A poco más de siete meses de haber asumido el Gobierno se le terminó la miel sobre hojuelas al Presidente boliviano Evo Morales. A los antiguos reclamos regionales se sumaron ahora las exigencias de su propia base política, los grupos cívicos y de trabajadores, que están comenzando a cobrarle la palabra, acosando al Mandatario -que ha prometido “refundar Bolivia- con huelgas y paros. Choferes, maestros, los gremios de la salud y trabajadores petroleros, entre otros, han mantenidos muy ocupados a los personeros de Gobierno y al propio Mandatario, que en persona ha intentado apagar algunos de los “incendios” desatados en las últimas semanas. De hecho, Morales negociaba ayer los reclamos locales de dos regiones de Bolivia en huelga por atención oficial, mientras buscaba acercarse a un sindicato de maestros que amenazaba con paralizar las clases en todo el país, apenas horas después de haber alcanzado un acuerdo con el gremio de los choferes, que ya había paralizado tres de las nueves ciudades más importantes del país. El combativo sindicato de maestros -de orientación trotskista- demanda un nuevo congreso para la educación y la destitución del ministro Félix Patzi. Mientras, el Mandatario intentaba frenar una huelga de hambre de dirigentes civiles de la región sudeste de Chuquisaca, en demanda de mayor preocupación por parte del Gobierno. Con esto en mente, el Jefe de Estado -que ayer se reunió de urgencia con su gabinete- elaboró un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia. Editorial
LA ESTRATEGIA DE LA PRESIÓN
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
La tensión entre Repsol YPF y el Gobierno boliviano ha subido varios enteros desde el viernes. Ese día, la fiscalía boliviana decretó un nuevo allanamiento de las oficinas de Andina, la filial de Repsol, y la detención de un directivo por un supuesto pacto de venta de gas a Petrobras, en 2002, a un precio que, según la acusación, habría causado un perjuicio económico al erario boliviano. Repsol rechaza la acusación y asegura que el acuerdo se formalizó con todos los requisitos legales y no causó quebranto alguno al Estado de Bolivia. El hecho de que el directivo detenido, al que se ha suavizado la detención por un arresto domiciliario, no trabajase aún en Andina cuando se negoció el contrato, da idea de cómo se están haciendo las cosas en Bolivia.
Este nuevo enredo -del que el Repsol ha salido indemne en Bolsa- se produjo poco antes del comienzo, el lunes, de las negociaciones para adaptar los contratos de las petroleras a la nueva situación, tras el decreto de mayo para nacionalizar los hidrocarburos. La coincidencia hace difícil eludir la idea de que es una forma de presión negociadora. Si así fuera, Evo Morales y su Gobierno están siguiendo una estrategia equivocada.
Repsol ha subido el tono y, en un inusual comunicado por su dureza, ha denunciado la 'injustificada y reiterada persecución judicial' que sufre en Bolivia, con medidas impropias de un Estado de derecho. A la advertencia de que acudirá a los tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos -que son, no se olvide, los de sus accionistas- respondió ayer el Gobierno boliviano con otra vuelta de tuerca: amenazó con demandar a la petrolera por 'saqueo'. Todo un giro después de que el Ejecutivo de Morales diera, según el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 'su compromiso político para buscar una solución a través del diálogo'.
La diplomacia tiene métodos para ejercer un apoyo más fiable y eficaz a las empresas españolas. Morales, por su parte, donde debe poner el empeño es en crear un marco de seguridad jurídica que hoy no existe.
Opinión
BOLIVIA, ENTRE EL COMERCIO Y LA RETÓRICA
El Universal de México (www2.eluniversal.com.mx)
La reciente designación por parte de Evo Morales de un periodista de izquierda que habla poco inglés como embajador en Washington, podría sugerir que el presidente boliviano tiene un interés limitado por establecer un diálogo significativo con Estados Unidos. Sin embargo, al menos en un aspecto crítico, el comercio, Bolivia tiene fuertes incentivos para relacionarse con la gran potencia del norte.
La próxima semana Álvaro García, vicepresidente de Bolivia, visitará Washington por segunda ocasión este año para tratar de persuadir a los miembros del Congreso de extender la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas Andina (ATPDEA, por sus siglas en inglés), un conjunto de preferencias arancelarias programadas para expirar en diciembre.
Ese objetivo ha sido adicionalmente complicado por la insistencia de Evo Morales en explotar el sentimiento anti-estadounidense en casa, para fortalecer su popularidad entre los radicales que conforman sus bases fundamentales.
Antes de su sorprendente victoria electoral el año pasado, la mayoría de los analistas pronosticaba que como presidente Morales colocaría a La Paz y Washington en una posición de confrontación. Tras los comicios se presentó un breve lapso de mejoría en las relaciones. Morales dio la bienvenida a Tom Shannon, el principal funcionario del Departamento de Estado para Latinoamérica, cuando éste ofreció un discurso ante el Congreso boliviano, y George W. Bush llamó a Morales para felicitarlo por su victoria. No obstante, las cosas empezaron pronto a descomponerse.
En abril Morales se quejó de que Washington le había negado las visas a algunos miembros de su administración. En mayo afirmó que Estados Unidos tenía planeado asesinarlo. Para junio estaba acusando a la CIA de capacitar subrepticiamente a agentes en Santa Cruz, en el sudeste del país. Y el mes pasado acusó al gobierno de estadounidense de "chantajearlo" con el asunto de la coca.
"En su actitud hacia Estados Unidos, Evo busca reforzar la imagen de Bolivia como una víctima del poder imperial", indicó Roberto Laserna, un consultor político de la ciudad de Cochabamba que es crítico del gobierno. "Constantemente está tratando de provocar reacciones enérgicas de Estados Unidos. Lo que busca es el conflicto y la confrontación, pues siente que esa es la forma de obtener apoyo en casa, y es parte de su relación con (el antiestadounidense presidente de Venezuela, Hugo) Chávez".
Simpatizantes del gobierno destacan que Estados Unidos atacó a Morales durante una década antes de que asumiera el cargo. Asimismo, Washington lo ha criticado periódicamente en público desde entonces. En febrero, Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, dijo que la victoria de Morales era "claramente preocupante". En mayo Bush lamentó la "erosión de la democracia" en Bolivia. Y Adolfo Franco, administrador adjunto de la agencia de EU para el desarrollo, advirtió ante el Congreso en junio que Morales había mostrado "inclinaciones de consolidar el Poder Ejecutivo y promover reformas potencialmente anti-democráticas".
"La relación entre Bush y Evo siempre será difícil", indicó Jim Shultz, del Centro para la Democracia, un centro de investigaciones de tendencias izquierdistas en Cochabamba. "Podría resultar que la diferencia real entre ellos se vuelva insuperable. Pero por el momento (la relación) se está desmoronando debido a una retórica innecesaria".
La deteriorada relación no fue ayudada por el anuncio de La Paz, en mayo, de que nacionalizaría las vastas reservas de gas de Bolivia, aunque esa decisión prácticamente no afectó a las compañías estadounidenses. La erradicación de la coca, materia prima de la cocaína, se ha reducido, aunque funcionarios estadounidenses reconocen en privado que, debido a que la mayoría de la cocaína de Bolivia se destina a Brasil y Europa, esto es un problema menor para Estados Unidos que la producción colombiana.
El tema de la ATPDEA es más espinoso: las exportaciones realizadas bajo ese programa totalizaron 157 millones de dólares, alrededor de la mitad de todas las exportaciones a EU. Las compañías textiles que se benefician con las preferencias dan empleo a unos 10 mil bolivianos, y se considera que serían las más afectadas en caso de que el régimen no se extendiera.
Esto plantea a Washington un dilema. Estados Unidos no quiere recompensar a los países andinos -ni Bolivia ni Ecuador- que no han negociado acuerdos comerciales bilaterales como lo han hecho Perú y Colombia. Pero abandonar a la nación más pobre de Sudamérica significaría abandonar sus esfuerzos de erradicación de coca en el tercer productor más importante de cocaína del mundo, y podría empujar a Morales más firmemente a los brazos de Chávez.
A funcionarios de EU les preocupa que si Washington se niega a extender el ATPDEA, podría estar involuntariamente impulsando a Morales en casa al permitirle avivar una postura antiestadounidense. Al final, la decisión sobre el ATPDEA la tomará el Congreso.
En un año electoral que podría traer una legislatura de EU más hostil hacia los arreglos comerciales, las posibilidades de Bolivia de lograr una extensión son escasas.
El resultado podría ser un endurecimiento de la posición del miembro más reciente del bloque antiestadounidense de Chávez, y un reconocimiento tácito de EU de que sus prioridades de política en Bolivia -fortalecimiento de la democracia, desarrollo económico y lucha contra las drogas- han fracasado.
Senador Jaime Orpis sobre vuelta atrás en posición de gas por mar
"NO PODEMOS CONFIAR EN GAS BOLIVIANO"
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Tan sólo 24 horas pasaron para que los hechos le dieran la razón.
En medio de los elogios y buenos augurios por el anuncio boliviano que daba por desechada la estrategia de gas por mar en sus relaciones con Chile, el senador Jaime Orpis (UDI) tuvo una postura discordante. Llamó a tener prudencia y observar con cuidado lo que pasaría en ese país.
En su opinión, los gobiernos de Bolivia tienden a ser volubles en sus actuaciones y no podía garantizarse que anuncios de cambios en su política exterior hacia Chile fueran a sostenerse en el tiempo.
Dicho y hecho.
Ayer, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, desmintió al canciller David Choquehuanca, al asegurar que la política exterior de su país respecto de Chile no ha variado y que el Gobierno de Evo Morales respeta el sentir ciudadano sobre el tema marítimo.
Esto, luego que los anuncios de Choquehuanca provocaran críticas en distintas organizaciones sociales de ese país.
NO CONFIAR
El senador Orpis reaccionó ayer diciendo que esto demuestra "que en temas tan estratégicos, como el energético, Chile no puede confiar en declaraciones de un canciller que son desmentidas luego por el Presidente de la República".
El parlamentario se refirió así a las perspectivas de venta de gas boliviano que habían surgido tras el anuncio del abandono de la política de gas por mar.
En esta materia, Orpis llamó a aprender "no sólo las lecciones argentinas, sino también las bolivianas, porque no estamos dispuestos a renunciar a la soberanía sobre el mar".
El senador manifestó que en materia energética, Chile tiene que adoptar decisiones estratégicas y que entre ellas, resulta muy importante desarrollar el proyecto de Gas Natural Licuado en el norte, "que nos va a dar más autonomía energética", aseveró.
En su calidad de presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, anunció que el grupo parlamentario está a 30 días de importantes cambios legales para estimular las energías renovables.
Entre ellas, las más prometedoras son la energía solar y la eólica (viento), para cuyo desarrollo el extremo norte del país tiene importantes condiciones.
OPCION NUCLEAR
Una vez que la Comisión de Energía y Minería del Senado concluya su trabajo sobre las energías renovables, comenzará a analizar el tema de la energía nuclear, adelantó Orpis, "porque Chile necesita todos los años 400 megawatts adicionales y no puede descartar ningún tipo de energía". Esa demanda, ilustró, equivale a tres cuartos de la central Ralco cada año y se estima que en diez años se duplicará.
