Evo
Morales es un político extremista, aliado de las dictaduras de Venezuela,
Nicaragua y Cuba; y, a la vez, un depredador sexual, procesado por estupro ante
los tribunales de justicia de su país.
Cuando
estuvo asilado en Argentina, protegido por el kirchenista Alberto Fernández,
hoy enjuiciado por golpear a su esposa y actos de corrupción, la prestigiada
fundación “Apolo” lo denunció penalmente “por trata de personas con fines de
explotación sexual y abuso de menores”, agregando que en su estadía entre el
2019-2020 convivió con “menores de edad trasladadas desde Bolivia para hacer
labores domésticas”.
La
querella se apoya, entre otros testimonios, en palabras de la dirigente de la
Comisión de Mujeres Interculturales del país altiplánico, Angélica Ponce, quien
afirmó que Morales recibía “niñas como obsequio de los que deseaban obtener
favores gubernamentales”, agregando que esos hechos eran “ampliamente conocidos
en círculos cercanos al ex mandatario”.
Por
su parte, el diario “El Debate” consigna que el jefe de seguridad de Morales
informó que las menores eran recolectadas “en los programas de danzas
folclóricas y entre las jugadoras de fútbol femenino”, trasladándolas a la Casa
Presidencial, donde las embriagaban.
En
ese sórdido contexto, recordemos que el periodista Alfonso Rodríguez publicó un
libro reproduciendo algunas de sus ofensivas frases, como decir: “Mujeres
ardientes, Evo presidente”, “cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres
embarazadas y en su barriga dice Evo Cumple” o “mujeres aguanten, Evo no se
cansa”.
Ahora
que la fiscalía boliviana ha iniciado una investigación por abuso sexual de
infantes, el líder cocalero se victimiza diciendo que se trata de una maniobra
del presidente Arce, del imperialismo y de la extrema derecha.
Para
presionar a los magistrados organizó una marcha de los llamados “ponchos
rojos”, turba que recorrió 200 kilómetros durante 7 días, desde Oruro a La Paz,
exigiendo anular el proceso judicial.
Bloquearon
carreteras para impedir el ingreso de alimentos, combustibles y mercaderías a
las ciudades, una práctica usual de ese grupo sedicioso, que así logró la
renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el acceso al poder de Evo
Morales.
Esta
vez los insurrectos han atacado cuarteles militares y policiales, reteniendo
numerosos soldados, acto calificado por el gobierno como traición a la patria y
repudiado por las Fuerzas Armadas y la Policía del altiplano.
Evo
también pretende que lo habiliten a volver a postular, a sabiendas que no puede
hacerlo porque dos sentencias del Tribunal Constitucional establecen que ningún
político puede ejercer la primera magistratura más de dos veces, en forma
continua o espaciada y Morales ha tenido tres mandatos.
El
primero, del 2006 al 2010; luego, del 2010 al 2015; después, del 2015 al 2020 y
buscó un cuarto periodo, del 2020 al 2025, organizando un gigantesco fraude
electoral denunciado por la OEA y la Unión Europea, maniobra que provocó
violentas manifestaciones de protesta que lo llevaron a asilarse en México.
Su
frustración por no poder postular lo ha conducido al odio contra el presidente
Arce, su ex ministro de Economía, a quien ponderaba por el manejo de los
yacimientos gasíferos, pero como no invirtieron en mantenimiento ni en nuevas
exploraciones la bonanza terminó.
Los
ingresos de US$ 6,624 se redujeron a US$ 1,905 y las reservas del Banco Central
cayeron de US$ 15,600 a US$ 1,800; sin duda, un verdadero desastre, agravado
porque no hay combustible en los grifos y escasean productos de primera
necesidad e insumos para la producción.
Arce
y Evo han degradado la política boliviana, inculpándose de corrupción y
narcotráfico, además de enfrentarse por la membresía del Movimiento al
Socialismo (MAS).
Sin
embargo, hay tres temas que unen a estos siniestros personajes: su adhesión al
Socialismo del Siglo XXI, el apoyo incondicional a la invasión rusa a Ucrania y
ser enemigos de Estados Unidos.
Es
decir, son dos sujetos extremistas que ahora se pelean a dentelladas y cuchillo
para seguir destruyendo su patria. La Razón de Perú
(https://acortar.link/0jd7c3)
EDITORIAL.
EL POLVORÍN BOLIVIANO
El
desafío de Evo Morales y el malestar contra el Gobierno colocan al país ante el
riesgo de enfrentamiento civil
El
país de España (https://acortar.link/p9IjW9)
Bolivia
es desde hace semanas un polvorín. El enfrentamiento entre el Gobierno de Luis
Arce y el expresidente Evo Morales ha precipitado una crisis de una magnitud
solo comparable con el derrocamiento de este último en noviembre de 2019. La
arista más visible del conflicto es el atrincheramiento del líder indígena
frente a una andanada de resoluciones judiciales que van desde la ratificación
de su inhabilitación para presentarse a unas elecciones presidenciales y la
pérdida del control del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó
hace casi tres décadas, hasta una orden de arresto por un caso de violación de
una menor. Pero en el trasfondo hay un malestar generalizado con el actual
Ejecutivo, criticado por su gestión de la economía, la escasez de combustible y
de dólares y la inflación.
Morales
trata de evitar una detención refugiado en el bastión cocalero del Chapare.
Allí, grupos de campesinos tomaron durante horas unos cuarteles militares,
intensificaron las protestas y bloquearon carreteras hasta paralizar el
transporte en todo el país. Arce, que fue aliado de Morales, ha roto por
completo con su antiguo valedor. Ahora es su principal enemigo y no está
dispuesto a ceder un milímetro de terreno.
La
disputa por el poder es muy distinta a la que acorraló a Morales hace cinco
años y desencadenó su salida, justo después de unas elecciones, a manos de
sectores de derecha y ultraderecha. La dirigente que entonces asumió el cargo
de presidenta interina, Jeanine Áñez, está hoy en la cárcel por liderar esa
asonada. Por otro lado, el conflicto tiene una vez más en el centro al líder
cocalero, que aspira a volver al timón. La Constitución boliviana establece que
una autoridad electa no puede estar más de 10 años en su cargo en el poder
ejecutivo de forma continua o discontinua. Morales superó ampliamente ese
límite al gobernar entre 2006 y 2019, y ese año se postuló a la presidencia
pese a haber perdido un referéndum popular sobre la reelección. Su candidatura
solo fue posible porque un tribunal controlado por su partido se lo permitió.
Con
estas premisas, el exmandatario ha declarado la guerra a Arce y se dice
dispuesto a resistir. Hasta hizo una huelga de hambre para llamar la atención
sobre lo que él considera una persecución. La huida hacia adelante de Morales
ha contribuido a agravar la crisis poniéndola al borde de un conflicto civil.
Sin embargo, la obligación del actual presidente, que en junio sufrió un
intento de golpe militar, es la de frenar la escalada de la tensión y atender
con urgencia las demandas de la población en materia económica. El riesgo de
que la situación se salga de control, generando un escenario de caos en amplias
zonas del país, es real. El Gobierno tiene que actuar sin más dilación dejando
a un lado las luchas internas por el poder.
LA
CRISIS BOLIVIANA
Contra
Hegemonia Web (https://acortar.link/cPgEYo)
Bolivia
enfrenta una crisis económica y política marcada por un estancamiento en el
crecimiento y un alto déficit fiscal, agravados por la caída en los precios del
gas, principal producto de exportación. La inflación y el desempleo han
aumentado, afectando la calidad de vida, mientras la deuda externa sigue
creciendo. A nivel político, las tensiones se han intensificado, sobre todo al
interior del MAS, con intentos de eliminar política y físicamente a Evo
Morales, todo esto en medio de un bloqueo de caminos de sectores campesinos que
ya lleva casi un mes de duración.
Las
fisuras internas del MAS se fueron abriendo paso a través del bullicio
intrascendente. Las acusaciones cruzadas de actos de corrupción e
involucramiento con el narcotráfico eran reflejo de una lucha sórdida entre
aparatos políticos. La escenificación empezó con la burocracia gubernamental,
liderada por el presidente Luis Arce, afanándose por arrebatar el control del
instrumento político de las manos de Evo Morales y las dirigencias del
movimiento campesino.
Por
la calidad de los intereses expresados, se trata de una trifulca de muy baja
calidad ajustada a las pasiones mezquinas que acarrea el control de los cargos
en el Estado. Independientemente de la voluntad de los contendientes, la pugna
fue adquiriendo dimensiones sociales cada vez más amplias; primero, la crisis
partidaria devino en crisis de gobernabilidad. Viendo amenazada su candidatura
de 2025, Evo usó su bancada para sabotear al gobierno en la Asamblea
Legislativa y Arce usó a las camarillas judiciales para paralizar al
legislativo y tratar de proscribir electoralmente al exjefe.
