LA MARCHA DE EVO MORALES LLEGA A LA PAZ Y PROFUNDIZA LA DIVISIÓN DE LA IZQUIERDA BOLIVIANA

Sigue la tensión política en Bolivia. El expresidente Evo Morales llegó marchando hasta La Paz desde Caracollo, una localidad ubicada a 189 kilómetros de la sede del gobierno boliviano. Durante todo el trayecto, que tardó siete días en recorrer, antagonizó con el presidente Luis Arce, sus ministros y sus seguidores. La violencia no estuvo ausente, aunque no fue tan grave como algunos anticipaban. Al final, en un discurso en la asamblea que dio fin a la marcha, conminó al presidente a despedir a sus “ministros narcos y drogos” por haber contratado un grupo de choque para que ataque a la marcha y por sus ataques “racistas y fascistas” contra sus excompañeros del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, olvidó mencionar a los tres campesinos que, en un conflicto aparte, fueron condenados por bloquear la carretera entre La Paz y Copacabana. Esta condena se dio en el marco de una sentencia constitucional promovida por la derecha boliviana, y admitida por el Gobierno, que penaliza los cortes de ruta, en contra de la tradición histórica nacional.
Pero el tema que verdaderamente importa a los actores no es este ni tampoco la crisis económica que sirvió de móvil público de la movilización, sino la candidatura de Morales en 2025. La marcha buscó potenciar el prestigio y la influencia de este líder sobre las organizaciones sociales y, al mismo tiempo, debilitar a Arce todo lo posible, con la esperanza, remota, de que este caiga y el poder quede en manos de Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado.
Si no se toman en cuenta los factores simbólicos ni las especulaciones sobre una improbable renuncia del presidente, la relación entre la movilización y sus verdaderos objetivos no aparece muy visible. La inhabilitación de Morales es resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que también está a cargo de un recurso legal que le podría quitar a Morales el partido con el que quiere participar en las elecciones de 2025. La sentencia prohíbe cualquier clase de reelección, continua o discontinua, de cualquier boliviano que ya hubiera sido reelecto una vez.
Morales no ha mostrado hasta ahora todas sus cartas, se ha concentrado en acumular fuerza política respecto a su enemigo personal y político, que, simétricamente, se ha desgastado en los últimos tiempos, sobre todo por las urgencias de la crisis económica. Por otra parte, Arce no quiso poner toda la fuerza que tenía para enfrentar la marcha de su enemigo político. En un discurso la noche previa de la llegada de la marcha a La Paz, señaló en la televisión dirigiéndose a este: “Guerra civil, dijo uno de tus operadores. Es precisamente lo que quisieran enemigos internos y externos del Estado Plurinacional, para entregarlo al imperialismo. Para que haya una guerra civil se necesita al menos dos frentes antagónicos y ese es un gusto que no te daremos”.
Este discurso coincidió con el hecho de que, pese al deseo de políticos oficialistas y opositores de “sentarle la mano” a Evo Morales, la orden de proceder contra él no se produjo. La pregunta es si ocurrirá lo mismo en el futuro si se cumple la amenaza de los marchistas de un “bloqueo de caminos nacional e indefinido”.
Trayectoria de una marcha
La “Marcha para Salvar Bolivia” comenzó el 17 de septiembre en el pueblo de Caracollo con destino a la ciudad de La Paz. Planteó un pliego petitorio de varios puntos, entre los que insta al Gobierno a dar solución a la crisis económica actual. Desde este denunciaron que tenía el propósito de imponer la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones.
A medida que la marcha avanzaba hacia la ciudad de La Paz, las fuerzas enfrentadas arcistas y evistas crearon varios picos de tensión. El primer enfrentamiento se dio el segundo día de la movilización, en la localidad de Vila Vila, donde funcionarios públicos y mineros que respaldan al gobierno de Arce intentaron impedir el paso de la marcha.
Los adherentes de Evo Morales lograron, con violencia, seguir adelante. Horas más tarde, Evo Morales anunció que abandonaría la movilización con el argumento de que el gobierno usaba su presencia para señalar que se trataba de “una marcha de Evo y no una marcha del pueblo”. Luego de recibir agudas críticas por esta decisión, críticas que asemejaban el anuncio con su salida de Bolivia durante la crisis de 2019, los dirigentes presentes en la marcha “le instruyeron” que retomara la medida.
La decisión de Morales de irse probablemente estuvo ligada al siguiente hecho. Poco antes, una sala constitucional lo había conminado a evitar bloqueos a la circulación vial, basándose en la Resolución Constitucional 040/24, que, por primera vez en la historia democrática boliviana, penaliza los bloqueos. Gabriela Montaño, expresidenta de la cámara de Senadores, señaló al respecto en X que “ir en contra de las medidas de presión históricas no es de izquierda”; más tarde, otros analistas señalaron que este hecho marcaba la ruptura del ala arcista con el movimiento popular. Los “bloqueos de caminos” han sido parte de los métodos de acción política del movimiento popular boliviano. Sirvieron para la recuperación de la democracia a inicios de los años 80; para derrocar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 luego de que ordenara masacrar a 67 personas; para presionar a la expresidenta de facto Jeanine Añez en 2020 para que autorizara la realización de las elecciones en las que salió victorioso Luis Arce Catacora. En un fallo sobre un conflicto diferente pero simultáneo, la Resolución 040/24 sirvió para condenar a tres bloqueadores del sindicato aymara Tupac Katari en un juicio abreviado que los condenó a tres años de prisión.
La lluvia de acusaciones no se detuvo ahí. El Gobierno denunció que Morales pretendía propiciar “un golpe de Estado” en su contra. Por su parte, el expresidente denunció al Gobierno de intentar detenerlo. Varias voces comenzaron a defender “la necesidad” de la detención de Morales. Por ejemplo, Grover García, presidente del MAS del ala arcista dijo: “Denunciamos al mundo que un expresidente está gestando un golpe de Estado. Pedimos a las autoridades competentes que este señor debe ir a la cárcel por terrorismo y sedición”. La oposición tradicional también se pronunció por ver a Morales tras las rejas.
El ala evista negó estar interesada en derrocar a Arce. Andrónico Rodríguez, el tercer hombre del país que fue sindicado de buscar suceder al presidente, señaló “con profunda vehemencia que no soy parte de un plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado o la renuncia del Presidente o vicepresidente como afirma el gobierno”.  
En el tercer día de marcha, el viernes 20, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, invitó a Morales a un diálogo con el presidente Arce. Morales no apareció donde fue convocado porque, dijo, la invitación no le llegó a tiempo. Luego se denunció que el emisario encargado de llevar la nota de invitación a la marcha fue atacado físicamente por los afines al expresidente. El evismo respondió el sábado 21 convocando a Arce a un diálogo en la carretera, a lo que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respondió que era imposible por razones de seguridad.
La tensión siguió creciendo. Eva Copa, alcaldesa oficialista de El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, declaró que Morales “tendría que pedir permiso” para entrar en el territorio de su municipio. El domingo 22 de septiembre, el Pacto de Unidad (alianza de los sindicatos fundadores del MAS) afín a Arce convocó a un “cabildo” (concentración) en Ventilla, un barrio de El Alto, para preparar el rechazo alteño a la marcha. Cuando el mitin se desarrollaba, fue atacado por activistas evistas. En este cabildo había funcionarios públicos y, según una denuncia evista, “barras bravas” de equipos de fútbol de Santa Cruz, región situada en el otro extremo del país. Los enfrentamientos dejaron un saldo de ocho heridos y los vecinos de la zona echaron del lugar a unos y otros.
Esta misma tarde, el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, convocó a guardar la calma e instó al gobierno a no enviar funcionarios públicos a encontrarse con la marcha; además se ofreció a ser mediador de un diálogo entre las partes. La noche del domingo 22 de septiembre, el presidente Arce, en un inesperado mensaje, nuevamente disparó en contra de Morales por querer provocar violencia y aceptó el diálogo “sin condiciones”.
Este lunes 23, séptimo y último día de la movilización, la multitudinaria marcha evista llegó a El Alto y fue bien recibida por alteños que se dieron cita en el barrio de Senkata para “ver entrar a Evo”, según dijo un vecino. Más tarde la marcha llegó a la Zona Norte La Paz, lejos de la plaza Murillo, donde varios sectores afines al gobierno “cuidaban” el Palacio de Gobierno de un supuesto golpe de Estado propiciado por Morales para lograr la renuncia de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, a fin de dejar en el poder a Rodríguez, que desde esa posición podría habilitar a Morales.
Balance
Por un lado el ala arcista mostró que la fuerza de la democracia es poderosa y que los bolivianos tienen la disposición primera de respetar los resultados que esta otorga.
Aunque la marcha fue la primera batalla entre Morales y Arce que pasó de la retórica y los juicios a “la calle”, finalmente la violencia que se anticipaba no sucedió en las magnitudes imaginadas. Desde el ala evista, llegar a La Paz con miles de seguidores puso en evidencia la fuerza social del líder cocalero, que, por primera vez después de dos décadas, encabezó una movilización sin apoyo estatal. Fue un avance en su recuperación del campo político masista, que en el pasado estuvo divido casi milimétricamente en dos bandos.
No se trata de una cuestión definitiva, sin embargo; aún queda mucho por delante. ¿Qué definirá el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acerca del anulado Congreso evista de Lauca Ñ (octubre de 2023)? Esta pregunta es importante, porque, sin un congreso validado, el TSE podría dejar al MAS sin sigla ni posibilidad de participación en las elecciones. ¿Cuál será la definición del TSE sobre la inscripción de Evo Morales como candidato? ¿Qué opinión tendrá al respecto del nuevo Tribunal Constitucional que se elegirá en los comicios judiciales de diciembre? ¿El Gobierno insistirá en realizar un referéndum para consolidar la inhabilitación de Evo Morales? ¿Luis Arce tomará la decisión de ser candidato? Nada de esto se sabe. Aún hay muchas peleas abiertas en el campo político masista y boliviano.
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EVO MORALES LLEVA SU GUERRA CONTRA EL PRESIDENTE LUIS ARCE A LA PAZ Y LE SUGIERE QUE DEBE RENUNCIAR
 