MORALES INSTA A LAS PETROLERAS A PAGAR 30 MILLONES EN 24 HORAS
La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)
Repsol YPF, Petrobras y Total, las principales petroleras de capital extranjero que operan en Bolivia, tendrán que abonar conjuntamente al Estado 30 millones de dólares antes de mañana. Ése es el plazo que otorgó el pasado lunes el Ejecutivo de Evo Morales para saldar un impuesto adicional del 32% enmarcado en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, según anunció una portavoz del ministerio del sector.De producirse el pago, sería la primera repercusión económica directa desde que se anunció la nacionalización, el pasado 1 de mayo. El dinero permitirá dotar de recursos a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), con problemas logísticos y financieros.
Nuevos pagos
El plan del Gobierno, según declaró la portavoz a un diario de la ciudad de Santa Cruz, prevé otros cuatro pagos hasta octubre. Repsol, Petrobras y Total están afectadas por este impuesto al retener el mayor número de acciones de dos grandes campos de gas incluidos en el decreto de nacionalización.El hecho se produce en un momento de creciente tensión entre Repsol y el Ejecutivo de Morales. Ayer, la firma española remitió un comunicado en el que asegura que sí había presentado la documentación requerida por la Fiscalía antes del registro que sufrió el pasado viernes, y que desembocó en el arresto domiciliario de un directivo. Por ese allanamiento, Repsol amenazó con denunciar la actuación judicial, tildada de «persecución», ante los tribunales internacionales.
El Gobierno boliviano respondió con una advertencia similar, en este caso por el supuesto «saqueo» de las petroleras. En el comunicado de ayer, Repsol asegura que «la ejecución no tuvo justificación alguna», ya que cumplieron con la documentación requerida por la Justicia boliviana, referida a los últimos cinco ejercicios.Para rebajar el tono, desde el Ejecutivo del país andino se anunció ayer que su vicepresidente, Álvaro García Linera, viajará a España a finales de septiembre para atemperar el conflicto y allanar así el camino para la negociación del nuevo contrato con Repsol.
Pero Morales y su gabinete no sólo han tenido que enfrentar las tiranteces con Repsol. Ayer tomó posesión el nuevo presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, en sustitución de Jorge Alvarado, relevado de su cargo tras recibir una acusación de corrupción. Alvarado, hasta ahora hombre fuerte de Morales en la compañía estatal, fue acusado de infringir el proceso de nacionalización al firmar un contrato con una compañía para exportar petróleo a Brasil.
IncorruptibleSi bien Morales declaró que «el compañero Alvarado es incorruptible», el presidente ha aceptado la dimisión del directivo en un contexto de protestas de otro ámbito, pero de mayor calado social. En los últimos días, el Gobierno boliviano ha tenido que lidiar con una huelga de transportes, ya levantada después de sumir en el caos a las principales ciudades del país, y también con el paro de los maestros, que todavía continúa.
PESE A LA CRISIS EN BOLIVIA, EVO SIGUE MIRANDO HACIA OTRO LADO
En este caso, a Chile. Su gobierno afirmó que respetará el referendo que en 2004 aprobó la estrategia "gas por mar" para una salida al Pacífico, tras ser criticado por anunciar el abandono de esa fórmula
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
"Nuestro gobierno mantiene y también preserva lo logrado en el referendo del año 2004", y "respeta la decisión mayoritaria del pueblo boliviano respecto a la política marítima", declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa.
El asunto fue analizado ayer por el presidente boliviano, Evo Morales, y sus ministros, a raíz de protestas de sectores sociales, sindicatos y parlamentarios oficialistas y opositores.
La reacción del Gobierno se produjo después de que el canciller, David Choquehuanca, anunciase el abandono de la fórmula "gas por mar" porque Chile la considera un "chantaje", algo que fue elogiado ayer por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Quintana señaló que el Gobierno preserva "como política de Estado y de manera invariable la reintegración marítima" y, por tanto, eso "forma parte de la política de relaciones internacionales". "No se ha cambiado ni un milímetro, no se cambiará ahora y seguramente esto no sufrirá modificaciones, mientras no se cancele esta importante deuda histórica con el país", sostuvo Quintana, en relación al reclamo boliviano de lograr una salida al Pacífico.
Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de una negociación destinada a solucionar el problema que fue encarada por los entonces dictadores de Bolivia, Hugo Banzer, y Chile, Augusto Pinochet. Bolivia y Chile libraron una guerra a finales del siglo XIX, en la que los bolivianos perdieron 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa.
En julio del 2004, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) convocó a un referendo sobre la política del gas que aprobó mayoritariamente usar ese recurso como un arma de negociación con Chile para obtener una salida al Pacífico.
Morales, en una reciente entrevista con el diario "El Mercurio" de Santiago de Chile, declaró que la política de Mesa fue equivocada y su canciller amplió el lunes esas declaraciones, afirmado que este era otro Gobierno. "El presidente Evo Morales ha indicado también que no vamos a hablar de gas por mar porque suena a chantaje", dijo el ministro en rueda de prensa en La Paz.
Bachelet dijo que las declaraciones de Choquehuanca "satisfacían mucho" a su gobierno y estaban en la misma dirección en que trabajan en ambos países. Quintana, en cambio, afirmó que el Gobierno reafirma "la política marítima" y la consideró "irrenunciable".
Agregó que, en el marco del "nuevo ciclo político" que viven las relaciones de Bolivia y Chile, han habido avances en el diálogo para construir una agenda sin exclusiones, en la que el Gobierno chileno ha incorporado "el tema de la reintegración marítima".
"Es una problemática que antes la diplomacia chilena se había negado a aceptar. Hoy lo hace comprendiendo el contexto histórico y político que vive nuestro país", dijo Quintana.
Las críticas hechas desde distintos sectores recordaron que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue parte de las movilizaciones que en octubre del 2003 frenaron la venta de gas a los Estados Unidos usando puertos de Chile.
La represión de esa ola de protestas dejó un saldo de 60 muertos, la mayoría en la ciudad de El Alto, y derivó en la renuncia y la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a los EEUU.
El diputado Fernando Messmer, jefe del grupo parlamentario del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), dijo el martes a la prensa que los masistas "derribaron a un presidente", supuestamente porque iba a vender gas a Chile, y ahora actúan con "doble moral".
El concejal de El Alto Roberto de La Cruz, uno de los líderes de las movilizaciones del 2003, dijo que "era una reverenda metida de pata del gobierno", y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional alteña señaló que no se podía ceder en la posición de gas por mar.
UN ATAQUE DE NACIONALISMO LO OBLIGO A SILENCIAR A SU CANCILLER
EVO NO PUEDE HABLAR DE GAS POR MAR
Las declaraciones optimistas de su canciller causaron un revuelo y obligaron al presidente boliviano a bajar el perfil del asunto, ya que quedó demostrado que cuanto menos se hable del tema, más se avanza. El idilio con Bachelet sigue viento en popa.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Las declaraciones pronunciadas el lunes por el canciller David Choquehuanca, indicando que Bolivia ponía punto final a la política de “gas por mar”, causaron un terremoto político aquí. Ayer el presidente Evo Morales desautorizó al jefe de su diplomacia y ratificó que no habrá gas para Chile mientras no se salde la “deuda histórica” del acceso soberano al mar, perdido en la guerra del Pacífico (1879-1884) que condenó a Bolivia a ser un país mediterráneo.
La historia de enredos empezó el domingo pasado cuando en una entrevista publicada por el diario chileno El Mercurio, en el que Morales declaró con cierta ambigüedad: “Hay un sentimiento del pueblo boliviano que dijo ‘gas por mar’ en un referéndum. No lo comparto. El presidente Mesa se equivocó. Yo nunca habría metido en una pregunta ‘gas por mar’. Hablando a calzón quitado, el tema es que a Chile le sobra el mar, tiene mucho. A nosotros nos sobran algunos recursos naturales. Entonces tenemos que entendernos para que haya cierto equilibrio”. Un día después, el canciller Choquehuanca hacía una interpretación libre de los dichos de su jefe y declaraba a la prensa boliviana que “la política de gas por mar suena a chantaje” y abría la posibilidad de venderle gas a Chile sin cerrar previamente el tema marítimo. “No es gas por mar, estamos trabajando en una política de confianza mutua con el gobierno chileno”, dijo.
Las reacciones no se hicieron esperar: a Michelle Bachelet las palabras de Choquehuanca le sonaron como música para sus oídos. “Nos satisfacen mucho (las declaraciones del canciller)”, dijo la presidenta chilena. Y la reacción contraria provino de las organizaciones sociales bolivianas, un sector del propio oficialismo y una oposición de derecha que no desperdicia oportunidad para dar fe de su patriotismo.
“Primero el tema marítimo, después el negocio”, dijo el jefe de la confederación campesina y dirigente del MAS Isaac Avalos. “Los masistas derribaron un gobierno (en el 2003) porque supuestamente iba a vender gas usando puertos chilenos y hoy, con la doble moral que caracteriza a este gobierno, hablan sin reparos de vender gas a Chile”, acusó el jefe de la bancada de Diputados de Poder Democrático Social (Podemos). “Es parte de la improvisación con la que se maneja la política exterior en este gobierno”, completó los ataques el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
La política de “gas por mar” fue diseñada por el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) y ratificada en el referéndum del 18 de julio de 2004 cuando el 55 por ciento de los bolivianos votó afirmativamente a la pregunta que proponía “utilizar al gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacífico”. Mesa llegó al sillón presidencial luego de que una asonada popular derribara a su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, justamente por intentar exportar gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos. El saldo fue de 60 muertos y más de 400 heridos.
En Bolivia no es raro escuchar “muerte a los chilenos” en algunos actos patrióticos, pero tampoco resulta difícil ver a la burguesía de los barrios exclusivos vestida de pies a cabeza con diseños de ese país vecino. Pese a no haber relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, en los últimos años se ha avanzado en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22) que incluye la liberación comercial progresiva.
En ese marco de amores y odios, Evo Morales inició una política de acercamiento basada en su buena relación personal con Michelle Bachelet y los vicecancilleres avanzaron en una agenda que incluye, por primera vez, el tema marítimo. “Pronto se van a reunir los cancilleres de los dos países. No será en Chile ni en Bolivia, tampoco en Estados Unidos, por si acaso... Van a avanzar en la agenda de trece puntos”, le dijo Morales a El Mercurio.
Pero ayer Bachelet quedó en off side cuando el gabinete boliviano en pleno desautorizó de manera tajante a Choquehuanca y ratificó que las canillas del combustible que necesita Chile seguirán cerradas. “Nuestro gobierno preserva como política de Estado y de manera invariable el reclamo de reintegración marítima. No variará ni un milímetro mientras no se salde esta deuda histórica”, clausuró ayer la discusión el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En público, Morales se abstuvo de criticar a su canciller, pero fuentes del gobierno aseguran que a puertas cerradas, en la reunión de gabinete, Morales le dijo a su canciller que no hable más del tema. Morales ha dicho muchas veces que con el tema del mar cuanto menos se habla más se avanza, porque la cuestión es muy sensible para los dos países.
LA DERECHA PACEÑA TAMBIÉN CRITICÓ ANUNCIO DEL TITULAR DE LA CANCILLERÍA
LA ESTRATEGIA DE LA PRESIÓN
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
La tensión entre Repsol YPF y el Gobierno boliviano ha subido varios enteros desde el viernes. Ese día, la fiscalía boliviana decretó un nuevo allanamiento de las oficinas de Andina, la filial de Repsol, y la detención de un directivo por un supuesto pacto de venta de gas a Petrobras, en 2002, a un precio que, según la acusación, habría causado un perjuicio económico al erario boliviano. Repsol rechaza la acusación y asegura que el acuerdo se formalizó con todos los requisitos legales y no causó quebranto alguno al Estado de Bolivia. El hecho de que el directivo detenido, al que se ha suavizado la detención por un arresto domiciliario, no trabajase aún en Andina cuando se negoció el contrato, da idea de cómo se están haciendo las cosas en Bolivia.