Después,
con el malestar económico, el desmadre llegó a escalas mayores. Todos los
ingredientes de la implosión estaban a la espera de un detonante. La cosa
estalló cuando Arce sufrió un intento de golpe militar el pasado 26 de junio.
Si bien la asonada naufragó el mismo día, empujó a delinear un nuevo rumbo
político en el gobierno. Convencidos de su debilidad, de su carencia de una
base social de apoyo, Lucho y su cuadrilla fueron los últimos en enterarse de
que el eslogan de «estabilidad económica» que venían vendiendo estaba hecho
girones.
Apelando
a su cerebro reptiliano —esa parte de encéfalo que emana conductas ante
situaciones desesperadas—, decidieron apostar por canalizar el antievismo de la
sociedad boliviana y llevar la confrontación contra su exlíder a ámbitos
judiciales y violentos.
Límites
del proyecto histórico del MAS
El
2004, un año antes de asumir la presidencia Evo, la economía boliviana
registraba un PIB de 4 mil millones de dólares. En los diez primeros años del
gobierno evista, se ensanchó hasta llegar a 33 mil millones, resultando en un
inédito crecimiento de 723%. Semejante expansión permitió, entre otras cosas,
sacar a franjas significativas de la población de la pobreza extrema y
moderada, aunque encontró límites para cumplir nuevas tareas; entre ellas, la
de mejorar las tasas de empleo de calidad, aspecto que es imposible lograr sin
una sólida base industrial.
El
subempleo crónico en Bolivia nunca fue menos del 80% de la fuerza laboral
disponible. Pese a que el MAS insistió con la retórica del «cambio de la matriz
productiva» (pasar de ser un país exportador de materia prima a
industrializador de la misma), esta transformación no tuvo visos de hacerse
realidad. Y esto, fundamentalmente, debido a un impedimento estructural: las
desigualdades en el intercambio que padece la modestísima economía boliviana
respecto al mercado global capitalista. Este obstáculo para el desarrollo del
país no pudo ser afrontado por el proceso político boliviano vivido el último
cuarto de siglo, pues este cerró su etapa de reformas después de estatizar
parcialmente una sola fuente de ingresos sustanciales: el gas.
Obligada
a vender hidrocarburos sin mayor elaboración, Bolivia utiliza sus ingresos para
comprar bienes de capital y tecnología proveniente de los países centrales.
Además, gran parte del excedente económico se usa para fomentar procesos de
acumulación privada no reinvertidos completamente en el mercado interno. La
burguesía boliviana —minera, financiera pero principalmente agroindustrial—, ha
sido parasitaria de la renta hidrocarburífera; ni siquiera en los mejores años
del boom internacional fue capaz de tener una balanza comercial positiva,
siendo gran parte de sus importaciones costeadas por el Estado.
En
el ámbito social y político, las escrupulosas reformas implementadas por el MAS
enfrentaron, desde un inicio, una oposición extremista y muchas veces violenta
de parte del bloque dominante conformado por la gran empresa privada, sus
medios de comunicación, las organizaciones políticas de derecha y las clases
medias acomodadas. Para enfrentar los embates más agresivos de esta oposición,
al MAS no le bastó el poder coercitivo del Estado, y fue la acción del
movimiento de masas la que jugó un rol indispensable.
A
diferencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el MAS boliviano nunca
vislumbró con seriedad la posibilidad de un futuro poscapitalista. El «gobierno
de los movimientos sociales», como se autodenominó en sus mejores épocas, no
abordó cuestiones como el del poder obrero y popular, el poder comunal
indígena, ni siquiera las cooperativas sociales campesinas. Se aprobó una nueva
Constitución, pactada con la derecha, concebida más como una proclama: una
suerte de manifiesto retóricamente refundacional antes que una hoja de ruta o
diseño legal para producir cambios sociales emancipadores y concretos.
El
proyecto histórico del MAS, en términos estrictos, siempre se enmarcó en la
promoción de un desarrollismo capitalista con contenido social. Por su parte,
la derecha denunció continuamente el modesto proyecto como una amenaza
comunista y organizó asonadas de diferente intensidad (2008, 2019, 2024) con el
fin de cerrar abruptamente el proceso político.
La
mayor parte del tiempo, sobre todo en el período 2006-2010, la correlación de
fuerzas fue favorable al movimiento popular. Pero la dirección política del MAS
se negó a pasar a la ofensiva y utilizó su apabullante respaldo social para
obligar a la reacción a aceptar sus recatadas reformas. Así, se desaprovechó la
situación —como en 2008— de llevar adelante una verdadera modificación del uso,
tenencia y producción de tierras que ponga fin (o al menos límites reales) al
poder latifundista, uno de los sectores más reaccionarios de la burguesía. El
resultado práctico de esta orientación fue que la concentración y especulación
con el uso de suelos ha crecido exponencialmente durante el proceso de cambio.
Las
derrotas sucesivas del proyecto maximalista de la derecha —echar al gobierno y
aplastar la movilización popular— fueron complementadas con la autolimitación
estratégica del Movimiento Al Socialismo. Recatarse de impulsar reformas más
profundas terminó consolidando un programa asentado en la administración del
excedente proveniente de una sola fuente: los hidrocarburos.
Aunque
suene extraño, se cayó en la ingenuidad de creer en la duración eterna de los
pozos de gas y de los buenos precios internacionales. Esta ilusión generó otra
fantasía análoga y ajustada al círculo de poder de Evo Morales: el mito del
caudillo eterno e insustituible. Ambas cosas abrieron el camino a la actual
crisis económica y política que atraviesan Bolivia y el MAS.
Mucho
se dice que el error fundamental de Evo Morales y su partido fue insistir
tercamente con la reelección indefinida desde el 2015 y que desconocer los
resultados del referéndum donde una mayoría lo inhabilitó para el propósito fue
el punto de inflexión hacia la caída y la decadencia actual. Pero muy poco se
habla de que este error político reflejaba mucho más que cinismo, ambiciones
personales y grupales: reflejaba el empequeñecimiento del conjunto del proceso
de cambio.
El
fracaso de Luis Arce
La
recesión pandémica, el desastre legado por el gobierno de facto, el agotamiento
del «ciclo del gas» y un proceso de cambio sin intención de hacer más cambios
fueron las condiciones con las que Luis Arce asumió el gobierno en 2020. Arce
calculó que su tarea consistía en enmendar administrativamente los «errores»
heredados. Su método, al menos durante los tres primeros años, fue levantar
empresas estatales medianas con el fin de dinamizar el mercado interno, pero el
impacto macroeconómico de esta medida fue insignificante.
A
partir de 2023, agobiado por la carencia de dólares en el mercado, las
presiones inflacionarias, la falta de combustibles y las pugnas políticas en el
MAS, el «cajero» de la otrora bonanza económica ha nadado en el infortunio.
Luis Arce siempre fue dado a mostrarse como un tecnócrata, una suerte de gestor
ejemplar que maneja el Estado con aires de eficiencia. En sus mejores años,
como ministro de Economía, salía arropado de cifras y estadísticas, pavoneando
la «bonanza» del 2008 al 2014. Ahora, cada vez que trata de hacer lo mismo, en
lugar de brillo, las cifras lo vuelven más opaco.
El
putsch militar del 26 de junio marcó un punto de inflexión para su gestión. En
aquella jornada, un grupo de generales de las fuerzas armadas desplegaron en la
Plaza Murillo un operativo con francotiradores, algunas centenas de soldados y
tanquetas. Su intención era desplazar a Luis Arce y actuar severamente contra
Evo Morales, es decir, dirimir la crisis política a punta de balazos. Aunque la
operación fracasó en sus objetivos inmediatos, dio el cimbronazo para una
reorientación política del gobierno.
A
partir de ese momento, con la certeza de un escenario de inestabilidad donde no
se podía descartar otra intentona militar o policial, al Poder Ejecutivo se le
planteó un rotundo dilema: enfrentar nuevas asonadas apoyados en las bases
sociales del MAS, cuyo liderazgo recae en su adversario Evo Morales, o
aventurarse a buscar la representación de todas las corrientes que quieren
aplastar al núcleo fundamental del MAS. Con la evolución de los
acontecimientos, queda claro que Luis Arce y compañía optaron por la segunda
opción.
Evidenciando
el fracaso de su administración económica, el gobierno cifra sus esperanzas de
contener la debacle procurando dólares a través del endeudamiento externo,
mientras implora a los exportadores privados que no fuguen todo el dinero.
Hasta ahora no ha logrado ni lo uno ni lo otro. Primero, porque su exigua
representación parlamentaria, paralizada por el evismo y la oposición de
derecha, le impide acceder al oxígeno del crédito externo.
Segundo,
porque pese a haber dispuesto 2500 millones de pesos bolivianos para programas
de financiamiento a la patronal y quitar cepos de varios productos de
exportación, no ha logrado que los privados dejen de fugar divisas. El gobierno
les ha concedido incluso la posibilidad de producir biodiesel (una prebenda
gubernamental a las clases dominantes con hondas consecuencias, puesto que los
grandes ganaderos y agroindustriales son responsables del 90% del bosque
incendiado este 2024, donde alcanzaron a quemar a más de 10 millones de
hectáreas, afectando de forma crónica la situación ambiental y salud pública,
ennegreciendo durante dos meses prácticamente todo el cielo boliviano).
