años. En 2024, la Fiscalía
documentó siete feminicidios de menores de edad. Y entre 2020 y 2023, el
Ministerio de Salud reportó 147.876 embarazos en niñas y adolescentes, es
decir, 101 cada día. Ese mismo año, los maternológicos atendieron en promedio
diario a 17 niñas de 15 años y a 148 mujeres entre 15 y 19. Detrás de cada
número, hay un rostro, un nombre, una historia que nunca debió ser así.
Les
digo que el camino no fue fácil porque uno de los escenarios más complicados lo
enfrentamos durante el debate parlamentario, donde hubo voces que intentaron
frenar este avance. Algunas preguntaban: “¿qué pasa si la adolescente está
embarazada? ¿No debería casarse con el padre de su hijo para no quedar
abandonada?”. Otras insistían en que “ellas deberían decidir”, como si una
adolescente de 16 años pudiera tomar con plena libertad una decisión tan
definitiva y desigual. Incluso hubo quienes defendieron “la tradición” de casar
a las adolescentes en ciertas comunidades.
Esas
preguntas me dolieron, porque reflejan una forma de pensar que ha naturalizado
la violencia y ha invisibilizado el sufrimiento de las niñas y adolescentes. Yo
me preguntaba en silencio: ¿y qué pasa con las que son obligadas a convivir con
su agresor bajo el disfraz del matrimonio? ¿Qué pasa con las que abandonan la
escuela porque alguien decidió que ya eran “esposas”? ¿Qué pasa con esas vidas
truncadas antes de tiempo?
La
ONU ha sido clara, pues afirma que el matrimonio infantil es una violación de
derechos humanos. Y Bolivia no podía seguir permitiendo que miles de
adolescentes vieran sus sueños arrebatados en nombre de la costumbre, la
pobreza o el miedo al qué dirán.
Sé
que una ley no cambia la realidad de la noche a la mañana. Ninguna lo hace.
Tampoco la ley contra la violencia hacia las mujeres ni la ley anticorrupción
erradicaron esos problemas de inmediato. Pero las leyes son herramientas que
trazan un límite, abren caminos y marcan un horizonte. Esta ley es justamente
eso, una herramienta para proteger a las niñas, para impedir que se registren
matrimonios con menores y para enviar el mensaje claro a la sociedad boliviana
de que antes de los 18, no.
El
camino hasta aquí fue largo y lleno de aprendizajes. Hubo intentos de
tergiversar el sentido de la norma, incluso con argumentos tan absurdos como
que “esto podría abrir la puerta a la reasignación de sexo”. Pero la mayoría de
las y los legisladores, de oposición y oficialismo afortunadamente, entendieron
que el objetivo es proteger a las adolescentes y garantizarles una vida plena.
Más allá de los colores políticos, hubo consenso. Y eso también es un triunfo,
porque cuando se trata de derechos humanos, no hay lugar para divisiones
partidarias.
Este
logro tampoco hubiera sido posible sin las organizaciones que nos acompañaron.
Me refiero a IPAS Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos y a muchas otras
estuvieron a nuestro lado con evidencia, compromiso y apoyo técnico. Y la
sociedad civil también hizo su parte, pues recibimos decenas de cartas,
mensajes y voces de aliento que nos recordaron que esta lucha no era solo
legislativa, sino profundamente social.
El
respaldo internacional también llegó en momentos claves. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (MESECVI) felicitaron públicamente a Bolivia por
este paso, reconociéndolo como un hito regional. Eso nos demuestra que no
estamos solas, que lo que hacemos aquí se conecta con una lucha más amplia, la
de miles de mujeres y niñas en toda América Latina que aún esperan leyes y
políticas que las protejan del matrimonio infantil.
Pienso
mucho en las adolescentes de las zonas rurales, quienes a veces miran el
horizonte con miedo, pero también con esperanza. Muchas de ellas nunca han
tenido acceso a educación sexual integral, desconocen sus derechos y cargan con
prejuicios impuestos. Para ellas, esta ley es una oportunidad de estudiar, de
crecer, de decidir cuándo y con quién formar una familia, si así lo desean.
Hoy
puedo decir con orgullo que Bolivia ha dado un paso firme. No el último, pero
sí uno decisivo. Porque cuando un país protege a sus adolescentes está
construyendo un futuro más justo y más humano.
Para
mí, como senadora, como mujer de pollera y como hija de un pueblo que ha visto
demasiado dolor, este es un logro que tiene un valor especial. Lo siento como
un deber cumplido, pero también como un compromiso renovado, el de seguir
trabajando para que ninguna adolescente boliviana tenga que casarse antes de
tiempo, para que todas puedan soñar sin miedo y para que todas puedan decidir
con libertad.
Hoy
quiero decir con fuerza: las niñas bolivianas ya no le pertenecen al
matrimonio. Le pertenecen a sus sueños. Y nuestro deber como Estado es
asegurarnos de que esos sueños puedan cumplirse.