El expresidente de Bolivia señala que el actual mandatario debe cumplir su obligación de gobernar bien y “si no puede, sabrá lo que tiene que hacer”, en alusión a la renuncia presidencial
 
El País de España (https://acortar.link/Fj3BaM)
 
Tras una caminata de 189 kilómetros, la multitudinaria marcha que encabezó el expresidente Evo Morales durante siete días llegó a La Paz y entró a la capital administrativa de Bolivia arrancando aplausos de los vecinos de los barrios periféricos y más pobres de la ciudad. “Evo sí, Arce no”; “Digan lo que digan, hagan lo que hagan, Evo presidente”, coreaban los manifestantes. Ni las amenazas de detención, ni los intentos de bloqueo, ni los llamados al diálogo del Gobierno de Luis Arce impidieron a Morales lograr su objetivo.
En la concentración que cerró la protesta, se decidió darle un plazo de 24 horas a Arce para que cambie a sus ministros, a los que calificaron de “racistas y fascistas”, “narcos y drogos” por criticar la marcha y a su líder. De lo contrario, advirtieron, “continuarán las movilizaciones”. Morales también señaló que el mandatario debe cumplir su obligación de gobernar bien y “si no puede, sabrá lo que tiene que hacer”, en alusión a la renuncia presidencial que sus seguidores ya piden abiertamente.
“Me equivoqué con Lucho para presidente. Ahora nuestra obligación es recuperar la democracia”, aseguró. Como jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Moralesl decidió que el actual presidente boliviano representara al partido en las elecciones de 2020, en las que él no podía participar. Hoy, su principal ariete fue, además de recordar algunos logros de su gestión de 14 años, la supuesta corrupción gubernamental. “Defender a los humildes es un delito para un gobierno corrupto”, enfatizó. Y pidió a Arce que levante el secreto que protege a sus cuentas bancarias.
Horas antes, en una cadena televisiva nacional, Arce se dirigió directamente a Morales, algo que en este tiempo ha repetido ya dos veces, y lo interpeló: “Tu negativa a dialogar [con el presidente, como este le pidió] nos hacen ver que solo te motiva una obsesión político-electoral y una ambición de poder que se reviste de una inexistente preocupación por los problemas del pueblo”, argumentó.
Los marchistas, que consideran a Arce “un traidor al proceso” izquierdista boliviano, buscaban inicialmente la suspensión del referendo que el Gobierno pretende convocar para confirmar con el voto popular una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según la cual la reelección discontinua se halla prohibida por la Constitución, que en cambio permite una reelección continua. Esta sentencia inhabilita a Morales definitivamente y, al mismo tiempo, autoriza la postulación de Arce en las elecciones de 2025. Los abogados de quien fuera presidente de Bolivia ya tres veces alegan que no tiene valor legal porque contradice la Constitución, la cual no se refiere al tema de la reelección discontinua, por lo que, según ellos, se debe inferir que no la prohíbe.
Al mismo tiempo, el TCP, que es considerado cercano al oficialismo, está analizando un recurso que puede conducir a que Morales pierda el partido que fundó en los años noventa . “No van a matar al MAS y menos a mi candidatura”, declaró Morales poco antes de viajar desde su casa en Cochabamba hasta Caracollo, un pueblo en el sur del altiplano boliviano desde donde salió la marcha.
Algunos voceros de la protesta han radicalizado las exigencias originales con la petición de la renuncia de Arce y su vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, para que se haga cargo del poder el presidente del Senado, el joven líder “evista” Andrónico Rodríguez. Morales no ha atajado ni contradicho estas declaraciones.
A lo largo de la semana que tomó la marcha en llegar a La Paz, varios jerarcas del oficialismo y de la oposición han pedido por separado la detención de Morales. El 18 de septiembre, el día en que un tribunal condenó a tres años de prisión a tres campesinos por el bloqueo de una carretera, Morales anunció que abandonaría la marcha, pero la gente que lo acompañaba se lo impidió. Ese mismo día, sus fieles cocaleros de Cochabamba, junto a grupos de mineros y campesinos de distintas regiones bolivianas, sortearon a puñetazos y pedradas un bloqueo que se les interpuso en la localidad de Vila Vila, formado por funcionarios públicos y miembros de las organizaciones sociales alineadas con el presidente Arce. Tras superar estos problemas, el movimiento se fue fortaleciendo progresivamente.
El domingo 22 de septiembre, en El Alto, la ciudad de migrantes aimaras que, extendiéndose sobre el altiplano, colinda con La Paz, grupos oficialistas intentaron impulsar a los vecinos para que al día siguiente interrumpieran el paso de la marcha, pero fracasaron. Grupos de activistas que se alinean con Morales atacaron con violencia su mitin y lo desactivaron. Tampoco la alcaldesa de El Alto, la oficialista Eva Copa, consiguió que su municipio rechazara al expresidente, como había anticipado que haría. Una vecina del barrio de Ventilla, donde se produjeron enfrentamientos el domingo, contó a este periódico que la mayor parte de la gente del lugar, que está entre los más pobres del país, quería que la marcha lograra entrar a la ciudad. “Somos de Evo, no de Arce”, explicó. Según qué encuesta, el primero tiene entre tres y seis veces más apoyo electoral que el segundo. Al mismo tiempo, la figura de Morales es más fuertemente rechazada que la de Arce por las clases medias urbanas.
La marcha, finalmente, atravesó El Alto y la zona norte de La Paz y se juntó con más manifestantes que llegaron desde los Yungas, al este de la ciudad, para terminar en una gran concentración en un sitio alejado de la plaza Murillo, donde se encuentra el Parlamento y las oficinas del presidente. Allí, grupos arcistas realizaban una vigilia para defender al Gobierno legal en contra del “golpe de Estado” que atribuían a los marchistas. Esta decisión impidió que la marcha terminara en un enfrentamiento entre los dos lados en los que está dividida la izquierda boliviana. En su discurso, Morales dio a entender que su plan es continuar con las demostraciones en contra de Arce, pero no especificó qué hará exactamente ni cuándo.
 