Este nuevo enredo -del que el Repsol ha salido indemne en Bolsa- se produjo poco antes del comienzo, el lunes, de las negociaciones para adaptar los contratos de las petroleras a la nueva situación, tras el decreto de mayo para nacionalizar los hidrocarburos. La coincidencia hace difícil eludir la idea de que es una forma de presión negociadora. Si así fuera, Evo Morales y su Gobierno están siguiendo una estrategia equivocada.
Repsol ha subido el tono y, en un inusual comunicado por su dureza, ha denunciado la 'injustificada y reiterada persecución judicial' que sufre en Bolivia, con medidas impropias de un Estado de derecho. A la advertencia de que acudirá a los tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos -que son, no se olvide, los de sus accionistas- respondió ayer el Gobierno boliviano con otra vuelta de tuerca: amenazó con demandar a la petrolera por 'saqueo'. Todo un giro después de que el Ejecutivo de Morales diera, según el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 'su compromiso político para buscar una solución a través del diálogo'.
La diplomacia tiene métodos para ejercer un apoyo más fiable y eficaz a las empresas españolas. Morales, por su parte, donde debe poner el empeño es en crear un marco de seguridad jurídica que hoy no existe.
Opinión
BOLIVIA, ENTRE EL COMERCIO Y LA RETÓRICA
El Universal de México (www2.eluniversal.com.mx)
La reciente designación por parte de Evo Morales de un periodista de izquierda que habla poco inglés como embajador en Washington, podría sugerir que el presidente boliviano tiene un interés limitado por establecer un diálogo significativo con Estados Unidos. Sin embargo, al menos en un aspecto crítico, el comercio, Bolivia tiene fuertes incentivos para relacionarse con la gran potencia del norte.
La próxima semana Álvaro García, vicepresidente de Bolivia, visitará Washington por segunda ocasión este año para tratar de persuadir a los miembros del Congreso de extender la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas Andina (ATPDEA, por sus siglas en inglés), un conjunto de preferencias arancelarias programadas para expirar en diciembre.
Ese objetivo ha sido adicionalmente complicado por la insistencia de Evo Morales en explotar el sentimiento anti-estadounidense en casa, para fortalecer su popularidad entre los radicales que conforman sus bases fundamentales.
Antes de su sorprendente victoria electoral el año pasado, la mayoría de los analistas pronosticaba que como presidente Morales colocaría a La Paz y Washington en una posición de confrontación. Tras los comicios se presentó un breve lapso de mejoría en las relaciones. Morales dio la bienvenida a Tom Shannon, el principal funcionario del Departamento de Estado para Latinoamérica, cuando éste ofreció un discurso ante el Congreso boliviano, y George W. Bush llamó a Morales para felicitarlo por su victoria. No obstante, las cosas empezaron pronto a descomponerse.
En abril Morales se quejó de que Washington le había negado las visas a algunos miembros de su administración. En mayo afirmó que Estados Unidos tenía planeado asesinarlo. Para junio estaba acusando a la CIA de capacitar subrepticiamente a agentes en Santa Cruz, en el sudeste del país. Y el mes pasado acusó al gobierno de estadounidense de "chantajearlo" con el asunto de la coca.
"En su actitud hacia Estados Unidos, Evo busca reforzar la imagen de Bolivia como una víctima del poder imperial", indicó Roberto Laserna, un consultor político de la ciudad de Cochabamba que es crítico del gobierno. "Constantemente está tratando de provocar reacciones enérgicas de Estados Unidos. Lo que busca es el conflicto y la confrontación, pues siente que esa es la forma de obtener apoyo en casa, y es parte de su relación con (el antiestadounidense presidente de Venezuela, Hugo) Chávez".
Simpatizantes del gobierno destacan que Estados Unidos atacó a Morales durante una década antes de que asumiera el cargo. Asimismo, Washington lo ha criticado periódicamente en público desde entonces. En febrero, Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, dijo que la victoria de Morales era "claramente preocupante". En mayo Bush lamentó la "erosión de la democracia" en Bolivia. Y Adolfo Franco, administrador adjunto de la agencia de EU para el desarrollo, advirtió ante el Congreso en junio que Morales había mostrado "inclinaciones de consolidar el Poder Ejecutivo y promover reformas potencialmente anti-democráticas".
"La relación entre Bush y Evo siempre será difícil", indicó Jim Shultz, del Centro para la Democracia, un centro de investigaciones de tendencias izquierdistas en Cochabamba. "Podría resultar que la diferencia real entre ellos se vuelva insuperable. Pero por el momento (la relación) se está desmoronando debido a una retórica innecesaria".
La deteriorada relación no fue ayudada por el anuncio de La Paz, en mayo, de que nacionalizaría las vastas reservas de gas de Bolivia, aunque esa decisión prácticamente no afectó a las compañías estadounidenses. La erradicación de la coca, materia prima de la cocaína, se ha reducido, aunque funcionarios estadounidenses reconocen en privado que, debido a que la mayoría de la cocaína de Bolivia se destina a Brasil y Europa, esto es un problema menor para Estados Unidos que la producción colombiana.
El tema de la ATPDEA es más espinoso: las exportaciones realizadas bajo ese programa totalizaron 157 millones de dólares, alrededor de la mitad de todas las exportaciones a EU. Las compañías textiles que se benefician con las preferencias dan empleo a unos 10 mil bolivianos, y se considera que serían las más afectadas en caso de que el régimen no se extendiera.
Esto plantea a Washington un dilema. Estados Unidos no quiere recompensar a los países andinos -ni Bolivia ni Ecuador- que no han negociado acuerdos comerciales bilaterales como lo han hecho Perú y Colombia. Pero abandonar a la nación más pobre de Sudamérica significaría abandonar sus esfuerzos de erradicación de coca en el tercer productor más importante de cocaína del mundo, y podría empujar a Morales más firmemente a los brazos de Chávez.
A funcionarios de EU les preocupa que si Washington se niega a extender el ATPDEA, podría estar involuntariamente impulsando a Morales en casa al permitirle avivar una postura antiestadounidense. Al final, la decisión sobre el ATPDEA la tomará el Congreso.
En un año electoral que podría traer una legislatura de EU más hostil hacia los arreglos comerciales, las posibilidades de Bolivia de lograr una extensión son escasas.
El resultado podría ser un endurecimiento de la posición del miembro más reciente del bloque antiestadounidense de Chávez, y un reconocimiento tácito de EU de que sus prioridades de política en Bolivia -fortalecimiento de la democracia, desarrollo económico y lucha contra las drogas- han fracasado.
Senador Jaime Orpis sobre vuelta atrás en posición de gas por mar
"NO PODEMOS CONFIAR EN GAS BOLIVIANO"
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Tan sólo 24 horas pasaron para que los hechos le dieran la razón.
En medio de los elogios y buenos augurios por el anuncio boliviano que daba por desechada la estrategia de gas por mar en sus relaciones con Chile, el senador Jaime Orpis (UDI) tuvo una postura discordante. Llamó a tener prudencia y observar con cuidado lo que pasaría en ese país.
En su opinión, los gobiernos de Bolivia tienden a ser volubles en sus actuaciones y no podía garantizarse que anuncios de cambios en su política exterior hacia Chile fueran a sostenerse en el tiempo.
Dicho y hecho.
Ayer, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, desmintió al canciller David Choquehuanca, al asegurar que la política exterior de su país respecto de Chile no ha variado y que el Gobierno de Evo Morales respeta el sentir ciudadano sobre el tema marítimo.
Esto, luego que los anuncios de Choquehuanca provocaran críticas en distintas organizaciones sociales de ese país.
NO CONFIAR
El senador Orpis reaccionó ayer diciendo que esto demuestra "que en temas tan estratégicos, como el energético, Chile no puede confiar en declaraciones de un canciller que son desmentidas luego por el Presidente de la República".
El parlamentario se refirió así a las perspectivas de venta de gas boliviano que habían surgido tras el anuncio del abandono de la política de gas por mar.
En esta materia, Orpis llamó a aprender "no sólo las lecciones argentinas, sino también las bolivianas, porque no estamos dispuestos a renunciar a la soberanía sobre el mar".
El senador manifestó que en materia energética, Chile tiene que adoptar decisiones estratégicas y que entre ellas, resulta muy importante desarrollar el proyecto de Gas Natural Licuado en el norte, "que nos va a dar más autonomía energética", aseveró.
En su calidad de presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, anunció que el grupo parlamentario está a 30 días de importantes cambios legales para estimular las energías renovables.
Entre ellas, las más prometedoras son la energía solar y la eólica (viento), para cuyo desarrollo el extremo norte del país tiene importantes condiciones.
OPCION NUCLEAR
Una vez que la Comisión de Energía y Minería del Senado concluya su trabajo sobre las energías renovables, comenzará a analizar el tema de la energía nuclear, adelantó Orpis, "porque Chile necesita todos los años 400 megawatts adicionales y no puede descartar ningún tipo de energía". Esa demanda, ilustró, equivale a tres cuartos de la central Ralco cada año y se estima que en diez años se duplicará.
MORALES INSTA A LAS PETROLERAS A PAGAR 30 MILLONES EN 24 HORAS
La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)
Repsol YPF, Petrobras y Total, las principales petroleras de capital extranjero que operan en Bolivia, tendrán que abonar conjuntamente al Estado 30 millones de dólares antes de mañana. Ése es el plazo que otorgó el pasado lunes el Ejecutivo de Evo Morales para saldar un impuesto adicional del 32% enmarcado en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, según anunció una portavoz del ministerio del sector.De producirse el pago, sería la primera repercusión económica directa desde que se anunció la nacionalización, el pasado 1 de mayo. El dinero permitirá dotar de recursos a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), con problemas logísticos y financieros.
Nuevos pagos
El plan del Gobierno, según declaró la portavoz a un diario de la ciudad de Santa Cruz, prevé otros cuatro pagos hasta octubre. Repsol, Petrobras y Total están afectadas por este impuesto al retener el mayor número de acciones de dos grandes campos de gas incluidos en el decreto de nacionalización.El hecho se produce en un momento de creciente tensión entre Repsol y el Ejecutivo de Morales. Ayer, la firma española remitió un comunicado en el que asegura que sí había presentado la documentación requerida por la Fiscalía antes del registro que sufrió el pasado viernes, y que desembocó en el arresto domiciliario de un directivo. Por ese allanamiento, Repsol amenazó con denunciar la actuación judicial, tildada de «persecución», ante los tribunales internacionales.
El Gobierno boliviano respondió con una advertencia similar, en este caso por el supuesto «saqueo» de las petroleras. En el comunicado de ayer, Repsol asegura que «la ejecución no tuvo justificación alguna», ya que cumplieron con la documentación requerida por la Justicia boliviana, referida a los últimos cinco ejercicios.Para rebajar el tono, desde el Ejecutivo del país andino se anunció ayer que su vicepresidente, Álvaro García Linera, viajará a España a finales de septiembre para atemperar el conflicto y allanar así el camino para la negociación del nuevo contrato con Repsol.
Pero Morales y su gabinete no sólo han tenido que enfrentar las tiranteces con Repsol. Ayer tomó posesión el nuevo presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, en sustitución de Jorge Alvarado, relevado de su cargo tras recibir una acusación de corrupción. Alvarado, hasta ahora hombre fuerte de Morales en la compañía estatal, fue acusado de infringir el proceso de nacionalización al firmar un contrato con una compañía para exportar petróleo a Brasil.