Este
collar de capitulaciones no ha sido suficiente para conceder un respiro
económico al país y ha llevado al gobierno a una orientación política suicida:
convertir el antievismo (con todas las connotaciones racistas y reaccionarias
que conlleva) en su principal bandera para llegar a las elecciones nacionales
del 2025. Paulatinamente, Luis Arce ha ido bajando el perfil, y personajes como
Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, han declarado abiertamente la
guerra a Evo Morales, reactivando procesos por estupro, iniciando otros por
causas similares y ensalzando la represión policial contra los bloqueos
campesinos. Este es el contexto en el que se puede analizar el significado del
atentado policial contra la vida de Evo Morales.
Evo
y las bases sociales del MAS
El
evismo retiene la fuerza social del MAS con la idea de que este movimiento
político representa los intereses subalternos, intereses que habrían sido
«traicionados» por Arce y sus ministros. Si alguien ayuda a confirmar la
validez de esta idea es el propio gobierno que, convencido de la reducción
social y electoral del «MAS histórico», está dispuesto a perder este segmento
social persiguiendo a Evo Morales y reprimiendo con saña los bloqueos de
caminos.
Pero
si hay algo que sostiene el bloqueo de caminos es la convicción sobre la
necesidad de evitar que la salida a la crisis económica signifique el retorno
paulatino o violento a las políticas antipopulares de libre mercado (como la
devaluación de la moneda, el levantamiento de la subvención estatal de
hidrocarburos y otras). Evidentemente, sus actores, que hace pocas semanas
realizaron también una marcha hacia la ciudad de La Paz, vinculan sus
aspiraciones al liderazgo de Evo Morales, pero ambos son elementos que un
sensato análisis debería saber distinguir.
Todo
alineamiento ideológico de los sectores populares responde a una interpretación
de la realidad material. Es evidente que el gobierno ha acoyuntado sus fracasos
económicos con una mayor hostilidad no solo contra Evo Morales sino contra el
«núcleo duro» del MAS. Es la construcción exacta para adquirir un perfil
antipopular. Así las cosas, los sectores campesinos que bloquean las rutas
tienen todo el derecho a declarar como enemigo al gobierno y como hostiles sus
políticas, más aún si saben que los personajes que los tratan de «terroristas»
y «grupos irregulares», les deben básicamente el cargo.
Si
todavía hay razones —pese a un notable desgaste— que dan vigencia al
caudillismo de Morales, se debe a que él encarna una construcción política
inédita en la historia de Bolivia. En un país cuyos trazos históricos parecen
repetirse hasta la desesperación, la novedad fulgurante de un movimiento como
el MAS, de composición abrumadoramente plebeya, es haber construido una
herramienta política que ocupó durante casi dos décadas el gobierno y sirvió
para mediar, con mayor efectividad práctica que el sindicato, la relación entre
las aspiraciones populares y su posibilidad de concreción real. El papel de Evo
en esta construcción sigue siendo (aunque en menor medida que ayer) relevante.
Poco
antes de que Arce y sus ministros concibieran la genial idea de salvar su
gestión desatando una cacería contra el evismo, algunas encuestas daban el
primer lugar en las intenciones de voto al caudillo indígena. La sorpresa se la
dejamos a los necios. Si la derecha boliviana, cada vez más tirada al extremo,
está excitada por el experimento de Milei en Argentina y habla de achicar el
Estado, si el gobierno mostró disposición de levantar la subvención estatal de
combustibles —es decir, disparar el proceso inflacionario—, a nadie debería
extrañarle que Evo, simplemente con refugiarse en las añoranzas de lo que fue
su pasada gestión de gobierno, sea todavía una alternativa legítima para evitar
el infierno neoliberal. Aunque Evo no tiene un programa y estrategias para
enfrentar el ajuste económico, su actual perfil, facilitado por la
derechización de todo el espectro político, le posibilita presentarse como si
los tuviera.
Lo
seguro es que, al contrario de lo que creen algunos, cualquiera que analice la
coyuntura boliviana en función de la lucha de clases sabe que el gobierno y la
extrema derecha no les alcanzará con eliminar física o políticamente a Evo
Morales para cerrar el ciclo político. Tendrán que pasar antes por la prueba de
fuego: derrotar a los sujetos sociales que definieron la historia de este
primer cuarto de siglo veintiuno en Bolivia.
LA
DISPUTA EN BOLIVIA: ENTRE LO PERSONAL Y LO POLÍTICO
Rebelión
de España (https://acortar.link/H1oTWX)
El
enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce de cara a las próximas elecciones
de agosto 2025 es uno más de una larga serie que ha dañado a los progresismos y
a las izquierdas, y le ha abierto las puertas a la derecha para encaramarse en
el poder.
En
realidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta disputa, como otras, tiene dos
características. Por un lado, está la cuestión del liderazgo de un proyecto;
por el otro, la sucesión del máximo líder. En general van de la mano.
La
lista de casos es tan larga que cuesta saber por dónde comenzar. Por su
proyección global en el siglo XX la gran disputa fue entre Stalin y Trotsky que
derivó en el asesinato (por orden de
Stalin) de varios dirigentes que hicieron la revolución en 1917.
Entre
las numerosas tragedias podemos mencionar el asesinato en 1983 de Maurice
Bishop -líder de la revolución de Grenada de 1979- por orden de su vice Bernard
Coard. Estados Unidos aprovechó el caos para invadir la pequeña isla que tenía
entre ceja y ceja.
En
los cortos años de este siglo ya tuvimos varias disputas que dañaron procesos
de cambio.
Lo
que está sucediendo en Bolivia se puede denominar como la implosión y el
agotamiento del Proceso de Cambio después de casi 20 años en el poder.
Implosión por las múltiples contradicciones acumuladas que están expresando un
límite y agotamiento porque la mayoría de las demandas sociales que dieron
nacimiento al gobierno del MAS-IPSP ya fueron cumplidas.
Al
reciente conflicto entre Morales y Arce podemos agregar el de Rafael Correa y
Lenín Moreno en Ecuador, o la ruptura entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias,
fundadores de Podemos en el Reino de España. Apenas dos claros ejemplos de
peleas por sucesiones o por el liderazgo de un proyecto ¿progresista?.
En
todos los casos quienes están involucrados alegan que los motivos de las
rupturas son las diferencias ideológicas. ¿Se trata sólo de eso? ¿Acaso no
juegan un rol las motivaciones y aspiraciones personales? Ya lo sabemos, al
debatir solo sobre las diferencias políticas se minimizan las cuestiones
personales.
Gran
parte del periodismo, por el contrario, las maximiza hasta el hartazgo y se
hace una fiesta cuando se trata de personajes progresistas y de izquierda. Pero
no es menos cierto que las rivalidades personales existen. No tiene sentido
negarlas.
El
historiador polaco Isaac Deutscher es uno de los pocos que se atrevió a
conjugar el riguroso análisis histórico con las características personales, sin
caer en vulgarizaciones ni amarillismos. Su monumental trilogía biográfica de
León Trotsky es, en realidad, una historia de la revolución bolchevique.
Deutscher
desmenuza las idas y vueltas políticas –principalmente entre Lenin, Stalin y
Trotsky- hilvanándolas con los diversos matices de sus personalidades para
comprender cómo se relacionaban antes y después de la revolución de 1917.
Así
es posible conocer las diferentes posiciones políticas atravesadas por
envidias, celos, actitudes soberbias, viejos resentimientos, desconfianzas y
megalomanías. En síntesis, Deutscher asegura que era “prácticamente imposible
separar lo personal de lo político”.
No
hay duda de que Stalin se vio profundamente afectado por la decisión de Lenin
de ubicar a Trotsky como su virtual mano derecha una vez que ambos regresaron
del exilio. Ellos dos, en vez de seguir buceando en las múltiples diferencias
que habían mantenido en numerosas ocasiones entre 1903 y 1917, unieron sus
fuerzas y voluntades para la toma del poder y la construcción del nuevo Estado.
Por el contrario, Stalin no se cansaba de reflotar -y destacar- las viejas
rivalidades cada vez que podía.
Cuesta
creer que el rústico georgiano aceptara de buena gana que el judío cosmopolita
se convirtiera de la noche a la mañana en la mano derecha del máximo líder.
Trotsky era de otro origen social e intelectual, hablaba varias lenguas, había
vivido en el extranjero, ya era un prolífico escritor y, además, brillante
orador.
Para
colmo de males ni siquiera había formado parte del partido bolchevique que
había luchado dentro del país contra el Zar. ¿Alguien puede pensar seriamente
que nada de esto afectó a Stalin?
