CRECE NÚMERO DE MARCHISTAS Y NADA DETIENE SU PASO A LA PAZ POR LA RENTA DIGNIDAD

Ni la lluvia, ni el viento fuerte, menos el intenso sol detiene a la marcha de cientos de campesinos, indígenas, gremiales, cocaleros y colonizadores que fijaron su objetivo de llegar a la sede de Gobierno, para exigir a los opositores, principalmente del Senado Nacional, la inmediata aprobación de la renta Dignidad de 2.400 bolivianos para mayores de 60 años.
En el segundo día de caminata, los marchistas portando orgullosos la tricolor nacional y la wiphala, símbolo de unidad y diversidad, partieron a las 11.00 desde la población de Panduro ubicada en la provincia paceña de Aroma y llegaron a las 18.00 a Lahuachaca, distante a 130 kilómetros de La Paz, visiblemente agotados, pero fortalecidos por la adherencia de nuevos grupos de personas de diferentes organizaciones.
Cerca de las 11.00, bajo el manto de un cielo gris y con amenaza de lluvia, los marchistas prepararon su equipaje y formaron un fila larga en la carretera para retomar su caminos con dirección a La Paz.
"Con lluvia, con sol, con viento, por la renta Dignidad", repitieron con vehemencia a su paso.
Después de dos horas, cerca de las 13.00 y tras recorrer más de cinco kilómetros (5.000 metros), el cansancio temporal se notaba en la mayoría de los marchistas, por lo que tuvieron que descansar cerca de la población de Belén.
Mientras unos se echaban en el suelo y otros preparaban su ración de comida, una fuerte granizada empezó caer y todos reaccionaron rápidamente para sacar sus mantos de plástico para cubrirse.
"Ni la lluvia va impedir que marchemos, queremos la renta Dignidad, tenemos que llegar hasta La Paz para pedir esto a los parlamentarios, para todos nuestros ancianos y vamos a estar en la sede de Gobierno hasta las últimas consecuencias", dijo la cocalera, Rogelia Burgoa, mientras la lluvia caía en su rostro.
Sin embargo, fue el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Issac Ávalos, quien expresó con la voz de mando "de una vez compañeros, no perdamos tiempo, levanten sus wiphalas que tenemos que continuar".
Entonces fueron los ánimos del dirigente que impulsó el coraje de todos los marchistas, para que reinicien su marcha y formar nuevamente una fila larga de cientos de banderas multicolores que por el viento fuerte flameaban con intensidad.
SOLIDARIDAD
En el camino a Lahuachaca, cerca de la población de Luribay, un grupo de pobladores, dirigentes esperaron a los cientos de marchistas con comida.
Fueron tres ollas, una de chuño, otra de fideo y una más de jigote con carne, que fueron distribuidos entre los marchista que hambrientos y sedientos quedaron agradecidos por ese desprendimiento de solidaridad.LLEGADAPosteriormente, cerca de las 18.00 arribaron a la localidad de Lahuachaca, casi al anochecer, donde los cientos de campesinos, indígenas y otros descansan.
Al día siguiente, desde tempranas horas de la mañana, los centenares de campesinos continuarán su caminata hasta la ciudad de La Paz, lo cual se prevé su llegada el lunes 26 de noviembre.
TESTIMONIOSFlorentino Chambi (58)
"Tengo 58 años, cuatro hijos y dos hijas y ellos van a estar junto con la comunidad, junto con el pueblo, ahora en defensa de nuestra renta Dignidad y por la Asamblea Constituyente", afirmó Florentino Chambi.Juana Portillo (31)
"Nosotros queremos que se apruebe la renta Dignidad y no se cierre la Constituyente. Nos hemos traído pito y coca, quisiera que mis otros compañeros se incorporen para masificar la marcha. No me importa la lluvia, ya que hemos empezado tenemos que terminar hasta que se concluya por nuestros objetivos", relató Juana Portillo.
Issac Ávalos (CSUTCB)
"Tenemos muchas ampollas, la lluvia nos azota, nos ha pillado descansado, pero seguimos caminando. Pero la gente nos espera con refresco, chuño y otra comida. Todos estamos firmes, la mayoría son jóvenes, porque la renta Dignidad es sostenible", dijo Ávalos.

EMPEZO LA DESOBEDIENCIA CIVIL CON UNA PELEA EN UN TEATRO

PUJA POR LA RENTA PETROLERA DE EVO

El presidente de Bolivia acusó a los cinco gobernadores rebeldes de sedición. La Asamblea Constituyente que sigue estancada llamó a una plenaria para hoy en la que se debe resolver la disputa entre Sucre y La Paz por la sede de los poderes del Estado.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

Evo Morales tiene más frentes abiertos de los que puede controlar. Anteayer, cinco gobernadores convocaron a la desobediencia civil para frenar el intento del presidente boliviano de recortarles el 70 por ciento de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Este recorte está destinado a financiar la Renta Dignidad, un bono de alrededor de 25 dólares mensuales para todos los mayores de 60 años, que actualmente se encuentra bloqueado por la oposición en el Senado. Es por ello que Morales también ha cargado contra el Congreso y ha movilizado a sus bases sociales para que lleguen a La Paz y presionen al Congreso. Además, a veintitrés días del fin de su plazo, la Asamblea Constituyente no puede avanzar y, como tiene a sus movimientos sociales concentrados en presionar al Parlamento, no tiene la fuerza suficiente para obligar a los asambleístas a sesionar. Con ello, Evo Morales se ve casi acorralado por los problemas y tendrá un fin de año tenso, con movilizaciones en las provincias autonomistas y posibilidad de enfrentamientos en Sucre por la Constituyente.
En realidad, los enfrentamientos comenzaron ayer. Un grupo de campesinos e indígenas de Oruro y Potosí llegaron a la capital y tomaron la puerta del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, sede de la Asamblea Constituyente, para garantizar que el oficialista Movimiento Al Socialismo pueda sesionar. Esto provocó la reacción inmediata de estudiantes de la universidad sucrense que, al superar en número a los campesinos, los hicieron retroceder, no sin que antes se registre un herido de cada lado. La situación amenazaba con llegar a niveles mayores, pero el MAS decidió replegar a los campesinos y esperar los refuerzos que deben llegar desde Chapare y La Paz.
Entretanto, la directiva de la Asamblea Constituyente, controlada por el MAS, llamó a una plenaria para hoy en la que se debe resolver la disputa entre Sucre y La Paz por la sede de los poderes del Estado. Aunque la convocatoria es oficial, es muy difícil que se pueda cumplir la sesión, ya que el MAS no asistirá si no logra reunir 170 de los 255 votos para aprobar una propuesta que reparte los poderes entre ambas ciudades. Hasta el momento, las gestiones del oficialismo no se acercan a esa cifra, ya que tiene alrededor de 20 disidentes dentro de su bancada de 142 representantes y no consigue reenamorarlos. Con ello, se perfila un cierre temporal de la Asamblea hasta conseguir acuerdos políticos que garanticen su continuidad.
Y como en Bolivia todo conflicto es vinculante, el conflicto con los gobernadores también afectará los probables acuerdos en la Asamblea. Para cuatro de las nueve provincias de Bolivia, los ingresos del IDH representan el 70 por ciento de su presupuesto. Es por ello que si el gobierno se los recorta se quedarían sin recursos para invertir en obras. Al principio, Morales había propuesto recortarles el 30 por ciento de estos recursos a gobernaciones, municipios y universidades, pero cuando se dio cuenta de que se estaba peleando con todos los grupos que pueden movilizar gente en su contra, decidió sólo recortarles los recursos a las gobernaciones, dejando fuera del pago de la Renta Dignidad a los municipios y universidades. Ante esta situación, los gobernadores consideran que todo se trata de una estrategia de Morales para matar las autonomías antes de que sean aprobadas por la Asamblea Constituyente, ya que les daría libertad política y obligaciones de gestión, pero no recursos para cubrirlos.
Por esa razón los gobernadores llamaron a la desobediencia civil, que muy probablemente derive en cabildos a mediados de diciembre, precedidos por huelgas de hambre y toma de instituciones en cada una de las cinco regiones.
Ante este panorama, Morales acusó a los gobernadores de sedición. “Estaba viendo en los periódicos, desacato, desobediencia civil dicen algunos prefectos, qué es eso, es una sedición, no está respetando la norma”, dijo Morales, y recordó que él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política del Estado.
También se ha movido en los ámbitos legales y la fiscalía de la república iniciará una investigación contra los gobernadores por sedición. Pero las autoridades de las provincias no se quedan de brazos cruzados. Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, asegura que Morales está en un camino autogolpista. Desde la oposición se lee la presión sobre el Congreso como un intento de cerrarlo al estilo de Alberto Fujimori en Perú. Con todo este panorama por venir, Bolivia se prepara para un fin de año políticamente movido, con conflictos por todo el país y amenazas de enfrentamiento entre el campo y la ciudad. Pero todo este escenario podría ser pequeño en relación con el que se puede presentar si fracasa la Asamblea. Ya lo anunció Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia: “Si la Constituyente fracasa, nos vemos en la calle”.





UN AEROPUERTO DE SAL

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

La terminal, construida con sal desde las paredes hasta los muebles, fue inaugurada ayer en la pequeña ciudad de Uyuni, donde la altiplanicie boliviana alberga el salar más extenso de la Tierra. La primera estación aérea del mundo realizada con sal recibió, en su jornada inaugural, a un antiguo avión DC-3 a pistón operado por Aerosur, la principal empresa aérea de Bolivia, reportó la agencia Ansa.
Poco antes del mediodía, los primeros 30 pasajeros descendieron de la máquina e ingresaron a la aeroestación, de 85 metros cuadrados y erigida en el extremo sudeste de la vasta planicie que cobija al Salar de Uyuni.
La modesta construcción, de una planta y con techo de zinc y paja, fue edificada íntegramente con bloques de sal, igual que las mesas y las sillas, a partir de una insólita iniciativa con la que esta ciudad de 15 mil habitantes, en su mayoría Uyuni de origen aymará, busca impulsar su desarrollo turístico.
El salar está en el departamento Potosí, a 3.653 metros sobre el nivel del mar y con más de 10.582 kilómetros cuadrados, en medio de una planicie que se extiende entre las cordilleras oriental y occidental de Los Andes, y su potencial riqueza se estima en nueve millones de toneladas de litio y otros minerales estratégicos. Para el viceministro de Turismo, Ricardo Fox, el Salar de Uyuni es actualmente el principal destino turístico de Bolivia, con una tasa de crecimiento anual del 15% en relación a los otros puntos del país. A la imponente belleza de la nívea planicie de sal se suman los atractivos de la cadena volcánica, con los geiseres de los que emergen columnas de vapor. También deslumbran las vecinas lagunas Colorada, Verde, Amarilla y Celeste, así llamadas por el color de sus aguas producto de los minerales que contienen y pobladas de flamencos blancos y rosados.
La terminal aérea fue construida en un esfuerzo conjunto entre el municipio de Uyuni y Aerosur, que a partir de ayer presta servicio comercial.