IncorruptibleSi bien Morales declaró que «el compañero Alvarado es incorruptible», el presidente ha aceptado la dimisión del directivo en un contexto de protestas de otro ámbito, pero de mayor calado social. En los últimos días, el Gobierno boliviano ha tenido que lidiar con una huelga de transportes, ya levantada después de sumir en el caos a las principales ciudades del país, y también con el paro de los maestros, que todavía continúa.
PESE A LA CRISIS EN BOLIVIA, EVO SIGUE MIRANDO HACIA OTRO LADO
En este caso, a Chile. Su gobierno afirmó que respetará el referendo que en 2004 aprobó la estrategia "gas por mar" para una salida al Pacífico, tras ser criticado por anunciar el abandono de esa fórmula
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
"Nuestro gobierno mantiene y también preserva lo logrado en el referendo del año 2004", y "respeta la decisión mayoritaria del pueblo boliviano respecto a la política marítima", declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa.
El asunto fue analizado ayer por el presidente boliviano, Evo Morales, y sus ministros, a raíz de protestas de sectores sociales, sindicatos y parlamentarios oficialistas y opositores.
La reacción del Gobierno se produjo después de que el canciller, David Choquehuanca, anunciase el abandono de la fórmula "gas por mar" porque Chile la considera un "chantaje", algo que fue elogiado ayer por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Quintana señaló que el Gobierno preserva "como política de Estado y de manera invariable la reintegración marítima" y, por tanto, eso "forma parte de la política de relaciones internacionales". "No se ha cambiado ni un milímetro, no se cambiará ahora y seguramente esto no sufrirá modificaciones, mientras no se cancele esta importante deuda histórica con el país", sostuvo Quintana, en relación al reclamo boliviano de lograr una salida al Pacífico.
Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de una negociación destinada a solucionar el problema que fue encarada por los entonces dictadores de Bolivia, Hugo Banzer, y Chile, Augusto Pinochet. Bolivia y Chile libraron una guerra a finales del siglo XIX, en la que los bolivianos perdieron 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa.
En julio del 2004, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) convocó a un referendo sobre la política del gas que aprobó mayoritariamente usar ese recurso como un arma de negociación con Chile para obtener una salida al Pacífico.
Morales, en una reciente entrevista con el diario "El Mercurio" de Santiago de Chile, declaró que la política de Mesa fue equivocada y su canciller amplió el lunes esas declaraciones, afirmado que este era otro Gobierno. "El presidente Evo Morales ha indicado también que no vamos a hablar de gas por mar porque suena a chantaje", dijo el ministro en rueda de prensa en La Paz.
Bachelet dijo que las declaraciones de Choquehuanca "satisfacían mucho" a su gobierno y estaban en la misma dirección en que trabajan en ambos países. Quintana, en cambio, afirmó que el Gobierno reafirma "la política marítima" y la consideró "irrenunciable".
Agregó que, en el marco del "nuevo ciclo político" que viven las relaciones de Bolivia y Chile, han habido avances en el diálogo para construir una agenda sin exclusiones, en la que el Gobierno chileno ha incorporado "el tema de la reintegración marítima".
"Es una problemática que antes la diplomacia chilena se había negado a aceptar. Hoy lo hace comprendiendo el contexto histórico y político que vive nuestro país", dijo Quintana.
Las críticas hechas desde distintos sectores recordaron que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue parte de las movilizaciones que en octubre del 2003 frenaron la venta de gas a los Estados Unidos usando puertos de Chile.
La represión de esa ola de protestas dejó un saldo de 60 muertos, la mayoría en la ciudad de El Alto, y derivó en la renuncia y la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a los EEUU.
El diputado Fernando Messmer, jefe del grupo parlamentario del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), dijo el martes a la prensa que los masistas "derribaron a un presidente", supuestamente porque iba a vender gas a Chile, y ahora actúan con "doble moral".
El concejal de El Alto Roberto de La Cruz, uno de los líderes de las movilizaciones del 2003, dijo que "era una reverenda metida de pata del gobierno", y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional alteña señaló que no se podía ceder en la posición de gas por mar.
UN ATAQUE DE NACIONALISMO LO OBLIGO A SILENCIAR A SU CANCILLEREVO NO PUEDE HABLAR DE GAS POR MAR
Las declaraciones optimistas de su canciller causaron un revuelo y obligaron al presidente boliviano a bajar el perfil del asunto, ya que quedó demostrado que cuanto menos se hable del tema, más se avanza. El idilio con Bachelet sigue viento en popa.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Las declaraciones pronunciadas el lunes por el canciller David Choquehuanca, indicando que Bolivia ponía punto final a la política de “gas por mar”, causaron un terremoto político aquí. Ayer el presidente Evo Morales desautorizó al jefe de su diplomacia y ratificó que no habrá gas para Chile mientras no se salde la “deuda histórica” del acceso soberano al mar, perdido en la guerra del Pacífico (1879-1884) que condenó a Bolivia a ser un país mediterráneo.
La historia de enredos empezó el domingo pasado cuando en una entrevista publicada por el diario chileno El Mercurio, en el que Morales declaró con cierta ambigüedad: “Hay un sentimiento del pueblo boliviano que dijo ‘gas por mar’ en un referéndum. No lo comparto. El presidente Mesa se equivocó. Yo nunca habría metido en una pregunta ‘gas por mar’. Hablando a calzón quitado, el tema es que a Chile le sobra el mar, tiene mucho. A nosotros nos sobran algunos recursos naturales. Entonces tenemos que entendernos para que haya cierto equilibrio”. Un día después, el canciller Choquehuanca hacía una interpretación libre de los dichos de su jefe y declaraba a la prensa boliviana que “la política de gas por mar suena a chantaje” y abría la posibilidad de venderle gas a Chile sin cerrar previamente el tema marítimo. “No es gas por mar, estamos trabajando en una política de confianza mutua con el gobierno chileno”, dijo.
Las reacciones no se hicieron esperar: a Michelle Bachelet las palabras de Choquehuanca le sonaron como música para sus oídos. “Nos satisfacen mucho (las declaraciones del canciller)”, dijo la presidenta chilena. Y la reacción contraria provino de las organizaciones sociales bolivianas, un sector del propio oficialismo y una oposición de derecha que no desperdicia oportunidad para dar fe de su patriotismo.
“Primero el tema marítimo, después el negocio”, dijo el jefe de la confederación campesina y dirigente del MAS Isaac Avalos. “Los masistas derribaron un gobierno (en el 2003) porque supuestamente iba a vender gas usando puertos chilenos y hoy, con la doble moral que caracteriza a este gobierno, hablan sin reparos de vender gas a Chile”, acusó el jefe de la bancada de Diputados de Poder Democrático Social (Podemos). “Es parte de la improvisación con la que se maneja la política exterior en este gobierno”, completó los ataques el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
La política de “gas por mar” fue diseñada por el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) y ratificada en el referéndum del 18 de julio de 2004 cuando el 55 por ciento de los bolivianos votó afirmativamente a la pregunta que proponía “utilizar al gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacífico”. Mesa llegó al sillón presidencial luego de que una asonada popular derribara a su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, justamente por intentar exportar gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos. El saldo fue de 60 muertos y más de 400 heridos.
En Bolivia no es raro escuchar “muerte a los chilenos” en algunos actos patrióticos, pero tampoco resulta difícil ver a la burguesía de los barrios exclusivos vestida de pies a cabeza con diseños de ese país vecino. Pese a no haber relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, en los últimos años se ha avanzado en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22) que incluye la liberación comercial progresiva.
En ese marco de amores y odios, Evo Morales inició una política de acercamiento basada en su buena relación personal con Michelle Bachelet y los vicecancilleres avanzaron en una agenda que incluye, por primera vez, el tema marítimo. “Pronto se van a reunir los cancilleres de los dos países. No será en Chile ni en Bolivia, tampoco en Estados Unidos, por si acaso... Van a avanzar en la agenda de trece puntos”, le dijo Morales a El Mercurio.
Pero ayer Bachelet quedó en off side cuando el gabinete boliviano en pleno desautorizó de manera tajante a Choquehuanca y ratificó que las canillas del combustible que necesita Chile seguirán cerradas. “Nuestro gobierno preserva como política de Estado y de manera invariable el reclamo de reintegración marítima. No variará ni un milímetro mientras no se salde esta deuda histórica”, clausuró ayer la discusión el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En público, Morales se abstuvo de criticar a su canciller, pero fuentes del gobierno aseguran que a puertas cerradas, en la reunión de gabinete, Morales le dijo a su canciller que no hable más del tema. Morales ha dicho muchas veces que con el tema del mar cuanto menos se habla más se avanza, porque la cuestión es muy sensible para los dos países.
LA DERECHA PACEÑA TAMBIÉN CRITICÓ ANUNCIO DEL TITULAR DE LA CANCILLERÍA
LA PRESIÓN SOCIAL OBLIGA A BOLIVIA A INSISTIR EN ESTRATEGIA DE GAS POR MAR
Un rechazo transversal produjeron las palabras del canciller boliviano, David Choquehuanca, en torno a abandonar la tesis de gas por mar sostenida por el país altiplánico desde 2004, cuestión que detonó ayer que el ministro de RREE quedara sin piso político en su posición enunciada el lunes.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
No sólo la tesis de gas por mar es la que debe sopesar el Gobierno boliviano en sus relaciones bilaterales con Chile. Ayer se comprometió un factor no menor: las radicalizadas organizaciones sociales, que fueron claves en la caída de Carlos Mesa -autor del principio de vincular ambas cuestiones- y en la elección de Evo Morales. Y es que frente a las palabras del lunes del canciller boliviano, David Choquehuanca, en las cuales afirmó que “mar por gas suena a chantaje”, algunos movimientos populares no se quedaron de brazos cruzados y amenazaron al Presidente con retomar las protestas si Palacio Quemado descarta la demanda marítima en un eventual acuerdo gasífero con Chile.
Esta situación incomodó al Gobierno andino a tal punto que ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, luego de una reunión con el propio Mandatario, le quitó el piso al titular de Exteriores y ratificó que “la política de reintegración marítima es irrenunciable”.
De acuerdo con Quintana, “nuestro Gobierno mantiene y también preserva lo logrado en el referendo de 2004”, cuando gobernaba Mesa, ocasión en que 87% de los bolivianos aprobó la estrategia de gas por mar y que fue la continuación de las movilizaciones que en octubre de 2003 frenaron la venta de gas a Estados Unidos usando puertos chilenos. Esto derivó en una sangrienta rebelión popular contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que terminó huyendo a Estados Unidos.
POLÍTICA DE ESTADO
En ese contexto, el ministro Quintana afirmó que el Ejecutivo preserva “como política de Estado y de manera invariable la reintegración marítima” y, por tanto, eso “forma parte de la política de relaciones internacionales”.
“No se ha cambiado ni un milímetro, no se cambiará ahora y seguramente esto no sufrirá modificaciones, mientras no se cancele esta importante deuda histórica con el país”, sostuvo Quintana, quien sí destacó que en el marco del “nuevo ciclo político” que viven las relaciones entre Santiago y La Paz ha habido avances en el diálogo para construir una agenda sin exclusiones. Explicó que el Gobierno chileno ha incorporado “el tema de la reintegración marítima” en esta plataforma.
“Es una problemática que antes la diplomacia chilena se había negado a aceptar. Hoy lo hace comprendiendo el contexto histórico y político que vive nuestro país”, dijo el secretario de Estado.
