Bolivia denunció una supuesta estafa contra su fisco por parte de la española Repsol-YPF y la brasileña Petrobras, debido a que en 2002 pactaron un precio fijo para el gas natural exportado a Brasil de una manera que considera ilegal. La acusación hecha por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, representó un nuevo roce entre el gobierno de Evo Morales y Petrobras, ya enfrentados por discusiones sobre la exigencia de Bolivia de aumentar el precio del gas natural que exporta a Brasil. El ministro también culpó a Petrobras de obstaculizar el proceso de nacionalización de hidrocarburos que Bolivia inició en mayo, al impedir la toma de control de parte de la estatal YPFB de las refinerías que opera la empresa brasileña, el mayor inversionista extranjero en el país andino. Soliz explicó que el gobierno considera una "estafa" un contrato suscrito entre la filial boliviana de Repsol-YPF, Andina y Petrobras, mediante el cual le ha sido vendido a Brasil gas natural a un precio fijo, que es menos de la mitad del que actualmente rige oficialmente. Por esa situación, Bolivia ha dejado de percibir 161 millones de dólares en ingresos por exportaciones de gas natural, precisó. El precio vigente desde julio para las exportaciones de gas natural boliviano a Brasil es de cuatro dólares por millón de BTU, pero el gobierno boliviano busca un incremento al menos 7 dólares.
PELIGROSO AUMENTO DE TENSIONES EN BOLIVIA - IV
AUTOAISLAMIENTO DE MERCADOS HACE VISLUMBRAR PROBLEMAS ECONÓMICOS
Las crecientes tensiones internas que se acumulan en Bolivia podrían verse también exacerbadas si se confirman pronósticos poco halagüeños sobre el paulatino cierre de importantes mercados del país en el mediano plazo. Las medidas y posiciones adoptadas por Evo Morales en estos siete meses de gobierno pudieron haber tenido buen impacto político en lo inmediato, pero no ayudan al prospecto de la economía boliviana.
Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Si bien la situación macroeconómica es sólida, debido principalmente al aumento del precio del gas que se le vende a la Argentina, a mediano plazo el panorama económico es complicado.
HIDROCARBUROSComo es sabido, Evo Morales hizo un sensacional golpe de efecto el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. No solo dispuso la nacionalización de los hidrocarburos mediante un decreto con el sugestivo nombre de "Héroes del Chaco", sino que ocupó militarmente las plantas de petróleo y gas, refinerías, bocas de oleoductos y gasoductos.
Los primordiales blancos de los ataques fueron la empresa brasileña Petrobrás, que tiene las principales concesiones de explotación, y en segundo término la española Repsol.
El gobierno denunció estos contratos como ilegales y dio un plazo de 180 días (hasta el 1 de noviembre) a las empresas para adecuarse a las nuevas condiciones, que implican una relación del 82 por ciento para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el 18 por ciento para las compañías petroleras extranjeras.
Al principio estas medidas recibieron el respaldo de mucha gente en Bolivia y en el exterior, pese a que en mayor o menor medida se cuestionó la innecesaria violencia con que fueron llevadas a cabo. Después de todo, Bolivia estaba recibiendo un precio por el gas de entre 2,5 y 3 dólares por millón de BTU, cuando en el mercado internacional se estaba pagando 7,5 dólares y más. Pero, pasado el shock inicial, las cosas comenzaron a verse en forma distinta.
¿TRAMPA DE CHAVEZ?
Más allá de la discusión sobre si realmente existió o no la tal nacionalización, el hecho es que los contratos, supuestamente ilegales, siguen en plena vigencia. Aunque se consiguió una mejora en el precio de las exportaciones a la Argentina (que ahora paga 5 dólares el millón de BTU), Petrobrás se ha negado a variar la cotización y seguirá extrayendo y enviando al Brasil 30.000 metros cúbicos por día hasta 2019, tal como estaba negociado.
La diferencia es que, al mismo tiempo, Petrobrás ha suspendido todas las inversiones previstas en Bolivia, que se estimaban en 1.500 millones de dólares para los próximos años, y ha congelado cualquier plan de aumento del volumen de exportación.
En contrapartida, el Brasil invertirá ¡21.000 millones de dólares! en exploración y explotación de gas en su propio territorio de aquí al 2011 y ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares en el Perú, con el evidente propósito de desprenderse de su actual dependencia energética del gas boliviano.
Adicionalmente, se sabe que Brasil y Venezuela (el principal productor de gas del hemisferio) planean el "gasoducto del sur", lo que le daría al primero una importante fuente alternativa de aprovisionamiento. De hecho, los más desconfiados sospechan que Hugo Chávez, quien ejerce una fuerte influencia en el mandatario boliviano y a quien se lo sindica como el principal promotor del decreto "Héroes del Chaco", hizo caer a Evo Morales en una trampa para mejorar su propia posición en el control del mercado energético regional.
CHILEEl otro mercado importante es Chile, al que Bolivia no le vende directamente por el conflicto sobre el acceso marítimo, pero que igual compra indirectamente a través de la Argentina, que se queda con un porcentaje por la intermediación. En estos momentos el Gobierno está buscando un acercamiento, pese a que el mismo Evo Morales encabezaba las revueltas que en 2003 hicieron caer a Gonzalo Sánchez de Losada por su proyecto de exportar gas a través de territorio chileno.
Dejando eso de lado, la cuestión es que Chile también está haciendo ingentes inversiones en plantas regasificadoras en sus principales puertos, con el objeto de importar de cualquier parte del mundo y producir gas licuado natural. La presidenta Michelle Bachelet ha declarado que la idea es conseguir autonomía energética en un plazo de dos años.
Todo esto significa que los potenciales beneficios de la nacionalización podrían ser bastante efímeros. No solo se quedaría Bolivia con grandes excedentes sin colocar en un plazo relativamente corto, sino que tendría sumamente limitada cualquier posibilidad de crecimiento en este sector clave.
EE.UU.Otro factor de preocupación en el área económica es la mala relación con los Estados Unidos -también en gran medida por influencia de Chávez-, país al que Bolivia le vende unos 300 millones de dólares anuales en manufacturas, de las que dependen unos 200.000 empleos en la zona del altiplano.
Lo más urgente en este sentido es el vencimiento del Acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), mediante el cual los Estados Unidos conceden fuertes preferencias arancelarias a sectores tales como textiles, joyas, aceites y grasas, en compensación por los esfuerzos del país en la reducción de la producción de coca.
El acuerdo vence el 31 de diciembre y ya está claro que no será renovado, por más que el Gobierno, más allá de los discursos antiamericanos, esté tratando de mostrar que se está esmerando en combatir el narcotráfico (aunque la producción ha crecido, según los informes internacionales) y que haya enviado al influyente vicepresidente, Alvaro García Linera, a tratar de convencer -sin éxito- al Congreso en Washington de firmar un "convenio amplio" de preferencias.
Según algunas fuentes, el cierre del mercado estadounidense implicaría en una primera etapa la virtual pérdida de 40.000 fuentes de trabajo en la zona de El Alto, una de las más pobres del país.