BOLIVIA
RUMBO A SU PRIMER BALOTAJE: ¿CIERRE DE CICLO O RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO
POLÍTICO?
Por
primera vez, Bolivia irá a un balotaje entre binomios presidenciales. Un hecho
inédito en su historia democrática en un contexto marcado por la crisis
económica, política e institucional, que coincide con la primera derrota
electoral del MAS-IPSP en 20 años.
Diario
Red de Uruguay (https://acortar.link/g3GAqX)
Los
actuales indicadores están lejos del milagro económico que en la década pasada
sorprendían al mundo: la inflación acumulada llegó a 18,3% en julio y se espera
escale a 24% en diciembre. El crecimiento del PIB en 2024 apenas llegó a 0,73%,
siendo el más bajo en 25 años y sólo superado por la recesión de 2020;
finalmente, el Banco Mundial anunció que Bolivia se mantendrá en recesión los 3
siguientes años. A esto se suma el desabastecimiento crónico de carburantes que
lleva a la gente a esperar días por combustible.
Esta
combinación pulverizó las aspiraciones electorales de Luis Arce; quien semanas
antes de registrar su candidatura, fue expuesto en la primera encuesta oficial
con 1% de intención de voto. Desesperado, ofreció la sigla del MAS-IPSP a
Andrónico Rodríguez, quien la rechazó; y ante ello, presentó a Eduardo Del
Castillo como candidato. De nada sirvió cumplir el sueño de la derecha
comandando la persecución y proscripción judicial contra Evo Morales; asimismo,
resultó inútil apropiarse del MAS-IPSP con sentencias o encarcelar y procesar a
más de 300 campesinos e indígenas. Todo para nada.
Morales
propuso dirimir las candidaturas a través de primarias un año antes de la
elección; sin embargo, pese a estar normadas, la derecha y el gobierno pactaron
su eliminación, anulando cualquier posibilidad de discutir democráticamente las
tensiones internas. Luego, con la autoprórroga, los magistrados del Órgano
Judicial emitieron sentencias que instalaron mediáticamente una supuesta
inhabilitación sin que el Tribunal Electoral lo determine. Finalmente, cuando
intentó postularse, los dos partidos que ofrecieron su sigla fueron eliminados
de la contienda con sentencias, proscribiendo definitivamente el espacio
político liderado por Morales, quien dos semanas antes de la elección llamó al
voto nulo.
Se
buscó cuestionar a Morales por no llamar a votar por Rodríguez; sin embargo
éste último no logró construir una identidad política definida: quiso
presentarse como heredero del MAS-IPSP y de Evo, pero “abriéndose al mercado”,
luchando contra el “paternalismo de Estado” y desentendiéndose de la
persecución contra Morales. Esa ambigüedad entre continuidad y ruptura terminó
expresándose en las urnas: si las elecciones del 17 de agosto hubiesen sido una
primaria, Evo Morales habría ganado triplicando la votación de Rodríguez y
multiplicando por ocho la del oficialismo; confirmando que, incluso proscrito,
su liderazgo político continúa siendo el eje gravitacional de la izquierda
boliviana.
En
la vereda derecha las candidaturas optaron por la fragmentación. Las
candidaturas de Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga encabezaron todas las
encuestas dando por descontado que pasarían a segunda vuelta, pues recibían el
respaldo corporativo de la derecha boliviana, sus empresas y medios de
comunicación; sin embargo, con los resultados electorales la sorpresa fue la
victoria de Rodrigo Paz y Edmand Lara, quienes pasaron de figurar en el quinto
lugar a insertarse como vencedores de la primera vuelta. Este hecho fue objeto
de críticas a las encuestadoras y casas televisivas, quienes justificaron la
diferencia entre encuesta y resultado a partir de la definición de los votos
nulos, blancos e indecisos y la guerra sucia que enfrentó Doria Medina por
parte de su principal adversario.
Los
binomios en segunda vuelta son Rodrigo Paz – Edmand Lara por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Quiroga - Juan Pablo Velasco por la Alianza
Libre. Pero, ¿cuáles son sus principales características y cuál es su margen de
crecimiento o posibilidad de victoria?
En
los gobiernos neoliberales Quiroga fue Subsecretario de Inversión Pública
(1990), Ministro de Finanzas (1992), Vicepresidente (1997-2001) y Presidente
por sucesión (2001-2002) tras la muerte del Gral. Banzer, militar y dictador
que se convirtió en pieza local durante la Operación Cóndor. La presidencia de
Quiroga estuvo marcada por la violencia y la represión contra el movimiento
indígena campesino del Trópico Cochabambino, donde murieron más de 10
campesinos y otros 350 resultaron heridos por la represión estatal. Tras
culminar su gestión, se convirtió en portavoz de la derecha internacional a
través de fundaciones financiadas por USAID y hoy apuesta por ser el anclaje
internacional de la derecha en Bolivia abogando por el retorno de la DEA y el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos.
Propone saldar el déficit fiscal y la crisis cambiaria a partir de créditos con
el FMI, a cambio de volver a desmantelar las empresas del Estado.