EVO MORALES FIRMÓ INICIO DE OBRAS EN VILLAZÓN

Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)

Pasado el mediodía de ayer, exactamente a las 12:25, arribó al aeropuerto de esta ciudad el presidente de la República de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, quien luego de recibir los saludos protocolares del intendente quiaqueño, Carlos Alberto Cavanna, en nombre del Gobierno provincial, se dirigió hacia la ciudad de Villazón, donde procedió a firmar el contrato de inicio de obra para la construcción de la carretera que nace en la localidad de Cotagaita pasando por Tupiza y terminando en Villazón con una inversión final de 85.000.000 de dólares. De ese total, el 75% será aportado por la Corporación Andina de Frontera y el resto, por el Gobierno de Bolivia.
Junto al intendente Cavanna se encontraba el secretario de Gobierno, Javier Calizaya los concejales Julio Bazán y Luis Cavannael cónsul de Bolivia, doctor Jaime Martínez;a cónsul argentina en Villazón, Reina Sotillo y el alcalde de ese estado, Edgar Poquechoque, con algunos miembros de su gabinete.
La comitiva boliviana estuvo integrada también por funcionarios de Administradora de Carreteras de ese país, quienes rubricaron el convenio para la construcción de la ruta en cuestión.
El recorrido desde Villazón a Tupiza, denominado Tramo Cuatro, forma parte del proyecto carretero nacional que a su vez es parte de la vía terrestre Cuchu Ingenio Villazón, ubicado en la parte sur del país -Departamento Potosí-, perteneciendo a la ruta Nº F14 de la red vial fundamental.
Sobre el particular el presidente Morales no quiso hablar con la prensa allí apostada, accediendo inmediatamente a una camioneta azul con vidrios polarizados custodiada por Gendarmería Nacional Argentina hasta el puente internacional. Desde allí se hizo cargo de la custodia la Policía Nacional de Bolivia.En el aeropuerto quiaqueño, el intendente Cavanna le hizo entrega de un presente al primer mandatario de Bolivia, en nombre de La Quiaca y de todo el pueblo de Jujuy.
El Tramo Cuatro, tal cual la definición técnica de la obra de infraestructura, se inicia en la localidad de Tupiza progresivamente (215 + 100) y finaliza en la localidad de Villazón, formando parte integrante las obras de construcción de la variante de Tupiza con una longitud de 7,6 kilómetros.
Del mismo modo, está previsto que en la obra se incluya la construcción de siete puentes en todo el recorrido, tres de los cuales tienen una longitud de 20 metros, tres de 30 metros y uno de 45 metros de longitud, además de la materialización de cuatro cruces ferroviarios a distinto nivel, más la ampliación y la mejora de un túnel que se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Tupiza, en el sector denominado La Angostura, con una longitud final de 114 metros.
El presidente del vecino país concretó un acto público en Villazón, más precisamente en la avenida República de Bolivia, donde además de referirse a la construcción de la carretera habló sobre la provisión de gas y si bien no anunció obras, bregó por unamejor calidad de vida de sus compatriotas del sur boliviano. En otro tramo del discurso, prometió la inversión de 1 millón de pesos bolivianos para la construcción de un acueducto, ya que villazón no cuenta con el servicio de agua potable.
Antes de partir, Evo Morales, en diálogo con el intendente Cavanna, felicitó -en s nombre y en el de sus connacionales- a Cristina Fernández por el triunfo obtenido en los comicios generales del pasado octubre, augurando la prosecusión gubernamental de la gestión iniciada por Néstor Kirchner.El vuelo de regreso del mandatario boliviano, partió a las 16.15 desde el aeropuerto de esta ciudad.





BOLIVIA ANUNCIA ACERCAMIENTOS CON CHILE Y PERÚ EN MATERIA DE DEFENSA

El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, anunció que sostendrá en las siguientes semanas sendas reuniones con sus homólogos de Perú y Chile para avanzar en asuntos bilaterales que incluyen defensa y seguridad.

El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)

El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, anunció que sostendrá en las siguientes semanas sendas reuniones con sus homólogos de Perú y Chile para avanzar en asuntos bilaterales que incluyen defensa y seguridad.
San Miguel anunció que la próxima semana recibirá en una zona lacustre del Altiplano boliviano a su par peruano Allan Wagner en un encuentro en el que participará también el canciller de ese país, José Antonio García Belaunde.
El titular boliviano de Defensa no precisó la fecha de la visita pero adelantó que en la cita serán abordados temas del Mecanismo de Diálogo "2+2" , que contempla cooperación en defensa y seguridad.
La cita está pactada en el poblado de Huarina, en las riberas del lago Titicaca, que comparten ambos países, en el marco de los homenajes al ex presidente boliviano Andrés de Santa Cruz, que en 1835 instauró una Confederación entre Perú y Bolivia.
San Miguel anunció también una cita en Santiago con su par chileno José Goñi con el propósito de avanzar en acuerdos en el marco del acercamiento entre ambas naciones.
La Paz y Santiago labran una eventual reanudación de nexos diplomáticos luego de 29 años de ruptura, a partir de una agenda de trece puntos que incluye el centenario reclamo boliviano de una salida al mar perdida ante Chile en una guerra en 1879.





CERCO A LA CONSTITUYENTE

BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish)

La Asamblea Constituyente de Bolivia se apresta a reanudar sus sesiones este miércoles presionada por dos sectores sociales que este martes ya se enfrentaron entre sí.
Los campesinos afines a Evo Morales bloquean desde este martes dos de los cuatro accesos a la ciudad de Sucre, donde funciona la Asamblea, exigiendo que se concluya con la redacción de la nueva Constitución Política del Estado en el cónclave.
Mientras tanto, los habitantes de Sucre, que son opositores a Morales, vigilan en las puertas del teatro Gran Mariscal, donde se desarrollan las sesiones del foro. Exigen que una vez que se instale la sesión se trate su demanda de capitalidad plena, que consiste en el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo que ahora funcionan en La Paz.
Ambos sectores chocaron este martes en el centro de la ciudad de Sucre, donde hubo un par de heridos por contusiones.
Los campesinos se apostaron en las puertas del teatro Gran Mariscal desde la madrugada. Por la mañana, llegaron al lugar empleados municipales de Sucre, que arrinconaron a los trabajadores del agro.
La Policía tuvo que ayudar a los campesinos para abandonar el lugar y, de esa manera, evitar un enfrentamiento peor.
Sesión plenaria
Con ese conflictivo telón de fondo, la directiva de el Asamblea Constituyente y los jefes de bancada de los partidos decidieron este martes convocar para este miércoles a la sesión plenaria.
De instalarse la reunión, la Asamblea volvería a funcionar después de tres meses y cinco días de paralización.
La Constituyente quedó paralizada el 15 de agosto de este año, tras haber sacado del debate el tema de la capitalidad. Esa decisión provocó una ola de protestas de parte de los habitantes de Sucre, que impidieron las sesiones.
Desde entonces hasta la fecha, los líderes políticos se enfrascaron en una negociación con dirigentes de La Paz y Sucre para encontrar una solución al tema de la capitalidad.
Finalmente, con la Iglesia Católica como testigo, durante el fin de semana se llegó a una acuerdo para que el pleno de la Constituyente escuche el informe sobre el avance de las negociaciones entre Sucre y La Paz. La presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, informó este martes que "la sesión es mañana (este miércoles)", pero que previamente se reunirá la directiva del foro.
También sostendrá una reunión la brigada constituyente de La Paz, la que definirá si asiste o no a la sesión, puesto que, de llegarse a una solución, ese departamento tendría que perder parte de su poder.
Precisamente, porque existen estas reuniones previas y porque creció la presión social en torno a la Constituyente, la sesión programada no está plenamente garantizada.
Paralelamente a la presión que ejercen los campesinos y los habitantes de Sucre, otras movilizaciones de cocaleros se preparan en La Paz para exigir la continuidad de la Asamblea Constituyente.
Esas movilizaciones, además, buscan presionar al Senado para que recorte los ingresos petroleros de las prefecturas, con el fin de destinar ese dinero al pago de una renta a los ancianos.
Las movilizaciones de los cocaleros confluirán en La Paz el lunes de la próxima semana.





LAS OLVIDADAS DE DIOS Y DE EVO MORALES

Anarkismo Net (www.anarkismo.net)