 
 
 
 
LA TENSIÓN EN BOLIVIA ESCALA POR EL CHOQUE ENTRE ARCE Y EVO MORALES
 
La Voz de Galicia, España (https://acortar.link/1etUu0)
 
Evo Morales y sus seguidores llegaron este lunes a la ciudad de La Paz para exigir la validación de la candidatura presidencial del exmandatario boliviano en las elecciones del próximo año, después de un domingo violento en el que se produjo una batalla campal con palos y piedras entre los adeptos del líder indígena y los de su antiguo delfín y actual presidente, Luis Arce, que denuncia un intento de golpe de Estado.
«Tupac Katari vuelve convertido en millones de voluntades para salvar nuestra querida Bolivia», señaló Evo, haciendo suyas las palabras del jefe militar indígena que lideró una rebelión contra las tropas españolas en el Siglo XVIII y dijo «volveré, y seré millones», antes de ser ejecutado por descuartizamiento.
Unos 4.000 seguidores del expresidente han caminado desde Oruro hacia La Paz desde el pasado 17 de septiembre en una «marcha para salvar Bolivia». Protestan por la situación económica, pero a nadie se le escapa —tampoco a quienes marchan— que el objetivo principal es exigir la postulación de Morales.
La Constitución aprobada durante su período presidencial impide la reelección continua por más de dos mandatos. Morales (2006-2019) hizo un referendo para cambiar esa cláusula, pero lo perdió. Una sentencia del Supremo, que la oposición consideraba cooptado, validó su candidatura en 2019 con el argumento de que la reelección es un derecho humano, pero su mandato fue cortado abruptamente cuando renunció ante presiones militares y policiales durante un estallido social por la denuncia opositora de fraude en esos comicios.
Su delfín Arce ganó en el 2021 y pronto la izquierda se dividió entre quienes apoyan al economista y quienes defienden al líder indígena. Después, la Corte Constitucional, que ahora Evo considera alineada al presidente, falló que la reelección no es un derecho humano, invalidando su candidatura de cara al 2025.
Arce propuso zanjar el asunto mediante un referendo, algo sobre lo que lo que Morales no quiere oír porque sabe que sería una misión extremadamente complicada conseguir más del 50 % de los votos ante el repudio arcista y de la oposición tradicional.
El presidente censuró, refiriéndose a Evo, que existe «una ambición personal de poder que se reviste de una inexistente preocupación por los problemas del pueblo». Ha exhortado al ex mandatario a negociar bajo la tutela de la defensoría del pueblo, pero el líder indígena todavía no ha aceptado.
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ ES MOTIVO DE POLÉMICA LA ANUNCIADA CANDIDATURA DE EVO MORALES EN BOLIVIA?
 
El Nacional de Santo Domingo (https://acortar.link/MVmDaE)
 
La anunciada nueva candidatura del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019) en 2025 que, de ser avalada legalmente, será la sexta en su vida política, es uno de los principales factores de división en el partido oficialista que amenaza, además con generar un nuevo escenario de conflicto en el país.
Los sectores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que son leales a Morales emplazaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a aprobar un congreso partidario realizado el año pasado en el que le proclamaron como su «candidato único», en ausencia del presidente del país, Luis Arce, y el vicepresidente David Choquehuanca.
Si el TSE no aprueba el congreso, estos sectores amenazan bloqueos de carreteras hasta lograr la renuncia de los mandatarios, una advertencia hecha al llegar a La Paz el lunes después de siete días de una caminata liderada por Morales desde la región andina de Oruro.
Los abogados del exmandatario aseguran que está «plenamente habilitado», pero el Gobierno de Arce insiste en que no lo está basándose en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la reelección indefinida, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) boliviano y la misma Constitución.
Primeras candidaturas
Si los sectores afines a Morales logran que se habilite su candidatura, será la sexta vez que el político aspira a la Presidencia boliviana.
La primera fue en 2002, cuando quedó segundo con el 20,94 % de los votos, aunque llegó igualmente al Parlamento porque también se postuló como diputado, y desde allí hizo oposición primero contra el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y luego contra Carlos Mesa (2003-2005).
Su segunda candidatura fue en 2005, tras lograr mediante la protesta social la renuncia de Mesa, que la sucesión llegara al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y que se adelantaran las elecciones.
El también líder cocalero ganó esas elecciones con el 53,72 % de los votos y tomó juramento el 22 de enero de 2006, dando inicio a lo que el oficialismo llama «proceso de cambio» o «revolución democrática y cultural».
Morales promovió una Asamblea Constituyente por la que desde 2009 rige un texto constitucional que, entre otros, limitó a dos los mandatos consecutivos.
El político se presentó a los comicios generales de diciembre de 2009 y fue reelegido para un segundo mandato con el 64,22 %.
Postulaciones cuestionadas
Pese al límite constitucional, Morales pudo aspirar a un tercer periodo en 2014 avalado por el TCP que validó su argumento de que su primera gestión no contaba porque el país se refundó como Estado Plurinacional con la nueva Constitución. Así, fue reelegido para un tercer periodo con el 61,36 % de los votos.
Ni bien tomó juramento, el oficialismo empezó a buscar la forma de habilitarlo para los comicios de 2019, para lo cual promovió un referendo en 2016 que, no obstante, el resultado le negó la reelección.
Pese al resultado adverso, el MAS volvió a acudir al Constitucional pidiendo que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos para permitir que Morales aspire a un cuarto mandato en 2019.
El tribunal boliviano avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos y así el político pudo presentarse a los comicios de 2019, en los que fue proclamado ganador en medio de denuncias y protestas sociales por un supuesto fraude electoral a su favor.
Morales terminó renunciando a la Presidencia alegando ser víctima de un «golpe de Estado», las elecciones fueron anuladas y se repitieron un año después, con el triunfo de Luis Arce, candidato designado por el expresidente, con el 55,11 %.
En medio de la pelea interna en el MAS, que comenzó a finales de 2021, el TCP estableció en diciembre pasado que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos, acogiéndose a la resolución de 2021 de la CorteIDH.
El congreso en el que Morales fue proclamado candidato para 2025 no es reconocido por el órgano electoral que ha instado a ambas facciones oficialistas a renovar su dirección nacional en consenso.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: CÓNSUL INVOCA AL DIÁLOGO A EVO MORALES
 
Radio UNO de Perú (https://acortar.link/HMQouw)
 
Las tensiones crecen alrededor de la “Marcha para salvar Bolivia”, un recorrido liderado por el expresidente del país altiplánico, Evo Morales. El grupo de manifestantes que exige que Morales sea habilitado como candidato para las elecciones de 2025 y que el Gobierno solucione la crisis económica actual ingresó este lunes 23 a La Paz.
Al respecto, el cónsul de Bolivia en Perú, Jorge Ledezma, indicó que “el gobierno liderado por Luis Arce ha convocado al diálogo donde el señor Evo Morales quiera conversar o en algún punto neutral”, pero al momento no hay señales de aceptar tal llamado.
“Nosotros estamos haciendo votos para que acuda a este diálogo y se resuelvan estos temas que perjudican a la economía y gente más humilde como las hermanas y hermanos afrobolivianos que sufren estos conflictos que encarecen la canasta familiar”, comentó a la vez de hacer referencia a que cada 23 de setiembre se recuerda el Día del Pueblo y Cultura Afroboliviana, “quizá opacado hoy por un conflicto social con una marcha al Palacio de Gobierno”, agregó
Sobre la fecha de sus connacionales, informó que la mayor cantidad de esta población de acuerdo al censo de 2012, bordeaban los 24 mil, cifra que a la fecha está en los 35 mil a 34 mil. “Como en el resto del país, Bolivia ha hecho transformaciones muy importantes en el que ha incorporado a pueblos indígenas y afrobolivianos como un reconocimiento, no solo como ciudadanos que ya estaba sino como personas activas para ocupar diferentes espacios públicos”, comentó.
 