PAISES ANDINOS
Para colmo de males, mientras el Gobierno insiste en lo que llama Tratado de Comercio de los Pueblos, basado en un eje La Paz-Caracas-La Habana que nadie sabe bien en qué consiste y qué beneficios le traería al país, Bolivia se va alejando de sus mercados naturales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyos países son importantes compradores de sus productos agropecuarios.
Evo Morales está enfrentado con el flamante presidente peruano, Alan García, tras haber tomado partido a favor de Hugo Chávez -cuándo no- en la disputa que mantuvieron por los exabruptos de este último contra García y el abierto apoyo a su contrincante Ollanta Humala en las últimas elecciones. Además, tanto Perú como Ecuador y Colombia están negociando o a punto de firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, lo cual apartaría a Bolivia aun más de esos mercados. Como si fuera poco, la propia Venezuela se retiró del CAN y ya ha cerrado su mercado, por ejemplo, para la soja boliviana. Empresarios consultados en Santa Cruz creen que los efectos de esta situación se comenzarán a sentir en uno o dos años. Para entonces, el Gobierno estará en la mitad de su mandato, su popularidad probablemente habrá sufrido desgastes. Los problemas económicos no harán sino acentuar los conflictos internos.
Senador boliviano y jefe de la bancada del MAS, Gastón Cornejo Bascopé, habla de la relación con chile
AUTOAISLAMIENTO DE MERCADOS HACE VISLUMBRAR PROBLEMAS ECONÓMICOS
Las crecientes tensiones internas que se acumulan en Bolivia podrían verse también exacerbadas si se confirman pronósticos poco halagüeños sobre el paulatino cierre de importantes mercados del país en el mediano plazo. Las medidas y posiciones adoptadas por Evo Morales en estos siete meses de gobierno pudieron haber tenido buen impacto político en lo inmediato, pero no ayudan al prospecto de la economía boliviana.
Diario ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Si bien la situación macroeconómica es sólida, debido principalmente al aumento del precio del gas que se le vende a la Argentina, a mediano plazo el panorama económico es complicado.
HIDROCARBUROSComo es sabido, Evo Morales hizo un sensacional golpe de efecto el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. No solo dispuso la nacionalización de los hidrocarburos mediante un decreto con el sugestivo nombre de "Héroes del Chaco", sino que ocupó militarmente las plantas de petróleo y gas, refinerías, bocas de oleoductos y gasoductos.
Los primordiales blancos de los ataques fueron la empresa brasileña Petrobrás, que tiene las principales concesiones de explotación, y en segundo término la española Repsol.
El gobierno denunció estos contratos como ilegales y dio un plazo de 180 días (hasta el 1 de noviembre) a las empresas para adecuarse a las nuevas condiciones, que implican una relación del 82 por ciento para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el 18 por ciento para las compañías petroleras extranjeras.
Al principio estas medidas recibieron el respaldo de mucha gente en Bolivia y en el exterior, pese a que en mayor o menor medida se cuestionó la innecesaria violencia con que fueron llevadas a cabo. Después de todo, Bolivia estaba recibiendo un precio por el gas de entre 2,5 y 3 dólares por millón de BTU, cuando en el mercado internacional se estaba pagando 7,5 dólares y más. Pero, pasado el shock inicial, las cosas comenzaron a verse en forma distinta.
¿TRAMPA DE CHAVEZ?
Más allá de la discusión sobre si realmente existió o no la tal nacionalización, el hecho es que los contratos, supuestamente ilegales, siguen en plena vigencia. Aunque se consiguió una mejora en el precio de las exportaciones a la Argentina (que ahora paga 5 dólares el millón de BTU), Petrobrás se ha negado a variar la cotización y seguirá extrayendo y enviando al Brasil 30.000 metros cúbicos por día hasta 2019, tal como estaba negociado.
La diferencia es que, al mismo tiempo, Petrobrás ha suspendido todas las inversiones previstas en Bolivia, que se estimaban en 1.500 millones de dólares para los próximos años, y ha congelado cualquier plan de aumento del volumen de exportación.
En contrapartida, el Brasil invertirá ¡21.000 millones de dólares! en exploración y explotación de gas en su propio territorio de aquí al 2011 y ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares en el Perú, con el evidente propósito de desprenderse de su actual dependencia energética del gas boliviano.
Adicionalmente, se sabe que Brasil y Venezuela (el principal productor de gas del hemisferio) planean el "gasoducto del sur", lo que le daría al primero una importante fuente alternativa de aprovisionamiento. De hecho, los más desconfiados sospechan que Hugo Chávez, quien ejerce una fuerte influencia en el mandatario boliviano y a quien se lo sindica como el principal promotor del decreto "Héroes del Chaco", hizo caer a Evo Morales en una trampa para mejorar su propia posición en el control del mercado energético regional.
CHILEEl otro mercado importante es Chile, al que Bolivia no le vende directamente por el conflicto sobre el acceso marítimo, pero que igual compra indirectamente a través de la Argentina, que se queda con un porcentaje por la intermediación. En estos momentos el Gobierno está buscando un acercamiento, pese a que el mismo Evo Morales encabezaba las revueltas que en 2003 hicieron caer a Gonzalo Sánchez de Losada por su proyecto de exportar gas a través de territorio chileno.
Dejando eso de lado, la cuestión es que Chile también está haciendo ingentes inversiones en plantas regasificadoras en sus principales puertos, con el objeto de importar de cualquier parte del mundo y producir gas licuado natural. La presidenta Michelle Bachelet ha declarado que la idea es conseguir autonomía energética en un plazo de dos años.
Todo esto significa que los potenciales beneficios de la nacionalización podrían ser bastante efímeros. No solo se quedaría Bolivia con grandes excedentes sin colocar en un plazo relativamente corto, sino que tendría sumamente limitada cualquier posibilidad de crecimiento en este sector clave.
EE.UU.Otro factor de preocupación en el área económica es la mala relación con los Estados Unidos -también en gran medida por influencia de Chávez-, país al que Bolivia le vende unos 300 millones de dólares anuales en manufacturas, de las que dependen unos 200.000 empleos en la zona del altiplano.
Lo más urgente en este sentido es el vencimiento del Acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), mediante el cual los Estados Unidos conceden fuertes preferencias arancelarias a sectores tales como textiles, joyas, aceites y grasas, en compensación por los esfuerzos del país en la reducción de la producción de coca.
El acuerdo vence el 31 de diciembre y ya está claro que no será renovado, por más que el Gobierno, más allá de los discursos antiamericanos, esté tratando de mostrar que se está esmerando en combatir el narcotráfico (aunque la producción ha crecido, según los informes internacionales) y que haya enviado al influyente vicepresidente, Alvaro García Linera, a tratar de convencer -sin éxito- al Congreso en Washington de firmar un "convenio amplio" de preferencias.
Según algunas fuentes, el cierre del mercado estadounidense implicaría en una primera etapa la virtual pérdida de 40.000 fuentes de trabajo en la zona de El Alto, una de las más pobres del país.
PAISES ANDINOS
Para colmo de males, mientras el Gobierno insiste en lo que llama Tratado de Comercio de los Pueblos, basado en un eje La Paz-Caracas-La Habana que nadie sabe bien en qué consiste y qué beneficios le traería al país, Bolivia se va alejando de sus mercados naturales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyos países son importantes compradores de sus productos agropecuarios.