Así como las condiciones extremas de vida facilitaron la creación de comunidades de destino aymaras en El Alto Bolivia, con una predisposición especial a la lucha porque tienen una elevada cohesión interna que deriva del peligro físico de su trabajo, así mismo los grupos comunitarios de trabajadoras sexuales que han vivido en carne propia la violencia empresarial, gubernamental, comunitaria o vecinal, han conformado comunidades de destino, hermanadas por el dolor, por las lágrimas y por la sangre derramada, con una combatividad inigualable que les permite resistir ante los golpes de la intolerancia y el silencio oficial de la clase política, ante tales acontecimientos que quedaron marcados en la historia mundial de la lucha de clases de las trabajadoras sexuales, por su derecho a existir y trabajar en paz.
LAS OLVIDADAS DE DIOS Y DE EVO MORALES:
Las trabajadoras sexuales de El Alto Bolivia
Jaime Montejo, trabajador de la otra salud sexual y reproductiva, adherente individual de la Otra Campaña convocada por el EZLN México, D.F., a 20 de noviembre de 2007.
“Como un homenaje al coraje y resistencia de las trabajadoras sexuales alteñas, las compañeras del Frente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales “15 de octubre”, utilizan esta fecha para no olvidar este día y la proeza que de tales actos, nació.”
Los siguientes planteamientos sobre las comunidades urbanas aymaras que protagonizaron cuatro jornadas de violencia hacia las trabajadoras sexuales y sus centros de trabajo de El Alto Bolivia que iniciaron el 15 de octubre de este año (2007), están basados en el libro de Raúl Zibechi “dispersar el poder”, donde uno de los movimientos “antiestatales” caracterizados por el autor, es el aymara. Así mismo, retomamos algunos planteamientos de la “Propuesta Sectorial de la Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS)” para el Programa Nacional de Lucha de la Otra Campaña convocada por el EZLN que lleva como título “El color de la sangre”. Y por último, presentamos algunas reflexiones compartidas por la RMTS con el sector obrero de la Otra Campaña el 10 de noviembre de este año en curso (2007) en el Auditorio Che Guevara de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se acordó formalizar al Sector de las y los trabajadores de la ciudad y del campo de la zona centro de la república, donde las trabajadoras sexuales conquistaron su lugar: Preguntando, caminamos.
Combatividad aymara:
Las comunidades urbanas aymaras protagonizaron las guerras del agua y del gas en los años 2000 y 2003. En el mundo aymara, a juicio de Raúl Zibechi, la coacción física aparece distribuida y dispersa por todo el cuerpo social, a diferencia del mundo occidental, donde es monopolio del Estado nacional y es ejercida por un cuerpo separado de la sociedad, una burocracia civil y militar. El poder aymara nace del territorio comunitario y ha permitido desatar potentes movilizaciones que derribaron dos presidentes en Bolivia. En ese entonces, durante 10 o 12 días los pobladores de El Alto, a través de las juntas vecinales o de otras instancias que les dieron cohesión, actuaron como gobiernos barriales suplantando a un Estado deslegitimado y ausente. Los aymaras se han visto forzados a trabajar colectivamente para gestionar sus necesidades más elementales. La unidad de acción entre los vecinos es uno de los factores aglutinantes relacionado con demandas comunes que les ha permitido sobrevivir y mantener la cohesión comunitaria y la identidad aymara. En marzo de 2001, las mujeres aymaras realizaron bloqueos en las avenidas, sentadas “picchando hojas de coca” y conversando entre ellas, en una especie de asambleas grupales. El Alto Bolivia, donde fueron paridas estas grandes movilizaciones mencionadas, es un asentamiento humano irregular, conurbado a la capital de Bolivia, en él viven 900,000 personas quechuas y aymaras urbanizados que han logrado mantener lazos comunitarios muy fuertes, a diferencia de otras poblaciones urbanas y que han construido verdadero Poder Popular, al margen del Estado mismo, de dirigencias y partidos políticos de izquierda.
Justicia comunitaria:
Los muñecos de trapo a la usanza de los espantapájaros, son testimonio de una particularidad, algunos dicen “muerte al ladrón”, otros dan la impresión de estar decapitados. Estos muñecos, forman parte de un sistema de vigilancia y silbatos que advierten cuándo deben acudir a defender el barrio sus moradores. Los ladrones o violadores sorprendidos, son asesinados. Esta “justicia alteña”, es producto de la corrupción y el deterioro moral del aparato judicial y a su vez, es un mecanismo de autodefensa comunal, ya que el Estado y sus instituciones se seguridad y jurídicas, “les hacen la guerra a los vecinos contra quienes actúan como si fuesen sus enemigos”. La muerte de violadores y ladrones es una opción drástica pero garantiza el anonimato y protege a los vecinos. El Alto Bolivia, representa una tradición de lucha contra el Estado, el capitalismo y la tiranía racista que gobernó este país durante cientos de años y que convirtió a la nación en una colonia al servicio de potencias extranjeras, siempre en detrimento de las y los bolivianos. Sin embargo, cuando la movilización social “alteña” atenta contra las más pequeñas, entre los olvidados, nos encontramos con un sistema comunitario que no hace distinción y la verdad a juicio de algunos compañeros, no tendría porqué hacerlo, entre lenones, policías-proxenetas, autoridades corruptas y trabajadoras sexuales, éstas últimas, tanto o más desposeídas que la comunidad indígena aymara donde por las evidencias de los últimos acontecimientos, parecería que no tienen cabida como integrantes de la misma. Sin embargo, para la justicia aymara todos caben en un solo paquete y son considerados enemigos, incluyendo a las trabajadoras sexuales, aunque la mayoría de ellas sean de origen indígena y pasen la mayor parte de su tiempo en El Alto. Esta situación, el carácter indígena de las mujeres trabajadoras sexuales, quizá enardece más a los pobladores, al ver a sus mujeres “prostituidas”, en aras del enriquecimiento de unos cuántos proxenetas. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó la quema de bares y cantinas por parte de los habitantes de El Alto Bolivia?
Probables causas:
Pensamos que fue el crecimiento exponencial de los negocios nocturnos donde se ejerce el trabajo sexual. La corrupción administrativa y protección gubernamental de negocios del sexo irregulares, como lo atestigua la denuncia de algunos “dueños de bares y cantinas” que mencionaron hace dos meses a los medios informativos, que el Consejo Municipal de El Alto recibe mordidas por dos mil dólares por cada establecimiento para funcionar las 24 horas y recibir “protección policíaca”. El crecimiento del alcoholismo y la violencia social e intrafamiliar, ocasionada por el consumo excesivo del alcohol, así como el aumento de la delincuencia. La venta de drogas a menores de edad, el aumento de los embarazos de jovencitas que van a la escuela, así como de las deserciones escolares. La desatención de dicha realidad social por parte del gabinete de Evo Morales que seguramente heredó dicha situación y que sin embargo, nada hizo al respecto para darle cause a la convivencia armónica entre pobladores aymaras, trabajadoras sexuales y empresarios de la noche. Finalmente, el fundamentalismo de las religiones pentecostales que pululan en dicha ciudad, el discurso oficial “izquierdista”, para el cuál las trabajadoras sexuales sólo son la basura y el desperdicio social, el lumpen proletariado, pues; sin soslayar que detrás de la proliferación de bares y cantinas, seguramente hay grandes empresas licoreras que incrementan la tasa de ganancia del capital a costa del empobrecimiento de las comunidades urbanas aymaras y a los ojos de muchos pobladores de El Alto, quizás, a costa de la comercialización de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.
Breviario de los hechos:
El lunes 15 de octubre, vecinos de El Alto Bolivia agrupados en la “Asociación de padres de familia” de dicho lugar quemaron y saquearon cerca de 50 bares y cantinas donde se ejerce el trabajo sexual, pese a que muchos de ellos son clientes de las trabajadoras sexuales. El martes 16 de octubre y días subsecuentes, siguió la destrucción, pero en esta ocasión los padres de familia se hicieron acompañar de sus hijos que estudian en la secundaria, quienes cuestionaron que existen más prostíbulos que escuelas y exigen la entrega del título de bachiller de forma gratuita. Durante cuatro jornadas consecutivas, los vecinos y sus hijos de secundaria, atacaron los establecimientos nocturnos y quemaron electrodomésticos, vehículos de la policía que estaban en el interior de varios negocios, camas y ropa, donde los padres de familia reclamaron la construcción de mil aulas más para los colegios de sus hijos.
A partir de dichos acontecimientos la alcaldía de El Alto restringió a través de una ordenanza, el trabajo nocturno, prohibió el expendio de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de la llamada “calle del pecado” donde se encuentran muchas de las cantinas y bares quemados por los vecinos. La queja por dicha ordenanza no se dejó esperar de parte de las trabajadoras sexuales y los dueños de los centros de diversión. Dicha norma jurídica también establece que sólo podrán ubicarse dichos negocios a partir de 500 metros de distancia de establecimientos educativos y obligados a cerrar a las 2 de la mañana. La Asociación de Pensiones, Bares, Restaurantes y karaokes, rechazó esta resolución manifestando que deberían clausurar únicamente a los establecimientos clandestinos que son la mayoría. Por ello su sector instaló dos piquetes de huelga de hambre. Esta asociación empresarial agrupa a 70 locales, pero en El Alto funcionan más de 1,000. La Asociación de Trabajadoras Nocturnas, donde están organizadas las trabajadoras sexuales de El Alto Bolivia, aglutina a 500 trabajadoras sexuales, aunque más de mil no participan y ejercen su oficio en esta ciudad.
El fin de semana del 19 al 21 de octubre, las trabajadoras sexuales salieron a trabajar a la calle y fueron gaseadas por la Policía. Además hubo razzias cada noche para cerrar locales que estén fuera de la nueva ordenanza municipal. Cincuenta trabajadoras sexuales acompañadas de empleados de centros de diversión, iniciaron huelgas de hambre y amenazaron con no someterse a controles sanitarios y para repeler la represión, las manifestantes asistieron acompañadas con sus hijos. Las trabajadoras sexuales que no estaban en huelga, consiguieron clientes en la calle porque los locales donde trabajaban, fueron cerrados por la furia vecinal o por la fuerza de la nueva ordenanza municipal de El Alto.
Las trabajadoras sexuales de El Alto, señalaron que si sus demandas no eran atendidas, las 35,000 trabajadoras sexuales de todo el país no asistirán a sus controles sanitarios en solidaridad con sus compañeras alteñas. Del total de trabajadoras sexuales que laboran en Bolivia, el 20% aproximadamente, en encuentran en La Paz, la capital boliviana y en El Alto, asentamiento urbano conurbado a esta ciudad. Dicha demanda ya la hicieron llegar al Defensor del Pueblo. Se han solidarizado con las trabajadoras sexuales de El Alto Bolivia, grupos de vendedores ambulantes y taxistas, afectados por el cierre de los establecimientos nocturnos.
El 12 de noviembre, marcharon trabajadoras sexuales de El Alto Bolivia a la ciudad de La Paz y dieron un ultimátum: si el día 24 de noviembre las autoridades municipales alteñas no dan solución a sus demandas, masificarán sus acciones directas como coserse los labios, crucificarse y realizar una marcha nudista hasta la capital del país. A la marcha se unieron contingentes de trabajadoras sexuales de los departamentos de Cochabamba y Oruro. Finalmente, una mediación de la comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, abrió un paréntesis en la lucha de las trabajadoras sexuales alteñas en la defensa del derecho al trabajo. Sin embargo, la lucha apenas comienza.
¿Qué hacer?
Qué hacer ante tales situaciones, cuando la ira de nuestros hermanos y hermanas, estalla contra las trabajadoras sexuales? Resistir dignamente el embate del ajusticiamiento comunitario, reagrupándose como lo hicieron las trabajadoras sexuales alteñas, en donde se tenga la capacidad de entrar a la ofensiva, así fuese sólo mediática, en nuestro propio territorio desde donde podamos llamar la atención de la clase política, de los vecinos y del mundo entero. La respuesta boliviana fue hacerlo en el Centro de Salud de El Alto, donde se lleva a cabo el control sanitario de las trabajadoras sexuales. Hay que demostrar por la vía de los hechos, la capacidad de respuesta que se tiene, pese a que con la quema de bares y cantinas, probablemente muchas compañeras se dieron a la fuga para salvaguardar su integridad. El Alto Bolivia, el del trabajo sexual, multiplicó las huelgas de hambre, las trabajadoras sexuales se sacaron su propia sangre para escribir mantas de protesta, algunas se cosieron los labios en señal de resistencia, así mismo, amenazaron con desnudarse públicamente, enterrarse vivas y al final se tomaron las calles para trabajar en ellas, ante la destrucción de los lugares donde laboraban. Entonces, sólo entonces, buscar un puente de comunicación con los demás pobladores de El Alto Bolivia, evitando que el gestor, en este caso procedente de la Cámara de Diputados, se apropie del movimiento. Esto significa, tomar el control del movimiento para la defensa de su derecho al trabajo en sus propias manos, desplazando a los empresarios del sexo a quienes poco les importó que su irresponsabilidad fuera uno de los elementos que detonó la ira de las comunidades aymaras. No es otra cosa más que tomar el control absoluto de los lugares donde trabajan para definir las reglas de operación del sexo comercial, desde una perspectiva obrera y no patronal.Lección de dignidad:
Finalmente, decidan lo que decidan hacer de ahora en adelante las trabajadoras sexuales alteñas, nos dejaron a los trabajadores del campo y la ciudad un ejemplo de dignidad con la que cuentan para luchar en condiciones de odio que sólo son el caldo de cultivo para posteriores asesinatos, que esperamos la organización autónoma de las trabajadoras sexuales y la solidaridad internacional, exorcicen. Si esto no es conciencia de clase, que los estudiosos del marxismo clásico nos digan qué cosa lo es. Tendrán que atenderse demandas comunitarias de los demás pobladores de El Alto, tales como la autorregulación de los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual y en este sentido la decisión está en las manos de las trabajadoras sexuales. Así mismo, tendrá que respetarse el derecho al trabajo de las trabajadoras sexuales sin que se recurra a una mayor discriminación: la tentación de prohibir por decreto el trabajo sexual y el funcionamiento de cantinas y bares que sólo ocasionaría más corrupción administrativa y violencia hacia este sector de los trabajadores; o la instalación de zonas de tolerancia, como lo exige la Federación de Padres de Familia para que a su juicio “las señoras trabajen ya que tienen sus derechos y los respetamos”. ¿Tendrá que aplicarse la justicia alteña a lenones y proxenetas, así como lo hacen con ladrones y violadores y no contra las trabajadoras sexuales y los lugares donde laboran? Las trabajadoras sexuales a su vez, tendrán que fortalecer su organización comunitaria, a lo mejor turnarse para cumplir las tareas que su movimiento les demande, considerar la posibilidad de rotarse los cargos de dirección e incluso incursionar sino lo han hecho en la consolidación de una dirección colectiva, para no empoderar a futuras capataces al servicio del amo y señor del “congal”. Las trabajadoras sexuales tendrán que reconocerse primero como parte de la solución y no como el problema que provoque otras jornadas de violencia contra el trabajo sexual; así mismo, tendrán que reconocer que la intolerancia de la justicia alteña, la avaricia de los dueños de los centros nocturnos donde trabajan y su insensibilidad hacia las demandas comunitarias de El Alto Bolivia, fueron las gotas que derramaron el vaso y dieron el origen a las cuatro jornadas que terminaron con la quema de 50 bares y cantinas y con la radicalización de las posturas de los vecinos y de las trabajadoras sexuales y los dueños de los establecimientos donde ellas laboran.
La historia se repite:
Los sucesos de El Alto Bolivia ocurridos entre el 15 y 21 de octubre de este año (2007), ya han ocurrido en otras latitudes incluyendo a México y el color político que lo protagonizó es lo de menos. La Calzada de Tlalpan en el Distrito Federal, es testigo silenciosa de innumerables crímenes de odio contra trabajadoras y trabajadores sexuales, por parte de vecinos y escuadrones de la muerte, ofendidos por la oferta que allí se lleva desde hace más de 35 años de sexo comercial y por la rebeldía de las y los trabajadores sexuales que se niegan a pagar grandes cuotas de extorsión a la policía, respectivamente. En Plaza del Sol, ubicada en Zapopan Jalisco, México, hace algunos años, vecinos fundamentalistas católicos de ultraderecha, dispararon a quemarropa a una trabajadora sexual transgénero y amenazaron a otras más con asesinarlas sino se retiraban de sus calles. El 11 de julio de 2007, compañeras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, instituyeron el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Sexual, por el asesinato de 7 compañeras de la Merced en menos de dos semanas (cuando el promedio anual era de 6) y como un homenaje a la valentía de las 13 trabajadoras sexuales de Castaños Coahuila que a un año de la conmemoración, fueron violadas por militares mexicanos encargados del resguardo de material electoral de la pasada contienda presidencial del 6 de julio de 2006.
Alerta roja:
Lo que pasó en El Alto Bolivia en las cuatro jornadas de octubre de este año (2007) contra las trabajadoras sexuales y sus fuentes de empleo, es una llamada de atención de lo que puede ocurrir cuando el fundamentalismo político y/o religioso se desborda y avanza contra un grupo social “diferente” al “nuestro”. También es una llamada de atención, cuando el capitalismo, en este caso con el rostro de industria sexual, industria licorera y narcotráfico, avanza amenazante contra relaciones sociales que han posibilitado la sobrevivencia de muchas comunidades indígenas que se rigen por sus usos y costumbres o de otras comunidades populares que se rigen por sistemas de justicia diferentes al del Estado nación. La militancia revolucionaria no nos exenta de una alta carga de “complicidad simbólica” hacia quienes comenten crímenes o actos de justicia popular contra otras y otros más pequeños e indefensos que nosotros “los revolucionarios”, al considerar que atentan “contra la moral revolucionaria”, contra los intereses del pueblo, contra el proletariado o en el caso comentado, contra la comunidad aymara. Dicha complicidad simbólica, también está presente cuando guardamos silencio ante tales acontecimientos y entonces preferimos no cuestionar la gestión de un “estadista” de la izquierda liberal de la “altura” de Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia. Parafraseando al doctor Raúl Páramo Ortega, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, “La construcción de una cultura erótica contribuye a minar un poco la explotación del hombre y de la mujer. Es en sí misma anti-capitalista: introduce el gozo del otro. El otro –que en la lógica de Eros- ya no puede ser objeto de propiedad ni de opresión. (…) En esa marcha no hay inocente alguno. Nadie nos absuelve. Tampoco la práctica revolucionaria lo hace. El Eros…, el aún rescatable… tiene que incorporarse en la Praxis revolucionaria. Hay muchos campos de acción en que el Amor que nos roban las religiones para mistificarlo y traficar con él, sea por lo menos parcialmente recuperado como dios pagano: Eros.” Las trabajadoras sexuales y su lucha por el derecho al trabajo y por disfrutar de las prestaciones sociales que el Derecho Laboral ofrece a otros sectores de la clase obrera, deberán ser atendidas por el Congreso boliviano y por la Asamblea Constituyente. De no hacerlo, quedará constancia histórica de su miopía ideológica y de su negligencia ante uno de los sectores más desprotegidos del campo y la ciudad latinoamericanos. Por lo pronto en México, las demandas de las y los trabajadores sexuales están “alimentando” las propuestas que el Sector Obrero hace al Programa Nacional de Lucha de la Otra Campaña que busca derrocar al régimen, destruir al Estado, convocar a una nueva Constituyente donde participen las y los trabajadores sexuales para que se eleve a rango constitucional en el artículo 123, inciso XXXI, la organización cooperativista del trabajo sexual y el reconocimiento de los derechos laborales que la Ley Federal del Trabajo reconoce para el resto de oficios y profesiones y así mismo incluir en el artículo primero de la Constitución, como prácticas discriminatorias la instalación de zonas de tolerancia, el registro de prostitutas y la portación de documentos de control sanitario del sexo comercial.
Comunidades de destino:
Así como las condiciones extremas de vida facilitaron la creación de comunidades de destino aymaras en El Alto Bolivia, con una predisposición especial a la lucha porque tienen una elevada cohesión interna que deriva del peligro físico de su trabajo, así mismo los grupos comunitarios de trabajadoras sexuales que han vivido en carne propia la violencia empresarial, gubernamental, comunitaria o vecinal, han conformado comunidades de destino, hermanadas por el dolor, por las lágrimas y por la sangre derramada, con una combatividad inigualable que les permite resistir ante los golpes de la intolerancia y el silencio oficial de la clase política, ante tales acontecimientos que quedaron marcados en la historia mundial de la lucha de clases de las trabajadoras sexuales, por su derecho a existir y trabajar en paz. Las prácticas comunitarias, reflexiones y acciones directas anticapitalistas y hasta antiestatales, no son garantía de respeto a la diferencia, prueba de ello las jornadas violentas de El Alto Bolivia mencionadas en este artículo. Tampoco es garantía de respeto a la diferencia, proclamarse adherente de la Otra Campaña o vincularse a organizaciones político - militares que buscan tomarse el poder por la vía armada para instalar “la dictadura del proletariado”. Terminamos estas reflexiones con una consigna de los años 60ss y otra de la Red Mexicana de Trabajo Sexual: No hay libertad política, sino hay libertad sexual. Y no hay libertad sexual, sin libertad para talonear (trabajar en el sexo).