Con todo, las palabras de Quintana -que hasta el cierre de esta edición no querían ser comentadas en la Cancillería chilena- son la estrategia del Gobierno boliviano para calmar la efervescencia de las organizaciones sociales. De hecho, el concejal de El Alto -la masiva concentración se sectores populares que rodea La Paz- Roberto de la Cruz, uno de los líderes de la rebelión de 2003, recordó a Morales que Sánchez de Lozada “tuvo que irse a su casa” a causa de “una política marítima equivocada”. De La Cruz opinó que “era una reverenda metida de pata del Gobierno” la posición que expuso Choquehuanca.
En esta misma línea se pronunciaron varios líderes sociales; entre ellos, el principal dirigente de la Central Obrera de El Alto, Edgar Patana, que advirtió que “si se va a vender gas a Chile, tiene que ser a cambio de mar”, y el líder del poderoso sindicato de campesinos, Isaac Ávalos –también del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales-, que recomendó al Gobierno que “antes del negocio (del gas), primero está el tema marítimo”.
OPOSICIÓN
Incluso en la oposición de derecha, nucleada en el Poder Democrático Social (Podemos), hubo críticas al ministro de RREE. El ex cónsul en Santiago y diputado Fernando Messmer indicó que la declaración de Choquehuanca omite que la política de gas por mar fue adoptada en un referendo. “El canciller Choquehuanca se olvida de que un Presidente, Sánchez de Lozada, fue derrocado simplemente porque contempló exportar gas a Chile. Resulta curioso y paradójico que un canciller del Movimiento al Socialismo hoy desconozca la validez del referendo y que olvide que 70 compatriotas nuestros perdieron la vida precisamente por la posibilidad de exportar gas a Chile”, planteó Messmer.
A su turno, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani, aclaró que si bien se deben buscar mercados para el gas, no se puede desconocer el mandato del referendo, que fue defendido por el propio Morales durante su campaña. “Yo creo que para cambiar eso deberíamos hacer otro referendo preguntando al pueblo. Yo creo que se están cambiando discursos, se olvidó lo que era el referendo y lo que ellos estaban pregonando el año pasado”, señaló Nagatani.
BOLIVIA TIENE YA EL RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS PETROLERAS EXTRANJERAS
El País de España (www.elpais.es)
La petrolera estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), ya tiene los resultados preliminares de las auditorías realizadas a las empresas extranjeras que operan en el país, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF, según fuentes del Ejecutivo que cita la prensa local. Las auditorías (cuyos resultados se conocerán en una o dos semanas, según fuentes del Ministerio de Hidrocarburos) pretenden determinar si las petroleras cumplieron los contratos y las inversiones realizadas, 3.000 millones de dólares (2.351 millones de euros) en los últimos años, según las empresas.
Estas auditorías se utilizarán en la negociación de los contratos con las empresas extranjeras tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo. Tras esa decisión, las relaciones de Repsol con el Gobierno boliviano se han ido enturbiando. La detención de un empleado y el registro de las oficinas el pasado viernes llevó a la petrolera a amenazar con llevar esa "persecución" a los tribunales.
Ayer, Repsol aclaró que el día 22 recibió un requerimiento de documentación desde 2001 que la empresa entregó dentro de plazo, pese a lo "exiguo" de éste y a lo "voluminoso de la información requerida".
Por su parte, el Gobierno boliviano confirmó que el vicepresidente, Álvaro García Linera, viajará a Madrid en unas semanas para buscar soluciones a la crisis con Repsol.
CIUDADANOS DE POCITOS PLANTEAN EN ARGENTINA SUS REPAROS AL YASMA
Las deliberaciones pasaron a un cuarto intermedio. Podrían levantar el bloqueo sólo por unos días. En Salvador Mazza comenzaron a escasear víveres frescos. Los comerciantes preparan más pedidos de amparo.
EL Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)
Una comitiva integrada por dirigentes de San José de Pocitos y funcionarios bolivianos viajó ayer a Buenos Aires llevando un petitorio a presentar en la embajada de ese país en la Capital Federal, para que a su vez sea estudiado en una reunión prevista para hoy por legisladores nacionales y funcionarios de Aduana y la AFIP. Entre los pedidos, figura como condición esencial que el complejo fronterizo denominado Proyecto Yasma (Yacuiba- Salvador Mazza) se ejecute no por el lugar donde está previsto sino como continuación de la ruta nacional Nº 34. Otros puntos son que los compradores argentinos puedan adquirir mercaderías bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) por 500 dólares; que no haya restricciones a las exportaciones de productos primarios y que los controles de Aduanas, Gendarmería y Migraciones sean más flexibles,
Si desde Buenos Aires hay señales favorables, el bloqueo podría ser levantado por el término de 30 días. Pero si no reciben una respuesta acorde a sus exigencias, el paso internacional será cortado "en forma definitiva", según anticiparon integrantes del Comité de Huelga pociteño.
Gran crecimiento
Es curioso que comerciantes y bagayeros bolivianos pretendan imponer todos estos puntos a las autoridades de nuestro país. "El que no llora..." dicen con una sonrisa de picardía, porque cuando de exigir se trata se saben aguerridos, en especial si se trata de la Argentina, país con el que tienen sentimientos encontrados de admiración y resentimiento. Es que en el caso de Pocitos, unas 50.000 personas viven de lo que le venden a los argentinos.
Pero esto es lo que ha transformado a su pueblo hasta quintuplicar su población en dos décadas.
Durante los debates que tuvieron lugar el martes y que se extendieron hasta las 3 de la madrugada de ayer, el presidente del centro de comerciantes de Pocitos, Fredy Hidalgo, mencionó la preocupación que los invadía porque 6 días de paro representaron "una pérdida de 3 millones de dólares", lo que muestra el nivel de las transacciones diarias.
Por su parte, Venancio Ochoa, presidente de los bagayeros, asegura que sus representados son "unos 800 trabajadores, más 150 estibadores y unos 200 carreros. Pero con sus leyes la Argentina nos está quitando la posibilidad de darle de comer a nuestros hijos y encima nos maltratan".
Lo que Ochoa llama "maltrato" es el control que Aduana, Gendarmería, Policía Federal y otros organismos realizan no sólo en el puente internacional sino en decenas de pasos clandestinos tratando de evitar o disminuir el contrabando.
Indignados con Yacuiba
Por otra parte, no hay un solo dirigente político o social de San José de Pocitos que no muestre su enojo con los yacuibeños, aunque a ambos pueblos sólo los separan 3 kilómetros. "Como a ellos el proyecto YASMA los beneficia no han sido capaces de mostrar su solidaridad con nosotros. El presidente del Comité Cívico de Yacuiba nunca le ha pedido a su gente que nos apoye en esta lucha", expresó Maribel Molinas, secretaria del Comité de Pocitos.
Alberto Gareca Terrazas otro abogado pociteño, explicó que el proyecto YASMA "dejará a esta ciudad totalmente marginada, porque si la obra se ejecuta como está actualmente proyectada conectará Salvador Mazza con Yacuiba y nosotros quedaremos a 7 kilómetros de distancia. Eso no lo vamos a permitir, por tanto, la exigencia más firme es que la licitación se detenga inmediatamente y que el puente nuevo se ubique a la par del actual", afirmaron.
El temido futuro complejo YASMA
El futuro complejo de control integrado de fronteras es una obra ambiciosa que abarcará 27 hectáreas, todas en territorio argentino, razón por la cual su ubicación no puede ser desplazada de donde fue proyectado. La obra costará cerca de 40 millones de dólares y se encarará con financiamiento internacional. Ya fue licitada y los trabajos podrían comenzar en breve.
En el amplio predio dispuesto habrá una playa de camiones que ingresen a zona primaria aduanera y de transferencia de cargas. En el edificio único trabajarán autoridades aduaneras, migratorias, de seguridad e impositivas de ambos países.
Ratificaron la obra licitada
Con el objetivo de descomprimir las protestas de los ciudadanos bolivianos que llegaron el lunes a cortar el suministro de gas desde ese país hacia la Argentina, en repudio a la construcción de un puente que unirá la ciudad de Yacuiba con Salvador Mazza, la Cancillería argentina decidió ayer responder favorablemente a algunos de los pedidos de los manifestantes pero ratificó "que no se paralizarán las obras", tal como reclaman los ciudadanos de San José de Pocitos.
Altísimas fuentes de la Cancillería, una vez restablecido el suministro de gas al país, informaron a El Tribuno que "habrá una mayor elasticidad del horario de aduana que se había acortado y volverá a regir el cronograma anterior. Y los $ 5 que estaban pagando las personas cada vez que entraban o salían del país gozarán de un subsidio que reemplazará esos ingresos".
Desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informaron a El Tribuno que el "Gobierno de Bolivia sabía que la dureza de los reclamos era desmedida y Cancillería tuvo una participación muy activa para minimizar los pedidos de los manifestantes".
Consultada sobre las posibilidades que se detenga la construcción del puente, una alta fuente de la Cancillería argentina reveló que "eso es inaceptable. Las obras seguirán su curso tal cual como está previsto". "La zona en conflicto vive del comercio fronterizo, con gran participación de personas que llevan mercadería sobre sus espaldas, por lo que el nuevo puente significará un cambio necesario en el desenvolvimiento comercial del área.
Por esa razón se proyectó un puente por donde los camiones pasarán con mayor agilidad y con otro régimen de cargas. Esto puede llegar a complicar el tráfico de mercadería a pie por parte de estibadores. Eso les molesta", señaló la misma fuente oficial.
GUALEGUAYCHÚ PIDE QUE NO VENDAN GAS A URUGUAY
Buscan equiparar el conflicto por las papeleras con el diferendo entre Chile y Bolivia por el mar.
El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)
A menos de una semana que el Tribunal Arbitral del Mercosur dicte un fallo definitivo sobre el conflicto que mantienen Uruguay y Argentina respecto a los cortes de ruta ocurridos durante el verano en oposición a la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclamó al ministerio de Planificación Federal para que "suspenda la venta de gas al país oriental hasta que se resuelva la controversia por las papeleras".
Según los manifestantes entrerrianos, los funcionarios argentinos deben imitar la postura del Gobierno boliviano de no venderle gas a Chile hasta que no se llegue a una solución definitiva en su conflicto bilateral. "El gasoducto del nordeste, nacido en Bolivia, atravesará siete provincias argentinas y desde allí se venderían al Uruguay 2 millones de metros cúbicos de gas por día", afirmó el ambientalista que presentó la propuesta, Juan Eduardo Cedra.
El mismo pedido había sido presentado hace un mes y medio atrás al canciller Jorge Taiana, el día que visitó Gualeguaychú. Entonces, la respuesta del funcionario había sido tajante: "Creo que dejar de venderle gas a Uruguay no es la solución para el problema y, además, amenaza con repercutir negativamente en el pleito judicial que lleva la Argentina ante la Corte Internacional de la Haya".
Un brindis que los molestó
Consultado por El Tribuno sobre si la decisión de los manifestantes de Gualeguaychú podría afectar la solidez de la presentación argentina ante la Haya, el asambleísta de Entre Ríos, Andrés Rivas, señaló: "La verdad es que no se tuvo en cuenta ese detalle". Y agregó que "la posición del gobierno de Néstor Kirchner en el tema papeleras es bastante light, ya que hubieron 800 personas brindando en la embajada de Uruguay el último viernes y a nosotros ni nos dejaron entrar".