Son
contados con los dedos de una mano quienes advierten que es preferible ser un
excelente “segundo” a disputar el liderazgo para convertirse en la máxima
figura. Son contados, también, los líderes que abandonan sus egoísmos y
egolatrías y comprenden que es necesario el recambio, en un mundo en continuo
movimiento y en una Bolivia en continuo asedio.
En
la política boliviana se creó un sentimiento anti-Evo desde el inicio de su
gestión el año 2005, que se consolidó en círculos sociales de clase medias
conservadoras, élites neoliberales desplazadas e intelectuales de derecha. El
evismo, entendido como lo dijo García Linera, como «lo nacional popular en
acción», es una estrategia política de toma del poder basada en los movimientos
sociales, que tiene también como característica el culto a Evo Morales como
líder insustituible.
Y
todas las disputas por el liderazgo son verdaderas cajas de Pandora; una vez
que se abren, salen todos los demonios. Comprenderlo y dejar los egos de lado
no es fácil. Álvaro García Linera es uno de los pocos que lo entendió. Nunca
puso en duda el liderazgo de Evo.
Los
protagonistas tienden a negar que exista algún tipo de inquina personal y lo
llevan todo al terreno político, como si lo otro no existiera. ¿Si en todos los
ámbitos lo personal influye en la toma de decisiones, por qué pensar que están
exentas las personas que se dedican a la política?
No
se trata de minimizar las diferencias políticas que suelen ahondarse a medida
que el vínculo personal y político se deteriora, provocando rupturas, la
consolidación de proyectos irreconciliables y persecuciones.
Se
trata de comprender que los condimentos personales no se pueden ignorar. Más
vale no ignorarlos. Desde ya que cualquier semejanza con la realidad argentina
o la de algún otro país de la región ¿es pura coincidencia….?
ELECCIONES
JUDICIALES EN BOLIVIA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO
Correspondían
realizarse el año pasado pero una serie de recursos impidió que se cumpla el
plazo. Ahora que finalmente el proceso está en curso, surgen fallos que apuntan
a interrumpir el proceso. ¿Qué es lo que está pasando y qué consecuencias
tiene?
Agencia
Fe de Argentina (https://acortar.link/unUmik)
Bolivia
es uno de los pocos países que elige autoridades judiciales de las más altas
cortes por voto popular. Se trata de un mecanismo relativamente nuevo en el
país, fue creado en 2009 con la promulgación de la Constitución Política del
Estado (CPE) con el objetivo de profundizar la democracia y la participación
ciudadana, y desde entonces se han realizado dos votaciones, en 2011 y 2017, en
las que la mayoría de la votación votó nulo o blanco, lo que insinúa que hay
descontento con el sistema de selección o desconocimiento del proceso.
Pese
a las dos experiencias fallidas en términos de resultados, las elecciones
judiciales ocuparon el centro del debate político en Bolivia el último año. En
esta nota explicamos cinco claves para entender qué es lo que está pasando,
cuáles son sus implicancias y por qué es importante para el país sudamericano.
La
tercera elección tenía que realizarse en el segundo semestre de 2023 para que
los nuevos jueces asuman el 2 de enero de 2024, pero se generaron varios
retrasos en el proceso electoral. Inicialmente por falta de consensos en la
Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que ningún partido cuenta con los dos
tercios que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de
convocatoria al acto electoral.
Cuando
finalmente se lograron acuerdos para la convocatoria de candidatos, hubo una
seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y
ajustar la normativa, lo que postergó de manera indefinida la elección.
Ese
retraso hizo que las autoridades judiciales se “auto prorrogaran” en sus cargos
hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber
acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el
respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de
sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos
magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el
ordenamiento político nacional.
Finalmente,
en agosto de 2024, con un año de retraso, se convocaron las elecciones para el
1 de diciembre. Se deben elegir a los 26 principales cargos judiciales que
dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional
Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental por
un periodo de seis años.
Cuando
el proceso ya estaba en marcha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el
31 de octubre su postergación para el 15 de diciembre debido a la
“conflictividad social” ocasionada por los bloqueos de caminos realizados por
seguidores de Evo Morales que duraron 24 días.
Faltando
poco más de un mes para la votación, una nueva disposición puso en suspenso la
continuidad del proceso. El 4 de noviembre, la Sala Constitucional IV emitió
una sentencia, firmada por Gonzalo Hurtado y René Yván Espada, que declara
“desierta” la convocatoria para el Tribunal de Justicia y el Tribunal
Constitucional, en cinco de los nueve departamentos del país.
La
determinación generó rechazo en el país porque los procesos electorales se
rigen por el principio de preclusión. El artículo 190 de la Ley de Régimen
Electoral establece que ningún proceso puede ser anulado “por ninguna causa y
ante ninguna instancia”. El TSE convocó a autoridades y líderes políticos para
firmar una declaratoria conjunta y garantizar las elecciones mediante una ley
corta.
De
momento existe incertidumbre sobre si el proceso de elección se llevará a cabo
como corresponde o de manera parcial.
Pese
a la cuestionada legitimidad de la extensión de sus mandatos, los magistrados
que forman parte de la Sala Constitucional IV, Hurtado y Espada, dictaron
fallos que removieron la arena política del país en las últimas semanas. El 1
de noviembre emitieron un auto constitucional que dispone que ninguna autoridad
electa puede ocupar el cargo por más de dos periodos, continuos o discontinuos.
De esa forma, se cierra la posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser
candidato a la Presidencia. Esta disposición estaba en el centro del debate
político por desacuerdos en la interpretación de la CPE, que no establece de
forma explícita la prohibición para un tercer mandato discontinuo.
El
4 de noviembre se emitió el fallo previamente mencionado, que pone en riesgo
las elecciones judiciales con las que se elegirá a los sucesores de Hurtado y
Espada. Finalmente, el 14 de noviembre emitieron una sentencia constitucional a
través de la cual le quitaron a Morales el control del Movimiento Al Socialismo
(MAS), al reconocer un congreso partidario de los aliados de Luis Arce que
eligieron a otra directiva, sin cumplir con los requisitos que establece el
partido.
El
jueves, al enterarse de que perdió la titularidad del MAS, Morales acusó al
Gobierno de utilizar a los magistrados para obtener beneficios políticos. En su
cuenta de X manifestó que la administración de Arce solo necesita a la Sala
Constitucional IV “para eliminar adversarios” y cuestionó: “¿Cómo una sentencia
judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión
democrática de los militantes del partido?”, cuestionó.
Los
mismos magistrados habían generado controversia anteriormente al suspender
competencias al presidente del Senado y de la Gobernación de Santa Cruz, entre
otras disposiciones.
Los
actores políticos de oposición, principalmente del evismo, observan que los
magistrados actúan en defensa de los intereses del Gobierno, y exigen el
desacato de sus disposiciones que consideran nulas e ilegales por estar fuera
del mandato constitucional.
La
crisis del sistema judicial en Bolivia va mucho más allá de la postergación de
la elección de nuevos magistrados. Según las encuestas de opinión, el Órgano
Judicial es el que menor credibilidad y aprobación tiene de la población,
debido a problemas estructurales como la retardación de la justicia y la
corrupción dentro del sistema.
Eduardo
Rodríguez Veltzé, ex presidente del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia,
considera que la renovación de jueces no mejorará “en absoluto” el sistema
judicial. “Es más importante encarar una reforma integral, comprensiva de todo
el sistema y que inevitablemente requerirá una reforma constitucional”, explicó
en entrevista con Visión 360 y consideró que esta medida no ha sido encarada
por falta de voluntad política.
EVO
MORALES: GUÍA Y MAESTRO DE AMLO
La
importancia de esta cofradía de expresidentes necios es que ambos afirman ser
jubilados, pero actúan como políticos en activo
El
Excelsior de México (https://acortar.link/mQU0Xt)
Tanto
Andrés Manuel López Obrador, en México, y Evo Morales, en Bolivia, son
expresidentes “en activo”. Evo Morales ha lanzado a sus simpatizantes a tratar
de tomar La Paz, capital de Bolivia, y cuarteles militares, enfrentado a Luis
Arce, el actual presidente boliviano y exsubordinado suyo. López Obrador, por
su parte, está activamente empujando líneas legislativas para sus legisladores
en el Congreso nacional, provocando, queriendo o no, el debilitamiento político
de su sucesora y exsubordinada Claudia Sheinbaum.