Opinión

INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA

El Diario de Chile (www.diariofinanciero.cl)

En caso de avanzar en integración energética, se requiere más que nunca generar un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los contratos. Es clave, igualmente, que el gobierno persista en la propia diversificación interna de las fuentes de energía
Nuevos pasos en pos de concretar un proyecto de interconexión eléctrica dieron esta semana los gobiernos de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
Los representantes de estos países acordaron los términos de referencia de la licitación internacional del estudio que se hará para definir si la iniciativa tiene una factibilidad técnica y económica. Todo con el objeto de estar en condiciones de decidir efectivamente una inversión a fines del próximo año.
De acuerdo a lo planteado por las mismas autoridades chilenas, con esta idea se busca aprovechar las holguras energéticas que algunos países registran en determinados momentos del año. Y, dada esa base, se entiende que se podría acceder a precios de energía más bajos, considerando -por ejemplo- que Perú exhibe costos de generación menores a los de Chile.
Pero por más positivo que aparezca, a estas alturas surgen lógicas aprensiones sobre el curso de los acontecimientos. La primera, obvio, se relaciona con las garantías jurídicas que requiere este tipo de proyecto. Y Chile ya lo sabe con la negativa experiencia del gas natural.
En efecto, Argentina no dudó en dejar de lado el espíritu de integración gasífera para reducir el suministro del citado producto hacia territorio nacional cuando se vio en problemas. No valieron de nada las inversiones realizadas y amparadas por los gobiernos de la época. Sencillamente, no hubo gas.
En segundo término, una interconexión como la planteada sólo responde a un tipo de necesidad de energía. La más importante, podrá defenderse el gobierno, pero al fin y al cabo expuesta a riesgos que podrían traducirse en su reducción o interrupción.
Un tercer punto dice relación con la situación de política interna de las naciones involucradas, puesto que hoy -quizás a diferencia de lo observado en los noventa- enfrentan una cierta inestabilidad y ésta tiene un reflejo en las dudas acerca del modelo económico óptimo y, además, del rol que le cabe a la propiedad privada en ese contexto. Son todas estas consideraciones, por lo tanto, las que urgen a la autoridad de turno a no sólo avanzar en los aspectos técnicos de la interconexión sino que también en los aspectos normativo-regulatorios que la debieran acompañar. Es decir, más que nunca se requiere generar un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los contratos. Es clave, igualmente, la necesidad de que el gobierno persista en la propia diversificación interna de las fuentes de energía, de tal forma de acotar los niveles de dependencia externa.