 
 
 
 
¿CÓMO FUNCIONA EN BOLIVIA LA ELECCIÓN DE JUECES POR VOTO POPULAR COMO LA QUE APROBÓ MÉXICO (Y LAS CRÍTICAS QUE SE LE HACEN)?
 
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
 
Diario Constitucional de Chile (https://acortar.link/1Ca5JA)
 
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de «conquista de derechos», pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
«En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo», explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
«Que los elija la gente»
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como «ajeno» al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
«La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia», explica Farit Rojas. «Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos».
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos».
«Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: «La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije».
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. «Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar», explica Rojas.
«Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo», añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
«Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas», argumenta.
«En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas».
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
 
 
 
 
 
XENOFOBIA. EL COBRO POR SALUD A LAS Y LOS HERMANOS DE BOLIVIA ABRE LA PUERTA A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO
 
Se aprobó en la Legislatura jujeña la reglamentación de la Ley 6116 que cobrará a migrantes extranjeros transitorios por el acceso al sistema de salud pública . Diputados de la UCR y el PJ festejaron esta medida con argumentos cargados de revancha y racismo. ¿Qué hay detrás de esta Ley que deja un pésimo antecedente sobre el derecho universal a la salud en el país?
 
La Izquierda Diario de Argentina (https://acortar.link/yJnfdA)
 
La UCR cada vez más libertaria junto a la mayoría de los legisladores del bloque UXP aprobaron de forma exprés la Reglamentación de la Ley 6116 para el cobro de la salud a extranjeros en Jujuy. El proyecto de Ley, ingresó dos días antes, no tomó estado parlamentario y no se trató en comisión, se aprobó de formas exprés. El diputado Omar Gutierrez, justificó que fuese de esa manera, porque ya hubo debate cuando se aprobó la ley y el mismo está saldado.
Hay que aclarar que durante el 2018 y 2019 hubo pronunciamientos nacionales e internacionales ante el avance de una Ley que iba a dejar un pésimo precedente en el país, pero que sobre todo es violatoria de la Constitución Nacional, Ley de Migraciones, y tratados internacionales de derechos de las personas migrantes y derechos humanos, que pueden leerlos aquí y aquí. Como diputados de izquierda fuimos el único interbloque que nos opusimos desde un principio, y denunciamos en ese momento y ahora, que tras los discursos de xenofobia y racismo, se avanzaba con la privatización del sistema de salud público, acorde al Plan Estratégico de Salud, impulsada por el ministro de salud antiderechos, Gustavo Bouhid.
Datos matan relato
Entre los argumentos del proyecto de Ley se afirma que, por ser una provincia fronteriza se recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, habiéndoseles brindado hasta ahora un servicio de calidad y gratuito, en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema. ¿Pero es así?
Según el anuario del Ministerio de Salud de Jujuy del 2019, hubo 49.175 egresos hospitalarios, de los cuales 121 fueron de otros países. Un 0.28%. En el 2021, hubo 42.965 egresos hospitalarios, de los cuales 469 fueron de otros países, un 1.09%, que coincide con información nacional sobre migrantes, o de provincias como Buenos Aires destino de una gran cantidad de ellos.
La incidencia de atención de la salud de migrantes extranjeros en Jujuy y en el país no tiene peso en las prestaciones, por ende su presupuesto, según la información oficial más allá de la construcción de un discurso xenóbofo, incluso, con datos tergiversados.
De hecho, el ministro de salud Bouhid, mentor de la Ley 6116, afirmó en el 2018 que las mujeres pasan la frontera con Bolivia para parir en Jujuy “llegan a Jujuy con el hijo entre las piernas”, sostuvo sin sonrojarse. Los datos que difundió en medios de comunicación nunca figuraron con precisión en ningún informe oficial, pero sí otros que desmintieron en su momento.
El informe de la DIPEC para el año 2022 constató en Jujuy, 29 nacidos vivos de otros países, de un total de 7764, o sea un 0.37%.
Trayendo a colación datos recientes, el ministro de salud sostuvo en el Diario Todo Jujuy que “entre el año 2023 y el primer semestre del 2024 se registraron 77.310 atenciones ambulatorias a extranjeros, de las cuales 71517 fueron de nacionalidad boliviana”. Estos datos, que no pueden corroborarse mediante informes y no están en el portal de ministerio de salud de Jujuy, dan cuenta de la intencionalidad de construir el responsable de la grave situación del sistema público de Jujuy sobre las y los hermanos de Bolivia. Los datos malintencionados, no dan cuenta de cuántas personas además tienen nacionalidad Argentina, pero tampoco cuántos son migrantes transitorios. Si fueran ciertos los mismos darían cuenta de la relación social, familiar, cultural, que tiene la población de Jujuy con Bolivia.
La campaña y construcción de un imaginario contra los inmigrantes es mostrar que son miles, para luego responsabilizarlos de la crisis sanitaria, y no los gobiernos que ajustan y denigran el sistema salud. Si tomamos de conjunto la atención ambulatoria en la provincia, para el 2021, el Anuario del Ministerio de Salud da cuenta de 2.766.699 consultas ambulatorias (en hospitales, CAPS, Guardia, DIAT, y El Umbral), sin que el dato esté discriminado por nacionalidad. Si la información aportada por el ministro fuese real, y si se mantuviese aproximadamente el total registrado para el 2021, sería sólo un 2.78%.
Ajuste para las y los de abajo, negocios para los de arriba
El discurso estigmatizador de la UCR y UxP, es un chivo expiatorio ante un sistema de salud cada vez más precario por las políticas de ajuste en estos años aprobadas por el bipartidismo en la Legislatura jujeña, pero también en el Congreso y Senado Nacional.
De hecho fueron médicas, enfermeras y quienes sostienen la salud pública en la provincia quienes a principios del 2024 denunciaron que hay una emergencia en el sistema sanitario producto de la desfinanciación y los salarios de pobreza.
Lejos de que los responsables sean los migrantes bolivianos, durante años se profundiza el Plan Estratégico de Salud, que legitimó los recortes públicos y llevó adelante políticas públicas que ubican a la salud como mercancía y un servicio donde para acceder hay que pagar. De hecho, se sancionaron leyes que abre la licitación de servicios hospitalarios, como también la Ley de Recupero, y el plan para la puesta de funcionamiento de un Seguro Provincial para la Salud, que dicho de otra manera, es el cobro para acceder a servicios mínimos, lo cuál ya implicaría otra medida discriminatoria.
El Gobierno de Jujuy y la oposición de PJ, legitiman así que el ajuste en la salud lo pague el pueblo trabajador sin importar su origen o procedencia, y reafirma que sostienen los mandatos de Milei y el FMI, sin ningún cuestionamiento. Recortes en medicamentos, tratamientos oncológicos, de larga duración, para personas con discapacidades, en prevención de enfermedades de transmisión sexual y reproductiva, son algunos ejemplos de este ataque a las y los de abajo, que se suma a los estructurales en la provincia, donde abundan las clínicas privadas y los hospitales y centros de salud se caen a pedazos o no tienen insumos, equipamientos y profesionales.
El ministro de Salud Bouhid debería rendir cuentas sobre ¿Cuánto es el presupuesto de ajuste en salud pública en la provincia? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué presupuesto implica la atención a población extranjera temporaria? ¿Cuánto se recauda por el sistema de recupero de salud? ¿Cuánto se destina a financiamiento y negocio de clínicas privadas?
No estaría demás decir que funcionarios y políticos del bipartidismo son parte del negocio.
Reciprocidad no es igualdad de derechos
Informes sobre migraciones en la Argentina, dan cuenta de que quienes son transitorios o precarios, están involucrados los que trabajan en condiciones de esclavitud en la cosecha, los llamados golondrinas, pero también quienes lo hacen en la construcción, textiles o en el trabajo doméstico. Con esta ley ilegal, estos trabajadores tienen derecho a ser explotados en las peores condiciones pero no a contar con el acceso universal a la salud.
Para los gobernantes el problema es el extranjero pobre, trabajador e indigena porque si se trata de las multinacionales extranjeras aquí se ve otro trato con alfombra roja y privilegios para quienes saquean la provincia, despojan poblaciones y destruyen territorios. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale?
Recientemente el presidente de la comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, el médico Omar Gutierrez, junto al presidente del bloque Cambia Jujuy (UCR y otros) Santiago Jubert manifestaron que la provincia ahorrará 500 millones de pesos en un año si se cobra la atención de salud ambulatoria a 70 mil migrantes extranjeros (mayoritariamente de Bolivia) por 7 mil pesos cada consulta, según el nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy.
Son migajas arrancadas a los sectores más vulnerables. Lo contrario a los extranjeros con coronita como la multinacional Sales de Jujuy, Archadium Lithium, que cuenta con la legalidad de aportar 0% de ingresos brutos, que implicaría 12.600 millones de pesos perdidos por la provincia, (calculado según ganancia de 360 millones de dólares), equivalente a un mes de recaudación de la Dirección Provincial de Rentas. ¿Qué sucedería si el mismo va al presupuesto de salud?
La salud es un derecho universal. Hemos visto que uno de los principales argumentos del Gobierno y el PJ es que no se cuenta en Bolivia con el mismo trato, “no hay reciprocidad” y no hay convenios firmados entre países. Lo que hay que mencionar es que los sistemas de salud públicos varían según el país, y que son diferentes por ejemplo si tomamos Argentina, Chile, Brasil o Bolivia. En el caso de la Argentina, producto de las conquistas del pueblo trabajador, es que contamos con un sistema público que garantiza la salud como derecho humano. Un sistema de salud que históricamente se ha construído sobre los principios de universalidad y no arancelamiento, y derechos constitucionales que ponen en condiciones de igualdad a extranjeros y argentinos, a diferencia de otros países donde el acceso a la salud es privado o semipúblico para todos sin distinción de nacionalidad como sucede en Bolivia. Hacer responsable a la persona, “ciudadano”, por las políticas de Estado de otros países, en este caso el sistema sanitario, del cuál somos críticos, no es más que un acto discriminatorio, y que afectará, además, al que tiene menos recursos económicos.
La ley de Migraciones N° 25.871 en la Argentina es más progresiva que en otros países y determina que el Estado argentino tiene la obligación de brindar el acceso a la salud (Art. 8) y garantizar de manera absoluta la igualdad de esos derechos entre personas nacionales y extranjeras, sin lugar a cualquier restricción en base al estatus migratorio (Art. 6).
Las leyes de arancelamiento a un sector extremadamente vulnerable como son los migrantes extranjeros refuerzan la política de la salud como mercancía. Reaccionaria y regresiva, por ende ilegal de lo que está en la Constitución Nacional.
Es más que evidente que, en momentos de crisis económicas, donde se pone en juego un plan de saqueo contra las conquistas históricas y recientes del pueblo trabajador, impulsadas por un gobierno de ultraderecha como el de Javier Milei y avaladas por la UCR, e incluso como estamos viendo con este caso, por la mayoría de los integrantes de UxP, es que se intenta avanzar con derechos como el acceso a la salud.
Lo que en verdad se esconde, entonces, en el arancelamiento a la atención de extranjeros, es reabrir un debate sobre el derecho a la salud, saldado en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos, que intentarán modificar quienes nos gobiernan y los que le hacen el juego, no sin resistencias y luchas.
Una pelea importante contra todo sentido común reaccionario que se va construyendo contra nuestras y nuestros hermanos bolivianos y de otras nacionalidades la defensa del derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación y condicionantes en el país, y que sea de calidad y con presupuesto, defensa que traspasa fronteras. También contra la privatización del sistema de salud público. Una bandera que tiene que ser levantada junto a quienes están luchando contra los despidos, la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas, los ataques a las comunidades indígenas, las y los jubilados, y diversos sectores de trabajadores. Queda claro que no puede ser sin la unidad y coordinación en las calles, exigiendo a las centrales sindicales, cómplices de esta situación, que convoquen al paro y plan de lucha incorporando este reclamos, contra el ajuste de los gobiernos al servicio del FMI.
 