COCALEROS ´TUERCEN EL BRAZO´ A EVO MORALES EN BOLIVIA
EL Universal de México (www.eluniversal.com.mx)
Cocaleros de una región del norte de Bolivia expulsaron a una brigada de erradicadores que envió el gobierno del presidente Evo Morales y rechazaron reducir sus cultivos.
"Se paró la racionalización de los cultivos de coca porque el gobierno mandó maquinaria y erradicadores sin un acuerdo previo con los productores", dijo a la agencia AP Dionisio Núñez, dirigente de los cocaleros de La Asunta, a 170 kilómetros al norte de La Paz.
Éste es un botón de lo que se ha convertido en la semana más conflictiva de los siete meses de gestión del presidente Evo Morales , luego de la dimisión del presidente de YPFB, Jorge Alvarado.
El gobierno busca desactivar una catarata de conflictos sociales en diversas regiones del país, por diferentes reclamos. Por si fuera poco, en el gabinete aparecieron dos posturas en cuanto a la relación diplomática con Chile, que originó duras advertencias de las organizaciones vecinales de la combativa ciudad de El Alto.
Mientras el gobierno boliviano buscaba acercar posiciones con el sindicato de maestros, que ayer paralizó las clases en Santa Cruz de la Sierra y ahora amenaza con hacerlo en todo el país, logró alcanzar un acuerdo "de último momento" con los transportistas que levantaron la huelga. Varios ministros participaban en maratónicas negociaciones en Sucre, capital del país y del departamento de Chuquisaca, donde pobladores de distintas ciudades cortaron rutas y caminos, además de una huelga de hambre de dirigentes civiles, en reclamo de "mayor atención e inversiones".
En las sureñas ciudades de San José de Pocitos y Yacuiba (departamento de Tarija y fronterizas con Argentina), los pobladores mantenían cortado el puente fronterizo y varios ductos que alimentan de gas a Argentina, en protesta por las nuevas medidas de restricción del comercio en zonas de la frontera adoptadas por el gobierno argentino.
Recientes declaraciones del canciller, David Choquehuanca, en cuanto a que Bolivia abandonaría su estrategia de "gas por mar", en la tarea de recomposición diplomática con Chile, llevaron a Roberto de la Cruz, líder de la Junta Vecinal y concejal de El Alto, a recordarle al gobierno lo que pasó con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, "que tuvo que irse a su casa" por culpa "de una política marítima equivocada".
Mandatario boliviano se ha visto acosado por una ola de manifestaciones, paros y huelgas
EL DELICADO MINUTO DE LA “REFUNDACIÓN” DE EVO
A los ya serios problemas que el Gobierno socialista tiene con su plan estrella, la nacionalización de los hidrocarburos, ahora debe enfrentar un clima de descontento social que ha llevado incluso a numerosos gremios a las calles.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
A poco más de siete meses de haber asumido el Gobierno se le terminó la miel sobre hojuelas al Presidente boliviano Evo Morales. A los antiguos reclamos regionales se sumaron ahora las exigencias de su propia base política, los grupos cívicos y de trabajadores, que están comenzando a cobrarle la palabra, acosando al Mandatario -que ha prometido “refundar Bolivia- con huelgas y paros.
Choferes, maestros, los gremios de la salud y trabajadores petroleros, entre otros, han mantenidos muy ocupados a los personeros de Gobierno y al propio Mandatario, que en persona ha intentado apagar algunos de los “incendios” desatados en las últimas semanas.
De hecho, Morales negociaba ayer los reclamos locales de dos regiones de Bolivia en huelga por atención oficial, mientras buscaba acercarse a un sindicato de maestros que amenazaba con paralizar las clases en todo el país, apenas horas después de haber alcanzado un acuerdo con el gremio de los choferes, que ya había paralizado tres de las nueves ciudades más importantes del país.
El combativo sindicato de maestros -de orientación trotskista- demanda un nuevo congreso para la educación y la destitución del ministro Félix Patzi.
Mientras, el Mandatario intentaba frenar una huelga de hambre de dirigentes civiles de la región sudeste de Chuquisaca, en demanda de mayor preocupación por parte del Gobierno.
Con esto en mente, el Jefe de Estado -que ayer se reunió de urgencia con su gabinete- elaboró un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia.
Pero Morales también tenía la vista puesta en el sureño departamento de Tarija, también en huelga; en los cívicos de Santa Cruz, que mantienen sus amenazas; en los empleados de la Caja Nacional de Salud, que extendieron sus medidas de presión a todo el país; en los guaraníes que insistían con la toma de ductos, y en los sectores petroleros, que no levantaban la toma del gasoducto de Transredes.
Ante este tenso escenario en zonas claves para la economía nacional, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró ayer que se recurriría a la policía y, de ser necesario a las Fuerzas Armadas, para evitar la toma de pozos gasíferos anunciada por los cívicos de Chuquisaca y Tarija.
DIFÍCIL MOMENTO
Toda esta oleada de descontento social ocurre en momentos en que el plan estrella del Gobierno, la nacionalización de los hidrocarburos -decretada el 1 de mayo- pasa por una delicada situación, luego que el Mandatario se vio obligado a destituir a su correligionario del Movimiento al Socialismo, Jorge Alvarado, de la titularidad de la compañía estatal de petróleos (YPFB). Alvarado estaba acusado de corrupción, por acordar venta de gas a Brasil sin seguir el procedimiento establecido en el decreto nacionalizador.
Poco antes, Morales ya había tenido que salir en defensa de su ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, quien fue cuestionado por el Congreso tras lo cual presentó su renuncia, como obliga la ley. Sin embargo, la Constitución también facultaba al Mandatario para rechazar la dimisión, lo que finalmente ocurrió, siendo ratificado en su puesto.
Pero todos estos antecedentes evidencian el delicado momento por el que pasa el Gobierno “refundador” de Evo Morales y su plan estrella, la nacionalización, que no ha podido ser puesta en marcha principalmente por falta de fondos.
Los gremios además, se han mostrado muy atentos a la postura que el Gobierno de Morales adopte sobre la política de “gas por mar” que diferentes administraciones bolivianas han establecido para relacionarse con Chile. Ya han advertido a las autoridades que no aceptarán un cambio de estrategia en ese sentido.
Un referéndum nacional realizado en julio de 2004 respaldó la política del Presidente de entonces, Carlos Mesa, de utilizar las reservas de gas que tiene Bolivia como eventual factor de negociación para lograr de Chile una salida soberana al Pacífico para el país.
CONSTITUYENTE PARALIZADA
Representantes del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y de grupos de la oposición se culpaban mutuamente ayer por la virtual paralización en que se encuentra la Asamblea Constituyente, instalada en Sucre y que tiene por misión reformar la Constitución.
Los delegados aún no se ponen de acuerdo en reglamentos básicos de funcionamiento, lo que les impide comenzar a trabajar. Los representantes deben acordar un protocolo para los debates y las votaciones, lo que aún no se establece.
La nueva Constitución debería ser sometida dentro de un año a un referendo popular, para aprobar las reformas establecidas por la constituyente en innumerables ámbitos.
Tensión en Bolivia : clima de agitacion a siete meses de iniciada la presidencia de evo morales
BOLIVIA: EL GOBIERNO DICE QUE NO REPRIMIRÁ LAS PROTESTAS SOCIALES
Es por la ola de huelgas que estalló en todo el país. Además de los maestros, pararon los transportistas y los cocaleros rechazaron reducir cultivos. Las autoridades afirmaron que su estrategia es "dialogar".
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Guardapolvo blanco, pulóver azul, el pelo negro y suelto casi hasta la cintura, Carla Condorí, de 12 años, no pudo quedarse jugando con sus compañeras en el Liceo La Paz. Su papá, Serafín, decidió que era mejor volver a casa. Los maestros dejaron un mensaje en un pizarrón en la puerta: "En protesta contra las declaraciones desatinadas del señor ministro de Educación contra la dignidad del maestro, se suspenden las actividades educativas".
Una postal de la huelga de maestros que ayer cumplió su segunda y última jornada, con adhesión dispar pero suficiente para generar malestar en el gobierno, que enfrenta protestas de distintos sectores. Aunque el transporte volvió a funcionar tras un acuerdo que logró evitar un segundo día de paralización total en La Paz, el presidente Evo Morales y sus ministros están atentos a este clima de agitación.
Otro claro ejemplo de ello ocurrió ayer en La Asunta, al norte de La Paz, cuando los cocaleros —un sector que responde a Morales— expulsaron a una brigada de erradicadores que había enviado el gobierno y rechazaron reducir sus cultivos. "La gente no acepta la reducción", dijo el viceministro del área, Félix Barra, quien además fue retenido por los campesinos antes de llegar a un acuerdo para discutir el tema en los próximos días.
Además de los maestros, que exigen la renuncia del ministro de Educación, Félix Patzi, y rechazan una nueva ley educativa que —afirman— les quita derechos sociales, también pararon los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, contra la reestructuración de la entidad.
Hay más: el departamento de Tarija, en el sur, concluyó un paro cívico de 24 horas en solidaridad con los comerciantes informales de la frontera con la Argentina (donde el lunes a la noche se cerró por 12 horas el gasoducto que lleva gas desde Bolivia al norte argentino). El suministro se restableció el martes.
También Chuquisaca, en el sudoeste, realizó un paro cívico en protesta por la "desatención" del gobierno a necesidades locales. Hubo amenazas de cortar el gas a Brasil y Argentina. El gobierno advirtió que, si es necesario, enviará a la policía y al ejército para evitarlo, aunque por ahora su estrategia es "dialogar".
Estos reclamos coinciden con una embestida de la oposición por cómo se está llevando adelante la nacionalización del gas y por el reglamento que quiere imponer el oficialismo en la Asamblea Constituyente, que empezó a sesionar hace casi un mes.
"Sabíamos que íbamos a enfrentar momentos de convulsión social", dijo a Clarín el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, al frente del diálogo con los grupos en huelga. "Son pequeños focos de conflicto que el gobierno está encarando con diálogo. Hemos pasado a un segundo o tercer plano el uso represivo de la fuerza pública", aseguró.
"Hay conflictos que el Estado no ha podido resolver, porque hay en el país una gran deuda social atrasada. Respondemos a todas las reivindicaciones dentro de las posibilidades del Tesoro nacional, pero no es posible atenderlo todo", admitió luego.
Pero remarcó que "hay además factores políticos de desestabilización. Sabíamos que tras la instalación de la Asamblea Constituyente, algunos grupos, al ver amenazada su situación de privilegio, iban a reaccionar".
En este clima, empezaron a aparecer fisuras dentro del gobierno. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debió salir a ratificar la política de negociar con Chile "gas por mar", luego de que el martes el canciller, David Choquehuanca, deslizó la posibilidad de vender gas a Santiago independientemente de la demanda boliviana de una salida al Pacífico.
"Nuestro gobierno mantiene lo logrado en el referendo de 2004", cuando un 87% de los bolivianos aprobó la estrategia de "gas por mar", declaró Quintana a la prensa. Intentó así evitar otro frente de conflicto en el seno mismo del poder. Es que las palabras de Choquehuanca causaron una dura reacción de los movimientos sociales que encabezaron en 2003 la revuelta que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por su intención de exportar gas a través de Chile.
La olade huelgas y protestas en Bolivia: se mantiene la tensión social
CON PROMESAS, EVO MORALES INTENTA APLACAR LOS CONFLICTOS
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, intensificó ayer su ofensiva por aplacar los focos de conflicto en distintos frentes gremiales y regionales, aunque debió soportar una nueva jornada de protestas sociales y huelgas en medio de la peor crisis en sus siete meses de gobierno.