La
importancia de esta cofradía de expresidentes necios es que ambos afirman ser
jubilados, pero actúan como políticos en activo. Al salir del poder, ambos
juraron que irían a sus “ranchos”. López Obrador lo dijo varias veces así, y
luego matizó: “Regresaré sólo si la Presidenta me pide mi opinión o si veo que
hay desviaciones de la ruta correcta”. Eso último debe ser tomado como una
amenaza o advertencia de López a su sucesora. Y vaya que le ha corregido la
plana varias veces, y lleva menos de un mes fuera del puesto. Tanto Evo como
AMLO representan y son el problema número uno de sus respectivos sucesores. La
frase de Evo Morales es memorable: “Yo dije alguna vez que acabo mis años de
gestión con mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango”. Lo de “la quinceañera”
ha quedado como sello quemado en la frente. La justicia boliviana lo persigue
por estupro, pederastía, abuso sexual y violación. Evo dice que es persecución
política. Pero ahí está su frase de “la quinceañera” y varios embarazos
adjudicados a su actividad sexual mientras ejercía como presidente de la
República. Evo es un ejemplo de cómo el poder sirve como afrodisiaco. En México
tenemos muchos ejemplos de lo mismo (los vuelos del amor, etcétera). Por lo
pronto, Evo es un pedófilo confeso cuyas ideas iluminan y educan a AMLO.
Evo
Morales justificó que sus seguidores tomaran un cuartel militar para apoderarse
de sus armas pues, según dijo, necesitaba que el pueblo lo protegiera.
AMLO
siempre proclamó que el pueblo lo protegía. Al inicio de su mandato ordenó
eliminar toda la seguridad de los expresidentes, alegando que si el pueblo lo
agredía, era por culpa de su mala gestión presidencial. Y argumentaba razones
de austeridad y frugalidad en su gestión para justificar la decisión. Sin
embargo, él mismo reconoció que gastó más de 2 mil millones de pesos del
presupuesto público para arreglar la zona alrededor de su rancho en Palenque,
incluyendo un hospital de primer mundo para su atención y un cuartel repleto de
militares de elite para su protección y seguridad. Además, se hicieron parques
y zonas de esparcimiento públicas, además de algún hotel para hospedar
huéspedes distinguidos del expresidente. A cinco kilómetros de la puerta de su
rancho hay una estación conveniente del Tren Maya (500 mil millones de pesos y
contando).
Los
expresidentes no tienen seguridad, a pesar de las amenazas en su contra,
mientras AMLO tiene un cuartel militar personal.
Evo
Morales fue el ideólogo de la elección por voto popular de jueces y
magistrados, como la mejor manera de apoderarse del Poder Judicial. A pesar de
que ha destruido el sistema de impartición de la justicia en Bolivia,
habiéndolo transformado en ala de su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS),
Bolivia sigue con el modelo, ahora con confrontaciones políticas entre jueces,
unos aliados de Evo y otros de Luis Arce, el actual presidente.
El
ejemplo boliviano es lo que le espera al Poder Judicial mexicano: su
fragmentación en islotes, unos controlados por Morena, otros, por los cárteles
del narcotráfico y lo que va quedando como expresiones locales de intereses
específicos. Anticipamos un México sin Estado de derecho.
HAY
5 RUTAS EN ESTUDIO PARA LLEVAR EL GAS QUE BRASIL COMPRARÁ A VACA MUERTA. UN
TRAZADO PASA POR EL NORTE DE ENTRE RÍOS
En
el acuerdo con Argentina se planean cinco rutas posibles para el envío del gas
a Brasil. El primero es el uso de la estructura del Gasoducto Brasil-Bolivia.
En abril, el gobierno ya estudiaba con Argentina la posibilidad de revertir el
flujo del Gasoducto Norte para enviar gas argentino hacia Bolivia y, desde ahí,
aprovechar la estructura de Gasbol para entregar el insumo al mercado
brasileño.
El
Entre Ríos de Argentina (https://acortar.link/Cm2ggp)
Brasil
estima que la expansión de las importaciones de gas natural argentino bajará el
precio del insumo a entre US$ 7 y US$ 8. Aproximadamente la mitad de lo que
cuesta hoy en tierras brasileñas.
Se
espera que Brasil firme este lunes un acuerdo con el gobierno de Javier Milei
para ampliar las importaciones de gas natural argentino y así abaratar el
costo, dijo ayer el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. El acuerdo
se firmará en paralelo a las reuniones de los jefes de Estado del G20, que se
celebran en Río.
El
objetivo es abrir rutas alternativas para llevar al Brasil el gas de Vaca
Muerta. La expectativa del gobierno brasileño es que, a principios del próximo
año, el acuerdo posibilitará la importación de 2 millones de metros cúbicos
diarios (m3/día) de gas argentino.
Esta
cantidad crecería gradualmente a 10 millones de m3/día en los próximos tres
años. Para 2030, alcanzaría los 30 millones de m3/día. El mercado brasileño
consume actualmente entre 70 y 100 millones de metros cúbicos diarios.
Queremos
aumentar el suministro de gas en Brasil y, en consecuencia, disminuir el
precio. Esto se debe a que necesitamos, además de tratar el gas como una
energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y
reindustrializar Brasil.
Cinco
rutas posibles
Según
el ministro, en el acuerdo con Argentina se planean cinco rutas posibles para
el envío del gas a Brasil. El primero es el uso de la estructura del Gasoducto
Brasil-Bolivia (Gasbol).
En
abril, el gobierno ya estudiaba con Argentina la posibilidad de revertir el
flujo del Gasoducto Norte para enviar gas argentino hacia Bolivia y, desde ahí,
aprovechar la estructura de Gasbol para entregar el insumo al mercado
brasileño.
Hoy
en día, Gasbol está infrautilizado, ya que la producción de gas de Bolivia está
en declive. Actualmente, los bolivianos solo envían 15 millones de m3/día a
Brasil, cuando deben entregar 30 millones de m3/día.
La
otra ruta posible es la construcción de un sistema que cruzaría la región del
Chaco de Paraguay, que requeriría un estudio para verificar la viabilidad.
La
tercera opción sería conectar directamente la red de gasoductos argentinos con
el municipio de Uruguaiana (RS). En ese caso, atravesaría la parte noroeste de
Entre Ríos. Pero esto depende de la finalización de la segunda parte del
gasoducto Néstor Kirchner en Argentina, que conecta la región de Vaca Muerta,
desde la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Rio Grande do Sul.
También
sería necesario, en esta ruta, completar la conexión del gasoducto entre
Uruguaiana y Porto Alegre, una obra incluso prevista en el Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC). Y todavía sería necesario adaptar a Gasbol
para convertirse en un camino de la mano dual.
La
cuarta ruta en estudio sería una conexión vía Uruguay. Y por último, también
existe la posibilidad de convertir el insumo en gas natural licuado (GNL), para
su exportación a través de buques, pero esto resultaría en un costo más alto
para el producto.
El
menor costo
El
gobierno de Brasil espera que el gas de Vaca Muerta, que cuesta US$2 por millón
de BTUs (unidad de referencia en este mercado) en Argentina, alcance entre US$
7 y US$ 8. Actualmente, el precio en el mercado brasileño es en promedio US$
13.82 por millón de BTUs, según el sector industrial.
Las
obras de conversión del flujo en el oleoducto que conecta Vaca Muerta, que se
encuentra en el sur de Argentina, al norte del país, es decir, hasta el
gasoducto Brasil-Bolivia, deberán estar terminadas en marzo de 2025. Este
pronóstico fue hecho por el exsecretario de Energía de Argentina, Eduardo
Javier Rodríguez Chirillo, en septiembre, cuando llegó a Río para la feria
petrolera del sector petrolero ROG.e.
Señaló
que Argentina atraviesa un proceso de transición regulatoria y debe considerar
aspectos como los precios y la demanda interna antes de definir cuánto se
enviará a Brasil.
CAMIÓN
CISTERNA DE BOLIVIA DERRAMA 11 MIL GALONES DE PETRÓLEO EN RÍO TUMILACA Y GENERA
EMERGENCIA AMBIENTAL
El
accidente vehicular se produjo en la carretera binacional y preocupa al sector
agrícola.
El
Popular de Perú (https://acortar.link/esKURF)
Una
crisis ambiental de grandes proporciones se ha generado a causa del derrame de
11 mil galones de petróleo en el río Tumilaca, en Moquegua. Un camión cisterna
de Bolivia se volcó y contaminó las aguas del río. El hecho ha causado una gran
preocupación en los pobladores debido a la afectación de la flora, fauna y la
actividad agrícola.
Según
informó la gobernadora regional de Moquegua, Lilia Gutiérrez, se dispuso el
cierre de compuertas de abastecimiento de agua potable para mitigar la
contaminación en el distrito de Samegua y centros poblados cercanos. Además, se
dispuso la dotación de agua a los pobladores a través de camiones cisterna con
el fin de garantizar la calidad del agua para los vecinos.
Autoridades
del Proyecto Especial Pasto Grande y la Gerencia de Recursos Naturales
evaluaron los daños para determinar el alcance de los daños. Los agricultores
de la zona mostraron su preocupación por los efectos que podrían tener sus
cultivos. Incluso algunos no estuvieron enterados del derrame y regaron sus
charcas con agua contaminada generando la pérdida de los productos cultivados.
Hacen
un llamado a autoridades de fiscalización
Durante
una reunión de urgencia entre Defensa Civil y las autoridades regionales se
acordó elevar un memorial a los Ministerio de Transportes, Energía y Minas y
Relaciones Exteriores, donde se exige un control exhaustivo sobre las empresas
de transporte bolivianas que ingresa a nuestro país.