 
 
 
 
BOLIVIA: EL GIGANTE DORMIDO DEL LITIO
 
Aeronoticias de Perú (https://acortar.link/OVmdk0)
 
Bolivia afirma que sus grandes salares albergan el 30% de las reservas mundiales de litio. Esta afirmación ha generado el interés de varios países como Rusia, China e India, que ya han realizado gestiones ante el Gobierno andino y han puesto sus ojos en el mineral boliviano por su fácil extracción y bajo coste.
Rusia ha tomado la delantera, ya que hace quince días la empresa Uranium One Group firmó un contrato con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para construir una planta de extracción directa y carbonatación de litio, con una inversión de más de 950 millones de dólares, que prevé producir 14.000 toneladas anuales del mineral.
La planta se construirá en el salar de Uyuni -el más grande del mundo-, que tiene una extensión de más de 10.500 kilómetros cuadrados.
Además, el año pasado se firmaron acuerdos entre el Gobierno boliviano y las empresas chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan para el diseño y la construcción de plantas de carbonato de litio.
Además, se firmó un acuerdo con la empresa india Altimin para desarrollar tecnología para la fabricación de baterías de iones de litio.
Pero no sólo estos tres países están interesados en el litio boliviano. Francia, Alemania, China y Corea del Sur, entre otros, se sienten atraídos por este recurso estratégico, dijo a EFE el ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.
La fácil extracción y el bajo coste del litio
Aunque el litio no es un mineral exclusivo de Bolivia, el hecho de que se encuentre en forma líquida en el país andino es un punto a su favor, dijo Córdova.
‘El litio que se extrae de salmueras, como en el caso de Bolivia, es más barato y fácil de extraer, por eso en el mundo buscan tener cierto grado de independencia en cuanto al abastecimiento de materiales estratégicos, como el litio, por lo que tratan de asegurar la cadena de suministro’, explicó el ex presidente de Comibol.
Para Córdova, la cantidad de litio en Bolivia ‘es una fuerte ventaja’ para cualquier país que quiera incursionar en el campo de la tecnología.
‘Alemania vino con esa intención, ya se firmó un contrato con una empresa alemana, y Rusia, China, Corea y Japón buscan lo mismo’, enfatizó el especialista.
A fines de 2023, Bolivia inauguró un complejo industrial de litio con un sistema de piscinas de evaporación que, sin embargo, actualmente está bajo la lupa por supuestas irregularidades en su montaje.
En enero de este año, el gobierno boliviano lanzó una segunda licitación internacional para el aprovechamiento de recursos evaporíticos, de litio y otros minerales, en siete de sus salares, y para atraer proyectos que utilicen la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
La empresa rusa Uranium One Group ya ha firmado un contrato para realizar trabajos con tecnología EDL.
Bolivia refuerza sus relaciones con Rusia
Varios analistas califican de «estrecha» la relación entre Bolivia y Rusia, tras el acercamiento entre los mandatarios de ambos países, Luis Arce y Vladimir Putin, en los últimos tiempos.
Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, dijo a EFE que tanto Rusia como China están proyectando sus economías hacia América Latina. El interés por apoderarse del litio boliviano es muy claro», dijo.
Parece que Rusia ha puesto sus ojos en Bolivia, hay claramente una alianza política con Rusia», agregó.
El ex presidente de la Comibol coincidió con Oporto, pero ve que este interés no es sólo por el litio.
‘Habría que ver si Rusia está buscando industrializar o extraer los otros elementos que acompañan al litio, como el potasio, el bórax y el magnesio, otros elementos que tienen gran valor y tal vez están buscando eso’, dijo Córdova.
Por su parte, Andrea Barrientos, senadora opositora por Comunidad Ciudadana (CC), dijo a EFE que el Parlamento está en alerta para saber si el contrato firmado con la firma rusa es exclusivo. Si es así, nos vamos a oponer y no vamos a aprobar el documento», dijo.
El contrato firmado con la empresa rusa debe ser aprobado por el Legislativo para que se inicie la construcción de la planta de extracción de litio, pero hasta la fecha no ha llegado a las instancias correspondientes, ni se conoce el contenido del documento.
           