Evo Morales está enfrentado con el flamante presidente peruano, Alan García, tras haber tomado partido a favor de Hugo Chávez -cuándo no- en la disputa que mantuvieron por los exabruptos de este último contra García y el abierto apoyo a su contrincante Ollanta Humala en las últimas elecciones. Además, tanto Perú como Ecuador y Colombia están negociando o a punto de firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, lo cual apartaría a Bolivia aun más de esos mercados. Como si fuera poco, la propia Venezuela se retiró del CAN y ya ha cerrado su mercado, por ejemplo, para la soja boliviana. Empresarios consultados en Santa Cruz creen que los efectos de esta situación se comenzarán a sentir en uno o dos años. Para entonces, el Gobierno estará en la mitad de su mandato, su popularidad probablemente habrá sufrido desgastes. Los problemas económicos no harán sino acentuar los conflictos internos.
Senador boliviano y jefe de la bancada del MAS, Gastón Cornejo Bascopé, habla de la relación con chile
“EL ESCENARIO ES DE APERTURA PARA TRATAR EN FORMA BILATERAL UNA AGENDA SIN EXCLUSIONES”
El parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) está convencido que los lazos de La Paz y Santiago pasan por un buen momento y que éste debe ser aprovechado. “Tenemos que cambiar el escenario. Lo lindo es que ahora allá hay una mujer en el mando y aquí hay un indígena, y ambos están relacionándose con simpatía, honestidad e intencionalidad de abrir cauces de amistad”.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
El jefe de la bancada en el Senado del gobiernista Movimiento al Socialismo (MAS), Gastón Cornejo Bascopé, tiene una particular relación con Chile: es médico cirujano titulado en la Universidad de Chile y vivió en Santiago durante 14 años en las décadas de los ’60 y ’70. En esta capital desarrolló también su veta de narrador y de regreso en su país ha seguido escribiendo y haciendo política. Es representante del departamento de Cochabamba y hombre clave del partido del Presidente Evo Morales. Desde La Paz habló de la situación entre Bolivia y Chile.
-¿Cómo calificaría el actual momento de la relación Chile-Bolivia?
-Pienso que nunca ha estado mejor. Estoy lleno de esperanza porque se abran de una vez los egoísmos, que cambie el marco ideológico de Chile y Bolivia hacia una verdadera confraternidad nacional, en que nos miremos con amistad, porque hasta ahora nos hemos mirado con enemistad, pues los grandes intereses de ambos países nos han distanciado. Tenemos que cambiar el escenario. Lo lindo es que ahora allá hay una mujer en el mando y aquí hay un indígena, y ambos están relacionándose con simpatía, honestidad e intencionalidad de abrir cauces de amistad.
-El canciller David Choquehuanca afirmó que el objetivo principal del Gobierno boliviano es recuperar la cualidad marítima, motivo por el cual el avance en las relaciones con Chile está estrechamente ligado al desarrollo en las negociaciones del tema marítimo. ¿Está usted de acuerdo con eso?
-La política nacional de Bolivia siempre ha sido priorizar el tema marítimo. Usted sabe que ha habido una ruptura de relaciones desde hace muchos años, donde el escenario era muy diferente. Ahora, el escenario es de apertura para tratar en forma bilateral una agenda sin exclusiones. Todo debe tratarse y eso significa intereses chilenos y bolivianos. Pero en Bolivia, a pesar de que no hay jurisdicciones, queremos que en el marco de la integración de los dos países y de la integración continental que ahora estamos viviendo, se traten temas como la integración cultural, étnica, energética, pero sobre todo el problema marítimo de Bolivia.
-En la instalación de la Asamblea Constituyente, el Presidente Evo Morales dijo que una de las metas de su Gobierno era reanudar las relaciones diplomáticas sin condicionamientos. ¿Cómo se entiende eso si Bolivia ha utilizado el lema gas por mar para tratar con Chile?
-En vista de que ya ha habido acercamientos en diferentes niveles, entre ambos presidentes, entre cancilleres, y ha habido también una aproximación entre parlamentarios de Bolivia y de Chile, ahora queremos que haya una diplomacia no sólo parlamentaria ni ejecutiva, sino una diplomacia de los pueblos, en vista de que hay una emergencia de la valoración de los derechos de los pueblos indígenas. Tanto en Bolivia como en Chile queremos que se aproximen las instituciones sociales. Estos acercamientos servirán para tratar de igual a igual los temas primordiales de Chile y Bolivia, como la demanda marítima. Ahí se va a dar lo que quieren ambos países: el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Eso puede darse antes o después, lo importante es que ya está en marcha la aproximación de los pueblos y es a eso a lo que se refiere el Presidente de Bolivia.
-Sí, pero cuando Morales dice sin chantajes, ¿la tesis gas por mar no se incluiría dentro de este nuevo estilo de relaciones bilaterales?
-No queremos que haya esa política de gas por mar. A pesar de que ha habido un referendo, queremos que en Chile se distingan dos cosas: una, la categoría profunda, diplomática, política y social, que es la reintegración marítima de Bolivia, y la otra, el negocio, que puede ser gas, termoelectricidad, recursos naturales, etcétera. Eso es algo muy diferente. Una cosa es la reintegración y otra son los acuerdos comerciales. No hay chantaje de Bolivia en el sentido de decir “les damos gas si ustedes nos dan mar”.
-El anuncio del reingreso de Chile a la Comunidad Andina de Naciones, sumado a la inminente suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Perú, hablan del interés de Chile por congraciarse con Lima. ¿Cómo se ve en La Paz esta especie de “luna de miel” entre Chile y Perú?
-Hemos estado en conocimiento. Recibimos hace poco el informe sobre Chile de Tomás Hirsch. Sabemos que no hay ningún país que tenga más acuerdos que Chile, el TLC con Estados Unidos, con Argentina, etcétera. Pero esos tratados favorecen a las grandes corporaciones, porque el pueblo chileno, como lo hemos visto, es uno de los países que tiene la peor distribución de la riqueza. Esa situación no la queremos vivir acá. Aunque en Bolivia no tengamos grandes ricos, queremos tener menos pobres.
-Sin embargo, algunos sectores vieron con malos ojos este acercamiento. De hecho se ha hablado de dos ejes en Sudamérica…
-Nosotros pensamos que el norte de Chile es una de las zonas más pobres. Sabemos que el occidente de Bolivia, en relación a Chile es pobrísimo, al igual que el sur del Perú. Entonces, todo lo que se haga por fortalecer a las zonas de desarrollo humano está bien, aunque sea excluyendo a Bolivia. Sabemos que Perú tiene zonas muy pobres en desarrollo y que una integración con Chile va a significar un avance en la verdadera integración continental.
-¿Cómo ve la eventual entrada de Chile a la CAN?
-Me parece excelente, siempre que Chile se adapte a la normativa de los objetivos generales y específicos de la CAN, todo en aras de un futuro promisorio, como es la Unión Europea, que al final es el objetivo que queremos lograr. Eliminar fronteras, alienar culturas, sin alienar las culturas regionales, respetando la dignidad de las tradiciones de cada región.