El martes a última hora, un acuerdo redujo la tensión con la confederación de choferes del transporte público, que había paralizado parcialmente el país. Y ayer, tras complejas negociaciones, la conflictiva situación con los comités cívicos de Tarija y Chuquisaca tendía a descomprimirse.
Morales, que construyó su figura política, en buena medida, como protagonista de masivas protestas sociales que aceleraron la salida de los dos gobiernos anteriores -de Gonzálo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa- enfrenta ahora desde el gobierno múltiples demandas que enrarecen el clima social, en medio de una ofensiva de la oposición por la nacionalización de los hidrocarburos.
La más dura es la de los maestros urbanos, que, descontentos con las políticas del ministro de Educación, Félix Patzi, cumplieron ayer la segunda y última de las jornadas de paro previstas, mientras que los sanitarios de la Caja Nacional de Salud realizaron su segundo día de huelga de los tres programados, por la reestructuración de esa entidad estatal.
El paro dispuesto en Tarija, en apoyo de los habitantes de pueblos de frontera damnificados por una nueva regulación del gobierno argentino, fue levantado ayer luego de que el gobierno ofreció un plan para facilitar las actividades comerciales de traficantes lugareños.
En cuanto al conflicto en el departamento (provincia) de Chuquisaca, el gobierno preparó un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia. Estos eran los pedidos principales del comité cívico local, que llevó a varios representantes y funcionarios a iniciar huelgas de hambre, entre ellas, a la alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava.
Morales envió ayer a su viceministro de Transportes, Wálter Valda, a dialogar con los huelguistas que exigen, además, presupuesto para la construcción de caminos y otras obras sanitarias. "Hay respuestas para todas las demandas de la región", afirmó Valda.
En cambio, para el gobierno la huelga docente representa un desafío más complejo. Influenciado, en buena parte, por una corriente troskista, el gremio de los docentes urbanos de Bolivia es uno de los más combativos y ha llevado a cabo medidas de fuerza y protestas contra todos los gobiernos de los últimos años. Para algunos sectores de este gremio, el gobierno no es lo suficientemente radical en sus medidas y de ahí el descontento. Pero la ruptura fue hace unos meses, durante un fracasado congreso educativo de donde debía salir una nueva ley para el sector.
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), representado especialmente por cuadros indígenas y campesinos, intentó dominar el encuentro y los maestros urbanos decidieron retirarse. Desde entonces reclaman, además, la renuncia del ministro de Educación, el intelectual aymara Félix Patzi, que, para muchos manifestantes, debería ser reemplazado por un gremialista.
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, dijo ayer que el gobierno estaba "preocupado y apenado" por la huelga de los maestros, porque "los maltratados y perjudicados finalmente son los alumnos". García Linera acusó a los dirigentes de los maestros de ser "terriblemente conservadores" y de causar "demasiado daño" a la educación pública. Y reiteró que Morales, a pesar de la presión de los maestros, no destituirá al ministro Patzi.
“CREO QUE CHILE NO PUEDE NO EXPLORAR LA ENERGÍA NUCLEAR”
Ante la oposición por la construcción de cuatro plantas hidroeléctricas en Aysén, el ejecutivo cree que se pueden levantar voces que apoyen la energía nuclear.
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
Consciente del grado de oposición que ha levantado el proyecto de cuatro centrales hidroeléctricas en Aysén con una capacidad total de 2.400 MW, el director general para Latinoamérica y presidente de Endesa Chile, Luis Rivera, dijo que el proyecto –cuya primera planta sería inaugurada en 2012– será construido cumpliendo todos los requisitos medioambientales que la ley estipula para estos casos.
El ejecutivo, de visita para participar en un encuentro sobre emisores chilenos en Wall Street y también para afinar detalles sobre el cierre del acuerdo entre Colbún y Endesa para construir las 4 centrales en el sur y cuyo plazo máximo es hoy, señaló que “este es un proyecto país para que Chile tenga más energía, más competitiva y de mejor precio, y se hará con todas las garantías medioambientales de que va a ser un proyecto sostenible y con respeto al medioambiente. Si la autoridad cree que cumplimos con los requisitos medioambientales, habrá proyecto”, señaló.
Por lo mismo, por el grado de desconfianza que ha levantado este megaproyecto, Rivera cree que podrían levantarse voces que sostengan la viabilidad de estudiar y analizar a fondo el desarrollo de plantas nucleares, en especial tras el anuncio de Argentina de invertir US$ 3.500 millones en la implementación de centrales de este tipo para generación alternativa de electricidad.
Ante esa posibilidad, precisó que Chile debe estudiar las opciones que existen para asegurar suministro energético al país, no descartando que la nuclear sea una de ellas. “Los proyectos hidroeléctricos son una realidad y los nucleares son a largo plazo, que personalmente creo que Chile no puede no explorar, pero en cualquier caso será una posición para muchos años más”, declaró.
TerrenosCien hectáreas son las que ha puesto a la venta Endesa en las inmediaciones del Lago Rapel. Aun cuando el terreno significa un paño importante y que puede ser atractivo para desarrollos inmobiliarios, Rivera dijo que esta venta es un hecho más de los que lleva a cabo la compañía y que no representan mayor activo para el grupo. “No tiene (el terreno) uso industrial para nosotros. Regularmente se están sacando a la venta propiedades de mayor o menor tamaño que no usamos o que no pensamos utilizar”.
GAS
HIDROCARBUROS, A UN PASO DE SER LEY
La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de promoción y exploración del fluído. El plan contempla beneficios impositivos para las inversiones en el sector.
Agencia TELAM de Argentina (www.telam.com.ar)
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió ayer dictamen favorable al proyecto de ley de promoción y exploraciones de hidrocarburos que contempla beneficios impositivos, y que el oficialismo aspira a aprobar en la primera quincena de septiembre.
La decisión fue adoptada en el marco de reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Intereses Marítimos, Pesqueros y Portuarios, Economía y Presupuesto y Hacienda, que contó con la presencia del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
El dictamen fue firmado por los representantes del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal, el Radicalismo, aunque estos dos bloques lo hicieron con disidencias parciales, mientras que el ARI y CTA anticiparon que presentarán un dictamen de minoría, y el Justicialismo Nacional definirá en las próximas horas si hará lo mismo.
El dictamen emitido este mediodía por las comisiones, que fue conducida por la kirchnerista Rosana Bertone, permitirá al oficialismo tratar el proyecto de promoción y exploración de hidrocarburos en la segunda semana de septiembre, según indicaron fuentes parlamentarias del oficialismo.
El proyecto contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital y habilita a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales.
La iniciativa impulsada por el Gobierno habilita además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la ganancia mínima presunta, y a eximir del pago del derecho de importación. Durante la reunión, Folgar defendió el proyecto y aclaró que esta promoción sólo alcanza "a las áreas que no han sido explotadas ya que aquellas donde hay exploración no se aplicarán estos beneficios".
"Es necesario tener este régimen promocional", destacó Folgar al responder a una consulta del diputado y presidente de la UCR, Roberto Iglesias, quien planteó que con el precio que actualmente tiene el barril del petróleo justifica la inversión de riesgo.
La norma exigirá a los potenciales beneficiarios de la política de promoción, que consiste básicamente en exenciones impositivas, asociarse con la empresa pública de energía como requisito para obtenerlos.
De todos modos, el proyecto permite a los interesados aspirar a los beneficios sin el requisito de asociación, pero "sólo en el caso de una renuncia explícita (de Enarsa) ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal".
Además de la plataforma continental, integrarán el régimen todas las áreas con potencial geológico sobre las cuales no existan actualmente derechos de terceros otorgados por la ley 17.319, con excepción de los asignados por la ley 25.943.
Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental; cuatro años, para cuencas sedimentarias sin producción, y tres años, si tienen producción. La autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto Nacional.
La 'Escuela de Asesinos' cambió de nombre pero vive… y colea
LOS MILITARES CHILENOS SIGUEN APRENDIENDO A MATAR Y TORTURAR EN LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
122 militares chilenos cursan “estudios” este año en la Escuela de las Américas (School of Americas, SOA), el establecimiento de EEUU que, desde su fundación en Panamá, en 1946, enseñó a matar y a torturar a unos 64.000 uniformados de 18 países latinoamericanos. Sólo en El Salvador de los años 80/90, los graduados SOA tienen responsabilidad en la muerte de 75.000 personas, sin considerar el resto de América Latina.
La cantidad precisa de “estudiantes” fue entregada por la ministra chilena de Defensa, Vivianne Blanlot, a una misión de activistas ligados a la Orden Maryknoll de EEUU que luchan contra la versión actual de la SOA, el Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, WHINSEC), con sede en Fort Benning, Columbus, Georgia, EEUU.
El reverendo Roy Bourgeois es el líder del Observatorio Escuela de las Américas (SOA Watch), una ONG que propicia la extinción del WHINSEC. Ahora encabeza una misión que recorre América Latina solicitando a los gobiernos que dejen de enviar a sus tropas a instruirse en Fort Benning. Lo acompañan Lisa Sullivan, Linda Panetta y Carlos Mauricio, vinculados todos a la Orden Maryknoll, que en 1980 perdió en El Salvador a cuatro religiosas asesinadas por militares adiestrados en la SOA/ WHINSEC.
La misión Maryknoll viajó a Chile a solicitar que el gobierno de Michelle Bachelet deje de enviar militares al Fuerte Benning, pero la ministra Blanlot les dijo que su cartera no puede darle órdenes a las Fuerzas Armadas, sino apenas “sugerirle” que dejen de lado al SOA/WHINSEC. Mientras el Ejército de Chile pareciera seguir funcionando como “un estado dentro del Estado”, los activistas contrarios ala SOA tuvieron mejor acogida este año en Argentina, Uruguay y Venezuela, cuyos gobiernos decidieron darle definitivamente la espalda al SOA/WHINSEC, conocido también como Escuela de Asesinos. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, prometió un distanciamiento paulatino.
En esta gira, los críticos del SOA/WHINSEC visitaron, además, Ecuador, que se encuentra en campaña electoral presidencial, y Perú, donde acaba de asumir el nuevo gobierno de Alan García. En Lima fueron recibidos por el nuevo premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, quien se informó de la iniciativa. En enero 2007, el grupo se propone continuar su campaña en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.
Eficacia “académica”
El WHINSEC reconoce oficialmente la presencia de sólo 13 chilenos, apenas el 10% de los 122, pero en el ministerio de Defensa dijeron que anualmente concurre completo el 4° año de la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, que forma a los futuros oficiales. También acuden a Fort Benning grupos escogidos de suboficiales y soldados que reciben instrucción acelerada por no más de un mes. En la Escuela de las Américas se han adiestrado más de 3.500 uniformados chilenos desde 1951.
El WHINSEC declara tener un presupuesto anual de 7,5 millones de dólares para la atención de 700 a 1.000 “estudiantes” por año, 6,3 millones provistos por el ministerio de Defensa (Pentágono) y 1,2 por el departamento de Estado. Su propaganda corporativa compara esos gastos con los 6 millones de dólares que cuesta un solo nuevo tanque M1 Abrams (1).
El perfeccionamiento que ofrece SOA/WHINSEC parece tener un alto rendimiento “académico”. Por ejemplo, el teniente del ejército chileno Miguel Krassnoff, uno de los más celebres asesinos y torturadores de Augusto Pinochet, aprendió todo lo que sabe en un cursillo de Contrainsurgencia Urbana de apenas un mes, desde el 7 de enero al 8 de febrero de 1974, cuando la escuela todavía funcionaba en Panamá.