Su
candidato a Vicepresidente es un empresario cruceño vinculado a sector
tecnológico, cuya participación electoral estuvo marcada por escándalos de
discriminación y racismo desempolvados en sus redes sociales y su vínculo con
el extinto Banco Fassil, que en 2023 fue intervenido por el Estado debido a
múltiples irregularidades.
Por
su parte, Rodrigo Paz es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, pieza clave
del periodo neoliberal. Su carrera política empieza como Diputado, Concejal,
Alcalde de la Ciudad de Tarija y actual senador por dicho departamento. Su
gestión como Alcalde no es considerada relevante ni positiva debido a denuncias
de corrupción en obras de infraestructura.
Mientras,
su candidato a Vicepresidente se encasilla como outsider: un ex policía con
fuerte presencia en redes sociales, que saltó a la palestra pública por las
denuncias que realizó contra oficiales de la Policía Boliviana por extorsión y
cobros irregulares. En 2023 fue apartado de la Institución por un proceso
disciplinario.
El
Binomio tuvo un comportamiento electoral desordenado, pero efectivo en términos
electorales. A diferencia de Quiroga, Paz no entró en la agenda de polarización
política contra el MAS-IPSP; sin embargo ambos tuvieron reuniones con el
Departamento de Estado. Mientras Paz habla de “capitalismo para todos”, su
vicepresidente promete incrementar la Renta Dignidad para Adultos Mayores y
crear un Bono para madres solteras, propuestas contradictorias entre sí y
contradictorias con un país que enfrenta un déficit fiscal de 12%. Sin embargo,
con ello se acercó a un electorado al que Quiroga no llega: el que durante 15
años le dio la victoria al MAS-IPSP y que en la crisis busca más protección del
Estado.
Los
bastiones electorales del MAS-IPSP fueron objeto de una disputa electoral
compleja. Si en 2020 le dieron a Arce la victoria con 55%, este 2025 apenas
mantuvo el 2%, Rodríguez el 6%, y Morales el 20%. Entonces, ¿dónde se fue el
otro porcentaje? Efectivamente una parte de ese electorado optó por el PDC.
¿Será un paso definitivo? Claramente no, pues es bastante probable que sin la
proscripción de Morales, el resultado electoral hubiera sido distinto.
La
virtud de la campaña de Lara fue diferenciarse de las propuestas que abordaron
la crisis desde el cierre de las cuentas públicas; es decir, el cierre del
déficit fiscal a través del desmantelamiento de las empresas del Estado y la
eliminación de la subvención a los combustibles. Lara no se concentró en los
indicadores macroeconómicos, sino en propuestas que (aun siendo demagógicas)
conectaban con la economía cotidiana de las familias que se vio ausente del
debate político. Así, recorrió los bastiones del MAS-IPSP logrando de forma
efectiva captar parte del electorado.
Ahora,
con miras al balotaje del 19 de octubre ¿qué puede suceder? Pues la historia
está abierta.
La
última encuesta oficial publicada por diferentes medios de comunicación otorga
la victoria a la alianza Libre con 42,9% frente a 38,8% de PDC; sin embargo,
los porcentajes de voto blanco, nulo e indecisos se mantiene altos (18,4%),
pudiendo fácilmente cambiar el resultado final.
Además,
si se aborda desde una perspectiva de transferencia electoral de acuerdo a los
resultados de la primera vuelta, una redistribución parcial del nulo podría
revertir el resultado. Por ejemplo, si el 100% del voto de las candidaturas
identificadas con la derecha (Doria Medina y Reyes Villa), respaldara a
Quiroga; y sólo la mitad del voto nulo y la mitad del voto de Rodríguez votara
por Paz, este último ganaría las elecciones. Esto sin tomar en cuenta el
respaldo de la corporación mediática en favor de Quiroga, una mayor exposición
y parcial desencanto de la figura de Lara, la activación de sesgos regionales y
disputas locales de poder.
Quiroga
intentó hacer de la segunda vuelta un escenario de polarización con el MAS-IPSP
y en particular con Evo Morales para desencantar al electorado de Paz. Sin
embargo, Morales llamó a un Ampliado Nacional que concluyó no respaldar ninguna
candidatura ni continuar con el voto nulo, considerando que ambas candidaturas
responden a intereses similares y plantean políticas de ajuste sin ética ni
compromiso social; por tanto, definió como ruta estratégica concentrar
esfuerzos en las elecciones de gobiernos locales para expresar su poder
territorial.
Así
las cosas, el 19 de octubre Bolivia elegirá entre dos actores políticos de
derecha, con una misma visión de país, pero en diferentes siglas, ambos interlocutores válidos para el Departamento
de Estado y el poder corporativo empresarial. Mientras la izquierda tendrá que
reorganizar genuinamente sus fuerzas y disputar las elecciones locales para
construir nuevamente una mayoría social alrededor de un proyecto de país, con
dolorosos aprendizajes y enormes desafíos.