Los propósitos de la Asamblea Constituyente
-El MAS insistirá en que la Asamblea Constituyente se transforme en una asamblea originaria con plenos poderes y propondrá la transformación del Congreso en un Poder Legislativo unicameral. ¿Qué significa en la práctica esta medida?
-El pueblo de Bolivia ha elegido a los asambleístas para lograr un nuevo contrato social. Esa es la única misión de los asambleístas y de la Asamblea Constituyente: hacer una refundación a través de un nuevo país, a través de una nueva Constitución. En ese sentido queremos que sea refundacional. Pero los asambleístas no han sido elegidos ni para gestionar ni para realizar asuntos paramilitares. La misión de ellos es organizar el país del futuro, que debe ser acorde con la línea del MAS. Un nuevo país donde se conquisten tres cosas: una, la inclusión de los pueblos originarios; dos, que los recursos naturales sean de todos los bolivianos; y tres, que haya justicia social.
-Morales ha advertido que sectores oligárquicos, dentro y fuera del país, disponen de gran cantidad de recursos para influir en los asambleístas a favor de sus intereses. ¿Usted concuerda con esa afirmación?
-Claro que sí. Hay terratenientes que tienen muchas tierras improductivas que sirven para créditos que no se pagan nunca, créditos que entran a la agroindustria o a la empresa. La revolución agraria que vamos a emprender en el Parlamento significa la repartición de tierras fiscales de libre disponibilidad y además la expropiación con indemnización de tierras improductivas que no cumplen una función económico-social. Hay un montón de tierras que tienen que generar producción para tener seguridad alimentaria. Además, la revolución consiste en que ya no se van a hacer concesiones a títulos de propiedad individual, sino de propiedad colectiva, siguiendo el temperamento y la cultura comunitaria de nuestras poblaciones indígenas.
Entrevista con Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto, autores de Evo Morales, de la coca al Palacio
EN BOLIVIA, LO QUE HAY ES UN NACIONALISMO INDIO
Rebelión (www.rebelion.org)
¿Qué fuente ideológica ha influido más en el Movimiento Al Socialismo, el nacionalismo revolucionario o el katarismo (indianismo)?
Ambas fuentes son centrales y es difícil establecer a nivel ideológico cuál es la predominante. De hecho, en el gabinete se pueden ver ministros que responden a tendencias más nacionalistas, como Andrés Soliz, o que en cambio están cercanos al indianismo, como Félix Patzi o David Choquehuanca.
-¿Y a nivel operativo?
Creemos que prima más el nacionalismo revolucionario en la medida en que las principales medidas gubernamentales, como la nacionalización, tienen esta influencia. En todo caso, es ya un nacionalismo hegemonizado por los movimientos campesinos indígenas y ya no por las clases medias urbanas. Por lo tanto, es un nuevo nacionalismo, un nacionalismo indio.
-¿Ya se ha logrado asimilar al indígena como sujeto histórico del proceso o todavía predomina la imagen de lo campesino?
Ambas visiones también se combinan porque hay fronteras muy difusas entre qué es indígena y qué es campesino. Lo que por el momento hay es una indianización de lo campesino, quizás porque el discurso tiende a ser cada vez más indianizado.
-En el libro se menciona que la del MAS es una izquierda reformista, por lo tanto no está en fase de transición a un Estado socialista sino de profundización de la democracia, sin embargo algunos ideólogos del movimiento, como el propio vicepresidente Álvaro García, parecen no estar del todo seguros de ello y apuestan, en cambio, por fortalecer al Estado en pro de una visión futura más comunitaria…
En primer lugar, decimos que es reformista porque ninguna tendencia del MAS y, en general, de ningún movimiento social boliviano plantea una perspectiva socialista y revolucionaria que transforme de manera radical la estructura capitalista. Lo que existe son reclamos de reformas profundas en el marco del capitalismo. Un capitalismo en el que el Estado recupera un papel protagónico, especialmente en la explotación de los recursos naturales. La posición de García Linera, la del capitalismo andino, todavía no es, como él mismo dijo, una formulación rigurosa. En segundo lugar, la revolución por etapas, que en nuestro caso sería fortalecer el capitalismo andino para luego pensar en el socialismo, no se dio en ningún país…-¿Es un movimiento caudillista?
Los nuevos nacionalismos emergentes en América Latina, como es el caso de Hugo Chávez o de Evo Morales, están basados en la figura del líder. Por otro lado, la tradición política boliviana es muy caudillista, sin embargo en el caso del MAS es un caudillismo atemperado por los movimientos sociales, ante los cuales el supuesto caudillo, en este caso Evo Morales, debe rendir cuentas de una manera que no es habitual en los caudillos populistas latinoamericanos. Ni Perón ni Velasco Alvarado ni Getulio Vargas lo han hecho. Hay muchas decisiones que están centralizadas en Evo Morales, quien en algún momento debe rendir cuentas. Esto muestra que hay una especie de doble poder entre Estado y movimientos sociales, lo que no es propio de los populismos latinoamericanos.
-En el libro se advierte, sin embargo, la aparición de formas clientelares o prebendalistas producto de esta centralización de decisiones…
Hay una tradición del mundo político popular boliviano basado en el clientelismo y esto se mantiene, pero es menos fuerte. Obviamente, hay sectores que están en el MAS a cambio de algún beneficio particular. Esta lógica prebendal es difícil de resolver en la medida que persistan la pobreza y el desempleo…
CHILE, LA ARGENTINA Y EL PRECIO DEL GAS
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Es obvio que los contratos están para ser cumplidos. Si esto no fuera así, no existiría el Estado ni la posibilidad de una sociedad organizada que pudiera vivir en paz. Uno de los primeros contratos que hay que honrar son las deudas: si yo te presto esto, tú me lo devuelves...
Es también cierto que hay circunstancias no queridas, situaciones muy excepcionales, como fue para la Argentina la crisis de 2001 y 2002, que hacen, en los hechos, impracticables esos contratos, más allá de la voluntad de cumplirlos. Pero las sociedades pagan las consecuencias de esas violaciones. Para comprobarlo, basta con ver el brutal cambio del paisaje del país, con carenciados y villas de emergencia que proliferan por doquier.
Estas crisis producen alteraciones en las estructuras productivas y generan distorsiones que tornan incumplibles esos convenios. En ese contexto podría encuadrarse el acuerdo gasífero suscripto con Chile en la década del 90. Es lo que en derecho se cataloga como “situaciones de fuerza mayor”.
Por ejemplo, si el granizo arrasa una plantación, nadie puede exigir la entrega de la cosecha prometida en el contrato. Está claro que la Argentina no puede vanagloriarse de su incapacidad de cumplimiento: debe asumirla con humildad y responsabilidad. Si, por el contrario, reacciona con desdén, arrogancia o displicencia, las justificaciones que puede rescatar de la crisis vivida las pierde en la mesa de la diplomacia y en la comunicación. Ello le acarrea al país un gravamen adicional, un efecto negativo en la credibilidad y la confianza, por el que a través de otra ventanilla debe pagar un sobrecosto. Así, se dilapida con los malos modales una posición argumental donde con la ayuda del sentido común se puede defender una posición decorosa.