Opinión

LA RONDA DE LOS PRECIOS

Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)

Por: Antonio Peredo Leigue.- Que el estaño haya sobrepasado su precio más alto desde la Segunda Guerra Mundial y el petróleo esté bordeando los 100 dólares, puede significar una excelente oportunidad para Bolivia. Pero, en otra perspectiva, podría ser la repetición de una historia de frustraciones.
Hagamos abstracción, siquiera por unos momentos, de las grescas casi infantiles en que nos enredamos unos contra otros a propósito de cualquier tema. Tratemos de ubicar, la situación económica mundial y su incidencia en el proceso que vive Bolivia. Este no es, no puede ser, un ejercicio exclusivo de los economistas. Todos estamos obligados a interesarnos en esa perspectiva; además, la historia de los pasados 50 años, nos da los elementos de juicio suficientes para comprender tal proceso.
Si nos situamos en 1957, encontraremos que la reconstrucción de Europa marchaba a toda marcha y Estados Unidos, en su reciente papel de gendarme internacional, buscaba asentar su dominio en el Asia. Los precios internacionales de las materias primas eran bastante altos. Pero, por otra parte, el petróleo es muy barato y permite un alto consumo en el movimiento de los grandes aparatos de guerra.
Aún así, o talvez precisamente por sus exigencias bélicas en la amplia extensión del Asia, era importante para la potencia norteamericana mantener un control estricto sobre esos precios. Basta recordar el “dumping” del estaño que bajó bruscamente la cotización internacional de este mineral, como respuesta a la nacionalización de las minas en Bolivia. Algo similar haría con los recursos de otros países latinoamericanos.Una década después, tales precios estaban en caída lenta. Se atisba una crisis que, a comienzos de los años ’70 estallará con el alza en el valor del petróleo. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha tomado el control de su producto y fijado el precio que, hasta entonces, era manejado por las transnacionales.Esa crisis produjo una corta etapa de excelentes precios para las materias primas y dinero a bajo costo. Fue el momento de los grandes endeudamientos y los proyectos faraónicos de las dictaduras militares encaramadas en nuestros países. A fines de esos años ’70, la situación se revirtió con gran rapidez.
Estados Unidos había controlado la situación y buscó deshacerse de las dictaduras que había propiciado desde los años ’60.
Hace 25 años, la informática y la computación ya eran la gran industria mundial y, las materias primas, carecían de interés; al menos, esa era la versión que se encargaban de difundir los grandes analistas internacionales. Pero el consumo de energéticos y, en consecuencia, de hidrocarburos, iba en aumento. Pese a los satélites, la televisión por cable y los celulares, el transporte físico aumentaba sin control… y el petróleo escaló hasta las nubes.
En esa línea, aparecen los indicios de una nueva etapa de mejoramiento en la cotización de las materias primas. Hasta aquí, pareciera que se trata de una secuencia de alzas y bajas que se deben, básicamente, a la especulación de las bolsas.
Pero no es así. Han aparecido factores que, hasta hace veinte años, ni siquiera se tomaban en cuenta. China e India, los dos países con más población en el mundo (más de 2 mil millones de habitantes entre ambos) están desarrollando una economía de mercado que supera, en demanda, la del resto del mundo, exceptuando las grandes potencias.
Cemento, hierro, minerales, han sufrido una elevación de los precios, como resultado de la construcción y el transporte en esos gigantes.
Pero, de otro lado, la economía de Estados Unidos entró en una crisis recesiva, a consecuencia de los enormes gastos que significan sus aventuras en Afganistán e Irak. La Unión Europea, que se beneficia con el aumento en el valor de su moneda, sabe que a corto plazo pagará también las consecuencias de esa situación. Por lo pronto, su desarrollo económico se ha visto frenado.
¿Cuáles son las proyecciones en América Latina? Dependen, por supuesto, de las políticas que desarrollemos en los próximos años. Si nos dejamos llevar por la ilusión de potenciarnos individualmente, repetiremos la experiencia de las décadas anteriores: gastos faraónicos y endeudamiento empobrecedor. La alternativa es concretar la integración regional.
¿Por qué? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea nos están dando muestras de que, la integración regional, es el curso correcto que debemos asumir. Lo hacen, por supuesto, tentándonos con el facilismo de los tratados de libre comercio. De ambas vertientes, nos apremian para asociarnos con ellos, solitarios o en conjunto. Lo importante es que relacionemos todo nuestro comercio con los países desarrollados, para continuar en la situación de dependencia.
La integración regional, como alternativa, siempre ha sido la respuesta correcta, pero nunca la asumimos. Nos dejamos arrastrar, en cada ocasión, a los cautivadores programas de las grandes potencias. La integración ha sido sólo un discurso que reservamos para los encuentros internacionales.
Hoy, estamos en condiciones de hacer realidad ese proyecto que fue entrevisto por libertadores hace casi dos siglos.
¿Cómo hacerlo? Partiendo de nuestras debilidades. Por supuesto que debemos usar las fortalezas que tenemos, pero estableciendo la estructura integradora en base a la solución de las carencias y dificultades que nos han dejado las potencias.
Concretamente, en este momento, enfrentamos una crisis energética en toda la región. Es una crisis de crecimiento. Una crisis que no se resolverá concertando tratados con la potencia norteamericana o europea. Sólo es posible hacerlo, usando nuestros propios recursos para cubrir nuestras necesidades. En otros términos: lo que es nuestro, debe servir para nuestro desarrollo.
Hablamos de la región, no de un país y menos aún de una provincia o departamento. Los recursos energéticos deben usarse en el desarrollo regional, a condición de que tal desarrollo sea compartido. Quienes tenemos los recursos primarios debemos recibir apoyo para industrializarlos. Quienes requieren de esos recursos, deben recibirlos en condiciones de hermanamiento. Esa es la base de la integración. De otra manera, manejando nuestros recursos como simple mercancía, nunca saldremos del círculo vicioso de auge y caída de nuestra economía que se repite desde hace centenas.
Bolivia tiene tanto el desafío como la llave de la integración. No sólo por el gas, sino por un recurso mucho más valioso: el agua. Estando al centro del continente, somos proveedores adecuados del energético, siempre que desarrollemos la electrificación, la agricultura y la ganadería, así como la industrialización de nuestras materias primas.
En cuanto al agua, tomando conciencia de que, desde nuestros nevados comienza a correr el agua que nutre las grandes cuencas del Amazonas y del Plata, estamos obligados a implementar una política que haga, de ese recurso hasta ahora malgastado, en un recurso racionalmente manejado. Las grandes represas construidas entre Brasil, Paraguay y Argentina, han mostrado su insuficiencia, pese a lo gigantesco de esos proyectos. ¿Otros más de esas o mayores dimensiones, solucionarán la crisis energética? Todo indica que, al contrario, crearán mayores bolsones de miseria en los mismos países en que se construyan.Bolivia puede enfrentar exitosamente esa tarea: hacer que el agua sea un recurso racionalmente útil para toda la región. Estamos en el centro de Sudamérica. Somos la llave para un real acuerdo sudamericano.





Opinión

SE PROFUNDIZA LA POLARIZACIÓN FRENTE A EVO

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)

Un llamado a la desobediencia civil de cinco regiones opositoras al gobierno no se concretaba en hechos ayer pero se convirtió en un elemento más de la polarización en Bolivia, también visible en una Asamblea Constituyente que intenta volver a sesionar tres meses después de su cierre forzado.
La amenaza de desobediencia civil fue decidida el lunes por cuatro departamentos -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- opositores al presidente Evo Morales y a ellos se unió ayer Cochabamba. Las regiones protestan así por una decisión del gobierno central de retirarles recursos para financiar un bono para ancianos.
Mientras el gobierno y organizaciones populares rechazaron el llamado a la desobediencia de los prefectos, la oposición de derecha recibió con cautela el anuncio de una ''resistencia democrática que incluye categoría de persuasión y protesta, desobediencia civil e intervención no violenta'' de oficinas públicas, según el documento aprobado el lunes.
''Estamos en función de la Constitución y las leyes y no de las amenazas, y el gobierno nacional tiene que garantizar que las instituciones democráticas puedan trabajar con toda normalidad'', según Oscar Ortiz, influyente senador del principal partido opositor de derecha Podemos.
El vocero presidencial, Alex Contreras, dijo que la convocatoria a la desobediencia atenta contra la Constitución Política, mientras que el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, recordó que ``estamos en un estado de derecho y las medidas de facto como resistencia civil, autonomía de facto, tomas de oficinas son contrarias al ordenamiento constitucional''.
Según el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, los prefectos iniciaron una campaña de sedición para desestabilizar al gobierno. ''Ingresan en tipos delictivos al llamar a la sedición y a la subversión'', acotó.
El director de Descentralización de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, aclaró en tanto que desobediencia civil ``se refiere a marchas de cacerolas, huelgas de hambre y otros pronunciamientos o actos democráticos (a los) que cualquier individuo tiene derecho''.
El jefe de bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, consideró que la amenaza es una ''bravuconada'' de los prefectos que ``carecen de condiciones para ejecutarla''.
La polarización política tiene un foco mayor en la Asamblea Constituyente donde el martes chocaron universitarios opositores con campesinos leales al presidente Evo Morales.
Varios campesinos fueron golpeados por universitarios y mujeres afines a las organizaciones civiles de derecha de Sucre (sudeste de Bolivia), quienes proferían gritos de corte racista, según imágenes de la televisión.
''El que no salta es llama'' (auquénido andino) y ''fuera collas de Sucre'', fueron los gritos más frecuentes al desalojar a los campesinos de los predios de la Constituyente donde intentaban levantar una vigilia.
Los incidentes ocurren después de que la Constituyente fracasó el lunes en su intento de reanudar sesiones luego de tres meses de receso al surgir nuevos desacuerdos, en particular en la pugna por la sede de los poderes entre Sucre y La Paz.