POBREZA
DEL 40% Y DÉBIL CRECIMIENTO: LOS NÚMEROS CON LOS QUE EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE
BOLIVIA RECIBIRÁ LA ECONOMÍA
El
Mercurio de Chile (https://acortar.link/v3Ysuw)
El
nuevo gobierno de Bolivia, que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre,
deberá enfrentar una economía con déficit fiscal alto, deuda creciente, una
inflación elevada y bajo dinamismo productivo.
La
nueva administración también tendrá que sortear la dependencia de
hidrocarburos, una escasa inversión extranjera y una población afectada por
pobreza y empleo informal.
La
eficiencia fiscal, la estabilidad institucional y reformas para atraer
inversión serán clave, de acuerdo a un análisis publicado por Luis Fernando
Romero Torrejón, economista e investigador boliviano.
"Quien
reciba el gobierno el 8 de noviembre va a recibir una economía desequilibrada y
desestabilizada, tanto en lo económico como en lo político", dijo Romero a
Bloomberg Línea, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de
Tarija, quien comparó la situación con "cambiar de médico en medio de una
operación riesgosa".
Los
electores bolivianos han expresado en las urnas su descontento con el
gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y en la segunda vuelta definirán al
nuevo presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata
Cristiano, y el expresidente conservador Jorge Quiroga.
Paz
Pereira ganó la primera vuelta con el 32,06% de los votos y Quiroga fue segundo
con el 26,70%, de acuerdo con el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) de la jornada del pasado 17 de agosto.
El
reporte de Romero Torrejón, titulado "Bolivia: a un mes del cambio de
gobierno ¿cómo está su economía?", dice que Bolivia vivirá un momento
histórico, no sólo por la asunción del nuevo presidente del país, sino por el
cambio de un modelo económico y político socialista, de casi 20 años.
Indica
que "se traspasará una economía golpeada y con serios problemas, donde
prácticamente los nuevos gobernantes agarrarán un hierro caliente, en una
coyuntura de crisis y bajos recursos. Tendrán que resolver problemas complejos
en un corto tiempo".
"Dragón
de tres cabezas"
Romero
Torrejón advirtió que el nuevo presidente enfrentará "un dragón de tres
cabezas: inflación, dólares y carburantes", en un contexto de serios
problemas de liquidez, desequilibrios fiscales y posible recesión económica en
los próximos tres años.
Señaló
que uno de los pocos caminos disponibles será buscar financiamiento externo
pues "al menos para los primeros ocho meses del nuevo gobierno se va a
requerir alrededor de US$3.000 millones para la importación de diésel y
gasolina, pagar la deuda externa y cumplir otras obligaciones que se deriven de
operaciones anteriores, como las que se han comprometido con las reservas de
oro".
Sobre
los riesgos sociales y económicos, destacó que "una crisis por falta de
carburantes generaría mayor presión inflacionaria y menos dinamismo económico
de lo que existe".
El
riesgo, a su juicio, es que "una inflación que siga en avance puede ser
totalmente corrosiva para el nuevo gobierno". El éxito dependerá de la
gobernabilidad en las calles y la gobernanza en el parlamento. La prioridad del
nuevo Ejecutivo será "estabilizar la economía con el menor costo social
posible, cuidando especialmente la pobreza y el desempleo". El estado de
la economía Boliviana Bolivia atraviesa una desaceleración marcada. Tras crecer
apenas un 0,73% en 2024, el Gobierno tiene como meta una expansión del PIB de
3,51%. Recientemente, "el Banco Mundial ha reajustado las proyecciones de
crecimiento económico de la región, en cuyo informe indica que Bolivia entraría
en una recesión económica de 3 años, teniendo un decrecimiento en su PIB real del
-0,5%, -1,1% y del -1,5% desde el 2025 al 2027", indicó Romero Torrejón.
El
PIB nominal fue de US$46.967 millones en 2024, pero la economía sigue
concentrada en sectores primarios y con poca diversificación. Según el autor
del reporte, "un dato llamativo, y preocupante a la vez, es que hasta la
fecha el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia) no ha publicado el
crecimiento económico del país ni siquiera al primer trimestre de 2025".
Para Romero, "con seguridad no es una cifra alentadora, pero esta
información es clave para orientar en la toma de decisiones de los diferentes
agentes económicos del país". El país, además, acumula 11 años
consecutivos de déficit, que podría alcanzar el 11% del PIB este año,
financiado con deuda y emisión monetaria. La deuda pública, en tanto, se estima
en torno al 90% del PIB, impulsada por la necesidad de cubrir gasto estatal,
importaciones de combustibles y pagos externos. La deuda interna crece más
rápido que la externa. "Recientemente, el ministro de Economía indicó que
la deuda interna fue del 19% del PIB, hasta agosto 2025, aunque no indicó el
dato. A pesar de unas cifras subestimadas o poco precisas, sin duda la deuda
interna es mucho mayor". En cuanto a la inflación, esta alcanzó en
septiembre un 23% interanual. La pérdida del poder adquisitivo supera el 50% en
un año, afectada por la escasez de dólares, emisión monetaria y bajos niveles
de producción. Aunque la tasa oficial de desempleo urbano es de 3,1% (al
segundo de trimestre de 2025), la informalidad laboral llega al 80%, con
crecimiento del subempleo y la precariedad salarial. La pobreza, en tanto,
afecta al 40,1% de la población y el 70% tiene necesidades básicas
insatisfechas. La inflación podría elevar la pobreza moderada a cerca del 40%
para finales de 2025.