 
 
 
 
FIEBRE DEL LITIO EN SUDAMÉRICA: CHILE LIDERA, PERO BOLIVIA GANA TERRENO CON RUSIA COMO SOCIO CLAVE
 
Aunque la participación de Chile en la producción mundial de litio ha caído del 40% al 24%, el país sigue siendo el mayor productor en Sudamérica. Mientras tanto, Bolivia y Argentina atraen inversiones millonarias, reconfigurando el mercado regional del metal blanco.
 
El Desconcierto de Chile (https://acortar.link/QUWu0m)
 
El litio, denominado "oro blanco" por su creciente importancia en la transición energética global, está experimentando una redistribución de fuerzas en Sudamérica. Chile, que produjo 270,947 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2023, mantiene su posición como el principal productor en la región, a pesar de que su participación en el mercado mundial se ha reducido del 40% en la década de 2000 al 24% en la actualidad, según datos del Ministerio de Minería de Chile.
Este declive relativo contrasta con el ascenso de Australia, que ahora domina el 47% de la producción global, y la emergencia de Bolivia y Argentina como actores prometedores en el escenario del litio.
Bolivia, que asegura albergar el 30% de las reservas mundiales en sus vastos salares, está captando la atención de potencias como Rusia, China e India, atraídas por la facilidad de extracción y los bajos costos operativos.
El panorama chileno del litio
El Ministerio de Minería reportó que en 2023 las exportaciones de litio alcanzaron US$7.823 millones, registrando un descenso del 4% en relación con 2022. Para los primeros cinco meses de 2024, los envíos acumulan US$1.590 millones, evidenciando una disminución del 65% respecto al mismo período del año anterior, en consonancia con la desaceleración del precio del litio en los mercados internacionales.
A pesar del momento de desaceleración del precio, Chile posee el 34% de las reservas mundiales de litio, y el presupuesto de exploración en el país alcanzó los US$25,7 millones en 2023.
En este contexto, SQM se encuentra construyendo una planta de refinación de carbonato de litio para 40.000 toneladas, que permitirá alcanzar los estándares chinos que comenzaron a regir en julio de 2024. Esta nueva planta cumplirá con estándares de calidad a nivel global para 2026, en la búsqueda de mejorar sus sistemas de producción para alcanzar una tasa de 240 mil toneladas de carbonato de litio.
Proyecciones futuras en mercado del litio
Para 2024 y 2025, Chile proyecta una producción de 275,000 y 285,000 toneladas de LCE respectivamente, manteniendo su posición como el principal productor en Sudamérica y el segundo a nivel mundial, detrás de Australia.
En este contexto, el gobierno de Gabriel Boric puso en marcha la Estrategia Nacional del Litio, fortalecer su incidencia en el mercado internacional a través de la colaboración público-privada.
El ascenso de Bolivia y Argentina en el mercado del litio
Por otro lado, Bolivia busca volverse en actor competitivo con sus importantes reservas de litio que hasta el momento no han explotado al ritmo de Chile. Recientemente, la empresa rusa Uranium One Group firmó un contrato con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para construir una planta de extracción directa y carbonatación de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión superior a los 950 millones de dólares. Se espera que esta planta produzca 14.000 toneladas anuales del mineral.
Bolivia proyecta incrementar su producción diaria de 3 a 13 toneladas. Aunque esta cifra es significativamente menor que la de Chile, el país altiplánico está atrayendo inversiones millonarias y se estima que posee 23 millones de toneladas de litio en reservas en el Salar de Uyuni.
Asimismo, Bolivia ha cerrado acuerdos con compañías chinas como CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio, y con la firma india Altimin para desarrollar tecnología en la fabricación de baterías de ion de litio.
Argentina emerge como el tercer actor relevante en la carrera del litio sudamericano. En 2023, el país produjo entre 65,000 y 70,000 toneladas de carbonato de litio. Con la reciente inauguración de nuevas plantas, se espera que la capacidad instalada alcance 136,500 toneladas anuales. Para 2024, se prevé que nuevos proyectos aporten un total adicional de 25.000 toneladas de litio.
 
 
 
 
 
CEPAL PUBLICA ESTUDIO QUE PROPONE UN MODELO CONCEPTUAL DE MONITOREO INTEGRADO DE SALARES EN LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO DEL LITIO
 
La CEPAL ha publicado en línea un estudio que analiza las oportunidades y desafíos de los países del triángulo del litio de poner en marcha una red de monitoreo integrada en una cuenca hidrográfica con un salar o laguna salina para la explotación de litio.
 
Cepal Org. (https://acortar.link/zYbOoI)
 
Una nueva publicación: Propuesta sobre un modelo conceptual de monitoreo integrado de salares en los países del triángulo del litio  plantea una solución de ingeniería para implementar y operar una red de monitoreo ambiental integrada en una cuenca hidrográfica con un salar o laguna salina. Esta red busca proporcionar información en tiempo real para consolidar datos relevantes que aseguren la trazabilidad, el acceso y el monitoreo permanente.
En la Publicación  se abordan los impactos ambientales de la extracción de litio y se destaca la importancia del monitoreo en la preservación del ecosistema y los recursos hídricos. Se presenta un plan de monitoreo basado en la selección de parámetros clave y la implementación de tecnologías de comunicación inalámbricas. Los parámetros incluyen variables como precipitación, radiación solar, temperatura, humedad, velocidad del viento, evaporación, calidad del agua superficial y subterránea, y flora y fauna. Además, se detalla la forma de definir la ubicación adecuada de los sistemas de monitoreo y el desarrollo de una plataforma digital para procesar y visualizar la información. Se incluye, para el caso de un salar tipo de 145 km2, un plan de ejecución con etapas de ingeniería específicas y con estimaciones de costos de inversión iniciales de alrededor de 910 mil dólares y de operación anual de alrededor de los 581 mil dólares.
El Documento  se organiza en cuatro capítulos. En el primero, se presenta un diagnóstico general sobre los principales impactos ambientales de la extracción de litio: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, impacto en la flora y fauna, generación de residuos sólidos y químicos. En los capítulos segundo y tercero se discute el plan y la red de monitoreo. En el cuarto capítulo se analiza el plan de ejecución que detalla las etapas de ingeniería necesarias, como estudios hidrogeológicos y radiométricos, y la implementación de la red y la plataforma digital.
A través de este Informe  , la CEPAL busca contribuir al diseño de instrumentos integrales que permitan enfrentar el desafío que implica el manejo de los recursos naturales en sistemas altamente dinámicos, complejos y frágiles como son los salares o lagunas salinas.
El Informe  fue preparado por la División de Recursos Naturales (DRN) y contó con el apoyo del Programa "Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos (MinSus)", ejecutado por la CEPAL en conjunto con el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del Gobierno de Alemania y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo der Alemania (BMZ).
 