Interrupción
del suministro de agua en localidades cercanas
La
empresa EPS Moquegua dio a conocer que se restringirá el servicio de agua
potable en las zonas de Chen Chen, Los Ángeles y la urbanización Jardines de
Villa en Samegua, mientras duren los estudios de calidad de agua para
restablecer el servicio. El plan de contingencia incluye la entrega de agua a
través de camiones cisterna.
CON
RAZÓN TODOS VAN A BOLIVIA: CUÁNTO CUESTAN LOS NEUMÁTICOS EN BERMEJO
La
devaluación del peso boliviano entusiasmo a cientos de compradores argentinos.
Mira cuánto valen en el vecino país.
Que
Pasa Salta de Argentina (https://acortar.link/M8syNc)
La
devaluación del peso boliviano frente a la moneda argentina ha generado un
fenómeno que cada vez toma más fuerza: decenas de argentinos están cruzando la
frontera para aprovechar mejores precios en productos esenciales. Entre ellos,
los neumáticos para automóviles se han convertido en uno de los principales
atractivos.
En
un recorrido realizado por Que Pasa Salta en la ciudad de Bermejo, Bolivia, se
relevó que los precios de los neumáticos son significativamente más accesibles
en comparación con los que se encuentran en Argentina.
Por
ejemplo, las cubiertas para autos con rodado 13 y 14, entre las más comunes,
tienen precios que oscilan entre $50.000 y $52.000 por unidad. En el caso de
camionetas, los neumáticos con rodado 16 y 17 se encuentran en un rango de
$115.000 a $120.000.
Este
diferencial ha llevado a muchos salteños a considerar seriamente la posibilidad
de realizar el viaje, ya que, incluso sumando los costos de traslado, la compra
puede resultar más económica.
Los
comerciantes de Bermejo aseguran que la afluencia de argentinos en búsqueda de
neumáticos y otros productos ha aumentado considerablemente en las últimas
semanas. Mientras tanto, los compradores evalúan si este tipo de adquisiciones
realmente valen la pena en términos de calidad, costos y conveniencia.
CUÁNTO
SALEN LAS BICICLETAS EN BOLIVIA: MUY BARATAS
El
equipo periodístico de Que Pasa Salta llegó hasta el vecino país para consultar
precios.
Que
Pasa Salta de Argentina (https://acortar.link/zQiPbZ)
La
búsqueda de precios más bajos sigue llevando a numerosos argentinos a cruzar la
frontera con Bolivia. Además de neumáticos, las bicicletas se han convertido en
otro de los productos más demandados en Bermejo, una de las ciudades más
frecuentadas por los compradores provenientes de Salta.
En
un relevamiento realizado por Que Pasa Salta, se confirmó que las bicicletas
más buscadas son los modelos con rodado 26 y 29, ideales tanto para uso
recreativo como deportivo. Según los datos recopilados, los precios de estas
bicicletas comienzan en $160.000 para el rodado 26 y desde $180.000 para el
rodado 29, representando una alternativa atractiva frente a los valores que se
manejan en el mercado argentino.
Accesorios
y repuestos a precios accesibles
Además
de bicicletas completas, los salteños también aprovechan la oportunidad para
adquirir cubiertas y otros accesorios. Por ejemplo, las cubiertas para rodados
mencionados tienen un costo que parte de $10.000, mientras que conjuntos de
indumentaria deportiva -incluyendo calzas y camisetas para ciclismo- rondan los
$35.000.
EL
PELIGRO DE LA EXPANSIÓN CHINA EN LATINOAMÉRICA: CÓMO PERÚ, CON EL MEGAPUERTO DE
CHANCAY, FACILITA SU AVANCE ESTRATÉGICO
China
muestra interés en financiar el tren de cercanías Lima-Ica y el corredor
ferroviario bioceánico, mientras busca establecer Zonas Económicas Especiales
en áreas específicas. El Ministerio de Economía y Finanzas ha mostrado
resistencia al avance del país asiático, que ya cuenta con más de 200 empresas
operando en el país
Infobae
de Argentina (https://acortar.link/aApiGL)
El
líder del régimen chino, Xi Jinping, ha destacado que el megapuerto de Chancay,
construido cerca de Lima por la estatal Cosco Shipping, busca ser el “nuevo
punto de partida del camino inca de una nueva era” en América Latina. Este
movimiento refuerza la peligrodsa y creciente influencia china en el
continente, un hecho que no ha pasado desapercibido en Washington.
Aunque
Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para las exportaciones
peruanas de valor agregado, con 5.000 millones de dólares, China se ha
consolidado como su principal socio comercial, con inversiones que alcanzan los
38.800 millones de dólares entre 2001 y 2023, enfocándose principalmente en
minería, pesca, energía, finanzas, petróleo, gas y puertos.
Recientemente,
Zijin Mining, una de las principales productoras de oro y cobre de China,
obtuvo permisos para operar la mina aurífera La Arena, con una inversión de 245
millones de dólares. Según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en
sus trece, el régimen ha manifestado interés en financiar dos importantes
proyectos en Perú: el tren de cercanías que conectaría Lima con Ica, y el
corredor ferroviario bioceánico central, también conocido como el tren
bioceánico.
Este
último proyecto pretende unir Brasil y Bolivia desde el megapuerto de Chancay,
con una ruta total de 3.755 kilómetros que atravesaría el territorio peruano.
China también ha solicitado autorización para establecer Zonas Económicas
Especiales (ZEE) en áreas específicas del país, como Chancay y Ancón, con el
objetivo de impulsar la inversión privada mediante normativas tributarias y
aduaneras flexibles.
Sin
embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha manifestado resistencia
al avance de estas inversiones, lo que ha generado tensiones en el gabinete
ministerial de Dina Boluarte, de acuerdo con el semanario. Más de 200 empresas
chinas operan en el país con inversiones que alcanzan los 31 mil millones de
dólares. La minería es uno de los sectores más dominados, con empresas como MMG
Las Bambas, Chinalco y Shougang liderando la producción de cobre y hierro.
En
el sector energético, el régimen controla casi la mitad de los activos
eléctricos del Perú tras adquisiciones importantes como la de Luz del Sur por
Yangtze Power y Enel por China Southern Power Grid. Además, el sector
financiero también refleja su presencia a través del Bank of China.
La
infraestructura estatal ha sido otro campo de expansión para empresas chinas
como China Railway Engineering y China Gezhouba Group, que han ganado
licitaciones significativas en años recientes. Esta influencia se extiende a
los puertos, con importantes inversiones previstas en el Chancay, que podría
superar al Callao en importancia.
Analistas
citados por el semanario apuntan a que el siguiente foco de expansión será la
tecnología de comunicaciones, previendo un incremento en la presencia de marcas
chinas como Huawei. Además, el mercado automotor peruano muestra ya una
creciente participación de automóviles y dispositivos móviles chinos.
Respecto
al puerto de Chancay, Brian A. Nichols y Daniel J. Kritenbrink, subsecretarios
de Estado de EE. UU., subrayaron que “los países de todo el hemisferio deben
asegurar que las actividades económicas chinas respeten las leyes locales, así
como salvaguardar los derechos humanos y la protección ambiental”.
Además,
enfatizaron que la política de EE. UU. promueve que los países “escojan
libremente”, sin imponer decisiones, sino ofreciendo opciones para decisiones
autónomas sin coerción.
Las
inversiones chinas en Perú aumentan sin límite del Gobierno
La
reciente inauguración del megapuerto de Chancay, en el marco de la cumbre APEC
2024, ha suscitado preocupaciones sobre la soberanía nacional y la capacidad
del gobierno peruano para regular y supervisar adecuadamente estas inversiones.
Un aspecto controvertido es la categorización del puerto como de uso público,
lo que implicaría su disponibilidad para cualquier empresa que desee
transportar carga mediante el pago correspondiente.
No
obstante, Cosco Shipping rechaza esta denominación y se niega a someterse a la
supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositran), entidad encargada de regular la
infraestructura de transporte en el Perú. La empresa ha presentado una acción
de amparo alegando la vulneración de su derecho a la propiedad y a la libertad
de empresa. Además, se han señalado irregularidades en la expansión del
proyecto, como la cesión de un área marítima destinada a la defensa nacional,
la aprobación de obras sin estudios de impacto ambiental y la venta de terrenos
públicos a precios irrisorios.
Estas
situaciones reflejan una tendencia preocupante que muchos expertos han
alertado: la expansión de inversiones chinas en el Perú sin una supervisión
gubernamental efectiva. La falta de regulación y control podría comprometer la
soberanía nacional y generar dependencia económica. “El Estado peruano debe
defender sus fueros ante otros países y es el responsable de controlar las
irregularidades de cualquier empresa extranjera”, dijo el internacionalista
Farid Kahhat para el portal Ojo Público.