América Latina

LAS ENCRUCIJADAS DEL NACIONALISMO RADICAL (Parte I)

Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)

Las sublevaciones populares que sacudieron a Sudamérica en los últimos años condujeron al derrocamiento de varios presidentes neoliberales, reforzaron la presencia de los movimientos sociales y facilitaron nuevas conquistas democráticas. También permitieron modificar las relaciones de fuerzas en desmedro del imperialismo y a favor de los oprimidos.
Otro efecto de las rebeliones ha sido el establecimiento de gobiernos nacionalistas radicales, como Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y probablemente Correa en Ecuador. Estos presidentes favorecen un curso económico estatista, mantienen fuertes conflictos con Estados Unidos, han chocado con las burguesías locales y desenvuelven políticas económicas que oscilan entre el neo-desarrollismo y la redistribución progresiva del ingreso.
Son gobiernos que se ubican en las antípodas de las administraciones conservadoras de Uribe en Colombia, Calderón en México y Alan García en Perú. Los derechistas mantienen políticas pro-norteamericanas, cursos abiertamente neoliberales y reaccionan con brutalidad represiva frente a cualquier demanda popular.
Los presidentes nacionalistas también se distinguen de sus colegas de centroizquierda, como Lula en Brasil, Kirchner en Argentina o Tabaré Vázquez en Uruguay. Estos mandatarios mantienen relaciones ambiguas con el imperialismo, apuntalan a las clases dominantes locales y utilizan los mecanismos constitucionales para obstaculizar el logro de mejoras sociales. (1)
En los países gobernados por el nacionalismo antiimperialista se han creado condiciones de movilización por abajo y polarización socio-política, que no se verifican en las naciones dónde el poder burgués fue reforzado por medio de la desilusión (Brasil), el control (Uruguay) o la contención (Argentina). ¿Qué escenarios afrontan los gobiernos radicales? ¿Avanzarán en la construcción de sociedades igualitarias o recrearán otro sistema de opresión?
Una forma de esclarecer estas disyuntivas es revisar el rumbo seguido en circunstancias semejantes de la historia latinoamericana. Esta comparación exige analizar cinco situaciones: la Unidad Popular Chilena, el Sandinismo nicaragüense, el PRI de México, los ensayos de nacionalismo militar en Perú, Bolivia o Panamá y la revolución cubana.
Este contraste no es un ejercicio académico para sugerir conclusiones imparciales. Apunta a definir estrategias adecuadas para la izquierda. Revisando el pasado se puede percibir cuáles son los caminos que conducen a la preservación del capitalismo o al avance hacia el socialismo.
De esas experiencias no surgen modelos de copia para el futuro. Ningún desenlace del siglo XX se repetirá en los próximos años. Pero resulta imposible construir el mañana ignorando lo que sucedió ayer. La manía por la novedad siempre oculta la reproducción de algo ya realizado. Asumir herencias, asimilar logros y cuestionar desaciertos es la condición de un nuevo proyecto de la izquierda.
La tragedia de Chile
El recuerdo de la Unidad Popular chilena golpea a cualquier analista que evalúe las opciones de un proceso reformista en América Latina. Ahogar en sangre estos ensayos ha sido la respuesta tradicional del imperialismo. Pinochet simboliza un tipo de reacción, que en algún momento del siglo XX soportaron varios países de la región. El Departamento de Estado y sus socios oligárquicos locales han recurrido repetidamente a la ferocidad fascista, para doblegar a los gobiernos que afectan los intereses del establishment. Lo único que varió fue la magnitud de los asesinatos perpetrados en cada asonada.
Pinochet concentra el modelo clásico de contrarrevolución que la derecha siempre tiene en carpeta. La conspiración se puso en marcha apenas asumió Allende, mediante el asesinato del general Schneider. Las bandas de Patria y Libertad comenzaron los atentados, aprovecharon las protestas de los camioneros, la irritación de los comerciantes y los cacerolazos de la alta clase media. Con financiación de las compañías multinacionales Kissinger diagramó las principales agresiones de la reacción.
Este mismo esquema de provocaciones se reprodujo en Venezuela en los últimos años, especialmente durante el ensayo golpista del 2002. Las grandes empresas aportaron el dinero, la embajada norteamericana coordinó las provocaciones, los conservadores azuzaron a la clase media, los viejos partidos reclutaron el personal civil y los medios de comunicación inventaron las justificaciones del ataque. Cualquier medida genuinamente democrática -como la cancelación de la licencia manejada por monopolio mediático RCTV a principios del 2007- reactiva estas conspiraciones de las elites.
El mismo libreto se repite también en Bolivia. La amenaza golpista incluye allí, un chantaje de secesión de las provincias orientales que cuentan con grandes recursos de petróleo y gas.
Pero el recurso pinochetista es una opción que la derecha actualmente avizora solo como un instrumento de presión. En este terreno existe una diferencia sustancial con los años 70. El golpe es concebido para desplazar a un gobierno reformista, sin la intención de reimplantar dictaduras de mediano plazo. Dado el carácter obsoleto de las tiranías militares se busca una restauración conservadora en el marco constitucional. Tampoco el imperialismo norteamericano está en condiciones de sostener en el mediano plazo a un generalato reaccionario. Por estar razón, sus socios derechistas ejercen el terrorismo de Estado (Uribe) o la represión salvaje (Calderón), pero mantienen la fachada constitucional.
La opción pinochetista es improbable, pero refrescar el antecedente chileno es muy útil para evaluar otro problema: los obstáculos que interpuso la Unidad Popular a un tránsito hacia el socialismo. Es importante recordar estos impedimentos, con independencia del corolario fascista que tuvo esa experiencia. Solo este balance impedirá la repetición de los errores cometidos por Salvador Allende.
Tal como ocurrió en esa época, las fuerzas políticas de izquierda han accedido al gobierno por la vía electoral en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las sublevaciones sociales han logrado proyectarse al voto popular, pero nuevamente se ha verificado que llegar al gobierno no equivale a tomar el poder. El manejo de la gestión administrativa del Estado no otorga el control de los resortes de la economía que detentan los capitalistas. Allende buscó superar esta limitación desde el marco constitucional, aceptando todas las restricciones de la legalidad burguesa. Suscribió de entrada un Pacto de Garantías con la oposición, que acotaba severamente el alcance de las reformas promovidas por la izquierda. Los representantes del capital no se ataron en cambio, a ningún compromiso legalista. Solo utilizaron esos acuerdos para acorralar, desgastar y neutralizar a su oponente.
Esta experiencia ilustró cómo los derechistas socavan a un gobierno radical que acepta las reglas de juego de los dominadores. Este mismo condicionamiento es actualmente ensayado en las Asambleas Constituyente que acompañan la gestión de Chávez, Evo (y próximamente Correa). Pero a diferencia de lo ocurrido en Chile esta presión no se agota en un corto episodio. Tiende a prolongarse en una sucesión de batallas, que podría incluir varias Constituyentes.
El aspecto más trágico del legalismo de Allende fue su confianza en los militares. Primero incluyó solo exhortaciones, pero luego implicó la aceptación de muchas exigencias golpistas (designación de Pinochet, facultades a la justicia militar, leyes de control de armas, inacción frente a los ensayos de la asonada). Chávez siempre rememora este precedente y recurre a su propia experiencia en el ejército para afirmar que “la revolución bolivariana es pacífica, pero no desarmada”. La estrecha ligazón con Cuba, la adquisición de armamento fuera de la órbita norteamericana, los preparativos de organización de milicias expresan esta comprensión del reto militar, que plantearía un futuro choque con la derecha.
El contexto actual de los ejércitos latinoamericanos es por otra parte más contradictorio que en el pasado. Por un lado las fuerzas armadas perdieron la función gubernamental que ejercieron durante el siglo XX, pero al mismo tiempo se encuentran más atadas a las campañas que digita el Pentágono, con el pretexto de enfrentar el narcotráfico o la criminalidad. En un escenario diferente, las grandes encrucijadas políticas que enfrenta la región no han cambiado
Legalismo o poder popular
La conciliación de Allende con los golpistas coronó una política de rechazo a la construcción de un poder popular extra-parlamentario (Asamblea Popular de Concepción, Juntas de Abastecimiento, Consejos Comunales, Cordones Industriales). Este tipo de edificación es indispensable para lograr un tránsito hacia el socialismo. El cuestionamiento de la Unidad Popular a estos ensayos, impidió la formación de los únicos organismos que podían preparar una resistencia de las masas contra Pinochet.
La ceguera parlamentarista no solo obstruyó esta cohesión. Bloqueó, además, la confluencia de las movilizaciones por la reforma agraria y la mejora de los salarios en las minas. Estos antecedentes son importantes para un país como Bolivia, con persistente acción autónoma de movimientos sociales de mineros, maestros y campesinos y gran demanda de soluciones inmediatas para los viejos reclamos.
Si el gobierno de Morales titubea como Allende, terminará provocando el mismo desconcierto popular que imperó en Chile en 1972-73. A este negativo resultado conduce también la atenuación de las propuestas transformadoras, que se observa en las negociaciones con los opositores para viabilizar la Asamblea Constituyente.Los crecientes reclamos de los trabajadores bajo este tipo de gobiernos no son reacciones infantiles, ni irritaciones alimentadas por la impaciencia. Expresan el temor a una repetición de todas las frustraciones del pasado. La Unidad Popular llegó al gobierno con la promesa de superar el desengaño provocado por la gestión demócrata-cristiana en varios terrenos (especialmente el agro y las estatizaciones). Esta misma memoria de desengaños se verifica actualmente en Venezuela, Bolivia o Ecuador. Aunque el padecimiento neoliberal es un recuerdo fresco que opaca ese pasado, nadie olvida las frustraciones industrialistas con Carlos Andrés Pérez en Venezuela o las decepciones reformistas con Siles Suazo en Bolivia.
El trasfondo del problema radica en la persistente obstrucción capitalista a cualquier transformación progresista en los países latinoamericanos. Muchos gobiernos de raigambre popular pretenden eludir esta barrera. Estiman posible compatibilizar las mejoras sociales con las ganancias de los poderosos y terminan afrontando los mismos encierros que socavaron a Salvador Allende. La contundente enseñanza que legó el antecedente chileno se resume en un precepto: una vez comenzadas las reformas sociales hay afrontar en forma consecuente las resistencias que opondrán los dominadores. También es necesario saber que esta confrontación tiene consecuencias potencialmente anticapitalistas.
Del balance de la Unidad Popular surgen posturas muy distintas frente a la etapa en curso. Quiénes sitúan la falla en el “apresuramiento” o en las “presiones aventureras de la ultra-izquierda”, proponen ahora atenuar la marcha y conciliar con la derecha. Si por el contrario se ubica el desacierto de Allende en su ingenuidad legalista, la tarea es preparar el salto al socialismo, radicalizando los procesos políticos y construyendo el poder popular. (2)
La experiencia chilena se desenvolvió en forma vertiginosa en un lapso de pocos años. Los procesos nacionalistas-radicales actuales cuentan con un margen temporal superior, pero no tan elástico. Venezuela puede utilizar sus recursos petroleros para ensayar cambios sociales en períodos más extensos. También puede aprovechar la ventaja de procesar por primera vez un tipo de experiencia radical, que el grueso de la región ya conoció en décadas anteriores.
En cambio Bolivia enfrenta un contexto más adverso. Recién ha comenzado a capturar una renta estatal significativa, en un país históricamente inestable y con fuerzas derechistas afianzadas, que cuentan con más capacidad que sus pares de Venezuela o Ecuador para ejercer el chantaje secesionista. Estos grupos le han puesto un candado en la Asamblea Constituyente a la heterogénea coalición del MAS y pueden paralizar al gobierno de Morales. El “empate catastrófico” entre contendientes que resurge desde hace varios años tiende a desgastar al nuevo presidente. En el Altiplano persiste el trágico recuerdo de Siles Zuazo, que en 1982-85 comenzó adoptando medidas progresistas y terminó instaurando el ajuste del FMI, en medio de la hiperinflación.
Probablemente Ecuador se encuentra en una situación intermedia. No cuenta con el margen de acción que tiene Venezuela, pero tampoco enfrenta la estrechez de espacio que predomina en Bolivia. En menos de un año Rafael Correa ha ganado cuatro elecciones y está forjando una importante base de apoyo. Logró mayoría absoluta en la Constituyente y le propinó a la derecha una paliza electoral. Pero la gran incógnita gira en torno al uso de ese novedoso caudal político. Salvador Allende también contaba con una gran popularidad, que no supo utilizar en el momento adecuado.
Lecciones de Nicaragua
Las principales enseñanzas de la experiencia sandinista provienen más de la última etapa del gobierno del FSLN, que del triunfo guerrillero inicial o de la resistencia a la agresión imperialista. En esa fase final de la presidencia se abrió el camino para un retorno electoral de la derecha, que los conservadores vislumbran como una opción de mediano plazo para Venezuela. En Bolivia este reingreso de las elites por medio de los comicios es una amenaza siempre latente.
La revolución sandinista fue una insurrección popular muy diferente a las rebeliones recientes. Se apoyó en la acción guerrillera y en un levantamiento armado que aplastó a la dictadura de Somoza, en una situación de total colapso del Estado. Una gran diferencia de intensidades separa a la eclosión de Nicaragua de las crisis latinoamericanas de la última década. (3)
Pero lo más importante de esta acción sandinista fue su alto grado de radicalidad. Cuando la tiranía recurrió a sus últimas cartas -luego del asesinato de Chamorro y del feroz bombardeo de los barrios populares- el FSLN no aceptó la conciliación. Rechazó la propuesta opositora de sustituir al déspota por un cambio cosmético e impuso la disolución de Guardia Nacional y la expropiación de bienes de la dinastía.
Este debut del Sandinismo corroboró la necesidad de medidas drásticas contra los plutócratas para comenzar a edificar una democracia plena. Aunque el contexto político que rodea a las rebeliones recientes es muy diferente, estas enseñanzas nicaragüenses no han perdido vigencia. Bajo los regímenes constitucionales actuales la gravitación de los distintos grupos del establishment está más distribuida, pero los resortes del poder continúan en manos de las clases dominantes. Estos sectores impiden la soberanía popular y no renunciarán a sus privilegios, sin drásticas medidas por parte de los oprimidos.
Las decisiones iniciales que adoptó el FSLN fueron más radicales que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionalistas actuales. La nacionalización de bancos, el control de comercio exterior, la sustitución de la guardia nacional por un ejército popular, la sindicalización masiva y la organización barrial constituyeron medidas revolucionarias, que no se han observado en ningún país durante la última década.
Pero el impacto internacional del triunfo sandinista presenta cierta familiaridad con el contexto generado por el proceso bolivariano. En comparación con Nicaragua, los cambios introducidos en Venezuela son muy moderados, pero al desafiar la hegemonía global del neoliberalismo, estas medidas han creado una situación comparable a la vigente a principio de los 80. Esta equivalencia se verifica en la recomposición de las expectativas populares en varios países de la región.
El triunfo del Sandinismo suscitó un entusiasmo arrollador. No solo quebró el aislamiento de Cuba, sino que incentivó la lucha regional contra las dictaduras de la época. Este optimismo ha comenzado a renacer con las victorias contra la derecha en Venezuela. No por casualidad Caracas se ha convertido en un lugar de encuentro militante de la izquierda, semejante al papel que ocupaba Managua en el período anterior.El FSLN intentó gestar un régimen político pluripartidista y representativo, con muchos ingredientes de la democracia participativa actualmente promovida por el proceso bolivariano. Ese sistema sustituyó en el primer caso a una dictadura y en el segundo a una estructura de alternancia gubernamental entre partidos corruptos. En las dos situaciones se registraron avances significativos, pero insuficientes para dotar a la población de poder efectivo de decisión. Por esta razón, los sectores capitalistas no somocistas que sobrevivieron en Nicaragua pudieron retomar el gobierno en el momento oportuno. Sus colegas en Venezuela preservan esta misma capacidad de intervención y mantienen fuerzas suficientes para intentar la recaptura de la presidencia.
El Sandinismo debió lidiar con la sistemática agresión del imperialismo. Los costos de este atropello fueron infinitamente mayores a los soportados por el proceso bolivariano. Venezuela no afrontó hasta ahora las invasiones de mercenarios entrenados por la CIA que agobiaron a Nicaragua. Desde 1981 hasta 1987 Reagan sostuvo una ofensiva abierta desde las bases militares de Honduras y Panamá y cuándo se le agotaron los recursos formales recurrió a la financiación ilegal. Nicaragua padeció una cifra de bajas equivalente a la sufrida por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. La producción agrícola quedó destruida y la vida económica sufrió daños monumentales.
Pero a pesar de este desangre el imperialismo fracasó. Sus bandas debieron negociar el desarme y a un elevado costo económico y social el Sandinismo pudo triunfar. El problema apareció posteriormente, cuándo no supo proyectar esta victoria al terreno político. El divorcio entre ambos planos es la principal lección de esa dura experiencia.
La confrontación con el imperialismo fue difícil, pero confirmó que las enormes diferencias del poder de fuego no impiden la victoria popular en el campo de batalla. Lo ocurrido en Vietnam se repitió en Nicaragua y se corrobora actualmente en Irak. Pero el Sandinismo perdió en las urnas lo que había conseguido a punta de pistola. Este fracaso constituye una señal de alerta para el proceso bolivariano. La arena política puede resultar más adversa que cualquier agresión del Pentágono.
Nicaragua contó con la misma solidaridad de Cuba que actualmente reciben Venezuela y Bolivia. Este apoyo contrastó con la escasa ayuda que aportó la Unión Soviética. Para no enemistarse con Estados Unidos la burocracia del Kremlin cortó los créditos, redujo las compras de productos y disminuyó abruptamente la provisión de combustible a los sandinistas. El escenario geopolítico del siglo XXI es muy diferente y la opulencia petrolera que detenta Venezuela contrasta con el desamparo económico que padecía Nicaragua. Pero la comparación entre los dos procesos permite registrar quiénes apoyan o socavan desde el exterior a un proceso antiimperialista.
Durante las duras negociaciones que acompañaron a la agresión militar contra Nicaragua, los gobiernos burgueses de Latinoamérica cumplieron el mismo papel de quintacolumnistas que han jugado frente cada golpe derechista en Venezuela. En ambos casos repudiaron formalmente a los conspiradores, mientras canalizaban las demandas de los conservadores en la mesa de negociaciones.
Esta duplicidad obedece a la defensa de los intereses capitalistas regionales, que anteriormente sostuvieron Alfonsín o Sarney y actualmente apuntalan Kirchner o Lula. Si alguna lección puede extraerse del acorralamiento internacional que sufrió Nicaragua es este nefasto papel de los falsos amigos.





“LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA BUSCAN UNA NUEVA RELACIÓN MERCADO-ESTADO”

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

Francisco Delich (70), sociólogo y economista argentino, ex presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), visito el país para presentar su nuevo libro y concedió una extensa entrevista a nuestro diario. Aseguró que en América Latina se está configurando un nuevo esquema en la relación mercado y Estado. Sostuvo también que las sociedades reclaman crecimiento e igualdad y que la base del modelo es la educación. A continuación extractos del diálogo.
–En el material que usted vino a presentar en Paraguay habla de un nuevo modelo latinoamericano. ¿A que se refiere específicamente?
–Esta línea de pensamiento viene de un libro anterior que se llama Repensar América Latina; donde sostengo que todos los países de la región pasaron por un modelo de sustitución de importaciones con la ilusión de que a través de ello se tendría industrialización. Ese modelo implicaba una forma de relación donde había mucho Estado, poco mercado y poca sociedad civil. Lo central era el desarrollo más allá de las condiciones políticas; es decir, no importaba que hubiera una junta militar en Brasil, (Gral. Alfredo) Stroessner en Paraguay u (Gral. Juan Carlos) Onganía en Argentina si eso servía para crecer. Pero ese modelo se agotó porque vino la democratización y porque los pueblos reclamaron un modelo democrático. Ahí viene un nuevo capítulo, el de las mal llamadas políticas neoliberales que realmente son políticas conservadoras. Se pasó del cierre de fronteras a una apertura salvaje que terminó muy mal para todos los países de la región. Los países se fueron involucrando a la globalización del peor modo, pero eso no fue un modelo, apenas fue una reacción a lo que había hasta entonces. Cuando se vieron los efectos vino una contrarreacción y los países empezaron a protegerse más y trataron de tomar de vuelta la regulación y la participación del Estado en la economía. Hoy estamos en ese proceso.
–¿Esto es lo que está sucediendo en Venezuela, Ecuador y Bolivia?
–Mire, antes que nada tenemos que decir que esos son fenómenos no asimilables como se pretende hacer creer. Antes, en la época de la guerra fría, o se era comunista o anticomunista, después vino liberal o izquierdista, pero hay que salirse de esos preconceptos. Los tres países tienen situaciones distintas. Creo que la visión que hoy tienen los latinoamericanos es más madura y asumen que las sociedades son más complejas y se reorientan a construir el Estado desde una perspectiva latinoamericana mucho más popular, nacionalista.
–¿De ahí este entramado de capitales latinoamericanos en varios países de la región?
–Sí, se percibe que los países de la región están interactuando mucho más entre sí. Antes era impensable grandes proyectos como en Banco del Sur o la presencia de inversores chilenos en Argentina, o capitales brasileños en Paraguay o Argentina como el caso de Petrobras. Se está formando una nueva burguesía latinoamericana que interactúa y crea nuevos canales, empiezan a asociarse y a pensar también en términos de sociedad económica. No sabemos todavía cuánto valor tiene esto; apenas estamos hablando de las nuevas lucecitas que se prenden en la región.
–Pero toda esta movida se da sobre la base de los malos antecedentes que tuvieron las recetas impuestas desde afuera...
–Sin lugar a dudas, es como que América Latina está haciendo su propio camino. Fíjese lo que pasa en la Argentina, todo el mundo dice que no se puede seguir creciendo a 5,7%, pero está ocurriendo. La Argentina tuvo 20 planes de ajuste y le fue mal con todo, pero ahora dicen ‘mire dónde estamos; mire, estamos probando y no nos va mal’; Brasil está haciendo lo mismo y en medio de todo vino esta crisis inmobiliaria en los EE.UU. que hizo bajar el dólar y nadie se mosqueó en la región. Eso en otros tiempos era impensable.–¿Cómo se conjuga todo esto con el proceso de globalización?
–Mire, nadie puede eludir la globalización, eso es impensable, pero podemos definir cómo participamos; si simplemente nos adosamos o somos parte activa de ella y es ahí donde los países tienen algo que decir, países como México o Brasil, que hoy es la décima potencia económica del mundo que se sienta a una mesa de negociación de igual a igual y es ahí donde debemos decir ‘miren, no me hagan sujeto pasivo de este proceso, porque eso ya no funciona’. Lo otro es cómo se acumula capital, antes nos decían ‘usted siga la indicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y nosotros le traemos los inversores a quienes usted debe dar tasas altas y establecer condiciones de seguridad para su capital por más que ellos fueran volátiles’; pero hoy eso cambia porque América Latina está empezando a andar su propio camino con sus peculiaridades y establece las reglas de juego. Ahora dice que está dispuesta a dar tasas importantes, pero a cambio pide una burguesía nacional asociada y que las inversiones sean estables y no volátiles. Estos son apenas dos indicadores de los nuevos caminos de este nuevo modelo que, como dije, está en pleno proceso de formación y al cual todavía no podemos rotular.
–Usted decía que en el modelo anterior había un núcleo que era el crecimiento, en este nuevo esquema que vislumbra, ¿cuál es ese núcleo?
–Y eso todavía falta, estamos asistiendo a la construcción de un modelo. Los países, las sociedades de Latinoamérica están buscando una nueva forma de acomodar la relación entre el Estado y el mercado, pero insisto, este modelo todavía no está definido.
–Entonces, ¿cuáles son las características?
–Desde mi análisis, este nuevo modelo es uno en el que la democracia y los llamados nuevos derechos no son una variable de ajuste; es decir, nadie está dispuesto a sacrificar derechos humanos a cambio de crecimiento económico. Lo que la gente y los países están diciendo es ‘mire, todos queremos crecer y estar mejor, pero con estas condiciones’; lo segundo es que queremos crecer y esta década mostró que la teoría del derrame (premisa incorporada en los ’90 desde los EE.UU. que sostenía que el impulso dado al sector privado extendía sus beneficios a toda la sociedad) no funciona y que se necesita no solo disminuir la pobreza sino sobre todo la desigualdad social, entonces lo que se reclama es crecimiento, pero con una distribución equitativa; lo que implica de vuelta una fuerte presencia del Estado porque el mercado no redistribuye. El mercado hace falta, es necesario, pero no le pida al mercado lo que no puede ni sabe hacer, el mercado está para que gane el mejor y el Estado para crear las condiciones de igualdad de competencia necesarias. Lo tercero es que las bases económicas tienen que ver con la incorporación de toda la sociedad en el proceso. Lo único que puede permitir crecer equitativamente es la distribución de la educación.–Entonces la base de todo este nuevo modelo es la educación.
–Sin lugar a dudas, en este nuevo modelo la educación pasa a tener un papel casi fundacional. Si usted quiere construir igualdad no puede permitir, por ejemplo, que la mitad de los niños de 3 a 5 años no formen parte del proceso educativo, ahí se empieza creando desigualdad porque por más que después sean incorporados ya perdieron porque socializaron tardíamente, entonces la educación pública pasa a jugar un papel fundamental.
En Latinoamérica esa primera fase de educación básica, de alfabetización, ya está superada, el problema es la calidad de la educación que reciben en los demás niveles; que es muy desigual y no está en condiciones de fortalecer el aparato productivo de los países que cada vez necesitan personal más calificado. Es como si América Latina estuviera en proceso de entrar en las grandes ligas, pero para eso hay una cuestión fundamental y es, primero, hacer los deberes.