 
 
 
 
BOLIVIA EN CRISIS: RESERVAS AGOTADAS ANTE LA INADECUADA GESTIÓN DEL GOBIERNO
 
Entre 2014 y 2023, la producción de gas natural disminuyó un 45% ante la inadecuada gestión del gas natural por parte del gobierno socialista. Esto provocó que las reservas internacionales del país pasen de US$15,000 millones en 2014 a US$1,700 millones en mayo de 2024. La profunda crisis económica, política y social podría provocar que al menos 1 millón de bolivianos ingreses a Perú en búsqueda de mejores oportunidades.
 
Revista El Vigilante de Perú (https://acortar.link/kajzI3)
 
El éxodo boliviano podría ser una realidad ante la profunda crisis económica, política y social que enfrenta el país altiplánico. La inadecuada gestión del gas natural por parte del gobierno socialista provocó que la producción de este recurso registre una caída de 45% entre 2014 y 2023, lo cual también disminuyó la capacidad de inversión en el territorio ante la falta de divisas. En 2014, Bolivia registró US$15,000 millones en reservas internacionales, pero, a mayo de 2024, esta cifra se redujo a US$1,700 millones.
En 2006, la gestión de Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo, nacionalizó el gas natural con la intención de el Estado concentre el poder total sobre su producción y distribución. Si bien entre 2008 y 2015 se presentaron una serie de proyectos de inversión, la estrategia del gobierno de turno no logró cumplir las expectativas para atraer la inversión privada y así explorar y desarrollar nuevos yacimientos.
A esto se suman los 11 años de déficit fiscal. Tal y como mencionó el economista boliviano Antonio Saravia, “cuando tienen déficit tan grande por tanto tiempo, te empiezas a comer las reservas”, lo cual es sumamente perjudicial en un contexto donde no hay recursos suficientes para vender. “El gasto es lo que causa todo este descalabro, pues en 11 años de déficit fiscal no hay país que aguante. El país tendrá que ajustarse los cinturones y vamos a tener que dejar de gastar. Eso involucra medidas difíciles como eliminar el subsidio a los carburantes”, sentenció.
Por su parte, el análisis de la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, menciona que la crisis del sector gasfitero, aquel que era considerado la “gallina de huevos de oro” del país, desató una serie de problemas económicos durante la última década. Si bien el Banco Central de Bolivia intentó mantener un tipo de cambio estable, lo cierto es que sus reservas internacionales registraron un agotamiento peligroso. “La escasez de dólares ha generado incertidumbre en el mercado, aumentando la demanda y creando tensiones en la economía local. Los negocios que dependen de las importaciones tienen una situación muy complicada ya que sus costos se han disparado”, indicó.
En este sentido, la especialista concluyó que “la crisis actual en Bolivia es el resultado de años de decisiones erróneas, principalmente la estatización de la industria de hidrocarburos y falta de inversión privada. El colapso del sector gasífero ha expuesto la fragilidad de un modelo económico basado en un recurso finito administrado por el Estado, nuevamente vemos un caso donde el Estado empresario fracasa”.
 
 
 
 
 
HISTÓRICO: TRAS 19 AÑOS, ARGENTINA DEJÓ DE IMPORTAR GAS DESDE BOLIVIA
 
Los despachos desde YPFB finalizaron la semana pasada. El suministro será reemplazado por la reversión del Gasoducto Norte. Mientras tanto, Enarsa importa gas vía Chile.
 
Río Negro de Argentina (https://acortar.link/xi4sCO)
 
Casi medio mes antes de la fecha ya pactada para el corte anticipado del contrato de importación de gas natural desde Bolivia, los despachos desde el vecino país cesaron, marcando así el fin de las importaciones desde el vecino país tras 19 años. La clave detrás de este corte es la inminente reversión del Gasoducto Norte prevista para mediados del mes que viene, aunque mientras tanto desde Enarsa se importa gas desde Chile.
La información del corte de los despachos desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) se desprende de los registros oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que dan cuenta que desde el pasado miércoles 18 los gasoductos argentinos dejaron de recibir moléculas de gas desde el vecino país.
Un corte anticipado del contrato de importación que fue confirmado desde Bolivia por fuentes de YPFB que recordaron que «en la última adenda del contrato de importación ya se había anticipado el fin del contrato al 30 de septiembre, pero en los hechos ya se cerraron los despachos».
La importación de gas desde Bolivia comenzó en 2006, cuando Argentina enfrentaba una seria crisis de suministro de gas natural por la caída de la producción nacional que mes a mes veía bajar los rindes del megayacimiento Loma La Lata.
La solución que se encontró desde Energía Argentina (Enarsa) fue firmar un contrato de importación con Bolivia que el año pasado implicó importaciones por 900 millones de dólares, y que originalmente se extendía hasta diciembre de 2025.
El corte anticipado de este contrato se debe a los trabajos de reversión del Gasoducto Norte que permitirán reemplazar el gas que se importaba desde Bolivia con producción nacional de Vaca Muerta.
Pero esta obra aún no está completada, y la fecha estimada para la puesta en funcionamiento de la primera parte de la misma es recién el próximo 10 de octubre, aunque ya se habla de mediados de mes.
Argentina importa gas regasificado desde Chile
Para completar la demanda de gas de las provincias del Norte Argentina, desde Enarsa se selló en junio un acuerdo de importación de gas con Chile, que este mes comenzó a ejecutarse, con el ingreso de gas a través del gasoducto Norandino, que vincula al vecino país con Salta.
Dado que Chile no cuenta con producción propia de gas natural, el fluido que está entrando desde el vecino país, que hoy llegará a los 1,4 millones de metros cúbicos en el día según los reportes de Enargas, corresponde en realidad a gas que Chile importa como gas natural licuado (GNL).
Los buques de GNL llegan a Chile a la terminal portuaria de Mejillones, en donde se lo regasifica y se inyecta en las redes de ese país, como se hace en Argentina en el puerto de Escobar. Y de hecho, el pasado viernes 13 tuvieron el récord de inyección hacia la Argentina, ya que se despacharon 2,3 millones de metros cúbicos en el día, casi el máximo de la capacidad del gasoducto que atraviesa la cordillera.
El contrato de importación sellado entre Enarsa y las firmas chilenas Engie Energía Chile y ENAP Refinerías comprende un volumen total de 128,5 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual en los niveles actuales de despacho se trata de un plazo de entre dos y dos meses y medio.
 
 
 
 
 
NUEVO TREN BIOCEÁNICO UNIRÁ UCAYALI, BRASIL Y EL MEGAPUERTO DE CHANCAY: PROMETE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ
 
Esta infraestructura permitirá la interconexión efectiva entre Perú, Bolivia y Brasil.
 