La
preocupación internacional sobre el control chino de infraestructuras claves de
Perú
El
creciente control de empresas chinas sobre infraestructura clave en Perú ha
encendido alarmas a nivel nacional e internacional. Según un informe de The
Financial Times, el gobierno peruano no estaría evaluando a fondo las
implicancias estratégicas de permitir una mayor injerencia del régimen de Pekín
en sectores esenciales para el desarrollo del país.
Además
del puerto de Chancay, en los últimos años, China ha tomado el control en el
sector energético peruano, con la adquisición en 2023, de los activos de la
italiana Enel por parte de China Southern Power Grid Co. (CSGI). Este
movimiento provocó inquietudes en el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que
señaló posibles riesgos para la competencia en el sector.
Actualmente,
otra empresa clave del sector, Luz del Sur, ya pertenece a China Three Gorges
Corporation. Con la venta de Enel, las compañías chinas controlan el 100% de la
distribución eléctrica en Lima. Esta concentración genera inquietud sobre la
capacidad de un solo actor extranjero para impactar la provisión de servicios
esenciales en la capital peruana.
Mientras
Estados Unidos observa con recelo el avance del capital chino en el país, el
gobierno peruano parece mantener una postura conciliadora. El ministro de
Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, afirmó que Perú, como nación
soberana, define sus relaciones internacionales en esos términos. Por su parte,
el embajador chino en Lima destacó que Chancay podría convertirse en un
“Shanghai peruano,” subrayando el potencial transformador del proyecto.
No
obstante, el académico Evan Ellis, del US Army War College, advirtió que estos
desarrollos reflejan el interés del régimen chino en reconfigurar las dinámicas
globales en su propio beneficio y alertó que la creciente dependencia de Perú
respecto a China en sectores estratégicos, podría limitar su capacidad de
responder ante una crisis política o conflicto global.
ESPAÑA
SE ABRE A AGILIZAR LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS PARA SANITARIOS:
LATINOAMÉRICA LIDERA LAS DEMANDAS
Cubanos
y venezolanos son los más afectados por los retrasos en la homologación de
títulos, que pueden tardar más de 3 años
Infobae
de Argentina (https://acortar.link/ua0KLW)
El
Ministerio de Sanidad ha lanzado una consulta pública para modernizar el
proceso de reconocimiento de títulos de especialistas en Ciencias de la Salud
obtenidos fuera de la Unión Europea. Esta iniciativa busca facilitar la
integración de estos profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en
respuesta a la creciente demanda de especialistas y los desafíos demográficos
que enfrenta España.
El
nuevo marco normativo propuesto tiene como objetivo principal agilizar y hacer
más transparente el procedimiento de reconocimiento de títulos. Actualmente, el
proceso se caracteriza por largos tiempos de espera, que en algunos casos
supera los siete años para los profesionales extranjeros afectados. El
colectivo Homologación Justa Ya calcula que hay un total de 100.000 expedientes
retenidos en el Ministerio de Universidades, encargado de reconocer los
títulos. De ellos, unos 30.000 corresponderían a sanitarios.
Según
un estudio elaborado por dicho colectivo en el mes de abril, más del 90% de los
afectados provienen de Latinoamérica: Cuba, Venezuela, Colombia y Argentina son
los países de origen de la mayoría de los encuestados por Homologación Justa
Ya. Le siguen Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, México, Bolivia y
Paraguay. En su mayoría, además, son graduados en Medicina, Odontología y
Enfermería.
Un
alivio a la falta de especialistas
Los
retrasos en la homologación de títulos vienen de lejos, según ha explicado el
Ministerio de Universidades. Pese a que el Real Decreto 889/2022 estabelce un
tiempo máximo de seis meses de tramitación, el sistema acumulaba retrasos de
más de 3 años. En el 2022, se actualizó el procedimiento en un intento de
agilizar los tiempos, lo que consiguió reducir el número de solicitudes
pendientes (de 50.677 en 2022 a 34.221 en 2023), pero las resoluciones
continúan estancadas. Según el Ministerio, es la falta de funcionarios lo que
explica la lentitud del proceso. Y mientras los anteriores solicitantes esperan
respuesta, nuevos llegan a España, especialmente graduados en Medicina.
La
tardanza de la administración ha sido motivo de reproche en Europa: el informe
Beidgin courses for migrants to complement qualificatiosn acquired in third
countries, de la Comisión Europea destaca las “lagunas de implementación y
barreras administrativas al reconocimiento de calificaciones formales”
extranjeras. “En los casos más extremos en el sector de la odontología, algunos
dicen haber esperado hasta siete años”, recogen.
Mientras,
el Sistema Nacional de Salud sufre por la falta de médicos, especialmente
acusada en algunas especialidades, como Medicina Familiar y Comunitaria, y
regiones del mundo rural. Una situación que se espera que se agrave en los
próximos años a raíz de las jubilaciones: un reciente informe de la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) alertaba de que no existen
suficientes médicos residentes (MIR) como para sustituir a todos los
facultativos que abandonarán la profesión en los próximos años.
La
incorporación de médicos extranjeros puede aliviar la saturación del sistema
público, pero también supone un reto: para trabajar como especialista en el
SNS, es necesario pasar por la Formación Sanitaria Especializada, en su caso el
MIR. Las necesidades de trabajadores en algunas autonomías hace que,
actualmente, se esté contratando facultativos extracomunitarios que no han
realizado la residencia, una estrategia tildada de “irregular” por el propio
Ministerio de Sanidad.
La
propuesta de Sanidad
La
consulta pública estará abierta hasta el 3 de diciembre y los interesados
podrán mandar sus aportaciones al correo electrónico
proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es. Entre las medidas destacadas se
encuentra la reducción de plazos mediante la simplificación de trámites
administrativos. Además, se implementará la aplicación electrónica “RETUEX”,
que permitirá realizar todo el procedimiento de forma online, desde la
presentación de la solicitud hasta la notificación de la resolución.
Otra
de las prioridades de la nueva normativa es la priorización de especialidades
deficitarias. Se establecerá un cauce especial para el reconocimiento de
títulos en aquellas áreas con mayor necesidad de profesionales, garantizando
una respuesta ágil a las demandas del SNS.
El
Ministerio también planea fortalecer la comunicación y colaboración con las
comunidades autónomas para mejorar la coordinación y gestión del proceso. Por
último, se abordará la situación de los especialistas extracomunitarios que
actualmente ejercen en España sin tener su título homologado, ofreciéndoles una
vía para regularizar su situación. Esta medida busca integrar de manera formal
a profesionales que ya contribuyen al sistema de salud, asegurando que cumplan
con los estándares requeridos.
La
propuesta ha sido avalada por Homologación Justa Ya, que valora que “una
normativa más ágil y eficiente beneficiaría tanto a los profesionales, que
podrían incorporarse más rápidamente al mercado laboral, como a la población,
que accedería a servicios de salud con más recursos humanos altamente
cualificados”. La plataforma pide “que se verifiquen sus títulos, sus notas,
sus pensum de estudio y se haga el reconocimiento ágil por parte del Ministerio
de Sanidad, e incorporar a la sanidad pública a estos profesionales capacitados
en la atención especializada que conlleva a largas listas de espera a la
población”.
FERROCARRIL
DE ANTOFAGASTA BOLIVIA REVELA LA PRIMERA LOCOMOTORA PROPULSADA POR HIDRÓGENO DE
SUDAMÉRICA
Mundo
Marítimo de Chile (https://acortar.link/DJoZem)
El
Ferrocarril de Antofagasta Bolivia (FCAB) presentó oficialmente la primera
locomotora propulsada por hidrógeno de
Sudamérica, un paso importante hacia la descarbonización del transporte
ferroviario en el norte de Chile. La ceremonia, encabezada por Iván Arriagada,
presidente ejecutivo de Antofagasta plc.-compañía a la que pertenece FCAB-
contó con la participación de autoridades locales y regionales.
La
locomotora, desarrollada por AHTECH CRRC Qishuyan Company, está diseñada
específicamente para las rutas del FCAB y cuenta con una potencia total de
1.000 kilovatios, una batería de alta capacidad y un sistema de almacenamiento
de hidrógeno a bordo de 35 MPa.
El
diseño liviano de la máquina, que reduce su peso en 30 toneladas en comparación
con modelos actuales, asegura mayor eficiencia y adaptabilidad. En su primera
etapa, operará entre las instalaciones del ferrocarril y el puerto, siendo
utilizada principalmente en maniobras internas.
Compromiso
sostenible
Iván
Arriagada destacó el potencial de este desarrollo, señalando que el hidrógeno,
al emitir solo vapor de agua y aire caliente, ofrece una alternativa viable a
los combustibles fósiles. "Queremos estudiar posibles usos de este
combustible en el futuro, cuando la tecnología esté más madura", afirmó.