SANTA
CRUZ Y EL BALOTAJE: ENTRE ESPERANZA DE CAMBIO Y TEMOR AL CONTINUISMO
Recta
final para el balotaje el domingo en Bolivia, una elección histórica entre dos
candidatos de derecha que marcará el fin de 20 años de mandato del partido de
izquierda MAS, históricamente vinculado a Evo Morales. Nuestra enviada
especial, Paola Ariza, recogió testimonios en Santa Cruz de la Sierra, bastión
de la oposición al MAS.
Radio
Francia Internacional (https://acortar.link/W9BxER)
¿Por
qué en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, algunos electores esperan con
ansias la salida del MAS del poder?
"Porque
el MAS nos trajo pobreza. Es por ellos que tenemos todas estas carencias. En 20
años no mejoró nada. Estamos sumamente dolidos con el MAS. Han manejado al país
a su antojo", dice Justina, comerciante del barrio financiero de Santa
Cruz.
Además
de la crisis económica, principal tema de campaña, a electores como ella
también les preocupan la educación y la salud.
"Nadie
sabe cómo llenar la olla. Y comer es la prioridad. Pero la educación también es
pésima, entre otros, las estructuras de los colegios. En cuanto a la salud, ni
se diga, vamos de paro en paro. Cuando pedimos una cita médica nos dicen que
nos tienen que programar para dentro de un mes o dos. La salud va de mal en
peor”.
Justina
cuenta que a veces debe saltarse una comida para pagar los servicios públicos.
Esto también lo vive Fernanda Rivera, empleada en un café y estudiante de
psicología.
Rodrigo
Paz, ¿continuismo del MAS?
"Lo
que vos comprabas antes con 200 bolivianos, que te duraba aproximadamente
cuatro días, ahora te dura dos. Yo, por ejemplo, vivo sola y me sustento sola.
Para mí es demasiado complicado. Hay días en que solo como una vez al día o dos
veces, y ya. También hay personas que están todo el tiempo buscando cómo
emprender para ganar más dinero, porque con el salario que se tiene y los
precios que suben todos los días, no se puede", agrega Rivera, quien no se
hace ilusiones con la segunda vuelta. Para ella, el candidato Rodrigo Paz, que
se autodenomina de centroderecha, representa en realidad el continuismo del
MAS.
"En
la primera vuelta pensábamos que íbamos a sacar al MAS, que íbamos a sacar a
este parásito que nos viene siguiendo en este país desde hace 20 años. Pero
para la segunda vuelta la estoy viendo un poco verde. Esto me pone muy triste
porque no hay duda de que todas las personas que siguen a Evo Morales van a
votar por Rodrigo Paz".
El
ingeniero industrial Samir Maldonado es más optimista. Aunque también votará
por el candidato conservador Tuto Quiroga, confía en que cualquiera de los dos
aportará un cambio al país.
"En
estas elecciones esperamos un cambio. Esperamos un candidato que vea lo difícil
que está el país, que vea lo poco que queda de economía. Que vea cuál es la
parte quebrada que tenemos en la economía y busque la manera de arreglarla.
Pero no a largo plazo ni a mediano, sino buscar un parche rápido y tratar de
mejorar luego a largo plazo".
A
comienzos de la semana, la empresa Ipsos Ciesmori difundió encuestas que ubican
a Quiroga con el 44,9% de intención de voto, frente a Paz con 36,5%. La misma
empresa, hace dos semanas, le otorgaba al expresidente 47% y al senador 39,3%.
DEBATE
PRESIDENCIAL EN BOLIVIA REVELA DIFERENCIAS ECONÓMICAS ENTRE TUTO QUIROGA Y
RODRIGO PAZ
A
días de las próximas elecciones en Bolivia, cierran debate presidencial que
reveló contrastes en las propuestas económicas de los candidatos Tuto Quiroga y
Rodrigo Paz.
Radio
Onda Azul de Perú (https://acortar.link/wyLO3J)
Tras
desarrollarse el último debate presidencial en Bolivia antes de las elecciones
que se realizarán el próximo 19 de octubre, donde los candidatos Tuto Quiroga
(Partido Libre) y Rodrigo Paz (PDC) expusieron sus principales propuestas
económicas frente al balotaje, el analista económico y político, ingeniero
Joshua Bellott Sáenz, precisó que ambos aspirantes presentaron ideas similares
en algunos temas, aunque con diferencias marcadas en el manejo de la deuda
externa y el tipo de cambio.