MSN de España (https://acortar.link/oDiSDc)
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está impulsando la construcción de un tren bioceánico que conectará la región de Ucayali con Brasil y el megapuerto de Chancay. Este proyecto tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico del Perú, asegurando al mismo tiempo la preservación de los bosques amazónicos, según informó el titular Raúl Pérez Reyes.
Cabe señalar que, el tren bioceánico permitirá conectar los océanos Atlántico y Pacífico, y promoverá las relaciones internacionales del país con otros, debido a que varios buscan realizar grandes exportaciones a través del puerto del Chancay. A continuación, se expondrá a mayor detalle las obras para la ejecución del tren.
Nuevo tren bioceánico unirá Ucayali, Brasil y megapuerto de Chancay
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Pérez Reyes, informó que con el proyecto del tren bioceánico se busca unir las ciudades de Brasil de Porto Velho y Cruzeiro do Sul con Pucallpa, en Ucayali, y el megapuerto de Chancay. Asimismo, consideró que el nuevo corredor vial de este medio de transporte permitirá el crecimiento económico del Perú.
Por su parte, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica, señaló que promoverá los trabajos a favor de la Amazonía peruana. Entre los proyectos que impulsará está el tren bioceánico. Esta obra la calificó importante para la reactivación económica y el desarrollo del país.
"La conectividad entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul es vital para el desarrollo y la exportación", manifestó.
China participará en megaproyecto de tren bioceánico
China ha demostrado un gran interés en participar debido a las oportunidades que ofrece para reforzar los vínculos económicos con América del Sur. La cooperación global en este esfuerzo promete generar nuevas oportunidades y fomentar el desarrollo regional en la zona.
La colaboración de diversos países en el proyecto del tren bioceánico no solo mejorará la conexión entre regiones alejadas, sino que también establecerá las bases para un crecimiento económico más robusto y una integración más profunda en el continente sudamericano.
¿Cuál será la ruta del nuevo tren bioceánico en Perú?
La ruta del tren bioceánico iniciaría en el Puerto Santos en Brasil. El medio de transporte ingresará a Bolivia por Puerto Suárez, luego atravesará los municipios de Montero y Bulo Bulo para dirigirse a Perú por el hito 4 y terminará en el puerto de Ilo. La extensión total de la construcción comprenderá 3.755 kilómetros de vías a lo largo de su ruta. Esta infraestructura permitirá la interconexión efectiva entre Perú, Bolivia y Brasil.
 “La carga de soya y carne congelada que provengan de esos estados se transportarán, en una parte importante, por la Interoceánica del Sur y saldrán por los puertos de Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), por eso necesitamos renovarle el contrato a Matarani, con condiciones ventajosas para el Perú, y efectuar la concesión de Ilo, porque ahora está en manos de Enapu”, declaró el ministro Raúl Pérez Reyes en una conferencia de prensa.
¿Qué significa un corredor bioceánico?
Un corredor bioceánico es una infraestructura de transporte que facilita la conexión directa entre dos océanos, optimizando el comercio internacional y el desarrollo económico. Estas rutas involucran la construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos para manejar la logística a gran escala.
Los proyectos de corredores bioceánicos, como los que conectan el Atlántico con el Pacífico en Sudamérica no solo aceleran el flujo de mercancías, sino que también promueven la integración regional y el desarrollo económico. Además, estimulan la diversificación económica y fortalecen las relaciones comerciales entre países de diversos continentes.
Los 5 datos importantes de la noticia
1.         El tren conectará Ucayali (Perú) con Brasil y el megapuerto de Chancay, promoviendo la integración económica regional.
2.         China participará en el proyecto, reforzando vínculos económicos con América del Sur.
3.         La ruta del tren abarcará 3,755 kilómetros y conectará los océanos Atlántico y Pacífico.
4.         Se espera que impulse el comercio y la exportación, especialmente productos como soya y carne.
5.         Este proyecto busca desarrollo sin afectar los bosques amazónicos.
 
 
 
 
 
AMÉRICAS: CARTA ABIERTA A PRESIDENTES DE ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ: RÉCORD DE INCENDIOS FORESTALES REQUIERE UNA RESPUESTA SIN PRECEDENTES
 
Relief Web (https://acortar.link/u9jmK7)
 
En respuesta a los incendios sin precedentes que azotan a Suramérica, con varios millones de hectáreas ardiendo en la cuenca del Amazonas y en otras partes del continente, Amnistía Internacional ha publicado hoy una carta abierta dirigida a las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú en la que pide a los gobiernos que intensifiquen sus acciones para extinguir los incendios forestales, redoblen sus esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles y transformar el modelo actual de agricultura industrial, protejan los territorios de los Pueblos Indígenas y ofrezcan garantías a las personas defensoras del medioambiente.
En agosto y septiembre de 2024 se han registrado incendios récord en Suramérica, con varios millones de hectáreas ardiendo no solo en las selvas tropicales de la cuenca amazónica, sino también en diversos ecosistemas que se extienden por países enteros.
“Los ojos del mundo están sobre la cuenca del Amazonas y otros ecosistemas invaluables del continente, a la espera de acciones contundentes para prevenir su extinción. Las presidencias suramericanas deben, más que nunca, tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe climática que podría tener consecuencias irreversibles para toda la humanidad. El momento de actuar es ahora,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La publicación de la Carta Abierta coincide con la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York el 23 de septiembre y a la que asistirá la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
 
 
 
 
 
EL PAÍS QUE INTEGRÓ PERÚ, PERO DESAPARECIÓ AL SER CONSIDERADA COMO UNA AMENAZA GEOPOLÍTICA: ERA MÁS GRANDE QUE LAS POTENCIAS EUROPEAS
 
MSN de España (https://acortar.link/CKJhI6)
 
La historia de Sudamérica está llena de episodios fascinantes y poco conocidos. Uno de ellos es el capítulo en el que se desarrolló un país que integró Perú, un ambicioso proyecto que existió entre 1836 y 1839, cuyo territorio era más grande que España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido juntos. A pesar de su breve existencia, dejó una marca indeleble en la historia de la región.
Esta nación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados se dividió en tres regiones con el objetivo de mantener un equilibrio de poder interno. Sin embargo, los numerosos desafíos que enfrentó, tanto internos como externos, llegando incluso a ser considerada una amenaza geopolítica, finalmente llevaron a su disolución.
El país que integró Perú y desapareció al ser considerado una amenaza geopolítica
Tan solo un par de décadas luego de la independencia de los territorios de Sudamérica, resonó el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, la unión de dos países que, en ese entonces, llegó a abarcar una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, superando en tamaño a varias potencias europeas combinadas. Este vaso espacio territorial se caracterizó por recursos naturales abundantes y una población diversa, lo que inmediatamente la destacaron como una entidad geopolítica llamativa en la región. La confederación firmó importantes tratados de libre comercio con los Estados Unidos e Inglaterra y buscó modernizar sus puertos y eliminar los impuestos, con la esperanza de convertirse en un actor clave en el escenario internacional.
La unión de ambas naciones no solo tenía implicaciones económicas, sino también estratégicas. La unión de Perú y Bolivia pretendía crear un bloque sólido capaz de resistir las influencias externas y fortalecer la soberanía regional. Sin embargo, esta visión no fue compartida por todos. La confederación fue vista con recelo por sus vecinos, especialmente Chile y Argentina, que la consideraban una amenaza geopolítica para su propia estabilidad y seguridad.
¿Por qué se desintegró la Confederación Perú-Boliviana?
La Confederación Perú-Boliviana enfrentó una serie de desafíos que llevaron a su desintegración en 1839. Internamente, hubo resistencia de facciones políticas y militares que no estaban de acuerdo con la centralización que estuvo a cargo del militar Andrés de Santa Cruz, quien nació boliviano, pero tenía raíces peruanas.
Asimismo, las diferencias culturales y económicas entre las regiones del norte y del sur del territorio dificultaron la cohesión interna. El Perú vivía una época de anarquismo en el que varios militares se disputaban el poder y cada uno con un proyecto distinto. Estas tensiones internas fueron exacerbadas por la oposición externa.
Chile y Argentina, en particular, veían a la confederación como una amenaza geopolítica, frente a los acuerdos de libre comercio que estableció la confederación con potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Temían que una entidad tan grande y poderosa pudiera alterar el equilibrio en la región. En respuesta, ambos países apoyaron movimientos separatistas de los opositores peruanos hasta 1836, cuando Chile declaró la guerra y a los pocos meses se sumó Argentina.
La Guerra de la Confederación, que culminó en la Batalla de Yungay en 1839, marcó el fin de este ambicioso proyecto. Las fuerzas extranjeras e internas, que se desaprobaron la unión peruano-boliviana, derrotaron a las tropas de Santa Cruz, llevando a la disolución oficial de este gran proyecto que no volvió a repetirse en la historia.