No debería soslayarse que la raíz del problema deviene también de que el país no supo asumir con realismo el problema energético. La energía es un insumo clave para cualquier sociedad, que cada vez se torna más escaso, al depender en fundamental medida de recursos no renovables. Por eso se da esa feroz competencia mundial por ampliar la producción y asegurarse el suministro a futuro.
La Argentina, en cambio, aplica una política que estimula el despilfarro y desalienta la producción, al sostener con fines políticos precios que van en sentido contrario de la tendencia mundial. Pero, aun en esas circunstancias –los argentinos deberemos asumir las consecuencias–, se trata de una facultad soberana que compete a la Argentina. Nadie de afuera (salvo, algún día, la propia realidad) debería imponernos la política energética por aplicar en el país.
Hechas estas introducciones, es hora de ir al punto central, que es analizar la situación de acuerdo con el criterio del sentido común. El petróleo es el patrón que rige el valor de la energía universalmente. En otro tiempo histórico fue el carbón. Con el barril acercándose a los 80 dólares, es imposible pretender sujetar el precio de recursos alternativos, como es el caso del gas.
Para atender el consumo interno y abastecer la cuota comprometida a Chile, la Argentina debe importar gas de Bolivia. El sentido común indica que el precio del producto para Chile no debería estar por debajo del que se paga a Bolivia. Si así fuera, se estaría subsidiando a los consumidores chilenos, y ya son bastantes los subsidios que se reparten en el país. Salvando las distancias en la comparación, ya que en un caso es una commodity y en el otro un bien de consumo, sería como si Chile comprara automóviles a Japón a 20.000 dólares y los revendiera a la Argentina en 12.000.
Además, los precios que la Argentina consiguió en el reciente contrato con Bolivia regirán tan sólo hasta fin de año. Bolivia pretende para hoy valores próximos –aunque más bajos– a los del mercado internacional, aduciendo que los bienes que importa del resto del mundo debe pagarlos al valor de ese mercado. Bolivia siente que nadie le regala nada, y tiene razón.
Por otra parte, la Argentina recibe el gas boliviano a valores frontera, a 1700 kilómetros de distancia de Buenos Aires, su principal centro de consumo, mientras que el grifo que alimenta a Chile se encuentra próximo a Santiago.
Otro aspecto fundamental que no debe olvidarse es que Chile gozó en los últimos años de unos precios por el gas especialmente favorables, que derivaban de otra ecuación con relación al valor del petróleo y del afán argentino de subsidiar el consumo interno con precios irrisorios. Ese subsidio impidió –ya que los precios de exportación se rigen, en buena medida, en función de los precios internos– que en su momento se ajustaran los valores del gas para Chile de acuerdo con la nueva escala de precios de la energía en el mundo, desde el tiempo en que el petróleo comenzó su vertiginosa subida.
Bolivia simplemente precipitó el fin del ciclo de gas artificialmente barato para Chile. Aunque busque fuentes alternativas de aprovisionamiento en otras partes del mundo –debe hacerlo, de cualquier manera– éstas serán más onerosas que el gas argentino. Y los precios a los que pretende aferrarse Chile no surgen del valor del mercado internacional, sino de una deficiencia de la estructura de precios internos de la Argentina, que el país arrastra desde la gran crisis de 2001 y 2002.
La relación con Chile debe manejarse con la imprescindible cuota de respeto y afecto que corresponde a un país que siempre será fundamental para la Argentina.
Si el país queda mal cuando no tiene razón y también cuando la tiene, deberemos entonces prepararnos a recibir sinsabores del resto del mundo.
CIFRADA EN MÁS DE 130 MILLONES DE EUROS
BOLIVIA ACUSA DE ESTAFA A REPSOL Y PETROBRAS POR UN CONTRATO DE GAS
El Mundo de España (www.elmundo.es)
El Gobierno boliviano vuelve a la carga contra Repsol YPF y Petrobrás, a las que acusa ahora de haber pactado en 2002 un precio fijo para el gas natural que se exporta a Brasil desde el país andino, con lo que el Estado habría dejado de percibir unos 161 millones de dólares (unos 137 millones de euros). El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, ha señalado que se trata de una "estafa". La situación fue detectada tras iniciarse el proceso de nacionalización de hidrocarburos que lleva adelante el gobierno de Evo Morales, cuando fueron designados los nuevos directores de la petrolera Andina, empresa mixta controlada por Repsol YPF, que tiene un 50% de las acciones desde la privatización del sector en Bolivia en la década pasada. Los nuevos directores, según Soliz, descubrieron que desde el 2002 rige un contrato de cobertura (hedging) entre Andina y Petrobras, que habría ocasionado la pérdida acumulada denunciada.
Soliz ha indicado que, según el contrato firmado entre Andina y Petrobras, el precio del gas natural exportado a Brasil es de entre 1,92 y 1,94 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) en 2019, "cuando el precio ya está en cuatro dólares".
Por su parte, Andina ha informado en un comunicado que el contrato aludido "no ha supuesto ningún daño económico para el Estado boliviano y que durante su vigencia se han pagado todos los impuestos establecidos por la ley".
La petrolera agregó que informó de su contrato con Petrobras a la petrolera estatal boliviana YPFB, al Ministerio de Hidrocarburos, a sus accionistas y "a todas las instituciones a las que correspondía comunicar".
Antecedentes
No es la primera vez que el gobierno boliviano denuncia irregularidades de parte de Repsol YPF y Petrobras, los mayores inversores extranjeros en el sector en Bolivia, el país con las segundas mayores reservas de gas natural de Latinoamérica.
De hecho, en julio les acusó de manipular irregularmente los sistemas de medición de producción de gas en dos de los mayores yacimientos del país, pero Repsol-YPF se defendió y argumentó que los sistemas estaban "debidamente calibrados". En junio, la petrolera fue acusada de de recibir de forma ilegal un subsidio de 37 millones.
El gobierno boliviano, que ya consiguió una revisión al alza del precio de las exportaciones de gas a Argentina, busca ahora un incremento de al menos 7 dólares en el gestionado con Petrobras.
Dado que Andina tiene propiedad mixta y la compañía que preside Antonio Brufau está en poder del 50% de sus acciones, la mitad de los fondos que se dejaron de percibir hubiesen correspondido a la filial de Repsol YPF en Bolivia.
El resto, según Soliz, "ha sido un perjuicio a la ciudadanía boliviana", ya que el Estado es titular del 48% de las acciones. Fuentes de la industria petrolera dijeron que el tipo de contrato denunciado suele dar protección a los vendedores en casos de depresión del mercado, pero resulta perjudicial cuando suben los precios, como ocurre desde hace más de dos años.
Bolivia
LAS REVOLUCIONARIAS PROPUESTAS DE LOS INDÍGENAS PARA LA CONSTITUYENTE
Pueblos originarios abogan por un régimen que reconozca "naciones" con autonomía territorial, administrativa y judicial.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Al pueblo indígena de los tocanas, en el altiplano boliviano, no le interesan mayormente las cárceles. No porque no cometan delitos, sino porque tienen su propio sistema de justicia comunitaria. Sin cárceles.