Por
su parte, el gerente general del FCAB, David Fernández señaló que “nuestra
voluntad y compromiso con la comunidad de Antofagasta y con nuestros clientes
es explorar todas las tecnologías disponibles para, progresivamente, ir
reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y, de esta forma,
contribuir al combate del cambio climático”.
Cabe
destacar que el FCAB ya aseguró el suministro de hidrógeno verde para 2024 y
avanza en la habilitación de las instalaciones necesarias, además de capacitar
a su personal en la operación y mantenimiento de la nueva tecnología.
CHILE,
PUERTO DE ARICA EN RED DE COCAÍNA
Chile,
puerto de Arica en red de cocaína. Operativo en Chile en el puerto de Arica
pone de relieve su papel en la cadena de suministro de cocaína oriunda de
Bolivia.
La
Voz de Chile (https://acortar.link/Utj6Ku)
Puerto
de Arica en Chile es clave en la cadena de suministro de la cocaína que se
procesa en Bolivia, como lo demuestra las 43 toneladas de carbonato de sodio
incautadas recientemente.
La
reciente incautación masiva de precursores de cocaína en el puerto chileno de
Arica pone de relieve su creciente papel como foco de tráfico de drogas para
las redes de drogas bolivianas.
El
5 de noviembre, funcionarios chilenos revelaron que habían incautado 43
toneladas métricas de carbonato de sodio, que según las autoridades podrían
haberse utilizado para producir una cantidad similar de cocaína, y que se
enviaron desde Hong Kong y tenían como destino Bolivia, un país sin salida al
mar.
El
precursor fue declarado falsamente como “pegamento para baldosas” por una
empresa de transporte chileno-boliviana en un intento de evadir la detección.
El consignatario y el operador logístico, vinculados a una empresa boliviana,
están ahora bajo investigación, agregaron las autoridades.
Fue
“una de las incautaciones más importantes en la historia del país, por la
cantidad y el valor económico de la droga que podría haberse producido”, dijo
el fiscal de Arica Mario Carrera al medio de noticias chileno BioBioChile.
El
carbonato de sodio es una sustancia química ampliamente utilizada para fines
legítimos, como la fabricación de vidrio y como ingrediente en detergentes de
limpieza. Sin embargo, en la producción de cocaína, se agrega a las hojas de
coca para extraer el alcaloide de la cocaína que contienen.
Arica
Bolivia
La
proximidad de Arica a Bolivia, país productor de cocaína, y su marco aduanero
distintivo la convierten en un punto vital tanto para la importación de
precursores químicos como para la exportación de cocaína boliviana. El acuerdo
se remonta a un tratado de posguerra de 1904 entre Chile y Bolivia, que carece
de acceso directo a los puertos marítimos.
El
tratado otorga a los funcionarios de aduanas bolivianos un cierto grado de
control sobre la carga boliviana que pasa por Arica, lo que limita un poco la
supervisión chilena.
Esta
última incautación es la mayor decomiso de carbonato de sodio en la historia de
Chile, pero el puerto de Arica ha sido testigo de múltiples incautaciones a
gran escala de cocaína y precursores químicos en los últimos años. En diciembre
de 2023, por ejemplo, las autoridades bolivianas interceptaron 8,7 toneladas de
cocaína escondidas entre tablas de madera destinadas al puerto.
De
manera similar, los funcionarios chilenos descubrieron 2,2 toneladas de cocaína
boliviana con destino a Bélgica en julio de 2023 y, en 2022, incautaron un
récord de 690 toneladas de precursores químicos de 41 contenedores abandonados
enviados originalmente desde China y con destino a Bolivia.
Si
bien Perú, otro importante productor de cocaína, está geográficamente más
cerca, su vasta costa hace que Arica sea menos relevante para las operaciones
de tráfico de cocaína peruana. Alrededor del 75% del tráfico de carga en Arica
se origina o tiene como destino Bolivia, y el puerto manejará un 30% más de
carga boliviana en 2023 que en 2022.
Los
funcionarios dicen que las operaciones de narcotráfico boliviano dependen del
puerto para importar precursores químicos y exportar cocaína. El puerto es
atractivo para los narcotraficantes gracias, en parte, a las restricciones a
las que están sujetos los funcionarios de aduanas chilenos para inspeccionar la
carga boliviana, dijo Carrera a InSight Crime en junio de 2024.
“No
es que no podamos inspeccionar los contenedores que vienen de Bolivia”, dijo.
“Podemos, pero tenemos más demandas. El tema nos limita un poco. En otras
palabras, tenemos que tener una causa probable más sólida”.
Carrera
agregó que la reputación de Chile de “bajos niveles de corrupción” en
comparación con otros países de la región también hace de Arica un puerto
atractivo para los narcotraficantes, ya que es menos probable que su carga
levante sospechas de funcionarios de aduanas extranjeros.
“Tenemos
un puerto con una bandera que es mejor considerada internacionalmente que un
barco, por ejemplo, que tenga bandera peruana, ecuatoriana, colombiana o
venezolana”, dijo.
Además,
un acuerdo reciente que reduce los aranceles a la carga boliviana que pasa por
el puerto de Arica, junto con el aumento de la producción de cocaína en
Bolivia, podría conducir a un aumento del tráfico de drogas a través de la
terminal marítima.
EXMIEMBRO
DEL EJÉRCITO Y CONDECORADO POR COMBATIR AL TERRORISMO ES ACUSADO DE PERTENECER
A UNA RED DE NARCOTRAFICANTES INTERNACIONALES
Las
autoridades sindican a Epifanio Montes como el responsable de mover kilos de
cocaína entre Perú y Bolivia, según un reportaje de Cuarto Poder
Infobae
de Argentina (https://acortar.link/q6WZ7z)
De
héroe a villano. El Ejército del Perú, sin saberlo, preparó e instruyó a un
miembro clave de una red de narcotraficantes internacionales. Epifanio Montes,
incluso, había sido condecorado por su loable labor en la lucha contra el
terrorismo, sin embargo, decidió pasarse al lado oscuro, según la Fiscalía.
Gracias
a un reportaje de Cuarto Poder, dominical de América Televisión, se pudo
conocer el modo de operar de este exhéroe peruano luego de ser capturado por la
Policía Nacional del Perú (PNP). Lamentablemente, durante su detención, disparó
contra el alférez Marco Cosme, quien falleció en el acto.
La
investigación de las autoridades determinó que Montes era el encargado de mover
remesas de drogas a través de las fronteras. Asimismo, era quien recibía y
trasladaba el dinero proveniente de la venta de grandes cantidades de cocaína
hacia Bolivia.
Mientras
realizaba estas tareas para el narcotráfico, el Estado lo condecoró por
defender la democracia durante la época del terrorismo. Así lo estipula la
Resolución Suprema N° 185-2023-PCM, documento que lleva la firma de la
presidenta Dina Boluarte y el expremier Alberto Otárola.
“Tengo
la complacencia de imponeros la Medalla Defensor de la Democracia en los grados
de Gran Cruz, Comendador, Oficial y Caballeros, para que la llevéis con honor”,
dijo Boluarte hace un año en una ceremonia oficial en la que estuvo presente
Montes.
Así
operaba la red de narcotráfico internacional
Epifanio
Montes era una pieza importante dentro de esta red de narcotráfico
internacional. Trabajaba para Edgar Valencia, alias ‘Gringo’, quien es el
cabecilla y financista de toda la operación delictiva.
El
exmiembro de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se encargaba de coordinar, ya por
transporte aéreo o lacustre, la salida de la droga del país desde la selva
central peruano hasta el territorio altiplánico de Bolivia.
En
cuanto a la ruta terrestre, la PNP descubrió que esta red de narcotráfico
utilizaba caletas hidráulicas para camuflar decenas de paquetes de cocaína en
camiones de carga.
De
acuerdo a Mongabay Latam, se han descubierto hasta la fecha 67 pistas de
aterrizaje clandestinas dedicadas al narcotráfico en las zonas de Ucayali,
Huánuco y Pasco. En cada uno de ellas se pueden hacer hasta cuatro vuelos
diarios.
“Hay
15 pistas de aterrizajes clandestinas afectando a comunidades indígenas. Ocho
de estas están dentro de dos comunidades indígenas y las otras 7, alrededor.
Son dos comunidades que lidian con 15 pistas operando constantemente en su
territorio”, declaró a Cuarto Poder la editora general de Mongabay Latam, Alexa
Vélez.
“Todas
las fuentes, policiales o locales, no dicen que van hacia Bolivia, a lugares
como Beni o Santa Cruz. Que son a cinco horas de distancia en vuelo. Nos dicen
que las avionetas aterrizan y se demoran cinco minutos en cargar la droga para
que llegue la siguiente también a cargar”, agregó.
Los
principales organizadores de estos traslados ya están tras las rejas, sin
embargo, el narcotráfico sigue reinando en la selva peruana. Pese a los
esfuerzos de las autoridades, este es un flagelo difícil de detener,
principalmente, por casos como el de Epifanio Montes, que traicionan a la
institución por servir al mejor postor.
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