A
través de Radio Onda Azul, explicó que Tuto Quiroga propone un endeudamiento de
12 mil millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la reactivación del sistema de “bolsín”, mecanismo de tipo de cambio flexible
que permitiría la compra y venta de divisas según la oferta y la demanda.
Por
su parte, Rodrigo Paz plantea evitar el endeudamiento externo y aplicar un
sistema de tipo de cambio flotante con bandas de control para reducir la
volatilidad. Además, propone ordenar primero las finanzas públicas y reducir
los gastos de gobierno antes de acudir a préstamos internacionales.
En
cuanto al abastecimiento de combustibles, uno de los principales problemas que
enfrenta Bolivia, el analista señaló que Quiroga prevé cubrir la demanda
mediante los créditos internacionales, mientras que Paz asegura tener acuerdos
previos para garantizar el suministro desde el primer día de su gobierno, sin
recurrir a préstamos.
Sobre
los subsidios estatales, ambos candidatos coinciden en la necesidad de
reformarlos. Por su parte, Quiroga plantea eliminarlos de forma gradual
manteniendo el apoyo al transporte, mientras que Paz propone un subsidio
focalizado a la demanda, dirigido a los sectores más vulnerables.
BOLIVIA:
EL CONSERVADOR TUTO QUIROGA AVENTAJA AL CENTRODERECHISTA RODRIGO PAZ A UNA
SEMANA DE LAS ELECCIONES
En
el último debate, Paz apostó por la autonomía financiera interna, mientras que
Quiroga propuso una apertura internacional con apoyo de organismos
multilaterales.
La
Diaria de Uruguay (https://acortar.link/dqfBA4)
El
domingo se celebrará en Bolivia la segunda vuelta electoral en la que se
definirá al sucesor del actual mandatario, Luis Arce.
Los
dos candidatos más votados en la primera vuelta de agosto, Rodrigo Paz Pereira,
del centroderechista Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente Jorge
Tuto Quiroga, líder de la coalición conservadora Alianza Libre, serán quienes
se enfrentarán en estos comicios, que pondrán fin a casi 20 años de gobiernos
de izquierda en el país, que actualmente se encuentra sumido en una profunda
crisis económica.
De
acuerdo a las últimas encuestas, Quiroga, quien fue mandatario durante un año
entre 2001 y 2002 tras la muerte del exdictador Hugo Banzer, aventaja a su
adversario y se encamina a ganar las elecciones.
Según
la última encuesta de intención de voto difundida por la cadena televisiva
Unitel, realizada por la consultora Ipsos Ciesmori, Quiroga tiene el 44,9% en
la intención de votos, contra 36,5% de Paz. Por otra parte, los votos en blanco
suman 3,7%; los nulos, 5,6%; y los indecisos representan el 9,3%.
De
esta manera, Quiroga vuelve a subir en comparación con la encuesta que difundió
Red Uno a fines de la semana pasada, realizada por Captura Consulting SR, donde
tenía 42,9% de intención de voto. Sin embargo, en comparación con la primera
encuesta de intención de voto, también realizada por Ciesmori, el candidato de
Libre cayó de 47% a 44,9%; mientras que Paz cayó de 39,3% a 36,5%.
Esto
se explica por el incremento de los votos residuales (blancos, nulos e
indecisos), que crecieron de 13,7% en la primera encuesta a 18,6% en la
difundida el domingo.
El
último cara a cara
El
domingo por la noche Quiroga y Paz protagonizaron en La Paz el último debate
previo a las elecciones organizado por el Tribunal Supremo Electoral.
El
intercambio entre los candidatos fue medido, sin golpes bajos ni ataques
directos, pero sí hubo marcados contrastes en los planes de cada uno para
revertir la difícil situación económica que está pasando Bolivia.
Paz
explicó que apuesta por la autonomía financiera interna, mientras que Quiroga,
económicamente neoliberal, propone una apertura internacional con apoyo de
organismos multilaterales.
Rodrigo
Paz planteó que su primera medida en caso de ser electo será solucionar la
cuestión de la falta de combustibles, mediante contratos transparentes y un
manejo responsable de los recursos.
Propuso,
además, ordenar el tipo de cambio e implementar un sistema de bandas cambiarias
con un piso y un techo para evitar desequilibrios bruscos. También anunció una
reforma al Banco Central de Bolivia (BCB) para que se convierta en un ente
técnico que apoye la gestión monetaria del país.
Paz
aclaró que no acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) e indicó que
Bolivia cuenta con más de 3.500 millones de dólares en créditos aprobados por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América
Latina, que podrían activarse de inmediato para garantizar el abastecimiento de
combustibles, estabilizar el tipo de cambio y restaurar la confianza en el
sistema financiero, sin comprometer la soberanía económica.
Por
su parte, Quiroga presentó un plan de estabilización inmediata, basado en una
inyección urgente de dólares para frenar la devaluación y asegurar el
abastecimiento energético, de acuerdo a lo que informó el diario paceño La
Razón.