ECUADOR ESTÁ EN MEDIO DE DOS PAÍSES QUE CRECEN MÁS RÁPIDO

Colombia registra un crecimiento del 6,8% en los últimos dos años, mientras que Perú lo hace al 8% anual. La clave está en la inversión y en reglas permanentes.

El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)

Los países andinos caminan por senderos opuestos y con resultados económicos diferentes.
Por un lado, Colombia y Perú están más orientados a una economía de mercado, mientras Ecuador y Bolivia se jugaron por el proteccionismo y un Estado interventor en la actividad económica. En el primer caso, el crecimiento que han registrado las economías de los países vecinos fluctúa entre el 5 y 8%, mientras en el segundo bordea el 3%.
Aunque Ecuador ha tenido varios gobiernos con orientación más aperturista, las tasas de crecimiento económico han sido relativamente pobres. En ese sentido, lo que verdaderamente genera crecimiento de un país es la inversión, para lo cual se requieren reglas claras, pero estables.
Esa estabilidad, que data desde 1991 en Perú, se ve reflejada hoy en tasas de crecimiento del 8% anual, dijo ayer Fernando Farah, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, durante el Sexto Foro Empresarial del Ecuador (FEDE) 2007, organizado en Quito por Seminarium.
En Perú, los empresarios están convencidos que crecer al 4% ya no es suficiente, pues otros países están logrando mayores tasas.
“Ahora se necesita que la economía crezca al 9% cada año para intentar igualar, en unos 35 años, a los estándares que tiene Chile”.
La situación en Colombia, donde la tasa de crecimiento en los últimos años ha sido 6,8%, es similar. En Colombia se hizo un “pacto por la prosperidad económica”, que también involucró al Gobierno y ha generado una “activa política de promoción de la inversión”, señaló Hernando José Gómez, presidente del Consejo Privado de Competitividad de Colombia. Por eso la inversión extranjera en este año oscilará entre USD 8 000 y 9 000 millones. Añade que la inversión representaba un 13% en el Producto Interno Bruto (PIB) en el 2001 y ahora tiene un peso del 27,3%.
Ese ritmo de inversiones, sin embargo, deben mantenerse en el tiempo y focalizarse en productos de mayor valor agregado para conseguir un crecimiento más alto. “Antes era aceptable un crecimiento del 4%, pero ahora eso ocasionaría que el país se quede a la cola del mundo”.
Gómez enfatiza que una tasa de crecimiento del 4% ocasionaría que en el 2032 el país se ubique detrás de la India o China. “Necesitamos crecer mínimo al 6%”.
El reto del crecimiento ha obligado a juntar esfuerzos entre gobiernos y empresarios. Los industriales peruanos, por ejemplo, crearon 46 escuelas para formar electricistas, torneros, confeccionistas, etc. “300 000 graduados salen cada año”, dice Farah.
En Colombia se despolitizó la educación superior y se crearon vínculos regionales con empresas, acota Gómez. “Las empresas financian las investigaciones de la Universidad de Antioquia”.
En los países vecinos, el debate interno ya no está en orientar o no la economía al mercado externo, sino en qué ofrecer a ese mercado. “Para distribuir la riqueza primero hay que generarla”, dijo Jaime Cáceres, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas de Perú.
La posición nacional
El ministro de Industrias, Raúl Sagasti, inauguró el evento de ayer y explicó el plan de incentivos a la producción nacional.
El asambleísta Pablo Lucio Paredes señaló que el Gobierno está más intersado en distribuir la riqueza y no en generarla. Criticó las prácticas de abuso laboral y evasión tributaria por parte de varias empresas. Cree necesario “crear una ilusión” para contraponer a la del Gobierno.
La empresaria y ex ministra de Turismo, Rocío Vásquez, señaló que los empresarios nacionales deben trabajar juntos para mejorar su imagen y no ser considerados ‘empresaurios’. Un punto de coincidencia entre los empresarios y el actual Gobierno puede ser la responsabilidad social, donde se puede visibilizar el trabajo d evarias firmas.





Opinión

DEMOCRACIA, MERCADO Y TRANSPARENCIA

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Tres pilares sostienen el desarrollo de los países: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental. Sobre esa base, quizá la más firme y consolidada de las probadas en el mundo, Nueva Zelanda encabeza el ranking Democracia, Mercado y Transparencia, que elabora el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). En el último lugar, entre los 153 países evaluados, se encuentra Myanmar, también conocido como Birmania y como Burma.
Casi en la mitad de la tabla, la Argentina ocupa el discreto -y mejorable- lugar número 64; entre los latinoamericanos, está por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Brasil, Perú y la República Dominicana, y por encima de Colombia, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Haití y Cuba.
El estudio, elaborado por Gabriel Salvia y Hernán Alberro, de Cadal, cruza los datos que surgen de las mediciones Freedom of the Word, del Freedom House; el Indice de Libertad Económica, de la Heritage Foundation y The Wall Street Journal , y el Indice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional. De los tres indicadores surge una radiografía comparativa del estado de las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.
Es interesante observar que entre los mejores países del ranking, después de Nueva Zelanda, están Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suiza, Australia, Holanda, Suecia, Canadá y el Reino Unido. No parece ser una novedad, dada la reputación de todos ellos en los ítems analizados, pero habla a las claras del rumbo que los otros deberían seguir si sus gobernantes tuvieran una mirada de mediano y largo plazo, y la voluntad política necesaria para escalar posiciones.
"Al ver los diez primeros países del ranking ya se tiene una clara idea de lo que representa un país desarrollado -concluye el estudio-. Asimismo, resulta interesante que la combinación de los tres factores mencionados ubique en los primeros nueve lugares a naciones que no pueden ser consideradas grandes potencias políticas mundiales. Por su parte, en los últimos lugares aparecen inexorablemente países gobernados por dictaduras corruptas y con pobreza generalizada."
En el ranking, cada país tiene un puntaje. Nueva Zelanda, por ejemplo, alcanzó 0,916. La Argentina mereció 0,540. Y Myanmar, el último, apenas obtuvo 0,149.
Curiosamente, el primero y el último, Nueva Zelanda y Myanmar, fueron colonias británicas hasta finales de la década del cuarenta. Las diferencias entre uno y el otro, sobre todo en el capítulo de las libertades, son notorias. Basta saber que en Nueva Zelanda priman todas las libertades y que en Myanmar no existe prácticamente ninguna. Uno es el país menos corrupto del mundo; el otro está en el extremo opuesto.
Si bien ambos países comparten su calidad de ex colonias británicas, de acuerdo con el estudio de Cadal, existen abismales diferencias en sus niveles de desarrollo. Mientras Nueva Zelanda representa un caso exitoso de país con amplias garantías democráticas, respeto de los derechos individuales, estabilidad económica y confianza en las instituciones, Myanmar se destaca por ser uno de los peores países de la Tierra en los cuales vivir. Según el informe, "no existe ninguna área de la vida en sociedad o de los derechos individuales en la que Myanmar no resulte una enorme prisión".
Esto habla a las claras de la importancia que tienen los tres indicadores analizados en la percepción de los países. Sin libertades democráticas, puede haber economía de mercado, pero, como lo demostró Chile durante la dictadura de Pinochet, es muy difícil que haya transparencia gubernamental. Sin transparencia gubernamental, como sucede en otros países de América latina, las libertades democráticas y la economía de mercado corren el riesgo de descarrilar. Y, finalmente, sin economía de mercado, las libertades democráticas y la transparencia gubernamental pueden ser deglutidas por un Estado capaz de demostrar una vez más su ineficiencia, como en tiempos que hoy consideramos pretéritos.
En nuestro caso, la pregunta no debe ser por qué Chile, Uruguay (miembro del Mercosur) y Costa Rica (miembro del tratado de libre comercio de América Central con los Estados Unidos) están sobre la Argentina en el ranking, sino por qué no nos vemos mejor frente a este espejo de tres caras y por qué, ante la revelación de estos indicadores, pocas veces hay reacciones oficiales que vayan más allá del menosprecio de sus autores en lugar del razonable replanteo, como en los países desarrollados, sobre lo que habremos hecho o dejado de hacer para merecer calificaciones que pudieron ser superiores.