Cuando un miembro de la comunidad roba, por ejemplo, es sancionado públicamente en la plazoleta del pueblo. Al son de tamboristas, una procesión se detiene cada cien metros para azotar a vista de todos al ladrón. Cargando los mismos objetos que hurtó, el hombre lleva un letrero con la leyenda: "Por esta razón soy castigado".
Quien relata esta peculiar modalidad es Adolfo Chávez Beyuma, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), quien aspira a darles rango constitucional a este tipo de costumbres autóctonas, practicadas -con distintos castigos, por supuesto- por varias de las 36 etnias originarias que conviven en todo el país, donde más del 60% se reconoce indígena.
"Queremos que se respete ese juicio comunal, con conocimiento de la justicia ordinaria y sin reproches del gobierno", señala el dirigente, cabecilla de una osada propuesta de Carta Magna que fue consensuada en la última Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas.
Este proyecto de los movimientos originarios -que no ahorra pretensiones- se podría resumir en una serie de "pluris": el Estado boliviano debe ser "plurinacional, pluriétnico, pluricultural y plurilingüe". Además, debe reconocer la "autodeterminación de los pueblos".
"Es que hasta ahora el Estado ha sido monocultural", explica el indigenista Fernando Huanacuni. "Hoy se conoce una sola cultura: la mestiza. Lo que queremos es salir de esta situación y llegar a lo plurinacional, es decir, que se reconozca jurídicamente a las 36 nacionalidades, incluyendo sus propios sistemas de justicia, económicos y educativos, así como su espiritualidad y cosmovisión".
Aludiendo a la "imposición de la cultura occidental", que ha "uniformado" los sistemas políticos y jurídicos, el texto aspira a una autonomía indígena de amplios alcances, incluyendo territorio -y expropiaciones- y control casi absoluto sobre los "sagrados" recursos naturales.
"No significa que vayamos a levantar fronteras", aclara Chávez. "Nuestra autonomía no significa que vayamos a desmembrar Bolivia, sino que nuestras autoridades indígenas van a actuar en complementariedad con el gobierno central", agrega.
Pero sí tendrían más poder. Dentro del texto indigenista se proponen cláusulas donde los movimientos sociales toman un gran protagonismo. Cuando se refieren al Poder Ejecutivo, por ejemplo, se plantea que las organizaciones presenten al Presidente de la República ternas con los candidatos a ministro; además, se contempla la creación del Poder Social Plurinacional, una suerte de contraloría conformada por movimientos sociales que vigilaría y controlaría a los otros poderes.
Pero pese al optimismo de los indígenas, que cuentan con el apoyo del "hermano" Evo Morales y del partido mayoritario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), hay sectores escépticos con la corriente indigenista en la Constituyente.
El experto constitucionalista y ex diputado de Unidad Nacional, Hugo San Martín, enmarca esta propuesta en el "momento de radicalismo que vive Bolivia". "Por un lado tenemos ideas del movimiento indígena muy respetables, que van hacia la inclusión, pero también tenemos extremos racistas que solamente tratan de privilegiar el tema de la raza por encima de toda una nación, que ven lo multinacional en función del predominio de la raza aimara o de las razas originarias", señala San Martín.
Dentro de este grupo de los más radicales podría incluirse al otrora temido líder indígena Felipe Quispe, quien señaló a "El Mercurio" que se siente "excluido del proceso de la Asamblea Constituyente". "Los hombres y mujeres que hemos, que hemos dado sangre, no estamos participando", indica. Y agrega que los indígenas que participan en la Asamblea serán "simples floreros" en medio de los "políticos neoliberales", y que a lo más van a lograr "pequeños retoques".
"Si nosotros, los autores de esas movilizaciones, fuéramos partícipes de esta Constituyente, habríamos ido más allá de que lo que proponen ahora. Presentaríamos una propuesta para cambiar el nombre de Bolivia, que viene de Simón Bolívar, y volver a nuestro legítimo nombre: Collasuyu".
Quispe señala que seguirá con atención cómo el oficialismo acogerá estas propuestas indígenas. "Como las llamas, el pueblo está con las orejas bien paradas, mirando como cóndor al indio que está sentado en el palacio de gobierno. Si el indio se vuelve más servil de los gringos, yo creo que el indio que carga esa medalla de oro, los tres colores de los opresores, va a tener problemas con los pueblos indígenas. Habrá una lucha de indios contra indios".
El gran "Pachakuti"
Los pueblos aimaras creen que con la Asamblea Constituyente se concretiza la profecía andina del Pachakuti. "Es el reordenamiento de la vida, la vuelta del tiempo para los pueblos originarios", explica el historiador indigenista Fernando Huanacuni. "Nosotros vemos la vida en ciclos.
Así como hay noche, también hay día. En el año hay invierno, pero también verano, hay tiempo de lluvia y tiempo seco. Y para nosotros en el año 1992 (a 500 años del descubrimiento de América) terminó un sol y empieza otro nuevamente. Pero ahora nuestra historia va en ascenso", señala Huanacuni, quien enumera los hitos que en la última década han marcado la reivindicación indígena: desde la primera Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990, cuando cientos de indígenas mojeños marcharon desde Trinidad hacia La Paz pidiendo el reconocimiento estatal de sus territorios, pasando por las violentas luchas de Felipe Quispe, hasta la elección de Evo Morales y la conformación de una Asamblea Constituyente. "Ahora estamos muy cerca de nuestra meta", concluye.
Proposiciones de Carta Magna
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, dijo el martes que tenía seis proyectos de Constitución en sus manos, pero no entregó especificaciones. Lo cierto es que hasta antes de la instalación de la Asamblea el 6 de agosto pasado, se conocían a grandes rasgos algunas iniciativas, principalmente de los partidos con representación en el debate. La del opositor Poder Democrático y Social, Podemos, se centra en la importancia de las autonomías regionales, y el potencionamiento de las prefecturas (gobernaciones) como contrapeso al gobierno. La postura de Unidad Nacional (UN), también en la oposición, es similar a ésta. El oficialismo, representado en el MAS de Evo Morales, manifiesta la reivindicación de los movimientos sociales, igualdad de géneros, otorgación de tierras y educación para los indígenas.
Reiteran que el contrato está equilibrado
Petrobrás insiste en no aceptar aumento de gas boliviano
Brasil recibe diariamente 24 millones de metros cúbicos del comsbutible proveniente de Bolivia
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
Petrobrás (ente petrolero estatal de Brasil) reiteró que no aceptará un aumento en los precios del gas natural importado, pese a haber ampliado en dos meses el plazo para concluir las negociaciones con su similar Yacimientos Petrolíferos Boliviano (YPFB).
"La novedad en lo que se refiere a Bolivia es que no hay novedad", dijo el director de Gas y Energía de Petrobrás, Ildo Sauer, al ser indagado sobre los resultados de la última ronda de negociaciones, realizada en Río de Janeiro.
En un diálogo con periodistas sostenido en Río de Janeiro, Sauer reiteró que la empresa brasileña no se dispone a pagar más por el energético.