A
diferencia de Paz, el exmandatario defendió la cooperación directa con el FMI,
el Banco Mundial y el BID, argumentando que Bolivia necesita restablecer la
confianza internacional para reactivar su economía. “La estabilidad no se logra
con discursos; se logra con dólares en los cajeros y en los bancos”, indicó
Quiroga.
El
candidato derechista enfatizó que la escasez de divisas es el origen de los
principales males económicos del país: inflación, colas por combustibles y
pérdida del poder adquisitivo. Por ello, su propuesta se enfoca en negociar
financiamiento internacional, aplicar la disciplina fiscal y reducir el gasto
improductivo.
El
exmandatario también planteó una reforma fiscal gradual, con reducción de
impuestos al trabajo y a las utilidades, como parte de un plan para atraer la
inversión extranjera al país.
BOLIVIA
CELEBRA UNA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL QUE CIERRA EL CICLO DE 20 AÑOS DEL MAS
Y QUIROGA PARTE COMO FAVORITO
M
News de Argentina (https://acortar.link/5xKj2p)
La
crisis económica que golpea a Bolivia, con alta inflación y desabastecimiento
de combustibles, impulsó el fin del gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS), después de casi 20 años en el poder. Los bolivianos giraron a la derecha
y el próximo domingo deberán elegir al sucesor del presidente Luis Arce entre
el senador de centroderecha Rodrigo Paz y el ex mandatario conservador Jorge
"Tuto" Quiroga, que fueron los más votados en la primera vuelta del
17 de agosto.
Quiroga,
de Alianza Libertad, parte como favorito para convertirse en el próximo
presidente boliviano, con una intención de voto del 44,4%, frente al 36,3% de
Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), según una encuesta realizada a
principios de octubre por la Consultora CB. Un sondeo anterior, realizado a
fines de septiembre por la empresa Ipsos Ciesmori y publicado por la emisora
televisiva Unitel, le daba al ex mandatario un 47%, frente al 39,3% de Paz.
Queda
por verse si se confirman los pronósticos de las encuestadoras, que en la
primera vuelta daban como favoritos a Quiroga y al empresario Samuel Doria
Medina, que finalmente quedó relegado al tercer puesto y dio su apoyo a Paz. El
senador por Tarija fue el más votado el 17 de agosto, con el 32% de los votos,
y le dio así la espalda a los sondeos, los medios de comunicación, las casas de
apuestas y los analistas del establishment.
"Esta
es la Bolivia de verdad, que tal vez no sale en sus encuestas", dijo Paz
en un video compartido en sus redes sociales, en el que minimizó los resultados
de los sondeos. "Esta es la Bolivia que va a generar una victoria a
futuro, porque es con la base popular, democrática, nacional, respetando
nuestros recursos naturales, nuestra propiedad privada, a cada gremial,
cuentapropista, transportista, empresario", aseguró en un acto ante
seguidores.
Quiroga,
por su parte, se mostró confiado en ganar en balotaje. "Sé que Bolivia
tiene futuro porque lo vi en cada familia que me recibió, en cada joven que
lucha, en cada madre que no se rinde. Hoy te pido que transformemos esa
esperanza en realidad. Con tu voto este 19 de octubre, juntos podemos
lograrlo", aseguró en un mensaje publicado esta semana en su cuenta de
Facebook.
Ambos
candidatos se enfrentarán en la noche de este domingo en un último debate antes
de la definición electoral, que determinará quién gobernará Bolivia en los
próximos cinco años.
La
Bolivia que recibirá el próximo presidente
De
cualquier manera, al que resulte ganador del inédito balotaje en Bolivia le
espera un difícil camino por delante desde el 8 de noviembre, la fecha prevista
para el traspaso de mando. No sólo deberá emprender ajustes económicos que
podrían desatar protestas en un país marcado por la inestabilidad social, sino
que estará obligado a pactar acuerdos para lograr una mayoría en la Asamblea
Legislativa.
La
economía boliviana está en desaceleración, arrastrada por la caída del precio
del gas - su mayor producto de exportación-, el efecto de fenómenos climáticos
extremos en la agricultura y una inflación acumulada de 18% entre enero y
agosto. Además, el combustible se está convirtiendo en uno de los productos
básicos más escasos, lo que afecta la producción agropecuaria, dispara el costo
de vida y atiza el malestar social en las calles.
En
un reciente informe, el Banco Mundial (BM) estimó que el producto interno bruto
(PIB) boliviano se contraerá un 0,5% en 2025 y que el país seguirá en recesión
en 2026 y 2027, con una caída del -1,1% y -1,5% del PIB.
Por
su parte, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) proyectó que el
próximo gobierno en Bolivia recibirá un panorama fiscal marcado por
desequilibrios y restricciones. Según un documento publicado esta semana, el
IIF estima que el déficit del gobierno central, sin incluir las empresas
estatales, alcanzará el 14% del PIB en 2025. Si se suman las pérdidas
operativas de las empresas públicas y se excluyen los subsidios, el
desequilibrio consolidado se sitúa en torno al 20% del PIB.