La SOA perfeccionó a los uniformados de América Latina más aventajados en matar seres humanos causándoles el mayor sufrimiento posible. Por sus aulas pasaron desde el coronel uruguayo Tomás Casella, extraditado a Chile por el asesinato del desertor de la DINA Eugenio Berríos, hasta el mexicano Juan López Ortiz, jefe de la matanza de Ocosingo en 1994.
También estudiaron allí los altos oficiales venezolanos que participaron en el golpe del 11 de abril de 2002, en colaboración con Otto Reich, quien ocupó una curul del consejo de visitantes de la SOA, entre otros Efraín Vásquez, quien llegó a ser comandante general del Ejército, y el general Ramírez Poveda. La SOA se convirtió en WHINSEC en 2001, cuando abandonó Panamá para reinstalarse en Georgia.
Gente en el camino
En EEUU hay 19 activistas estadounidenses presos por bregar por la desaparición del WHINSEC. El propio sacerdote Roy Bourgeois ha estado cuatro años en prisión en EEUU por manifestar y “pisar la raya” que delimitaba al “instituto” en Columbus, Georgia, antes que pusieran una cerca. Según SOA Watch, 227 manifestantes han estado en prisión entre 1983 y 2006. En lo que va del año, ya han apresado a 34 activistas (2). El conjunto de manifestantes encarcelados ha purgado más de 90 años de prisión.
Las declaraciones de los inculpados en los tribunales ponen la piel de gallina por la valentía de ciertos estadounidenses de una decencia ejemplar: “La prisión es dura. He estado allí y otros han estado allí. Pero si ir a prisión va a ayudar a cerrar las puertas de la Escuela de las Américas, vamos. ¡Vamos!” (Padre Roy Bourgeois, en 1996, condenado además en 1983, 1990 y 1998 por actos de resistencia no violenta en Fort Benning). “En la historia de nuestro país, el pueblo de EEUU –en cierto modo-- ha sido cómplice del genocidio que le ha ocurrido a nuestra propia población nativa norteamericana. Nosotros exportamos a Centro y Sur América ese mismo tipo de violencia a través de instituciones como la Escuela de las Américas (Sacerdote Hill Bichsel, SJ, en 1996, también procesado y condenado en 1997 y 1998).
Colegio Interamericano de Defensa
La Escuela de las Américas, que funciona bajo el alero de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue concebida para entrenar tropas, suboficiales y oficiales de baja y media graduación, pero además en EEUU existe el Colegio Interamericano de Defensa (CID), otra escuela de “envenenamiento ideológico” pero exclusiva para altos oficiales latinoamericanos próximos al grado de general, explicó el embajador de Venezuela en Chile, Víctor Delgado Monsalve, coronel retirado de la Fuerza Aérea.
El CID, que también funciona bajo el paraguas de la OEA, se convirtió en la rama educativa de la Junta Interamericana de Defensa, adscrita al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Anualmente convoca a los altos oficiales latinoamericanos que pronto deberían ser ascendidos a general, explicó Delgado durante un encuentro con los luchadores estadounidenses.
El propio Delgado fue enviado al curso del CID por el gobierno de Rafael Caldera, en 1994, para sacarlo de Venezuela por sus simpatías abiertas con Hugo Chávez, mientras éste se encontraba en prisión por su frustrado asalto al poder del 4 de febrero de 1992, y por opinar en favor del intento de golpe de la Fuerza Aérea del 27 de noviembre de ese mismo año.
Se supone que la Junta Interamericana de Defensa es un organismo auxiliar de la OEA, que tiene 34 países miembros, pero siempre está conducida por un general de EEUU. A comienzos de los años 90, una vez desaparecidos el campo socialista y la Unión Soviética, EEUU se propuso convertir a los ejércitos latinoamericanos en una fuerza para-militar con tareas policiales antinarcóticos y “anti-terroristas” subordinadas a los intereses de Washington y para esos efectos instrumentó cursos teóricos en la Junta que fueron criticados por la mayoría de los oficiales venezolanos. El reverendo Bougeois se interesó en incluir una propuesta contraria al CID en la plataforma de lucha de su organización SOA Watch.
EL MIR EN SU “MALA HORA” ESTA DISPUESTO A RENACER DE LAS CENIZAS
Oscar Eid, quien no le deja mentir a Jaime Paz Zamora, dice que “no hay mal que por bien no venga”, al referirse a la pérdida de la personería jurídica de su agrupación. “El MIR puede morir como sigla, pero no como lucha política”, anotó.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
POR ADALID CABRERA LEMUZ
El otrora poderoso Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) está dispuesto a renacer de las cenizas con nuevas ideas y proyecto de país, si es que la Corte Nacional Electoral (CNE) confirma su decisión de revocar su personería jurídica, dijo hoy uno de sus principales dirigentes, Oscar Eid Franco.
“Con Jaime Paz o sin Jaime, el MIR podrá morir ante las leyes electorales y de partidos políticos, pero jamás como un partido político que luchó por la recuperación de la democracia”, anotó.
“NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA”
Eid Franco, quien pasó cuatro años en la cárcel al ser responsabilizado de tener vínculos con el narcotráfico, manifestó a OBSERVATORIO INFORMATIVO que “no hay mal que por bien no venga”.
Dijo que el próximo siete de septiembre, fecha de aniversario de esta agrupación, puede ser el día de un parto en que nazca el nuevo MIR, aunque no sabe si con la misma sigla o con otra que represente la nueva realidad del país.
Con sus largos bigotes que lo caracterizaron desde que se inició como dirigente de los universitarios de La Paz, este dirigente cruceño oriundo de Vallegrande, recordó que el MIR fue uno de los partidos que enfrentó a las dictaduras establecidas desde los años 70.
Señaló que durante la dictadura del ex general Luis García Meza, entre 1980 y 1981, fueron masacrados por los paramilitares comandados por el ex coronel Luis Arce Gómez varios de los dirigentes más dirigentes del “mirismo” en una casa de la calle Harrington, en el barrio de Sopocachi de La Paz, donde se reunían y preparaban la resistencia a ese régimen.
Eid también subrayó que cuando el MIR fue gobierno entre 1989 y 1993 dio amplias garantías a los movimientos democráticos del país y ejecutó una serie de medidas que beneficiaban al pueblo. “Parece que el pueblo no tiene memoria”, se lamentó.
NI ACORDARSE DEL PACTO EN EL QUE CRUZARON RIOS DE SANGRE
No quiso referirse al pacto suscrito en ese entonces con su ex enemigo político, el general Hugo Bánzer Suárez, al que combatieron desde la creación del MIR, en lo que se denominó como el “Acuerdo Patriótico” para impedir que asuma el poder el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonzalo Sánchez de Lozada.
En ese entonces el MIR y Acción Democrática Nacionalista (ADN) liderizada por Banzer compartieron cuatro años el poder bajo la Presidencia de Paz Zamora, que había logrado solamente el tercer lugar en los comicios de 1989.
Posteriormente el “mirismo” apoyó diversos gobiernos, inclusive el del propio Sánchez de Lozada el 2002, en el que varios de sus integrantes accedieron a cargos Ministeriales.
Sánchez de Lozada y el “emenerrismo” habían sido implacables verdugos del MIR desde 1993 con juicios contra sus dirigentes acusándolos de estar involucrados en los denominados “narcovínculos” que hoy fiscales de Santa Cruz pretenden reabrir para procesar a Jaime Paz Zamora.
Paz Zamora intentó varias veces retirarse de la política, pero tuvo que volver ante la crisis que abatía a su partido, acusado de “haber cambiado de color y de pelaje” para no dejar el poder que detentaron cuatro años y algunos más desde diversos posicionamientos.
“LA MALA HORA”
Ahora los “miristas” pasan por su “mala hora” con la Espada de Damocles encima esgrimida por la Corte Nacional Electoral (CNE) porque en cada pulso electoral que participaban con candidatos fueron de mal en peor en los resultados y el apoyo de la población.
En las recientes elecciones no lograron ni el dos por ciento del total de la votación. Es así que este miércoles el propio presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Salvador Romero, adelantó que si el MIR no paga sus cuentas al Estado perderá su personería jurídica que en el pasado la ostentaban con orgullo y con el poder en la cresta.
Lo que pasa es que el MIR no pagó su cuota parte del costo de las papeletas de sufragio por no haber alcanzado la mínima votación, lo que les impedirá intentar ser nuevamente referentes de una historia política en los futuros comicios municipales y generales.
“EMEBELISTAS” Y “MIRISTAS” DE LA MANO EN LA DESGRACIA
La CNE colocó a los “miristas” en la misma bolsa de partidos desconocidos como el Movimiento de Acción Ciudadana (MACA), Movimiento Autónomo Regional (MAR) y la que conformaron ex militantes del MIR enraizados en el Movimiento Bolivia Libre (MBL), cuyos dirigentes encabezados por Antonio Araníbar llegaron al poder y se aferraron al mismo durante el gobierno del MNR entre 1993 y 1997.
El MBL es un desprendimiento del MIR, inicialmente como Izquierda Unida (IU), y ahora con algunos de sus seguidores encabezados por el alcalde de La Paz, Juan del Granado, quien optó por seguir otros rumbos con la creación del Movimiento sin Miedo (MSM), hoy aliado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales.
MIR EN FALENCIA ECONÓMICA, SEGÚN SUS DIRIGENTES
Eid confesó a OBSERVATORIO INFORMATIVO que el MIR está en falencia y no tiene la capacidad de pagar en dinero contante y sonante 400.000 bolivianos. Lo máximo que puede hacer es entregar a sus inquisidores electorales un bien inmueble donde funcionaba su sede en sus tiempos de gloria.
Sin embargo reiteró que si el MIR desaparece con su personería jurídica, puede renacer con otra sigla y con militantes que contribuyan a la lucha por la democracia y el cambio que exigen los bolivianos.PAZ ZAMORA PUEDE SER INVOLUCRADO EN “NARCO-VÍNCULOS”
A ese “mal de males” como señalan algunos dirigentes del MIR, reapareció los últimos días sobre este partido la sombra de la reapertura de los denominados “narcovínculos”.
Y puede ser precisamente el ex presidente Jaime Paz Zamora quien sea imputado por haber presuntamente recibido dineros del narcotráfico para viajar a Europa a llevar adelante una campaña de solidificación partidaria entre 1992 y 1995.
Esos dineros le habrían sido entregados por el fallecido acusado por narcotráfico Isaac “Oso” Cavaría, quien murió de insuficiencia cardiaca en la cárcel de La Paz.
Esas son por lo menos las sospechas del Ministerio Público en contra del ex presidente, hoy dedicado a sus actividades agroindustriales en Tarija.
Otros “miristas”, como el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, pueden ser reproprocesados bajo la acusación de “encubrimiento al narcotráfico”.
En las actuales el Ministerio Público de Santa Cruz tiene un legajo acusatorio de varias páginas contra una larga lista de dirigentes del MIR encabezados por Paz Zamora después de varios años que se pensaba que el caso estaba cerrado.
LAS SOSPECHAS DE LOS FISCALES
Los fiscales creen y tienen algunos indicios de prueba que Paz Zamora y varios de sus cercanos de sus colaboradores estarían implicados en la recepción de dineros, devolución de cargamentos de droga incautados por la Policía anti narcóticos implicados por de narcotraficantes del peso de Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, quien fue detenido en Estados Unidos.
Las fuentes de esas informaciones provendrían de narcotraficantes del peso de “Techo de Paja” que dijeron que habrían tenido como “socios” a dirigentes del MIR.
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