"Creemos que el contrato está equilibrado. Cuando empezamos a importar, en 1999, el gas costaba un dólar por millón de BTU (unidad térmica británica) y remuneraba la inversión. Ahora, cuesta cuatro dólares por millón de BTU, lo que favorece al productor", agregó. La nación andina aspira a un valor similar al que aceptó pagar Argentina, con cuyo Gobierno llegó a un trato que elevó el gas de 3,20 dólares a cinco dólares el millón de BTU (unidad térmica británica).
Brasil recibe diariamente 24 millones de metros cúbicos diarios de este combustible. Por los primeros 16 millones de metros cúbicos, paga 3,43 dólares por millón de BTU y 4,21 dólares por millón de BTU por las compras que excedan ese límite.
El ejecutivo de Petrobrás declinó comentar las declaraciones recientes del Gobierno boliviano sobre la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional si no logra que Petrobrás aumente el precio que paga por el gas importado.
"Respeto las declaraciones, pero nosotros no negociamos a través de la prensa", enfatizó.
El lunes pasado, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, consideró "probable" el recurso al arbitraje internacional para dirimir el diferendo con Brasil sobre el precio del gas natural.
"O hay un acuerdo binacional o si no hay acuerdo dentro de 60 días en México habrá arbitraje, esa es la decisión del Gobierno boliviano. No puedo decir que va a ser así, pero lo más probable es que vayamos a un arbitraje", señaló Soliz Rada.
En otra declaración formulada al ser interpelado por la Cámara de Senadores, Soliz Rada acusó a Petrobrás de trabar el proceso de nacionalización que puso en marcha el gobierno del presidente Evo Morales, publica este miércoles el diario La Razón, de La Paz.
"En el tema de la nacionalización no nos dejan avanzar, ahí encontramos problemas. Yo creo que hay que volver al elemento político, a la relación entre los presidentes (Luiz Inácio) Lula da Silva y Evo Morales, para avanzar en estos temas que nos están trabando", afirmó, al comparecer la noche del martes ante el Senado.
Reveló igualmente que la petrolera supeditó la firma de nuevos contratos a que se modifique un artículo de la Ley de Hidrocarburos, al pago de una compensación por los "efectos negativos" causados por esa norma y por la nacionalización e incluso por una "cláusula de arbitraje internacional". Rada indicó que la compañía brasileña dio a conocer su pedido en una carta enviada el 26 de junio de 2006 al vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Juan Carlos Ortiz. Bolivia, que emprendió un proceso de nacionalización de sus hidrocarburos el pasado 1 de mayo, mantiene negociaciones con Brasil a fin de acordar un incremento en el precio de su energético.
LA COMUNIDAD BOLIVIANA NO PIERDE LA ILUSIÓN DE PROGRESAR
Aun en los casos en que sus condiciones de vida no son las más adecuadas, sostienen que se vive mejor aquí que en la árida Puna.
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
El sueño de un porvenir mejor los hace dejar los áridos suelos de la Puna en busca de lugares más fértiles para desarrollar su vida y su actividad productiva. La inmigración boliviana comenzó en los años 60, cuando venían a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Pero el aluvión ocurrió en la década de 1980. En Tucumán ocuparon la zona de Lules, donde comenzaron a trabajar en fincas, especialmente en el cultivo de frutillas. Hoy algunos son propietarios; otros, comerciantes, y una minoría logró hacer una carrera profesional u ocupar puestos de influencia. Según los cálculos de estudiosos, el 30% de la comunidad creció económicamente; el 45% tiene un nivel de vida regular, y el resto, la pasa mal. En el sur les pagan más, pero no les gusta el frío. La comunidad boliviana se extendió a todo el país. El informe que se publica en esta edición forma parte de notas realizadas por la Red de Diarios del Interior, que integran LA GACETA; “Río Negro”, de General Roca; “El Litoral”, de Santa Fe; “Los Andes”, de Mendoza; y “La Capital”, de Rosario.
¿CÓMO SERÁ UN SEGUNDO GOBIERNO DE LULA?
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com)
Amenos de seis semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, existe una creencia generalizada entre los ''brasilianólogos'' de Estados Unidos que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ganará fácilmente la reelección, y que en su segundo mandato se moverá aún más hacia el centro.
Según las últimas encuestas, Lula tiene un ventaja de 20 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano, el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin. A pesar de los escándalos de corrupción de su gobierno y sus frecuentes metidas de pata -en una reciente entrevista televisiva, Lula dijo que la única cosa que está cayendo en Brasil son los salarios, cuando en realidad queria decir la inflación -el presidente brasileño se está beneficiando de una economía en repunte y de una mejora de los salarios reales.
La gran pregunta es si la política exterior de Brasil cambiará en un segundo período de Lula. En los últimos meses, el liderazgo brasileño en Sudamérica ha sido eclipsado por el presidente venezolano Hugo Chávez, que se roba los titulares con anuncios bombásticos casi a diario. Algunos analistas especulan que Lula ha dado un paso atrás, porque -por lo menos hasta las elecciones del 1 de octubre -no quiere quedar mal con sus votantes de izquierda.
Antes de decirles cómo creo que sería un segundo mandato de Lula, veamos lo que me dijeron algunos de los principales expertos norteamericanos en Brasil esta semana:
Timothy Power, presidente de la Asociación de Estudios Brasileños de Estados Unidos y profesor visitante de la Universidad de Oxford, Inglaterra, me señaló que una segunda presidencia de Lula ''definitivamente no será más izquierdista'' que la primera.
''En un segundo gobierno de Lula, su Partido de los Trabajadores (PT) tendrá un papel reducido, y sus asesores históricos también lo tendrán, porque han sido marginados por los escándalos de corrupción'', dijo Power. ``Lula está haciendo su campaña individualmente, y no como un lider del PT''.
Power añadió que, en un segundo mandato, Lula tendría que compartir más poder en el Congreso, porque probablemente su partido perderá un tercio de sus bancas en las elecciones. Lula tendrá que reemplazar los votos del PT con otros de partidos de centro, explicó Power.
''El segundo gobierno de Lula mostrará una especie de tibia solidaridad hacia Chávez, pero no más que eso'', dijo Power. ``La política exterior de Lula ha sido en gran medida para consumo interno: Lula necesita una política exterior de izquierda para mantener sus credenciales izquierdistas, porque su política económica no ha tenido nada de izquierdista''.
Kenneth Maxwell, director de Estudios Brasileños de la Universidad de Harvard, me dijo que ``la retórica de la campaña de Lula va a ser más populista , pero en la práctica probablemente va a ser más conservador''.
Además de tener que hacer alianzas con los partidos de centro en el Congreso, Lula tendrá que adoptar políticas de línea dura para combatir el crimen callejero, las bandas armadas y la corrupción policial. También, los intereses de Brasil están empezando a chocar con los de Chávez y Evo Morales, señaló.
''Lo que veremos será una diplomacia silenciosa, que tratará de mitigar las conscuencias más extremas de las medidas populistas sobre los intereses del Brasil'', como la reciente nacionalización de la compañías de gas extranjeras en Bolivia, dijo Maxwell.
Paulo Leme, director de investigación de mercados emergentes de Goldman Sachs, dijo que no espera ver muchos cambios en un posible segundo mandato de Lula.