"Este
es uno de los mayores déficits en tiempos de paz en mercados emergentes y,
críticamente, es estructural", afirmó Jonathan Fortun, economista senior
del IIF, según recogió Bloomberg. Los subisidios, especialmente los destinados
a los combustibles, siguen representando una parte significativa del gasto
público.
Plan
de "salvataje": la propuesta de Quiroga
En
un acto en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, Quiroga prometió
este jueves resolver la falta de dólares y de combustibles con un plan
internacional de "salvataje" y convertir al país en una
"potencia mundial del litio".
"Póngannos
en el Gobierno y yo no voy a dar excusas. El programa de salvataje lo vamos a
hacer, los dólares los vamos a traer", aseguró el ex mandatario, de 65
años, que gobernó entre 2001 y 2002 tras reemplazar a Hugo Banzer, del que
había sido vice, cuando el entonces presidente dejó el cargo por motivos de
salud. El candidato estuvo en el acto junto a su candidato a vicepresidente, el
emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, de 38 años, que es la apuesta para
imprimir un aire de renovación a la fórmula presidencial.
Quiroga,
que ya fue candidato a jefe de Estado en 2005 y 2015, prometió también dar un
nuevo impulso a la industrialización del litio, tras el intento del gobierno de
Arce de implantar la extracción directa de litio (EDL) mediante contratos con
empresas chinas y rusas, aún sujetos a aprobación parlamentaria. Además,
destacó que su partido tiene las propuestas más claras para resolver la crisis,
en contraste con Paz, al que acusó de "echar barro, manipular odio y
generar división", según recogió la agencia EFE.
"Me
voy a dedicar a salvar la economía de Bolivia, a traer inversiones, a abrir
mercados. Voy a hacer acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con
Japón, con Europa", dijo Quiroga a la agencia AFP antes de la primera
vuelta. El candidato de Alianza Libertad prometió un "cambio
sísmico": bajar el déficit fiscal, reducir el Estado, privatizar todas las
empresas públicas deficitarias e impulsar una nueva Constitución con giros
"radicales".
Según
reveló Ramiro Cavero, a quien designó como ministro de Economía en un posible
futuro gobierno, para reducir el déficit se apuntará a un préstamo del Fondo
Monetario Internacional (FMI). "Calculamos que deberíamos contar con entre
3.000 y 4.000 millones del FMI", aseguró a El Observador USA.
Paz,
discurso moderado en busca de los desencantados
Paz,
de 58 años, no es nuevo en la política: comenzó como diputado en 2002, luego
fue concejal, alcalde y gobernador de su natal región de Tarija, en el sur del
país. En el 2020 fue elegido senador nacional por la alianza Comunidad
Ciudadana, de centroderecha, encabezada por Carlos Mesa, y, ya establecido como
referente dentro de la oposición, se postuló a la presidencia por el PDC,
alineado con la socialdemocracia europea.
El
político, que busca seguir el camino de su padre, el expresidente Jaime Paz
Zamora (1989-1993), se presenta como el candidato moderado, que busca convencer
a los desencantados con la actual gestión de izquierda de Arce (y su pelea con
Evo Morales) y promete medidas para salir adelante de la crisis que no
impliquen un fuerte ajuste.
"Somos
una visión de centro donde se han agrupado grandes mayorías que han cerrado un
ciclo de 20 años, yo creo que eso es un gran mérito", dijo durante la
campaña, en la que visitó sectores populares y se reunió también con
empresarios. Propone "capitalismo para todos", aunque sus críticos
señalan que sus propuestas económicas son aún poco claras.
El
plan de gobierno de Paz se basa en la Agenda 50/50, que propone una
distribución más equitativa de los recursos públicos. Según explicó,
actualmente el Estado concentra alrededor del 85% del presupuesto nacional. Su
propuesta consiste en dividir estos fondos a partes iguales entre el nivel
central y los gobiernos subnacionales, incluyendo también a las universidades
públicas.
En
el plano económico, Paz se mostró contrario a la idea de recurrir al FMI para
sacar a Bolivia de la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas.
"No voy a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. En Bolivia si no
roban, alcanza", dijo antes de la primera vuelta a la radio Erbol, en
línea con su promesa de "barrer con la corrupción".
Para
impulsar esa propuesta, el senador eligió como compañero de fórmula al ex
capitán de la Policía Nacional Edman Lara, que ganó notoriedad en las redes
sociales por sus denuncias sobre la corrupción dentro de la institución
policial, de la que fue desvinculado el año pasado tras ser acusado de
"faltas graves", una acusación que él rechaza.
Para
la analista política Verónica Rocha, el desafío de Paz es captar al electorado
que rechaza a Quiroga y a los desencantados con el MAS. Las clases más bajas o
empobrecidas "no encuentran una representación, una persona igual a
ellos" en ninguna de las dos fórmulas electorales que compiten, destacó en
declaraciones a la agencia AP.
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