La buena noticia es que en general mantendrá las políticas macro-económicas responsables'', dijo Leme. La mala noticia es que, a medida que la economía mundial se está desacelerando, el crecimiento de Brasil se frenará por la falta de voluntad política de Lula de llevar a cabo las reformas de seguridad social y fiscal, y por su reticencia de entrar a un tratado de libre comercio con Washington.
Mi conclusión: Efectivamente, lo más probable es que Lula será reelecto, y que su política exterior no cambie mucho. Sin embargo, no me sorprendería que -sin romper con Chávez, ni mucho menos- Lula tome un poco más de distancia del comandante venezolano.
Me tocó estar en Brasil en mayo, cuando Morales anunció la nacionalización de las plantas de Petrobras y otras empresas extranjeras en Bolivia, después de una reunión con Chávez en La Habana. Los brasileños estaban furiosos. Me cuesta pensar que en un segundo mandato, Lula seguirá haciendose el distraído mientras Chávez sigue minando el liderazgo brasileño en la región, o cuando Bolivia arremeta contra compañías brasileñas. Brasil es un país demasiado grande, y demasiado orgulloso, como para que su Presidente sea visto como un segundón de Chávez, o alguien que puede ser intimidado por Morales.
OTRA VEZ ARGENTINA RECORTA GAS A CHILE
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
El gobierno argentino profundizará nuevamente los recortes de gas a industrias en Chile, luego que decidiera flexibilizar las condiciones en que operan las estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC), y elevara la cuota de consumo interno.
No obstante, la subsecretaría de Combustible trasandina limitará las exportaciones de gas natural que llegan al país sólo a los volúmenes necesarios, para no afectar el abastecimiento de los consumidores residenciales de la zona de Santiago. En tanto, el embajador de Chile en Buenos Aires, Luis Maira, catalogó como un "episodio poco favorable" la situación suscitada entre ambas naciones por la polémica a raíz del valor del gas que el país trasandino asignó para sus envíos.
CONFÍAN QUE EN OCTUBRE SE APROBARÁ LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
El proyecto de ley de promoción para la exploración y explotación de hidrocarburos, debatido ayer en un plenario por las comisiones de Energía y Combustibles, y la de Presupuesto y Hacienda, será tratado por la Cámara de Diputados a mediados de septiembre próximo y se descuenta que obtendrá la media sanción del cuerpo. "Habrá algunas pequeñas modificaciones, pero sustancialmente es una ley que se va a aprobar en no más de 30 días en Diputados y espero que el Senado lo trate en octubre, por lo que en dos meses tendremos ley", dijo a Télam el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Alfredo Fernández.Los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto con la de Energía y Combustibles, bajo la presidencia de la titular de ésta última, Roxana Bertone, analizaron hoy los diferentes aspectos de la norma, durante un plenario conjunto realizado en el segundo piso del Edificio del Anexo del Congreso.
Fernández, del Frente para la Victoria, en forma irónica celebró "que hoy la mayoría de los legisladores estén apoyando a Enarsa, porque cuando tratábamos la ley de su creación no fue así".
"Creo que la tenemos que seguir defendiendo, la ley es perfectible para defender todo lo que tenga que ver con la Empresa Nacional de Energía (Enarsa)", acotó el diputado oficialista. La norma exigirá a los potenciales beneficiarios de la política de promoción, que consiste básicamente en exenciones impositivas, asociarse con la empresa pública de energía como requisito para obtenerlos.
"Para acceder a los beneficios otorgados por este régimen, Enarsa deberá formar parte, en asociación, del permiso de exploración y de la posterior concesión de explotación", dispone el artículo cuarto del proyecto.Aunque afirma que "esa asociación tendrá carácter de ineludible para acceder a este régimen promocional", los interesados podrán aspirar a los beneficios sin el requisito de asociación pero "sólo en el caso de una renuncia explícita (de Enarsa) ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal". El proyecto debatido hoy fue consensuado por legisladores del Frente para la Victoria en consulta con el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.Por su parte, el diputado santacruceño José Manuel Córdoba dijo que la ley "da más recursos al Estado nacional en función de lo que se licite a partir de Enarsa, en el continente o la plataforma continental, y aumenta la participación de las provincias productoras o las que estén promocionando una empresa energética provincial".
Recordó que su provincia, Santa Cruz acaba de firmar un convenio de exploración y explotación con Petrobras en el que participa de 14 por ciento de la rentabilidad que el emprendimiento obtenga.
"Eso hasta hoy no existía. El riesgo de la inversión lo asume el sector privado, y el Estado tendrá a partir de la producción de cada área, en este caso gas, un metraje equivalente a lo que firmó la Nación con Bolivia (7,7 millones de m3/día)", dijo Córdoba.
Los principales cuestionamientos al proyecto estuvieron referidos al papel de Enarsa y los destinatarios de los beneficios impositivos. "Es inaceptable porque premia a todos los que han venido saqueando el recurso petrolero en Argentina al otorgar beneficios fiscales a quienes incumplieron con todo el proceso de inversión que debieron realizar a partir de la fabulosa renta que les transfirió el Estado en el proceso de privatización", afirmó el diputado porteño Claudio Lozano.
"Esto -agregó- bajo la peregrina idea de que transfiriendo nuevamente mayores ventajas invertirán esta vez. En la práctica mantiene el esquema de los 90 cuyos efectos indefectiblemente impactarán sobre las futuras generaciones", se quejó el diputado.
Durante el plenario no faltaron las disputas políticas, como la que se produjo cuando la diputada Griselada Herrera -del Frente para la Victoria- increpó duramente a la duhaldista Marina Cassese cuando ésta criticaba el papel dado a Enarsa en la ley.
El vicepresidente de la Comisión de Combustible y titular del Comité Nacional de la UCR, el mendocino Roberto Iglesias, manifestó sus "dudas con respecto a la participación de la empresa Enarsa en esto. No sé si la vemos como necesaria y en caso de serlo habría que explicarlo", dijo el legislador opositor.
Señaló que "la ley es tan amplia que se podría prestar a cualquier cosa" a modo de ejemplo citó que "Enarsa podría asociarse en un área con certeza de gran potencial y participar en el capital de exploración con 90 por ciento y 10 por ciento el privado, y luego en explotación revertir esos índices".
Además planteó las dificultades que se presentan en el caso de áreas administradas por las provincias.En cuanto a los beneficios impositivos, según Iglesias, "al precio que tiene hoy el petróleo, 73 dólares el barril, no creo que no sea conveniente hacer exploración de riesgo, y evitar los beneficios impositivos que en definitiva perjudican a todos".
El proyecto fue cuestionado también por Graciela Camaño; Oscar Aguad de la UCR; mientras que la defensa estuvo a cargo de los oficialistas Carlos Snopek, presidente de la Comision de Presupuesto; y Juan Carlos Gioja; entre otros.
Según el texto del proyecto, que consta de 20 artículos, el régimen promocional se aplicará en todas las provincias que adhieran a él.
Además de la plataforma continental, integrarán el régimen todas las áreas con potencial geológico sobre las cuales no existan actualmente derechos de terceros otorgados por la ley 17.319, con excepción de los asignados por la ley 25.943. Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental; cuatro años, para cuencas sedimentarias sin producción y tres años, si tienen producción.
La autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto Nacional.
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